La Protecci贸n de las v铆ctimas, 2012 - 2013
Montajes judiciales y persecusi贸n pol铆tica
La protección de las víctimas, 2012-2013
La protección de las víctimas, 2012 -2013: Montajes judiciales y persecución política Responsables del informe: Natasha Morgan Nicolás Jiménez Iguarán Equipo técnico, Movice Fotografía de portada: Archivo Movice Diagramación e impresión: orlando.vaca.melo@gmail.com Pre-prensa: OyL Preprensa Digital Con el apoyo de:
Las opiniones contenidas en el presente informe son sólo responsabilidad del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE y no comprometen de ninguna manera a las organizaciones y personas que contribuyeron con aportes encuestas y entrevistas para la elaboración del mismo.
Montajes judiciales y persecución política
Contenido Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 La continuidad de los crímenes de Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 La re-victimización de las víctimas de crímenes de Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Caso 1: Hombres armados amedrentan a Harry Caicedo, integrante del Movice en Nariño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Caso 2: Accionar paramilitar en Salamina, Caldas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Consolidación territorial y paramilitarismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 La criminalización de las víctimas del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Caso 3: Montaje judicial por “auto-atentado” contra Oscar Orozco y Wilson Jaramillo, Movice Caldas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Persecución contra los reclamantes de tierra y desplazamiento permanente . . . 20 Caso 4: Desplazamiento masivo de comunidades pertenecientes al Concejo Comunitario de la Cordillera Occidental de Nariño y sur del Cauca – Copdiconc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Caso 5: Hostigamientos contra la comunidad de Pitalito, Cesar, en proceso de retorno a la tierra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Curvaradó y Jiguamiandó… Desarrollo Vs. Derecho Humanos . . . . . . . . . . . . . . .23 Falta de garantías por parte del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Caso 6: Señalamientos falsos por la Unidad de Restitución de Tierras contra la Finca La Europa, Sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Caso 7: El asesinato de Iván Darío Restrepo, reclamante de tierra . . . . . . . . . . . .30 Caso 8: Incumplimientos de Protección 33, empresa de seguridad privada contratada por la Unidad Nacional de Protección . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 …impunidad y más impunidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Conclusiones y exigencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
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Montajes judiciales y persecución política
Introducción
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a memoria es el corazón de la historia, ya que mantiene viva la esperanza y en ella se sobrevive a la inmovilidad del tiempo. La memoria nos rescata de las profundidades del olvido, porque más que una palabra, se trata de una condición necesaria para vivir. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado - Movice - presenta este informe que recoge el diagnóstico de su trabajo en materia de protección a las víctimas, desde agosto de 2012 hasta agosto de 2013, como una práctica de la memoria viva por la defensa de los derechos de las víctimas de crímenes de Estado. No se trata únicamente de mostrar lo que ocurre con las personas que han sido, una y otra vez, objeto de graves violaciones a los derechos humanos, sino de reivindicar el carácter activo y propositivo que tienen las víctimas y su lucha permanente por la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. El informe que tiene en sus manos, es una muestra clara de los múltiples niveles en que opera la violencia estatal en Colombia y de su permanente prolongación. Por su condición económica, social y política, el modelo de país que se nos ha impuesto ha producido millones de víctimas por más de 50 años. Quienes exigen transformar las condiciones para que no se repitan nunca más estas situaciones, no sólo son estigmatizados, sino que también son re-victimizados por defender su derecho a la verdad. En ese sentido, exigir la protección integral de las víctimas de crímenes de Estado no responde únicamente a que se tomen medidas preventivas para evitar que se sigan cometiendo crímenes atroces e injustos contra la población víctima de la violencia socio-política, sino también a la disputa política por el reconocimiento de las causas que generaron la violencia y al esclarecimiento de los hechos concretos que han causado tanto dolor y miseria en el país. Con este diagnóstico queremos insistir en la sistematicidad con que se realizan los montajes judiciales contra líderes sociales, como una práctica de persecución política que impide el ejercicio democrático y pacífico por la defensa de los derechos humanos. La condición de desprotección en que se encuentran las víctimas se traduce en la negación intencionada de nuestra historia colectiva, lo que no hace más que confirmar la necesidad que tienen algunos sectores políticos de continuar con la guerra. Finalizamos poniendo a disposición de la sociedad colombiana unas propuestas y recomendaciones que, en materia de protección para las víctimas, hacemos al Estado colombiano para que sean reconocidos, de una vez por todas, los intereses de las víctimas en el país como condición necesaria para la construcción de paz.
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La continuidad de los crímenes de Estado
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ace ya 15 años se publicó uno de los informes realizados por el proyecto Nunca Más en el que se afirmaba que, a diferencia de otros países en los que se había realizado dicho proyecto de documentación histórica sobre crímenes de lesa humanidad, Colombia tenía la particularidad de ser el único en el que “debía desarrollarse en el contexto de ejecución de políticas de terrorismo de Estado cuyo término no era previsible”1. Para las víctimas, el periodo que aquí se analiza, ha estado marcado por la esperanza en el desarrollo de una política pública de reparación integral y por el avance en la construcción de la paz con justicia social. Sin embargo, hasta el momento la situación continúa siendo crítica. El 18 de octubre de 2012 iniciaron formalmente, en La Habana, Cuba, los diálogos de paz entre el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo – FARC-EP. Estas conversaciones representan una posibilidad para poner fin a un conflicto armado – que también tiene connotaciones sociales, políticas y económicas – que lleva más de 50 años y un reto para avanzar en la construcción de un país con justicia social sobre la base de un proceso integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición: una deuda histórica que tiene el Estado con las víctimas y con la sociedad colombiana en general. Así mismo, durante más de tres años se ha estado aplicando la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (LVRT)2 y la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha venido implementando medidas para algunos casos de alto riesgo que, aunque necesarias, no suplen las necesidades fundamentales de las víctimas. Con estas políticas y otros mecanismos de protección, el Gobierno de Juan Manuel Santos ha logrado generar algunas esperanzas en las víctimas así como la aprobación de numerosos miembros de la comunidad internacional. En todo caso, las agresiones persisten, en particular contra las víctimas organizadas. Mientras que el proceso de paz avanza sin que haya una participación adecuada de las víctimas y sin que sus sugerencias sean consideradas seriamente, continúan las graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos por parte de la Fuerza Pública, incluyendo ejecuciones extrajudiciales realizadas por Ejército Nacional. En el periodo de negociaciones en La Habana, durante el cual
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“Colombia Nunca Más Crímenes de Lesa Humanidad”, Zona 7ª, Bogotá, 2000, p. 7. Ley 1448 de 2011.
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el Gobierno y la guerrilla de las FARC-EP establecían unos acuerdos sobre los dos primeros puntos de la agenda – desarrollo agrario y garantías para la participación política –, quienes exigían sus derechos y participaban en la protesta pacífica eran estigmatizados por altos funcionarios del Gobierno, reprimidos violentamente por la Fuerza Pública y criminalizados con procesos judiciales amañados. Para nombrar sólo un caso, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), organización que hace parte del Comité de Impulso del Movice, llegó a tener a 66 de sus integrantes encarcelados arbitrariamente entre agosto de 2012 y agosto 2013. Por otro lado, la Ley 1448 de 2011 se ha implementado en un contexto en el que persiste y se fortalece la presencia de grupos paramilitares en zonas donde existen reclamaciones de tierras despojadas. Durante el Gobierno de Santos, han sido asesinados al menos 32 reclamantes de tierras3 sin que ninguna investigación avance más allá de la etapa preliminar. Mientras tanto, numerosas víctimas del despojo intentan retornar a su tierra y permanecer en ella, a la vez que muchas otras siguen siendo víctimas del desplazamiento. Según el informe más reciente de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), hasta el 20 de noviembre de 2012 se habían registrado 119 hechos de desplazamiento masivo: 63% más que en todo el año anterior, equivalentes a 42.724 personas4. Las agresiones contra los integrantes del Movice continúan y en los casos en que el responsable ha sido identificado, más del 66% son atribuibles a miembros de los nuevos grupos paramilitares. Sin embargo, estos acometimientos continúan en total impunidad. Hasta la fecha, ninguno de los casos que hemos relacionado en los anteriores informes ha tenido consecuencias judiciales y no se ha recibido hasta ahora, información relacionada con el avance de las investigaciones. Paralelamente, en este mismo periodo el gobierno del Presidente Santos continuó promoviendo la reforma constitucional para ampliar el Fuero Penal Militar, la cual fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en octubre de 2013. Hoy, a más de un año de haberse declarado inexequible, se sigue insistiendo en la reforma para legalizar la impunidad de los crímenes realizados por las fuerzas militares. Numerosas organizaciones del país, incluyendo al Movice, así como organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) – perteneciente al Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos –, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y Amnistía Internacional, se han pronunciado en contra de esta Ley, denunciando las graves implicaciones que representa para los derechos humanos y el carácter de impunidad que ostenta con los crímenes cometidos por agentes estatales. No obstante, el Gobierno de Juan Manuel Santos sigue promoviendo y defendiendo este proyecto. Esto demuestra que la impunidad se está, no sólo
3 Respuesta de la Fiscalía General de la Nación, con fecha del 15 de julio de 2013, al Derecho de Petición del Movice con número de radicado: 20135000172751.
4 Recuperado el 24 de agosto de 2014 del sitio web de la OEA en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/ comunicados/2012/144A.asp
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consolidando, sino legalizando y que el actual Gobierno va a insistir en proteger a los miembros de la Fuerza Pública que hayan cometido estas violaciones, para que no sean juzgados por la justicia ordinaria. Resulta necesario explicarle a la sociedad en su conjunto que el acceso de las víctimas de crímenes de Estado a derechos como la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, continúa negándose. Persiste aún una política de criminalización de la protesta social, de presencia paramilitar en los territorios que son de interés para la economía extractiva y de impunidad para los crímenes realizados a los defensores y defensoras de derechos humanos, reclamantes de tierra y poblaciones que históricamente han sido excluidas de la vigencia plena de sus derechos fundamentales. En ese sentido, queremos insistir en que no es suficiente con que se aprueben leyes que, en su formulación, pretenden defender los derechos de las víctimas. Las soluciones que requieren las víctimas, necesarias para el país en su conjunto, no son técnicas sino, principalmente, políticas. Consideramos, entonces, que es necesario desmontar, de manera eficaz y contundente, las estructuras criminales que perpetúan las violaciones a los derechos humanos y la injusticia social en Colombia.
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La re-victimización de las víctimas de crímenes de Estado
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urante los primeros tres años del mandato del Presidente Santos se presentaron 274 agresiones contra líderes del Movice. De éstas, 89 se registraron durante el primer año de Gobierno, 97 durante el segundo y 87 durante el tercer, con una disminución del 10,4% de 2012 a 2013.A pesar de presentar un alto nivel de subregistro, las cifras siguen demostrando un patrón de continuidad, no sólo en la persistente persecución contra defensores de derechos humanos en el país, sino también en la impunidad de los crímenes: de las agresiones en las que fueron identificados los responsables, más del 66% se atribuyen a los nuevos grupos paramilitares, entre ellos Los Rastrojos, el Ejercito Anti Restitución, Los Urabeños y las Águilas Negras5. Las agresiones se presentaron en 12 de los 22 capítulos regionales. El Comité de Impulso Nacional, con la mayoría de sus integrantes ubicados en la ciudad de Bogotá, fue el más afectado, seguido por los capítulos de Magdalena Medio, Sucre y Atlántico. Gráfico 1.
Gráfico 1. Agresiones por Capítulo
5 Es importante señalar que, si bien tienen nombres nuevos, las estructuras se mantienen. Luego del
proceso desmovilización del paramilitarismo en el año 2005, con la Ley de Justicia y Paz, se le dio un cubrimiento mediático a las acciones realizadas por grupos paramilitares como si se tratara de bandas criminales – BACRIM – no articuladas al estado. Sin embargo, se trata de grupos paramilitares que mantienen relación con las fuerzas armadas nacionales y que operan con el mismo modus operandi de apoyo a los grandes proyectos económicos.
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La grave situación que afecta a los integrantes del Movice se refleja también en el contexto general del país. El programa Somos Defensores reportó un incremento del 27% en los asesinatos a defensores de derechos humanos en el primer semestre de 20136. La amenaza sigue siendo la agresión más común en contra de los integrantes del Movice, aunque las personas frecuentemente sufren seguimientos, señalamientos y hostigamientos luego de recibir las amenazas. En varias ocasiones, las personas amenazadas se han enterado de planes criminales contra su propia vida o la de sus familiares y muchos han sido víctimas de atentados y secuestros. Gráfico 2.
Gráfico 2. Agresiones por modalidad.
Como demuestran las cifras presentadas, los grupos paramilitares siguen siendo los principales perpetradores de violaciones en contra de miembros del Movice. De hecho, 9 de los 22 capítulos del Movice a nivel nacional, reportaron agresiones por parte de grupos paramilitares. Gráfico 3.
Gráfico 3. Agresiones por presunto responsable
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Recuperado el 24 de agosto de 2014 del sitio web de Somos Defensores en: http://www. somosdefensores.org/index.php/extensions/ultimas-noticias/417-informe-semestral-2013-siaddhhheroes-anonimos
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Caso 1
Hombres armados amedrentan a Harry Caicedo, integrante del Movice en Nariño
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l 20 de mayo de 2013 en el trayecto de Tumaco hacia El Charco Nariño, por vía fluvial, un sujeto desconocido aborda el vehículo que transportaba a Harry Caicedo. Minutos después de salir del puerto esta persona, saca un arma de fuego, hecho que obliga al conductor a hacer lo mismo en forma defensiva. El sujeto actúa en forma desafiante contra el señor Caicedo y posteriormente guarda el arma de fuego. El señor Caicedo es director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) en el Charco, Nariño, y líder afro colombiano, que venía desde Pasto Nariño, donde participaba como representante de la Sociedad Civil en el CERREM, mesa de estudio de riesgo facilitado por la Unidad Nacional de Protección para Nariño. Este hecho de intimidación ocurre en un contexto de persecución continua por parte de agentes estatales y grupos paramilitares contra el señor Caicedo: • El 16 de Noviembre 2010, su casa fue allanado por las autoridades colombianas, su esposa fue sometida a violencia física, y fue detenido, acusado de “rebelión” hasta el 18 de noviembre 2011 cuando el caso en su contra fue archivado, y fue puesto en libertad. • El 19 de octubre 2012, fue detenido otra vez, por agentes de la policía, quienes manifestaron que el caso en su contra seguía abierto, a pesar de que su caso fue destacado como un ejemplo de persecución política días antes, en una reunión entre las autoridades colombianas y grupos de derechos humanos. • El 13 de enero 2013, tiros fueron disparados en contra de la casa del Sr. Caicedo, cuando estuvo adentro con su esposa e hijo de seis meses. Esto tuvo lugar después de un incendio provocado en su casa y un ataque en donde su perro fue pegado hasta casi provocarle la muerte. En adición a la situación de persecución selectiva que enfrenta el señor Caicedo, por su trabajo en defensa de los DDHH, se suma el contexto del intenso conflicto armado que se vive en el Charco, donde se ha informado de explosiones y
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disparos frecuentes, y donde se ha reportado la llegada de personas desconocidas provenientes de muchos lugares del país y que al parecer se están reagrupando como “Rastrojos”, un nuevo grupo paramilitar. Esta situación es emblemática de la que enfrentan muchos defensores y víctimas que participan en espacios institucionales, por ejemplo de la Unidad Nacional de Protección y la Ley de Víctimas, que les genera un alto nivel de visibilidad y riesgo, y que luego regresan a comunidades donde existen altos índices de violencia política, sin que el Estado brinde las medidas necesarias para garantizar su seguridad.
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Caso 2
Accionar paramilitar en Salamina, Caldas
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os integrantes del Movice en el municipio de Salamina, Caldas, han denunciado insistentemente la presencia de miembros del grupo paramilitar Los Rastrojos y de su relación con la alcaldesa Olga Constanza Duque Chica. De acuerdo con los campesinos de la zona, desde la elección de Duque como mandataria del municipio, ha aumentado la presencia de hombres armados vestidos de civil en el casco urbano. Se evidencia, además de esto, una relación de simpatía y familiaridad de estos hombres con la señora Duque, funcionarios de la Alcaldía, integrantes de la Fiscalía y miembros de la Fuerza Pública, a quienes no parece preocupar en lo más mínimo, la presencia de estos individuos. En la zona rural del municipio se han multiplicado los patrullajes de hombres pertenecientes a Los Rastrojos, portando insignias de ese grupo paramilitar.7 En septiembre de 2012, la líder campesina Luz Ayda Sánchez, madre comunitaria de 42 años e integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Chócola, Salamina, fue sacada de su casa a la fuerza y asesinada de un tiro en la cabeza por desconocidos. Luego de este crimen, los patrullajes de los paramilitares se intensificaron y pocos meses después los miembros de estos grupos iniciaron el empadronamiento de los pobladores de varias veredas del municipio.
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En el momento de publicarse el informe se adelanta un proceso contra la señora Duque por presuntas irregularidades en la celebración de dos contratos con la Gobernación de Córdoba, por el cual fue encarcelada en la prisión domiciliaria en su casa en Salamina. Fue puesta en libertad después de tan solo 22 días de detención y actualmente continua ejerciendo la Alcaldía de Salamina mientras sigue el caso en su contra.
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En uno de estos empadronamientos, realizado en el mes de abril de 2013, un campesino que solicitó la reserva de su identidad, fue confinado en su casa durante 6 días por los paramilitares, quienes portaban prendas militares, capuchas e insignias de Los Rastrojos. Los hombres se encerraron con él dentro de su casa para interrogarlo una y otra vez sobre su pasado como desplazado de otro municipio de la región, amenazándolo con un arma en la cabeza. Las denuncias realizadas por los integrantes del Movice Caldas sobre hechos del municipio de Salamina, no se han traducido en acciones por parte de las autoridades para investigar lo que había sucedido y proteger a las personas en riesgo. Por el contrario, el hecho de que éstos salieran a la luz pública, junto con varias acusaciones de corrupción hacia la controvertida alcaldesa, generó un incremento en la persecución contra quienes han expuesto estas situaciones: luego de haber denunciado estas injusticias, el líder social Diego Amaya fue asesinado el 14 de diciembre.
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Consolidación territorial y paramilitarismo
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l grupo paramilitar que más ataques ha realizado contra los integrantes del Movice es el Ejército Anti Restitución, siendo el responsable principal de las agresiones perpetradas en cinco regiones: Bogotá, Atlántico, Nariño, Sucre y Magdalena Medio. Asimismo se han presentado agresiones de Los Rastrojos en Bogotá, Atlántico, Valle del Cauca, entre otras regiones del país. Según el informe publicado por Indepaz en agosto de 2013, donde se incluyen datos desde el 2008 al 2012, este último fue el año en que hubo mayor presencia de grupos narco-paramilitares a nivel nacional, pasando de 259 municipios en 31 departamentos en el 2008 a 409 municipios en 31 departamentos en el 2012. Los Rastrojos fue el grupo paramilitar con más cobertura, con una presencia en 236 municipios de 24 departamentos del país. Según las observaciones preliminares de la CIDH, luego de su visita al país en diciembre de 2012, los “grupos armados ilegales continúan involucrados en la comisión de actos de hostigamiento y violencia contra la población civil, con una especial incidencia en mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, lideresas y líderes sociales, defensoras y defensores de derechos humanos y niñas, niños y adolescentes”8. Esta escalada de violencia contra defensores de derechos humanos, miembros de grupos políticos de oposición y víctimas organizadas, indica que dichas estructuras armadas no son simplemente bandas criminales, sino que actúan motivados por intereses políticos y en alianza con sectores que trabajan en las instituciones del Estado. La gran mayoría de las amenazas que realizan los grupos paramilitares a integrantes del Movice, y a los defensores de derechos en general, se llevan a cabo luego de que hayan denunciado abusos que involucran a agentes del Estado o la falta de justicia frente a los mismos. Asimismo se presentan estos hechos luego de acompañar los procesos individuales y colectivos de reclamación de tierras y llevar a cabo actividades de movilización y denuncia en contra de determinadas políticas de Gobierno. Adicional a esto, no hay acciones contundentes para desmontar a los integrantes de los grupos paramilitares y a sus beneficiarios directos: varios políticos, cuestionados por sus vínculos con el paramilitarismo, siguen en puestos de poder, especialmente en zonas en las que se presentan graves violaciones a los derechos humanos9.
8 Recuperado el 22 de agosto de 2014 del sitio web de la Organización de los Estados Americanos en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/144A.asp
9 Ya han sido bastante documentados los procesos de Cooptación del Estado en función de intereses particulares y/ sectoriales. Ver, López Hernández, Claudia, Y refundaron la patria… de como mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano, Editorial Debate, Bogotá, 2010.
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La criminalización de las víctimas del Estado
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a criminalización de las víctimas que denuncian los crímenes de Estado, sigue siendo un elemento fundamental para motivar y justificar su persecución. Se evidencia, con gran preocupación, la continuidad de una práctica asociada con el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, de estigmatización de los defensores y líderes sociales con acusaciones públicas y sin fundamento, realizadas por funcionarios del Alto Gobierno. Esta práctica fue evidente durante el paro campesino del Catatumbo en julio de 2013, cuando el Presidente Juan Manuel Santos y el general Rodolfo Palomino, entonces Director de Seguridad Ciudadana de la Policía y ahora Director Nacional de esa institución, afirmaron, sin fundamento, la existencia de vínculos entre los manifestantes y líderes del paro campesino con la guerrilla de las FARC-EP10. Esta práctica ha estado acompañada por continuos montajes judiciales y detenciones de líderes sociales. En el periodo estudiado en este informe, varios integrantes del Movice fueron víctimas de procesos judiciales en su contra basados en pruebas falsas; otros, con base en estos montajes, han sido privados injustamente de su libertad. Entre los defensores de derechos humanos que se encontraban encarcelados durante el periodo que cubre este informe se incluyen David Ravelo Crepo, , fundador del Movice en el Magdalena Medio y quien está detenido desde el 14 de septiembre de 2010, y Omar Cómbita, miembro de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), detenido desde el 3 de octubre de 201111.
10 El 21 de junio de 2013, en la ceremonia de ascenso de generales y mayores generales de la Policía Nacional en Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos señaló, públicamente, que las protestas del Catatumbo estaban infiltrados por las FARC. Ver video recuperado el 24 de agosto de 2014 en: http:// www.youtube.com/watch?v=3ItksYNGQeI. El 24 de junio, el general Rodolfo Palomino, también afirmó públicamente que las protestas habían sido infiltradas por las Farc. Ver video recuperado el 24 de agosto de 2014 en: http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/explosivistas-de-las-farc-infiltraronmarcha-de-campesinos-en-catatumbo-general-palomino/20130624/nota/1920776.aspx
11 Al momento de publicarse este informe, también se encuentran encarcelados Húber Ballesteros,
vicepresidente de la Federación Nacional Sindical Agropecuaria (Fensuagro), detenido el 25 de agosto de 2013 y Jorge Luis Montes Hernández, miembro de la Asociación Agropecuaria Mixta María La Baja y coordinador general del Movimiento de Alta Montaña del municipio del Carmen de Bolívar en el departamento de Bolívar e integrante del Movice, detenido el día 9 de septiembre de 2013; En adición, tres miembros de la Asociación Campesina Agrícola del Putumayo (Ascap), filial de Fensuagro, Manuel Antonio Márquez Mejía, Alexi Antonio Arroyo Moreno y Eulogio Tapiero Galindo, fueron condenados injustamente en septiembre de 2013 a 693 meses de prisión y siguen detenidos actualmente.
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Adicionalmente, Fensuagro, organización que hace parte del Comité de Impulso del Movice, informa que entre agosto de 2012 y agosto de 2013, 66 de sus integrantes fueron encarcelados12. Tal como se demuestra en el caso de Fensuagro, gran parte de estas judicializaciones están dirigidas a la ilegalización y deslegitimación de las organizaciones sociales. A pesar de estar en libertad, Juan David Díaz, integrante del Movice Sucre, sigue siendo víctima de dos casos jurídicos sin base probatoria real, llevados en su contra por la Fiscalía General de la Nación. Ambos procesos lo acusan de vínculos con los paramilitares que asesinaron a su padre, Eudaldo Díaz, quienes ahora se encuentran en la cárcel por dicho crimen. La Fiscalía también desarrolla un proceso judicial basado en falsedades en contra de Oscar Orozco integrante del Movice capítulo Caldas, a quien acusan de un supuesto auto-atentado13. En este sentido, la criminalización sigue siendo una preocupación grave para el Movice y sus integrantes porque estos hechos demuestran una estrategia sistemática de persecución directa por parte de las autoridades estatales.
12 Al momento de publicarse este informe, el número de miembros de Fensuagro detenidos había subido a 157.
13 Al momento de publicarse este informe, Óscar Orozco había sido víctima de un ataque por parte del
Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía, durante una protesta sindical, el 10 de enero de 2014, que lo dejó sin vista en el ojo izquierdo.
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Caso 3
Montaje judicial por “auto-atentado” contra Oscar Orozco y Wilson Jaramillo, Movice Caldas
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l 4 de agosto de 2012, los directivos de la CUT Caldas, Oscar Orozco y Wilson Jaramillo (también integrantes del Movice capítulo Caldas), fueron atacados con armas de fuego cuando se dirigían, en el esquema de protección que les fue asignado, a una reunión en el corregimiento de Arauca, en el municipio de Palestina, Caldas. Gracias a la oportuna reacción de sus escoltas, los proyectiles sólo impactaron el vehículo y los sindicalistas salieron ilesos. Sin ningún tipo de consideración por sus vidas, veinte días después del atentado, el esquema de seguridad del señor Orozco fue retirado por la UNP. El día 30 de julio de 2013, la Fiscalía 120 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional de Medellín, imputó cargos contra Wilson Jaramillo, Oscar Arturo Orozco y César Augusto Castaño (escolta del señor Orozco), por daño en bien ajeno agravado, falsedad en documento privado, falsedad en denuncia agravada, falso testimonio, fraude procesal y fraude a subvenciones, debido a que, supuestamente, el ataque en su contra, realizado un año atrás, fue producto de un auto-atentado.
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Persecución contra los reclamantes de tierra y desplazamiento permanente
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egún la ONG Human Rights Watch (HRW), desde enero de 2012 más de 500 reclamantes de tierra y líderes sociales fueron amenazados. Según la Fiscalía, entre el 1 de agosto y el 15 de julio de 2013, hubo 134 agresiones contra reclamantes de tierra, incluyendo 34 asesinatos, 86 amenazas y una desaparición forzada. Ningún caso ha llegado a juicio14. La innocuidad de la justicia colombiana para tomar medidas frente a las agresiones perpetradas contra los reclamantes, demuestra lo que se podría entender como una falta de compromiso real con el proceso de restitución de tierras. Como se señaló anteriormente, a esto se le suman los señalamientos, realizados por la propia Unidad Nacional de Restitución de Tierras15, sobre los supuestos vínculos entre los reclamantes de tierra y la insurgencia, como es el caso de la comunidad de La Europa, en el departamento de Sucre. Ahora bien, mientras los que han sido desplazados intentan frustradamente recuperar sus tierras, los que aún permanecen en sus territorios empiezan a vivir la pesadilla del despojo que, en la mayoría de los casos, se realiza por medio de actos violentos y en los que, ya sea por acción u omisión, están involucrados amplios sectores del Estado. Las autoridades del Estado tienen complicidad con las acciones que llevan a cabo los grupos paramilitares y son pasivas ante las infracciones al DIH en el marco del conflicto armado que vive el país.
14 Respuesta de la Fiscalía General de la Nación, de fecha 15 de julio de 2013, al derecho de petición radicado no. 20135000172751.
15 Entidad responsable de esta materia en el marco de la LVRT (Ley 1448 de 2011).
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Caso 4
Desplazamiento masivo de comunidades pertenecientes al Concejo Comunitario de la Cordillera Occidental de Nariño y sur del Cauca – Copdiconc
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os días 31 de julio y 1, 2 y 3 de agosto de 2013, en el corregimiento de Fenicia, municipio de Santa Bárbara Iscuandé en Nariño (parte del territorio colectivo de las comunidades pertenecientes a Copdiconc), se reportaron desplazamientos masivos de las comunidades a causa de los bombardeos perpetrados por el Ejército Nacional, quienes al parecer sostenían enfrentamientos armados con el Frente 29 de las FARC-EP. El día 2 de agosto, entre las 3:30 a.m. y las 10:30 a.m., el Ejército Nacional arrojó cuatro bombas a estos territorios colectivos de Fenicia, una de las cuales cayó a 35 metros de la escuela. Otra bomba fue detonada en la comunidad de Campo Alegre y el Naya a 10 metros del centro educativo. Durante este periodo, fuimos informados de los sobrevuelos permanentes de helicópteros y naves de combate que desembarcaron personal del Ejército Nacional dentro de los territorios colectivos. Integrantes de las comunidades se vieron forzados a desplazarse hacia el corregimiento Desplayado del municipio del Charco y Santa Rosa y al municipio de Policarpa.
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Caso 5
Hostigamientos contra la comunidad de Pitalito, Cesar, en proceso de retorno a la tierra
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a comunidad de Pitalito, Cesar, fue víctima de desplazamiento forzado a partir del 24 de junio de 2010, debido a actos violentos en su contra protagonizados por miembros del Ejército Nacional, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía y un grupo de civiles armados al servicio de Juan Manuel Fernández de Castro, terrateniente y empresario palmero dueño de la empresa Orlandesca y afiliado a la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma). Fernández de Castro también ha sido beneficiario del programa Agro Ingreso Seguro. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), ha registrado la medida de protección de los predios San Miguel y Pitalito, que están siendo reclamados por la comunidad campesina de Pitalito cuyo proceso se está tramitando en el marco de la LVRT (Ley 1448 de 2011), el cual supone garantías en contra de la revictimización de las víctimas de desplazamiento forzado. Sin embargo, desde el 21 de mayo de 2013, cuando la comunidad de Pitalito retornó a la tierra que le había sido despojada, los campesinos, sus abogados y los defensores de derechos humanos que los acompañan, han sido víctimas de varios hostigamientos por parte del Ejercito Nacional y la Policía, además de seguimientos y falsas acusaciones por parte de trabajadores al mando de Juan Fernández de Castro, sin que la UNP implemente las medidas necesarias de protección solicitadas por la comunidad16.
16 Al momento de realizarse este informe, la comunidad de Pitalito había sido despojada nuevamente
de la tierra, el 25 de octubre de 2013, luego de una inspección ocular, solicitada por Juan Fernández de Castro y ordenada por el Alcalde de Chimichagua, con varias irregularidades procesales.
Montajes judiciales y persecución política
Curvaradó y Jiguamiandó… Desarrollo Vs. Derecho Humanos
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a política pública en materia de tierras no es otra cosa que el despojo disfrazado de desarrollo. En Chocó ha dejado ya más de 4.000 víctimas de desplazamiento forzado. La pesadilla que empezó hace más de 15 años, en el año 1997, no deja de repetirse cotidianamente para los pobladores afrocolombianos que habitan esta región del Pacífico colombiano. El despojo en los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó ha generado un ambiente de incertidumbre que puso a prueba la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y que sigue sin representar una verdadera herramienta de dignificación de las víctimas, las cuales son revictimizadas permanentemente por hacer uso legítimo de su derecho a retornar a sus tierras, o a defenderla de quienes pretende usurparlas. Casos como el de Manuel Ruiz y Samir Ruiz, asesinados por los paramilitares el 23 de marzo de 2012, un día antes de reunirse con el INCODER para informar sobre el despojo de unas tierras por parte de ganaderos de la región, son una muestra clara de la grave situación en que se encuentran las víctimas y los defensores de derechos humanos en esta región del país. La ley que busca reparar a las víctimas, restituirle sus tierras, en la práctica no resulta coherente con el sostenimiento de un modelo de desarrollo que requiere producir miseria y silenciar a quienes no aceptan sus postulados17. Las víctimas son doblemente victimizadas, en tanto que son despojadas de sus condiciones fundamentales para vivir, pero adicional a esto, son hostigadas física
17 Ver artículo recuperado el 5 de septiembre de 2014 de la Web de La Silla Vacía: http://lasillavacia.
com/historia-invitado/22660/yamile-salinas-abdala/el-caso-de-jiguamiando-y-curvarado-estrategiacriminal
La protección de las víctimas, 2012-2013
y psicológicamente por denunciar las políticas que benefician a grandes empresas transnacionales en consorcio con el Estado y sus fuerzas militares, tanto legales como ilegales. Esto encierra una paradoja insuperable: el desarrollo, tal y como lo proyecta este gobierno, no es coherente con una política de derechos humanos, ni mucho menos con la defensa de los territorios. Las víctimas son el resultado de una relación imposible entre el modelo de desarrollo que se implementa en el país, promoviendo la inversión extranjera, y la protección de la vida, las comunidades y los territorios. Las Operaciones Génesis y Cacarica, llevadas a cabo por el Estado colombiano para desplazar a las comunidades negras y entregar los territorios a los grandes proyectos de inversión, se siguen reproduciendo hoy en día. El Auto de la Corte Constitucional para otorgar protección a las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, no tuvo consecuencias prácticas para los pobladores, quienes siguen siendo amenazados y hostigados. Se dice que con el caso de Curvaradó y Jiguamiandó se puso a prueba la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Los resultados son frustrantes y las víctimas no dejan de aparecer18.
18 Informe
de ColombiaLand: “Justicia evasiva: la lucha por la tierra y la vida en Curvaradó y Jiguamiandó” (2013).
Montajes judiciales y persecución política
Falta de garantías por parte del Estado
E
l Movice considera que, si bien las medidas políticas son esenciales para garantizar la seguridad de las víctimas de crímenes de Estado y defensores y defensoras de derechos humanos, esto no reduce la responsabilidad del Estado de brindar las medidas materiales de protección necesarias para las personas amenazadas. El Movice ha constatado una serie de graves fallas en el funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que han conllevado a una notoria falta de garantías para la seguridad de sus integrantes19. Varias de las solicitudes de protección solicitadas a la UNP se han negado, a pesar del alto nivel de riesgo que tienen las personas que las solicitan. La mayoría de estas solicitudes sufren demoras severas para ser tramitadas e implementadas. Por lo general, se infringe el plazo de 73 días hábiles establecido por esa institución, para evaluar una petición e implementar medidas, siendo este lapso exagerado e inútil para garantizar la vida y la seguridad de las personas amenazadas. Por ejemplo, en casos de medidas ya aprobadas por la UNP, desde enero de 2013 se han presentado fuertes demoras – hasta de seis meses – en su implementación para más de 18 integrantes del Movice. Adicionalmente, la UNP se ha negado a implementar medidas de protección colectiva en casos de comunidades campesinas y sigue contratando para la prestación de sus servicios de seguridad, a empresas privadas que no cumplen con las condiciones logísticas mínimas para velar por el cumplimiento de estas medidas. Estos problemas han dejado sin protección a miembros del Movice y a las comunidades que acompañan como defensores. Sumado a lo anterior, durante el año 2013 se agudizaron los señalamientos por parte de la UNP y otras entidades del Estado, en los que se acusa a los defensores y defensoras de derechos humanos de realizar auto-amenazas y auto-atentados. Esto constituye parte de una política sistemática para deslegitimar a quienes defienden los derechos humanos y para evitar tomar las medidas necesarias para su seguridad y protección. En este sentido, Andrés Villamizar, director de la UNP, ha manifestado públicamente que “el famoso Ejército Anti Restitución es un invento”, a pesar de que ese grupo armado haya sido el responsable del 13% de las
19 Ver, “Corrupción y privatización en la Unidad Nacional de Protección”, Recuperado el 3 de septiembre
de 2014 del sitio web del Movice: http://www.movimientodevictimas.org/actualidad/item/3996corrupci%C3%B3n-y-privatizaci%C3%B3n-en-la-unidad-nacional-de-protecci%C3%B3n.html
La protección de las víctimas, 2012-2013
agresiones realizadas en contra de los integrantes del Movice durante el año 2013. También ha manifestado, en relación con los asesinatos de reclamantes de tierras que, “desde que se creó la UNP, el 31 de octubre de 2011, tenemos reportados sólo cinco casos”. Esto contrasta fuertemente con los informes realizados por las organizaciones defensoras de derechos humanos, nacionales e internacionales, y por la misma Fiscalía General de la Nación.
Montajes judiciales y persecución política
Caso 6
Señalamientos falsos por la Unidad de Restitución de Tierras contra la Finca La Europa, Sucre
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Intento de asesinato contra Andrés Narváez, Vicepresidente Finca la Europa, Sucre
os integrantes de la finca La Europa, en proceso de retorno a su territorio en Ovejas, Sucre, desde el año 2008, han enfrentado una serie de agresiones en su contra. En mayo de 2013 el proceso fue registrado ante la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, y en el marco de esta Ley, la zona actualmente se encuentra bajo micro-focalización. El día 22 de julio de 2013 la Unidad de Restitución de Tierras difundió información en su sitio web sobre la finca La Europa alegando, sin fundamento alguno, vínculos entre la asociación campesina y la insurgencia. Afirmaron que allí “también son reclutados menores de edad y jóvenes miembros de las familias propietarias del inmueble”20. Luego de dos semanas se retractó públicamente de esa afirmación, indicando: “Atendiendo a lo informado por la comunidad y sus representantes [...] se encontró que no hubo reclutamiento de menores de edad o jóvenes de las familias propietarias del inmueble la Europa. La dirección territorial de la Unidad rectifica la citada información y ofrece excusas a la comunidad de la Europa y lamenta lo sucedido”21.
20 Recuperado
el 24 de agosto de 2014 en el sitio web: http://restituciondetierras.gov. co/?action=article&id=537
21 Ibídem.
La protección de las víctimas, 2012-2013
Caso 7
El asesinato de Iván Darío Restrepo, reclamante de tierra
E
l señor Iván Darío Restrepo fue asesinado el 4 de mayo de 2013, alrededor de las 6.30 p.m., en Bello, Antioquia, en la sala de su casa frente a su esposa y sus tres hijos, momentos después de que los escoltas asignados por la Unidad Nacional de Protección terminaran su turno y abandonaran la residencia. De acuerdo con testigos del hecho, dos hombres llegaron a la casa vestidos con uniformes de la Policía Nacional, portando una carpeta para simular que estaban pasando revista a la seguridad del reclamante. Dado que el señor Restrepo no vio nada sospechoso, los dejó entrar y una vez en el interior de la casa uno de los supuestos policías desenfundó su arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones. Una vez perpetrado el crimen, los atacantes profirieron amenazas de muerte contra la esposa de la víctima. En el 2008 el señor Restrepo estaba trabajando en el proceso de restitución de cuatro locales comerciales de su propiedad, que le habían sido sustraídos. Desde ese momento empezó a recibir amenazas de muerte y fue obligado a depender de un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección. El 3 de Julio 2012, Restrepo recibió un panfleto amenazante en su casa que decía: “Iván Darío Restrepo García, que en paz descanses”. Restrepo se había empeñado en demostrar las alianzas entre la banda “Los Triana” y agentes de la Policía Nacional. El 11 enero de 2013, realizó una denuncia ante las autoridades, en la que señalaba lo siguiente: “Es injusto cómo la comunidad se queda asombrada al observar cómo repetidamente agentes de la Policía acompañan y fraternizan con reconocidos integrantes del grupo armado Los Triana del sector La Gabriela”. El 19 de junio de 2012, los escoltas del señor Restrepo enviaron un informe a la Unidad Nacional de Víctimas solicitando el fortalecimiento de su protección, ya que sólo podía utilizar dicho esquema en las horas de la mañana, dejándolo vulnerable durante la noche. Se sabe que por lo menos 50 familias se han acercado a las autoridades respectivas para denunciar casos de despojo urbano en los que han estado implicados “Los Triana”, en el barrio de la Gabriela.
Montajes judiciales y persecución política
Caso 8
Incumplimientos de Protección 33, empresa de seguridad privada contratada por la Unidad Nacional de Protección
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sta empresa de seguridad privada, contrata por la UNP para la implementación de logística y personal de seguridad para varios integrantes del Movice, ha demostrado lo que parece ser una falta de compromiso con la protección de sus protegidos. A continuación señalamos dos casos: 1. El 15 de julio de 2013, la señora Ingrid Vergara, secretaria técnica del Movice capítulo Sucre, informó sobre los daños que sufrió su vehículo de seguridad, los cuales requerían, urgentemente, de mantenimiento. Anuar Jiménez, Director Regional de Operaciones de la empresa Protección 33 y responsable por sus medidas, respondió en un correo a su solicitud: “Le informo que se está realizando la investigación correspondiente […] y le hago un llamado cordial a que reflexione, haga una meditación, realice a usted misma un auto análisis. Pregúntese estoy actuando bien, será que le doy buen uso a las herramientas que me brinda el Estado, será que estoy agradecida con todos los beneficios que he recibido a pesar de que no me los merezco. Por favor, por favor pídale orientación a Dios”. 2. Luego de una amenaza en su contra, realizada el día 6 de julio de 2013, el señor Jeison Pava Reyes, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), se vio obligado a viajar a Puerto Asís, Putumayo, para cumplir con una labor jurídica. Sin embargo, y a pesar de las amenazas contra su vida, Protección 33 se negó a facilitar tiquetes aéreos para sus escoltas, dejando al señor Pava sin protección en una zona considerada de alto riesgo.
La protecci贸n de las v铆ctimas, 2012-2013
Montajes judiciales y persecución política
…impunidad y más impunidad
O
tro tema que para muchos es el más grave, ya que representa la falta de garantías por parte del Estado para la defensa de los derechos humanos, es la impunidad. Según la Fiscalía, de las 134 agresiones contra reclamantes de tierra en el año 2013, incluyendo los 34 asesinatos, ninguno ha avanzado más allá de la etapa de indagación y ninguna investigación ha llegado a juicio . De las agresiones en contra de integrantes del Movice que se reportaron en ese año, la situación es igual. De las agresiones que se conocen, el único caso en el que la investigación ha avanzado más allá de la etapa de indagación es el del atentado contra Óscar Orozco, en el cual la Fiscalía adelanta un proceso de montaje judicial contra la víctima, por un supuesto auto-atentado. Por otra parte, HRW informa que de las más de 17.000 investigaciones abiertas sobre casos de desplazamiento forzado, menos del 1% han resultado en condena. Además, el informe de la ONG estadounidense constata que no se han imputado cargos contra ningún presunto responsable de los casos de amenazas contra reclamantes de tierra y líderes sociales. El patrón de impunidad para violaciones a los derechos humanos también sigue evidenciándose en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Según la CIDH, a pesar de que más de 35.000 paramilitares han pasado por el proceso de Justicia y Paz, “se han producido, de acuerdo a la información provista por el Estado, 17 sentencias, de las cuales sólo dos estarían en firme”22.
22 “Observaciones Preliminares de la CIDH Sobre La Visita In Loco a Colombia”, 7 de diciembre de 2012: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/144A.asp
La protecci贸n de las v铆ctimas, 2012-2013
Montajes judiciales y persecución política
Conclusiones y exigencias
E
n Colombia las víctimas que denuncian crímenes cometidos por agentes del Estado, así como los activistas sociales y políticos, continúan siendo objeto de graves agresiones por parte de los nuevos grupos paramilitares, los cuales están motivados, profundamente, por intereses políticos históricamente arraigados en las estructuras de poder. Estos grupos mantienen un amplio control territorial en el país por medio de estrategias de despojo tanto legales como ilegales, así como por procesos de cooptación y legitimación estatales que representan intereses particulares en detrimento de los intereses colectivos de la sociedad. No resulta contradictorio, entonces, que las autoridades estatales y el Gobierno Nacional, no garanticen el ejercicio pleno e integral de la justicia ante las graves violaciones a los derechos humanos. Más aún, en muchos casos en donde se han evidenciado nexos entre funcionarios públicos y paramilitares, no se han llevado a cabo procesos disciplinarios adecuados tanto para reparar los daños como para garantizar la no repetición de los hechos violatorios a los derechos humanos. De acuerdo con las experiencias que tienen los integrantes del Movice, los funcionarios del Gobierno, en lugar de proteger a los defensores de derechos humanos con investigaciones judiciales preventivas y con el aprovisionamiento a tiempo, de las medidas materiales de protección, estigmatizan a las víctimas, justificando y legitimando la violencia en su contra. Esta estigmatización también se ve en la criminalización y detención de defensores con base en montajes judiciales, los cuales, para el Movice, son la otra cara de la moneda de la impunidad en un sistema judicial que no brinda garantías para el ejercicio pleno de los derechos humanos. Esta re-victimización de las víctimas de crímenes de Estado, como demuestra el presente informe, evidencia una falta de garantías para el ejercicio de sus derechos y adquiere un tinte aún más preocupante en la coyuntura actual: la no repetición de estos delitos debe ser la primera prioridad y la razón de ser de cualquier proceso de paz; la tolerancia y la negligencia por parte del Gobierno nos genera fuertes preocupaciones ante un posible escenario de ‘post-conflicto’. En este orden de ideas, insistimos en la necesidad de fortalecer el apoyo internacional para garantizar el respeto a los derechos humanos en el país e instamos a la comunidad internacional de derechos humanos a que mantenga su presencia y seguimiento a la situación que vive el país. Con el fin de lograr un país en paz, sin crímenes de Estado,
La protección de las víctimas, 2012-2013
hacemos las siguientes recomendaciones al Estado colombiano y que ponemos a disposición de la sociedad colombiana:
• La sanción penal y disciplinaria a los responsables de las continuas agresiones contra víctimas y reclamantes de tierra, defensoras y defensores de derechos humanos, sindicalistas y líderes políticos y sociales.
• La investigación exhaustiva de los crímenes de Estado, con el fin de identificar a los autores materiales e intelectuales, y asegurar la depuración de las autoridades estatales responsables de dichos crímenes.
• La generación de garantías políticas para la seguridad de los defensores y
reclamantes de tierra en el país, incluyendo el cese de las acusaciones falsas y sin fundamento realizadas en su contra por funcionarios del Gobierno.
• El cumplimiento de las medidas materiales de protección solicitadas por los defensores de derechos humanos.
• La creación de un programa integral de protección para las víctimas de crímenes de Estado que incluya una dimensión colectiva.
• La creación de un Protocolo Especial de la Fuerza Pública para la protección del derecho a la la protesta social y pacífica.
• La libertad de los defensores y defensoras, activistas sociales y población campesina encarcelados sobre la base de montajes judiciales.
• Que el Gobierno Nacional acuerde el cese al fuego bilateral propuesto por
las víctimas y la sociedad civil, ya planteado por la guerrilla de las FARC-EP, para garantizar la protección de las comunidades en zonas de conflicto y para dar el primer paso necesario contra el despojo.
• La desvinculación de los organismos de seguridad e investigación del Estado
de los sectores que se han mostrado públicamente interesados en continuar con la guerra y que han promovido el odio y la persecución contra los defensores de derechos humanos.
“Por la memoria de las víctimas de crímenes de Estado... Continuamos caminando hacia la paz con justicia social”