proteccion y legitimidad

el olvido de los derechos fundamentales como garantia constitucional de proteccion y legitimidad

En Colombia, los derechos fundamentales se consagran en la Constitución de 1991, que dio lugar en la Asamblea Nacional Constituyente el 4 de julio de 1991, en donde participaron Álvaro Gómez Hurtado, Horacio Serpa y Antonio Navarro Wolf, entre otros. Dicho documento no solo cumple la función como norma de normas, sino que además “surgió con una necesidad de reestructuración del Estado y el sistema jurídico colombiano tras 104 años de vigencia de la constitución de 1886; es un instrumento de las reivindicaciones de libertades, garantías y derechos hasta entonces limitados, y además como respuesta institucional a las varias formas de violencia que asolaban al país”, menciona el portal Razón Pública.

Los derechos fundamentales deben cumplir dos funciones: protección y legitimación: “La función de protección limita a los poderes públicos y jurisdiccionales, e impone topes que inspiran un funcionamiento global del ordenamiento jurídico; mientras que la función de legitimación, consiste en la distinción entre lo justo y lo injusto y ello tanto respecto de actuaciones políticas concretas, como de cada Estado –o, más en general, organización política– en su conjunto”, según Luis Maria Díez-Picazo, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. En pocas palabras, podría pensarse que los derechos están para garantizarse, sin embargo, ¿qué tanto se proPor Alejandro Rodríguez tegen y legitiman en nuestra sociedad?

El artículo 1 de la Constitución de 1991 define a Colombia como “un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”; es decir, es un Estado que garantiza la protección de los derechos fundamentales.

Un informe publicado por Unidad de Investigación y Acusación de la JEP el 9 de septiembre de 2020 en el día Nacional de los derechos humanos, el Director de la Unidad hizo una advertencia en el sentido de que “el país se está acercando al umbral de violencia de los años 1998-2002”. Pero dichas cifras no son reconocidas por una amplia mayoría de los colombianos, pues las polarizaciones políticas entre la izquierda y la derecha, a pesar del cambio de siglo, se han mantenido. Además, bajo la etiqueta de “seguridad democrática” instaurada por el expresidente Uribe desde el 2002 en adelante, una gran masa de personas considera que de no haber sido por él estuviésemos en peores condiciones de violencia.

Dentro de la Constitución, el artículo 20 menciona que “. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e

imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación”; lo cual podría sonar paradójico, pues Colombia es un país en el que cualquier opinión, de cualquier índole, se arraiga a restricciones invisibles sociales, políticas y culturales bajo el territorio en el cual se encuentre el sujeto, permeadas por la violencia y sin la posibilidad de una protección confiable del Estado. Se podría mencionar que la censura a la prensa es imposible de disimular tras las amenazas y asesinatos a quienes alzan la voz de la opinión pública.

Por otro lado, el artículo 11 menciona que “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”; a su vez, el artículo 12 dice que “nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas

“Las soluciones se representan en una dualidad: expresarse y morir, o no expresarse y vivir en permanente miseria”

ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”; pero en el actual mandato del presidente Duque, se le había ocurrido establecer pena de muerte para los violadores cuando la misma constitución niega dicha posibilidad, a su vez que las torturas y tratos crueles se han sostenido en las Fuerzas Militares, quienes, excediendo su uso del poder, según investigaciones de la JEP publicadas el 15 de diciembre de 2019, han socavado territorios a través de violaciones y asesinatos extrajudiciales para validar estadísticas de victorias en las guerras.

Por otro lado, la Fundación para la Libertad de Prensa menciona que desde el 2017 al 2019, fueron amenazados 583 periodistas en Colombia, periodo que concuerda con la firma de los acuerdos de paz entre el Estado y las Farc. A pesar de ello, la violencia en el país no es nueva, y no solo se arraiga a los periodistas, quienes en sí, a pesar de ser el

intermediario entre el pueblo y la información, se les ha sumado otro grupo destacado: líderes sociales y excombatientes de la Farc. Las alarmas estadísticas se han disparado desde el inicio del mandato del actual presidente Duque, pues, según Infobae, se lleva registro de más de 250 excombatientes asesinados. Según el portal Verdad Abierta, han ocurrido 74 masacres entre el 1 de enero y el 13 de noviembre de 2020. Las soluciones se representan en una dualidad: expresarse y morir, o no expresarse y vivir en permanente miseria. Según la Defensoría, desde el 24 de noviembre de 2016 al 15 de julio de 2020 se registran más de 500 defensores de los DD. HH. asesinados, lo cual no solo es evidencia de que aquel que busque cambios en sus comunidades es alejado de dichas transformaciones, o silenciado mediante amenazas o torturas, que afectan el desarrollo de dichos territorios plagados de crimen organizado y un nulo apoyo del Gobierno, en los cuales tampoco se cumplen el resto de los derechos de la carta magna.

El sistema jurídico colombiano tiene dificultades para proteger a los ciudadanos, inclusive el papel de la tutela posee sus limitaciones como mecanismo de protección de los derechos los colombianos; no obstante, es la que mejor se adapta a resolver dichos inconvenientes.

Cabe resaltar que, a pesar de ello, en la justicia prevalece un distanciamiento de las autoridades correspondientes en territorios desamparados por la fuerza pública, o en la que incluso se negocia mediante sobornos el silencio de los funcionarios.

A pesar de las estadísticas, el 20 de marzo de 2020, el Ministro de Defensa, Holmes Trujillo, afirmó que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional se encuentran en todo el territorio para garantizar la seguridad y tranquilidad de los colombianos”, eso sumado a la pandemia actual, ¿podría creerse que de verdad sí se encuentran en todo el país? En un informe anual realizado el 21 de marzo de 2018 por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el alto comisionado para los Derechos humanos mencionó que “La presencia del Estado únicamente a través de sus fuerzas de seguridad no contribuye a generar cambios positivos y sostenibles para las comunidades. La falta de un enfoque de intervención integral del Estado ha llevado a una escalada de violencia en ciertas partes del país”.

Un país en el que es imposible defenderse por un lado y por el otro, crea mecanismos propios para hacer valer sus derechos aunque pasen por encima de quien se supone que debe protegérselos, pues ni ellos mismos se los cumplen en un presunto Estado de derecho que parece funcionar para unos cuantos y para otros tantos no.

Por otro lado, la desinformación a la que se está expuesto por la hiperdigitalización ha permitido que en todo en el mundo, en especial en Colombia, se sesgue la opinión pública y se fragmenten los tejidos sociales hacia un lado u otro, pero sin solucionar los problemas internos de las comunidades. Incluso el Gobierno Duque mediante el uso de fotos falsas que mentían sobre la realidad de sus planificaciones e investigaciones contra el conflicto armado,

evidenció en la presentación ante la ONU en el 2019, que en Venezuela, específicamente en Táchira y en Bolívar, existían nexos entre la guerrilla del ELN y disidencias de las Farc, incluso con la muestra de unas fotografías que ni siquiera fueron tomadas en dicho país, sino aquí mismo en Colombia en el Cauca y en el Catatumbo. ¿Deberá ser la violencia la solución a la violencia? Esta cadena de hechos conlleva a que la legitimidad del poder no se monopolice en el Estado, como característica de los Estados modernos, sino que se descentralice y cualquiera reparta, bajo su propia perspectiva, la violencia hacia quien considere. Las tensiones sociales han permanecido en país en el cual la justicia a mano propia representa para algunos la solución a los problemas de violencia; un caso relacionado en 2020 es sobre el asesinato de tres ladrones a manos de un médico, en el cual se formó un debate sobre el porte legal de armas, tanto en los centros del poder político, como en la ciudadanía.

Sobrevivir en un país en el cual tus derechos solo parecen estar escritos en papel pero no

“La revisión de la constitución como norma de normas debería ser el eje primordial ante cualquier funcionario público y ciudadano colombiano”

en la realidad, pues según un artículo publicado el 23 de julio de 2019 por el periódico El Tiempo, en Arauca y Norte de Santander, aumentó la violencia a manos del Clan del Golfo, las Autodefensas Gaitanistas, Eln y los ‘Caparrapos’, lo cual ha conllevado al aumento de violencia actual, las desigualdades sociales y el abandono estatal en territorios en el que su ordenamiento político y jurídico se rige bajo el mando de grupos al margen de la ley. El restablecimiento del Gobierno como ente de control, ha olvidado el papel fundamental de la carta magna, y más si se le suma el abuso de la fuerza pública contra su pueblo.

La revisión de la constitución como norma de normas debería ser el eje primordial ante cualquier funcionario público y ciudadano colombiano; y la relación directa con los derechos fundamentales y su cumplimiento ser un acto de normalidad estatal, no un milagro ocasional. Ante esto, en los últimos años, las marchas que han sofocado no solo a Colombia sino a toda Latinoamérica, ha fundado la idea de un pensamiento crítico sobre las injusticias de los estados hacia su pueblo, y tal vez, a raíz de todo esto como se evidenció en Chile con el cambio de constitución, se logre para los colombianos una intervención social real que cobije a todos y no a unos pocos para construir un mejor país.