Vial, Gonzalo Martes 03 de Febrero de 2009
El muerto que camina El muerto que camina, en materia de coordinación entre las universidades, y de éstas con los poderes públicos, se llama Consejo de Rectores. Pues su inefectividad corresponde a un difunto. Ella deriva de tres circunstancias: 1) El Consejo de Rectores no es representativo. Los planteles superiores que agrupa sólo reúnen la mitad de los alumnos de este nivel educativo. 2) El Consejo de Rectores no es independiente. Las universidades que pertenecen al Consejo, llamadas comúnmente «tradicionales», reciben cada año del Estado sumas de dinero cuantiosas, a fondo perdido, es decir, sin ninguna exigencia respecto a la utilidad ni prioridad del gasto que harán con esos recursos. Por otra parte, los alumnos más pobres de estas universidades financian sus estudios utilizando créditos fiscales, fáciles y generosos. No digo que dichos créditos sean injustos, ni socialmente inútiles. Pero los planteles extra Consejo carecen de un financiamiento similar, lo cual les quita postulantes —y por ende recursos—, naturalmente en provecho de las universidades «tradicionales». Ahora último, el favoritismo hacia los establecimientos del Consejo ha recrudecido, y sin obedecer a ningún plan... en forma errática. Ejemplos: -100 millones de dólares extra, para “fomentar las humanidades y las artes” en las universidades estatales. No está claro de qué manera cumplirán tan noble objetivo. -15 millones de dólares para que las mismas universidades estimulen el retiro de sus académicos, y así poder “renovar” las plantas de éstos. Nadie explica qué garantía habrá de que la renovación implique una mejora sustantiva y real de la enseñanza. Como el Ministerio de Hacienda vacilara un minuto en proporcionar el dinero pedido, las universidades beneficiarias publicaron una inserción plañidera: que ellas pudieran librarse de académicos atornillados —a costa del fisco, por supuesto—, sostuvieron, era la panacea de la Enseñanza Superior: ésta, sin los millones necesarios a ese efecto, se hundiría irremisiblemente. El ministerio aflojó los recursos de inmediato. ¿Imagina el lector la rapidez y contundencia del «no» ministerial, si alguna universidad privada viniera a pedirle plata para despedir académicos?
El lector apreciará que las universidades favorecidas con los «regalitos» de Papá Fisco son solamente las estatales, no todas las del Consejo. Hasta ayer, las restantes, las olvidadas en el reparto, refunfuñaban, pero no hacían mayor escándalo. Mas los últimos días, abierto el apetito, las estatales pretenden —según el dicho vulgar— «subirse por el chorro». Y en campaña que ha abierto la Universidad de Chile, solicitan que el Estado financie LA MITAD de los respectivos presupuestos anuales. Los 160 millones de dólares que ya gasta el fisco en las universidades del Consejo, dice el rector de la Universidad de Santiago, son “una porquería”. ¿Y qué tajada habría para los planteles no estatales miembros del organismo? Ninguna. ¿Por qué? Porque ellos, como los privados que se hallan fuera del Consejo (aseguran las universidades puramente del Estado), tienen proyectos educativos ajenos a lo que sucede en el «país real»... carecen de «carácter público». La pretensión de las estatales ha hecho arder Troya en el Consejo. Las universidades excluidas alegan a grandes gritos que ellas también son «públicas», y poseen proyectos educativos íntimamente vinculados al «país real». ¿Por qué dejarlas en la intemperie, negarles el nuevo maná presupuestario? El prorrector de la Universidad Católica, plantel que por supuesto integra el Consejo, lo hace ver en El Mercurio (1 de febrero). Aun, concede que quizás existan hoy otras universidades al margen de aquel organismo y que puedan ingresar a él, o a otro nuevo, “menos excluyente”. Siempre, eso sí, que posean también “vocación pública”. Pero ni las estatales ni las no estatales del Consejo explican en qué consisten sus proyectos vinculados al Chile real ni su pretendida vocación pública... ¿Por qué poseerían ésta o aquéllos las universidades de Chile o de Santiago, o aún la Católica de la capital (según afirma), y no las universidades Diego Portales, o de los Andes, o de las Américas? ¿Acogen las primeras más alumnos pobres? ¿Son de escolaridad más barata? ¿Más parsimoniosas en el gasto burocrático? ¿Sus proyectos entran a fondo y con los recursos necesarios en los grandes problemas del «Chile real»... la calidad de la educación básica y media, la pobreza extrema, la delincuencia, la droga, el equilibrio entre desarrollo y el medio ambiente, el crecimiento cultural, etc.? ¿Y qué pueden exhibir como resultado de esos proyectos? ¿Quién da el certificado de «vocación pública»? ¿Lo tiene una universidad —y los beneficios económicos consiguientes— por el solo hecho de ser estatal, o antigua, o «tradicional»... por pertenecer al Consejo de Rectores?
3) El Consejo de Rectores es inerte. No hace nada, salvo lo que hemos visto: pelear por los fondos del fisco y por su reparto. No conozco ningún documento ni investigación de interés sobre la enseñanza superior, que haya emanado del Consejo. La insustancialidad del organismo tiene como origen los dos defectos capitales ya señalados: no ser representativo, y depender los planteles que lo integran del favor fiscal. Defectos que fatalmente anulan la capacidad y buenas intenciones de los rectores mismos, que suelen ser personas dignas y destacadas. En estos días, hace crisis final el problema de la PSU. El fracaso que significa, ya imposible de ocultar, es culpa exclusiva del Consejo. Sus diversas etapas lo demuestran. En efecto: 3.1. El Consejo acordó aplicarla, de modo repentino y súbito, sin mayor análisis ni marcha blanca, a matacaballo, reemplazando la Prueba de Aptitud Académica, que no merecía mayores reparos. 3.2. El Consejo decidió que la PSU fuese, fundamentalmente, una prueba de contenidos de la enseñanza media. 3.3. El Consejo resolvió que esos contenidos fueran los «mínimos obligatorios» (CMO) establecidos por el Ministerio de Educación. Insistentemente se le hizo ver, desde múltiples instancias —v.gr., numerosos análisis del Centro de Estudios Públicos —, que los CMO eran disparatados por su desorbitada extensión, y por incluir materias prescindibles, superfluas o inútiles. El Consejo no hizo ningún caso. 3.4. Las consecuencias del punto anterior fueron las inevitables. Ningún establecimiento escolar pudo ni puede pasar razonablemente los CMO sobre los cuales versa la prueba. ¿Qué han hecho? Los gratuitos, simplemente prescindir de parte importante de esos contenidos, un 25% a un 50%. Los pagados, o sus alumnos, ayudarse con onerosos suplementos: profesores particulares, bien informados «expertos» en PSU, manuales, preuniversitarios externos e internos, etc., que hoy consumen gran parte del tiempo en 3º y 4º año medio. Naturalmente, los muchachos de inferior situación socioeconómica y sus establecimientos, carecen de recursos para hacer lo mismo. De allí la «brecha» en la PSU, entre ellos y los alumnos y colegios pagados. Hoy todos estamos de cabeza lamentando y buscando solución a la «brecha». Pero no nos preguntamos quién A SABIENDAS «perpetró» la malhadada prueba y ha insistido en ella todos estos años. Fue y es el Consejo de Rectores. Ni tampoco nos preguntamos por qué éste ha actuado así. Simplemente, por la implacable presión que a su tiempo le aplicaron el Gobierno y el Ministerio de Educación. Llevada —según consta en la prensa de la época— hasta el extremo de relacionar de modo velado la PSU, con los aportes de dineros fiscales a las universidades «tradicionales».
Habiendo fallecido el Consejo de Rectores, urge remplazarlo partiendo (me parece) de los siguientes principios: A) El organismo que lo sustituya debe agrupar a TODAS las universidades, sin excepción. B) Debe ser independiente del Estado. Para ello, los aportes fiscales a este nivel de enseñanza no pueden continuar asignándose según razones «históricas», ideológicas, «graciosas», etc. Es decir, no pueden seguir siendo «pitutos», «conseguidas», sino obedecer a parámetros generales y objetivos, y beneficiar a las universidades que los cumplan. Ojalá por intermedio de concursos transparentes y jurados calificados, en parte —si es posible— compuestos por entendidos de prestigio internacional. DETENIDOS/DESAPARECIDOS. La falta de espacio me impide comentar, hasta la próxima columna, la segunda carta sobre este tema enviada al diario por una distinguida abogada de derechos humanos.