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El sindicalismo en México III
Carlos Emiliano Villaseñor Moreno
carlos@oem.org.mx Graduado de la licenciatura de ciencia política en el ITAM y actualmente analista en temas de equidad de género en Ombudsman Energía México
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El debate del lugar del sindicalismo y de los derechos laborales en la globalización se ha concentrado en el análisis de costos laborales y se han dejado de lado los costos no laborales, que aunque más difíciles de medir son igualmente importantes. Como el hecho de que si bien es costoso afirmar la libertad sindical y la negociación colectiva; puede tener impactos positivos como aumentos en la productividad, competitividad global y desarrollo económico (OIT, 2008). A pesar de los defectos existentes en la representación colectiva de los intereses de los trabajadores en México, se han empezado a dar reformas que pueden mejorar potencialmente la operación de los sindicatos. La firma del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) presionó al gobierno a modificar las normas laborales vigentes para estar a la par con el resto de firmantes. Paralelamente un informe encargado por el gobierno al Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) concluyó que era necesaria la modificación del Sistema de Juntas de Conciliación y Arbitraje. Así mismo, en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el ahora T-MEC, se debió de igual manera presionar al gobierno de México a continuar con las reformas en materia laboral. La transición de poder en las últimas elecciones de 2018 que deja a un legislativo con mayoría morenista es un factor que ayudó a acelerar la nueva dirección de la política laboral en México que había sido pospuesta por un largo tiempo, pues coincide con su programa y su plataforma electoral (Toledo, 2018). El 24 de febrero del 2017, como resultado en
parte de las condiciones descritas anteriormente, se decretó la reforma de los artículos 27 y 123 constitucionales y se ratificó el convenio 98 de la OIT. La reforma lleva al fin de las juntas de coordinación y arbitraje dejando al poder judicial, específicamente a los tribunales laborales federales y locales, a cargo de resolver las disputas entre empleadores y asalariados. También, se crea el Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales y centros locales en cada estado, responsables de actuar como primera instancia antes de llegar a cualquier litigación; este organismo también registrará los contratos colectivos y sus directivas y su titular será elegido por dos terceras partes de la Cámara de Senadores de una terna elegida por el presidente. Además, los sindicatos deben dar muestra de su representatividad en la firma de contratos colectivos y se debe hacer uso del voto directo y secreto para la toma de decisiones importantes, la forma en la que se llevará a cabo el voto queda a discreción del sindicato en sus estatutos.
El terreno ganado por estas reformas no se debe dar por garantizado, aún queda la modificación de la legislación ordinaria además de que ya se han dado intentos para derogar las reformas constitucionales a lo largo del 2018 por grupos de interés principalmente del sector laboral (Toledo, 2018). En efecto se trata del desmantelamiento de un sistema extremadamente deficiente pero que también está profundamente enraizado en la vida política y económica del país y sería inocente asumir que desaparecerá silenciosamente. Giménez Cacho también establece cuál debe ser el papel de los sindicatos frente a los desafíos futuros como desarrollar la estructura democrática, la prevalencia del pluralismo y la transparencia dentro de la operación de los sindicatos; ampliar el alcance de la contratación colectiva y la capacidad de negociación a través de la acción solidaria y el respaldo a la lucha de otros trabajadores; reducir la fragmentación organizacional reestructurando a los sindicatos por ramas o sectores económicos e incluso concertar con organizaciones en el ámbito internacional; y finalmente jugar un papel activo en la responsabilidad medioambiental de la empresa y los efectos en la comunidad. 3/3
El biocombustible de Biden
Más barato, pero alto costo ambiental
En un esfuerzo por aliviar el dolor de los estadounidenses en el surtidor de gasolina, el presidente Joe Biden anunció que su administración aliviará las restricciones a la venta de E15 (gasolina que incluye un 15 por ciento de etanol) y nuevas inversiones en biocombustibles en general. Pero la decisión no ha gustado a los científicos que estudian el impacto ambiental del etanol. ¿Qué es el etanol? El etanol combustible se basa en el mismo tipo de alcohol que se usa en las bebidas, pero con aditivos “desnaturalizantes” que lo hacen inadecuado para beber.
Mezclar etanol con gasolina alivia la dependencia del petróleo crudo. La mayoría de la gasolina que se vende ahora en los Estados Unidos es E10. El etanol estadounidense generalmente se produce mediante la fermentación del azúcar a partir del almidón de maíz. Otros países, como Brasil, dependen del azúcar de la caña de azúcar. En 2011, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. aprobó el uso de E15 luego de una investigación sobre su impacto en la contaminación. Pero actualmente se ofrece en solo 2300 estaciones de servicio en el país, según las autoridades. ¿Qué ha anunciado Biden? Hablando en una planta de producción de bioetanol en el estado de Iowa, en el medio oeste, Biden dijo que la EPA levantaría una restricción que prohibía la venta de E15 entre el 1 de junio y el 15 de septiembre, una restricción que se impuso para limitar la contaminación del aire. Esto se debe a que el etanol se evapora más fácilmente y se convierte más fácilmente en smog, lo cual es particularmente problemático en el calor intenso y la luz solar del verano. En 2018, el entonces presidente Donald Trump también quiso levantar esta restricción, como una concesión a los agricultores en medio de una guerra comercial con China. Pero una decisión judicial finalmente anuló la decisión de Trump. Según la Casa Blanca, a los precios de hoy, el E15 puede ahorrar un promedio de 10 centavos por galón de gasolina (4,5 litros). Consecuencias ambientales Aunque los biocombustibles han sido promocionados por su capacidad para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la evaluación del impacto ambiental del bioetanol requiere incluir las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con los cultivos necesarios para su producción. Y “el balance de carbono del etanol en relación con la gasolina no es tan bueno como se anticipó originalmente”, dijo a la AFP Tyler Lark, científico de la Universidad de Wisconsin-Madison. En 2005, el Congreso aprobó un “Estándar de combustible renovable”, que requería que el combustible para el
transporte incluyera un volumen de biocombustible que aumentara con el tiempo.
La ley se amplió aún más en 2007. Como resultado, se cultivaron 2,8 millones de hectáreas adicionales de maíz entre 2008 y 2016, según un estudio publicado en febrero en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Lark, el primer autor del estudio PNAS, dijo que las consecuencias de convertir la tierra al cultivo de maíz se subestimaron en ese momento. “Cuando se hace eso, aras otros tipos de tierra que pueden haber estado secuestrando carbono y aplicas fertilizante de nitrógeno adicional para cultivar ese maíz”, dijo. Además, parte del fertilizante utilizado para cultivar maíz emite óxido nitroso (N2O), un gas de efecto invernadero muy potente. Así, las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la gasolina o el etanol son, en última instancia, comparables, concluye el estudio. zantes en las aguas subterráneas y la destrucción de los hábitats de la vida silvestre para dar paso a los campos de maíz. Peligros para la salud Una vez en el tanque, el bioetanol emite menos CO2 por litro que los combustibles tradicionales, pero hay menos energía por volumen, por lo que se necesita más. Además, “produce acetaldehído que es carcinógeno, formaldehído, que es carcinógeno y ambos son dos de los cinco productores de ozono más potentes en el smog fotoquímico”, explicó Mark Jacobson, profesor de ingeniería ambiental en la Universidad de Stanford. El ozono troposférico representa un peligro importante para la salud y provoca numerosos problemas respiratorios, incluido el asma. Para Jacobson, tanto la gasolina como los biocombustibles son “horribles”. “Es malo tanto para el clima como para la contaminación del aire, y gastar dinero en ello es restar dinero a soluciones reales” como los vehículos eléctricos, concluyó.
Benjamin K. Sovacool et al, Towards improved solar energy justice: Exploring the complex inequities of household adoption of photovoltaic panels, Energy Policy (2022). DOI: 10.1016/j.enpol.2022.112868
