Imaginando méxico by Pablo Trejo Pérez

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IMAGINANDO MÉXICO Los retos económicos al 2018

PABLO TREJO PÉREZ

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Primera edición, 2012 D.R. ©

Pablo Trejo Pérez

ISBN

Impreso en México

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ÍNDICE 1. La economía y el problema democrático

2. Nuevo pacto fiscal para la nación

3. Paradojas del empleo la Reforma Laboral

4. Subsidios energéticos a debate

5. Asociaciones Público Privadas

6. Contribución a la producción y los servicios a pequeña escala: los sistemas de información gerencial en la MIPYMES 113 7. Desarrollo sostenible, género y sociedad civil. Una agenda progresista para el futuro de México

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8. ¿Volveremos a crecer?

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Bibliografía

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1. LA ECONOMÍA Y EL PROBLEMA DEMOCRÁTICO

La lógica del capitalismo bajo la visión contemporánea ha propuesto como aspiración normativa el despojar de manera absoluta a la economía de la “dañina” intervención del Estado, en sus distintos escenarios. Un Estado que ha actuado directamente como empresario; regulador de la actividad económica, por la vía de la política fiscal, monetaria o sectorial; prestador de servicios productivos e improductivos en el ámbito de los servicios públicos y de infraestructura; garante de la reproducción de la fuerza de trabajo por medio de la legislación laboral y la seguridad social. En este sentido el sustrato de la preocupación radica entonces en la construcción de Estados despolitizados de corte tecnocrático que garantice las condiciones de reproducción estables de los patrones de acumulación y apropiación individual del capital. Es en este sentido que el neoliberalismo se presenta como la versión extrema de la economía de mercado, en el que el capital adquiere centralidad como factor predominante en el proceso productivo. En esta lógica quedan inscritas las políticas de privatización y desregulación del mercado que pretenden ampliar el espacio de desenvolvimiento del factor capital para que este pueda desarrollarse. Bajo este contexto se pretende desarrollar mecanismos de flexibilización institucional, que aspiran al reordenamiento de la esfera estatal bajo la lógica de generar un dimensionamiento pragmático en términos de [9]

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la articulación orgánica de la dupla Estado-mercado. El Estado bajo esta relación dual, adquiere la connotación de ser un ente hegemónico con capacidad de garantizar y ordenar los procesos económicos bajo el carácter legal que lo reviste, y su reconocimiento legítimo en medio de las concepciones democráticas representativas más ideales. En este orden de ideas se identifica la transformación funcional que adquiere el Estado, perfilándose como un ente ordenador de la economía bajo la connotación de ser garante de los procesos de reproducción del capital, en este sentido el economista colombiano Jorge Child anota lo siguiente: Parte de la nueva filosofía política consiste en llevar los principios de la administración de la empresa privada a la gerencia del Estado y a la administración pública en general. Esto implica un cambio radical en la filosofía del Estado que ya no se concibe dentro de los paradigmas teóricos convencionales....la teoría democrática del Estado, por el contrario proyecta una administración pública abierta a los cambios de la opinión y de las fuerzas políticas que compiten dentro del sistema electoral de la democracia política.1

Ahora bien, si reconocemos la existencia de un funcionamiento autónomo del mercado, el papel que se le podría asignar a la esfera estatal como expresión formal del poder social, estaría determinado por la asignación del rol fundamental en función de la dinámica económica capitalista, en cuanto se convierte en el garante institucional del régimen de propiedad, de las reglas “equitativas” de la pugna competitiva, y estará atento a las fallas del sistema para removerlas, es decir trata de resolver o minimizar las contradicciones del sistema, fortaleciendo de paso los intereses de sectores sociales específicos. Es claro, bajo este estado de cosas, que si bien el capitalismo contemporáneo se ha despojado de cualquier tipo de vínculos con el Estado, también es cierto que se ha garantizado para si el rodearse 1

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Jorge Child, Fin del Estado, Bogotá, Grijalbo, 1993, p. 17.

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de una gama de opciones de derechos, controles y defensas que dan pie a pensar que su preocupación radica no en la prevención de la contradicción social sino en la corrección y ajuste de la contradicción que el mismo sistema por su naturaleza genera. El sociólogo francés, Alain Touraine, hace un llamado de atención cuando puntualiza la diferencia de asumir la economía como libre de toda interferencia de gestión ineficiente del Estado, a mostrarla como una economía que se autorregula lejos de toda interferencia exógena. Y es bajo esta última consideración, que Touraine describe la esencia del capitalismo hoy: […] capitalismo, que no es otra cosa sino esta mundialización de la economía de la cual se habla mucho sin detenerse a caracterizarla. El capitalismo supone una economía de mercado en cuanto que ésta rechaza cualquier control exterior, pues por el contrario, busca actuar sobre la sociedad en bloque en función de sus propios intereses. El capitalismo significa que la sociedad se ve dominada por la economía.2

Esta puntualización remite al debate de Estado versus el mercado, el cual creó una falsa disyuntiva en términos de la exclusión o supremacía y anulación del mercado respecto al Estado. Y resultó ser una falacia discursiva dado que las fronteras nítidas entre los papeles funcionales asignados, tanto para el primero como para el segundo, han sido traspasadas, dado el incumplimiento de la promesa de un mundo armónico, pletórico de satisfacciones y de un crecimiento económico ilimitado. En este sentido es importante visualizar como las asimetrías en las economías de mercado actuales, han determinado distintos escenarios de disyuntiva entre lo económico y lo social, quedando cuestionada la real capacidad de creación de espacios de participación democrática, los que se confrontan con una realidad que niega constantemente los derechos fundamentales de los individuos. 2

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Alain Touraine, ¿Cómo salir del liberalismo?, Buenos Aires, Paidós, 1999, p. 20.

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DEMOCRACIA. ¿ANTÍTESIS DEL CAPITALISMO?

Los incrementos de la población pobre en el mundo, el deterioro creciente del medio ambiente, los conflictos étnicos y religiosos, los aumentos de la criminalidad, la exclusión política, económica y social y, en general, el deterioro de la calidad de vida, han sido el caldo de cultivo para la eclosión de movimientos sociales que, bajo el amparo de la participación democrática, han colocado entre el deseo y la realidad la viabilidad de la homogeneización económica propuesta desde el capitalismo donde el desarrollo se presenta como una consecuencia lógica de la implementación absoluta del llamado “libre mercado”. El sociólogo chileno Luis Razeto formula al respecto la siguiente idea: La crisis del desarrollo de que hablamos la podemos expresar en estos términos concisos: mientras la economía mundial continua su proceso de expansión y crecimiento global, una visión de conjunto del mundo permite ver que estamos avanzando hacia un colapso de la misma civilización que se está expandiendo y creciendo. Crisis del desarrollo no significa, pues, que lo que hemos entendido como desarrollo esté dejando de verificarse, sino al contrario, que mientras mas avanzamos por el camino de ese desarrollo, más se agudizan los problemas y contradicciones de la sociedad y más nos acercamos al punto en que continuar por dicha senda de desarrollo resultará imposible.3 Ahora bien, si se coloca la discusión no en el ámbito de lo real, leído desde las crisis, sino desde las aspiraciones ideales de construir sociedades democráticas, encontramos autores como Norberto Bobbio, quien aísla el problema de la contradicción entre Estado versus el mercado de la discusión convencional, y le coloca una extensión a la disyuntiva que se formula en términos de un Estado democrático versus el mercado. Para Bobbio el asunto de la democracia no es solamente un problema de mayorías absolutas o la existencia de un 3 Luis Razeto, Desarrollo, transformación y perfeccionamiento de la economía en el tiempo, Medellín, Universidad Bolivariana de Chile y Eco Iberoamericano, 2000, p. 11.

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marco legal que garantiza la existencia de reglas y procedimientos, es importante además tener las garantías reales de ejercicio de la democracia que han de estar consignados en los llamados derechos fundamentales (de libertad, opinión, expresión, asociación y reunión), que solo pueden ser dados en el seno del Estado liberal, aquel que no solo ejerce un poder de sometimiento a la ley sino que esta limitado por el reconocimiento constitucional de los llamados derechos inviolables del individuo. De ahí que el Estado liberal no solamente es el supuesto histórico sino también jurídico del estado democrático. El Estado liberal y el Estado democrático son interdependientes en dos formas: 1. En la línea que va del liberalismo a la democracia, en el sentido que son necesarias ciertas libertades para el correcto ejercicio del poder democrático. 2. En línea opuesta, la que va de la democracia al liberalismo, en el sentido de que es indispensable el poder democrático para garantizar la existencia y persistencia de las libertades fundamentales. En otras palabras: es improbable que un Estado no liberal pueda asegurar un correcto funcionamiento de la democracia, y por otra parte es poco probable que un Estado no democrático sea capaz de garantizar las libertades fundamentales.4 Bajo esta lógica se podría inferir un paradigma de sociedad democrática que se sustenta sobre la correlación directa entre desarrollo económico y democracia; dicha connotación va de la mano con la idea que la industrialización que conduce al capitalismo de la misma manera debe de conducir a la democracia, dado que esta última resulta ser funcional para la reconciliación de intereses cada vez mas diversos en sociedades mas complejas. Algunos argumentos apologistas de estas tesis, en medio de la generalidad, han planteado que la evidencia empírica muestra como 4 Norberto Bobbio, Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política, México, México, FCE. 1984, p. 26.

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la mayoría de los países altamente industrializados reflejan democracias estables, y los países considerados como pobres muestran niveles de inestabilidad democrática fuertes; discusiones que se han inscrito en el ámbito del triunfalismo occidental, luego de la crisis del paradigma socialista, que ha pretendido asimilar la democracia liberal al capitalismo y que aspira a universalizar el modelo democrático de sociedad occidental. En este sentido autores como Fukuyama (1992) establecen un vínculo estrecho entre democracia liberal y capitalismo, asunto que nos presenta Anthony Giddens (1994) en su texto Más allá de la izquierda y la derecha. En éste se muestra, según Giddens, que el liberalismo es la expresión de los derechos de propiedad bajo el imperio de la ley, y la democracia es el derecho más importante dentro del liberalismo que permite a los individuos asociarse políticamente para la toma de decisiones. Aquí, en palabras de Fukuyama, debemos volver a Hegel. El avance universal de la democracia liberal está vinculado a la comprensión de la historia como “una lucha por el reconocimiento”. Si bien el deseo por el reconocimiento atraviesa diversas vicisitudes, en la época burguesa se incorpora a las creencias liberales, como reconocimiento de que cada individuo tiene el derecho a vivir con autonomía y dignidad. Combinada con el capitalismo, la democracia liberal crea gran abundancia material, pero lo que impulsa la democratización no es la riqueza sino “el objetivo totalmente inmaterial, del reconocimiento de nuestra libertad”. La democracia liberal “reconoce” a todos los seres humanos “concediendo y protegiendo sus derechos”. La democracia liberal y el capitalismo están unidos entre si porque el desarrollo económico favorece las condiciones de la autonomía individual. El crecimiento económico, impulsado por la ciencia y la tecnología, exige un sistema educativo y desarrollado; y la educación universal libera “cierta exigencia de reconocimiento que no existía entre gentes más pobres y menos educadas.5

5 Anthony Giddens, Más allá de la izquierda y la derecha. El futuro de las políticas radicales, Madrid, Cátedra-Teorema, 1994, p 114.

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Se intuye en los argumentos anteriores, la adopción de una lógica ilimitada del crecimiento económico, o lo que Fukuyama denomina la “acumulación sin fin”. Elemento que hace muy frágil su teoría, ya que es precisamente bajo esta connotación que se hacen evidentes las principales contradicciones económicas, políticas y sociales del capitalismo. Esta lógica, al privilegia el aspecto tecnológico, lo presenta como el factor neutralizador de la escasez, dado que construye escenarios de racionalidad económica que hace posible la movilidad de factores de manera más eficaz y aun menor costo. Y es precisamente este carácter de racionalidad el que se ha colocado en tela de juicio. Fenómenos como el agotamiento de los recursos no renovables y el deterioro del equilibrio ecológico, mediatizado por los esquemas consumistas que derrochan, dilapidan y subutilizan recursos naturales y humanos, y sumado a esto el aumento del desempleo y el subempleo y el deterioro en la calidad de vida han enfatizado esta paradoja.6 Igualmente, no podemos olvidar que los casos más evidentes de países que se han involucrado en procesos de crecimiento económicos acelerado en los últimos 100 años, y que no han tocado con regímenes democráticos son los casos de China, Chile, España, Alemania e Italia. La característica fundamental ha sido la de Estados autoritarios, y algunos de ellos alimentados por el paradigma capitalista. En esta línea de análisis, autores como Claus Offe y Philippe Schmitter (1995), afirman que es indiscutible que gran parte de las democracias más estables en el mundo, tienen una correlación directa con aquellos países donde la producción y acumulación económica es de corte privado y su regulación esta regida bajo leyes del mercado. Pero aún así, formulan la salvedad en el sentido que una intervención decidida del gobierno de corte democrático, con un amplio apoyo ciudadano puede tener un efecto altamente positivo si se mira desde la diferencia radical y dilemática de un gobierno que distribuye poder y estatus de forma equitativa y una economía que reparte propiedad e ingreso de manera inequitativa; ambigüedad 6

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Para esto ver los trabajos de Petras, Vieux y Navarro, 1997.

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que solo será resuelta bajo una óptica de interpretación estructural en la dimensión compleja del desarrollo económico. Alrededor de lo anterior quedaría planteado el debate de la necesidad económica de la democracia, es decir ¿la democracia necesita del capitalismo? o ¿ el capitalismo necesita de la democracia?. Sin pretender dar una respuesta absoluta, se podría puntualizar un marco conceptual de referencia que daría pertinencia a tal interrogante. La democracia se podría asumir bajo la acepción particular de la “democracia económica”, entendida esta como la búsqueda de la “[...] igualdad económica, por la eliminación de los extremos de pobreza y riqueza y, en consecuencia, por una redistribución que persigue el bienestar generalizado”.7 En este orden de ideas sería consecuente pensar que la democracia, bajo estos términos, no le es funcional a la racionalidad propuesta por la economía de mercado capitalista, dado que en esta los individuos definen la asignación de acuerdo a los recursos que poseen individualmente, los que en su distribución son altamente desequilibrados y desiguales. Mientras que una aspiración distributiva de carácter democrática tiende a transferir y socializar el patrimonio privado en aras de la equidad social, genera mecanismos de subsidio y asistencia a sectores económicos y sociales que están en dificultades, y gasta más en inversiones sociales que en inversiones productivas. Puntualizando más esta contradicción, las formulaciones de Adam Przeworki en su texto Democracia y mercado (1991), nos presenta el modelo capitalista de mercado en el que los individuos establecen pautas de intercambio de acuerdo a sus deseos, y que bajo condiciones de equilibrio, nadie obrará de manera distinta a los demás, los mercados agotaran sus existencias y los precios serán indicativos de las mejores oportunidades y del logro del bienestar de la sociedad. Pero igualmente se ha reconocido que los mercados funcionan en desequilibrio lo que lleva a afirmar que “el capitalismo es irracional porque no puede alcanzar algunas distribuciones técni7

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Giovanni Sartori, ¿Qué es la democracia?, Bogotá, Altamir, 1993, p. 6.

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camente factibles del bienestar. Aunque dispongamos de los medios tecnológicos y organizativos adecuados para dar de comer a todos los habitantes de la tierra y aunque deseemos alimentarlos a todos, esto puede seguir resultando imposible bajo el capitalismo”.8 Przeworki presenta la democracia como la principal contradicción, que exacerba estas divergencias en el mercado capitalista, donde los individuos excluidos de la producción y el consumo pretenderán influir en la distribución y asignación de los recursos. Si la anterior incompatibilidad se acepta como válida, entonces se asumiría una absoluta contradicción entre capitalismo y democracia, desde la óptica más radical; o en un espíritu conciliador, quedaría formulado que el capitalismo requiere de una transformación que garantice la salvaguardia y permanencia de la democracia; asunto que estará determinado por la redefinición institucional y económica del Estado. En términos simples, parafrasiando a Bobbio, es pertinente decir que, si en la década de 1930 fue el capitalismo el que colocó en crisis a la democracia, en la década de 1990 es la democracia la que colocó y seguirá colocando en crisis al capitalismo. La alternativa menos radical para darle salida a esta contradicción sería asumir que no se podría hacer una equiparación lineal entre capitalismo y economía de mercado, es decir, es necesario hacer el reconocimiento a una forma de economía de mercado integradora y holística, donde las formaciones sociales se reconocen en su individualidad, y sus procesos asimétricos desde lo político, lo económico y lo social se resuelven no desde las leyes autorreguladoras del mercado, que hacen prevalecer una formación social sobre la otra, desconociendo la heterogeneidad socieconómica. Esta aseveración se identifica con la noción conceptual de mercado democrático, el

8 Arrow, plantea por ejemplo la imposibilidad de organizar un mercado completo que permita concretar las demandas asociadas a cualquier estado de naturaleza. Stiglitz que plantea la ineficiencia del equilibrio. Fischer que plantea la inexistencia de una teoría rigurosa que considere que ocurre por fuera de las condiciones de equilibrio. Adam Przeworki, Democracia y mercado, Gran Bretaña, Cambridge University, 1995, p. 188.

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cual en su acepción teórica estará asociado a la repartición del poder que estaría diseminado socialmente entre todos los sujetos de acción económica, en el que la asignación y distribución de recursos y bienes se realice en términos de una correlación democrática de las fuerzas que intervienen.9 Bajo este contexto, adquiere relevancia en el mercado la repartición de los poderes (correlación de las fuerzas y los balances de poder) bajo el reconocimiento de un ámbito institucional de los mercados; la integración social de los individuos como sujetos económicos; las relaciones de planificación y regulación económica y las expresiones orgánicas de asociación social. Esto se presenta como una contradicción abierta al modelo ortodoxo clásico de mercado en el que se presenta la ausencia de poderes, bien sea bajo la forma del Estado o de organizaciones sociales. Donde los individuos, leídos como agentes económicos, operan atomizados. En el que las relaciones son exclusivamente de intercambio. Donde las necesidades no se leen como tal sino como demandas y en el que los individuos no son ciudadanos sino consumidores. En síntesis, diría que se remite a pensar que el reconocer la existencia de la democracia dentro del contexto de esta economía de mercado ha de conjugar dos escenario, el de la democracia económica y el de la democracia social, entendida esta última como la máxima expresión de la unidad de la sociedad en medio de lo diverso, que establece la diferenciación para efectos de la inclusión.10

9 Luis Razeto, Desarrollo, transformación y perfeccionamiento de la economía en el tiempo, Medellín, Universidad Bolivariana de Chile y Eco Iberoamericano, 2000. 10 Es importante hacer la salvedad en términos de la diferencia conceptual que se presenta entre el Mercado Democrático y la Economía Social de Mercado. Esta última se aplica estrictamente al modelo de ordenamiento económico, explícitamente elaborado, que le sirvió al primer gobierno de la República Federal de Alemania después de la segunda guerra mundial como pauta para encauzar su política económica. Se asume como un modelo de reconstrucción económica que fue adoptado por la mayoría de las naciones industrializadas de occidente en el que el Estado y su capacidad planificadora se colocan en función del Mercado

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EL ESTADO DEL BIENESTAR, UN ESCENARIO DE CONCILIACIÓN

En líneas anteriores se ha formulado reiterativamente, como asunto determinante, el dimensionar la discusión teórica en términos de la redefinición institucional y económica del Estado. Para lo cual es importante establecer el itinerario de lo que ha significado la concepción teórica del Estado del Bienestar y su expresión pragmática en los modelos de gestión económica de corte keynesiano. La idea del “darwinismo” económico, o de la supervivencia del más apto, es una de las tesis que ha hecho carrera en medio del discurso institucional de la competencia que busca cada vez ser más perfecta. Pero contrario con esto es necesario considerar la pertinencia de la permanencia del Estado como agente regulador de la economía con un doble compromiso: de un lado el carácter redistributivo de la riqueza y la propiedad por medio de los instrumentos de política económica; y de otro, como el garante de los procesos de acumulación bajo las políticas de estabilización y crecimiento económico. La participación del Estado en la actividad económica ha sido un tema de permanente controversia en cuanto a su papel como agente económico activo o como garante de condiciones equitativas para los diferentes agentes económicos. Entendido de una u otra forma, lo cierto es que el Estado en el nivel de desarrollo de las sociedades modernas actuales se ha convertido en pieza fundamental como canalizador del ingreso bajo el papel de la distribución o la estabilización; o por medio de la generación directa de los mismos bajo la función de asignación. Ahora bien, desde los desarrollos teóricos de Keynes, el papel del Estado ha sido relevante en cuanto que se le justifica el manejo y control discrecional de un conjunto de objetivos e instrumentos de política económica, por medio de los cuales se pretende tener injerencia en la regulación y formalización de las reglas de juego económico tanto para la producción como para el consumo. El asignarle este papel funcional al Estado hace pensar que este tiene la capaci-

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dad de generar beneficios en ciertos grupos sociales; lo que conduce ha plantear la no neutralidad del Estado bajo su papel distributivo, en cuanto que puede extraer y reorientar recursos, bien sea porque profundiza las tendencias espontáneas del libre juego de la oferta y la demanda o por que corrija las distorsiones o cambie radicalmente las condiciones en el proceso de crecimiento económico. Esta última consideración es quizás la que ha sido el foco de la crítica frente al rol desempeñado por el Estado en la economía y que le ha valido un alto componente ideológico en la discusión. El marco, si se quiere teórico, que ha dimensionado tal discusión gira alrededor de lo que se ha llamado el Estado del Bienestar, en el que se concreta el problema del logro de la situación óptima, como conjunto de posiciones en la economía que se consideran mejor que otras posibles. La identificación de las mismas, depende de la especificación de criterios lo suficientemente objetivos que permitan estructurar una serie de medidas de política económica, “neutrales”, que contribuyan al logro del bienestar económico. Este Estado del Bienestar se muestra como la crítica hacia los procesos económicos deshumanizados, inflexibles, omnipotentes y omnipresentes; es una aspiración al derecho a la equidad y un llamado a romper con estructuras de mercado de corte circular, impersonales, homogeneizantes y universalistas. Es una búsqueda menos dramática de identidad entre la democracia y la libertad económica. Diversos estudios han mostrado un balance positivo de la aplicación de dicho modelo y sus efectos sobre la dinámica del crecimiento económico, en los períodos de 1950 a 1975, y que se resumen en cuatro elementos:11

11 T. Wilson y D. Wilson (eds.), The state and social welfare: the objetives of policy, Londres, Lodgman, 1991; P. Close (ed.), The state and caring, Basingstoke, MacMillan, 1992; J. Hansen et al. (eds.), Welfare trends in Scandinavian countries, Armonk, NY, M.E. Sharpe, 1993. Citados por Manuel Castells, “El futuro del estado de bienestar en la sociedad informacional”, en Salvador Giner (ed.), Buen gobierno y política social, Barcelona, Ariel, 1994.

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1. Generó condiciones de relaciones menos contradictorias entre trabajadores y empresarios, asociado a un cambio tecnológico acelerado y un clima de confianza y certidumbre en el largo plazo. 2. Incremento de las rentas disponibles, ampliándose la capacidad de consumo, la dinámica de los mercados y el consecuente crecimiento económico. 3. Inversión social en infraestructura de servicios básicos colectivos. 4. Garantizó un proceso de expansión del empleo, fundamentalmente en el sector público. Manuel Castells plantea como “ […] en suma la constitución de un Estado del Bienestar (...) en los últimos cincuenta años ha articulado a las sociedades, dinamizando la economía y hecho posible que las personas se sientan individuos con futuro y ciudadanos con derechos en la práctica”.12 Si se tratara de validar este tipo de participación del Estado en alguna economía, este adquiere mayor importancia en aquellas consideradas como no desarrolladas, las cuales han sido el reflejo de comportamientos asimétricos en cuanto a bajos niveles de ingreso per capita y la constante presencia de desigualdades sociales evidenciado en el acceso a la satisfacción de bienes y servicios y alta concentración de la riqueza y la pobreza. Parte de este escenario se recrea, en la vinculación que se tiene con los mercados externos, como abastecedores de materias primas de bajo nivel de transformación, lo que hace que estas economías sea altamente sensibles al comportamiento de los ciclos de los precios en las economías internacionales. Gran parte de estos mercados fueron intervenidos por los gobiernos (sobre todo productos de minería o de explotación de recursos naturales), los cuales captaron parte significativa de las actividades exportadoras generándose con

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Manuel Castells, op. cit., p. 178.

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esto las condiciones reales de financiación de obras públicas en infraestructura y de asistencia social básica. Esto adquiere una puntualización mayor bajo el modelo proteccionista de la Comisión de Económica para América Latina (CEPAL), en medio de procesos de industrialización y creciente modernización de algunos segmentos de la economía, a la par que se iban generando nuevos problemas en términos del acceso a tecnologías y la respuesta que era necesario darle desde las políticas públicas en el Estado; que a su vez adquirieron mayor controversia por la naturaleza misma de los regímenes políticos y las alianzas de clase y sectores de clase que de una u otra forma validaron este tipo de acciones públicas bajo la pretensión de amparar, de forma privilegiada, ciertos sectores de la economía. En síntesis se podría relevar el rol asumido por el Estado, bajo esta dinámica, en el que se considera como gran centro de poder desde el cual se pretende anular las diferencias e iniquidades; pero a su vez, se confronta con el acceso que tiene a su control los grupos económicos en connivencia con los políticos, orientando directamente los procesos de acumulación, tanto en la esfera pública como privada, matizando las aspiraciones del desarrollo económico bajo contextos particularistas. Y es quizás aquí donde se encuentra la mayor vulnerabilidad, que alimenta la crisis del Estado del bienestar, asociada a la pérdida de credibilidad en sus aspiraciones de equidad y participación social. Bajo esta lógica se han identificado dos enfoques teóricos para comprender la crisis del modelo de Estado del Bienestar, específicamente para el caso latinoamericano: el primero de ellos esta asociado al enfoque del llamado Consenso de Washington, que se vincula con los orígenes de la nueva derecha económica “neoliberal”, bajo el amparo doctrinario de Francis Hayek, Von Mises, y Milton Friedman; según el cual la crisis económica latinoamericana se explica por dos factores fundamentales: “1) excesiva intervención estatal, expresada en forma de proteccionismo, sobre-regulación y un sector público sobredimensionado, y 2) populismo económico, representado como laxitud fiscal: falta de voluntad para eliminar

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el déficit presupuestario”.13 El segundo enfoque, identificado como de carácter pragmático y asociado a la corriente neoestructuralista, con sus antecedentes en la teoría de la dependencia, que relaciona la crisis con “las dificultades económicas de América Latina con el problema de la deuda tanto como con el populismo económico. La consecuencia de ambos es una crisis fiscal del Estado que se manifiesta en altas tasas de Inflación”.14 Es claro que los dos enfoques tienen una diferencia de fondo, mientras que el primero considera la crisis como un asunto de orden estratégico y de voluntariedad política encabezada por las elites de decisión económica, desconociendo la capacidad de ahorro público, índices de deuda externa y magnificación del populismo económico; para el segundo el problema radica en factores estructurales que hacen posible identificar y reconocer contextos políticos e institucionales asociado a la existencia de reglas de juego políticas, el reconocimiento de las capacidades burocráticas y técnicas del Estado, los alineamientos sociopolíticos, legados históricos y las condiciones de negociación con organismos acreedores externos.15 En resumen no es discutible que la evidencia histórica muestra cuatro factores fundamentales que catalizaron la crisis del modelo: los crecientes desequilibrios internos evidenciado en los déficit fiscales; la espiral inflacionaria que repercutió en la dinámica del comercio internacional; el crecimiento desmedido de los índices de deuda externa; y la crisis de legitimidad social impulsada por el proceso de segmentación de la sociedad en el que se confrontaron sectores minoritarios enriquecidos con una creciente clase media empobrecida. Pero es igualmente cierto que no es valida la pretensión triunfalista, de los liberales de la nueva ola económica, de pretender

13 Carlos Bresser, “Reformas económicas y crecimiento económico: eficiencia y política en América Latina”, en Las reformas económicas en las nuevas democracias, Madrid, Alianza, 1995, p. 33. 14 Idem, p. 36. 15 Para ampliar esto es importante ver Juan Carlos Torre, El proceso político de las reformas económicas en América Latina, Buenos Aires, Paidós, 1998.

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absolutizar la crisis del Estado del Bienestar, proponiendo el desmantelamiento total del mismo, en el que la efectividad de su discurso a obedecido más que por su atractivo teórico, a la conjugación simultánea de hechos históricos (Crisis del paradigma socialista y crisis del Estado del Bienestar) que crearon el escenario oportuno para recuperar “[....] ideas antiguas, expresadas, en términos más o menos cínicos, desde los orígenes de la industrialización capitalista [...]”,16 y mal llamadas, en la actualidad, neoliberales.17 TERCERAS VÍAS: NEOKEYNESIANISMO, POSCAPITALISMO, SOCIALDEMOCRACIA

Diferente de la preocupación de generar incentivos en los procesos económicos desde el Estado, también surge a la par nuevos problemas planteados por las demandas sociales, en cabeza de los grupos sociales y económicos emergentes, fruto de la dinámica económica, haciéndose sentir una presión redistributiva sobre el Estado. Esta dinámica lo que demarca es un Estado que, en principio, tiene muy claramente delimitada sus funciones como agente regulador, con aspiraciones neutrales en su participación en las orientaciones de la economía; luego pasa a un Estado que asume un rol activo y comprometido con los intereses de dichos sectores emergentes con el fin de incorporarlos a las florecientes actividades económicas. Esto contribuye a diluir los posibles niveles de eficiencia que se deberían lograr desde el Estado en cuanto que cada vez asume mayores 16

Manuel Castells, op. cit., p. 179. Es importante dejar constancia que “el diagnóstico neoliberal de los orígenes de la crisis latinoamericana de la década de los ochenta es históricamente inexacto. Esta crisis no se puede atribuir exclusivamente al populismo económico, pues el populismo siempre ha existido en América Latina. No puede adscribirse a una estrategia de sustitución de las importaciones, dado que durante muchos años esta estrategia obtuvo excelentes resultados económicos. No puede atribuirse al carácter intrínsecamente erróneo de la intervención estatal, pues durante muchos años esa intervención tuvo éxito. El desarrollo económico latinoamericano entre 1930 y 1980 habría sido inferior de no haber sido por el papel activo del Estado”. Carlos Bresser, op. cit., p. 40. 17

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compromisos entorno al financiamiento de nuevas inversiones, el subvencionamiento de la producción privada y la incorporación constante de nuevos grupos sociales a la actividad económica; así las cosas se hace imposible para el Estado hacer compatible simultáneamente un dinamismo en el crecimiento económico, la redistribución del beneficio hacia los nuevos grupos y sostener la eficiencia en las variadas tareas que se asumen desde la esfera económica. Bajo este estado de cosas, retomando los trabajos de Bob Jessop (1999) y Manuel Castells (1994), diría que la búsqueda fundamental radica en la redefinición y reconfiguración del Estado que requiere ser concebido en forma alternativa a la que tradicionalmente orientó el paradigma keynesiano, lo que involucra la estructuración de nuevos mecanismos de participación económica, social y política, que se adecuen a las condiciones del nuevo contexto histórico. En esta línea se vienen presentando distintos desarrollos teóricos, que han perfilado el ámbito de la discusión entorno a la disyuntiva capitalismo y democracia, en la que el rol estatal se presenta como el centro del debate. Bajo este deber ser, se inscriben discusiones teóricas entorno al neokeynesianismo, el postcapitalismo y la socialdemocracia, que pretenden compatibilizar simultáneamente el rol intervencionista del Estado con la dinámica individualista de los mercados y la democratización de la sociedad. Los enfoques neokeynesianos, podríamos afirmar, se inscriben en la lógica esencial del capitalismo, evidenciado en la preocupación fundamental de reconciliar los intereses privados con el bien común a escala global, en el que los derechos económicos y sociales se han de derivar de la lógica del mercado. Este enfoque no toma mayor distancia con respecto al enfoque keynesiano tradicional, en el que se coloca como centro del debate la dupla mercado y planificación estatal, resolviéndose esta a favor de los intereses privados del gran capital al colocar la planificación al servicio del mercado. El enfoque neokeynesiano se presenta como la mejor alternativa de gestión de la crisis generada por el neoliberalismo, y que ha tenido expresión en las posturas de Tercera Vía (o llamada por Anthony Giddens 1999, Socialdemocra-

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cia renovada) en cabeza del primer ministro Inglés Tony Blair y el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton. Ante la crisis neoliberal, una posición neokeynesiana plantearía, con casi seguridad el derecho universal al empleo, mundializando los derechos económicos y sociales. Esta posición no resuelve, en esencia, la supeditación de la vida al mercado, más bien la mundializa. Una posición poscapitalista va más allá de esta mediación. Más que una discusión sobre la viabilidad o no de este planteamiento el verdadero punto central de la discusión será acerca del cambio de racionalidad económica capitalista a una poscapitalista.18

El poscapitalismo involucraría entonces asumir un cambio de racionalidad económica en la que el mercado se subordina a la planificación, los factores de integración social ya no estarán dados por el mercado sino que estarán regidos por el principio de solidaridad con la vida colectiva. “Mis derechos como ciudadano ya no dependerán de mi vinculación con el mercado sino con la ciudadanía”.19 Considero pertinente detenerme en el otro extremo del debate, refiriéndome a la postura del sociólogo inglés Anthony Giddens (1998) y su texto La Tercera Vía, que aunque a pesar de ser fuertemente criticado, se valida su mención por poseer un referente de aplicación pragmática de orden Neokeynesiano que coloca en el centro del debate el problema del Estado, la democracia y la sociedad civil.20

18 Wim Dierckxsens, Del Neoliberalismo al Poscapitalismo, San José de Costa Rica, DEI, 2000, p 176. 19 Wim Dierckxsens, Los límites de un capitalismo sin ciudadanía, San José de Costa Rica, DEI, 1998, p 140. 20 Alex Callinicos escribe: “The third way debe ser uno de los peores libros escritos por un teórico social destacado. Sería exagerado decir que se lee como un discurso de Blair bien redactado, pero la exageración capta algo del carácter del libro” (“¿Anthony Giddens o Pierre Bourdieu?”, en New Left Review, núm. 2, Madrid, Akal 2000, p 139-140).

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Giddens, considerado como el principal ideólogo de esta nueva corriente, contextualiza en cinco dilemas fundamentales, la pertinencia política, económica y social de su propuesta: 1. Parte de asumir, en los fenómenos globalizadores de la economía, la opción de anular cualquier radicalismo teórico para su comprensión. Forrmula como la globalización es un fenómeno multidimensional que ha de ser leído no sólo en lo económico sino también en lo político y que si bien plantea un alejamiento con respecto al Estado-nación; igualmente esta presionando constantemente por la regeneración de identidades locales, contribuyendo a la creación de regiones económicas y culturales. 2. La discusión sobre el individualismo se dialectiza con respecto al colectivismo y se aisla del tratamiento convencional de las decadencias morales, el “darwinismo” económico o la permisividad. Para la Tercera Vía, la lectura es necesario hacerla en el marco de la transformación valorativa tradicional, donde las sociedades se ubican en una fase de transición moral, en el que el punto de llegada ha de ser la convergencia entre las responsabilidades individuales y colectivas. 3. Se muestran los contornos de la polarización política de la izquierda y la derecha, que se ha visto vulnerada por los fenómenos de la globalización y la crisis del paradigma socialista; en este sentido Giddens sugiere que hablar del centro político bajo este contexto sería hablar de la tesis socialdemócrata del “medio activo” o “centro radical”, donde sigue siendo vigente la búsqueda de la igualdad y la justicia social. 4. Se reconoce la importancia decisiva que posee actualmente el Estado-nacional, el cual no esta llamado a desaparecer sino a transformarse, colocándose en contradicción abierta con las corrientes liberales de la nueva ola, reivindicando la existencia del gobierno en la esfera pública, la dotación del bienestar colectivo y la regulación de los mercados.

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5. El escenario ecológico se muestra como la mayor exigencia a la economía capitalista en términos de la relación no excluyente que debe de existir entre crecimiento, desarrollo económico y medio ambiente, lo cual exige una reestructuración de la economía capitalista concebida erróneamente bajo la lógica del crecimiento económico indefinido. En esencia, a lo largo de estos cinco dilemas, se hace explícito la formulación de un modelo de economía mixta, que ha sido denominado como la “nueva socialdemocracia”, que no ve en el capitalismo y en el libre mercado un escenario hostil y que a diferencia de la “socialdemocracia antigua”, no considera los derechos como exigencias incondicionales hacia el gobierno, soportado en el principio de “ningún derecho sin responsabilidad”, en el que son responsables tanto el Estado como los destinatarios del bienestar21. La democracia adquiere en este modelo un papel protagónico, cuando se plantea el precepto de “ninguna autoridad sin democracia”, la que queda consignada como única ruta viable de legitimación y consolidación del poder, y más aún, cuando las tradiciones, las costumbres e identidades particulares parecieran disolverse en medio de la hegemonía universalista de los mercados. Se propone formar democracias hacia abajo, con un carácter más participativo que representativo, lo que solo podrá ser logrado por una sociedad civil renovada y aliada con el Estado, para “ […] actuar asociados, cada uno para ayudar, pero también para controlar la acción del otro”.22 21

Esta visión parte del supuesto general que el capitalismo se constituye en un sistema susceptible de ser reformado, de modo tal que se pueda alcanzar la etapa socialista lo que implica la existencia de un aparato estatal ampliamente desarrollado como participe de una economía mixta en que los medios de producción básicos estén bajo su gestión. Que opere como instrumento central de una planificación que deberá observar un carácter indicativo y como prodigador de servicios sociales fundamentales. Igualmente incluye la aplicación de una política económica antimonopolio y de control. E incluye el reconocimiento de una amplia base social cuyo componente esté en el movimiento obrero y alcance las clases medias. 22 Anthony Giddens, La tercera vía. La renovación de la socialdemocracia, Madrid, Taurus, 1999, p. 96.

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Sociedad civil y ciudadanía, son dos categorías que adquieren relevancia en este debate teórico entorno al los enfoques neokeynesiano, poscapitalistas y socialdemócratas, que se convierten en el vínculo que dimensiona la relación entre la democracia, el Estado y el mercado. La sociedad civil se convierte en parte básica de las propuesta, bajo un papel activo y participativo, creándose las condiciones de encuentro constante entre esta y el Estado, alrededor del gobierno y el estímulo a las iniciativas locales, el control de la esfera pública, y la cogestión del bienestar. En último término la sociedad civil se pondera como la máxima instancia veedora del proceso de democratización económica, social y política, rompiendo con las estructuras clientelistas, privilegiadas y patrimoniales del poder político y económico. Es importante enfatizar la connotación que adquiere el concepto de sociedad civil, dado que se distancia de las acepciones convencionales, en el sentido de romper con el esquema dicotómico excluyente sociedad-estado, que pretende mostrar el conjunto de las relaciones sociales que se encuentran fuera del control coactivo del Estado. Esta concepción funcional se aleja de los enfoques tradicionales en los que se han inscrito la interpretación de las potencialidades y alcances de la sociedad civil en el ámbito “anti-estatal” o “post-estatal”. Donde en el primero, se hace manifiesto el cambio en los balances del poder y el dominio, materializado en la formación de los llamados contrapoderes que posibilita la formación de grupos con aspiraciones de emancipación política, y en el segundo se muestra un escenario liberado de la sociedad política, dándose la disolución total del Estado.23 En esencia, se podría decir que la potencialidad de la sociedad civil se identifica inicialmente en la existencia de un Estado que se puede sobreponer para efectos de regulación, pero simultáneamente no obstaculiza el desarrollo y la renovación de la misma, bajo el rol de la complementariedad. El nuevo Estado democrático, lo deno23 Norberto Bobbio, Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política, México, FCE, 1997, p. 66.

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mina Giddens, “el Estado sin enemigos”, que se materializa en escenarios de legitimidad y gobernabilidad, en el que el Estado crea la capacidad de responder institucionalmente a las demandas de la sociedad civil, en lo que lo que se ha denominado “capacidad de gestión del riesgo”, que no consiste exclusivamente en la provisión de seguridad social y económica, tal como lo privilegiaba el tradicional Estado del Bienestar, sino que sería multidimensional incluyendo aspectos tecnológicos, científicos, culturales, éticos y de solidaridad. En el otro ámbito de la discusión, la ciudadanía, que se presenta como las obligaciones de los otros hacia mi y mi obligación hacia los otros en función de la plenitud de la vida,24 se considera esta ausente en los estados nacionales actuales, que leen como “Estados privados sin ciudadanos ni fronteras”, que operan bajo la lógica de la rivalidad económica a costa del sacrificio de recursos humanos y naturales. Retomando a Przeworski, en su texto Democracia Sustentable (1995), identifica tres condiciones que ha de cumplir el Estado para que la ciudadanía sea efectiva en un régimen democrático: 1) los gobiernos y sus funcionarios tienen que actuar de acuerdo a la constitución y las leyes. 2) la efectiva regulación del Estado en las relaciones privadas que garantice la neutralización de los conflictos. 3) El ejercicio real de los derechos ciudadanos debe de contra con el requisito previo de la existencia de condiciones sociales y económicas mínimas.25 Es quizás esta última condición la que ha generado la mayor controversia y a su vez mayor debilidad, en términos de su supuesta condición democrática, del sistema de mercado capitalista imperante, por su carácter excluyente y la creciente mercantilización de las relaciones sociales. En la época neoliberal la ciudadanía adquiere la expresión más abstracta y más alienante de la historia del sistema vigente. En

Wim Dierckxsens, Los límites de un capitalismo sin ciudadanía, San José de Costa Rica, DEI, 1998, p. 141. 25 Adam Przeworki, Democracia y mercado, Gran Bretaña, Cambridge University, 1995, p. 62.

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medio de la exclusión progresiva hay una pérdida de derechos y por ende de ciudadanía. La solidaridad y la ayuda mutua para con seres concretos pasaron a la historia. La solidaridad institucional y la seguridad social con la intervención del Estado se debilitan, y cada vez más las relaciones se regulan a través del mercado. La ciudadanía, en términos subjetivos, significa ahora la identificación de los individuos con ese mercado que les tiende a hacer perder sus derechos y por ende su ciudadanía objetiva. Lo anterior requiere un compromiso alienante con un mercado y, por ende, con una sociedad abstracta que amenaza excluirlos.26

Por último me restaría solo decir que estamos evidenciando en el presente la existencia de “regímenes democráticos” carentes del ejercicio real de la ciudadanía en el que quedan involucrados amplios sectores de la sociedad para efectos de su exclusión. Esto me llevaría a preguntar ¿ Sería posible asumir que estos regímenes sean democracias en algún sentido de la palabra, cuando están carentes de una ciudadanía efectiva?

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Wim Dierckxsens, op. cit., p. 141.

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2. NUEVO PACTO FISCAL PARA LA NACIÓN ¿POR QUÉ UNA REFORMA FISCAL?

La larga e interminable transición para establecer una democracia plena, sin ambigüedades o adjetivos, de concluir con un pacto político cuyo primer paso es garantizar la viabilidad de las finanzas pública nacionales que permitan garantizar los derechos sociales de los ciudadanos, generar en ellos capacidades para ser productivos y mantener los niveles de inversión pública necesarios para generar crecimiento y competitividad. El diseño de instituciones y reglas que ataquen de forma directa y efectiva la corrupción, las cuales generen transparencia en el manejo de los recursos públicos, así como de mecanismos eficaces para la fiscalización, rendición de cuentas e imputabilidad de responsabilidades administrativas y políticas. Operación eficaz, eficiente y efectiva de las instituciones que concretan los compromisos y misiones públicas derivadas del Estado Constitucional, así como de las garantías individuales y los derechos humanos universales. Garantizar, los mínimos de bienestar, de las coberturas universales para la alimentación, educación, desde la básica hasta la superior, y salud a todos los mexicanos en situación vulnerable, especialmente nuestros niños y madres solteras.

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Avanzar en las áreas urbanas, los mínimos de bienestar, en las coberturas universales a las pensiones de alimentación, acceso a la salud e infraestructura de esparcimiento para la existencia con dignidad humana de todos nuestros adultos mayores. Garantizar el acceso y la permanencia de nuestros jóvenes a la educación media y superior. Avanzar hacia la consolidación de las instituciones del sector para garantizar rendimientos reales y crecientes de los ahorros para el retiro de todos los trabajadores, a partir de reglas generales y aceptables para el acceso de todos los empresarios y trabajadores al sector formal y a su regularización fiscal y de seguridad social. Planear, instrumentar y poner en operación las principales obras de infraestructura económica y social, cuya inexistencia representa cuellos de botella y deseconomías de escala para el desarrollo, operación y logística de las economías regionales. En función de lo anterior, el retorno a un federalismo democrático y genuino para implementar las políticas públicas, sociales y económicas, a partir de una red de 32 entidades federativas que incluyen 2,439 municipios y 16 delegaciones territoriales, con autoridades popularmente electas, representativas de sus comunidades políticas y pueblos originarios. El conjunto de problemas públicos enlistados debe ser financiado y constituye una fuente legítima de presión sobre el gasto público, no obstante, la Hacienda Pública Mexicana carece de los instrumentos para proveer los recursos y responder a las preferencias de gasto comprometido, incluso, es posible afirmar que la Hacienda Pública está en una virtual bancarrota, con presiones deficitarias que van desde un 3 al 12% del PIB para la próxima década. Finalmente, lo más grave respecto de los déficit de la Hacienda Pública es que existen los recursos potenciales, pero se diluyen en contexto de: elusión, evasión y gastos fiscales equivalentes, tan sólo estos últimos a más de 5 puntos del PIB, en el que estilo de gasto de los gobiernos es calificado de dispendioso y corrupto, ineficaz e ineficiente mientras que las demandas por mejores y mayores bienes

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públicos se acumulan, en medio de la parálisis económica y la insatisfacción de comunidades y regiones enteras de la Nación. El desafío económico De establecer un curso coherente y de largo plazo, que genere las instituciones y reglas hacia una economía sustentable y competitiva, la cual permita generar las tasas de crecimiento anuales y sostenidas, que atemperen los grandes problemas sociales y económicos de las actuales generaciones de mexicanos, mismos que han sacrificado sus vidas ante la falta de oportunidades, ya que la ausencia de crecimiento ha puesto contra la pared a todos los estratos sociales en México, con muy escasas excepciones, así como de las demandas y expectativas de las generaciones que recién ingresan a los desafíos de los mercados empresariales y laborales. En este punto el PRD propone: • • • •

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Establecer un Seguro Nacional de Desempleo. Formación de jóvenes para el trabajo en oficios de alta demanda laboral. Empleo público de jóvenes para la gestión de residuos, reforestación y servicios ambientales. Convertir a todas las escuelas de las ciudades en planteles de turno largo para ampliar las perspectivas laborales de las mujeres. Programa nacional de inversión pública con alto impacto en el empleo. Establecer un mandato al Banco de México para que además de buscar la estabilidad de precios fomente el crecimiento económico. Poner en operación un Consejo Económico y Social para establecer metas y estrategias de largo plazo en materia económica. Establecer mecanismos para que le Congreso opine y en casos especiales determine el nivel de aranceles e impuestos a la importación.

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Legislara para facilitar el ejercicio de la inversión pública y facilitar los proyectos de inversión público-privados. Modificar la regulación bancaria para evitar el uso inadecuado de instrumentos financieros y orientar la banca al financiamiento del desarrollo. Modificar las leyes de competencia para castigar por la vía penal a los infractores, prohibir oligopolios y abrir los sectores de telecomunicación a nuevos jugadores.

Asimismo, la transformación del modelo económico debe centrarse en los siguientes motores del crecimiento nacional y regional, que conjugue inteligentemente en una perspectiva de largo plazo nuestras ventajas indiscutibles para generar valor en los sectores turístico, agromaritimoalimentario y energético: •

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Política de largo plazo para ampliar y diversificar el sector exportador, así como las capacidades de logística de puertos, aeropuertos, sistemas de transporte multimodales e infraestructura de comunicaciones, telecomunicaciones y rutas marítimas independientes y competitivas en el comercio internacional; Fortalecer el mercado interno y el desarrollo regional con la creación de zonas económicas estratégicas para aumentar la actividad productiva, fomentar las exportaciones, generar fuentes de empleo, mejorar infraestructuras, atraer inversiones nacionales y extranjeras, mediante polos de desarrollo y sistemas de innovación tecnológicos y territoriales; Desarrollar al máximo el potencial del sector turístico, ya que representa la mayor ventaja competitiva para un desarrollo redistributivo, sano, sustentable y regional; Diseñar una política expresa de gran aliento a favor de las PYMES y del empleo, mediante cadenas y nichos de valor rentables orientados a ampliar el acceso a los mercados externos y al consumo nacional para las pequeñas y medianas empresas;

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Impulsar un nuevo modelo para el desarrollo del campo y las pesquerías mexicanas, a fin de que su sustentabilidad sea coherente con las vocaciones productivas y tipos de cultivos con rentabilidad, en los que se conjuguen tradición con innovación, así como justicia con equidad, a fin de que la reestructuración de los subsidios detonen autonomía, afirmación y viabilidad económica de productores y campesinos. EFECTOS SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

¿Reforma fiscal y gasto público para qué? Ante los problemas enlistados, existen varias perspectivas para corregir los rezagos y el alcance de la crisis de finanzas públicas, a fin de que la democracia y las instituciones derivadas del Estado Constitucional sean virtuosas y activas. Se jerarquizan desde los mínimos a los máximos: •

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Respuesta a los rezagos sociales. Los déficits sociales y los compromisos internacionales de la Nación para establecer un gasto comparable internacionalmente, en cuanto a los pisos mínimos de bienestar para atacar los índices de marginalidad, mediante políticas sociales, indican una presión mínima de déficit público de hasta el 6 por ciento del PIB, acumulable anualmente. Atender las necesidades de infraestructura. Si a lo anterior, se le incorpora la necesidad de muchos sectores de incrementar, en por lo menos un punto del PIB, la Inversión Pública Directa, la presión sobre el gasto puede elevar el déficit hasta 7 puntos del PIB anualmente en las próximas décadas, si se quiere dar respuesta a las necesidades rezagadas de logística y competitividad en materia de puertos, aeropuertos, carreteras, etcétera. Urgente despetrolización de las finanzas públicas. Otro punto que debe resolverse es la necesidad de sustituir en su ma-

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yor parte la aportación de 5 puntos del PIB derivados de la renta petrolera, la cual disminuirá en los próximos años, así como otros ingresos no recurrentes de los cuales se ha dispuesto irresponsablemente, y por lo cuales, el déficit podría incrementarse hasta alcanzar el 10% del PIB. Pasivos no revelados y contingentes de las finanzas públicas. A lo anterior, deben de considerarse las obligaciones vigentes, pero no reveladas y rezagadas del Estado Mexicano, llamados Requerimientos Financieros del Sector Público, que más allá de su legitimidad o debate público representan una presión de déficit equivalente al 3.5 por ciento del PIB.

Con este rango tan amplio de compromisos públicos potenciales, es fácil concluir que el Estado Mexicano tiene un gran problema de gasto-ingreso, que la crisis de finanzas públicas debe enfrentarse a brevedad posible, si queremos que la nación sea viable en las próximas generaciones, es indispensable contar con un Estado Activo en materia impositiva, por eso es necesario la reforma fiscal. UNIDAD NACIONAL Y RECAUDACIÓN FISCAL

En un horizonte de planeación de largo plazo, el indicador con mayor relevancia respecto de la vigencia de la Unidad Nacional es el porcentaje de la recaudación fiscal respecto del Producto Interno Bruto, pues este indicador pone de manifiesto los sacrificios y la solidaridad concreta de una Nación, así como su perspectiva en el futuro. Plantear una meta de recaudación es preguntarse seria y responsablemente ¿Cuántos recursos requiere el Estado para sostener sus compromisos constitucionales? Este indicador, en las últimas décadas, se ha mantenido por debajo o ligeramente superior a los 10 puntos porcentuales del PIB, muy alejado de los 18 puntos porcentuales de países con grado semejante de desarrollo. En suma, México está perdiendo oportunidades para administrar sus problemas públicos mientras que sus obligaciones sociales y pisos mínimos de bienestar se rezagan provocando mayor

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pobreza y disminuye nuestra capacidad en competitividad e infraestructura, mientras que los pasivos contingentes y no revelados, así como los costos de oportunidad se acumulan inexorablemente. En un escenario de bajos requerimientos, la recaudación tributaria debería alcanzar 14% del PIB de forma inmediata y en un escenario de mediano plazo alcanzar los 18% del PIB para 2015. La propuesta Por un sistema tributario, sencillo, justo y equitativo Se hace imperativo fortalecer la Hacienda Pública del Estado mexicano, mediante un cambio estructural a las leyes impositivas y a las políticas recaudatorias, con base en lo siguiente: 1. Urge una reforma estructural tanto en los impuestos al ingreso (ISR y IETU) como en los impuestos al gasto (IVA), que procure, en primer lugar, la simplificación en su determinación y cálculo y el fácil pago por parte de todos los contribuyentes. Es indispensable que tanto el impuesto al ingreso como al gasto sean generales, es decir que no existan regímenes especiales para sectores privilegiados de contribuyentes; también necesitamos tributos justos que atiendan a la capacidad contributiva de los diferentes sujetos de la relación jurídica tributaria. 2. Se propone la creación de dos grandes impuestos al ingreso o renta: uno exclusivamente para personas físicas y otro para personas morales. PERSONAS FÍSICAS • El Impuesto Sobre la Renta a las personas físicas comprendería todos los tipos de ingresos que pueden obtener dichas personas, tales como sueldos y salarios, servicios profesionales independientes, actividades empresariales, dividendos, intereses, arrendamiento, etcétera. Asimismo se debe

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flexibilizar, simplificar y restablecer la progresividad de la tarifa a las personas físicas, de manera que haya más equidad y justicia en los montos con que tributan. Se propone simplificar los tramos en la tarifa, exentando los ingresos de hasta cinco salarios mínimos. Se reduce la tasa actual del 30 al 28% para las personas físicas, pero desaparecen deducibles mediante un análisis pormenorizado de ellos como es el tratamiento de donativos y otros. Para responder a la simplificación se elimina la obligación de estos sujetos para tributar en IETU; Se reducen a siete los tramos de ingreso para establecer la tasa máxima de 28 por ciento:

Tarifa Límite inferior $

Límite superior $

Cuota fija $

0.01 4 920.01 8 601.51 10 298.36 20 770.30 32 736.84 60 985.60

4 920.00 8 601.50 10 298.35 20 770.29 32 736.83 60 985.59 En adelante

0.00 9.52 247.23 594.24 786.55 1 090.62 3 178.30

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Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior % 0.10 10.88 16.00 17.92 19.94 21.95 28.00

Se establece el impuesto definitivo de 5.5% a los ingresos por dividendos percibidos por las personas morales y físicas, pagados por sociedades mercantiles. Se eliminaría la exención de la enajenación de acciones en las bolsas de valores a fin de dejar un impuesto general y definitivo de 5.5% sobre las ganancias derivadas de las transacciones de valores realizadas en los mercados respectivos.

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PERSONAS MORALES • Por lo que toca a las empresas se propone que haya un impuesto que grave su ingreso, pero dando un trato diferenciado y con mayores regulaciones a los grandes contribuyentes. Se propone que sean considerados con este carácter los siguientes: −

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Los grupos que consolidan las empresas multinacionales (las que tienen partes relacionadas en el extranjero). Las que obtuvieron ingresos acumulables por más de 500 millones de pesos en el último año de calendario.

En efecto es inaplazable fortalecer a las pequeñas y medianas empresas como condición sine qua non para reactivar la economía y el empleo. Sin embargo a estas empresas se les debe diseñar una forma más simple de tributación adecuada a su realidad económica y que les permita crecer. Lo que estamos proponiendo es que los grandes contribuyentes tributen a la misma tarifa que las pequeñas o medianas empresas pero con una base ampliada, semejante a la que tiene hoy el IETU, con el objetivo de evitar la elusión fiscal y las planeaciones fiscales agresivas que han llevado a que la tasa efectiva de tributación de éste sector sea muy inferior al 28%; razón por la cual la hacienda pública ha tenido que diseñar impuestos complementarios y de control (IMPAC y IETU) para que estos contribuyentes tributen aunque sea con un porcentaje mínimo de sus ingresos. Esta situación no puede continuar. Incluso en beneficio de los grandes contribuyentes que sin duda son un motor de desarrollo en el país, debe otorgárseles un impuesto de fácil determinación que además de reducir la elusión, les permitirá tener menor costo administrativo y de asesoría en la determinación de sus tributos. La base ampliada para los grandes contribuyentes excluirá la deducción de sueldos y salarios (serían acreditables), gastos estrictamente indispensables (sin contar los de administración, producción,

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comercialización y distribución) del negocio, PTU, intereses que no formen parte del precio y regalías pagadas a partes relacionadas. En cuanto a las inversiones se propone que su deducción sea mediante depreciación lineal y no inmediata. A cambio de la base ampliada, se reduciría la tarifa del gravamen al 22.5 por ciento. Dicha tasa sería la misma para las pequeñas y medianas empresas, pero estas tendrían derecho a una base menor para determinar su utilidad gravable, fundamentalmente análoga a la que tienen hoy las personas morales en Impuesto Sobre la Renta; y que incluiría la deducción de sueldos y salarios, las inversiones, gastos estrictamente indispensables, intereses, PTU, etcétera. Impuesto al Valor Agregado No es posible seguir manteniendo en Tasa 0% a los alimentos chatarra, incluidos los refrescos, que son los que han llevado a México a elevar sus causas de mortalidad y que lo han colocado como primero en el mundo en obesidad infantil, y que además causan un gasto en salud pública estimado en 60 mil millones de pesos. Tampoco es aceptable que se mantengan en Tasa 0% supuestos medicamentos que no están registrados como tales ante la Secretaría de Salud o bien artículos suntuarios, como son la joyería. Para el Partido de la Revolución Democrática en una reforma a los impuestos al consumo, lo vital es proteger el consumo de los tres primeros deciles de la población, que son los que menos tienen, manteniendo en Tasa 0% los alimentos que consumen estos núcleos de población. La actual política de impuestos al consumo beneficia de forma desproporcionada a las personas con mayores ingresos, los que se colocan en los deciles superiores 9 y 10, a estos núcleos poblacionales se les subsidia abrumadoramente su gasto alimentario, productos medicinales y sus consumos suntuarios. Asimismo, como izquierda mexicana también denunciamos el negocio multimillonario que vienen haciendo las empresas que escudándose en la Tasa 0% obtienen mensualmente cantidades enormes por devoluciones.

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El SAT reporta como gasto fiscal de IVA, alrededor de 158 mil millones de pesos. No puede desconocerse tampoco que en el medio es sabido de la corrupción que existe en las devoluciones de impuestos, en donde participan autoridades y empresas corruptas. Los recursos de estas devoluciones multimillonarias a grandes empresas deberían destinarse a la población mexicana que menos tiene, compatriotas que están urgidos de programas sociales, precisamente en alimentación, educación y salud. Proponemos una reducción de la Tasa general del IVA del 16 al 15%, lo cual beneficiaría al grueso de la población mexicana en los términos de proporcionalidad, equidad y progresividad constitucional. Aunque sabemos que el IVA no es la solución a los grandes problemas del país, el consumo representa el 60% del PIB. En México, el IVA recauda una bolsa histórica estimable de 3.4%; con 16% puede alcanzar 3.8%; con una tasa del 15%, protegiendo el consumo de los tres primeros deciles de la población puede alcanzar el 4.3% del PIB. Lo cual significaría 0.5% adicional del PIB, esto es 65 mil millones de pesos adicionales al actual diseño, que fácilmente puede traducirse en 80 mil millones, si consideran la recaudación por el efecto de eficiencia derivada de tapar los vacios legales y reglamentarios en la recaudación de impuestos. El impacto directo tan sólo sobre el último decil sería mayor a los 32 mil millones de pesos, casi el 50% de la recaudación adicional. •

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Debe de quedar claro que proponemos gravar los alimentos chatarra, los artículos milagro, disfrazados de medicinas, y los artículos suntuarios, así como mantener en tasa cero alimentos y medicinas que consumen la población de los cinco primeros deciles. Las exenciones se sostendrían siguiendo los términos de la directiva Europea 77/388/CEE, donde se establece un marco razonable para que este impuesto sea rentable, pero equitativo y justo; lo que coadyuvará igualmente a la transparencia y rendición de cuentas, así como a la evaluación permanente de la política fiscal.

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Federalismo y coordinación fiscal Retomar el valor de la eficiencia y del esfuerzo fiscal como guía de acuerdo de reparto de recursos. •

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Fortalecer estructuralmente el Federalismo Fiscal, mediante el incremento en el monto de los recursos participables a Entidades Federativas 25% de la Recaudación Federal Participable para el Fondo General de Participaciones (FGP) y Municipios 1.5% para Fondo de Fomento Municipal (FFM). Centrar el esfuerzo en redefinir los parámetros en el reparto del FGP; disminuye el peso de población y se incrementa el peso esfuerzo recaudatorio: C1 pasa de 0.6 a 0.4 y C3 pasa de 0.1 a 0.3. Se simplifican las referencias relativas al Esfuerzo Recaudatorio: predial; derecho de agua; impuesto sobre nóminas; traslado de dominio, impuesto sobre hospedaje. Crear el Fondo de Aportaciones para el Apoyo de la Recaudación de Contribuciones Inmobiliarias equivalente al 0.35% de la RFP. Terminar con la injustificada exclusión del Distrito Federal al FAIS. Dotar de mayores potestades tributarias a las Entidades Federativas mediante la administración del 100% del régimen intermedio de personas físicas para transitar hacia la administración completa del ISR de las personas físicas; Acreditar los Impuestos Cedulares contra el ISR. Potenciar la inversión pública en las entidades federativas y municipios, a través de permitir la recuperación del Impuesto al Valor Agregado. Blindar el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública de las variaciones presupuestales referenciándolo al 1% de la RFP.

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Sistema de Administración Tributaria (SAT) Reestructuración y Transparencia La reforma se traducirá en operaciones sencillas para que los contribuyentes tengan claro sus aportaciones de una forma simple, sencilla y hasta cómoda para el pago de sus impuestos, en lo que respecta a la Institución se propone: •

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Someter a una reestructuración y a nuevos parámetros de independencia y de compromiso con la transparencia al SAT, con el propósito de atacar la corrupción en el cobro de los impuestos y en los derechos aduaneros del país, así como evitar el establecimiento de regímenes especiales que soslayen la progresividad y equidad establecida en la Constitución y en sus leyes secundarias. Evaluar anualmente al Consejo Directivo del SAT con base a indicadores de resultados comprobables y públicos. Renovar a los integrantes del Consejo Directivo, mediante una propuesta del Ejecutivo Federal al Senado de la República, el cual ratificará o rechazará las propuestas, de entre perfiles de especialistas y destacados profesionales en la materia. Crear un Instituto independiente para la administración de las funciones y cobro de derechos e impuestos en Aduanas y puntos fronterizos (como puertos y aeropuertos), al cual se le dotará, adicionalmente, de las atribuciones, funciones, y controles administrativos que actualmente lleva a cabo el Instituto Nacional de Migración. Eliminar el secreto fiscal para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Hacienda y Crédito Público, así como la de Vigilancia de la ASF tengan acceso a la información fiscal para la toma de decisiones en el ámbito de su competencia y responsabilidad pública.

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Establecer que, en todos los casos, donde se pruebe la existencia de recursos públicos operando en cualquier modalidad (subsidio, transferencia, traspaso o donación, etcétera), los receptores de las aportaciones no tendrán derecho al secreto fiscal.

Reingeniería del gasto público Planteamiento En contraparte, debe de destacarse de forma contundente, que de nada serviría incrementar los impuestos o el gasto público, si las cosas no cambian en las administraciones gubernamentales: •

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En los últimos años la renta petrolera extraordinaria y excedente ha proporcionado cuantiosos recursos al erario público al representar hasta el 40% de su monto. Estos recursos, que deberían de recibir el trato de no recurrentes han sido dilapidados, se han traducido en salarios excesivos para los directivos superiores de las administraciones públicas, se han desperdiciado en gasto corriente y en políticas públicas sin evaluación o fiscalización efectiva de los programas públicos. Las entidades federativas también han contribuido a este ambiente de irresponsabilidad y desperdicio, en el cual la corrupción se ha extendido y el país se ha situado en un lugar absolutamente peligroso en el comparativo global, donde Transparencia Internacional ha documentado cómo México ha perdido más de 25 lugares, al pasar, de un lugar entre el número 50 y 55 a principios de la década a un lugar cercano a los ochenta, donde a mayor numeración en el comparativo, mayor corrupción. Se requiere una reforma de gran calado para cambiar la manera de ejercer el gasto público con la finalidad de ligar la presupuestación y el gasto a la evaluación de políticas y a la

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medición de resultados, además de reducir el costo administrativo del gobierno federal que se ha incrementado en los últimos años. Evaluación de las políticas públicas •

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Crear el órgano federal de Evaluación de las Políticas Públicas, con facultades y funciones precisadas por ley y un Consejo propuesto por el Ejecutivo y aprobado por la Cámara de Diputados. Establecer el protocolo para relacionar la instancia de evaluación de las Políticas Públicas del Poder Ejecutivo con la Cámara de Diputados, tanto en el diseño y establecimiento del Sistema de Indicadores, así como en el seguimiento y evaluación anual de las políticas públicas.

Austeridad y reingeniería del gasto y el sector público En este contexto, el Partido de la Revolución Democrática reitera a la opinión pública su visión de que es indispensable: •

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Impulsar un programa de austeridad y reingeniería en las administraciones públicas, a fin de evitar duplicidades y burocracia engorrosa que parasita sobre el erario público. Eliminar un porcentaje significativo de los estímulos y privilegios de los mandos altos y medios del gobierno federal y también en las entidades federativas. Aplicar auténticamente el mandato de que nadie debe ganar más que el Jefe del Ejecutivo Federal. Impulsar una reestructuración y reingeniería en el sector paraestatal coherente con la racionalidad y la austeridad a la que están obligados estos sectores, con especial referencia a Pemex y CFE. Aplicar una auditoría responsable respecto de las plantillas de educación básica y de salud a población abierta para

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disminuir las comisiones y duplicidades en las nominas de estas relevantes políticas sociales. Asegurar en el Presupuesto de Egresos de la Federación el gasto de inversión en las áreas prioritarias y en las políticas sociales, mediante presupuestos plurianuales basados en un sistema de planeación de largo plazo para el gasto de inversión económico y social.

Sobre el control en la asignación del gasto público por parte del Poder Legislativo Federal Es conocido el desbalance entre los Poderes de la Unión en materia de asignación presupuestal, el Ejecutivo Federal establece hasta en un 96% los irreductibles del gasto, al Poder Legislativo le toca una reasignación marginal en la asignación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Obviamente esta es una situación absolutamente fuera de los rangos de una democracia federal, pero si no fuera suficiente, adicionalmente la SHCP aprovecha los vacios legales para sub ejercer, modificar y reasignar el gasto público federal, en función de lo anterior, se propone: •

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Establecer una oficina de seguimiento del PEF para monitorear el gasto público en línea y programar sesiones en abril y octubre, a fin de reasignar conjuntamente los sub ejercicios del gasto público; En principio, todos los sub ejercicios detectados serán asignados a las políticas públicas, conforme a los resultados derivados del Índice de Apoyo o Cambio al Gasto Público, cuya fuente será la Encuesta Nacional de Formación de Preferencia de Gasto Público y Contra las prácticas de Corrupción, para lo cual la Cámara de Diputados, mediante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, ordenará semestralmente su levantamiento, publicación y difusión entre los Poderes de la Unión, los gobiernos locales, opinión pública y ciudadanos.

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Privilegiar las auditorías de desempeño sobre el resto de los mecanismos de control para que lo que fundamentalmente se mida sean los resultados de política pública. Con base en los resultados de los informes de la Auditoria Superior de la Federación establecer lineamientos para corregir en el Presupuesto de Egresos de la Federación los rubros de gasto en los que se presentan subejercicios de manera sistemática.

Preferencias de gasto frente a la Reforma Fiscal En principio las preferencias de gasto público se dividen tácticamente, entre las áreas de políticas públicas directamente afectadas por los efectos directos de la reforma fiscal y aquellas áreas de gasto que son de interés permanente, las cuales son mayoritariamente políticas sociales. Políticas de gasto relacionadas directamente a la reforma y que son prioritarias Atender con mayores recursos aquellas políticas de carácter progresivo, que atienden los tres primeros deciles, como es el caso de: •

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Fortalecer y rediseñar el Programa de Oportunidades para que atienda como una prioridad la cobertura universal de los hogares ubicados en los tres primeros deciles en el campo y la ciudad e incremente las transferencias, a fin de neutralizar los efectos inmediatos de una reforma fiscal en el ámbito del consumo. Modificar el Programa Oportunidades para que se atienda como una prioridad la calidad de los servicios de educación y salud que se ofrecen a la población de menores recursos. Establecer un programa nacional de becas en preparatorias y acompañarlo con un esquema de financiamiento para incrementar la oferta educativa.

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Ampliar el Programa de Pensión a Adultos Mayores de 70 y más, a fin de que su cobertura tienda a su universalización en el corto plazo y proporcionarles servicios de salud gratuitos en todas las instituciones de salud. Establecer un esquema de presupuestación plurianual para las universidades de tal manera que el incremento de los recursos sea garantizado en el tiempo, a partir de indicadores verificables y compartidos de calidad y cobertura.

Políticas de gasto relacionadas directamente con respuestas a las demandas sociales Programas públicos para: •

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Que toda escuela pública cuente con aula digital por medio de la cual se ofrezca capacitación e idiomas a todos los alumnos. Establecer en un fondo nacional para financiar proyectos innovadores en educación. Ofrecer en todas las escuelas públicas un paquete de ayuda para el pago de uniformes y útiles escolares, así como un seguro universal en caso de la muerte del tutor. Fomentar y desarrollar la investigación científica y tecnológica nacional, mediante programas multianuales. Garantizar la salud universal, con esquemas diferenciados: derivados de las relaciones laborales y aquellos que carecen de seguridad social, estableciendo su incorporación de manera escalonada. Iniciar mecanismos para que las personas beneficiarias de distintos sistemas de salud sean atendidas en el hospital público más cercano o más adecuado al padecimiento independientemente de su filiación. Paquete de ayuda médica, alimentaria y monetaria a todas las mujeres embarazadas para reducir el problema de la mortalidad materno-infantil.

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Inversión para llevar servicios de salud a las comunidades y barrios particularmente en dos temas: cáncer de mama y de próstata. Modificación al sistema actual de pensiones para garantizar rendimientos mínimos a los trabajadores y otorgar parte de las prestaciones de los trabajadores en activo a los jubilados. Proponer la excepción fiscal a todos los trabajadores pensionados. Sistema de becas a personas con un grado severo de discapacidad y garantía de apoyo para una vida digna. Modificar las leyes de obras para que toda infraestructura pública considere de manera obligatoria las facilidades para personas con discapacidad. Programa de empleo público para atender a las personas con discapacidad grave y emplear preferentemente a personas con alguna discapacidad. Política agropecuaria con un enfoque que beneficie a los pequeños y medianos productores y a la provisión alimentaria de las propias comunidades. Estrategia de “cero hambre” con comedores alimentarios en las comunidades de mayor marginación del país. Seguro nacional de desempleo para mantener a los empleados en la formalidad. Rechazo a toda reforma laboral que implique facilitar despidos. Programa nacional de alfabetización computacional para trabajadores. Simplificación administrativa y fiscal para la formalización del empleo. Programa nacional de inversión pública con alto impacto en el empleo. Programa de fomento a empresas sociales (integradas por profesionales de deporte, la cultura, el trabajo social. La psicología, la medicina, etc.) para la instalación de servicios

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deportivos, culturales, de cuidado infantil y cuidado de la tercera edad, con apoyos públicos. Formación de jóvenes para el trabajo en oficios de alta o nueva demanda laboral (integración de un programa de formación en nuevas profesiones y oficios); Empleo público de jóvenes para la gestión de residuos, reforestación y servicios ambientales; Empleo público de jóvenes para acciones de recuperación del espacio público y del tejido social, para recuperar el patrimonio histórico y fomentar las actividades culturales y deportivas; Empleo público para jóvenes en promoción socio-cultural comunitaria; Convertir a todas las escuelas de las ciudades en planteles de turno largo para ampliar las perspectivas laborales de las mujeres; Re-entrenamiento laboral a mujeres que son madres y demanda reincorporarse al mercado laboral; Regular mecanismos de contratación para evitar la discriminación a las mujeres, en particular a las que son madres; Recursos públicos para las empresas pequeñas y medianas que generen y conserven empleos; Políticas de financiamiento, acceso a información, modernización, asociatividad y generación de redes para las PYMES.

Fortalecimiento de la fiscalización del gasto público La Fiscalización es uno de los retos más importantes de este siglo, pues existe una gran desconfianza entre gobierno, poderes de la Unión y ciudadanos, por ello se vuelve necesario el que la Auditoria Superior de la Federación pueda tener una mayor agilidad y eficiencia en el cumplimiento de sus atribuciones. Actualmente, la Auditoría Superior de la Federación tiene facultades que no cumple oportunamente debido a los plazos legales que la atan de manos, como por ejemplo el que no pueda comen-

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zar su ejercicio de fiscalización debido a que la presentación de la cuenta pública se debe de hacer el 30 de abril del año siguiente al ejercicio que se presenta. En ese sentido es necesario fortalecer la fiscalización en México a través de diferentes vías: Reformas constitucionales • •

Reformar la Ley Suprema para reducir los tiempos de fiscalización y revisión de la Cuenta Pública. Reformar la Constitución para eliminar los principios de anualidad y posterioridad ampliando las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar el gasto público en el año del ejercicio (ASF).

Reformas legales •

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Reformar la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para crear la figura de la contraloría ciudadana como una red para que los mexicanos, junto con la ASF, establezcan un mecanismo de supervisión y control, del actuar de los servidores públicos que ejercen recursos federales para hacer más eficaz el cumplimiento de las leyes. Reformar la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa para que imponga las sanciones correspondientes a los entes fiscalizados observados por la Auditoria Superior de la Federación. Revisión de leyes secundarias que complementen a las constitucionales o que actualicen la denominación de la Auditoria Superior de la Federación, ya que, en algunos ordenamientos como Ley del Banco de México le siguen denominando Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados. Garantizar que la ASF fiscalice los recursos públicos federales que se entregan a los sindicatos integrados por trabajadores al servicio del Estado Mexicano.

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Asegurar la transparencia en el manejo de los recursos de la Cámara de Diputados.

Armonización presupuestal, contable de los sistemas de información financiera •

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Garantizar la armonización presupuestal, contable, de los sistemas de información financiera de los estados y municipios del país. Impulsar la Convención para la Transparencia, Fiscalización y Rendición de Cuentas sobre los ingresos y el gasto público, mediante propuestas modelo de convergencia y adopción de normas compartidas, orientada a una reforma constitucional que obligue a todos los gobiernos a rendir cuentas obligatoriamente a ciudadanos.

La agenda de normas-directivas para la convergencia y adopción partirían de temas como: •

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Crear la norma nacional de auditoria con el fin de armonizar los criterios para el establecimiento de auditorias a nivel nacional; Auditoría gubernamental modelo para las entidades federativas; Creación de la auditoría modelo sobre recursos traspasado, aportado o participable entre gobiernos y su protocolo de autorización e instrumentación; Así como los modelos de directivas compartidas sobre la evaluación de las políticas públicas federalizadas; Asegurar la transparencia en el manejo de los recursos de las dos cámaras del Poder Legislativo Federal y de los 31 congresos locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mediante una directiva compartida y acordada en la Convención en la materia.

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3. PARADOJAS DEL EMPLEO Y LA REFORMA LABORAL

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL PROBLEMA QUE ENFRENTA MÉXICO EN EL ÁMBITO DEL MERCADO DE TRABAJO?

En realidad la pregunta debe reformularse, debemos referirnos a cuáles son los principales problemas que México tiene que enfrentar en materia laboral sin hipocresía o falsas promesas qué es como regularmente se aborda el tema, pues el asunto laboral parece ser políticamente incorrecto y engorroso para tirios y troyanos. Los cambios que obligan a revisar el mundo laboral han surgido y se han acumulado desde principios de los setenta, cuando se actualizó por última vez la legislación laboral. Los cambios internos que se desmoronaron con el viejo régimen, tuvieron sustento en varios ejes que eran, la obediencia al partido oficial, el corporativismo y el control antidemocrático de los sindicatos fieles al régimen. Se podría decir que fue, un arreglo de suyo alejado de la lógica económica. Sin embargo, los cambios externos representan la principal fuente de la urgencia por una reforma laboral, pues señalan cambios tecnológicos, demográficos, la inclusión de la participación de la mujer en el mundo laboral y la emergencia de la democracia.

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Estos cambios confrontan el viejo y obsoleto pacto corporativista que se basa en el control político, en contra de la emergencia de un mundo global competitivo y flexibilizado. Sin embargo, debe de anotarse que en la fase final del partido hegemónico, el viejo pacto corporativo sirvió en contra de los intereses de los trabajadores, pues lesionó el poder adquisitivo de éstos, hasta reducir setenta por ciento del salario; por ejemplo, si se toma la base 1980-2010 o 55% de su valor se depreció. Así tenemos un conjunto de factores que han llevado a México al penoso lugar donde nos encontramos. Ver cuadro del comparado mundial. EN EL NUEVO ÍNDICE DEL FORO ECONÓMICO MUNDIAL

En el 2010-2011, el Foro Económico Mundial ubicó a México en el lugar 66 de 139 Países en materia de competitividad. De los 12 pilares fundamentales que evalúan el nivel de competitividad de un país, el relacionado con la Eficiencia del Mercado Laboral mexicano fue el que obtuvo la peor calificación, al ubicarse en el lugar 120 de 139 (por debajo de Bangladesh, Burkina Faso, Costa de Marfil, Filipinas y Sri Lanka). Tan sólo en el último año cayó cinco posiciones. De aprobarse esta reforma laboral, México avanzaría 25-30 posiciones en eficiencia del mercado laboral (a niveles de India, Brasil e Indonesia), y 3 posiciones en el Índice Global de Competitividad. Sin embargo, cualquier cambio no puede concentrarse en beneficiar sólo al capital o a la preservación de los intereses corporativos de algún partido, o al discurso seudo modernizador del gobierno federal que se vuelve “promotor de la mujer y de la democracia sindical”, sin reconocer que este es un asunto que afecta intereses y debe tratarse en el seno de la república y no en lo oscuro. Es muy relevante para el país lograr un equilibrio en el mercado laboral; sin embargo cabe preguntarse qué tan importante es para el desarrollo económico del país contar con equilibrio en el mercado

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Eficiencia en el mercado laboral 92 Clima laboral

Flexibilidad en la determinación de salarios

Regulación de la contratación y separación

Percepción sobre la contratación y separación Costos de separación

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104 120 78 81

Vinculación del salario a la productividad

Designación de directivos, a favor de amigos o familiares

102 83 74

Fuga de cerebros

64 117 111

Participación de la mujer en el mercado laboral

Propuesta

Ley vigente

120

laboral, pero en realidad, la pregunta lleva implícita la idea de la vieja lucha de clases de los discursos del siglo XX mexicano. La verdadera pregunta debería de ser ¿equilibrio para quién? Para el gobierno la respuesta inexorable es, si la elusión y la evasión derivada de las empresas y de la informalidad de los mercados están mermando a los gobiernos.

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Para los empresarios, la respuesta es, sí como en el viejo discurso sobre la división internacional del trabajo, muchos de ellos no observan con envidia contar con mano de obra esclava, como en China. •

Bien, el equilibrio observado desde el lado de los trabajadores, mediante acuerdos de productividad e incentivos, discurso conocido en México como de Nueva Cultura Laboral, y que enarbola la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), de Francisco Hernández Juárez; posición que no debiera ser ignorada en ninguna propuesta de reforma laboral, ya que el equilibrio en el mercado laboral, debe de ser planteado mediante un juego ganar-ganar.

El salario mínimo como lo ordena la Constitución de la República, no existe, según los estudios de Julio Bolkvinik, se necesitaría un incremento del 700% para que los salarios pagados por las empresas alcanzaran los satisfactores necesarios y canasta básica que señala la constitución. El salario mínimo (SM), sin embargo ha servido como fuente principal para el ajuste de todas las políticas neoliberales de ajuste; de acuerdo a los datos oficiales, el PRI de 1980 a 2000, había bajado el 50 % del SM, con los gobiernos del PAN se bajó aún más, hasta una reducción que representa el 55 % de su valor a finales de 2010; en este sentido, tanto el PRI como el PAN, han actuado conjuntamente en contra de los trabajadores. En el periodo de referencia, los trabajadores bajaron su masa de participación salarial, de representar el 60% del PIB, a menos del 30% actualmente. Respondiendo la pregunta: El SM es irrelevante para lo que dice la constitución, los trabajadores y para los sindicatos corporativos quienes negocian unilateralmente sus contratos colectivos. El SM sólo es relevante para las políticas Neoliberales, quienes lo ven como un instrumento de control de la inflación y de disminución de la demanda, por lo tanto, el objetivo de largo plazo es mantener a México en el estancamiento. Incluso, estando en el fondo del hoyo, el SM, no ha generado un estímulo para la informalización del empleo, pues los trabaja-

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dores, al observar que trabajar formalmente representa una ilusión, muchos han preferido autoemplearse en la informalidad y ese ha sido el efecto perverso y no deseado de la política neoliberal (véase gráfica 1). Con el estancamiento México, ha producido 500 mil empleos informales por año, 15 millones de empleos informales, sin seguridad social, en pésimas condiciones, no obstante el caso del empleo informal se ganan casi 4 salarios mínimos en promedio. Sin mediar reforma y flexibilización laboral los Mexicanos han tomado las calles y se han prestado a establecerse en la economía informal, chicharronera y contrabandista y de economía primaria, lo cual se explica, por la política neoliberal del PRI y del PAN, una política grosera que nada tiene que ver con los intereses de los trabajadores, sino con la preservación de los intereses del estatus quo y de sus propios privilegios y corrupción sin limites. Por eso, ahora los informales venden mercadería china, pues con el contrabando han tomado directamente la globalización, sin pedir permiso, sin tocar la puerta, sin mediar reforma laboral. De hecho por la vía del amasiato del neoliberalismo y la vista gorda ante la informalidad, México ya es un país bastante flexible, donde las reglas son despiadas, sin mediar de por medio ningún tipo de seguridad social. Ahora, se pretende incluir en estas reglas al llamado sector formal, que esta acomodado y paralizado en las reglas del pasado, lo que rompe el binomio PRI-PAN. Hay que cambiar las reglas laborales, SI, pero los cambios deben de beneficiar a todos, no sólo a una parte, de lo contrario los trabajadores tienen repuestas: informalidad, migración y la salida criminal al narcotráfico, que ha emergido con fuerza en la última década con los gobiernos panistas. La capacitación del trabajador, es un derecho de esto y una obligación para el empleador, sin embargo en el índice internacional de productividad, nuestro país ocupa una de las posiciones más desventajosas al respecto. ¿A qué se debe que el ejercicio de este derecho para unos y obligación para los otros no ayude al país a mejorar su posición?

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79 19

91 19

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Gráfica 1

95 19

97 19

99 19

01 20

03 20

05 007 009 011 20 2 2 2

$41

Fuente: Ernesto Cárdenas Mauro, Salario mínimo en México, www.inside.gob.mx/imagens/salario_minimo_en_mexico.pdf

Pesos reales base 2002

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PROGRAMAS DE APOYO AL EMPLEO Y A LA CAPACITACIÓN

El Programa de Apoyo al Empleo (PAE), tienen su base operativa en el Servicio Nacional de Empleo (SNE). Cuenta con los programas que se pueden clasificar en: Servicios de Vinculación Laboral, Programas con apoyos económicos a los solicitantes y Acciones de atención emergente. Por su parte, cuenta con los Programas con apoyos económicos a los solicitantes y que atienden a la población que se encuentra desempleada o subempleada, a través de los recursos económicos o en especie que la STPS y los gobiernos estatales y del Distrito Federal proporcionan, mediante los siguientes subprogramas: Bécate, Movilidad Laboral Interna, Programa de Trabajadores Agrícolas Migratorios Temporales con Canadá, Fomento al Autoempleo y Repatriados Trabajando. Los resultados preliminares de estos programas, durante el período de enero a octubre de 2011, muestran que el 25.1% del total de solicitantes atendidos consiguió emplearse en alguna actividad productiva, es decir, que 919 361 personas ya tienen un empleo de un total de 3 663 791. Por su parte, los Programas con apoyos económicos, el número de solicitantes fue de 393 661. De estos, solo la cifra más importante es de 145 172, lo consiguieron a través del pro-grama Bécate. Respecto a las Acciones de atención emergente, éstas apoyaron a 37 689 buscadores de empleo, mediante dos subprogramas: Programa de Empleo Temporal y Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral. En el primero, 34 027 personas atendidas, 30 200 consiguieron empleo; en el segundo fueron contratados 7 489 de un total de 20 909 desempleados o subempleados atendidos, por lo que la efectividad respectiva que registraron fue de 88.8 y 35.8 por ciento. El desempleo afecta a una gran proporción de la población preparada, es decir, con estudios universitarios; ¿por qué la inversión en capital humano no se ha logrado vincular al crecimiento del empleo?

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Total Servicios de vinculación laboral Bolsa de trabajo Ferias de empleo Portal del empleo SNE por teléfono Centros de Intermediación Laboral Talleres para Buscadores de Empleo Sistema Estatal de Empleo Programas con Apoyos Económicos Bécate Mobilidad Laboral Interna Migratorios1 Fomento de Autoempleo Repatriados Trabajando Acciones de Atención Emergente

Concepto

Atendidos Absolutos Participación 3 666 3 791 100.0 3 215 194 87.8 764 045 23.8 297 923 9.3 1 514 115 47.1 325 137 10.1 124 972 3.9 124 974 3.9 64 028 2.0 393 661 10.7 208 684 53.0 136 199 34.6 17 675 4.5 8 278 2.1 22 825 5.8 54 936 1.5

Colocados Absolutos Participación 919 361 100.0 648 577 70.5 254 991 39.3 81 443 12.6 312 143 48.1 – – – – – – – – 233 095 25.4 145 172 62.3 62 787 26.9 16 491 7.1 8 278 3.6 367 0.2 37 689 4.1

Programa de Apoyo al Empleo y a la Capacitación Enero-octubre de 2011p/ Efectividad (%) 25.1 20.2 33.4 27.3 20.6 – – – – 59.2 69.6 46.1 93.3 100.0 1.6 68.6

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34 027 20 909

61.9 38.1

30 200 7 489

80.1 19.9

88.8 35.8

Cifras preliminares. * Considera las acciones de los Programas Compensación a la Ocupación Temporal por Contingencia, Apoyo al Ingreso del Trabajador, Talleres de Empleabilidad y Gestión de Negocios. 1 Se refiere al sistema de apoyos económicos a la movilidad laboral exterior (programa de trabajadores agrícolas temporales Canadá- México). Fuente: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Programa de Empleo Temporal Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral*

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Número de profesionistas ocupados Datos oficiales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), mostraron que el número total de profesionistas ocupados en el país es de 6.3 millones de personas Las carreras con mayor número de profesionistas ocupados son: Contaduría, Ciencias Administrativas y Derecho. No obstante, no todos los profesionistas de estas carreras se ocupan en actividades afines a sus estudios. Las áreas que muestran el menor número de ocupados son: Humanidades, Artes y Ciencias Físico-Matemáticas. Las carreras con menos profesionistas ocupados son: Forestales, Ciencias del Deporte y Pilotos aviadores y Navales. Profesionistas asalariados y no asalariados En su mayoría, los profesionistas ocupados en el país son asalariados, es decir, en promedio, 8 de cada 10 dependen de un patrón. Al tercer trimestre de 2011, la educación es el área con la mayor proporción de profesionistas ocupados asalariados (96 de cada 100). Promedio de ingresos de los profesionistas Al tercer trimestre de 2011, el ingreso promedio mensual de los profesionistas ocupados del país fue de $9,956 pesos. El área de Ingenierías es la que percibe los ingresos más elevados ($11,117), seguida del área de Arquitectura, Urbanismo y Diseño ($10,955) y por último el área de Ciencias Físico Matemáticas ($10,698). Las áreas que presentan niveles de ingreso por debajo del promedio de todos los profesionistas ocupados son: Ciencias Biológicas ($9,324), Educación ($8,199), Humanidades ($7,996) y Artes ($7,866). Relación entre ocupación y estudios realizados Más del 30% de los profesionistas ocupados en las áreas de Ciencias Sociales, Ingenierías, Ciencias Biológicas y Económico Administrati-

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vas trabajan en ocupaciones que no son acordes con su formación profesional. Las carreras con el mayor porcentaje de profesionistas ocupados en actividades no acordes con sus estudios son: Ciencias Políticas, Ciencias de la Comunicación y Bioquímica. En contraste, en las áreas de Educación, Ciencias de la Salud, Artes, Arquitectura, Urbanismo y Diseño, y Humanidades la proporción de quienes si trabajan en ocupaciones acordes con sus estudios es superior al 70 por ciento. Las carreras que mostraron una mayor relación entre los estudios realizados y la ocupación desempeñada son: Medicina Física y Fisioterapia, Medicina y Formación Docente en Educación Preescolar. Cifras que contrastan con la realidad de empleo y educación Con el objetivo de satisfacer la demanda de empleo dada por el crecimiento natural de la PEA y evitar la incorporación de más trabajadores a las precarias alternativas laborales, sería necesaria la creación de más de 1 millón 100 mil empleos al año; sin embargo de acuerdo con datos de la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, se estimó que en 2010 se crearon 514 mil empleos formales, mientras que para 2011, se calcula que este indicador se incrementó en 505 mil personas, lo cual dejará cada año a aproximadamente 500 mil nuevos entrantes a la fuerza laboral sin oportunidades reales de empleo formal. En este sentido, los jóvenes han sido los principales afectados por la amplia brecha entre la creación de puestos de trabajo y la incorporación de personas al mercado laboral. De acuerdo con la OCDE, la tasa de desempleo entre los jóvenes (15-24) ha aumentado 6.5 puntos porcentuales entre 2007 y 2009 para alcanzar al 20 por ciento de la fuerza laboral joven en los países de la zona, esto equivale a 15 millones de desempleados menores de 25 años, esto para el 2009 en la zona OCDE, 4 millones más que el cierre de 2007. En México para el año de 2009, se observó una tasa de desempleo juvenil 5.7 puntos porcentuales superior con relación a los

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5.43

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4.09

5.08 4.85

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2003

2001

1997

1996

1994

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6.18

7.60

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6.61

General

Adultos

4.23

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2.58

7.03

3.51

6.69

Se consideran jóvenes a los trabajadores menores de 25 años y son adultos aquellos de 25 años de edad o más. Fuente: INEGI y OCDE.

–

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

1995

6.0

1998

7.10

1999

7.0

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7.38

2000

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2002

9.0

2004

Jóvenes

2005

10.0

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11.0

2007

12.0

2008

Gráfica 2. Tasas de desocupación según grupos de edad (porcentaje de la pEA)

2009

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adultos. Entre los factores que contribuyeron a que la caída del empleo entre los menores de 25 años (sea mayor a la de la población general), se encuentran su mayor prevalencia en puestos de trabajo temporales, así como una amplia concentración en sectores con respuestas fuertemente procíclicas, como por ejemplo en la industria de la construcción. Educación, empleo y las mujeres Por otro lado, es necesario recalcar que, la ENOE del primer trimestre de este año mostró que se encuentra en proceso una recomposición regresiva de la estructura del ingreso de los trabajadores, de manera que el grupo de los ocupados que perciben remuneraciones superiores a 5 salarios mínimos disminuyó 6.5 por ciento respecto, al primer trimestre de 2009, y en cambio los que ganan como máximo 1 salario mínimo se incrementaron 9.8 por ciento mismo año. Es decir que en el año se agregaron 238 mil 464 personas al grupo de trabajadores que perciben mini salarios, que en total ya son 2 millones 668 mil asalariados. Lo anterior reafirma que los empleos creados recientemente además de ser de carácter temporal son inferiores en remuneraciones. Lo que afecta el desarrollo del sector de jóvenes que se incorporan a la vida laboral. Se ha hablado de un repunte en la creación de empleos en México durante los últimos años, pero que también esto se ha acompañado de un deterioro en su calidad; ¿cómo podemos calificar la calidad de los nuevos puestos de trabajo que se crean en país? LA CALIDAD DEL EMPLEO EN MÉXICO: LA CRISIS LABORAL Y SUS IMPLICACIONES

A raíz de la recesión económica actual, las preocupaciones con relación al empleo se han centrado principalmente en la cantidad de puestos de trabajo perdidos o creados; sin embargo, es necesario examinar con detenimiento otro factor de capital importancia, a saber, la calidad del empleo, cuyas características más relevantes son:

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2010

2009

2008

2007

No recibe ingresos

Fuente: INEGI.

–

5.0

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15.0

20.0

25.0

30.0

Hasta un salario mínimo

Más de 1 hasta 2 salarios mínimos

Más de 2 hasta 3 salarios mínimos

Más de 3 hasta 5 salarios mínimos

Más de 5 salarios mínimos

Gráfica 3. Distribución salarial (porcentaje de la población ocupada, 2007-2010)

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la estabilidad que ofrece al trabajador, su protección de seguridad social, la capacidad de compra de las remuneraciones salariales o el aprovechamiento de las capacidades productivas de los trabajadores Dicha preocupación se enmarca en la elevada tasa de desocupación, calculada por el INEGI, para el mes de junio (5.05 %), que aún rebasa en al menos 1.3 puntos porcentuales a los datos anteriores a la crisis, cifra que no ha cedido a pesar de los 513 mil 373 nuevos trabajadores cotizantes al IMSS, reportados para el primer semestre del año. Empleo eventual vs. permanente Una de los efectos más notorios de la crisis en el mercado laboral ha sido, la marcada pérdida de empleos permanentes, en comparación con la variación de puestos de trabajo eventuales. Tras el estallido de la turbulencia financiera y hasta el punto más bajo de la recesión económica, es decir, entre octubre de 2008 y mayo de 2009, se habían perdido 701 316 empleos con seguridad social. Sin embargo, el número de cotizantes permanentes al IMSS disminuyó en 570 819 personas, mientras que sólo se perdieron 130 497 puestos de trabajo eventuales, es decir, 4 de cada 5 plazas perdidas eran permanentes. Para junio de 2010 se lograron recobrar el 88.4 por ciento de los empleos perdidos. Sin embargo, llama poderosamente la atención la rápida recuperación de los puestos de trabajo eventuales. Pues mientras que en octubre de 2009 ya se habían recobrado la totalidad de las plazas eventuales que se tenían en octubre de 2008, no ha sucedido lo mismo con los empleos permanentes, de los cuales aún faltan por recuperar 194 471. Este mismo hecho se observa en que los puestos de trabajo eventuales que alcanzaron una tasa de crecimiento promedio anual del 14.7 por ciento, mientras que los empleos permanentes solo crecieron 2.8 por ciento. A lo anterior, hay que agregar que la pérdida de empleos en el sector formal acentuó la informalidad, pues de tener 81.6 empleos informales por cada 100 empleos con seguridad social en el cuarto trimestre de 2008, pasamos a tener 90.2 empleos informales por

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Fuente: elaborado por el CEP con datos del INEGI (ENOE).

Grรกfica 4. Empleo informal vs. formal, 2005/I-2010/II (empleos en el sector informal por cada 100 cotizantes al IMSS)

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Fuente: elaborado por el CEP con datos del IMSS.

Grรกfica 5. Cariaciรณn anual de trabajadores eventuales al IMSS, 2001-2010/JUNIO (miles de cotizantes urbanos)

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Fuente: elaborado por el CEP con datos del INEGI (ENOE).

Gráfica 6. Población ocupada según afiliación a la seguridad social, 2010/I (porcentajes)

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cada 100 cotizantes al IMSS, lo cual, equivale a un retroceso de 5 años en el crecimiento del empleo formal. Si bien la falta de cobertura de seguridad social, que afecta al 65 por ciento de los trabajadores del país, no es un fenómeno reciente, a partir de la crisis esta característica se ha acentuado más, pues el análisis de los grupos de trabajadores de acuerdo a su antigüedad en el empleo revela que 7 de cada 10 empleados con seguridad social contratados en 2008, perdieron el trabajo en 2009, además de que se confirma que para 2010 la recuperación del empleo protegido con seguridad social es sumamente débil. Todos estos factores nos permiten apreciar que, como reacción a la situación económica, aún incierta, los empleadores continúan actuando con reservas y buscan mantener al mínimo sus plantillas laborales, contratando únicamente empleados eventuales (por honorarios o comisiones) y sin prestaciones de seguridad social. La flexibilización y la tercerización del empleo u outsourcing se han planteado como parte de la solución a los problemas del empleo en México ¿cómo modificaría su implementación la actual situación del mercado laboral? En un mundo globalizado, en el que las empresas buscan ser las más fuertes, las más rápidas y las que suban más alto, como en las olimpiadas, es necesario contar con grandes equipos de trabajo. Sin embargo, cuando las empresas tienen crecimientos vertiginosos y en consecuencia sobrepasan su capacidad de reacción por la limitación de los recursos, es necesario que tengan opciones. Una de estas opciones es el outsourcing, que consiste en que “una empresa contrata a otra para que realice la gestión o ejecución diaria de una función”. La empresa contratante deberá transferir parte del control administrativo y operacional a la empresa contratada, de modo que ésta pueda realizar su trabajo apartada de la relación normal de la empresa contratante y sus clientes. El outsourcing se utiliza en áreas más propicias como informática, recursos humanos, administración de activos e inmuebles y contabilidad, aunque algunas también subcontratan el soporte téc-

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nico al usuario y la gestión de llamadas telefónicas, manufactura e ingeniería entre otros. Para poder explicarlo mejor se tomara un ejemplo clásico, como lo son los llamados call center, donde se da la atención telefónica personalizada al cliente en países tan distantes del lugar de origen del cliente como India, Pakistán, Filipinas, y Uruguay entre otros. Esto constituye una gran ventaja competitiva a las empresas, ya que el costo del call center, es mucho menor comparado con tener su departamento de relaciones con el cliente en su propio país. En un principio, empresas como Dell y AT&T Wireless, pioneras en los call centers, utilizaban recursos de India y Pakistán para sus servicios técnicos y de atención al cliente, por medio de sistemas informáticos que les permitía a los operadores tener disponible la información necesaria para atender a sus clientes. Pero tuvieron quejas por problemas de comunicación entre los clientes y la plantilla sustituta, los acentos eran muy diferentes, así como el vocabulario empleado. Sin embargo, hoy en día hay empresas no sólo ofrecen la atención en el idioma del cliente, sino que van más allá, tienen un sistema que identifica de la región del mundo de la que se habla y esto permite que el telefonista que presta el servicio conteste con acento y modismos de la zona donde se genera la llamada, de tal forma que el cliente no nota que lo atienden “del otro lado el mundo”. Como todo, el outsourcing tiene a sus detractores y sus defensores. Antes de analizarlos, es conveniente aclarar que esta práctica es sólo una forma de solucionar el problema del rápido crecimiento de las empresas, no es la panacea universal. Sus principales críticos opinan que hay cuatro desventajas: 1. Los trabajadores subcontratados no son empleados pagados por la empresa, por lo cual, no tienen un incentivo de lealtad hacia ésta. No tienen un sentido de pertenencia. 2. Son trabajadores contratados por “proyecto”, a pesar de que la tarea que realizan suele ser continua. Por este motivo es común la “huida” de los trabajadores si encuentran un empleo de mayor calidad, con lo cual, la calidad del servicio se

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suele resentir, ya que sustituir a los empleados que se van, no es fácil. 3. La alta rotación de personal de la empresa que ofrece el outsourcing, debido a que sus empleados hacen trabajos muy rutinarios, repetitivos, que no les ofrece un espacio de promoción o de integración real a la empresa que los contrata. 4. Elimina puestos de trabajo de la empresa contratante porque son los “externos” los que comienzan a realizar las actividades no prioritarias de la empresa. Los defensores opinan: •

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• •

La empresa contratante se puede dedicar a realizar sus competencias clave, en consecuencia aumenta su rentabilidad. Se concentran todos los recursos para desarrollar nuevos productos, hacer innovaciones. Disminuye los costos de reclutamiento, selección y capacitación entre otros, ya que corren por cuenta de la empresa contratada. Permite obtener productos de mejor calidad ya que la empresa se enfoca en eso. Reduce el número de tareas rutinarias, para la empresa trasladándolo al outsourcing.

Este sector ha cobrado fuerza y se ha multiplicado trayendo una gran competencia, por lo que las empresas de outsourcing que ofrezcan la mejor calidad a un menor precio son las que sobrevivirán. De hecho, muchas empresas licitan sus contratos, buscando maximizar la calidad del servicio que contratan. Antes de tomar la decisión de contratar un outsourcing, es necesario: 1. Identificar la función que va a realizar. Si es de carácter vital para la empresa, si es lo que la distingue o no lo es.

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2. Considerar el tiempo y volumen de operación por el cuál se va a contratar. 3. La confidencialidad de la operación por la que se contrata. 4. El tiempo que tardará en implementarse la operación por medio de “externos” 5. El destino que tendrán los empleados que actualmente realizan la operación, esto es cuantos se podrán reacomodar dentro de la estructura de la empresa y cuantos tendrán que liquidarse. 6. Las condiciones de renovación. 7. Establecer los reportes de operación, tanto el contenido como la frecuencia. Una buena contratación de un outsourcing, es benéfico para la empresa que le permitirá crecer y catapultarse a otro nivel que con sus propios recursos, quizá nunca lo alcanzaría. Evidentemente este beneficio también se derramará a sus empleados.

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4. SUBSIDIOS ENERGÉTICOS A DEBATE INTRODUCCIÓN

He venido a participar en el debate sobre la política de subsidios energéticos, tema tan relevante para nuestro país y trato de responder a las dos preguntas clave con las que fui convocado: • •

¿Qué forma debe tener una política energética en nuestro país? ¿Qué papel tendrían los subsidios energéticos en dicha política?

El artículo clave que me auxilió en el tema, “Joint Report. Analysis of the Scope of Energy Subsidies and Suggestions for the G-20 Initiative”, abordó el tema y el análisis de los subsidios energéticos realizó sugerencias que están en la mesa de debate hoy día.1 Aunque como aclaran los autores del estudio, éste no es sino un borrador, de ahí se desprende que los subsidios energéticos representan una de las muchas políticas que los gobiernos utilizan con

IEA, OPEC, OECD, Word Bank, Joint Report. “Analysis of the Scope od Energy Subsidies and Suggestions for the G-20 Initiative”, preparado por una subcomisión de organismos internacionales para la reunión del G-20 presentado en Toronto durante los días 26 y 27 de junio de 2010.

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propósitos económicos, sociales y ambientales, que a nivel internacional los países los utilizan en muchos sectores como la agricultura, la pesca y el consumo directo de energía. Los gobiernos subsidian tanto el consumo como la producción y lo hacen de forma directa transfiriendo fondos, o bien, reduciendo o incrementando los impuestos, etcétera. Los subsidios energéticos han sido vistos como instrumentos poderosos para el desarrollo económico, como una forma impulso a la modernización económica y al crecimiento; pero con el incremento de los precios de las energías fósiles, el estudio se pronuncia a favor de un cambio en esta política, pues recomienda que reducir estos subsidios podría ayudar a administrar a la baja la demanda mundial y disminuir los impactos y emisiones ambientales a nivel internacional. Sin embargo, los efectos sociales de una reducción sustancial de los subsidios energéticos podrían ser tan grandes y tan diferenciados por país por país lo que dificulta un consenso internacional al respecto. En realidad, este debate tiene como fondo el incremento exponencial de los subsidios energéticos como resultado del incremento del precio del petróleo crudo, ya que en 2004 se estimaban en 250 mil millones de dólares, de acuerdo a la (WEA, 2004), mientras que para el estudio de referencia en 2010, consultando la misma fuente los subsidios que contemplan solamente los energéticos fósiles para el consumo habían llegado ya a la cantidad de 557 mil millones de dólares, asunto nada menor. El estudio de referencia también nos indica que no hay un reporte sistematizado y estandarizado sobre los subsidios energéticos a nivel internacional que considere además del petróleo el resto de los energéticos, pues los subsidios se utilizan desde diversas fuentes desde las ayudas que se dan a la pesca y a la agricultura o directamente el precio del consumo de las gasolinas, así como en general en la cadena de valor energético de la producción de la electricidad, recientemente, también habría que agregar los subsidios que se otorgan a la producción de otras fuentes energéticas como los biocombustibles, la energía derivada del viento, la eólica, etc. Lo que si

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nos dice el estudio es que los subsidios podrían con toda facilidad significar entre 700 mil millones de dólares (un punto del PIB) o 1.6 trillones de dólares (2.3 puntos del PIB) si se suman otros conceptos no completamente clarificados como son los subsidios sectoriales al transporte, la pesca, la agricultura, etc. Por el otro lado, el estudio de referencia hace énfasis sobre los impactos ambientales que podrían lograrse si se retiraran los subsidios energéticos, que en general al año 2020 se obtendría una reducción de los productores, los consumidores y de los hogares, refiriéndose en general a reducciones mayores al 10 por ciento de las emisiones, así como una reducción en la demanda mundial de petróleo crudo de casi el 6 por ciento. La conclusión es contundente, si se quitan los subsidios se cuida el planeta. Voy a citar ahora al Profesor Kelly Sims Gallagher, de Harvard Kennedy School, quien en un estudio sobre oportunidades y desafíos del sector energético internacional, nos enseña que no hay que poner la carreta delante de los bueyes, que la gente está poco preocupada por las grande mediciones sobre energía, que los ciudadanos quieren cuartos cómodos, aire acondicionado, café caliente, cerveza fría, luz para leer y transporte conveniente, este es el tipo de efectos que debemos de tomar en consideración y medir con claridad cómo afecta el uso y la producción de energía al desarrollo económico, al medio ambiente y a la seguridad en general. Voy a dar algunos datos que traje del estudio del profesor: •

•

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Los costos de energía representan típicamente entre el 7 y 10 por ciento del costo de la vida (puede ser mas en los países pobres). Si los precios suben demasiado hay inflación, recesión y frustración a las aspiraciones económicas de los pobres. Al considerar el volumen de los subsidios energéticos debemos tomar en consideración que la ayuda al desarrollo al nivel internacional asciende sólo a 60 mil millones de dólares, mientras que la energía significa solo el 7 % del co-

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•

mercio mundial y explica más de la tercera parte del déficit comercial de los Estados Unidos. También debemos de considerar el uso per cápita de la energía que en Estados Unidos llega a ser de 281 gigajoules per cápita, mientras que el promedio de la OCDE Europa es de 142 gigajoules y en América Latina es sólo de 46 gigajoules, este último de nivel de energía de consumo corresponde también a México. DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES CON RESPECTO AL MEDIO AMBIENTE

Obviamente que en esta área una lectura obligada es el estudio referido a Gabriel Quadri de la Torre,2 actual candidato presidencial por el PANAL, donde el señala el absurdo y las oportunidades que significan los subsidios energéticos en México, señala los 202 mil millones de pesos anuales para subsidiar actividades y conductas que conllevan profundos impactos ambientales, a demás de distorsionar las finanzas públicas. Asimismo, puntualiza que estos subsidios han significado hasta un 15 por ciento del gasto público total y alrededor de la cuarta parte de todo el gasto programable en todos los ramos administrativos del gobierno federal. También ilustra que los subsidios tienen un alto impacto ambiental y que superan el presupuesto total en educación así como los presupuestos combinados para salud, defensa, seguridad y, ciencia y tecnología. Quadri también nos afirma que los subsidios han representado cinco veces el presupuesto del medio ambiente y agua; y que rebasan los presupuestos conjuntos de comunicaciones y transportes desarrollo social, marina y procuración de justicia (ver cuadro 1).

2 Gabriel Quadri de la Torre, “Subsidios vs medio ambiente en México. El absurdo y las oportunidades”, Serie el Uso y abuso de los recursos públicos, Cuaderno de debate, núm. 7, CIDE, México, julio 2011.

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Subsidios a gasolinas Subsidios al consumo y diesel automotores de electricidad -66 210 56 741 -87 188 62 175 -112 221 63 320 -87 579 75 772 -53 334 85 269 -15 186 94 987 42 217 96 814 48 324 105 819 217 609 148 521 15 140 65 496 76 963 95 000 10 938 11 004 11 850 13 061 14 642 14 885 15 272 14 857 16 678 16 617 16 150

Procampo 0 0 0 1 500 1 560 1 707 1 919 4 156 4 200 4 200 3 950

Progan

Diesel marino y gasolina ribereña 0 0 0 0 0 0 0 93 225 681 762

1 469 -14 009 -37 051 2 754 48 137 156 222 156 222 173 249 387 233 102 134 192 825

Total

Fuente: Gabriel Quadri de la Torre, “Subsidios vs medio ambiente en México. El absurdo y las oportunidades”, Serie el Uso y abuso de los recursos públicos, Cuaderno de debate, núm. 7, CIDE, México, julio 2011.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Año

Cuadro 1. Subsidios de alto impacto ambiental en México 2000-2010. Millones de pesos corrientes

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El autor nos dice que los subsidios energéticos tienen consecuencias discernibles y profundas en varios temas o dimensiones ambientales críticas. Que por un lado, los subsidios energéticos reducen artificialmente el costo para el consumidor y que exacerban la demanda e introducen distorsiones en los patrones de conducta de corto plazo y en decisiones tecnológicas y estructurales a largo plazo. Los subsidios a los energéticos repercuten negativamente en la eficiencia energética de los vehículos, en sus emisiones de contaminantes y de gases de efecto invernadero; también en la distribución modal del transporte y en la estructura espacial (densidad, diversidad de uso de suelos, extensión) de las ciudades. Quien en paralelo a los subsidios utilizados en las embarcaciones pesqueras, de altura como ribereñas, contribuyen a un excesivo esfuerzo pesquero, al agotamiento y colapso de recursos y al deterioro de ecosistemas costeros y marinos. Quadri también señala que los subsidios generalizados (aplicados a través del impuesto especial de productos y servicios - IEPS) a las gasolinas y al diesel son regresivos al concentrase en los grupos de mayores ingresos. Por ejemplo en 2008 el 75 por ciento de este subsidio beneficio al 50% más rico de la población; y solo el 26% llegó al 50% más pobre y menos del 6 por ciento fue apropiado por el 20% de los hogares de menores ingresos que están en condiciones de pobreza extrema (ver cuadro 2). En lo que se refiere al consumo final de energía por sector, Quadri nos proporciona los siguientes datos (véanse gráficas 1, 2 y 3). Donde se puede apreciar cuál es el destino final de los subsidios a los combustibles en nuestro país. Tomando como base solo los ingresos del IEPS, Quadri afirma que los combustibles representan una importante base tributaria en los países pues su costo de administración es bajo y su baja elasticidad de demanda en el corto plazo y que proporcionan cierta estabilidad como fuente de recaudación, porque son proporcionales, transparentes, universales y virtualmente imposibles de evadir y eludir. Gabriel Nos da una versión renovada de su vieja frase de los noventa: el que contamina paga.

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Cuadro 2. Incidencia de los beneficios de los subsidios a la gasolina y al diesel debido al IEPS. (Proporción del beneficio total recibido por cada decil) Decil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

2006 0.8% 1.7% 2.8% 3.7% 4.5% 6.7% 8.4% 12.4% 18.8% 40.2% 100.%

2008 2.1% 3.8%| 5.0% 6.8% 8.5% 9.2% 11.3% 12.2% 16.1% 24.9% 100.%

La argumentación de Quadri remata afirmando que lamentablemente en México, la recaudación por impuestos a los combustibles automotrices ha sido negativa desde la segunda mitad de la primera década del siglo, circunstancia que representa un caso único dentro de la OCDE, pues los impuestos por litros de gasolina de OCDE supera 0.5 euros equivalente a 8.5 pesos mexicanos, si un gravamen parecido se aplicara en México la recaudación anual ascendería a 578 mil millones de pesos, cifra cercana a lo recaudado al binomio ISR-IETU. Además de que tendría el efecto de que la demanda tendería a estabilizarse o aún al decaer lo haría lentamente con lo que habría tiempo de hacer ajustes con otros gravámenes. De acuerdo a esta argumentación, la benevolencia fiscal mexicana en materia de combustibles automotrices es sobresaliente,

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Grafico 1

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Grafico 2

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Grafico 3

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pues nos superan pocos países como: Venezuela, Trinidad y Tobago, Ecuador, Panamá y Bolivia. Mientras que Uruguay, Costa Rica, Brasil y el Perú ostentan precios mayores al doble de los que pagan los consumidores en México, dando por resultado que en los primeros países el parque vehicular es de vehículos grandes y en el segundo de vehículos pequeños y más eficientes y que, por supuesto, generan menos emisiones. El análisis detalla las distorsiones que provocan los subsidios energéticos y pormenoriza sus efectos con el caso de la energía eléctrica, donde los precios promedio por kilowatt para los consumidores son muy bajos con respecto a la tabla de la OCDE-Europa. Sin embargo, el analista es omiso para destacar que los precios de las gasolinas y de la electricidad en México están dentro de los rangos de los valores que se cobran en los EEUU, país que tiene 12 veces el ingreso per cápita respecto del nuestro y que para México representa prácticamente al resto del mundo, ya que con EEUU llevamos a cabo la mayor parte de nuestro comercio internacional, nuestra políticas de competitividad y atracción de inversión extranjera , relaciones financieras y turismo internacional están prácticamente sujetas a nuestro vecino; lo mismo sucede, con los subsidios al campo donde nuestra referencia debería ser casi exclusivamente Estados Unidos y donde los subsidios entre estos dos países no tienen comparación y así podemos seguir. Es un pequeño olvido de Gabriel. COMENTARIOS SOBRE LAS DIMENSIONES DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA

Económicas Más allá de lo deseable ambientalmente y del hecho contundente de que si tomamos en cuenta que somos un país petrolero y que si consideramos los 8 puntos del PIB a los que contribuye el sector energético en México, mediante las diversas modalidades de la renta petrolera, luego entonces, las comparaciones de Quadri no tienen el

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impacto de su análisis, el cual solo considera al IEPS como referencia. Dicho esto, quisiera anotar las siguientes consideraciones: •

•

Se debe tener un compromiso confiable respecto del uso de los combustibles y de las necesidades eléctricas de México, país que está ubicado en el cinturón del desierto de América del Norte, asunto que no puede soslayarse en toda la región Norte de México. Sin embargo, debe de debatirse sobre los costos de la energía al consumidor tanto en gasolinas como en electricidad tomando en cuenta y como referencia exclusiva el PIB per cápita de México vs los precios y el PIB per cápita de los Estados Unidos y sus precios de referencia. Debe discutirse, desde ya, la vulnerabilidad del riesgo país en materia de reservas petroleras e incrementar la capacidad de refinación petrolera dentro del país mediante la construcción urgente de las refinerías pendientes. Debe tomarse en consideración que el abastecimiento de energía básica es el punto nodal para la recuperación de crecimiento del país, los precios y los subsidios representan una palanca cuyo ajuste debe de tener en consideración este propósito, pues subsidiamos poco respecto de casi todos los países petroleros y subsidiamos casi en la línea de nuestro principal socio comercial que son los Estados Unidos y que subsidiamos mucho con respecto de Europa bloque comercial para el cual la política energética es un asunto de recaudación, sobrevivencia y de medio ambiente, sin olvidar que Europa no está en un desierto.

Ambiental •

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Sin duda debe mejorarse la calidad del aire en las zonas urbanas y en las regiones de alta concentración, para lo cual necesitamos refinerías que produzcan combustibles ultra bajas en azufre y de alto octanaje.

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SUBSIDIOS ENERGÉTICOS A DEBATE

•

La estrategia de producción eléctrica debe de pensarse desde la producción, pues se usa casi exclusivamente combustóleo, hay que limitar los gases de efecto invernadero y minimizar el riesgo del cambio climático En lo referente a la agricultura y a la pesca es indispensable limitar los impactos sobre ecosistemas frágiles, pero al mismo tiempo, se deben de generar proyectos de baja utilización energética y rentabilidad. Incrementar los subsidios a la generación de proyectos de energías alternativas: de vientos, de oleaje, de sol, pues aunque estas tecnologías no son rentables hoy, pueden ser la salvación del mañana.

Seguridad •

•

La política relativa a los recursos del petróleo, el gas y los subsidios están ineludiblemente asociados a las relaciones comerciales con los Estados Unidos. México debe de tomar en consideración en su política energética la alta vulnerabilidad de sus sistemas a los problemas de seguridad del vecino del norte, en especial, debe evitar errores en el diseño futuro de su política de energía nuclear.

Finalmente, y citó de nueva cuenta al Profesor Kelly Sims Gallagher, el afirma que no hay opción en las fuentes de energía conocidas libres de obligaciones significativas. Esto es libres de que tengamos que pensar en nuestra política de precios y subsidios para poder reemprender la ruta del crecimiento. Utilizar una posición de maximalismo medio ambientalista, por ejemplo, desconociendo las obligaciones que tenemos con el crecimiento económico, y rechazar todo, revela pureza pero te deja sin nada. Se debe de trabajar en todas las opciones para maximizar las posibilidades del crecimiento, el bienestar de los consumidores e intentar reducir los costos de las obligaciones. Incluso, con todas las posibilidades, desarrollando todas las políticas, maximizando nues-

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Petróleo y Gasolina: Carbón: Biomasa: Poder Hidráulico y Viento: Fisión Nuclear: Fusión Nuclear: Energética Fotovoltaica: Hidrógeno: Eficiencia de uso final:

Los Recursos son insuficientes y finitos. La atmósfera es insuficiente. La Tierra y el agua son insuficientes. Los sitios son insuficientes. Demasiado implacable. Demasiado Difícil. Demasiado cara, pero con costos decrecientes, además tenemos suficiente desierto. Necesita energía para producirse. Necesita usuarios educados que pongan atención e industrias responsables que resuelvan problemas desde el diseño y que sean responsables socialmente.

tros niveles de precios y de subsidios, ni el petróleo, ni eventualmente la energía nuclear podría resolver nuestros problemas económicos ambientales y de seguridad para siempre. Debemos de dejar la perspectiva contable y centavera, debemos de administrar la alarma fresca pero a veces impertinente del maximalismo medioambientalista, y al final nuestras decisiones deben de marchar hacia la diversificación tecnológica y de políticas públicas para multiplicar las estrategias en fuentes energéticas y de carácter regional. Posiblemente, el futuro del altiplano es eléctrico, el del norte fotovoltaico, el Istmo movido por los vientos, el sur por petróleo y, quizá, en un futuro tengamos nuestra propia industria nuclear limpia. Todo esto, perdón lleva subsidios. Obviamente la investigación y desarrollo puede contribuir a mejorar muchos de nuestros problemas actuales y a bajar costos, pero nuestras decisiones en materia de subsidios deben de ajustarse a los criterios de competitividad de nuestro mercado y a la producción de externalidades ambientalmente manejables, así como a los bienes públicos relacionados con las energías. Diversificar nuestras opciones, siempre es una buena idea, pero al mismo tiempo debemos estar abiertos a opciones que sean más atractivas en el mercado energético.

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SUBSIDIOS ENERGÉTICOS A DEBATE

No debemos de olvidar que el mercado energético determina, con frecuencia, nuestros niveles de inversión agregada, de competitividad y, en consecuencia, del empleo, y aunque debemos de proteger una amplia política social como primera prioridad del Estado, al mismo tiempo, debemos de preservar la confiabilidad y la competitividad del país como un todo. Finalmente, estos foros sirven para preservar un marco cooperativo en el diseño de las políticas que es indispensable al mayor foro público que es el Congreso de la Unión. Con estos esfuerzos de cooperación y coordinación se pueden saltar los obstáculos y maximizar las oportunidades relacionadas con la energía.

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5. ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS INTRODUCCIÓN

El aumento de la demanda ciudadana por bienes y servicios públicos, frente a la escasez de recursos, ha llevado a los gobiernos a identificar un nuevo sistema de financiamiento y gestión de proyectos de infraestructura, así como para la prestación de servicios públicos, que involucra la participación del sector privado. Es por esta razón que a principio de los años noventa el gobierno británico comenzó a implementar la llamada Iniciativa de Financiamiento Privado (Private Finance Initiative), mediante la cual ha logrado involucrar al sector privado en la realización de proyectos de infraestructura y la prestación de servicios públicos a la sociedad. Con el tiempo, este instrumento de financiamiento se ha denominado más comúnmente como Asociaciones Público Privado (Public Private Partnerships).1 A la experiencia de las APP del Reino Unido se le han ido sumando las de países como Portugal, España, Irlanda, Australia, Bélgica, Holanda, Alemania, Italia, Finlandia, Suecia, Canadá, Japón, India, México, entre otros. Si bien las APP presentan condiciones particulares que responden a la realidad de cada país, en términos gene-

1 BID-PIAPPEM, Asociaciones público-privadas para el Desarrollo de Infraestructura y la Provisión de Servicios Públicos. Experiencia del Reino Unido, México, BID, 2009, p. 9.

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rales puede afirmarse que este tipo de asociaciones se caracterizan, como precisa un estudio elaborado en el marco del Programa para el Impulso de Asociaciones Público-Privadas en Estados Mexicanos (PIAPPEM), por desarrollar infraestructura pública y/o proveer un servicio público, bajo las siguientes características:2 •

Participación privada (en la financiación y/o en la gestión)

La participación privada puede darse por medio de la inversión en capital o como contratista, o subcontratista. Al respecto es preciso mencionar que el debate, tanto académico como político, en torno a la justificación económica de las APP establece que el financiamiento privado aumenta la eficacia en la generación de proyectos de infraestructura y la prestación de servicios públicos; por tanto, el gobierno es capaz de generar infraestructura y proveer servicios con costos más bajos que en el modelo tradicional en el que directamente los financia y gestiona. De hecho, las APP se basan en la expectativa de que el sector privado generará infraestructura y proporcionará servicios con mayor eficacia y eficiencia que el gobierno, porque la empresa privada es más proclive a incorporar innovaciones que inciden en un mejor uso de los recursos. •

Transferencia de riesgos

En principio, los riesgos en la APP son compartidos por ambos socios (el gobierno y el sector privado) de acuerdo con la capacidad de cada uno para manejar y controlar los mismos. En este sentido, la transparencia en el proceso de asignación del riesgo a cada socio constituye un factor crítico para el éxito de las APP, siendo importante que esta asignación sea claramente comunicada y entendida entre ambos. Al respecto, la Organización para la Cooperación y el 2 BID-PIAPPEM, Capítulo 1. Experiencia española en Concesiones y Asociaciones Público-Privadas para el desarrollo de infraestructuras públicas: marco general, Madrid, BID, 2009, p. 8.

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Desarrollo Económico (OCDE) señala que, por lo general, el riesgo comercial se transfiere a los socios privados, que están más acostumbrados a manejar este tipo de riesgo en sus proyectos de inversión, mientras que los riesgos legales y políticos son asignados al gobierno, que tiene más recursos institucionales para controlar éstos.3 •

Relación contractual a largo plazo

En el tema de los contratos cabe advertir que las APP se han desarrollado bajo distintas tradiciones jurídicas, destacando la anglosajona y la continental. En la primera tradición, el contrato refleja la totalidad de la regulación contractual, pues éste se basa en la Common Law o derecho común. En la segunda tradición jurídica, a la que pertenece México, el contrato está normado por un marco legal, el cual establece la tipología y características de los contratos a ser establecidos entre el gobierno y el sector privado en el contexto de una APP. La relación contractual a largo plazo se entiende como un resultado de la transferencia de riesgos. Así, es el horizonte de tiempo lo que permite al sector privado asumir los riesgos derivados de la generación de infraestructura y la prestación de servicios públicos y establecer un acuerdo, entiéndase contrato, con el gobierno, donde los objetivos de éste se encuentren alineados con los objetivos de sus socios privados. Si se trata de servicios públicos, los objetivos del gobierno están relacionados generalmente con la eficacia, eficiencia y calidad de los mismos, mientras que los objetivos de los socios privados están vinculados con la utilidad, esto es, la ganancia del negocio.4 Por lo antes expuesto, la APP ha de entenderse como una manera, entre otras, de acelerar la construcción de infraestructura y mejorar la gestión de los servicios públicos. Es por ello que han 3 OCDE, Public-Private Partnerships. In Pursuit of Risk Sharing and Value for Money, París, OCDE, 2008, p. 53. 4 Ibid., p. 21.

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sido utilizadas principalmente en la construcción de edificios gubernamentales y demás infraestructura pública carretera, escolar, hospitalaria y en la prestación de servicios de educación y salud. En países como Reino Unido y Australia incluso han posibilitado la construcción y operación de cárceles. De acuerdo con los términos del modelo de contrato establecido, por lo general el sector privado asume la responsabilidad en el diseño, construcción, operación y financiamiento de la obra, o servicio, según sea el caso, a cambio de un pago por parte del gobierno o los usuarios o de ambos. Sin embargo, el hecho de que mediante estas asociaciones se promueva la participación del sector privado, ello no exime a los gobiernos de su responsabilidad de conducir las políticas públicas de generación de infraestructura y prestación de servicios públicos, bajo un nuevo modo de gobernanza más orientado a la asociación que al tradicional modelo burocrático. El presente documento expone, en su primer apartado, aquellas buenas prácticas internacionales que recomienda la OCDE en materia de APP, tras la revisión y análisis de diversas experiencias internacionales. En el segundo apartado se muestra, brevemente, cómo se han ido incorporando estas asociaciones en el marco legal de los gobiernos estatales de México. Para ello, se consultó la información publicada en el sitio del PIAPPEM, programa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que “brinda apoyo técnico y financiero a las entidades federativas de México para crear las condiciones jurídicas, institucionales y técnicas necesarias para el desarrollo de proyectos de Asociación Público-Privada de carácter estatal”.5 En un tercer y último apartado ofrezco algunos comentarios sobre aquellos aspectos que me parece importante destacar de la Ley Número 801 de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Guerrero (Ley), recientemente aprobada por la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado y que aún requiere de una reforma a la Constitución local para poder entrar en vigor. Esto último, a fin de contribuir al debate sobre la mejor manera de normar las APP 5

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Página web: (consultada el 28 de julio de 2011).

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en nuestro país, para no repetir las experiencias negativas de otras medidas adoptadas en el pasado (por ejemplo, las privatizaciones de los noventas), pues considero que las asociaciones entre el gobierno y el sector privado, además de generar infraestructura de calidad y proveer servicios a la sociedad con un alto valor público, deben ser un medio eficaz para construir confianza entre ambos actores económicos. •

Buenas prácticas internacionales recomendadas por la OCDE

En un estudio publicado hace unos cuantos años, la OCDE identificó un conjunto de buenas prácticas en la implementación de las APP, a partir del análisis de varias experiencias internacionales. A continuación se enlistan estas prácticas:6 La viabilidad y el valor por dinero7 son los elementos de evaluación referencial, para poder establecer la viabilidad de una APP. En principio, según la Organización, la viabilidad corresponde al hecho de que un proyecto esté dentro de los límites del presupuesto intertemporal del gobierno. Si no lo está, entonces el proyecto no es viable. El valor por dinero debe ser el objetivo principal en el diseño de las APP. Un proyecto bajo el esquema de APP produce un valor por dinero superior si al compararlo con el esquema tradicional de provisión gubernamental, aquél proporciona mejores características, una alta calidad o un menor costo a lo largo del ciclo de vida del proyecto. El texto de la OCDE explica que ese valor por dinero superior se obtiene principalmente mediante la transferencia de

Las recomendaciones están tomadas del estudio: OCDE, Public-Private Partnerships. In Pursuit of Risk Sharing and Value for Money, París, OCDE, 2008, pp.133 y 134. 7 El gobierno británico definió el concepto de valor por dinero (value for money) como la combinación óptima de costos durante la totalidad del ciclo de vida de un proyecto y la calidad o capacidad para satisfacer los requerimientos de los usuarios. (HM Treasury, “Value for Money Guidance”, citado en: BID-PIAPPEM, Asociaciones público-privadas para…, p. 10).

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riesgo, la competencia y el uso de las habilidades gerenciales del sector privado. Reglas fiscales y límites al gasto. El tema de la viabilidad, esto es, la necesidad de que el gobierno opere dentro de los límites de sus restricciones presupuestales intertemporales, no ha de confundirse con las reglas fiscales, la estructura del gasto a mediano plazo o los límites presupuestales impuestos por los compromisos de tipo legal o político. En este sentido, expone la Organización, sacar de los libros de contabilidad a los proyectos bajo un esquema de APP, no es un argumento válido para emprender la ruta de dichas asociaciones. Compartir el riesgo juega un papel fundamental para saber si una APP generará o no valor por dinero. Como el riesgo es una parte importante del incentivo para que el socio privado sea tan eficiente como sea posible, compartir el riesgo es una característica clave para el éxito de la APP. Aquí la OCDE señala que el riesgo debe asumirlo aquella parte (gobierno o socio privado) que esté en mejores condiciones de hacerlo, esto es, la parte que pueda asumirlo al menor costo. La manera como se comparta el riesgo entre ambos es un factor clave para poder clasificar un proyecto, ya sea en el esquema de APP o el tradicional. Competencia y disputabilidad son elementos clave para asegurar la efectiva transferencia de riesgo al socio privado. Aspectos que incluyen la competencia para el mercado (por ejemplo, en la licitación del contrato) tan bien como la competencia o disputabilidad en el mercado una vez que el contrato está formalizado y en ejecución. Conforme a la Organización, en ausencia de competencia no es posible una efectiva transferencia de riesgo, lo cual trae como consecuencia que no se alcance la pretendida mejora de valor por dinero. Las APP, el paquete presupuestal y la transparencia. El paquete presupuestal debe mostrar toda la información relacionada con las APP, en forma transparente. Para la OCDE, la información ha de incluir qué y cuándo pagará el gobierno, así como los detalles completos de las garantías y deudas contingentes. Esta información debería, preferentemente, ser mostrada al mismo tiempo que los

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resultados a la larga del análisis fiscal que muestre los efectos en el largo plazo de los contratos signados bajo el esquema de APP. Marco legal y regulatorio. Si bien, como establece la Organización, a menudo la legislación que norma el esquema tradicional de provisión gubernamental es inadecuada para establecer las APP, la o las reformas a la misma han de configurar una normativa clara y propiciar la transparencia en cada una de las etapas del proceso de APP, a fin de, por un lado, ganar la confianza tanto del gobierno como del socio privado y, por otro, minimizar el riesgo de caer en prácticas de corrupción. En este punto, la OCDE plantea que donde sea posible, los contratos pueden estandarizarse para reducir los costos de transacción; además, como suponen compromisos de largo plazo y la demanda por el servicio público puede cambiar, también es necesario establecer en la normativa reglas claras y conocidas por ambas partes, para poder renegociar los mismos. Capacidad institucional: la unidad de APP. Para asegurar un eficiente diseño, implementación y evaluación de las APP, el gobierno requiere contar con capacidad institucional para poderlas crear, gestionar y evaluar. Al respecto, la Organización también sostiene que es necesario establecer una oficina responsable de desempeñar estas funciones y ofrecer conocimiento, así como apoyo, a las dependencias gubernamentales involucradas en las APP. Esta oficina ha de contar con conocimiento experto para establecer y negociar los contratos de APP y apoyar a los servidores públicos responsables de intervenir en los proyectos en el proceso de APP. Comparador del Sector Público (Public Sector Comparator)8 En opinión de la OCDE, un comparador del sector público mejorará el escrutinio de los proyectos de APP y la evaluación del valor por dinero. Finalmente, la Organización establece que es importante contar con el apoyo político desde el más alto nivel del gobierno y también 8 Con el Comparador del Sector Público, o PSC por sus siglas en inglés, se determina el valor de los riesgos transferidos, o no, por el sector público al sector privado. (Ibid., p. 58).

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en los distintos partidos políticos, dado que los contratos de APP usualmente duran más que el periodo del gobierno electo. Para la OCDE, estas buenas prácticas inciden en una mejor adopción y desarrollo de dichas asociaciones, así como en la construcción de capacidad institucional en los gobiernos. Por tanto, resulta de sumo valioso considerar estas recomendaciones desde el diseño de la normativa que ha de regular aspectos tales como la adjudicación de las APP, las condiciones de los contratos, el criterio para determinar el valor por dinero, entre otros aspectos relevantes. INCORPORACIÓN DE LAS APP EN EL MARCO LEGAL ESTATAL

El gobierno federal mexicano ya cuenta con varios casos verificables de APP. De acuerdo con información que aparece en la página web del PIAPPEM,9 estos casos se han realizado en una de las cuatro modalidades de asociación, como se muestra en la tabla 1. En el orden estatal también se registran algunos casos verificables de APP, en particular bajo su modalidad de Proyectos para la Prestación de Servicios, o PPS como se les conoce comúnmente (véase tabla 2). Respecto a la incorporación de las APP, en su modalidad de PPS, al marco legal estatal, 78% de las entidades federativas lo han hecho, o están haciendo, a nivel de su Constitución local. Cabe advertir que el Distrito Federal no puede incorporarlos a ese nivel, pues carece de una Constitución. Si bien la cifra anterior hace suponer, por una parte, que es necesario modificar el máximo ordenamiento jurídico estatal, para poder dar sustento a los PPS, llama la atención, por otra, que sólo en 59% de las entidades federativas la reforma realizada para incorporar dichos proyectos haya sido o esté siendo integral, esto es, que la regulación es lo suficientemente exhaustiva y trata todos o la mayor parte de los aspectos que son necesarios cubrir para regular, en forma adecuada, los PPS. 9

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Página web: (consultada el 28 de julio de 2011).

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Tabla 1. Asociaciones Público Privadas en el orden federal Proyectos para la prestación de Servicios Hospitales Regionales de Alta Especialidad del Bajío y de Cd. Victoria Carreteras libres de peaje IrapuatoLa Piedad, Querétaro-Irapuato y Tapachula-Talismán con ramal a Cd.Hidalgo Universidad Politécnica de San Luis Potosí

Concesiones

Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán Autopistas Morelia-Salamanca, Tepic-Villa Unión y Saltillo-Monterrey Libramientos de Matehuala, Mexicali, Tecpan y Libramiento Norte de la Cd. de México Proyectos de infraestructura Aprovechamiento de activos productiva del largo plazo (PIDIREGAS) Paquete Centro-Occidente y Pací- Diversos proyectos para Petróleos fico-Norte Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad

Tabla 2. Proyectos para la prestación de servicios en el orden estatal Distrito Federal Mejoramiento urbano y mantenimiento integral del Circuito Interior Estado de México Centro Cultural Mexiquense de Oriente Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango Libramiento Atizapán de Zaragoza-Nicolás Romero Ampliación y modernización integral de la vialidad las Torres Puente vehicular en las Avenidas Prolongación Madero y James Watt Circuito Exterior Mexiquense Viaducto Elevado Bicentenario Oaxaca Ciudad Administrativa del Municipio de Tlalixtac Zacatecas Ciudad de Gobierno de Zacatecas

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Distrito Federal

Coahuila Colima

Chihuahua

Sin reforma (proyecto de reforma integral en marcha) Integral Parcial

Parcial (proyecto de reforma integral en marcha) Integral

Parcial

Tipo de reforma Integral Parcial

Constitución y legislación secundaria Proyectos para prestación de servicios Constitución y proyecto de legislación N/A secundaria Legislación Proyectos de prestación de servicios a largo Parcial plazo

Constitución, legislación secundaria y Proyectos de prestación de servicios reglamentación Proyecto de reforma a la Constitución y N/A legislación secundaria en marcha

Chiapas

Nombre del esquema Proyectos de prestación de servicios Proyectos de Asociaciones Público-Privadas Baja California Sur Constitución y legislación secundaria Proyectos para la prestación de servicios de largo plazo Campeche Constitución y proyecto de legislación Proyectos de prestación de servicios secundaria

Ordenamiento Constitución y legislación secundaria Constitución y legislación secundaria

Entidad Aguascalientes Baja California

Tabla 3. Marco legal de los Proyectos para la Prestación de Servicios*

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Quintana Roo

Querétaro

Puebla

México Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca

Hidalgo Jalisco

Guanajuato Guerrero

Durango

Proyectos de inversión y prestación de servicios Constitución y legislación secundaria Proyectos de prestación de servicios Legislación secundaria Contratos para prestación de servicios a largo plazo Constitución y legislación secundaria Proyectos Público Privados Legislación secundaria Proyecto de inversión y prestación de servicios Constitución y legislación secundaria Proyectos para prestación de servicios Constitución y legislación secundaria Proyectos para prestación de servicios Constitución y legislación secundaria Contratos de colaboración público privada Constitución y legislación secundaria Asociación Público Privada Constitución y legislación secundaria Proyectos de asociación Público Privada Constitución y legislación secundaria Contratos para prestación de servicios a largo plazo Legislación secundaria Proyecto para prestación de servicios a largo plazo Constitución y legislación secundaria Proyectos de inversión y prestación de servicios Legislación secundaria (proyecto de re- Proyectos de prestación de servicios forma a la Constitución y legislación secundaria en marcha)

Constitución y legislación secundaria

Continúa…

Escasa (proyecto de reforma integral en marcha)

Integral

Parcial

Integral Integral Integral Integral Integral Parcial

Escasa Integral

Integral Escasa

Integral

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Nombre del esquema Tipo de reforma Contratos para prestación de servicios a Escasa largo plazo Legislación secundaria (proyecto de re- N/A Sin reforma forma a la Constitución y legislación secundaria en marcha) Constitución y legislación secundaria Alianzas público privadas de servicios Integral Constitución y legislación secundaria Proyectos para prestación de servicios Integral Constitución y legislación secundaria Proyectos para la prestación de servicios Integral Constitución N/A Parcial Legislación secundaria Proyectos para prestación de servicios Parcial Legislación secundaria Proyectos para la prestación de servicios Integral Constitución y legislación secundaria Contratos de prestación de servicios a largo Parcial plazo

Ordenamiento Legislación secundaria

* Se recomienda visitar la página web: , para comprender lo que en cada columna representa el N/A (no aplica). Fuente: elaboración propia con información obtenida y consultada el 28 de julio de 2011 en la página web del PIAPPEM.

Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas

Sinaloa

Entidad San Luis Potosí

…continuación

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En 72% de las entidades federativas se optó, o está optando, por expedir una ley especial en la materia, pero sólo en 62% se mantiene, o está por mantenerse, en esa ley especial el momento procesal de la adjudicación. De hecho, en 20% de estos casos, la ley especial remite a la ley de adquisiciones para adjudicar el PPS. Con base en la información publicada en la página web del PIAPPEM también es posible constatar que el análisis costo-beneficio resulta ser la regla en la mayor parte de las entidades federativas (59%), para determinar la rentabilidad de elegir entre un contrato convencional del sector público y uno bajo la modalidad de PPS. En cuanto a la participación del Congreso local en la aprobación de los PPS, en 69% de las entidades federativas el Poder Legislativo ha de involucrarse en los proyectos, dada la plurianualidad de los contratos. A este respecto, llama la atención que en el Distrito Federal, Guerrero y San Luis Potosí no se prevea la necesidad de que el Congreso participe en dicho proceso. Para el tema de la contratación, en 62% de las entidades federativas sus leyes especiales, o en unos cuantos casos sus leyes de adquisiciones, contemplan normas especiales que regulan la misma. Es preciso señalar que en algunas entidades federativas esta regulación resulta ser insuficiente (Nuevo León y Querétaro), mientras que en otras es excesiva (Estado de México, Morelos y Nayarit), en opinión del PIAPPEM. De acuerdo con Derek Woodhouse, los elementos a tomar en cuenta para estructurar una adecuada regulación de los PPS en las entidades federativas son:10 •

A nivel constitucional ha de quedar plasmada la plurianualidad de presupuestaria y la aprobación de los proyectos por

Derek Woodhouse, “Marco regulatorio para el desarrollo de Asociaciones Público-Privadas en Estados Mexicanos”, ponencia presentada en el Primer Encuentro Técnico Sobre la Estructuración de Proyectos de Asociación PúblicoPrivada, 19 y 20 de febrero de 2009, en página web: (consultada el 29 de julio de 2011).

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Sin reforma (proyecto de N/A ley especial en marcha) Ley de adquisiciones Ley de adquisiciones

Colima

Durango

Distrito Federal

Coahuila

Es necesario acreditarlo mediante un análisis costo-beneficio N/A

Reglas para garantizar el valor por dinero de los PPS Es necesario acreditarlo mediante un análisis costo-beneficio N/A Omisión al respecto El proyecto prevé la necesidad de análisis costo-beneficio Es necesario acreditarlo mediante un análisis costo-beneficio N/A

Es necesario acreditarlo mediante un análisis costo-beneficio Ley especial remite a ley de Ley especial remite directa- Es necesario acreditarlo mediante un anáadquisiciones mente a la ley de adquisiciones lisis costo-beneficio

Sin reforma (proyecto de N/A ley especial en marcha) Ley especial Ley especial

Chiapas

Chihuahua

Ley que rige la adjudicación de los PPS Ley especial

Ley especial N/A Ley de adquisiciones Ley de adquisiciones Sin reforma (proyecto de Ley especial ley especial en marcha) Ley especial Ley especial

Tipo de regulación para los PPS Ley especial

Baja California Baja California Sur Campeche

Aguascalientes

Entidad

Tabla 3. Marco legal de los Proyectos para la Prestación de Servicios

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Ley especial

Michoacán

Nayarit

Querétaro

Oaxaca Puebla

Nuevo León

Morelos

Ley especial (Libro 16 del Ley especial (Libro 16 del CóCódigo Administrativo) digo Administrativo) Ley especial Ley especial remite a la ley de adquisiciones Ley especial Ley especial

México

Es necesario acreditarlo mediante un análisis costo-beneficio Omisión al respecto N/A Es necesario acreditarlo mediante un análisis costo-beneficio Es necesario acreditarlo mediante un análisis costo-beneficio Es necesario acreditarlo mediante un análisis costo-beneficio Es necesario acreditarlo mediante un análisis costo-beneficio Es necesario acreditarlo mediante un análisis costo-beneficio

Continúa…

Ley especial remite a la ley de adquisiciones y de obras públicas Sin reforma (proyecto de Ley especial Omisión al respecto ley especial en marcha) Ley de adquisiciones Ley de adquisiciones Omisión al respecto Ley especial Ley especial Es necesario acreditarlo mediante un análisis costo-beneficio Ley especial Ley especial Es necesario acreditarlo mediante un análisis costo-beneficio

Ley de adquisiciones N/A Ley especial

Ley de adquisiciones Ley de adquisiciones Ley especial

Guerrero Hidalgo Jalisco

Ley especial

Guanajuato

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Ley especial Ley especial Sin reforma legal Ley especial Ley especial Ley de adquisiciones

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Reglas para garantizar el valor por dinero de los PPS El proyecto prevé la necesidad de análisis costo-beneficio Omisión al respecto N/A Es necesario acreditarlo mediante un análisis costo-beneficio Ley especial Es necesario acreditarlo mediante un análisis costo-beneficio Ley especial Es necesario acreditarlo mediante un análisis costo-beneficio Sin reforma N/A Ley especial remite a la ley de Sólo es necesario acreditar la rentabilidad adquisiciones social Ley especial Acreditarlo mediante un análisis ahorro potencial-beneficio Ley de adquisiciones Omisión al respecto

San Luis Potosí Sinaloa Sonora

Fuente: elaboración propia con información obtenida y consultada el 28 de julio de 2011 en la página web del PIAPPEM.

Quintana Roo

Entidad

Tipo de regulación Ley que rige la adjudicación para los PPS de los PPS Sin reforma (proyecto de Proyecto de ley especial en ley especial en marcha) marcha Ley de adquisiciones Ley de adquisiciones Sin reforma Sin reforma Ley especial Ley especial

…continuación

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Durango

Colima Distrito Federal

Chihuahua Coahuila

Chiapas

Campeche

Baja California Baja California Sur

Aguascalientes

Entidad

N/A No existen normas especiales

Existencia de normas para mecanismos alternos de pago Afectación genérica de ingresos estatales para pago y/o garantía N/A N/A No existen normas especiales Afectación genérica de ingresos estatales para pago y/o garantía El proyecto de ley especial las Iniciativa de ley prevé afectación prevé genérica de ingresos La ley especial las prevé Afectación genérica de ingresos estatales para pago y/o garantía N/A N/A La ley especial las prevé Afectación genérica de ingresos estatales para pago y/o garantía

Existencia de normas especiales que regulen la contratación La ley especial las prevé

Continúa…

N/A Afectación genérica de ingresos por el Jefe de Gobierno Necesario para la plurianualidad y La ley de adquisiciones las prevé Sólo autorización del Congreso afectación de garantías para afectación de ingresos

Aprobación por parte del Congreso local Sí (plurianualidad y garantía de pago) N/A Sí (plurianualidad y garantía de pago) La iniciativa así lo prevé (plurianualidad y garantía de pago) De proyecto y presupuesto; afectación pago y/o garantía N/A Aprobar en partidas para cubrir obligaciones anteriores pagaderas ejercicio vigente, licitación, afectación pago/garantía N/A No se prevé la necesidad de hacerlo

Tabla 4. Marco legal de los Proyectos para la Prestación de Servicios

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Nuevo León Oaxaca

Nayarit

Morelos

Michoacán

México

Guerrero Hidalgo Jalisco

Guanajuato

Entidad

…continuación

Aprobación por parte del Congreso local El proyecto prevé la necesidad de aprobación por el Congreso No se prevé la necesidad de hacerlo N/A Sólo es necesario para afectar ingresos como garantía de pago Previa aprobación PPS, plurianuales, afectación garantía y adjudicación Suficiencia presupuestal, partidas para cubrir obligaciones anteriores pagaderas ejercicio vigente, afectación pago/garantía Autoriza previa PPS, partida presupuestal plurianual, garantía y contrato Autoriza y modifica PPI de vigencia multianual con preferencia en PE N/A Autoriza previamente PPS y partidas en PE durante su vigencia

La ley especial las prevé abun- Garantía por cualquier medio dantemente (sobrerregulación) legal, autorizada por el Congreso La ley especial las prevé abun- Afectación genérica de ingresos dantemente estatales para pago y/o garantía La ley especial es escueta No existen normas especiales No existen normas especiales Fideicomiso irrevocable, afectando ingresos estatales para pago y/o garantía

Existencia de normas para mecanismos alternos de pago La ley especial prevé afectación genérica de ingresos No existen normas especiales No existen normas especiales N/A N/A La ley especial las prevé Afectación genérica de ingresos estatales para pago y/o garantía La ley especial las prevé abun- Fideicomiso afectando ingresos dantemente (sobrerregulación) estatales para pago y/o garantía La ley especial las prevé Afectación genérica de ingresos estatales para pago y/o garantía

Existencia de normas especiales que regulen la contratación La ley especial las prevé

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Autoriza preferencia presupuestaria y garantía estatal N/A Autoriza plurianualidad y contratos Previa adjudicación, reforma, contrato y garantía Aprobar plurianuales para Proyectos de Inversión en Infraestructura

N/A Tanto el proyecto como la constitución de garantías de pago Autoriza plurianualidad y contratos

Autoriza previa PPS, partida presupuestal plurianual, garantía Autoriza previa PPS, partida presupuestal plurianual, garantía y contrato El proyecto prevé la necesidad de aprobación por el Congreso Se previó no hacerlo

El proyecto de ley especial las Proyecto de ley prevé afectación prevé genérica de ingresos No existen normas especiales Afectación genérica de ingresos estatales para pago y/o garantía N/A N/A La ley especial las prevé Afectación genérica de ingresos estatales para pago y/o garantía La ley especial las prevé Afectación genérica de ingresos estatales para pago y/o garantía La ley especial las prevé Afectación genérica de ingresos estatales para pago y/o garantía N/A N/A La ley especial las prevé No existen normas especiales La ley especial las prevé Afectación genérica de ingresos estatales para pago y/o garantía No existen normas especiales No existen normas especiales

En la sección específica de la ley Garantía casuística, autorizada de adquisiciones por el Congreso La ley especial es escueta Afectación de ingresos para pago y/o garantía

Fuente: elaboración propia con información obtenida y consultada el 28 de julio de 2011 en la página web del PIAPPEM.

Zacatecas

Tlaxcala Veracruz Yucatán

Tamaulipas

Tabasco

Sinaloa Sonora

San Luis Potosí

Quintana Roo

Querétaro

Puebla

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•

parte del Congreso local, cuando se trate de PPS estatales, y del Ayuntamiento, cuando estén involucrados proyectos municipales. Además, a este nivel debe mencionarse la existencia de mecanismos alternos de pago. A nivel de legislación secundaria han de explicitarse dichos mecanismos, así como conferir la autorización de los PPS al Poder Ejecutivo, mientras que su aprobación debe recaer en el Poder Legislativo. Adicionalmente, en este nivel ha de establecerse un procedimiento especial para la adjudicación de los proyectos y sus respectivos contratos, así como explicitarse el alcance de éstos.

Con base en los elementos antes referidos presento, en el siguiente apartado, mis comentarios sobre la Ley aprobada el pasado mes de junio por las y los Diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero. En este caso, es importante anticipar que la Ley en comento norma las APP no sólo para el orden estatal, sino también para el municipal.

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6. CONTRIBUCIÓN A LA PRODUCCIÓN Y LOS SERVICIOS A PEQUEÑA ESCALA: LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL EN LA MIPYMES

INTRODUCCIÓN

Las notas que se exponen intentan abordar, así sea de forma apresurada, qué cambios de los ocurridos en los últimos 30 años permiten replantear los supuestos que han caracterizado la preferencia generalizada por la gran escala y la centralización de mando que caracteriza a la gran empresa en países como México, a fin de revalorar la utilidad económica y competitiva de la producción y los servicios a pequeña escala. Ahora los cambios en general son valorados, intelectual y positivamente, por la disciplina administrativa, el viento va girando desde la hegemonía absoluta de la gran empresa hacia las MIPYMES, sin embargo, el pensamiento administrativo tiene que dar muchos pasos para aterrizar esta transición y contribuir protagónicamente en su conducción, a fin de no ir a la saga del pensamiento económico como ocurrió en el siglo XX, cuando los economistas decretaron que la gran empresa era la alternativa del futuro. En los primeros apartados, se sostiene que la preferencia por la gran empresa ha conducido a errores graves en las políticas para [113]

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propiciar el crecimiento económico, ya que a partir de que esta preferencia se generalizó la noción, de que las MIPYMES, debería de pasar desde sus tareas tradicionales o nichos de competitividad territorial al mismo carril de alta velocidad de las organizaciones contemporáneas y desarrolladas, asimismo, se sostenía que de otra manera las MIPYMES estarían destinadas a sucumbir bajo el peso de su carga de tradicionalismo y subdesarrollo. La generalización de este discurso incidió en la definición de los problemas y la agenda de políticas para el fomento y diseño de alternativas para mejorar la competitividad en la producción y los servicios en pequeña escala. Es obvio, que por el peso y la capacidad para generar empleos de estas industrias, este error de pensamiento fue y sigue siendo muy grave, en consecuencia, se argumenta que por lo menos debe de existir una advertencia sobre cuáles son sus particularidades en la postmodernidad, a fin de que la empresa a pequeña escala tenga un nicho funcional, tanto desde su identidad como en el aprovechamiento de las nuevas oportunidades que genera la era de la súper información. El reto es doble, se trata de aprovechar las ventajas tradicionales y las nuevas para fincar de manera clara, porque algunos autores la consideran ahora el corazón y prosperidad de regiones como la Unión Europea, pasando por la aclaración de que la empresa a escala pequeña, no están en transición permanente ni destinadas a ser grandes empresas. Otro punto que se apunta al final, es que las MIPYMES tienen el potencial de ser más rentables a los intereses fiscales y sociales de los estados nación, en un contexto creciente de economía abierta, por lo que es conveniente replantear la relación del estado con las MIPYMES, a partir de una visión más estratégica e inteligente y menos paternal y marginalizada, tal y como las grandes empresas lo han hecho en numerosas ocasiones a partir de redes y clústeres con integración vertical, donde la empresa en pequeña escala se integra de perfecta manera a la cadena de alta tecnología.

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Así, se trata reforzar las propuestas que ahora renuevan la funcionalidad, competitividad, fomento y viabilidad las PYMES. Este viraje intelectual es de la mayor importancia, especialmente en una economía como la mexicana donde el peso del sector exportador puede significar más del 60% de su propio PIB, pero el cual se ha traducido en un escaso coeficiente de integración en la cadena insumo producto, en baja recaudación fiscal e impacto marginal en la variable del empleo. A esta evaluación apresurada sobre los resultados magros de décadas de políticas de fomento hacia la industria exportadora y al abandono virtual del mercado interno, debe de añadirse los costos de la protección del sector exportador ante impactos y choques externos como los 2009, donde en sólo un año las estructuras del libre mercado y libre comercio, consumieron recursos muy superiores a los que las MIPYMES no han tenido acceso en décadas. Ubicar a las cadenas regionales MIPYMES de producción de valor como una alternativa para el control de la territorialidad y afirmación del estado nación, ante las evidencias empíricas de que el modelo exportador no produce ni los empleo necesarios ni los impuestos para financiar el desarrollo económico y social en México, que es un país cuyos rezagos son intolerables, ya que cubren a casi 60 millones de mexicanos en pobreza patrimonial, representa una obligación en la dirección del estado y en la formación de una nueva actitud del empresariado MIPYME con la sociedad y el entorno donde se cimentan sus mercados y futuros. Se intentará responder este planteamiento desde una perspectiva básicamente administrativa, sin pretender ir más allá de una exploración, seguramente de esta breve exposición sembrará más preguntas que demostraciones inmediatas, afortunadamente ahora, las investigaciones académicas recientes, los gobiernos nacionales y locales, así como las instituciones internacionales para el desarrollo y, desde luego, del mundo empresarial empiezan a mirar y mostrar la hermosura de la pequeña empresa y su contribución a la constitución de sociedades más justas y prósperas en el siglo XXI.

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ENTORNO EMPRESARIAL Y DEL EMPLEO EN MÉXICO

En el texto clásico, lo pequeño es hermoso, Shumacher1 afirmó que uno de los errores más funestos de nuestra época consistía en creer que el problema de la producción se había resuelto. En 1970, cuando redactó el texto de referencia en las naciones ricas existía la creencia generalizada de qué el futuro estaba caracterizado por la abundancia mientras que en las llamadas economías en vía de desarrollo la preocupación económica se centraba en lograr una mayor transferencia tecnológica para sustituir importaciones y en detener la explosión demográfica como condiciones previas al desarrollo y la administración de la riqueza, en el seno de esta creencia, la llamada era de producción fordista, la gran empresa era indiscutiblemente la protagonista de un futuro prometedor. En México se vivió en una versión particular sobre este tipo de creencias económicas y de desarrollismo ingenuo, lo cual llevó a una crisis fiscal y de ahí al ciclo neoliberal como receta ineludible para sobrevivir y recuperar la estabilidad, pero también para perder el crecimiento económico de largo plazo del país. Sin embargo, a pesar de los fracasos reiterados de las políticas neoliberales, una creencia definitivamente no cambio: la gran empresa es el único camino, lo que había fallado era que los estados nacionales habían intentado realizarla a partir del estatismo y no por la vía del libre mercado, es más, en la medida en que las crisis se agudizó, se llegó a la conclusión de que la gran corporación globalizada sería el motor del futuro. En 1992, en los albores de la firma del TLCAN, el Presidente en turno Carlos Salinas de Gortari, esbozó su propuesta modernizadora mediante la cual se recogía la tesis de que las grandes empresas serían las industrias motoras y que sus enlaces insumo producto serían suficientes, para jalar tras de sí, el aparato productivo nacional.

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Shumacher, E. F., (1973). Lo pequeño es hermoso. Madrid, España, Orbis.

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Al final, como se dice, números rojos. Promesas incumplidas, por las razones que muchos analistas esgrimieron desde entonces, la apertura debió realizarse: • • •

El proceso de liberalización debió haber sido gradual; Las concesiones debieron ser recíprocas; Las relaciones entre los países debían basarse en la extensión incondicional e ilimitada de las ventajas de la nación más favorecida.

Asimismo, desde entonces, se mencionaba la necesidad de que la expansión de los intercambios debían ser marcados por compromisos de diversificación mutua y por condiciones que favorecieran a la nación menos desarrollada, como fue el caso de México, o bien como se pactó en Europa la incorporación de Grecia, España y Portugal a la Unión Europea. El punto es que la apertura y eliminación de las barreras arancelarias y aduaneras, debían de encaminarse hacia una integración armoniosa y de mutuo beneficio. Veinte años más tarde, en México, aún no hemos terminado de salir del ciclo de ajustes y recortes, los cuales se han sucedido y uno tras otro sin que las promesas del libre mercado y comercio se cumplan. En efecto, el crecimiento económico y poblacional está empatado a un ritmo casi idéntico, el cual ronda en alrededor de una tasa anual del 2.5%, lo que a su vez estanca estructuralmente el PIB per cápita. Más aún, el empleo formal no ha crecido significativamente generando un déficit intolerable, ya que por efecto de la transición demográfica el crecimiento de la PEA es muy superior, alcanzando tasas de hasta del 8 por ciento, en consecuencia, el país debería de crear 1.2 millones de empleos anuales. Esta presión se ha desahogado con la válvula de escape de la migración internacional, pues alrededor de 400 mil paisanos migran anualmente hacia EEUU; y otro monto semejante de empleos se crea en el sector formal, mientras que la última tercera parte se ha orientado hacia el sector informal. Loria (2009), resume el alcance de esta tragedia:

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Debe destacarse que desde mediados de los años ochenta, en que aparentemente se eliminaron las trabas para la plena y rápida incorporación de la economía mexicana a la globalización, que llevaron a multiplicar la importancia del comercio y de la inversión externa, no se ha logrado recomponer una eficiente estructura de acumulación y de crecimiento económico. Más bien, parecería que ha operado una transición destructiva de la que hasta ahora no han logrado perfilarse condiciones de recuperación. En ese sentido, tendríamos que reducirle importancia a factores coyunturales (choques externos) y –en su lugar– centrarnos en aspectos de acumulación de largo plazo y sugerir que la economía mexicana pasó de la “edad de oro” a la de “plomo”, esta última caracterizada por “registrar tasas de acumulación de capital menores que el crecimiento demográfico, por lo que el desempleo crece sostenidamente en el tiempo y los niveles de vida se reducen sin que aparezca ningún factor que corrija esta tendencia. En consecuencia, los conflictos redistributivos y sociales afloran”.

En ese sentido, se cumple fielmente la llamada ley de Okun (Okun 1962), la cual reporta que una tasa de crecimiento baja, genera alto desempleo y pérdidas irreparables en la productividad, con lo que se genera un círculo vicioso que se auto reproduce y se afianza como una característica estructural.2 Todavía más, hace dos años, el empleo en la economía informal superó a los registrados formalmente en la seguridad social (alrededor de 14.5 millones respectivamente), evidenciando el agotamiento de una apertura equivocada que tuvo como directriz y estrategia capotear los cambios mediante el incremento de la competencia desde el sector externo, esperando que los mercados libres se tradujeran automáticamente mayor competitividad y estructuración lógica en las cadenas de producción sectoriales. Esto explica em2

Para examinar a detalle, pero brevemente este asunto desde una perspectiva económica, véase Eduardo Loria (2009), Sobre el lento crecimiento económico de México. Una explicación estructural. México DF, México: Investigación Económica, UNAM, vol. LXVIII, núm. 270, octubre-diciembre, pp. 37-68.

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Cuadro 1

Fuente: Tomada del diario Nacional el Financiero, 7 de julio de 2010.

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Grรกfica 1

Fuente: el Financiero, 7 de julio de 2010.

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píricamente la destrucción de sectores completos en la economía formal, como fue el caso en la industria juguetera, por ejemplo. De manera particular, el impacto de la apertura golpeó a la MIPYMES y a la estructura tradicional del campo y de los sectores primarios de México3. Sin embargo, sólo basta observar la evolución de la última década de la economía mexicana para saber el tamaño de la emergencia económica que vive actualmente México (véase gráfica 1). CRÍTICA SOBRE LAS VERSIONES DEL DISCURSO ADMINISTRATIVO ACERCA DE LAS MIPYMES

El caso de México y de su élite gobernante con su adoración permanente por la gran empresa, no es extraña a la realidad del análisis y tendencias generalmente aceptadas en el pensamiento administrativo contemporáneo, el cual evidentemente tiene un sesgo centrado en realidades del mundo plenamente desarrollado, lo cual debería de conducir a tener por lo menos advertencias sobre las distancias que separan a las regiones y países. Incluso si revisa de manera crítica en este discurso se pueden encontrar incongruencias. Las versiones petrificadas del pensamiento de Drucker4 guían, con sentido de fe más que con demostración empírica, hacia una confianza acrítica hacia la gran empresa. Se cree ciegamente que los llamados cambios oceánicos son sinónimo de esperanza automática, que la organización basada en la información es una clave para abrir paso a la era de la súper información y, de

Al respecto se puede consultar a también a Loria idem, los datos expuestos son contundentes y demostrados empíricamente, sin embargo, no es el propósito realizar un análisis económico sino puntualizar el contexto de la propuesta para las MIPYMES. 4 Se cita a Drucker, F. Peter, por el liderazgo de su pensamiento administrativo en el siglo XX, al respecto y debido a lo extenso de su pensamiento sobre la Gerencia, una buena referencia se puede centrar en el entramado derivado de la Wikipedea.org

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ahí, al desarrollo de un futuro con abundancia, donde la sociedad de consumo seguirá arrogante contra todos los pronósticos. Este consenso conduce a las creencias que criticó Schumacher con referencia a la era fordista en las décadas de la posguerra, por lo tanto, no hay de nada que preocuparnos, pues los mercados y las grandes empresas se harán cargo del futuro. El efecto de un posicionamiento intelectual petrificado, conduce inevitablemente a un estancamiento en la disciplina administrativa, a lo que Drucker obviamente se opondría, pues a lo largo de su obra este pensador se caracterizó por la búsqueda y revisión perpetua en el mejoramiento de las organizaciones, de sus rendimientos y en direcciones efectivas y sus resultados en forma de: utilidades, expectativas, rendimientos fiscales y empleo. La petrificación del pensamiento obviamente conduce al dogma, no a la creatividad, ejemplos de estas búsquedas podría centrarse en el conjunto de libros sobre las organizaciones sin afanes de lucro que condujo al concepto de empresa socialmente responsable, o al de los cambios tecnológicos informáticos que revelaron el concepto era de la información, hoy, el desafío administrativo en América Latina debe de responder a cómo abordar y resolver el problema la competitividad y mercadeo MIPYME, pues de ellas depende en gran medida el dinamismo del mercado interno, empleo y retorno al crecimiento económico. No es cosa menor, en México por ejemplo, las MIPYMES a pesar del abandono virtual generan la mitad de los empleos de la economía, esto es, si tomamos los datos y los criterios más oficiales, en otras palabras representan la mitad de los motores del crecimiento económico. El primer problema para avanzar hacia una nueva visión es, precisamente, revisar crítica y constructivamente la visión petrificada sobre las tendencias y cambios, así como su asociación conveniente las grandes empresas, las cuales terminan acaparando el elenco del teatro administrativo sin admitir otras alternativas, y ahora ya sabemos, que tanto en el corto como en el largo plazo, los beneficios de las grandes empresas globalizadas son insuficientes para los desafíos y atrasos estructurales ya existentes. Es el momento de revalorar la

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aportación y contribución MIPYME en esta tarea, debe de construirse una cultura administrativa que integre el enfoque de la empresa en pequeña escala al pensamiento intelectual y en las prácticas directivas. No realizar esta tarea es seguir la vía mexicana, como se señaló en el apartado anterior, si bien en el país se ha producido una revolución en el comercio internacional, los enlaces insumo producto derivados por este comercio en el ámbito financiero, fiscal, social han sido francamente limitados, pues no responden ni a la dinámica mínima de crecimiento económico y, en mucho menor medida, a la necesidad de creación de fuentes de trabajo y hasta en la generación de una oferta global a precios competitivos, ya que en nuestros países, con frecuencia, la gran empresa emerge también en monopolio y prácticas desleales de comercio en el mercado interno. LAS MIPYMES Y EL DISCURSO DE LA POSMODERNIDAD

Un segundo problema emerge desde una visión más sociológica respecto de los cambios en el entorno en las últimas décadas, pues existe el predominio de una versión acrítica de los parámetros posmodernos, al respecto, Cástulo Morales en el texto electrónico “El significado de las organizaciones contemporáneas”5, y que a su vez cita el trabajo de Leonardo Scharvaesteim, nos sintetiza sus parámetros (véase cuadro 2).6 Naturalmente existe un debate sobre la validez de estos parámetros en nuestros países, donde aún con la apertura, liberalización e internacionalización y se quiere, democratización, el peso de grandes segmentos sociales tradicionales aún es significativo y quizá más impresionante es, la modernización de cartón en la que están atrapados grandes segmentos sociales y productivos. Estas sencillas

5 Especialidad en Gestión Pública (2009): El significado de las organizaciones contemporáneas. Universidad Virtual de Bogotá, Colombia: FEA ESA. 6 Leonardo Scharvaesteim (1998). Diseño de Organizaciones. Buenos Aires: Paidós.

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Sentido único; épica/nación Objetividad; realidad externa Separación sujeto-objeto Distancia óptima Escritas Estado/Partidos políticos Europeo

Epistemología

Posición del sujeto

Comunicaciones

Modelo político

Etnia

Cosmovisión

Visión del Mundo Fuerte/afirmación

Progreso

Creencias

Pensamiento

Orden

Ontología

Historia

Racionalidad única

Modernidad

Principio Organizador

Parámetro

Posmodernidad

Diversidad: racial, sexual, cultural, estética

Sociedad civil/ONG

Audiovisuales

Inclusión, implicación

Subjetividad; Realidad construida Interacción sujeto-objeto

Débil/duda

Diversos sentidos, vida cotidiana

Fragmentación, localización

Degradación

Caos

Racionalidad múltiple

Cuadro 2. Modernidad y posmodernidad en el nivel social

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razones impiden que se compre de manera acrítica esta versión que corresponde más a una teorización que a la evidencia de que los cambios ya ocurrieron en nuestros países, en todo caso, como se afirmaba hace algunas décadas, por lo menos debemos de imaginar los puentes para generalizar el paso de la tradición a la modernidad y de ésta a la posmodernidad en América latina, o bien, dejar de orientar en la práctica la estructuración de los mercados con criterios exclusivos y basados en las nuevas tendencias, preguntarnos, ¿cuál debería de ser la actuación subsidiaria del estado y del mundo empresarial con las MIPYMES para que los procesos de cambio posmodernos resultasen exitosos y contribuyeran a una sociedad más justa? Debo de pronunciarme de manera clara respecto de estos parámetros posmodernos, no se trata de negarlos, se trata de saber a qué ritmos y constancia se están presentando para poder administrar y construir puentes productivos entre lo nuevo y lo viejo, de forma tal, que no se traduzcan en una visión pasiva que conduce a la parálisis y al abandono de la innovación regional y a las estrategias de adaptación para que las sociedades latinoamericanas sean mejores y más productivas a largo plazo, en vez de quejarnos por la presencia de la ley de Okun como características de este tránsito a la posmodernidad. Otro punto que vale la pena considerar, porque afecta directamente al tema que nos ocupa; es el que tiene que ver con los parámetros apuntados en el cuadro 3, donde incluso, una perspectiva crítica superficial deja clara la distancia y dedicatoria exclusiva de los parámetros posmodernos hacia los sectores de gran escala y exportadores. En esta visión de la posmodernidad no existe lo pequeño, no se toma en consideración a la pequeña escala empresarial que emerge desde lo tradicional, debe de adaptarse y no sólo sufrir los cambios. Debe de quedar claro, que no me refiero a producción de fuetes para caballo, sino a cadenas productivas con gran viabilidad y futuro, las cuales si no se toman medidas imaginativas, no podrán contribuir a un futuro más justo ni a mercados maduros y competitivos, como es el caso de la deseable pequeña escala que debe de conservarse en sectores como la venta al detalle, y que de forma equivocada están siendo entregadas a las grandes empresas.

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Estilo de dirección Control Resolución de conflictos

Diseño Lugar de trabajo Tiempo de Trabajo Toma de decisiones

Organización del trabajo

Parámetro Límites contexto Principio Valores Énfasis en las relaciones Relación individuo-organización. Metáfora Estructura

Integración, polivalencia, posiciones rotativas.

Posmodernidad Difusos Dependencia multiple Creatividad, el cambio Empowerment Complementaria Organismo Redes, Matriciales Flexibilidad, descentralizadas.

Ambigüedad, particular Remoto (trabajo=actividad) Flexible Racionalidad limitada, preferencias problemáticas. Controlador Nutricional, femenización. Omnipotente, externo, por actividades Dejar hacer, interno, autocontrol, por la cultura. Verticalidad, autoridad Negociación.

Modernidad Precisos Unidad de mando Disciplina, alineamiento, conservación. Subordinación, autoridad Complementaria Máquina Piramidal, estratificada/ Rigidez, centralización División, especialización, posiciones fijas. Especificación universalidad. Localizado (trabajo=lugar) Rígido Racionalidad, Preferencias claras

Cuadro 3. Modernidad y posmodernidad en las organizaciones

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Cuando se trata de aterrizar estos los parámetros de la posmodernidad a las MIPYMES, la distancia se vuelve prácticamente infranqueable (véase cuadro 3). Obviamente, las condiciones de la posmodernidad y organizaciones contemporáneas, difícilmente se expresan, en la vida cotidiana de los nichos y segmentos ocupados por las MIPYMES, ya que en sus rutinas de trabajo aún pueden palparse los métodos tradicionales y, quizá, los modernos. Esta afirmación sería irrelevante si ignorásemos que en nuestras economías el empleo y el mercado interno están, frecuentemente, en más de dos terceras partes asociadas a las MIPYMES7, luego entonces, la modernización auténtica de la pequeña empresa es el problema de nuestra economía y no un apéndice, como equivocadamente se nos enseña en las escuelas cercanas a los sectores y en la práctica de política pública. ¿LO PEQUEÑO ES HERMOSO? PERO EN EL PUEBLO LAS COSAS SE HACEN COMO SIEMPRE

El tercer problema deriva del peso persistente de la cultura economicista del viejo desarrollismo, el cual se asocia conceptualmente con el fordismo y que se traduce en el congelamiento relativo de la agenda políticas, los programas específicos y la marginalidad presupuestal en la relación de subsidiariedad desde el Estado8, lo que señala la lenta incorporación e innovación en el diseño de políticas públicas y a que las MIPYMES, en la experiencia mexicana, son consideradas hermanas menores de la gran empresa, contrariamente a hallazgos recientes:

7 En México oficialmente, la producción y los servicios en pequeña escala ocupan el 42 por ciento de la PEA. Ver MIPYMES, en Wikipedea.org 8 En México, el PEF 2009 fue de 3.3 billones de pesos (millones de millones), el presupuesto total destinado a las Mipymes fue de 8,950 millones (.27% del total), pero si consideramos las transferencias en inversión sin el gasto burocrático, la cantidad se reduce a 3,964 millones (.11% del total).

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Un error recurrente en algunos trabajos del área, y que conviene resolver, es aquel referido a la asimilación de las MIPYME a las GE, criterio no muy acertado; resulta imperante distinguirlas de la teoría de las grandes empresas. Las MIPYMES no son versiones de GE de menor tamaño, pues su dinámica y organización interna es distinta, así como también su dinámica empresarial, la forma de relacionarse con los agentes económicos, con los proveedores y compradores, e inclusive con los empleados. Las MIPYMES son un fenómeno aparte de las GE y deben ser estudiadas como tal”. PP 10.9

En la práctica, las asociaciones MIPYMES son consideras abiertamente como grupos de presión y los montos de los recursos presupuestados para las políticas públicas que gestionan sectorial o regionalmente así lo reflejan. El estudio de Álvarez y Durán así lo corrobora para América Latina, sin más. Esto nos obliga a revisar críticamente los discursos contra la realidad, en México, por ejemplo, la cantidad de recursos dedicados a estos rubros ha sido marginal, con respecto al tamaño de la economía, así sus recursos nunca han logrado ser mayores a los 700 millones de dólares, de un presupuesto mayor a los 250 mil millones de dólares. No obstante, a que se mercadea con los montos, garantías y créditos que desde las instituciones financieras supuestamente dirigidos a los sectores de producción y servicios a pequeña escala, debe de distinguirse entre el discurso y la práctica, como ejemplo se cita el caso de la industria tortillera. Recientemente, durante el periodo de crisis relativo al precio de la tortilla (2007 y 2008), se logró demostrar que el programa destinado a las MIPYMES-tortillerías y sus recursos, terminaron en manos de los acaparadores del maíz y de sus procesadores (Maseca, p.e.), sin que los apoyos se reflejaran en mejoras o descuentos efectivos Álvarez, Mariano y Durán Lima, José (2009). Manual de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Una Contribución a la mejora de los Sistemas de Información de las Política Públicas (1er ED). San Salvador: CEPAL. Esta 9

consistente investigación y sistematización sobre el tema, señala exactamente lo contrario, a partir de este apartado obviamente esta publicación es la referencia obligada de esta reflexión.

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para las tortillerías, las cuales eran más de 10 000. Y aunque no se pretende abordar y levantar polémica sobre este asunto, las quejas persisten alrededor de otros programas más institucionalizados, así lo señalan las cámaras empresariales (con asociados mayoritarios MIPYMES), como fue el caso de las instituciones de financieras cuya misión son las MIPYMES, las cuales terminaron apoyando y subsidiando a las GE exportadoras durante los rescates y subsidios durante la emergencia financiera de 2009. Lo que quizá es más grave, en una perspectiva de largo plazo, es que la agenda de problemas MIPYME parece corresponder a la década de los sesenta del siglo XX más que a la adorada posmodernidad, a saber: • • • • • • • • • • • •

Falta de capitalización adecuada. Obsolescencia tecnológica. Cadenas productivas rotas en razón de la escala. Problemas para acceder al crédito a tasas compatibles con la rentabilidad. Regulaciones locales que complican las operaciones. Resistencias para asimilar las asociaciones o los contratos de subcontratación. Insuficiente asimilación de la gestión de calidad, las tecnologías de la información y los impactos ambientales Bajo poder de negociación en la cadena insumo producto frente a proveedores y clientes, lo que genera altos costos y bajos precios. Reducido enlace con la corriente producida por los tratados de comercio internacional. Bajo acceso a los programas de promoción y apoyo nacionales e internacionales. Baja calificación del empresariado, la mano de obra y alta rotación. Ausencia de programas de calidad, productividad y modernización de los procesos productivos.10 Fundación Siglo XXI (1994), Política industrial, retos y propuestas.

México, DF: Ed. propia. La afirmación se extiende a los programas derivados en la Secretaría de Economía para el periodo 2000-2009.

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En otras palabras, en la práctica de las políticas públicas, las no son modernas y mucho menos posmodernas, por lo menos, desde la perspectiva del gobierno federal mexicano. En sentido contrario y recogiendo la experiencia europea, en el estudio de la CEPAL, se les considera potencialmente auténticos motores en ciernes, para las economías modernas de América Latina, a saber del siguiente hallazgo: Verheuegen las considera “el motor de la economía europea” (Comisión Europea, 2005, p. 2); pero esto no siempre ha sido así, y es necesario saber cuál es el camino que nos ha traído hasta aquí”, p. 11. De manera particular, diría que ese camino aún es la cultura económica y administrativa predominante en nuestro medio, sólo para repasar, cito el texto de referencia donde se sintetiza brillantemente los antecedentes que culturalmente, aún dominan en la literatura MIPYMES: MIPYMES

Aún dentro del presente concierto de trabajos sobre el tema, la postura según la cual, los economistas nunca han prestado demasiada atención al fenómeno continúa estando vigente (Di Tommaso & Dubbini, 2000); no obstante, dicha observación es más afín a las décadas del cincuenta, sesenta y setenta; en que el enfoque económico predominante (en materia empresarial), era el de la producción en serie, siguiendo aquel modelo de industrialización caracterizado en los Estados Unidos por Henry Ford; así, cualquier forma de organización fabril distinta al fordismo era considerada como ineficiente, y por lo tanto, excluida del análisis detallado; especialmente por ser considerada ineficiente en la intensidad de utilización de las energías. “La asociación positiva entre tamaño de la planta y la productividad de la mano de obra en un esquema de uso intensivo de la energía, fue el elemento decisivo que justificó el predominio de las firmas grandes en la organización de la producción” (Yoguel, 2005, p. 94). A pesar de la poca importancia que los teóricos asignaban al fenómeno de las MIPYMES, éste existía y era constatado en la realidad económica de los países, sin embargo, la teoría económica de las

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décadas anteriores a los ochenta consideraban a las MIPYMES, como signo de sub-desarrollo económico (Kaufmann & Tesfayobannes, 1997), como si las empresas de menor tamaño estuviesen envueltas en un estadio de crecimiento menor que las grandes empresas, estableciendo con la dimensión de estas, una relación directa con la evolución de la economía nacional; por lo tanto, las MIPYMES estaban destinadas a desaparecer una vez que el país se desarrollase, siguiendo el curso natural de la evolución económica.

Concluyo esta exposición apresurada, es indispensable un cambio en la cultura administrativa, especialmente en el marco conceptual sobre el entorno; ya que debe de ser revisados con cuidado, a fin de que la liberación económica, comercial y desregulatoria, el libre comercio y las señales posmodernas que está enviando a la aldea global, tanto en el nivel conceptual como en la forma de conocimientos aplicados de mercadeo, estrategias financiera, recursos humanos y gestión de calidad, ciencia aplicada, etcétera, sean funcionales al ritmo y aterrizaje de la dinámica económica regional y coadyuven al tendido de puentes para la preservación del ambiente MIPYME y a la protección de valiosos empleos, así como a la generación de rentas distribuidas en el mercado interno de nuestros países. Asimismo, la relación subsidiaria desde el Estado debe de cambiar para ser útil y valiosa en el proceso de pos modernización MYPIME de largo plazo, asunto que se aborda en el siguiente apartado. CONTRIBUCIÓN AL MEJORAMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS HACIA LAS PYMES

Ahora si se examina la propuesta y el listado del estudio de la CEPAL de manera particular, se llega fácilmente a la conclusión de que se está ante una posibilidad positiva, ante un proyecto coherente y seminal, a partir del cual, se puede iniciar una nueva generación y masa crítica de investigación para avanzar hacia una etapa superior en la relación y revaloración de las MIPYMES y su relación con la sociedad y Estado.

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El estudio sirve de plataforma para reexaminar el tema, en esta breve discusión se examinará la segunda relación MIPYMES-gobiernos, la cual, es también el objetivo principal del estudio referido (aunque no el único). Las contribuciones del estudio de la CEPAL Dos son las notas a partir de las cuales se reconoce la fundamentación y las razones del optimismo compartido en el estudio y del lector practicante de la administración, la primera menciona la posibilidad de construir un nuevo paradigma: … a partir de entonces, y bajo el nuevo paradigma, las pequeñas firmas empiezan a ser consideradas como eficientes, flexibles y dinámicas (Späth, 1993), especialmente por países en desarrollo que necesitaban firmas adaptables que lograsen sobrevivir a los efectos exteriores de las crisis; no obstante, su estudio no prosperó de igual forma, sino hasta que fue tomado por los países industrializados (Schmitz, 1993).

En otras palabras, el replanteamiento del problema se conocía desde el inicio de la tragedia neoliberal, pero fue condición que primero fuera adoptada por la racionalidad de los países desarrollados para luego aterrizar en nuestro medio, así, Álvarez y Durán, nos narran la ruta de ese conocimiento y re conceptualización: En 1994 el Banco Mundial entrega tres argumentos centrales que apoyaban la política de ayuda hacia el sector PYME: el primero era que favorecían la competencia y el emprendimiento, aumentando los beneficios de una economía flexible, a través de su eficiencia e innovación. El segundo, que las PYMES eran más productivas que las GE, pero que no eran apoyadas por el sector financiero, haciéndose necesaria la ayuda estatal. Finalmente, la evidencia empírica demostraba que las PYMES eran más funcionales al empleo que las GE’s, debido a que las primeras son intensivas en mano de obra,

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mientras que las segundas lo son en maquinaria (Beck, DemirgüçKunt, & Lavine, 2005).

De esta forma, y una vez que se tiene claro que esta es una tarea inicial, vale la pena considerar las contribuciones puntuales del estudio y realizar una breve sinopsis. El estudio tiene la virtud de proponer, ordenar y sistematizar asuntos compartidos sobre los cuales hay grandes silencios y pocos avances hasta hoy, respecto de los cuales hay que saludarlos positivamente, pues representan un paso definitivo a la elaboración de muchos estudios empíricos, metodológicos, comparativos, de corroboración y prueba en el futuro, a saber. La presentación de una taxonomía a diversos niveles: •

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Estadística. Se presenta el estado actual de las estadísticas, así como los desafíos para perfeccionar un sistema comparado y estandarizado, así como una nota para establecer un monitoreo de la producción a pequeña escala y los tratados de libre comercio; Definiciones. Se abordan los diversos criterios de los estados nación para definir la producción y servicios a pequeña escala, sus incompatibilidades, así como la información puntual por país. Asunto sin el cual no puede abordarse el tema o llegar a Criterios para una definición trasversal. Clasificaciones. En este apartado, se inicia la posibilidad de tener estadísticas comparables, confiables, en el esquema 1, Clasificaciones, este simple diagrama por sí sólo, representa un resultado ordinal y clarificador de esta sistematización inicial, de la cual, se derivan interesantes aportaciones, de forma particular destacan los apartados referidos a las micro, auto empleadoras y unidades empresariales informales, los cuales representan desafíos de frontera. Determinantes del Tamaño. Donde se abordan los temas de tecnología, costos de transacción, características del mercado y ciclo de vida de las empresas, se esbozan las con-

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dicionantes de una nueva política pública para la producción y servicios a pequeña escala y al entendimiento de los nichos y alcances territoriales. En lo relativo a las aportaciones económicas, al lado de la enumeración de los factores tradicionales destaca de forma sencilla y elegante el apartado Integración Económica, donde aparecen los temas: Redes, Clúster, Proyectos Territoriales e Integración Vertical, lo que da paso al apartado: Modos de Articulación Exportadora: articulaciones con las GE’s y diversas estrategias para impulsar el ánimo exportador, asunto de la mayor relevancia económica, pero, desde la experiencia mexicana, con poca expectativa en materia de empleo y contribución fiscal. Para concluir, el estudio presenta un grupo de indicadores cuyo propósito es construir un Sistema de Información Público, académico y de utilidad empresarial, a fin de poder Monitorear multidimensionalmente a los sectores MIPYMES. Al respecto debe comentarse que el objetivo se logra, desde el diseño planteado por los autores, ya que se está ante la presencia de un proyecto de política pública que con suficiente tiempo obtendrá resultados, sí las naciones latinoamericanas acceden a colaborar y cooperar, tanto desde el gobierno como de la academia e iniciativa privada en la instrumentación de encuestas comunes y sistemas estadísticos compartidos y comparables, tanto a nivel conceptual (marco lógico) como en los instrumentos de medición. Así se concluye, presentando los indicadores concretos de medición macro, los cuales son, sin lugar a duda, relevantes, pertinentes, confiables, alcanzables y, en general, cumplen con los requisitos para la creación eventual de un Sistema de Control de Gestión Macro, a partir del cual se podrá conectar la información de la gerencia gubernamental con la evaluación formalizada y eventual re conceptualización de las políticas públicas. La propuesta En este apartado y breve propuesta, la relación se invierte y parte desde la perspectiva MIPYME, así se argumentará que el relanzamien-

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to focalizado de la relación subsidiaria es muy conveniente para los gobiernos a condición de integrar beneficios empresariales para la producción y servicios en escala pequeña. Así se propone integrar nuevos conceptos a la agenda de política pública, con el propósito de actualizar las potencialidades de las MIPYMES ante los retos del siglo XXI y también para complementar modestamente la propuesta de la CEPAL, desde una perspectiva de contribución productiva e informativa tanto para las empresas como para los gobiernos. Contribuir al ánimo de mejorar el mundo de las MIPYMES representa una gran oportunidad, en una época donde las alternativas se cierran y donde lo áspero de la resaca de la crisis financiera se extiende para abarcar el siguiente lustro11. En esas condiciones tres son las razones desde los gobiernos para reformar esta relación: • • •

Proteger el empleo; Asegurar la diversificación de la oferta global de bienes y servicios; y Razones de carácter fiscal.12

Se retoma el concepto de tecnología intermedia de Schumacher, como guía conceptual y propuesta racional para modernizar las políticas hacia la producción y servicios en pequeña escala, y se ubica la propuesta a partir del concepto de gobernanza, porque una política como la que se expone deber ser aceptada por el empresariado, desde la sociedad, a fin de construir objetivos colectivos plenamente compartidos, obviamente, la relación sólo puede sub-

Que como se sabe, en esta coyuntura económica se valora la posibilidad de estar en la antesala de otra gran depresión, según el reciente artículo de Paul Krugman (NYT, julio de 2010). 12 No se explorará esta dimensión obvia, aunque después de 3 décadas de implantación del modelo exportador, en México queda claro que el futuro del Estado Nación se asocia directamente al tamaño de su mercado interno, cuando éste se traduce en recaudación vía impuestos al consumo, en consecuencia y en gran medidas, a las Mipymes.

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sistir en una democracia y en un sendero orientado hacia una sociedad abierta. La propuesta se inspira en el concepto de tecnología intermedia, la cual ha sido introducida desde el fordismo como una solución observada desde el mundo de las manufacturas, como tecnología que se integra a la función de producción, lo cual revela el contenido economicista inicial de esta visión, pero también lo costoso que fue la tecnología informática orientada hacia la administración. A principios de 1970, los sistemas de información relativos a las organizaciones empresariales se centraban en los Sistemas de Información Contable (AIS) basados en tarjetas perforadas y cuyo costo sólo podía ser sufragado por las Grandes Empresas (GE’s). Luego, la revolución de la informática apareció para cerrar la brecha, mediante muchos intentos y progresos sucesivos en las GE’s, especialmente en la industria petrolera, así, se avanzó lentamente hacia el concepto de Sistema de Información Gerencial (SIG o MIS, por sus iniciales en inglés). Las GE’s dieron cuenta de que el asunto no era sencillo, se multiplicaron las ofertas de cómputo, la evolución de la industria fue eliminando a muchos competidores, hasta que actualmente, la oferta mundial señala a SAP y ORACLE como las principales productores de SIG’s.13 Se define un SIG como un sistema que proporciona información a usuarios que tienen necesidades similares. Los usuarios generalmente constituyen una organización. El SIG’s sintetiza la información sucedida en el pasado, presente y futuro en forma de modelos previamente diseñados que son de utilidad para tomar decisiones en el ámbito de la gerencia, en las operaciones y en las relaciones con clientes y proveedores.14

13 Para un recorrido sintético y con visión administrativa, ver: Davenport, Thomas H., (2002). Misión Crítica, Promesas y riesgos de los sistemas empresariales de información. México DF, México: Oxford University Press, 14 Para una exposición detallada desde las perspectiva de la teoría de sistemas Ver: Raymond, McLeod, Jr., (2000). Sistemas de información gerencial, México, DF, México: 7ma Edición, Pearson Educación.

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Desde una visión administrativa abrir el mundo de los SIG’s a las MIPYMES es llevarlas directamente a la era de la súper información. Los SIG’s son ahora tecnología intermedia de bajo costo y flexible, de la cual se puede elegir e integrar módulos especializados a las necesidades de las MIPYMES, facilitar la planeación, dar soporte a las operaciones y a la entrega de servicios. En consecuencia, se pueden obtener saltos importantes en sistemas de información de: • • • • • • • • • • • • •

Mercadotecnia y gestión global de ventas promovida por las agencias especializadas; Programas y licitaciones públicas de compras gubernamentales; Control de inventarios y compras; Manufactura; Financiera; Recursos humanos y nomina; Servicios de seguridad social; Recursos de información; Contabilidad , cobranza y pagos; Conexión directa a los programas de financiación del sector; Conexión a los programas de subsidios de los gobiernos; Facilita la ruta hacia la gestión de calidad y la mejora continua. Desde luego, que el efecto más poderoso del SIG es el que mejora la gestión de ventas y mercados, colocación de productos a diversas escalas: local, nacional e internacional.

También es la herramienta correcta para bancarizar (crédito electrónico) y sistematizar fiscalmente las cuentas de la empresa, así como para dar soporte a la armonización de la contabilidad y en general a los registros que servirían al sistema de información público, empresarial y académico analizado en el apartado anterior. En virtud de que la tecnología bajó su precio hasta el punto de hacerla accesible a las MIPYMES y de que ahora son populares los diseños para estas organizaciones, en consecuencia, se propone que

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los gobiernos se centren en construir una red experimental de paquetes tecnológicos SIG’s con las características antes señaladas, pues se trata de la tecnología intermedia que se puede integrar en principio a las entidades con mayores recursos, pero el programa puede seguir bajando hacia las entidades con mayor informalidad, en la medida en que se pruebe que la política pública es útil y que genera beneficios concretos a los pequeños empresarios y microempresarios y auto empleados. Para concluir, una crítica fácil a la propuesta puede centrarse en que es mejor asignar recursos a los rubros de la agenda tradicional, en vez de impulsar tecnología administrativa y que es mejor centrarse en la manufactura, sin embargo, debe tomarse en cuenta que el éxito de las agencias especializadas en las MIPYMES, en Europa, India y EEUU, por ejemplo, el éxito siempre ha sido escrito a partir de mantener la mente abierta para renovar la relación subsidiaria hacia la productividad y la competitividad. Enseñar a pescar más que regalar pescados.

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DESARROLLO SOSTENIBLE, GÉNERO Y SOCIEDAD CIVIL. UNA AGENDA PROGRESISTA PARA EL FUTURO DE MÉXICO El desarrollo es un proceso universal y es parte de la esencia del ser humano y por lo tanto es la fuerza creadora que guía el espíritu, la mente y el cuerpo, es el poder que nos impulsa a explorar siempre nuevas dimensiones y a ser cada día mejores. Pero este desarrollo, cada vez más acelerado, nos ha llevado a un punto crítico, como especie y ha creado una situación de contaminación y deterioro ambiental, a nivel global. La sociedad humana se ha percatado de que hemos llegado a un límite en el que no podemos continuar con el tipo de desarrollo que hemos tenido hasta ahora, pues estamos a punto de destruir los sistemas básicos que sostienen la vida y de los cuales depende nuestra existencia misma. Sin el funcionamiento sano de la Biósfera, el ser humano y muchas otras especies no podrán sobrevivir. Es por eso, que al encontrarnos en esta crisis existencial global, el mayor reto reside en buscar soluciones a los problemas que nosotros mismos hemos creado. Los términos desarrollo sostenible, desarrollo perdurable y desarrollo sustentable se formalizaron por primera vez en el documento conocido como Informe Brundtland, en el año 1987, fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de [139]

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Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983.1 A partir de la década de los 70, los científicos empezaron a darse cuenta de que muchas de sus acciones producían un gran impacto sobre la naturaleza, por lo que algunos especialistas señalaron la evidente pérdida de la biodiversidad y elaboraron teorías para explicar la vulnerabilidad de los sistemas naturales. El concepto de desarrollo sostenible refleja una creciente conciencia acerca de la contradicción que puede darse entre desarrollo, primariamente entendido como crecimiento económico y mejoramiento del nivel material de vida, y las condiciones ecológicas y sociales para que ese desarrollo pueda perdurar en el tiempo. Esta conciencia de los costos humanos, naturales y medioambientales del desarrollo y el progreso ha venido a modificar la actitud de despreocupación o justificación que al respecto imperó durante mucho tiempo. La idea de un crecimiento económico sin límites y en pos del cual todo podía sacrificarse, vino a ser remplazada por una conciencia de esos límites y de la importancia de crear condiciones de largo plazo que hagan posible un bienestar para las actuales generaciones que no se haga al precio de una amenaza o deterioro de las condiciones de vida futura de la humanidad. En principio, el desarrollo sostenible se aceptó exclusivamente en las cuestiones ambientales. Hoy, sin embargo, el concepto es mucho más amplio, al referirse también a términos más generales, las políticas de desarrollo sostenible afectan a tres áreas: económica, ambiental y social. En apoyo a esto, existe un esquema llamado los tres pilares del desarrollo sostenible: desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. La puesta en práctica del desarrollo sostenible tiene como fundamento ciertos valores éticos. La Carta de la Tierra presenta una articulación comprensiva e integral de los valores y principios rela-

1 Puede checar el informe en: http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/ GEN/NR0/521/06/IMG/NR052106.pdf?OpenElement

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Ecológico

Soportable

Viable

Sostenible Social

Equitativo

Económico

Carta de la Tierra. Los pilares del desarrollo sustentable

cionados a la sostenibilidad.2 Este documento, el cual es una declaración de la ética global para un mundo sostenible, fue desarrollado a partir de un proceso altamente participativo global, por un período de 10 años, iniciado en la Cumbre de Río 92, y el cual culminó en el año 2000. La legitimidad de la Carta de la Tierra proviene precisamente del proceso participativo por el cual fue creado, ya que miles de personas y organizaciones de todo el mundo brindaron su aporte para encontrar esos valores y principios compartidos que pueden ayudar a las sociedades a ser más sostenibles. Actualmente existe una creciente red de individuos y organizaciones que utilizan este documento como instrumento educativo y de incidencia política. Entonces, para efectos prácticos, podemos decir que desarrollo sostenible es “aquel que satisface las necesidades de la presente gene-

2 Se puede consultar este documento en: http://www.earthcharterinaction. org/contenido/

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ración sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones”.3 Esto implica la equidad intra e intergeneracional, la equidad entre géneros y el respeto a la diversidad cultural porque, para no comprometer la satisfacción de necesidades de la población futura, el proceso de desarrollo tiene que enmarcarse en los principios de la sostenibilidad. La sostenibilidad es un principio organizador de la sociedad porque implica que los procesos económico-productivos, que dependen de los recursos naturales, puedan mantenerse en el tiempo sin colapsar o experimentar un rápido deterioro. Consiste en una visión a futuro que exige prevenir las consecuencias de las decisiones del presente. Nada más y nada menos, implica pensar en los impactos de los procesos productivos y de los estilos de vida adoptados o a adoptar, a mediano y largo plazo. PRINCIPIOS EN TORNO AL DESARROLLO SUSTENTABLE

El desarrollo sostenible surge como un nuevo paradigma propuesto para suplantar el viejo modelo de la teoría de la dependencia desarrollista4 basado en parámetros meramente económicos que no considera la sostenibilidad de los procesos económicos, ambientales y sociales y que, por tanto, ha conducido a un crecimiento asimétrico injusto y destructor de la base natural indispensable para el bienestar humano a largo plazo.5 3 Dicha definición se asumió en el Principio 3º de la Declaración de Río (1992). Es a partir de este informe cuando se acotó el término inglés sustainable development, y de ahí mismo nació la confusión entre si existe o no diferencia alguna entre los términos desarrollo sostenible y desarrollo sustentable. La definición original proviene del Informe Brundtland http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/521/06/IMG/NR052106.pdf?OpenElement 4 La teoría desarrollista es la que da distintos enfoques del desarrollo, principalmente como corriente de pensamiento económico. Así, al hablar de desarrollo, en economía clásica se entiende: a) como sinónimo de crecimiento, b) como un proceso en el que son identificables varias fases, y c) el que entiende el desarrollo como un cambio estructural. 5 Hasta ahora en América Latina se ha usado el término sostenible o sustentable indistintamente, si bien en algunos países se utiliza más uno u otro término,

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Para hablar de la sostenibilidad del desarrollo, es necesario partir de las leyes de la ecología desarrolladas por Barry Commoner que afirma que la naturaleza es más sabia que los seres humanos, todo está interconectado a todo, todo va a parar a algún lugar y que no existe nada gratuito en la naturaleza, que junto con los nuevos aportes nos llevarían a la definición de los principios de sostenibilidad.6 El principio precautorio Si reconocemos que la naturaleza es más sabia que los seres humanos, deberíamos actuar con precaución y cautela cuando no disponemos de los suficientes conocimientos sobre los efectos que pueden ocasionar en el ambiente ciertas tecnologías y compuestos químicos que podrían poner en riesgo a los seres humanos o a las otras especies. La aplicación indiscriminada de la ciencia y tecnología ha conducido a excesos, entre ellos, las armas nucleares, los gases venenosos, las armas biológicas y químicas y la introducción al ambiente de químicos tóxicos que han causado grandes daños a la salud. O gases aparentemente inocuos como los freones que ahora están destruyendo la capa de ozono. El principio precautorio busca prevenir la utilización de tecnologías de probable alto impacto netodavía no se han marcado diferencias conceptuales. No obstante cabe señalar que el Foro en el Cumbre de la Tierra en 1992 algunas ONG trataban de diferenciar al desarrollo sostenible como la versión oficial (ya que es el que usan las NNUU en sus documentos), mientras que sustentable era visto como una alternativa. La distinción que hacía, sobre todo la izquierda, es que sustentable se basa en la idea de que el desarrollo debería poder sustentarse a sí mismo, lo que no sería posible en los marcos de la economía de mercado. 6 Barry Commoner (nacido el 28 de mayo de 1917) es un biólogo estadounidense, profesor universitario, y ecosocialista. Fue candidato a Presidente de los Estados Unidos por el Partido de la Ciudadanía. Tras su fallida tentativa electoral, Commoner regresó a la Ciudad de Nueva York y trasladó el Centro para la Biología de los Sistemas Naturales al Queens College. Cedió su posición en 2000 y ahora es un científico superior en el Queens College. Es miembro de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Su obra más famosa es The Poverty of Power: Energy and the Economic Crisis. New York : Random House, 1976

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gativo como los organismos transgénicos que encierran el peligro de la contaminación biológica. El Principio de interdependencia e interconexión Deriva de la premisa de que todo está conectado a todo, es decir que ni en la naturaleza ni en la sociedad hay fenómenos que operan de forma aislada o independiente. El ser humano no es más que un hilo en el tejido de la vida y el daño a una parte del tejido puede afectar a la totalidad del mismo. Dependemos de los sistemas sustentadores de vida y todas las formas de vida tienen valor ya que prestan servicios ambientales incluyendo a las bacterias. El evitar la extinción de las especies debería ser un imperativo del desarrollo sostenible ya que sin las otras especies nuestra existencia no es posible, dependemos, por ejemplo, del fitoplancton marino que produce más oxígeno que los bosques. La interdependencia se da a todos los niveles, las naciones dependen unas de otras y los seres humanos de la misma manera. En consecuencia el considerar estas interconexiones nos lleva, a una planificación de la economía que prevea los posibles daños a los ecosistemas o a los servicios ambientales (por ejemplo producción de oxigeno, reciclado de las aguas). El Principio de eficiencia y mesura Surge de la premisa de que en la naturaleza no hay nada gratuito. Todo lo que aparentemente nos provee la naturaleza de forma gratuita como el oxígeno, significa millones de años de evolución, su destrucción implica grandes pérdidas a veces irreversibles. Si cortamos los bosques a un ritmo más rápido de su capacidad de regeneración natural, perderemos el recurso. Por ello, no se pueden consumir los recursos renovables a un ritmo mayor de la capacidad de reemplazarlos en la naturaleza, o realizar actividades que provoquen el colapso sea de los sistemas de vida, de los ciclos naturales o del clima. En consecuencia, deberíamos utilizar la naturaleza de forma eficiente y mesurada de tal forma que no se produzca escasez

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o pérdida. La sobrepesca, que ha ocasionado el colapso de industrias pesqueras en muchas partes del mundo, es un claro ejemplo de insostenibilidad. Este principio implica basarse en la norma de las tres “R” (reducir, reutilizar y reciclar). El Principio de integralidad Proviene de la premisa de que todo va a parar a algún lugar. Muchos de los productos de alto consumo en las sociedades industriales no son reciclables, o persisten por cientos de años en la naturaleza, como los plásticos y compuestos químicos que no sólo se acumulan en los botaderos de basura, sino que llegan a las aguas, los suelos, el aire y se acumulan en los tejidos de las personas y de otros seres vivos con efectos nocivos para la salud. Esto significa que debemos considerar a dónde irán a parar los desechos industriales y otros productos que no son reciclables, así como el efecto de las emisiones de gases de efecto invernadero, o los agroquímicos. El uso integral de los recursos significa prever sus impactos en todo el proceso productivo. El principio de equilibrio La naturaleza se encuentra en permanente cambio y recomponiendo equilibrios dinámicos, pero cuando un elemento se pierde o disminuye mucho, puede ocurrir una ruptura que impida recomponer el equilibrio del ecosistema y, en consecuencia, producir su colapso. Por eso este principio significa que el uso humano de un recurso no debiera rebasar un umbral crítico y el impacto humano no sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas. En los sistemas sociales, el principio del equilibrio se basa en la equidad, porque las sociedades que acumulan injusticias y asimetrías, carecen de bases suficientes para recomponer equilibrios y terminan en explosiones sociales, violencia y guerras. Los desequilibrios a todo nivel provocan conflictos que si no pueden resolverse terminan en la disgregación social, o en violentas rupturas. La equidad implica también la

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redistribución de recursos, porque la falta de acceso a los mismos conduce a la insostenibilidad social. Por ello que los Estados deberían asegurar una distribución justa a fin de que todos tengan lo suficiente para llevar una existencia digna y desarrollar su potencial humano. Por otra parte, existe un debate sobre si es necesario también incluir un principio de sostenibilidad cultural, porque así como la biodiversidad es de gran importancia para la vida, la diversidad cultural lo es para las sociedades humanas.7 Queríamos mostrar estos principios y conceptos para explicar a continuación la problemática mexicana, exponiendo al final seis puntos que podrían servir como base para la implementación de una agenda de desarrollo sustentable en México. EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN MÉXICO

Al analizar el desarrollo sustentable en México, se ha buscado instaurar un régimen jurídico normativo, que coordine las problemáticas ambientales y la explotación de la naturaleza, previendo que el grado de capacidad de dichas normas y su aplicabilidad hagan de ellas mecanismos efectivos de preservación del ambiente y de los

La Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (Unesco, 2001) profundiza aún más en el concepto al afirmar que “... la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos”. Se convierte en “una de las raíces del desarrollo entendido no sólo en términos de crecimiento económico, sino también como un medio para lograr un balance más satisfactorio intelectual, afectivo, moral y espiritual”. (Adoptada por la Conferencia General de la Unesco en su 31ª reunión el 2 de noviembre de 2001. Se puede consultar en: http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=13066&URL_ DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html). En esta visión, la diversidad cultural es el cuarto ámbito de la política de desarrollo sostenible. En la misma línea conceptual se orienta la Organización Mundial de Ciudades (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU) con la Agenda 21 de la Cultura, de la cual es presidente precisamente Marcelo Ebrard, actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (la Agenda de la Cultura está disponible también en internet en http:// www.agenda21culture.net/).

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recursos naturales. Este concepto es limitado y contrasta con lo que se ha sostenido en el ámbito global. Pero aún así, parece pertinente que dediquemos unas pequeñas líneas a la realidad nacional. La historia y el papel de las mujeres. El impulso al desarrollo sustentable se circunscribe al medio rural mexicano, y en particular a las mujeres, en razón de que en éste es mayor el atraso económico y las necesidades sociales, con respecto a las grandes concentraciones urbanas de nuestra nación. Históricamente, la atención del campo ha sido prioritaria por lo siguiente: •

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El campo mexicano tiene un atraso histórico considerable, haciendo un corte a partir del gobierno de Miguel Alemán Valdez (1946-1952), encontramos que en este sexenio se incrementa la depauperación de las familias campesinas, las cuales para huir de la pobreza empiezan a emigrar a la Ciudad de México. La causa principal de la expulsión migratoria, la encontramos en la decisión de Alemán de suspender la reforma agraria (reparto de latifundios y apoyo técnico y financiero al campo), medida que algunas voces críticas de entonces y ahora, denominan como contra reforma agraria, esto en razón de que, al decretarse en este mandato el amparo agrario, se legislaba para que los terratenientes que todavía no habían sido afectados conservaran sus latifundios. A lo anterior, se suma el crecimiento explosivo de la población que, en aquella época y hasta la década de los 70, era de alrededor del 3 %, en promedio, de las más altas del mundo. La decisión política junto con la explosión demográfica ocasiona una reacción en cadena que se inicia con un déficit en la producción de alimentos, continua con un mayor número de campesinos sin tierra, impacta en un empobrecimiento de las familias campesinas y concluye con la migración campo-ciudad, en la medida en que los campesinos, se ven obligados, a salir a buscar sus sustento en otras latitudes.

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En la medida que en el siguiente sexenio, Adolfo Ruiz Cortinez (1952-1958), se mantiene la política de Miguel Alemán, la situación tiende a agravarse, registrándose una de sus mayores repercusiones en las décadas de los 60 y 70.

Sin lugar a dudas, en México, uno de los indicadores más representativos, de hoy y siempre, de la pobreza y el abandono que prevalece en el medio rural, es el fenómeno migratorio campo-ciudad, que hoy se ha sustituido por la migración hacia los Estados Unidos. En el sector rural de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Michoacán, el campo ha quedado, prácticamente, desde la década de los 70, al cuidado de las mujeres. Por ello es importante que se incorpore la visión de género en los estudios sobre el desarrollo sustentable.8 Los compromisos internacionales de México Es importante entender que en ese contexto de la realidad mexicana, se van a ir dando ciertos fenómenos internacionales que harán también que el tema de desarrollo sostenible vaya adquiriendo importancia. La preocupación por incorporar la dimensión ambiental en la agenda de desarrollo de Naciones Unidas tiene sus antecedentes en 1972. Desde entonces, la discusión se ha centrado en torno a la necesidad de construir esquemas de desarrollo que armonicen la preservación de los ecosistemas naturales del planeta con la satisfacción de las necesidades humanas. El Informe Brundtland, demostró la imperiosa necesidad de transformar el modelo de desarrollo

8 El género es el conjunto de los aspectos sociales de la sexualidad, un conjunto de comportamientos y valores (incluso estéticos) asociados de manera arbitraria, en función del sexo. La identidad de género es “una autoconcepción de un individuo como masculino o femenino, indistintamente del sexo biológico”. En el seno de las ciencias sociales, el término hace referencia a las diferencias específicamente sociales, algunas de las cuales son los roles de género, pero también otros hechos sociales como los valores, moral e incluso formas estéticas entre hombres y mujeres.

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basado en los patrones de producción y consumo de las sociedades industrializadas que amenaza la destrucción del planeta. De manera paralela, en 1975, la primera Conferencia Internacional sobre la Mujer estableció como prioridad la transformación de la condición de las mujeres tanto en la vida pública como en la privada. En Nairobi, en 1985 se evaluaron los logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, en cuyas estrategias de avance el tema de medio ambiente fue incorporado a la discusión, al tomar en cuenta las mutuas relaciones entre las mujeres y el ambiente en el ámbito del desarrollo. Desde entonces, la influencia de los movimientos sociales ha estado presente. Se pueden contar ya tres décadas de debate en torno al tema. En él, las organizaciones de la sociedad civil han participado para exponer problemáticas, realizar propuestas y establecer alianzas a fin de influir en el diseño de las políticas globales. La constante y propositiva participación de las organizaciones de la sociedad civil, ha sido un factor decisivo para que los organismos internacionales y los gobiernos incorporen sus preocupaciones y propuestas. Es hasta 1992 cuando se establece un espacio de participación civil mediante la realización del Foro Global de ONG, en el que las voces de las distintas organizaciones se hicieron escuchar. Producto de ello, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo realizada en Río, se acepta que es imprescindible contar con la plena participación de las organizaciones de la sociedad civil para lograr el desarrollo sostenible. A la Cumbre de Río le siguen una serie de conferencias que dan la oportunidad de continuar el debate en torno al tema. Así, en 1993, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, la Declaración y Programa de Acción de Viena subraya la importancia de la participación de las organizaciones como agentes y beneficiarias en el proceso de desarrollo, y reitera los objetivos fijados sobre la adopción de medidas globales con miras a lograr el desarrollo sostenible y equitativo. En 1994, en la Conferencia sobre Población y Desarrollo realizada en El Cairo se debatió la relación entre la dinámica poblacional, el

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medio ambiente y el desarrollo, y se establecen medidas a favor de la salud y derechos reproductivos para todos y todas. Un año más tarde, en 1995, la Cumbre Global en Desarrollo Social realizada en Copenhague propone acciones específicas para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, luchar contra la discriminación y violencia hacia las mujeres, evitar las cargas de trabajo extras para ellas, así como promover su participación equitativa en los distintos ámbitos del desarrollo social. En la Cuarta Conferencia sobre la Mujer, efectuada en Pekín en 1995, se consideró de manera especial la relación entre las inequidades de género, el medio ambiente y el desarrollo. Un año después, en 1996 se realizó en Estambul la Conferencia sobre Asentamientos Humanos, en la cual se abordan consideraciones específicas respecto a la igualdad en la participación de hombres y mujeres en el desarrollo sustentable. Ese mismo año, en Roma, la Cumbre Mundial sobre Alimentación reconoce la importante participación de las organizaciones sociales en la lucha contra el hambre. La acción de gobierno mexicano. La Carta Magna establece en su articulado diversas disposiciones de carácter ambiental que son la base del sistema jurídico actual. Es importante mencionar que a partir del artículo 27 Constitucional, que se refiere a la conservación de los recursos naturales, se ha dado suma importancia al medio ambiente. Ante el creciente reclamo de la sociedad civil por crisis ambientales en zonas metropolitanas, en 1983 se crea la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue). No obstante, este avance institucional expresa la respuesta tardía del Estado ante la gravedad de la contaminación ambiental urbana y de la degradación ecológica acumulada en el país. Más tarde, en 1988, se publica la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en México dio inicio un nuevo periodo, en el cual se añadieron a las prioridades de Estado existentes: combate a la inflación, ajuste macroeconómico recesivo, apertura comercial y privatización económica, el desarrollo sustentable. Dentro de esta Ley, se reunieron un conjunto de herramientas jurídicas que han hecho posible los avances en torno a la gestión ambiental, ya que no sólo regulan

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la contaminación ambiental, sino que también incorpora el tema del uso sustentable de los recursos naturales. Además, existen otros ordenamientos que regulan conductas que inciden en la protección del medio ambiente como son la Ley de Vida Silvestre, la Ley Forestal, la Ley de Pesca, la Ley de Bienes Nacionales que ordena la Zona Federal Marítimo Terrestre, la Ley de Aguas Nacionales, entre otras. La reunión de la Comisión de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), conocida como la Cumbre de Río de Janeiro, incorpora al derecho sobre el desarrollo de junio de 1992, el derecho que tienen las futuras generaciones en el principio Núm. 3 estableciendo: “El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras”; y en el principio Núm. 4 se postula el derecho al desarrollo sostenible como un fin a alcanzar diciendo: “A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada”. A comienzos de la década de los 90, con una lenta y muy concentrada recuperación económica, parecía que podríamos estar en el camino de consolidar el desarrollo sustentable, sin embargo, los acontecimientos que se originaron en el país como el levantamiento armado en Chiapas en la misma fecha en que se ponía en vigor el TLCAN, así como la crisis institucional del país entero, nos alejaron en todo de la sustentabilidad. La lenta y tardía evolución institucional del país en materia ambiental se demuestra con la creación Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) hasta 1992 y que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) cediera el paso a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), para que más tarde, también en diciembre de 1994, se conformara la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap). La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) fue creada con el compromiso de formular y vigilar el cumplimiento de las leyes y normas en materia ambiental, así como estimular el aprovechamiento racional de los recursos naturales reno-

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vables, no sólo para su preservación sino para asegurar el patrimonio de capital natural nacional y contribuir a mejorar el nivel de vida de la población, garantizando su sustentabilidad presente y futura. La Semarnap se constituyó con los recursos de varias dependencias públicas de la extinta Secretaría de Pesca y su Instituto Nacional de Pesca, de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de donde provienen el área forestal y los organismos desconcentrados Comisión Nacional del Agua (CNA) e Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), del Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), sectorizados en la Secretaría de Desarrollo Social, y de la parte relativa a la zona federal marítimo terrestre (Zofemat), anteriormente ubicada de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. La última reforma a esta Secretaría provino en el año 2000, cuando se transformó en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). A la estructura que ya existía se le agregó la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que fomenta programas relativos al conocimiento de la biodiversidad nacional, con cuatro líneas estratégicas para el logro de sus objetivos: • • • •

Institucionalización y transversalidad de la perspectiva de género, Coordinación Intra e Interinstitucional y Cooperación Internacional, Corresponsabilidad y Participación pública y, Procesos de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable con Equidad de Género.

Entre las acciones a destacar de dicho programa se encuentran: •

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La coordinación interinstitucional en torno a la asignación de recursos operativos y la elaboración de diagnósticos socioambientales.

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El fortalecimiento a las capacidades de las comunidades rurales e indígenas. La vinculación con programas y proyectos nacionales y regionales a nivel mesoamericano.

Organizaciones civiles y Sustentabilidad en México Partiendo de estos tres aspectos (el desarrollo histórico, los compromisos internacionales y la acción de gobierno), es que podemos empezar a hablar de Sociedad Civil y sustentabilidad. El término sociedad civil, como concepto de la ciencia Social, designa a la diversidad de personas con categoría de ciudadanos que actúan generalmente de manera colectiva para tomar decisiones en el ámbito público que conciernen a todo ciudadano fuera de las estructuras gubernamentales. La existencia de una sociedad civil diferenciada de la sociedad política es un prerrequisito para la democracia. Sin ella, no hay Estado legítimo.9 Así, México también se ha integrado a este movimiento social, dando origen a una gran cantidad de asociaciones civiles, tanto a nivel local, regional y nacional que han enfocado sus esfuerzos a lograr un mejor medio ambiente desde diversos puntos de vista. En materia de los conceptos que hemos venido manejando, una revisión histórica nos diría que muchos de estos temas surgen derivados de Organismos de la Sociedad Civil encabezados por mujeres. Así en nuestro país, muchos de los esfuerzos de incidencia en política pública a nivel local, regional y nacional de la mujer van a la par del desarrollo sustentable. De estos múltiples esfuerzos, destacaríamos brevemente: •

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La Red Mexicana de Esfuerzos contra la Desertificación (RIOD), ha promovido el cumplimiento de los acuerdos en la Lucha contra la Desertificación a través de diversos foros,

Alain Touraine, ¿Qué es la democracia?, México, FCE, México, 1995. p. 65.

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poniendo énfasis en la hambruna que padecen numerosos pueblos indígenas del país. La campaña Sin Maíz no hay país sobre la dependencia alimentaria del país. La Campaña Nacional por la Alimentación, cuya Plataforma de Acción destaca el importante papel que las mujeres rurales desempeñan en la producción de alimentos y cuestiona las políticas neoliberales que están amenazando la soberanía y seguridad alimentaria de nuestro país.10 El Congreso Nacional de Mujeres hacia la Reforma del Estado con Equidad de Género, puso como objetivo el incidir en la consolidación de la vida democrática de nuestro país en la coyuntura de la transición de poderes federales. Derivado de este punto, se crearon las Mesas de Diálogo entre las organizaciones de la Sociedad Civil y el Equipo de Transición (2000), estableciendo nuevas formas de relación con las instituciones gubernamentales para avanzar hacia una sociedad más justa y democrática desde la perspectiva de la equidad social. El Seminario anual ”Definición de Lineamientos Metodológicos Básicos para la Aplicación del Enfoque de Género en las Políticas Públicas”, que se efectúa desde el 2000, con la participación de Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Comisión de Naciones Unidas para la Mujer (Conmujer), Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Economía y la Secretaría cabeza de sector de acuerdo al tema de la sesión correspondiente: Mercados Laborales, Educación, Salud y Desarrollo Rural, Pobreza y Desarrollo Sustentable. Los cuatro seminarios contribuyen a realizar un diálogo tripartito con el fin de incidir en las políticas macroeconómicas, presupuestarias y de desarrollo. El Poder del Consumidor ha librado una batalla por la eliminación de la comida transgénica y chatarra en las escuelas y Véase la Plataforma Alimentaria. Campaña Nacional por la Alimentación.

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en las principales tiendas departamentales del país, convocando a diversos foros y estudios en la materia. Todas estas acciones han fortalecido los esfuerzos de las organizaciones y las redes de gestionar su agenda. Se han convertido en interlocutoras privilegiadas de las principales instituciones públicas del país, y con ello se ha influido de alguna manera en la toma de decisiones dentro del quehacer público en torno al desarrollo. OBSTÁCULOS Y DESAFÍOS

A pesar de este relevante progreso político, no podemos decir que se han alcanzado los propósitos, apenas en todo caso se han establecido algunas bases institucionales para construir procesos participativos más democráticos y equitativos. Se identifican algunos de los mayores obstáculos para la implementación de una agenda de desarrollo sustentable amplia: •

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No se ha presentado un concepto amplio de desarrollo sustentable en las leyes mexicanas. Esto ocasiona cambios pequeños, relativos a determinada coyuntura, pero no aún cambios estructurales. Aún es insuficiente el establecimiento de políticas sensibles al desarrollo sustentable en la gran mayoría de las instituciones públicas, sobre todo en aquellas relativas a la definición de políticas económicas y hacendarias, de tal forma que el enfoque de género como eje transversal de todas las políticas públicas es una tarea pendiente que debe ser impulsada firmemente. Continúan siendo escasos los recursos disponibles para que las políticas, programas y proyectos ya elaborados se implementen, y se concreten las propuestas en torno a la plena y equitativa participación de las organizaciones civiles como beneficiarias de tales propuestas.

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Hay una reducida representación de organizaciones civiles en aquellos espacios institucionales de adopción de decisiones políticas y legislativas, en las vinculadas a la planeación del desarrollo del país, así como para el diseño e instrumentación de programas sobre el desarrollo sustentable. Es insuficiente la información sobre la problemática socioambiental con enfoque de género que arroje datos desagregados por sexo. Los obstáculos que impiden el acceso de las mujeres y las minorías a los recursos naturales y productivos son numerosos y de diversa índole. Los crecientes procesos de privatización, incluidos los recursos naturales, amenazan seriamente la obtención de satisfactores y la calidad de vida de la población. La reducción del gasto público en materia de política social. La violación a los derechos humanos, la impunidad y los crecientes niveles de militarización. El incremento de la pobreza y pobreza extrema. Esquemas estrechos y condicionados de financiamiento para el desarrollo por parte de los organismos multilaterales y agencias de cooperación. HACIA UNA AGENDA PROGRESISTA

A partir del balance realizado, se pueden identificar algunos aspectos relevantes a enfrentar para dar impulso a un modelo de desarrollo sostenible en el país. Educación, salud y combate a la pobreza En México los niveles de calidad de vida de la población han disminuido de manera dramática y más de la mitad de los hogares mexicanos se encuentra bajo la línea de la pobreza.11 Ante esta situación 11 Sobre el nivel de pobreza en México, chéquese el CONEVAL. www.coneval.gob.mx

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es importante preguntarse ¿cuál es el sentido del desarrollo sostenible? En primer lugar, debemos partir de que un país sin educación, sin bases para mirar y pensar el futuro, está condenado al fracaso. Muchos teóricos liberales, como Hayek o Von Mises, sostenían que el Estado sólo debía poner atención a tres factores: la educación, la salud y la seguridad pública. ¿Qué queremos decir con ello? Fácil: los gobiernos mexicanos de los 30 últimos años ni siquiera han seguido las doctrinas de sus teóricos. En materia educativa es imperante atacar el abandono y la deserción escolar. Según la OCDE, el 24 por ciento de los niños de 5 años de edad no asiste a preescolar; sólo 47 por ciento de los jóvenes con edades de entre 16 y 18 años están en la educación secundaria, y sólo uno de cada cinco jóvenes de 19 a 23 años recibe educación superior.12 Qué clase de futuro les espera. Qué México construirán. Las políticas de educación, salud y de combate a la pobreza han estado subordinadas a las de carácter económico, y son amortiguadoras de los efectos de éstas últimas. Es fundamental partir de una concepción integral del desarrollo sustentable, bajo un enfoque de derechos humanos y equidad de género, que esté presente en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, con la plena participación de la ciudadanía. Los programas sociales de ninguna manera deben fomentar prácticas tutelares, clientelares y corporativistas. La misión de las políticas del desarrollo social debe ser la construcción de capacidades individuales y colectivas, que permitan a todas las personas ser partícipes plenos en las decisiones y beneficios del desarrollo. No obstante el avance de las metas gubernamentales en salud, prevalecen profundas desigualdades que se manifiestan en altas tasas de enfermedades infecto-contagiosas y padecimientos vinculados a la desnutrición. Es importante hacer mención que los altos índices de mortalidad materna se concentran en los estados de la república mexicana de mayor marginación y obedecen al deterioro de las 12 El estudio completo está disponible en: www.oecd.org/dataoecd/14/10/47 905766.pdf

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condiciones socioeconómicas y a las inequidades de género. Junto al cáncer cérvico-uterino y mamario, que provocan los mayores niveles de defunción en las mujeres, continúan presentándose casos en los que se violan sus derechos humanos y reproductivos al someterlas a la esterilización forzada. Si bien en las últimas dos décadas se ha registrado un incremento de la cobertura de la enseñanza básica, existen diferencias regionales en detrimento de los estados con mayor población rural, y el rezago educativo continúa siendo mayor entre las mujeres, así como el analfabetismo. Propuestas: •

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Que cesen y se reviertan los procesos de privatización en materia de seguridad social, educación y servicios públicos, pues más que una mercancía son un derecho humano universal. El establecimiento de medidas concretas para dar cumplimiento a las metas de la Cumbre del Milenio. Garantizar la obligatoriedad del Estado de proporcionar educación a todos los niveles, gratuita y laica, que incorpore los valores universales de equidad de género y respeto a la diversidad. Incrementar el presupuesto destinado a la educación, de conformidad con las recomendaciones de la UNESCO del 8% del Producto Interno Bruto. Incrementar el gasto público para la atención de salud integral de las mujeres durante todo su ciclo vital que garantice el acceso a los servicios de alto nivel y calidad, sin menoscabo de sus derechos humanos y reproductivos. Capacitación en perspectiva de género destinada a las/os trabajadores de la salud para el establecimiento de relaciones de respeto y equidad en la atención médica. Enfrentar como un problema de salud pública la transmisión del VIH-SIDA desde un enfoque de género, e incrementar los recursos destinados a la atención de los enfermos de SIDA que hoy representan sólo el 0.55% del gasto en salud.

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Ambiente y desarrollo sustentable El creciente deterioro del medio ambiente y de los recursos naturales es un grave problema nacional que afecta la calidad de vida de la población. Los cambios ambientales se expresan con mayor profundidad en zonas de extrema pobreza, urbanas y rurales, al restringir o anular el acceso a los recursos naturales necesarios para la producción y reproducción social. En este contexto, las mujeres son el grupo de población más afectado. Las políticas sociales y ambientales continúan subordinadas a los objetivos macroeconómicos. Por su parte, las políticas públicas de desarrollo económico no integran los aspectos ambientales o lo hacen de manera ineficaz. De igual manera, las acciones encaminadas a detener el deterioro ambiental se realizan sin contemplar los aspectos sociales, culturales, económicos y políticos, a pesar de estar estrechamente vinculados. El diseño de una política ambiental no se puede concebir al margen de los objetivos de justicia y equidad que deben orientar las políticas del desarrollo nacional. Propuestas: •

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Las políticas de preservación y uso sostenible del ambiente deben evitar profundizar las inequidades sociales y de género, así como la discriminación étnica, garantizando para ello la participación protagónica de hombres y mujeres en la adopción de decisiones para su formulación. Diseñar una política de desarrollo sustentable que integre las iniciativas de conservación con la política social, de empleo rural y de combate a la pobreza, y posibilite la integración de las actividades productivas con las de protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales. Hacer esfuerzos para que el enfoque transversal de la equidad de género no se reduzca en la práctica a programas para mujeres.

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Que se destinen amplios recursos financieros y humanos para impulsar la capacitación con enfoque de género al personal de las instituciones públicas. Avanzar en la construcción de indicadores como herramienta necesaria para realizar el análisis, monitoreo y evaluación de programas federales, estatales y municipales, en los sectores agrario, agropecuario, forestal, pesquero y de conservación de la biodiversidad. Propugnar por un presupuesto de ingresos y egresos de la Federación que posibilite reflejar en el gasto público el impulso de acciones afirmativas y de combate a la feminización de la pobreza. Que se amplíen y profundicen las instancias de contraloría social en las políticas ambientales, sociales y económicas.

3. Acceso, control y propiedad de los recursos naturales y productivos El severo deterioro de los ecosistemas y sus impactos diferenciados por región, grupo social, género, etnia y edad para orientar programas específicos a las problemáticas socioambientales, es un reto a resolver, insuficientemente abordado por las instituciones abocadas a revertirlo, sean estatales, federales o internacionales. Asimismo, hace falta un abordaje más profundo de aquellos aspectos que impiden el establecimiento de relaciones más equitativas entre hombres y mujeres en la toma de decisiones ambientales y sociales: la complejidad de relaciones socioculturales que estructuran la división de responsabilidades y derechos de propiedad y que dictan las formas de aprovechamiento y acceso de los recursos naturales y materiales, la obtención de ingresos y beneficios, el destino de los programas de apoyo, de capacitación, de asistencia técnica, de servicios, de reconocimiento social, entre otros. En particular, en este tema, llama la atención la poca capacidad de los gobiernos para mirar el tema desde la perspectiva de género. Si bien las mujeres han accedido a la tierra respecto a años

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anteriores, según datos del Registro Nacional Agrario, por lo general el usufructo de la tierra lo ejercen sus hijos varones13. Aún son numerosos los obstáculos jurídicos, administrativos, culturales, sociales y económicos que impiden su acceso, control y derechos de propiedad sobre los recursos naturales y materiales, así como sobre la obtención de ingresos y beneficios. Ello tiende a profundizar su situación de discriminación, subordinación, aislamiento y pobreza extrema. Propuestas: • Fortalecer una visión más integradora y amplia del desarrollo sustentable mediante esquemas analíticos que permitan identificar la multiplicidad de factores que inciden en la relación sociedad-naturaleza en cada contexto socioambiental. • Las políticas sociales y ambientales deben garantizar un mejoramiento en el acceso y control de mujeres y hombres a los recursos naturales y a los beneficios derivados de su aprovechamiento sostenible. • Erradicar los obstáculos jurídicos, sociales y culturales que impiden a las mujeres su acceso a la tierra, agua, bosques, programas de crédito, subsidios, comercialización, asistencia técnica y capacitación y a la toma de decisiones en relación al desarrollo sustentable. • Garantizar que las parcelas agropecuarias sean propiedad social. Participación política de las mujeres Presente en la agenda feminista y en todos los compromisos internacionales, la participación ciudadana y política de las mujeres en los ámbitos del poder y en los espacios de adopción de decisiones, es considerada un aspecto central para hacer realidad las metas de mejoría en su condición y posición. En la última década ha tenido 13

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Chéquese el Sitio del Registro en www.ran.gob.mx

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lugar una relativa y creciente incorporación de mujeres a cargos públicos en el gobierno federal, estatal y municipal y a órganos legislativos, provocada entre otras razones, por el decidido interés de las mujeres por incluirse en espacios de la política formal a través de una serie de “acciones positivas”, campañas y negociaciones con los partidos políticos e instituciones públicas para ganar espacios. No obstante, la presencia de las mujeres en los cargos de representación sigue siendo marginal en comparación con la de los varones. En el sector rural la participación política de las mujeres se encuentra, más que en los espacios de poder formal, en las organizaciones y movimientos sociales. De igual manera, los últimos años han mostrado una destacada participación ciudadana de las mujeres del campo, particularmente de las mujeres indígenas, quienes están interviniendo activamente en ámbitos de la vida social antes cerrados para ellas. El reconocimiento de sus derechos humanos y civiles, y su creciente búsqueda de mejoría en su calidad de vida, las ha motivado a ejercer su derecho al voto, fomentado su involucramiento en espacios fuera del ámbito doméstico y fortalecido sus capacidades de liderazgo. Sin embargo, todavía no acceden a espacios de toma de decisiones políticas, muy pocas son autoridades ejidales o municipales y su participación parece limitarse a grupos organizados a nivel comunitario. Propuestas: •

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Establecer medidas y mecanismos específicos y otras acciones afirmativas para modificar los criterios de acceso de las mujeres a puestos de toma de decisiones, tales como plataformas de contratación, desarrollo, adelanto y capacitación profesional. Aprobar la legislación electoral que garantice la presencia de un 50% de mujeres en todas las candidaturas propietarias y suplentes a puestos de elección popular. Concretar en la legislación que regula la vida de los partidos políticos, la obligatoriedad de que en sus plataformas

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electorales se expliciten propuestas y mecanismos para garantizar a sus militantes mujeres, el acceso a todos los niveles de poder de su estructura partidaria. Crear un sistema de información e investigación que permita conocer, de manera periódica, la participación de hombres y mujeres en los puestos de dirección del sector público, privado, académico y social. Impulsar acciones para la construcción de capacidades y para el logro de la autonomía de los distintos organismos de la Sociedad Civil. Reconocer y fomentar el liderazgo de las mujeres en sus grupos y comunidades. Garantizar que las organizaciones efectivamente participen en la definición de los programas y proyectos a ellas dirigidos y obtengan beneficios.

Biodiversidad y soberanía alimentaria Actualmente esta riqueza genética está sufriendo una grave amenaza de los organismos genéticamente modificados (OGM) o transgénicos, a partir de su introducción a nuestro territorio mediante la siembra experimental y comercial de granos y oleaginosas y la importación de maíz de los Estados Unidos. Millones de toneladas de este grano básico ingresan cada año, entre las que se incluyen variedades transgénicas, las cuales son distribuidas en miles de comunidades del país. Diversos organismos civiles y sociales han manifestado su alarma por los efectos que ello puede acarrear en la soberanía alimentaria, la salud de la población, el ambiente rural y la economía campesina. Aunado a ello, la sustitución de la producción nacional de alimentos por la importada, el encarecimiento de los alimentos al consumidor y los proyectos de liberalización de patentes en medicinas, están poniendo en riesgo nuestra salud, soberanía y seguridad alimentaria. Propuestas:

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La biodiversidad debe ser la base para garantizar la seguridad alimentaria como un derecho fundamental y básico de los pueblos, derecho que debe prevalecer sobre las directrices del libre mercado y de los acuerdos comerciales. De aquí se deriva un debate interesante para México, y en general para toda América Latina: ¿por qué pensar exclusivamente en el desarrollo sustentable como defensa del medio ambiente, cuando tenemos decenas de millones en pobreza extrema? ¿Por qué no se han tomado medidas para combatir el hambre y la desnutrición? En México, un estudio del Poder del consumidor, un organismo de la sociedad civil, encontró que el programa Oportunidades (antes Progresa) es el principal responsable de que tengamos niños obesos y desnutridos.14 Establecer una moratoria a la bioprospección15 mientras no existan mecanismos para prevenirla y controlarla. Una pronta ratificación del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad Biotecnológica. Promulgar una ley para controlar la liberación e importación de los OGM. Reconocer como derechos de propiedad intelectual “primigenias o primordiales” el conocimiento que sobre los recursos genéticos desarrollaron durante miles de años las poblaciones indígenas y campesinas del país frente a los derechos de propiedad intelectual que los laboratorios y transnacionales tienen.

14 Puede checar el estudio en: http://www.elpoderdelconsumidor.org/saludnutricional/alimentosenlasescuelas/ 15 La bioprospección es la búsqueda sistemática, clasificación e investigación para fines comerciales de nuevas fuentes de compuestos químicos, genes, proteínas, microorganismos y otros productos con valor económico actual o potencial, que forman parte de la biodiversidad. Véase http://www.drjoseluisguil-guerrero. blogspot.com/

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Que las empresas alimentarias mexicanas y extranjeras asuman el compromiso de no procesar ni distribuir alimentos que deriven de maíz y otros alimentos transgénicos.

6. Globalización y sustentabilidad. La concepción de desarrollo sustentable ampliamente debatida y dotada de contenido por las organizaciones civiles y la Organización de Naciones Unidas parece diluirse y usarse de manera discursiva. Para que el paradigma del desarrollo sustentable realmente cambie es necesario un marco institucional para implementarlo. Se requieren instituciones fuertes a nivel global y también a nivel nacional que tengan la capacidad, la autoridad y los recursos para vincular los sectores económico, social y ambiental bajo principios de justicia social. Por ello, es necesario que México participe en los foros internacionales bajo una óptica multilateral, retomando el principio juarista de no intervención y liberación de los pueblos. Propuestas: •

Ratificar los compromisos contraídos en los Foros de la (Río, Viena, Cairo, Pekín, Estambul y la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y otras). Establecer claros mecanismos institucionales de financiamiento al desarrollo que apoyen a todos los niveles la implementación de dichos compromisos. Garantizar que estos apoyos no estén por debajo del 0,7 % del PIB, que es lo que recomienda la ONU, ni sean condicionados. Reconocimiento de las organizaciones civiles como legítimos agentes de interlocución social en todos aquellos organismos encargados de regular los procesos de globalización. El desarrollo sustentable debe estar centrado en las personas, ser sensible a la justicia social y de género, respetuoso de la diversidad de culturas, incluyente y democrático.

ONU

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EPÍLOGO

Hay que tener en cuenta que el capitalismo, al estar basado en el crecimiento y la acumulación constante de bienes incrementando el ritmo de crecimiento, es ecológicamente insostenible. El respeto a las generaciones futuras no es posible sin reducir la producción económica. Además, también cuestiona la capacidad del modelo de vida que tenemos para producir bienestar. El reto estaría en vivir mejor con menos . Por eso es entendible lo que sostienen algunos teóricos al ver al desarrollo sostenible como una propuesta vieja con un discurso nuevo, un pretexto más para la intervención estatal. Sin embargo, la participación de los organismos de la Sociedad Civil debe empezar a despejar ese argumento, pues si algo ha dejado en claro el Siglo XX es que el Estado no es omnipresente y no puede resolver por si mismo todos los problemas. De ahí que los sectores sociales se vean involucrados en entender este concepto y hacerlo realidad a través de políticas congruentes, armónicas, objetivas y a largo plazo que permitan que la sociedad mexicana enfrente un futuro con equidad, acceso a alimentación, salud, vivienda, educación, empleo, seguridad social, medio ambiente saludable, bienes y servicios, etc. Con base en el análisis anterior podemos decir que la sociedad mexicana está en el proceso de concientización sobre la necesidad de que de conformar un nuevo rumbo para el desarrollo de la Nación. Para finalmente llegar a ello, hace falta tener en consideración lo siguiente: •

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Elaborar estrategias que integren a la economía local los recursos y energías renovables. Podríamos decir que esto se refiere a que “no salga más caro el caldo que las albóndigas”, ya que un país o una comunidad no debe invertir más de lo que puede en el desarrollo sostenible, puesto que se pierde el sentido del desarrollo. Esto es, que las estrategias que se van a implementar estén dirigidas a impulsar la economía de un país con el menor impacto a futuro posible.

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Elaborar planes que puedan ser aplicados de manera global mediante estrategias locales. Esto significa que el mejor modo de lograr cambios visibles a nivel global es mediante cambios en pequeñas localidades. Es decir, que no se debe tratar de lograr que todo el mundo o un conjunto de naciones se apeguen a un mismo plan que tal vez no es eficiente en todas las regiones participantes. Podríamos ilustrar esto de la siguiente manera: lo que tal vez es efectivo para toda Europa, solamente se puede aplicar eficazmente a un Estado en México o una pequeña comunidad en Colombia. Por lo que la construcción de estrategias debe ser desde abajo, local, para ver efectos arriba, globales.

Las sociedades de hoy en día generan una fuerte demanda de consumo de todo tipo de recursos, México no es la excepción, lo que muchas veces perdemos de vista, es que para ello se utilizaron recursos importantes como la madera, petróleo, minerales, agua y nutrientes del suelo. La extracción y procesamiento de estas materias primas consume energía, genera residuos, altera estructuralmente los ecosistemas y afecta la vida de las comunidades. La cantidad de residuos (basura) por habitante ha aumentado y se han creado residuos mucho más difíciles de tratar, como los que se derivan de los productos eléctricos y electrónicos. Debemos fomentar y aplicar en nuestras casas, lugares donde convivimos diariamente y trabajos la cultura de las tres “R”: reducir, reciclar y reutilizar, además de hacer conciencia para ir atendiendo el gran problema que amenaza nuestro medio ambiente. La naturaleza nos enseña que todo lo producido y creado es reintegrado al medio ambiente, es decir que debemos aprender de esta enseñanza para que todo sea reaprovechado de una u otra forma. No queda más que reconocer las palabras que se expresaron en las Naciones Unidas y que están en la Carta de la Tierra: ...la Tierra es nuestro hogar y el hogar de todos los seres vivos. La Tierra misma está viva. Somos partes de un universo en evolución.

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Somos miembros de una comunidad de vida interdependiente con una magnificente diversidad de formas de vida y culturas. Nos sentimos humildes ante la belleza de la Tierra y compartimos una reverencia por la vida y las fuentes de nuestro ser… Por si eso no fuese poco, queda entonces, la amenaza que un día realizó el suizo Enrique Pestalozzi: tarde o temprano seguro que la naturaleza se vengará de todo lo que los hombres hagan en su contra. Y podríamos agregar, que herencia queremos dejarles a las futuras generaciones. BIBLIOGRAFÍA

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DESARROLLO SOSTENIBLE, GÉNERO Y SOCIEDAD CIVIL

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7. ¿VOLVEREMOS A CRECER? LA COYUNTURA ECONÓMICA EN LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL

El finado Paul Anthony Samuelson ilustraba la misión legítima del Banco Mundial acerca de por qué se debía de combatir la pobreza en el mundo y citó un viejo adagio hindú que decía más o menos: Me creí desafortunado, hasta que vi a un hombre que no tenía ni pies ni manos. ANÓNIMO MILENARIO.

En México hace algunos años, en el bello Puerto de Acapulco Guerrero, un hombre en tono de broma le recomendó a otro que no tenía ni pies ni manos que: Portarte bien, porque si no Dios con su infinito poder te va a castigar. El pobre contestó: eso sólo puede suceder si Dios me quita mi carrito. Hace poco tiempo regresé a Acapulco, afortunadamente, observé que el pobre hombre aún conserva su carrito. Anónimo de la crisis mexicana de las últimas décadas.

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INTRODUCCIÓN

Abordé este ejercicio a partir de revisar a autores relevantes en la literatura y difusión de la crisis financiera internacional, en lo referente al diagnóstico e interpretación de la crisis inmobiliaria que se gestó durante la última década y para estallar de forma contundente en 2007 y 2008. Por supuesto que en un análisis de esta naturaleza el economista neo keynesiano Paul Krugman no podía faltar, ya que sus análisis estuvieron presentes desde los años previos a la manifestación de la crisis de referencia.1 Otra revisión indispensable, parte de resaltar el trabajo y crítica del economista Joseph Stiglitz.2 Ambos economistas fueron los líderes en la estructuración, ordenamiento de descripciones, interpretaciones, faros y alertas tempranas, así como en las advertencias prospectivas sobre el alcance de la crisis financiera internacional y los límites de los estados nación, incluidas las súper potencias. En consecuencia, una postura cómoda sería narrar con tremendismo los hechos y expresiones de la crisis inmobiliaria, la cronología de los rescates y su cuantía, el efecto en cadena sobre la ya debilitada Unión Europea, pasando por las crisis parti1

En su conocida columna en el New York Times (reproducida en México en diversos medios periodísticos), Paul Krugman anunciaba desde septiembre de 2008, el diagnóstico sobre lo que estaba ocurriendo y también sus desacuerdos, ahí establecía la similitud entre la actual crisis y el gran crack de 1929. Desde ahí reiteraba, las líneas de diagnóstico: el capitalismo desregulador produce todo tipo de abusos y piratería irresponsable. Los bancos ocultaron riesgos, actuaron sin transparencia y sin prácticas de gobierno corporativo aceptables “Había demasiados inversores que no tenían idea de lo expuestos que estaban. Y conforme las incógnitas desconocidas se fueron transformando en incógnitas conocidas, el sistema comenzó a experimentar corridas bancarias posmodernas”, es decir, por manotazo en la Internet y cuya manifestación no fue la histeria cara a cara, sino en las frías caídas de los indicadores las bolsas en el mundo. 2 Joseph Stiglitz, el famoso Premio Nobel de Economía y Asesor de Barack Obama, protestó por las características del mega rescate, dirigido a mimar a las corporaciones antes que a los deudores hipotecarios. Y adelantó que era el inicio de otra enorme crisis, porque se ignora el verdadero problema (la crisis inmobiliaria), en vez de comprar la deuda tóxica, el gobierno y la FED tenían que ayudar a las personas con hipotecas.

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culares de deuda y de severos ajustes en los estados nación como Grecia, Irlanda, Islandia, Portugal y España y volver a diagnosticar los límites del capitalismo con oxigeno. No se sabe cuando los organismos internacionales podrán afirmar sin ambigüedades, peros o matices, que el ciclo del crecimiento económico ha superado la primera crisis estructural del siglo XXI, por lo pronto, se estima que se está entrando en un conjunto de crisis subsecuentes la de los techos de sobre endeudamientos de los gobiernos (2013), de cartera vencida de las familias (2014) y las empresas (2016), tal pareciera que la década completa estará caracterizada por un conjunto de ajustes globales y redistribución del empleo, la riqueza y la economía a nivel internacional. Al inicio de 2012, el escenario económico es complicado e incierto, en situaciones de este tipo en la antigüedad se emprendía el peregrinar hasta el Oráculo de Delfos y, en caso de no ser suficiente, se emprendía la caminata más allá del mundo conocido hasta Templo de Amón en el Oasis Siwa. No obstante, cualquier analista racional mantendría reserva, pues más allá de la imagen alternativa expuesta, la prospectiva económica señala cada vez más puntos de rompimientos sobre asuntos que hasta ayer parecían incuestionables e inamovibles, los puntos de rompimientos se suceden cual lluvia de estrellas en noviembre, como nunca la incertidumbre envuelve los años por venir. Pero limitar el análisis y proceder por la vía de que la economía internacional está en crisis sería la forma más fácil de evadir la realidad de la cuestión mexicana, el grave asunto sobre ¿Por qué no Crecemos? La patética realidad de que la nación está desde hace tres décadas en la situación que ahora sorprende al mundo. Por lo tanto, el trabajo comienza con un preámbulo sobre la economía mexicana y una nota que contrasta el optimismo internacional de los últimos 50 años y su relación con el cambio tecnológico, la inversión y el crecimiento económico y que concluye con la crítica acerca de la no participación de México en esa prosperidad. Este ejercicio es indispensable para dilucidar y poner en perspectiva la cuestión de la economía Mexicana y su estancamiento de largo plazo, donde a pesar de que México se ciñe a las políticas de los

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organismos internacionales en el sentido neoliberal sin más, continúa una patética situación de estancamiento con deuda estructural creciente. Obviamente, poner en perspectiva el qué hacer de los años próximos, al final desde una visión práctica, sin pretender resolver la compleja cuestión, pero teniendo en mente las cuestiones acerca de por qué México no puede ingresar en pleno derecho a la modernidad a la que se refieren los discursos de los últimos cien años, por qué se niega a los mexicanos su derecho inalienable a la prosperidad, a la seguridad, al bienestar cultural y finalmente, su derecho a procurar y preservar una sana convivencia con libertades plenas, así se presenta una agenda para contribuir al debate económico en la coyuntura de la sucesión presidencial. Y MÁS ALLÁ DE LA CRISIS FINANCIERA, Y EN MÉXICO, ¿POR QUÉ NO CRECEMOS?

La formación de un economista del siglo XX se basaba en actos de fe: aplica la racionalidad para generar una compleja red de acciones a favor del objetivo del crecimiento y el desarrollo, incrementa mediante proyectos la inversión pública y privada, genera las condiciones para la ampliación de los mercados en sus actividades productivas, exporta, comercia, desarrolla el mercado interno mediante la integración de cadenas productivas y desarrollo regional, finalmente, aparecerán los síntomas del crecimiento mediante tasas anuales positivas, la ampliación de las expectativas en el futuro, la creación de empleos estables y después tendrás el cóctel y los desafíos del desarrollo económico y social. Con estas premisas, las ideas económicas de tirios y troyanos pugnaron y creyeron en las capacidades del capitalismo para transformar las condiciones materiales de las generaciones venideras. Así, la medición cualitativa e indicador generalmente aceptado, se centraba en generar las condiciones para lograr una mayor prosperidad. El concepto complejo de prosperidad debía de observarse y reflejarse de una generación a otra. La regla era que los hijos deberían

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de tener mejores condiciones materiales que sus padres, la generación nueva debería de tener una mejor calidad de vida y oportunidades económicas. La medición cuantitativa de este indicador de prosperidad, que sobrevivió a pesar de las críticas teóricas de los desarrollistas era que el producto per cápita debía de incrementarse sensiblemente en cada década. La capacidad para incrementar el producto per cápita se observaba por los estados nación como la medición del éxito del crecimiento y el desarrollo. Así y a pesar de la crítica desarrollista que insistía en el concepto de redistribución de la riqueza y contra las tendencias inherentes del sistema para concentrar la renta y el ingreso, se consideraba que el solo crecimiento del pastel contribuía a la prosperidad de los que menos tenían. Así y de forma natural la era pos keynesiana condujeron a la segunda generación de políticas públicas para luchar contra la pobreza y para generar una mejor distribución de la riqueza. En este terreno se ubican las políticas emprendidas durante la época de Kennedy durante los años sesenta en los EEUU y que se extendieron hasta bien entrada la siguiente década dando paso al Estado del Bienestar. Este esfuerzo que no tenía más precedente que los programas de empleo y asistencia ejercidos en la era de la gran depresión en los treinta y representaron el modelo a emular por Europa y América Latina, aclarando que en esta última el desarrollismo se mezclaba con el discurso de la modernización. Este espacio es insuficiente para abordar con extensión el tema relativo al Estado, el desarrollo y la modernización, lo cual sería muy interesante a la luz de las nuevas evidencias sobre las crisis financieras antes y después del llamado Estado Neoliberal, sin embargo, para el caso mexicano se incluirá una breve reseña de la deuda pública y las crisis fiscales.3

3 Ahora se tiene evidencia por la propia estadística de los organismos internacionales que las deudas soberanas se han incrementado más por los efectos nocivos del armamentismo que por las políticas sociales.

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Desde finales de los setenta, la crítica neoliberal y su dogma basado en la mano invisible del mercado, reestablecieron la idea de que el Estado debía abstenerse de intervenir en la economía, pues los mercados podían regular las fallas en la asignación de los recursos emergidos en el proceso económico desde la asimetrías propias de la lógica productiva y también el efecto acumulativo de la desigualdad social y concentración de la riqueza, si el estado se abstenía de tener un activismo desbordante y se concentraba en las fallas exclusivas y en la generación de los bienes públicos complementarios al proceso productivo y a la lógica auto regulatoria de los mercados. La creencia en la magia de los mercados se impuso por el agotamiento del Estado del Bienestar más que por las evidencias de que las transformaciones prometidas en las políticas neoliberales podían constatarse en hechos, y así se volvió a narrar la tragedia mexicana.4 La crítica creciente a las políticas del populismo y corporativismo, como se conoció en México, dio paso a un amplio proceso administrativo para la privatización, desincorporación y concesión de servicios de infraestructura económica. Simultáneamente, se lanzó un proceso de economía política amplio para impulsar la liberación y desregulación de la economía nacional cuya culminación fue la negociación y firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) a inicio de la década de los noventa.5 4

La ironía no puede ser más fina, tómese como referencia “Hoy resulta increíble, por usar una suave y ambigua expresión, recordar lo que han dicho los economistas neoliberales, aquellos que manejan las finanzas privadas y los recursos públicos: que aquello que hoy es desastre, lo arreglaba el mismo mercado. Pura fe neoliberal. Credo para obstinados y codiciosos. La catástrofe, porque no hay expresión más suave, hoy sabemos que no lo arregla el mercado, y tampoco sabemos con claridad si la arreglarán los 700 mil millones de dólares que colocará el banco central estadounidense”. Paul Walder (Punto Final, sitio web, noviembre de 2008). 5 La firma del TLC tuvo el efecto de poner un fin contundente y de largo plazo a las políticas del llamado modelo de sustitución de importaciones y del estado interventor, el proceso que inició con las medidas de emergencia para administrar la crisis de deuda pública y fiscal de 1982 y la entrada al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1984. El TLC puso fin definitivo a la agonía de la era dorada del desarrollo estabilizador del siglo XX, que marcó el pe-

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El siguiente acto también es muy conocido, la entrada en vigor del TLC fue acompañado del Movimiento Zapatista y su declaración de guerra, la cual emergió públicamente el primero de enero de 1994, luego vendría el asesinato de Luis Donaldo Colosio y otros líderes políticos priístas que marcaron el fin del arreglo en el sistema político basado en el partido hegemónico, pero también malos augurios a la recién estrenada política de libre comercio y autorregulación de mercados. La reestructuración económica se encontró cara a cara con la crisis social y política que exigía una auténtica Reforma del Estado. Las instituciones federales mexicanas eran incapaces de administrar las tensiones derivadas del programa de modernización para converger con la globalización y el discurso del libre comercio, la resistencia derivaba directamente de las divergencias que emergían de la realidad política y social de México, uno de los efectos de estas contradicciones fueron la crisis económica y financiera de 199419956, pues estaba claro que como efecto de los eventos en los que se expresó la crisis política de 1994, quedó de manifiesto que las políticas económicas del salinismo estaban prendidas con alfileres. Al inicio de la administración de Ernesto Zedillo, las huellas del viejo régimen intoxicaban las reformas de la llamada nueva economía, y los hechos cotidianos hundían el discurso de los dogmas neoliberales, pues los procesos de privatización fracasaron en su mariodo postbélico que fue de 1945 hasta mediados de los setenta, a la era del boom petrolero con el que José López Portillo intentó recuperar la hegemonía de la intervención del estado y la economía cerrada y de los años de la década perdida a la que condujo la crisis fiscal y deuda pública de los ochenta. El TLC también anunciaba la aplicación sin más del Neoliberalismo como modelo de repliegue del Estado y de la Privatización como forma de ampliar la influencia de los mercados, la liberación y la desregulación como políticas hegemónicas. 6 En 1995 y 1996, la presidencia de la república y la oposición pactan capítulo de la reforma política que inicia con la apertura y llegada de la oposición perredista a la Jefatura de Gobierno en 1997 y el fin de la mayoría absoluta del PRI en la Cámara de Diputados, antecedentes que dan pauta a gobiernos de alternancia en 2000, a nivel de la Presidencia de la República. El tema obviamente es mucho más amplio aquí sólo se apunta, en el contexto de los cambios y desafíos económicos.

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yoría, dando origen al rescate de la Banca cuyo costo fue superior a los 20 puntos porcentuales del PIB y al llamado rescate carretero no tan costoso como ilustrativo de la forma absurda y poco calculada con la que Carlos Salinas impulsó la liberalización y privatización. En otra perspectiva se afirma que en México, no ocurrió la instrumentación del programa económico neoliberal, sino el reconocido por propios y extraños, denominado Capitalismo de Compadres.7 Un efecto adicional que es necesario reconocer, es que la crisis financiera culminó en la alternancia política y también en el proceso estructural de ampliación de la pobreza y la desigualdad social como se documenta en el siguiente apartado. Contra lo esperado, con la alternancia política, con Vicente Fox y Felipe Calderón a la cabeza del poder ejecutivo de la república, el llamado Capitalismo de Compadres se reforzó y amplió con los gobiernos emergidos desde el PAN, pues la incapacidad de los nuevos gobernantes dio pie a la profundización de la corrupción en la economía política y en las fallas en regulación del sistema, la continuidad en la depredación de la riqueza petrolera y, en general, en la paralización de la administración pública.

7 Greenspan, Alan, La Era de las Turbulencias: Aventuras en un Nuevo Mundo (2008), Término que describe una economía supuestamente capitalista en el que el éxito en los negocios depende de una estrecha relación entre los empresarios y los funcionarios gubernamentales. Entre sus expresiones, se puede mencionar favoritismo en la distribución de permisos legales, subvenciones del gobierno e impositivos especiales. El término tiene una especial dedicatoria a México y a la crisis de mediados de los noventas, ya que al fracasar las complicidades y corruptelas de la era salinista, se afectó a los mexicanos de tres generaciones y se inició la era de las turbulencias globales, donde los asuntos y corruptelas de los estados-nación afectan a la aldea global, que es en última instancia de la preocupación del autor.

Nota: Como es público: Alan Greenspan (Nueva York, 1926), fue un reconocido asesor de Richard Nixon y presidente de la Reserva Federal de EE. UU. entre 1987 y 2006, con Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton y George W. Bush. Observador privilegiado y comentarista singular de la economía global en las últimas décadas, en La era de las turbulencias, Alan Greenspan sintetiza su vida y experiencias laborales, también reconoce que la guerra de Irak tiene que ver con el petróleo, pero se abstiene de pronunciarse temas de la economía contemporánea, tales como la crisis inmobiliaria o el excesivo endeudamiento soberano como en la Unión Europea.

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Los indicadores internacionales de la nación retrocedieron en forma dramática, desde las mediciones de diversas fuentes en materia de corrupción, competitividad y deficiencias en la recaudación fiscal para mencionar los datos que tienen que ver con el sistema económico, pero de forma aún mas dramática en los indicadores de calidad de vida, pobreza y distribución de la riqueza. En términos generales, México se alejó, paulatina pero inexorablemente, de los indicadores de América Latina para aproximarse a los grupos y calificaciones de los países africanos y para permanecer en los sótanos de los indicadores de la OCDE, donde México compite con Turquía prácticamente en todo, en el propósito de mantener la hegemonía del último lugar de la organización. En conclusión, una forma de poder sintetizar ¿por qué no crecemos?, y más allá de las explicaciones que desde la economía describen y ordenan la falta de dinamismo entre la inversión y la creación de empleos, con respecto al nivel de crecimiento anual de la inversión productiva, es la afirmación, desde una perspectiva política e institucionalista de que México no ha dado los pasos necesarios para vencer su atraso en materia de corrupción, así como las medidas para transitar libre, justa y generosamente hacia la democracia, el problema es que no dar esos pasos es crecientemente costoso para la nación, como se aprecia en los siguientes apartados. MIENTRAS TANTO EXISTIÓ UN BOOM QUE SE NOS FUE

Mientras que esta desafortunada historia ocurría en México, la pregunta primera que debe formularse es ¿qué sucedía en el mundo? Porque si en México se hubiera articulado una tendencia similar a la del globo, los mexicanos no deberíamos de atribuirle a nuestros gobernantes e instituciones nacionales una responsabilidad interna respecto de los resultados del periodo. Toca ahora comentar brevemente los contrastes inherentes entre las décadas perdidas en México y el boom que se nos fue.

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Fuente: Diario el Reforma (11/11/11), basado en el Libro The Next Boom de Jack W. Plunkett.

Grรกfica 1. El boom que viene

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En un artículo respecto del libro The Next Boom de Jack W. Plunkett, publicado en el diario Reforma (11/11/11) por uno de los especialistas más respetados en la difusión de la cultura económica en México, Enrique Quintana, ahí se publicó una síntesis de los cambios económicos en los últimos cincuenta años en el mundo. El texto bien informado, soportado con estadística del Fondo Monetario Internacional (FMI), ilustra el punto de partida de este apartado, a saber de la síntesis de Quintana: “El PIB del mundo en desarrollo creció a un ritmo promedio anual de 7.7% entre 1980 y el 2010; y el PIB por persona se multiplicó en cinco veces, a pasar de 1 090 dólares al año, a 6 150, un crecimiento medio anual de 5.8 por ciento”. En efecto las cifras son correctas, no están maquilladas, el mundo en desarrollo del cual formamos parte cada día más, creció a un promedio espectacular. Se puede afirmar que una vez sobrepasada la crisis petrolera de los setenta, el globo como tal, experimentó el vigor de ver asociado el crecimiento económico, con el cambio tecnológico y un proceso de modernización, el que Quintana ilustra de la siguiente manera: De acuerdo con estudios realizados por el historiador económico Angus Madison entre los años de 1820 y 1900, la economía mundial creció a un ritmo anual promedio de 1.3 por ciento. De 1900 a 1950 el ritmo de crecimiento aumento y el promedio anual fue de 2.0 por ciento. En el siguiente medio siglo de 1950 al año 2000, el ritmo de fue de 3.9 por ciento en promedio. Con todo y la crisis que se atravesó la más grave en la historia reciente en la primera década de este siglo la tasa estuvo en 3.5 por ciento. No hay razones para pensar que esta tendencia histórica de largo plazo, es decir, la aceleración del crecimiento deje de darse, por lo que es muy probable que tengamos un mundo muy diferente dentro de relativamente poco tiempo, pues en esa aceleración, algo fundamental es el cambio tecnológico.

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La descripción de Quintana comentando a Plunkett se ajusta perfectamente a la teoría del desarrollismo, es como si México se hubiera mudado de planeta y los demás hubieran seguido con sus vidas. Más aún, de manera prospectiva se señala la continuidad de un punto de rompimiento derivado del cambio tecnológico hasta bien entrado el siglo XXI, lo que apoyará la transformación del mundo y la prosperidad de las generaciones venideras, a saber: En el libro “The Next Boom” de Jack W. Plunkett señala que hay razones para pensar que el progreso tecnológico que se va a presentar entre esta fecha y el siglo 2025, será superior al que ocurrió en todo el siglo XX o que el que habrá de ocurrir entre 2010 y 2110, que será superior al de toda la historia de la humanidad. El cambio más importante ocurrirá en el mundo en desarrollo que emergerá con gigantescas clases medias de millones de personas.

Y aunque el cambio más importante sucederá en el mundo en desarrollo como Brasil, Rusia, India y China, los llamados BRIC´s, donde deberíamos compartir por una membresía, el cambio también incluirá una nueva generación de prosperidad económica y tecnológica en el llamado mundo maduro o desarrollado. Para mediados del siglo XXI, la humanidad se enfilará a la colonización del sistema solar y otras aventuras que recuerdan un futuro que constituye la integración de un nuevo mundo. ¿Se perderá México también el boom que viene? ¿CUÁLES SON LOS NÚMEROS DEL FRACASO EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE MÉXICO?

Obviamente, todos quisiéramos ser parte del planeta boom y compartir sus promesas de bienestar y hasta desearíamos que los dogmas del neoliberalismo funcionaran, toca ahora sin embargo, responder a la pregunta: ¿qué pasó en México mientras sucedía la transformación acelerada y modernización del mundo en desarrollo?

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Como ya se ha comentado a partir de 1982, México entró en una reestructuración económica basada en el tutelaje y en las recomendaciones de los organismos internacionales, de forma particular, destacan el Banco Mundial, el FMI y de instituciones estadounidenses como la FED,8 dirigida en esa época por Alan Grenspan sin la correspondiente reforma de las instituciones, lucha anticorrupción y tránsito democrático. Este tutelaje hecho al modo de los intereses internacionales y del status quo de la oligarquía rentista del viejo régimen, se tradujo en un protectorado económico expresado en recomendaciones y políticas económicas y de reestructuración neoliberal del país, recetas que fueron seguidas al pie de la letra por los gobernantes de los últimos 5 sexenios (1982-2012), recetas seguidas sin ninguna crítica o reacción a las necesidades internas de crecimiento y bienestar de los ciudadanos mexicanos. A continuación se presentan resultados relevantes, en una perspectiva de largo plazo, basados en un reporte ejecutivo de Rogelio Ramírez de la O., destacado economista profesional, reconocido por su independencia de los grupos del PRI y PAN que han gobernado al país en los últimos 30 años. ¿Y a dónde se fue crecimiento? Como se ilustra en las gráficas 2 y 3, la paralización de largo plazo de la economía mexicana es contundente. Se puede observar que la dinámica de México, en los años sesenta y setenta, iba conforme el comportamiento de crecimiento medio respecto de la dinámica apuntada Plunkett en su libro. En efecto, las tasas crecimiento anual promedio del PIB per cápita rondaron en esa época en alrededor del 4 por ciento, lejos de los techos en el mundo, pero aceptables para el tamaño de la economía mexicana en esa época. En la gráfica 2 se puede ver la singular situación de la década de los ochenta, donde las draconianas políticas de desestructuración 8

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Board of Governors of the Federal Reserve System (FED).

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Fuente: Rogelio Ramírez de la O, con referencia a la presentación del Programa Económico de AMLO (2011).

Gráfica 2. El crecimiento económico se detuvo. Crecimiento PIB-México

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Fuente: Rogelio Ramírez de la O, con referencia a la presentación del Programa Económico de AMLO (2011).

Gráfica 3. Tasa promedio de crecimiento económico por sexenio

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del aparato productivo tuvieron como consecuencia de lo que la CEPAL llamó la década perdida, con crecimiento negativo de -.3% en el PIB per cápita. Mientras que en los noventa el crecimiento referido tuvo una tasa anual del 2% y en el periodo 2001-2010 se retrajo para quedar en un promedio de 1.4% anual. La situación descrita representa el mundo exactamente al revés de cómo lo describe Plunkett para el resto del mundo. El mundo corría y México dormía en el estancamiento estructural. Las consecuencias sociales de esta situación han sido desgarradoras. Empleo informal y desplome libre de los salarios En consecuencia, durante el periodo de referencia, la creación de empleos se detuvo, pues aunque la Población Económicamente Activa (PEA) continúo en ascenso, los empleos se concentraron en el sector informal de la economía, así partir de 2007, los empleos informales superaron oficialmente a los formales, la nación caminaba hacia abajo en sus niveles de vida, tal y como diversos estudios lo mostraron en su momento. Una versión oficial de este fenómeno se puede argumentar desde los datos ordenados por Ramírez de la O con las fuentes disponibles, así se puede ver en la gráfica 4, como los empleos sin seguridad social pasaron de representar 18 millones en 1985 hasta llegar a 33 millones en términos de PEA en 2009. La contundencia de esta información ilustra como casi la totalidad del empleo acumulado en las últimas 3 décadas es frágil y carece de seguridad social, representa el espejo del estancamiento de la economía en la era del boom. En el mismo sentido, en que el empleo se ha informatizado, el salario mínimo como indicador clave del peso de la masa salarial en el PIB y, en consecuencia, como el instrumento más poderoso para explicar el coeficiente del trabajo en el PIB y en la distribución de la riqueza cayó de manera dramática más del 75%, como consecuencia de las políticas de contención laboral para administrar a la baja la demanda en la perspectiva de contener la inflación, con esta singular medida se sacrificó a 3 generaciones de mexicanos. Una

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Fuente: Rogelio Ramírez de la O, con referencia a la presentación del Programa Económico de AMLO (2011).

Gráfica 4. PEA y asegurados del IMSS

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Fuente: Rogelio Ramírez de la O, con referencia a la presentación del Programa Económico de AMLO (2011).

Gráfica 5. Con salarios cada vez más deprimidos

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forma sencilla de explicar el efecto brutal de estas políticas se puede observar a partir de la forma y calidad de vida de los jóvenes mexicanos de hoy, ya que indudablemente, tienen una vida más dura y sin futuro, con menores oportunidades y esperanza de regularizar su vida en el futuro mediato, asunto que contrasta con la perspectiva con la que cruzaron sus años mozos sus abuelos. Esta situación que combina informalidad con la creación de los trabajos formales llamados mcjobs, empleos cuyo maquillaje indeleble es el contrato temporal con salario mínimo y, frecuentemente, el subcontrato (outsourcing), ahí se encuentra la política económica con el eslabón humano perdido, a partir de la expresión vacía de contenido pero llena de dramatismo, me refiero a la generación Nini, la cual agrupa y concluye que millones ni estudian ni trabajan,9 o bien a veces, cuando las cosas sonríen se emplean una temporada en un mcjob. Una consecuencia directa de esta situación, es que la pobreza en sus tres modalidades: patrimonial, de capacidades y alimentaria se haya disparado, llegando a la cima para alcanzar hasta el 70% de la población en 1996, para luego bajar en 2006 y reemprender su ascenso en los últimos cinco años. Esto, de acuerdo con la versión oficial del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) (véase gráfica 6), incluso en esta versión 9

Los Ninis mexicanos son el equivalente, aunque lejano, pues tienen una desesperanza explicada directamente de la políticas económicas y sociales, a lo que se denominó Generación X en los EEUU, que de acuerdo a Wikipedia: El término Generación X se usa normalmente para referirse a las personas nacidas tras la generación de los baby boomers. Aunque no existe un rango universal con fechas exactas, el término suele incluir a las personas nacidas a mediados o finales de los años 1960 hasta aquellos nacidos a principios de los años 1980, usualmente no más allá de 1982. También se le conoce como la “Generación de la Apatía” o la “Generación Perdida”, el rechazo inmóvil, una rebeldíaconformista, siempre rechazando la religión, tradiciones generacionales, patriotismos e incluso a la misma familia. Hay quien generaliza y considera que esta generación es la que ha vivido de todo: desde las TV en blanco y negro, a los TFT más nítidos, gente que ha jugado canicas, a la cuerda, el trompo, Pong, Atari, Nintendo, Sega y demás recreativas de la época hasta las XBOX y la Playstation 3. En el caso mexicano el fenómeno abarca a partir de

1982 y su explicación en términos de anomia es parecida, aunque el reclamo y la apatía tiene explicaciones y narraciones que en lo social raya en un dramatismo sin comparación.

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Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Gráfica 6. Población en pobreza

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resulta escandaloso que México con sus más de 57.7 millones de pobres patrimoniales, o bien con sus 21.2 millones de pobres alimentarios pueda ser comparada relativamente con los legendarios datos de pobreza de países como India. Si se presta atención a analistas independientes especializados en el tema de la política social y la pobreza, como Julio Boltvinik, el dramatismo es evidente, pues más allá de todo el analista ha expuesto con persistencia a la opinión pública mexicana los indicadores clave e independientes relativos al fracaso del modelo social neoliberal en México. Así lo demuestran los datos agregados respecto de los cuales es posible observar el incremento del Número de Perceptores de Ingreso Mínimo (NPIM) que son necesarios para adquirir la Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales, pues esta relación llega a la catastrófica cifra de 7.5 salarios mínimos y de 1.5 en el caso de los Perceptores de Remuneración Media (PRM) (véase gráfica 7). Así, Boltvinik comprueba que la caída del salario nulifica la transición demográfica, pues a pesar de la disminución en el número de dependientes por hogar, la relación para la adquisición de lo indispensable en términos de la canasta básica simplemente no cuadra, dando pie a las distintas modalidades de pobreza asociadas directamente a la determinación y decisiones de las políticas económicas del neoliberalismo. Con esos indicadores y otros, el investigador desnuda el trabajo de maquillaje de Coneval, pues se vuelve insostenible cualquier racionalidad que sostenga la contradicción de mantener a toda costa bajos los salarios que crean la pobreza y compensarlos con sendos programas gubernamentales, pues para lograr este propósito, los programas deberían de tener fondos muy superiores a los vigentes, a fin de incidir al rompimiento de la causalidad y efectos de la pobreza en México. En este terreno, la debilidad fiscal estructural del Estado Mexicano cierra el círculo vicioso, pues está imposibilitado para otorgar una respuesta proporcional a las consecuencias de su política económica. Más aún, las consecuencias de bajísimos crecimientos per cápita y de los efectos directos de las políticas económicas, mezclados con

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Gráfica 7. Número de percepciones de ingreso mínimo anual (NPIMA) y de remuneración media (NPRM) para adquirir la CNSE. México 1963-2010

Fuente: Julio Boltvinik, La Jornada 9/12/2011. Elaborado con datos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Cuentas Nacionales (INEGI), y el costo actualizado de la CNSE de Coplamar.

la persistente concentración de la riqueza, se agudiza todavía más, pues en los último 10 años, el crecimiento se ha detenido hasta la paralización, pues con Vicente Fox (que prometió crear un millón de empleos anuales), el crecimiento per cápita fue de sólo 0.6%, para volverse crecimiento negativo con Felipe Calderón, pues en

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el periodo 2007-2010, la tasa anual fue de -0.8%. En ambos casos la creación de empleos formales solo ofreció la cuarta parte de la demanda demográfica. Más aún, cuando se analizan los datos de la Encuesta Nacional Ingreso-Gasto 2010 para constatar los efectos sobre los ingresos y el consumo de los hogares a todos los niveles y detalles las caídas negativas son una constante, especialmente en los hogares de menores ingresos y los de mayores ingresos, pues la crisis golpe con mayor intensidad a los extremos. Cuadro 1 ilustra de forma diáfana el tamaño del golpe económico al cierre de la década, pues el ingreso de los hogares experimentó caídas de más de 10%, desde una base que el lector puede constatar es verdaderamente dramática en la mayoría de los deciles, quizá, la novedad es que al estar los hogares de mayores ingresos más golpeados, el índice Gini cayó dos puntos al pasar de 0.45 a 0.43, aunque hasta los profanos sabemos que cualquier concentración de la riqueza mayor a 0.40 significa estar refiriendo una situación de injusticia económica abusiva, significa estar describiendo una república subdesarrollada y bananera. Un cínico de la política mexicana le llamó al 2000-2010 la década pérdida, cuando se trataba de la tercera década desaprovechada de la nación, aunque en realidad debería de llamarse a esta última la década ninicrece. Baja inversión, bajo crecimiento A estas alturas queda claro que el fundamentalismo neoliberal retiró de México al primer inversionista potencial de la Nación, que es el Estado. Esta afirmación tiene bases muy precisas, estudiadas, y con origen en el advenimiento de los gobiernos neoliberales. En efecto, el Estado retiró 6.6 puntos porcentuales del PIB de inversión pública mientras que la inversión privada, considerando los saldos de la inversión extranjera, sólo repuso 1.7 puntos del PIB, el resultado es baja inversión, bajo crecimiento.10 10 Ver: Moreno Brid, Juan Carlos y Jaime Ros (2009), Development and growth in the Mexican economy: a historical perspective, Ed. Oxford University Press, Inc.

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Cuadro 1. Ingreso corriente total per cápita ajustado Ingreso corriente total trimestral per cápita ajustado por economías de escala, en deciles de personas1 (2008-2010)2 Precios constantes de 2010 Decil I II III IV V VI VII VIII IX X Total Coeficiente de Gini

Año 2008 3 568 6 180 8 238 10 184 12 527 15 307 18 679 23 583 32 273 74 856 20 539

2010 3 409 5 903 7 861 9 800 11 738 14 095 17 109 21 628 29 052 62 791 18 347

0.452

0.430

Variación 2008-2010 -4.5 -3.5 -4.3 -3.8 -6.3 -7.9 -8.4 8.3 -10.0 -16.1 10.7

Las personas están ordenados por su ingreso total. Datos de 2008 y 2010 expandidos conforme a estimaciones preliminares de población basadas en el Censo de Población y Vivienda 2010. Fuente: Encuesta Nacional Ingreso-Gasto 2010

En efecto a finales de los ochenta, la inversión total era de 24.9 por ciento del PIB y correspondía al Estado 11 puntos del PIB y a la iniciativa privada el 13.9%; en el periodo 2004-2007, el mejor momento de los gobiernos panistas y anterior a la crisis financiera, la inversión total era del 20% del PIB y correspondía al Estado el 4.4% y a la iniciativa privada el 15.6%, luego entonces, nos faltan 5 puntos del PIB, los cuales corresponden al retiro del Estado, los mercados nunca pudieron reponer lo que el fundamentalismo esperó de su mano invisible.

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Grรกfica 8. Baja Inversiรณn, bajo crecimiento

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Especialmente, en la última década, se acentuaron las bajas tasas de crecimiento anual de la Inversión, pues durante el primer lustro esta tasa que tenía crecimientos anualizados que rondaba en alrededor del 10 por ciento de crecimiento, pero las tasas anuales se cayeron en el segundo lustro hasta llegar a tener una tasa negativa en 2009. Mala situación, pues en contraparte, Rogelio Ramírez de la O, ídem, calcula que es necesario: •

•

Mantener una tasa anual de crecimiento de la Inversión mayor al 10% para poder alcanzar un crecimiento positivo del PIB mayor al 4 por ciento; Incrementar la tasa anual de crecimiento de la Inversión a por lo menos el 16%, a fin de alcanzar un crecimiento del PIB equivalente al 8 por ciento. Y con un crecimiento del 8% sería posible alcanzar a duplicar la creación de empleos para ubicarlos en su parámetro demográfico mínimo, equivalente a crear 800 mil empleos anuales.

Una explicación más allá de la economía debería de incluir en el modelo, que esa inversión tuviera implícita el crecimiento de la confianza y de las expectativas de largo plazo, este es en realidad el reto número uno para que México emerja a la democracia en los términos de una economía abierta y con un sistema atento a sus rezagos sociales. Sin embargo, los gobiernos del PAN no pudieron resolver este desafío, primero con la actitud tolerante de Vicente Fox frente a la inseguridad pública y el crimen organizado (según su propio dicho, 2011), así como por la contribución indiscutible de Felipe Calderón para destruir la transición democrática y las pocas expectativas positivas que quedaban de la alternancia política, y por si fuera poco su actitud superficial y poco responsable lo llevó a una actuación sin plan, propósito o infraestructura legal pertinente a declarar una guerra sin cuartel al narcotráfico y al llamado crimen organizado

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cuyas consecuencias económicas, políticas y sociales están lejos de llegar a resultados efectivos. En efecto, independientemente de las razones y del desenlace en 2006, la sucesión presidencial de ese año representó un punto de rompimiento y un retorno a 1988, consecuentemente, un gobierno emergido de la duda no podía por definición tener bases ambientales para generar confianza y desarrollo económico. Así se confirma que la crisis de confianza en la economía mexicana es previa a la crisis financiera y ha contribuido a derrumbar las expectativas de largo plazo para el país. Pero más allá de esta crítica constante, la crisis de confianza derivada de la ineficiente dirección política ha retirado a muchos inversores privados potenciales. Por ello el país se desplomó en un -6.9% en 2009, la mayor caída de los países de la OCDE, ya que una vez restringida la plataforma exportadora hacia EEUU, el país no tenía instrumentos para encender los motores internos necesarios para incrementar la demanda agregada. El programa de estímulos anunciado por el gobierno fue simplemente insuficiente y conceptualmente limitado e influido negativamente por otras acciones del gobierno federal, quien emerge simplemente como un factor de mal público neto de esta crisis. Desde una perspectiva puramente de mercado y para ilustrar esta situación, debe de revisarse el último informe de J.P. Morgan (10/12/2011), consultora que en su carácter de compañía financiera global en una amplia gama de servicios de banca de mayoreo, donde se reconoció públicamente y sin ambigüedad, que las expectativas de los inversores, en el último trienio, ha pesado negativamente la presencia del narcotráfico y la forma poco convincente con la que el gobierno de Calderón enfrenta esta crisis no económica sino de seguridad nacional. Otro problema que afecta de manera directa la forma en que se ejecuta la inversión, y de manera particular las grandes inversiones pública, privada, nacional o extranjera, tiene que ver con el indicador señalado por Ramírez de la O, entre los llamados precios no comerciables y los bienes comerciables, esto es entre los que ofre-

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cen los monopolios públicos o privados que gozan de los privilegios de la economía de compadres y los que simplemente no tienen protección. Más allá de afectar el bolsillo de los consumidores, en el largo plazo, los privilegios monopólicos causan un efecto que distorsiona la economía entera, generando una preferencia en la inversión hacia los sectores monopólicos y desincentivan la inversión hacia sectores no protegidos. Así, la distorsión natural del monopolio y su consecuente efecto sobre la demanda agregada se convierte en obstáculo desde el lado de la oferta, generando un contexto de baja creación de empleo por unidad invertida. El modelo exportador de México, con su dependencia prácticamente absoluta de los EEUU, sumado a bajas tasas anuales de inversión pública y privada, condiciona a la nación a crecer, en el mejor de los casos, a tasas anuales del 3 por ciento, lo que se traduce en la creación de 300 mil empleos anuales contra un 1.2 millones de empleos que demanda anualmente la estructura demográfica del país, que es la otra cara de la transición poblacional, como ya se explicó, ahora México está conformado de hogares más pequeños en número de miembros y menores dependientes. Esto quiere decir que mucha población demanda empleo y está joven para iniciar una carrera laboral. Lo que lleva a la paradoja de que, incluso si el proyecto de un joven es exitoso, su caso presionará los mercados de vivienda y de infraestructura educativa, de salud y urbana, generando círculos viciosos y estructuras colapsadas alrededor del entorno y calidad de vida de la población. México atraviesa un verdadero proceso acumulativo en el que los círculos viciosos derivados de la desinversión por tres décadas, replican los rezagos haciendo no procesable incluso los problemas más simples del crecimiento como son los servicios urbanos y de vivienda. Esta tragedia es doble, pues las demandas sociales se generan en un ambiente de paralización en la creación de empleos, que impone la ley de hierro de los salarios, lo que se traduce en caídas adicionales y en decrecimiento de la renta media de la población trabajadora independiente. Mientras que las Pymes se ven afecta-

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das por la baja en la demanda interna, en consecuencia, la historia económica reciente se ha traducido en el cierre masivo de Pymes y pérdida de empleos y salarios aún más bajos. En el largo plazo, la tragedia se traduce en el desmantelamiento por falta de rentabilidad de las cadenas regionales y de la manufactura orientada al mercado nacional y firmas Pymes, las cuales generan el 80% del empleo. En un contexto de economía abierta y sin políticas arancelarias, se abre sin más el círculo vicioso que acelera e incrementa la rentabilidad relativa de las importaciones, lo que a su vez se traduce en desempleo masivo, como lo señala Zygmaun Bauman en sus textos sobre modernidad líquida y globalización, esto genera vidas desperdiciadas y excluidos, pues la forma vacua con la que enfrentamos la globalización tiene consecuencias humanas.11 Como si se tratara de un perfecto guión cinematográfico, la disminución de la oferta y de la demanda interna, con el incremento en el volumen de las importaciones, se acompaña de la desvinculada política monetaria que genera apreciación de la moneda cuando las naciones competidoras juegan exactamente al revés, ya que deprecian sus monedas para incrementar aún más la preferencia por sus mercados, las consecuencias son ineludibles: desempleo, pobreza, migración e inseguridad, y en el nivel agregado, bajas tasas anuales de crecimiento de la inversión y bajo coeficiente de la inversión como proporción del PIB. Endeudamiento y petrolización de las finanzas públicas México ha configurado un discurso de política económica basado en el llamado a mantener finanzas públicas sanas y un férreo control de la inflación. Este conjunto de políticas que abarca como ya se ha revisado 30 años de la vida nacional, el cual ha configurado un estilo ortodoxo y neoliberal de gobernar traducido en un conjunto 11 Bauman Zygmunt, Globalización, consecuencias humanas, Fondo de Cultura Económica, 2001.

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de políticas y reformas que se han ya extendido durante décadas, que pasan por un amplio proceso de liberalización, apertura, reducción en el tamaño del aparato paraestatal del estado mediante privatizaciones, desincorporaciones y liquidaciones, hasta el punto de que actualmente Pemex y CFE son las entidades singulares de la intervención del estado en la economía. Los efectos de largo plazo de este movimiento mayor a favor de los mercados y de modernización de la vida nacional todavía están a discusión, pues las promesas de crecimiento derivadas no se han concretado en el tiempo, aunque algunas de estas medidas correctivas han tenido un efecto sombra sobre la economía, pero no se ha clarificado suficientemente en los bolsillos de la población, pues su eje argumentado casi exclusivamente en el control de la inflación se debate a la luz de la caída de la masa salarial con respecto al PIB y por la invariable concentración de la riqueza y los altos precios al consumidor que la población paga a los servicios de los monopolios privados. La contraparte directa de estas políticas es el drama perfectamente revelado de la pobreza estructural siempre creciente, los rezagos sociales y los desafíos de seguridad y empleo sobre todos los segmentos poblacionales, que especialmente marca a la juventud destruyendo perspectivas de futuro cuyo valor personal, social y económico simplemente no se conocerán ya que son inconmensurables. En la perspectiva directamente económica, la nación llega a un escenario de desinversión en prácticamente todos los sectores de rezagos de infraestructura, que al ser comparados incluso con América Latina, resulta por debajo de la media en la mayoría de los indicadores y se manifiesta en la paralización del crecimiento. Las preguntas clave parten de cuestionar si el sacrificio de tres generaciones para controlar la inflación y desendeudar a México, instalan al país en alguna ventaja competitiva con respecto al resto de la aldea global. Estas cuestiones resultan relevantes a la luz de que las economías desarrolladas están sobre endeudadas, con indicadores de deuda gubernamental que rebasan en los casos principales

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su propio PIB anual y, en otros casos, como en la Unión Europea cantidades reveladas y ocultas mucho mayores. A continuación, se exponen conclusiones de un experto en finanzas públicas, Juan Moreno Pérez, el cual publicó electrónicamente (2011) un análisis cuyo título es “La Deuda Pública Federal durante el periodo 1970-2010: comportamiento y los problemas de registro”, ahí se puntualizan los factores que explican el saldo de la deuda federal, mediante sendos comentarios sobre el déficit, la influencia del tipo de cambio y los problemas de registro de “contabilidad” como un recurso de última generación de la tecnocracia para ocultar los problemas de endeudamiento de la federación mexicana. Moreno Pérez (2011) deja claro que el primero y más importante de estos factores es la existencia o no de un balance financiero del sector público y que los otros dos factores se derivan de esta condición, pues cualquier desbalance se financia de algún modo resultando en un incremento en el saldo de la deuda. De cualquier manera, y para el propósito de esta exposición la conclusión del analista se resume en: “Los últimos períodos señalados, no resultan directamente comparable con los datos de los primeros cuatro períodos. La razón es que, como resultado de la crisis de 1995 se aplicó una serie de “creativos” registros que permitieron “reducir” sustancialmente la magnitud de la deuda oficial”. Esta creatividad se extendió durante los 10 años de los gobiernos panistas, lo que se inició como registros al margen se convirtieron en verdaderos hoyos negros para las finanzas públicas, de tal forma que se modificó hasta el tuétano la definición acerca de la deuda pública oficial versus la llamada ampliada y la que se deriva de los pasivos de la seguridad social, pasivos laborales y sistema de pensiones, el cual se traduce en sendos requerimientos financieros al sector público federal. En su trabajo Moreno Pérez (2011) se ocupa de analizar la brecha entre dos primeros factores, mediante diferentes acercamientos, logró contabilizar un incremento de la deuda pública ampliada del sector público federal, equivalente al 37% del PIB (véase gráfica 9).

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“… entre 1982 y 1987, durante el mandato del Presidente Miguel de la Madrid. La deuda, como proporción del PIB pasó de 61.2 por ciento en 1982, a 86.2 por ciento en 1987, año en que la depreciación cambiaria y la inflación alcanzaron su máximo”.

Tercer Periodo

“… es el correspondiente al sexenio del Presidente José López Portillo, el de “la administración de la abundancia”. El 30.7 por ciento de deuda respecto al PIB, alcanzado por Echeverría, se elevó hasta alcanzar un 61.2 por ciento en 1982, llevando a una crisis más profunda que la anterior, con una fuerte contracción económica, una brusca devaluación del peso y una inflación disparada”.

Segundo Periodo:

“…. es el referido a 1970-1976, durante el sexenio del Presidente Luís Echeverría. Se puede apreciar que el saldo de la deuda representaba sólo el 13.7 por ciento del PIB en 1970. Para 1976, ese coeficiente había subido a 30.7 por ciento del PIB. La política populista aplicada llevó a incrementar el gasto público, sin generar mayor recaudación fiscal. Ese mayor gasto se financió aumentando la deuda, y estalló en 1976, con una devaluación cambiaria y una inflación creciente”.

Primer periodo:

Cuadro 2. Evolución Oficial del Saldo de la Deuda Externa 1970-2010 Porcentaje del PIB

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Fuente: Moreno Pérez Juan, “La Deuda Pública Federal durante el periodo 1970-2010: comportamiento y los problemas de registro”, publicación electrónica interna, Asesoría Económica GPPRD, Cámara de Diputados, noviembre 2011.

“es el que se observa en la actualidad, durante el segundo sexenio panista... Lo primero que se aprecia es un brinco del citado saldo de la deuda respecto al PIB, de un 21.7 por ciento en 2007, a un 33.8 por ciento en 2009. Este nivel se mantiene en 2010, con una ligera baja, derivada del crecimiento real del PIB y de la apreciación cambiaria.

Sexto Periodo:

“… entre 1995 y 2007, contemplando el último sexenio priísta… y el primer sexenio de los panistas... Aquí se observa una disminución del coeficiente Deuda-PIB, estabilizándose entre 22 y 24 por ciento”.

Quinto Periodo:

“…los siguientes años 1989-1994… mediante una apreciación real del tipo de cambio y una liberalización financiera, sin el indispensable mejoramiento en la regulación, condujo a una nueva crisis, la cual se desarrolló durante 1995. La deuda, como proporción del PIB, llego a su menor nivel en 1993 (23.2 por ciento), para incrementarse de nuevo en 1995 hasta alcanzar un 39.1 por ciento”.

Cuarto Periodo:

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GrĂĄfica 9. Deuda pĂşblica oficial y ampliada

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Sin embargo, a la deuda del sector público federal debe de sumarse la deuda revelada de por lo menos 2 puntos del PIB imputable a los gobiernos estatales y municipales, mientras que los pasivos contingentes de los organismos de seguridad social y de pensiones elevan los requerimientos financieros del sector público federal en un costo anual estimado de 3.2% del PIB, los cuales al capitalizarse podría fácilmente costearse en una deuda equivalente a la revelada en la llamada deuda pública oficial, a ello debería de sumarse los pasivos laborales en el sector paraestatal (Pemex y CFE) por un monto que fácilmente rebasa otros 4 puntos del PIB, con lo que sumado a lo anterior, fácilmente podría cuantificarse otro monto equivalente a la llamada deuda pública ampliada, estos últimos cálculos pueden parecer exagerados, pero la llamada crisis financiera internacional ha dejado la enseñanza de que cualquier cadáver en el clóset más tarde que temprano tiene que ser exhibido. El resultado de estos cálculos colocan a México en una situación límite en cuanto al manejo de su crédito de mediano plazo, sin que se advierta por el momento problemas graves de caja, si y solo si, las tasas de interés continúan bajas; las fuentes alternativas de financiamiento del gobierno federal siguen siendo constantes y si tus acreedores te permiten que sigas haciendo lo que antes hizo antes Grecia, España o el sector hipotecario en los EEUU por citar sólo algunos ejemplos. En palabras de Moreno: …sólo quisiera agregar que cuando todos los demás componentes de la deuda pública escondida se registren de manera correcta, la Deuda Pública “Oficial” coincidirá con la definición de la “Amplia”, siempre que se deduzcan además los saldos de los activos (disponibilidades) financieras, quedando la definición correcta de Deuda Pública Neta, cuya variación (eliminando efectos de valuación de saldos) deberá coincidir de manera exacta con el verdadero balance (déficit o superávit) financiero del Sector Público Federal.

Y en el mediano plazo, al considerar estos factores de incertidumbre, opacidad y distancia entre lo que se anuncia como infor-

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mación oficial y lo que realmente está debajo de la alfombra de la realidad, entonces, se puede entender como todo el discurso neoliberal está basado en la especulación de futuros que ningún oráculo certificará, simplemente porque ya no pueden, estos factores de especulación son sencillos de enumerar y clasificar como especulativos: el costo del dinero seguirá bajo (deuda y tasa de interés); las reservas petroleras serán abundantes como hasta hoy (ingresos extraordinarios por definición, sujetos a poca observación pública); se sostendrá la ley de hierro sobre el empleo y los salarios (basamento del control inflacionario y del fraude virtual contra los fondos de pensión y de retiro de los trabajadores), o bien, seguir sin advertir hasta cuándo podrán sostener los privilegios fiscales selectivos y los subsidios implícitos a la plataforma exportadora en el ámbito fiscal. Finanzas Públicas Petrolizadas y Régimen Fiscal con altos Gastos Fiscales Se analizará dos de los factores que directamente afectan la estructura financiera del Estado Mexicano y capacidades de operar en el futuro inmediato. Para todos en México es conocido que el financiamiento alternativo de las finanzas públicas se resume en una sola palabra: petróleo. En los últimos diez años, la exportación de crudo a buenos precios ha representado la verdadera fuente de la estabilidad macroeconómica, ya que sólo por exportación ha representado hasta 20 mil millones de dólares anuales adicionales, y en los últimos tres años cantidades todavía superiores con respecto 100% de los ingresos anuales de la década anterior, quien afirme que el proceso de modernización de principio de los noventa es la clave para explicar el balance financiero del México de hoy, simplemente no dice la verdad, la gráfica 10, señala con toda claridad cuál es origen del ordenamiento financiero federal. El petróleo explica alrededor del 36% de los ingresos del sector público federal, y se incluye la recaudación directamente imputable a la venta de energía del estado: gasolinas y electricidad se revela el tamaño de los problemas financieros del futuro, la cifra que podría

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Fuente: INEGI, tomado de Ramírez de la O.

Gráfica 10. Exportación petrolera-México

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significar, con tranquilidad, alrededor del 10% del PIB. Esto explica porque los privilegios fiscales (gastos fiscales) mayores al 4.2% del PIB son posibles de financiarse, también explica porque los corporativos y el sector exportador pueden recibir esos subsidios, eso que un alto funcionario de SHCP definió, a la luz de la discusión del dictamen del Impuesto Empresarial Tasa Única (IETU) en la Cámara de Diputados como un descuento virtual del 50% en el pago del Impuesto Sobre la Renta, pues en México únicamente el trabajo asalariado formal contribuye sin tener deducciones significativas.12 Vale la pena considerar las posibilidades explosivas superficiales del cóctel de fortalezas y debilidades de las finanzas públicas: deuda y pasivos públicos crecientes en el tiempo; finanzas públicas petrolizadas y gastos fiscales insostenibles en el mediano plazo con baja recaudación fiscal. Si se considera tan solo el balance presupuestario no petrolero se puede observar como los requerimiento financieros del sector público alcanzan con toda facilidad desde 2009 más de 10 puntos del PIB (véase gráfica 11). Un desbalance en los supuestos de este cóctel, en un marco de estancamiento económico y graves rezagos sociales, pobreza, bajos salarios y desempleo, con una crisis de confianza política y económica endógena, con el peor escenario de los últimos 120 años en el entorno internacional, a saber por lo que finalmente reconoció Agustín Carstens, Gobernador del Banco de México13 , puede sim12 Si bien el IETU vino a ordenar algunas de las debilidades más evidentes de los instrumentos impositivos basados en el ingreso, no se logró establecer ni de cerca una arquitectura medianamente eficaz para los propósitos recaudatorios o de progresividad. El reto de una reforma fiscal es enorme si se compara con lo realizado en 2007. Se puede afirmar que el Estado perdió en esa ocasión un tren de vital importancia al ceder a los grupos de presión y al priorizar el arreglo del reparto de la Recaudación Federal Participable, a favor de las principales gubernaturas del PRI (EdoMex y Puebla en ese momento) y del PAN (Jalisco y Guanajuato, como hasta hoy). Al final, la reforma perdió su propósito tanto en el sentido financiero, como en el de progresividad, así como de federalismo fiscal. Todo es posible mientras aguante la plataforma petrolera exportadora, la cual está en franca declinación. 13 Carstens, Carstens, Agustín, Gobernador del Banco de México, el discípulo más avanzado del Sr. Greenspan, diseñador clave de la política monetaria, fiscal,

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Fuente: Estudios Económicos de la OCDE: México, 2011. Resumen ejecutivo. Evaluaciones y recomendaciones.

Gráfica 11. Balance presupuestario no petrolero. Requerimientos financieros del sector público

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plemente convertirse en una catástrofe de sacrificios para otras tres generaciones o simplemente volver inviable la nación que se quiere construir. Por lo que se refiere a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las medidas contenidas en el cuadro 2 representan la lista de políticas y reformas no tan ortodoxas que la institución ha venido recomendando para México en los años posteriores a la crisis, el único matiz a estas medidas al inicio de 2012 y a la luz de la gravedad de la situación reconocida por Carstens, en voz de José Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE,14 recomendó de forma prioritaria la reforma fiscal moderna que México necesita y que libere a las finanzas públicas del petróleo, lo cual es congruente con lo aquí expuesto. Al retornar a la situación de alerta de Carstens derivada de su reciente informe a embajadores y cónsules, el 5 de enero de 2012, el entorno externo será desfavorable por lo menos por un lustro más, el crecimiento PIB continuará bajo 3.5 por ciento anual, dinámica insuficiente para crear empleo y paliar la pobreza, en un contexto donde se han agotado las posibilidades de los principales estímulos macroeconómicos y existe sobre endeudamiento en los países desarrollados, donde la situación camina hacia una recesión de consecuencias que no pueden ser conmensurables a la luz de la informagasto y deuda pública de las últimas décadas, esta vez, el diagnóstico simplemente es sobrio, más allá de las críticas se reconoce en el funcionario el valor de aclarar que el catarrito que anunció en 2008, se clasifique ahora como la peor crisis en 120 años. Sin embargo, el Sr. Carstens insistió que México tenía fortalezas en su balance macroeconómico asunto a discusión como se observa en el siguiente apartado. En este sentido, Carstens al igual que el último diagnóstico y recomendaciones de la OCDE sobre México, insistió en apretar los tradicionales parámetros y políticas ortodoxas, en la receta de mantener los balances, pero cuidando no mencionar medidas de recorte al gasto público y a las áreas de derroche que están conceptualmente identificadas por la opinión pública especializada. Ver: La Jornada, Informe a los Embajadores sobre la Situación Económica de México en 2012. 05/01/2012. 14 Gurría Treviño, José Ángel, Seminario de Perspectivas Económicas, 12/01/ 2012, donde sin ambigüedades se afirmó el diagnóstico previo del Gobernador del Banco de México

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Fuente: Estudios Económicos de la OCDE: México 2011. Resumen Ejecutivo Evaluaciones y Recomendaciones.

Llevar a cabo íntegramente el plan de consolidación fiscal, a menos que el crecimiento resulte significativamente menor a lo esperado. Nota: medida que 2012 simplemente ya no tiene matiz, pues la reforma fiscal es urgente. Suponiendo que las expectativas inflacionarias sigan bien ancladas, esperara a aumentar la tasa de interés de referencia por lo menos hasta mediados de 2011. Considerar la aplicación de una regla de balance fiscal estructural, ajustando los ingresos a los ciclos económicos y del precio del petróleo. Presentar con periodicidad regular los datos fiscales y proyecciones presupuestales de acuerdo con los estándares de cuentas nacionales. Hacer permanente la medida temporal que elevó los límites a los activos acumulados en los fondos de estabilización petrolera. Continuar de acuerdo con lo planeado con la acumulación de reservas internacionales por medio de un mecanismo basado en reglas preestablecidas. En los mercados financieros, evolucionar hacia la aplicación de regulaciones y supervisión macroprudenciales. Introducir requerimientos de capital contra cíclicos de acuerdo a lo planeado. Continuar retirando la política excepcional de otorgamiento de crédito dirigido por el Estado a través de la banca de desarrollo. Fomentar una mayor diversificación de las exportaciones por medio de acuerdos multilaterales y regionales.

Cuadro 3. Recomendaciones de la OCDE para apoyar la recuperación y estabilizar más la economía

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ción revelada. En este contexto, una economía castigada ya por 30 años, resentirá aún más el que la tormenta se convierta en ciclón. Alternativas para el futuro Los hechos y muchos estudios han demostrado la derrota intelectual, estratégica, práctica y electoral de la política neoliberal de los últimos 30 años. Hoy los neoliberales se rinden ante los nubarrones de la siguiente década, sólo alcanzan a atinar que es necesario continuar con las recetas del llamado cambio estructural, reformar la energía y la electricidad, claman vendamos lo que queda, arranquen las joyas de la reina, flexibilicemos aún lo queda al mundo laboral e impulsen los impuestos al consumo para sufragar los gastos del estado. Todas las medidas que ya fracasaron y llevaron a la crisis financiera internacional. México tiene reservas, más allá del abuso de décadas de mala administración, la principal de ellas está en la constitución y arribo a la democracia mexicana15 y en la juventud generada por la transición demográfica, los desafíos están en transformar estos factores en confianza institucional, a fin de poder multiplicar nuestras capacidades de inversión y confianza en el futuro. Cuando se frasean las palabras inversión y confianza, se parte de una acepción antigua, más allá del significado impersonal de los mercados financieros desregulados. Se frasea inversión en el sentido de futuro, de creer en la construcción de la nación, de la república, de las potencialidades empresariales y del sector del trabajo, de pensar que es posible reestructurar el campo mexicano para incrementar nuestra fortaleza alimentaria. Confianza, también quiere

15 Cual viaje de Odiseo, después de las intrigas de los dioses, de soportar las tormentas de Neptuno, de ignorar los cantos de sirenas, de desafiar al cíclope neoliberal y a la necedad de la corte oligarquizada de los monopolios y partidos, los cuales creen que nunca llegará Ulises y que tienen derecho reservado y exclusivo para acceder a la Reina y al Trono. Después de todo, la llegada de la democracia plena puede ser la única y mejor noticia para restablecer la confianza entre los mexicanos.

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decir, que estamos ciertos que se puede enganchar la república a las bondades de la investigación y el desarrollo, de que es posible crear un sistema educativo humanista y tecnológicamente avanzado, que nuestro sistema de salud puede ser mejorado, que existen un conjunto de fortalezas para las asociaciones entre la sociedad y el estado no determinadas por la corrupción y la ganancia fácil de los diseños de infraestructura vigentes que sólo incrementan la deuda pública. Confianza significa crear un ambiente basado en la postura endógena de que se puede encontrar una nueva articulación y pacto entre y con los mexicanos y que ese ambiente se desarrollará en una nación abierta y que será compartido por los inversionistas en sus decisiones y por la recuperación del papel del estado como inversionista del desarrollo. Confianza también quiere decir, que es posible meter en cintura el gasto público, porque no son correctos los crecientes excesos de gasto corriente y altos salarios a los funcionarios en un mar de pobreza de la mayoría; confianza también quiere decir, combate a la corrupción reducción de gastos, reforma fiscal democrática y progresista y aumento en la recaudación, pero competitiva en términos de la generalidad y la proporcionalidad para todos los contribuyentes sectores nacionales y exportadores; confianza quiere decir crear una nueva economía política de la regulación y de la generación de una mayor competencia para eliminar los precios monopólicos derivados del privilegio. Finalmente, confianza para reemprender el crecimiento significa dar mayor poder a los ciudadanos en términos de oportunidad y expectativas para restablecer la idea de que el futuro será mejor que lo que hoy tenemos, que es posible restaurar el orgullo de México, y en esta idea reconstruir la certidumbre en un sistema económico abierto y competitivo, sin privilegios, con igualdad de oportunidades en lo económico y con procuración de la equidad en lo social. En términos programáticos y sólo para contribuir, sin pretender agotar la agenda de todo lo que es urgente e importante de realizar en la constitución de la democracia, debemos de otorgarnos la opor-

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tunidad de volver a crecer y de partir de propósitos teleológicos a favor de las mayorías, tales como impulsar: • •

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Un Programa anticorrupción sin ambigüedades; Austeridad en el gasto público a partir de un ahorro equivalente a 3 puntos del PIB en el corto plazo y de dos puntos más en el mediano plazo; Reforma fiscal moderna y federalismo democrático, responsable y transparente para despretrolizar las finanzas públicas; Aplicación de los ahorros a la inversión pública productiva: reestructuración de la rectoría energética a favor Pemex y CFE para crear un crecimiento anual en la tasa de inversión equivalente al 16 por ciento; Grandes Proyectos de Infraestructura y Desarrollo Regional bajo una discusión que profese objetivos compartidos públicos y privados; Nueva economía política para regular los monopolios y fomentar la competencia; Reestructuración del campo mexicano a partir de recuperar la vocación alimentaria de México, con la modernización de las cadenas productivas a favor de los productores y campesinos; Política industrial a favor de las Pymes: compras gubernamentales, encadenamientos integrales, modernización tecnológica y financiamiento competitivo; Banca regional, social y ética; Programas sociales a los sectores más vulnerables, a partir de los ahorros derivados de la lucha contra la corrupción y la austeridad: oportunidades, adultos mayores, mujer y madres solteras, niños y población capacidades diferentes; Reforma educativa democrática y descentralización distrital para recuperar el futuro; Reforma para universalización de la salud y equidad de género;

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Reforma a la seguridad social y sistemas de pensiones; Pacto laboral para la productividad, el empleo y la recuperación de los salarios; Programa especial para la juventud: educación, oportunidades y cultura.

Obviamente, la lista es incompleta y no contiene todos los desafíos de los próximos años para la preservación de la nación y la república, para la construcción de la democracia con crecimiento económico y prosperidad competitiva; para saldar las deudas en materia social mediante un nuevo pacto en la política económica y social… y para construir la república amorosa que sustituirá a la madrastra neoliberal.

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