“… ¡PUES es TORTURA!”
Red SOS-Tortura
sexual en México Tortura
La violencia sexual es un tipo de tortura que se ejerce con la intención de degradar, controlar o humillar. La tortura sexual suele practicarse contra las mujeres y la mayoría de los casos permanecen en la impunidad.
Además de la violación, la desnudez forzada, los manoseos y tocamientos indebidos son formas de tortura sexual que se han normalizado.
Históricamente, cada gobierno ha optado por una estrategia de seguridad militarizada bajo el discurso de combatir el crimen organizado, los grupos subversivos y el narcotrá co.
Aunque esta estrategia no ha tenido éxito, la militarización continúa afectando principalmente a comunidades indígenas, en especial a mujeres y niñas.
Fuerzas armadas han reprimido a los movimientos sociales, violando múltiples derechos humanos a través de Las desapariciones forzadas, torturas, masacres y ejecuciones extrajudiciales.
Ante la impunidad de la justicia nacional, los casos de tortura sexual y violación a los derechos humanos han sido llevados a la Corte IDH.
En el corazón del Estado de Guerrero, en Caxitepec y Barranca Tecuani, habitamos mujeres indígenas Me’phaa...
Las mujeres de nuestra comunidad han sufrido torturas sexuales constantes por parte de miembros de las fuerzas militares que se encuentran en el territorio.
en una región conocida como La Montaña.
Este es el caso de Valentina que tan sólo con 17 años, y una hija de 3 meses, fue violentada y discriminada por su género, étnia y condición de pobreza.
En febrero de 2002, Valentina fue abordada por ocho soldados para interrogarla sobre el paradero de once hombres encapuchados.
A pesar de tener poco dominio del español, y no saber sobre el caso, fue golpeada y torturada sexualmente.
Luego, la tiraron al suelo. Al menos dos soldados la violaron mientras los demás observaban.
Un mes después, once militares allanaron el hogar de Inés, en Barranca Tecoani, cuando ella tenía 25 años. Mientras sus hijos jugaban, la interrogaron sobre su esposo.
Al buscar justicia, las autoridades las discriminaron, no les creyeron y se negaron a admitir sus denuncias.
Por su cosmovisión indígena, su sufrimiento fue vivido como una pérdida del espíritu.
Los militares involucrados negaron los hechos y las amenazaron para que desistieran de sus denuncias.
El Estado mexicano no protegió sus derechos...
no les brindó atención oportuna y omitió la presencia de traductores durante las valoraciones médicas y la denuncia.
Ante la indolencia del Estado, los casos de Valentina e Inés llegaron hasta la Corte IDH
En agosto de 2010, la corte IDH emitió dos sentencias contra el Estado mexicano.
Concluyó que la violencia sexual fue una manifestación de discriminación por ser mujeres e indígenas, representando tortura para ellas y la comunidad.
La Corte condenó a México y exigió al Estado mexicano medidas para que casos como el de Valentina e Inés no se repitan.
En junio de 2018, una jueza mexicana emitió una sentencia histórica para el caso de Valentina: dos de los agresores fueron sentenciados a 19 años de cárcel.
Han pasado 11 años desde las sentencias de la Corte. Sin embargo, no todas las medidas de reparación a nivel comunitario y estructural se han implementado.
En México, la tortura sexual y de género es muy frecuente. Cuando sucede en comunidades indígenas, afecta gravemente a las víctimas y fractura el tejido social comunitario. Los protocolos para la atención de casos de tortura sexual no suelen implementarse debidamente, replicando casos como el de Valentina e Inés.
La actual administración continúa optando por una estrategia de seguridad militarizada ampliando los poderes del Ejército, limitando los mecanismos de control y rendición de cuentas, y aumentando el riesgo de abuso y tortura sexual y de género, especialmente, en las comunidades indígenas.
En cuanto a los servicios de atención médica y acceso a la justicia, aún se deben realizar ajustes estructurales. Se debe capacitar y sensibilizar al personal que atiende a las víctimas de violencia sexual y de género para garantizar siempre el respeto a los derechos de las mujeres indígenas
Fray Bartolomé de Las Casas A.C.Red SOS-Tortura
Centro de derechos humanos
Resistencia Tortura en el marco Protesta Social de la y la en Colombia
En 1971 se creó el Consejo regional indígena del Cauca, orientado bajo los principios de Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía.
Así, la persecución a las estructuras políticas organizativas, se produce desde el miedo y la represión a las movilizaciones para evitar y limitar el ejercicio político y ejercer control social y territorial.
Además, se ha instalado un discurso de odio contra los pueblos indígenas por considerarnos un obstáculo para la consolidación de intereses económicos, tanto legales como ilegales.
Por ello, los 10 pueblos y las 127 autoridades, hemos resistido históricamente contra la política de explotación de nuestros territorios a través de la movilización.
Pero desde la creación de la organización, hemos sufrido una violencia sistemática caracterizada por actos de tortura.
La tortura ha sido utilizada para castigar e intimidar a los pueblos indígenas en la búsqueda por construir un poder político y de desarrollo basado en sus cosmologías.
La tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes (TCID) se ejercen para exterminarnos como actor político afectando nuestro derecho a la autodeterminación.
Protesta social ha sido
La
adoptada para visualizar problemáticanuestrasocial. Es un mecanismo para la reivindicación de derechosnuestros y su materialización.Es “nuestra obligación con la madre tierra defender y proteger los recursos que garantizan los espacios de vida”.
Pero, el Estado ha buscado desacreditar y debilitar nuestra organización instalando diversos estigmas en el imaginario social.
Por su parte, los grupos subversivos nos acusan de ser colaboradores de grupos armados opuestos y de la fuerza pública.
Esto ha legitimado todo tipo de violencia contra nuestro proceso organizativo produciendo un gran sufrimiento a nuestros pueblos.
AMENAZA DESPOJO DE TIERRAS
Se violenta a la organización, a las autoridades y a la Guardia Indígena.
Así ocurrió en el caso de Rosa:
Nuestra lideresa y autoridad indígena Nasa, recibió 18 mensajes de texto, pan etos y llamadas amenazantes en el transcurso de un año.
Ella interpuso una demanda tras la cual ex-funcionarios de la alcadía de Caloto iniciaron una persecución contra ella.
Luego, varios casos de reclutamiento forzado de niñas y niños se presentaron en el territorio.
Rosa, al denunciar los hechos junto a los padres de los niños y niñas cautivos, fue amenazada por parte de los comandantes de los grupos armados.
FALSOS
TORTURA SEXUAL HOMICIDIOS RECLUTAMIENTO FORZADO
POSITIVOS
En 2016 también amenazaron a su hija, quien debió huir del resguardo hacia la capital.
Su denuncia fue interpuesta ante el nuevo gobernador pero no hubo respuesta alguna.
En el velorio, Rosa se enteró que hombres en motos y con casco fueron a buscarla a su hogar. Regresaron de nuevo la siguiente semana.
Estas acciones individuales y colectivas de violencia afectan a nuestro poder político, física y mentalmente, destruyendo nuestra identidad colectiva. La situación en los resguargos, cabildos y zonas protegidas es dramática. A pesar de la declaración de emergencia ambiental por la explotación de recursos, las autoridades competentes no han sido e cientes contrarrestando el daño y protegiendo los espacios de vida. Las continuas amenazas y asesinatos de líderes sociales y ambientales, así como los desplazamientos forzados, re ejan una situación preocupante de violación a los derechos humanos, ejercidos a través de la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes (TCID).
El Estado ha favorecido la ilegalidad y las dinámicas de violencia armada a costa de las comunidades étnicas que hacemos resistencia para la conservación del territorio y la protección de las dinámicas ambientales y culturales. La ausencia institucional ha profundizado la violencia y los problemas estructurales generados por el con icto armado.
“La vida es sagrada, y cada muerte violenta representa el exterminio de un pueblo".
"La tortura y el despojo no solo acaban con nuestra vidas: destruye nuestra identidad colectiva, nuestra relación intrínseca con la madre naturaleza y el territorio, nuestras costumbres... todo.”
Luego de ser amenazados, líderes de los resguardos Kite Kiwe y Newxs fueron asesinados.
Red SOS-Tortura
Criminalización, estigmatización y amenaza Bolivia
El racismo es un elemento habilitador de violencia. Valida actos de tortura que dejan fuertes secuelas físicas, psicológicas y sociales en individuos y colectividades.
Guerra del Gas (2003)
La ausencia de justicia y la impunidad contribuyen a reproducir estas conductas de odio, exclusión y xenofobia.
Hemos sido sujeto de torturas por pertenecer a comunidades indígenas. Las injustas criminalizaciones, estigmatizaciones y amenazas, han marcado nuestra historia reciente:
Caso 24 de Mayo (2008)
La 'Masacre de Octubre' fue el resultado de la violenta represión al movimiento indígena, obreros y pobladores de El Alto que se oponían a que el gas fuera exportado a EEUU vía Chile.
Defensa del TIPNIS (2011)
25 indígenas fueron torturados y humillados en un acto de violencia racista por parte de universitarios, autoridades, y miembros del Comité Interinstitucional en Chuquisaca.
Caso 19 de Noviembre (2019)
!vándalos¡
!salvajes¡
!ignorantes¡
La octava marcha por la defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure fue violentamente reprimida por la policía. Cerca de 200 personas fueron detenidas y más de 100 resultaron heridas.
Los autores de tortura, en todos los casos, han sido funcionarios del Estado.
!terroristas¡
Tortura, represión masiva con adjetivos racistas contra la población de origen Aymara y Quechua acusados de sedición y terrorismo justi caron las masacres de Senkata y Sacaba.
en
Una experiencia similar vivió Andrés cuando tenía 12 años. Durante la Guerra del Gas, él y su hermana fueron interceptados por militares.
Les apuntaron con sus armas y los acusaron de espionaje. Al explicar que iban a la tienda ambos fueron reprimidos.
Retenidos en medio de alambres de púas, su hermana logra escapar.
Andrés recibió un culatazo que le fracturó el brazo. Un militar lo pateó en el muslo provocándole la caída al suelo y otro lo golpeó en la espalda.
Un grupo de personas se acercó con palos, distrayendo la atención de los militares. Su hermana logró acercarse en ese momento a Andrés y llevárselo.
A pesar de las múltiples fracturas que sufrió Andrés, el Hospital se negó a brindarle asistencia médica.
Luego de dos intentos para ser admitido, Andrés logra ser atendido y llevado a cirugía.
Las secuelas del incidente han marcado a Andrés de por vida a pesar de su corta edad.
Su rendimineto escolar bajó y la pregunta era siempre la misma:
¿Por qué los militares atacan a personas inocentes?
Luego de los hechos, Andrés sufrió depresión, ataques de pánico, estrés postraumático y continuos dolores físicos.
Un decreto emitido durante la Guerra del Gas habilitó a las Fuerzas Armadas para reprimir y violentar el pueblo en lucha. 63 personas fallecieron y decenas resultaron heridas. Casos de tortura física y desaparecidos fueron reportados.
El entonces presidente, y su ministro de gobierno, tienen un juicio pendiente en Bolivia por estos hechos. Sin embargo, lograron escapar y hoy viven en Estados Unidos. Los policías y militares involucrados han sido juzgados y sentenciados.
SE BUSCA Prófugo
Aunque en algunas ocasiones se ha identi cado a las autoridades que han ejercido represión y tortura, no hay procesos judiciales o sentencias contra todos los acusados.
Existe falta de diligencia estatal para intervenir oportunamente y agotar las acciones penales para evitar la impunidad y la revictimización.
La reparación de los derechos vulnerados se ha negado en varios casos y las víctimas han fallecido sin recibir justicia. Quienes sobreviven, no cuentan con un tratamiento diferenciado como personas indígenas.
Red SOS-Tortura
El despojo de tierras ha sido una práctica histórica, generacional y permanente contra los pueblos indígenas. Se ejerce a través de amenzas, represión, criminalización y discriminación. Produce graves sufrimientos físicos, psicológicos y colectivos en las personas y la organización comunitaria y familiar indígena al destruir su relación con su territorio. Y, además, puede ser constitutivo de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
La tortura contra el pueblo Q’eqchi’, ubicado en la zona del Estor,Izabal, responde a un racismo de Estado que se ejerce a través de sus instituciones, en complicidad con agentes de seguridad privados.
Durante los despojos nuestros niños son atemorizados, intimidados e interrogados.
En la lucha por la defensa del territorio hemos sufrido detenciones arbitrarias y criminalización de líderes, lideresas, defensores de derechos humanos y traductores de la comunidad.
... y nuestras mujeres y niñas se sienten amenazadas. Sus libertades son reprimidas y constantemente son víctimas de tortura sexual.
Además, a muchas mujeres embarazadas se les adelanta el parto, por el miedo, angustia y violencia durante los desalojos, exponiendo su vida y la de sus hijos.
Las protestas pací cas de resistencia son disipadas con gases lacrimógenos y ataques desproporcionados con armas de fuego y haciendo un uso excesivo de la fuerza. Esto ha producido el desplazamiento de la comunidad por temor a ser asesinados.
Al salir de nuestros territorios nos vemos expuestos al hambre y al frío de la intemperie.
En en el año 2017, la comunidad Chabil Choc habitaba el territorio donde se encuentra la Finca Santa Isabel, en Livingston, ejerciendo su derecho ancestral.
El 30 de octubre se llevó a cabo el desalojo ilegal de la comunidad. Estos hechos han sido recordados por el uso excesivo de la fuerza y por las múltiples violaciones a los derechos humanos.
Los cultivos y animales de crianza fueron quemados durante el desalojo...
... y muchas mujeres embarazadas sufrieron partos prematuros tras el impacto.
Entre algunos de los hechos está el caso de María Magdalena Cuc Choc.
María ha apoyado a las comunidades de El Estor y Livingston, Izabal, para dar a conocer sus reclamos traduciendo del Q’eqchi’ al español.
Tiikilwank justicia!En 2018, María fue capturada y acusada de los delitos de amenaza, coacción y usurpación agravada.
La denuncia fue interpuesta por Lisbal S.A., quienes la responsabilizaban de invadir la nca junto a la comunidad.
Aunque María acompañaba a la comunidad como intérprete, hoy en dia enfrenta un proceso penal que lleva más de dos años de atraso.
A pesar de que la compañía reclama que el terreno es de su propiedad, es un territorio ancestral de la comunidad.
Este es uno de los casos más representativos de criminalización a líderes y lideresas.
La CIDH ha otorgado medidas cautelares rati cando el derecho ancestral para permanecer en el territorio. A pesar de ello, no existe mecanismo en Guatemala que haga valer nuestro derecho a la tierra.
Todo lo contrario, los desalojos no cesan y durante los mismos las comunidades indígenas son violentadas, heridas, torturadas, además del riesgo de muerte, por falta de acceso a servicios públicos básicos.
El despojo de nuestras comunidades, es un acto racista que nos provoca graves daños y sufrimientos... eso es ¡tortura!
Red SOS-Tortura
Entornos torturantes en
Nicaragua
Los entornos torturantes son una serie de prácticas que, en conjunto, son constitutivas de tortura. Las comunidades indígenas del territorio Rama y Kriol hemos sufrido contínuos ataques y desplazamientos forzados por años.
La política de colonización de la costa Caribe ha sido implementada por décadas. El Estado ha respaldado este proceso de manera no oficial y sin admitirlo públicamente.
En este territorio habitamos 6 comunidades indígenas del pueblo originario Rama y 3 comunidades afrodescendientes Kriol.
Dependemos de los ecosistemas y su biodiversidad porque tenemos una visión holística sobre la vida. Desde nuestra cosmovisión, el territorio y las comunidades somo Uno.
Empresas extractivas, compañías dedicadas a la siembra de palma africana, promotores de la ganadería extensiva u obras como el Gran Canal Interoceánico por Nicaragua (GCIN), han impulsado la colonización.
Estas iniciativas fragmentan nuestros territorios: destruyen la relación entre nuestras comunidades, afectan los medios de subsistencia y ponen en riesgo la seguridad alimentaria, sin mencionar el impacto espiritual y cultural.
Con cada proyecto que llega, se recrudece la invasión de colonos, el avance de la frontera agrícola y la activación de la minería ilegal alterando la fertilidad de los suelos y contaminando los recursos hídricos.
KRIOL RAMAEl desarollo de proyectos sin consulta previa a las comunidades, o sin importar los acuerdos pactados...
...Viola nuestro derecho territorial de propiedad, a la vida digna...
..Y a la participación política.
El tejido social se ha deteriorado causando división y enemistad entre familias y comunidades.
Ante el surgimiento de intereses individuales, debemos enfrentarnos al actuar autoritario de representantes comunales y territoriales.
Con la destrucción de nuestras estructuras sociales nos vemos obligados a desplazarnos.
Para impulsar estos proyectos se recurre a la persecución, amenaza y asesinato de líderes y lideresas que de enden sus territorios.
El acoso constante a través de estas acciones constituye un entorno torturante para las víctimas y la comunidad.
Así sucedió con una de nuestras lideresas que, durante años, ha sido objeto de difamación, coacción y espionaje por parte de funcionarios públicos y líderes cooptados dentro de la comunidad.
El Estado ha amenazado con negar fondos públicos al Territorio si desobedecemos sus órdenes. Nos amenzan con ser despedidos y limitar el acceso a los escasos empleos en escuelas y centros de nuestras comunidades.
"Ningún indígena debe venir aquí porque será asesinado"
En 2020, la lideresa y una comisión de trabajo del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K) fueron detenidos mientras realizaban una gira de 20 días en la Reserva Biológica Indio-Maíz, ubicada dentro de su territorio.
A la salida, fueron víctimas de detención arbitraria y malos tratos por parte del Ejército de Nicaragua, quienes además permitieron el ingreso de nuevos colonos a la Reserva.
Todo el trabajo que el GTR-K había adelantado para lograr la protección del bosque en la Reserva fue destruido por la Insitución en cuestión de minutos.
La falta de respuesta por parte del sistema judicial nicaragüense ante las demandas presentadas por el pueblo ha sido constante. La impunidad ante la violación de los derechos territoriales de las comunidades fomentan los malos tratos y la tortura. Se ha solicitado ante la CIDH exigir al estado de Nicaragua el respeto a las autoridades legítimamente elegidas para proteger el territorio, priorizar el retorno de la población desplazada y garantizar la integridad física y psícologica de las comunidades.
SOS-Torture Network
Mapuche y Tortura Criminalización del Pueblo
La persecución y criminalización de líderes y lideresas del pueblo mapuche, busca paralizar sus acciones de reivindicación de sus derechos ancestrales sobre el territorio.
El control territorial y la represión a la resistencia indígena sobre el territorio Wallmapu se ha ejercido a través de la militarización por parte de los estados de Chile y Argentina.
Los graves sufrimientos producidos, el estado de duelo permanente y el aumento del riesgo de asimilación o extermino cultural, suelen ser constitutivos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Actualmente, el derecho y la defensa del territorio se disputa contra grupos gremialistas y empresas extractivistas vinculados con la clase política y gobiernos de ambos estados.
La actividad extractivista altera nuestra relación con el entorno produciendo desplazamiento forzado y recrudeciendo el empobrecimiento del pueblo Mapuche.
Nuestras demandas políticas son criminalizadas y judicializadas.
Las autoridades espirituales machi y lawentufes, y líderes políticos lonkos, requieren un contacto permanente con el territorio para comunicarse con el mundo espiritual y ofrecer su conocimiento ancestral a la comunidad.
Con 'prisión preventiva' y encarcelamiento, la institucionalidad busca ‘disciplinar’ a las autoridades que reclaman derechos reconocidos y protegidos internacionalmente sobre el territorio.
El encierro genera sufrimiento a nuestras autoridades al limitar su contacto con las fuerzas espirituales del territorio e impedirles ejercer su rol.
Argentina Chile wallmapu
A nivel comunitario, la criminalización de los líderes y lideresas también nos afecta al destruir los procesos de organización social y reprimir la resistencia que ejercemos para la protección del territorio.
La mediatización de los procesos judiciales promueven condenas anticipadas que refuerzan estigmas, degradan nuestros valores culturales y nos humillan.
Este es el caso del lonko líder del Movimiento Mapuche Autónomo del Puelmapu (MAP).
Violentos, terroristas y delincuentes.
La compañía Benetton adquirió 900 mil hectáreas de tierra en territorio ancestral del pueblo mapuche Tehuelche, donde habitan distintos lof (familias mapuche).
PROPIEDAD PRIVADA
A pesar de ello, el Estado argentino declaró las demandas mapuches como ilegales a través de múltiples acusaciones.
Desde el 2013, el lonko ha enfrentado persecuciones y hostigamientos por parte los estados de Chile y Argentina.
En 2016, el lonko fue sometido a un primer juicio de extradición en Argentina.
En 2017, el lonko fue judicializado a una detención preventiva de 36 meses sin una órden activa.
El proceso se declaró nulo porque el informe policial fue obtenido por medio de torturas a un comunero mapuche.
Continúa el con icto Mapucheno!
En 2018, un juez ordenó su extradición a Chile a pesar de no cumplirse las garantías de seguridad a un debido proceso.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU interpuso medidas que impedían al Estado argentino su extradición.
Aún así, se avanzó con el proceso y el lonko fue condenado a 9 años de prisión.
Las políticas de frontera han restringido la movilización de sus allegados, provocando aislamiento familiar y comunitario.
cof cof!
La desarticulación de la relación lonko-comunidad-territorio atenta contra la integridad física, psíquica y cultural del pueblo mapuche.
Entre ambos Estados ha existido cooperación mutua, fundamentada en estrategias de criminalización y discursos de odio racial, para abordar el con cto territorial transfronterizo. El pueblo mapuche ha sido declarado como el “enemigo interno que atenta contra la soberanía nacional”.
La transformación del cuerpo en cautiverio es una expresión de deshumanización y discriminación racista que banaliza la vida, la cultura y la espiritualidad mapuche. La integridad del Che (persona) se violenta con el desequilibrio del cuerpo social/colectivo y su entorno, produciendo debilitamiento espiritual y traumas intergeneracionales.
Los estados de Chile y Argentina han ignorado las demandas políticas, culturales, sociales y han hecho caso omiso a las recomendaciones dadas por diversas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. Esto ha destruido el tejido social de las comunidades mapuche.
Los sufrimientos y actos torturantes a los que ha sido sometido el lonko han debilitado a su espíritu que se enferma en prisión.
Red SOS-Tortura
Pueblo Mapuche: Mariciweu!
El Grupo de Trabajo Temático sobre Pueblos Indígenas y Tortura en América Latina, establecido en mayo de 2020, es una plataforma conformada por diez personas expertas en tortura y/o derechos de los pueblos indígenas, procedentes de siete países de América Latina y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).
Las organizaciones parte del Grupo son:
Centro de Asistencia Legal a los Pueblos Indígenas (CALPI), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FRAYBA), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Comisión Mapuche de Derechos Humanos, Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Instituto de Terapia e Investigación (ITEI) y Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’.
Damos las gracias a las y los miembros del Grupo que colaboraron en la creación de esta novela grá ca por su valiosa aportación:
Andrea Bolaños Vargas, Carlos Ogaz, Claudia Molina González, Emma Bolshia Bravo Cladera, Juana Sales Morales, María Luisa Acosta, Milena Mazabel Cuasquer, Sandra Ferrer Alarcón, Sonia Liliana Ivano y Jorge Luis López.
Textos e ilustración: Pataleta
Este documento ha sido producido con la ayuda nanciera de la Unión Europea, el departamento Federal Suizo de Asuntos Exteriores y el Irish Aid. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de las organizaciones participantes y bajo ninguna circunstancia puede considerarse que re eja la posición de los donantes mencionados: la Unión Europea, el departamento Federal Suizo de Asuntos Exteriores y el Irish Aid.
Fray Bartolomé de Las Casas A.C.
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Centro de derechos humanos
UNIDAD TIERRA CULTURA Y AUTONOMIA
CRIC SNOC E O REGIONAL INDIGENADE ACUAC
