Por Alejandro Rodríguez
el olvido de los derechos fundamentales como garantia constitucional de proteccion y legitimidad
E
n Colombia, los derechos fundamentales se consagran en la Constitución de 1991, que dio lugar en la Asamblea Nacional Constituyente el 4 de julio de 1991, en donde participaron Álvaro Gómez Hurtado, Horacio Serpa y Antonio Navarro Wolf, entre otros. Dicho documento no solo cumple la función como norma de normas, sino que además “surgió con una necesidad de reestructuración del Estado y el sistema jurídico colombiano tras 104 años de vigencia de la constitución de 1886; es un instrumento de las reivindicaciones de libertades, garantías y derechos hasta entonces limitados, y además como respuesta institucional a las varias formas de violencia que asolaban al país”, menciona el portal Razón Pública. Los derechos fundamentales deben cumplir dos funciones: protección y legitimación: “La función de protección limita a los poderes públicos y jurisdiccionales, e impone topes que inspiran un funcionamiento global del ordenamiento jurídico; mientras que la función de legitimación, consiste en la distinción entre lo justo y lo injusto y ello tanto respecto de actuaciones políticas concretas, como de cada Estado –o, más en general, organización política– en su conjunto”, según Luis Maria Díez-Picazo, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. En pocas palabras, podría pensarse que los derechos están para garantizarse, sin embargo, ¿qué tanto se pro-
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tegen y legitiman en nuestra sociedad? El artículo 1 de la Constitución de 1991 define a Colombia como “un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”; es decir, es un Estado que garantiza la protección de los derechos fundamentales. Un informe publicado por Unidad de Investigación y Acusación de la JEP el 9 de septiembre de 2020 en el día Nacional de los derechos humanos, el Director de la Unidad hizo una advertencia en el sentido de que “el país se está acercando al umbral de violencia de los años 1998-2002”. Pero dichas cifras no son reconocidas por una amplia mayoría de los colombianos, pues las polarizaciones políticas entre la izquierda y la derecha, a pesar del cambio de siglo, se han mantenido. Además, bajo la etiqueta de “seguridad democrática” instaurada por el expresidente Uribe desde el 2002 en adelante, una gran masa de personas considera que de no haber sido por él estuviésemos en peores condiciones de violencia. Dentro de la Constitución, el artículo 20 menciona que “. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e
