La Relatora Especial sobre violencia de mujeres concluye su misión a Honduras y pide medidas urgentes para abordar la cultura de impunidad hacia los crímenes contra mujeres y niñas1 TEGUCIGALPA (7 de julio de 2014) - La Señora Rashida Manjoo, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre violencia contra mujeres, sus causas y sus consecuencias, al cabo de una misión de ocho días a Honduras, durante la cual viajó a Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, pronunció la siguiente declaración: “El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas me ha dado mandato de buscar y recibir información sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y sus consecuencias y recomendar medidas para eliminar todos los tipos de violencia contra las mujeres. Quisiera manifestar mi agradecimiento al gobierno de Honduras por haberme cursado una invitación para llevar a cabo esta visita oficial al país. También agradezco a todos los interlocutores incluyendo funcionarios de Estado, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, de agencias de las Naciones Unidas, y muy especialmente a las sobrevivientes particulares de la violencia. Durante la misión quedó claro que el Gobierno tiene disponibilidad de interactuar con el sistema internacional de derechos humanos en lo relativo a los derechos de las mujeres. Alabo al Gobierno por su disponibilidad de responder en este sentido y también por su compromiso para entablar diálogos abiertos y transparentes conmigo durante esta misión.
Contexto actual El golpe militar del 2009, en el contexto histórico de un acerbo de pobreza, subdesarrollo, e inseguridad ciudadana exacerbó aún más la situación en el país y ha tenido un impacto negativo en la sociedad hondureña en su totalidad. El nuevo gobierno asumió el mando en enero del 2014, y el país se halla actualmente en un estado de transición. Es aparente que se despliegan esfuerzos para consolidar las instituciones para fomentar la confianza en el nuevo gobierno, y al mismo tiempo atender el clima de crimen propagado y sistemático, de corrupción y de impunidad
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TRADUCCION OFICIAL. LA VERSION EN INGLES ES LA ORIGINAL.
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Además el gobierno se enfrenta a una crisis financiera, y esto ha dado pie a decisiones encaminadas a consolidar las instituciones del Estado como parte de un objetivo más amplio para conseguir la cohesión, reducir la fragmentación y los costos, y también resolver el problema de la duplicación. Por ejemplo, ha habido una importantísima reducción en la cantidad de ministerios gubernamentales, de 38 a 15, como también una reducción de personal y de servicios especializados, incluyendo en el sector de la violencia contra la mujer. La respuesta a estas medidas es o bien positiva, en el sentido de que se reconoce el valor de medidas destinadas a lograr eficacia de costos, o bien negativa, pues se piensa que las medidas son una tentativa para debilitar las instituciones del Estado y para arraigar todavía más la falta de rendición de cuentas del Estado en relación a su responsabilidad de promover y proteger los derechos humanos en general, y los derechos de la mujer y niñas en particular. Según los informes, Honduras es uno de los países más violentos del mundo actualmente, debido a numerosos factores incluyendo la alta tasa de homicidios y los niveles alarmantes de otras manifestaciones de violencia, incluyendo lesiones, atracos y extorsiones. Además la proliferación de armas pequeñas y ligeras, el narcotráfico y las acciones de las pandillas violentas contribuyen que haya niveles de violencia más altos aún. El papel y la influencia continuos del ejército en general, pero particularmente en las actividades policiales y docentes es algo que preocupa a muchos de los encuestados debido a lo que el pueblo ha vivido por los militares, y el temor y desconfianza que ha dejado esta institución de legado. Asimismo el hecho de que en realidad no se haya conseguido la consolidación de instituciones, la alta tasa de rotación del funcionariado, y la politización de los procesos de nombramientos tienen un impacto negativo en la continuidad y sostenibilidad de las políticas y programas del Gobierno. Estos problemas preocupan sobremanera, y el actual gobierno de Honduras debe ponderar las repercusiones negativas de estas prácticas en la promoción y en la protección de los derechos humanos y el estado de derecho. Manifestaciones y prevalencia de la violencia contra las mujeres. En Honduras la violencia contra las mujeres está propagada, es sistemática, y su impacto se manifiesta de numerosas formas en las mujeres y las niñas. Impide el ejercicio de derechos civiles, políticos económicos, sociales y culturales y al desarrollo, y por ende pone trabas a una ciudadanía efectiva. El clima del temor tanto en las esferas pública como privada, y la falta de rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos de mujeres es más bien la regla y no la excepción. Durante el transcurso de la misión tomé nota de un sinnúmero de preocupaciones en relación a los altos niveles de violencia doméstica, femicidio y violencia sexual. En un contexto en que se impugnan los datos empíricos verificables en relación a todas las manifestaciones de violencia contra mujeres, hay que destacar las pruebas anecdóticas y también los datos del sector estatal como el no estatal. En general se indica que están aumentando los incidentes de violencia contra las mujeres. Por ejemplo se señaló que 2
entre 2005 y 2013, hubo un aumento de 263.4% en la cantidad de muertes violentas de mujeres. Según la Encuesta Nacional de Salud y Población para el periodo 2011- 2012, el 27% de las mujeres de edades entre los 15 a 49, y el 37% de mujeres entre los 45 y 49 años de edad han sufrido violencia física en algún momento de sus vidas. Según las estadísticas de Ministerio Público hubo unas 16.000 alegaciones reportadas de numerosas expresiones de violencia contra las mujeres durante el año 2012, 74,6% de ellas relativas a la violencia doméstica e intrafamiliar, y el 20% a delitos sexuales. De 2009 a 2012 fueron presentadas 82,547 denuncias de violencia doméstica, lo que representa un promedio de 20,637 quejas por año, de las cuales 92% fueron interpuestas por mujeres. Se me informó que en el 2013 aproximadamente se presentaron 2851 quejas de violencia sexual, con la tasa de prevalencia aumentando de 4,6 en 2008 a 8,6 en 2010. Asimismo mis interlocutores me han destacado el vínculo entre violencia de género ya sea sexual, física o de otra índole y la migración. Las causas de la migración de mujeres y niñas incluyen la huída por violencia, pobreza, falta de oportunidades y también por un sentido generalizado de inseguridad. La violencia, la explotación, las desapariciones y el desplazamiento forzoso de la familia o de la comunidad son algunas de las consecuencias de la migración. También señalo con preocupación el contexto actual de los informes acerca de los miles de menores no acompañados, tanto niños como niñas, que están migrando a Estados Unidos de América desde los países en la región incluyendo Honduras. Estos niños que a menudo viajan solos están huyendo por los niveles cada vez más grandes de extrema pobreza, extorsión, el riesgo de reclutamiento forzoso a pandillas en sus comunidades y escuelas locales, violencia física, abuso doméstico y/o otros tipos de inseguridad. El tráfico de personas para fines de explotación sexual es otra manifestación de la violencia contra la mujer que está infrareportado en Honduras debido a la naturaleza oculta del delito, y también por la prevalencia del crimen organizado. Según los informes, el Ministerio Público ha recibido 27 denuncias por el delito del tráfico de mujeres durante el 2013. También durante mis reuniones con los miembros de la sociedad civil se destacó la violencia contra los defensores de derechos humanos que se dedican a temas relativos a reclamaciones de tierras, protección medioambiental, derechos de las minorías y otros temas de derechos humanos. Me preocupa la situación en relación a la violencia contra mujeres y niñas indígenas y afrohondureñas, los desahucios de los pueblos de sus tierras a favor de los proyectos de desarrollo de empresas que coloca a comunidades completas en situaciones de riesgo extremo y de vulnerabilidad, en las cuales las mujeres y los niños aguantan la mayor parte de la carga. Asimismo me preocupa la violencia perpetrada contra los miembros de la comunidad LGBTI. Además en Honduras muchas mujeres siguen estando excesivamente representadas en trabajos de baja remuneración, a tiempo parcial e inseguros, pues es menos probable que tengan las aptitudes y calificaciones necesarias para trabajar en la economía formal. Por ejemplo la industria maquiladora discrimina contra las mujeres por edad y por su 3
capacidad física para trabajar largas horas y en condiciones sumamente peligrosas. No se brinda la protección articulada en las leyes laborales debido a una regulación mínima, o que brilla por su ausencia. Durante mi misión visite el Penitenciario Nacional de Mujeres en Tegucigalpa, el único centro de atención exclusivamente femenino en el país. Según los datos oficiales del Instituto Nacional Penitenciario actualmente hay 292 mujeres en el penal, que tiene capacidad para 200 mujeres. Aumenta la cantidad de mujeres encarceladas en Honduras y la mayor causa de encarcelamiento tiene que ver con asociación con pandillas, extorsión y actividades relacionadas al narcotráfico. Una gran cantidad de mujeres detenidas tienen antecedentes de pobreza, violencia, coerción y coacción antes de haber sido privadas de libertad. En mi opinión en Honduras no se atienden suficientemente las causas estructurales y de raíz del encarcelamiento; la violencia vivida durante el mismo; y las consecuencias del encarcelamiento de mujeres. En mis entrevistas con las reclusas, quedo clara la falta de apoyo del Estado, incluyendo el acceso a servicios médicos y sociales, a transporte para ir y volver de los tribunales para acudir a las vistas, asistencia letrada inadecuada, la duración de la detención previa al juicio, el que no haya una investigación efectiva de los casos, que resulta en sentencias desproporcionadas para ciertos delitos, la discriminación y el sesgo dentro del sistema de justicia penal.
También visité la Casita 21 de Octubre, un centro diseñado para niños adolescentes con vulneración de derechos que nunca han estado en conflicto con la ley, pero son considerados como vulnerables y en situación de riesgo. En este centro me reuní con niñas adolescentes del centro de detención “Sagrado Corazón de María” para adolescentes en conflicto con la ley. Estas jovencitas habían sido recién trasladadas al edificio de la Casita 21 como medida de urgencia para responder a varias alegaciones que aún están por investigar. He tomado nota de numerosas preocupaciones en relación a este traslado, incluyendo la desatención al interés superior de los niños que han sido mudados a un centro de detención colindante a un centro penal para delincuentes juveniles varones; la agresión y la desobediencia manifestada por las jóvenes que fueron trasladadas sin previo aviso, y a las que los guardias han asaltado física y verbalmente; el trato despectivo y punitivo de delincuentes juveniles detenidas por delitos vinculados a pandillas; y la imposición de una solución problemática al personal de ambos centros, en un esfuerzo de hacer frente a un asunto espinoso para el cual ni están preparados ni tienen la capacidad de manejar. Desarrollos y desafíos legislativos institucionales A nivel nacional he notado el desarrollo de medidas legislativas institucionales, entre otras las enmiendas recientes al Código Penal para tipificar el femicidio como crimen específico, y la adopción de una política nacional de derechos humanos y su plan de acción correspondiente que abarca el periodo 2013 a 2022. La adopción de la ley sobre la violencia doméstica en 1997 y su enmienda a través de los decretos número 250/ 2005 y 35 en 2013 no ha generado una respuesta legislativa efectiva a la violencia doméstica, y sigue siendo la causa principal de los crímenes que se denuncian contra personas a nivel 4
nacional. En cuanto a rendición de cuentas, perduran grandes retos por actos de violencia contra mujeres y niños. Por ejemplo se indica que la tasa de impunidad es de 95% por casos de violencia sexual y femicidio. En lo relativo a los casos de violencia doméstica, el comité CEDAW señaló en 2006 que solamente se resolvía el 2,55% de ellos. La falta de aplicación efectiva de la legislación, los obstáculos como la discriminación en el sistema judicial, las inconsistencias en la interpretación y aplicación de la legislación, y la falta de acceso a servicios que promuevan la seguridad y que atiendan a la prevención de futuros actos de violencia son los principales desafíos identificados para encarar la violencia contra las mujeres. En las entrevistas se pudo despejar también los altos niveles de cinismo en cuanto al funcionamiento y la capacidad de las instituciones existentes para promover y proteger los derechos humanos de las mujeres. Esto a su vez hace que por costumbre no se denuncien casos de violencia contra mujeres y niñas. Además muchos interlocutores indicaron que no consideran el sistema de justicia como una opción viable para conseguir recurso, por distintos factores , a saber respuestas deficientes de la policía, el que no se investiguen los casos debidamente, los bajos niveles de imputación, las actuaciones larguísimas, y las tasas de condena bajísimas en los casos de violencia contra mujeres. En relación al suministro de medidas y servicios de protección, también me preocupa que no haya suficientes instalaciones, a saber refugios para mujeres maltratadas y casas seguras para mujeres que tienen que ingresar en el programa de protección de testigos. Asimismo me quedé consternada al enterarme de casos en los que los funcionarios del Estado hacen caso omiso de las necesidades de las mujeres maltratadas, pues remiten casos de alto riesgo de mujeres maltratadas y también de testigos atemorizadas a refugios para víctimas de la violencia doméstica. Esta desatención hace que el refugio, su personal, como sus usuarias igualmente se hallen en una situación de extrema vulnerabilidad que impide brindar asistencia efectiva a las víctimas, y tampoco se puede garantizar su seguridad. El Estado tiene el deber de brindar una protección diferenciada y apropiada a las mujeres y no puede justificar la imposición de su responsabilidad primaria que es prevenir actos de violencia contra mujeres y proteger víctimas, a terceras partes. Otra fuente de preocupación es la prohibición del aborto y de la contracepción de emergencia, pues tiene un impacto negativo en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas hondureñas, incluyendo los de las que han sido violadas. La creación de una unidad o departamento de género con personal profesional para atender las necesidades terapéuticas y de otra índole de las mujeres forma parte de los esfuerzos de los gobiernos de municipios para brindar servicios a ese nivel. Desafortunadamente estos servicios están vinculados a las financiaciones de donantes y su sostenibilidad es fuente de preocupación. También ha suscitado preocupación el cierre o la fusión de las unidades de investigación, pues se traspapela la especificidad en el enjuiciamiento de los crímenes contra las mujeres, como también la falta de equipo y de herramientas apropiados, y los escasos recursos humanos, pues todo esto erosiona la rendición de cuentas por este tipo de crímenes. La recopilación limitada de datos sobre la prevalencia, como también los datos sobre los 5
resultados de las investigaciones y enjuiciamientos de estas unidades especializadas es también otra fuente más de preocupación tanto a nivel central como municipal. Esto a su vez plantea preguntas sobre la base de la ley, y también sobre las respuestas de política y de programas. Conclusión
Es de capital importancia reconocer que la violencia contra las mujeres y niñas es una violación de derechos humanos, que está arraigada en múltiples formas de discriminación y desigualdad transversales y que está sumamente vinculada a la situación social y económica de las mujeres. No se puede exagerar nunca la importancia que se convierta en norma la rendición de cuentas por actos de violencia contra la mujer, sobre todo dentro de un contexto de impunidad generalizada hacia la violencia en las esferas pública y privada. El que no haya un enfoque, y tampoco medidas efectivas para colmar las necesidades de empoderamiento de las mujeres también es un factor que contribuye a la inseguridad y al miedo continuos, y que impide que haya posibilidades de eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas. También con preocupación he tomado nota de las medidas ineficaces para lograr una transformación social, pues se llevan a cabo a través de actividades que no son sostenibles y que no logran el objetivo de desbaratar los mitos y estereotipos acerca los papeles y las responsabilidades de género. Asimismo es importante recordar que Honduras tiene obligaciones internacionales legales que cumplir, como están plasmadas, entre otros tratados, en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los derechos del niño. El Estado tiene la responsabilidad de actuar con debida diligencia para eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niños. Esta responsabilidad incluye la protección, la prevención, la investigación, la sanción y el suministro de recursos efectivos incluyendo medidas de resarcimiento. Además el Estado tiene la responsabilidad de exigir cuentas a las autoridades del Estado que incumplen en el momento de proteger y prevenir las violaciones de los derechos humanos de las mujeres debido a la falta de respuesta, o debido a respuestas ineficaces. Es imperativo que el gobierno de Honduras, en su respuesta, se oriente por el interés superior de todas las mujeres y niñas. Mis hallazgos figurarán de manera exhaustiva en el informe que presentaré ante el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2015.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas nombró a la Señora Rashida Manjoo (Sudáfrica) Relatora Especial sobre la violencia contra mujeres, sus causas y sus consecuencias en junio del 2009. Como Relatora Especial, es independiente de cualquier gobierno organización y trabaja a título personal. La Sra. Manjoo es catedrática de derecho público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Ciudad del Cabo. 6
Para m谩s informaci贸n, ver: http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx Para m谩s informaci贸n acerca del mandato de la Relatora Especial, ver: http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx
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