El riesgo a defender los derechos humanos durante la pandemia
E
l riesgo para las personas defensoras ha seguido incrementando durante la pandemia de la COVID-19. La ONG Front Line Defenders en su informe Global Analysis 20201 evidenció que el 53% de los asesinatos a personas defensoras cometidos en el mundo ocurrieron en Colombia. Esta ONG documentó el asesinato de 177 personas defensoras, de las cuales, la mayoría defendían la tierra y territorio, el medioambiente y los derechos de mujeres y población LGTBQ+.
Incremento de asesinatos y violaciones de derechos humanos Asimismo, durante los primeros seis meses de 2020, el Programa Somos Defensores reportó2 un incremento del 61% de asesinatos de personas defensoras con respecto al mismo periodo del año anterior. El aumento de la violencia y la crisis humanitaria durante el año 2020 han dejado a la población civil a merced de numerosas violaciones de derechos humanos: asesinatos4, desmembramientos de cuerpos5, violencia sexual6, desplazamientos forzados y amenazas7.
Relator Especial
El año 2020 ha estado marcado por la desgarradora cifra de 76 masacres que se han cobrado la vida de 292 personas8 en medio de una altísima militarización y control territorial por parte de actores armados ilegales.
Los múltiples llamados de cese al fuego por parte de centenares de comunidades colombianas, algunas de ellas acompañadas por PBI a través de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP)9, así como por parte del Secretariado General de las Naciones Unidas, António Guterres10, no han sido acogidas por el gobierno colombiano.
Actividades de inteligencia ilegal contra personas defensoras Cabe resaltar el escándalo que salpicó al Ejercito colombiano a mediados de año a raiz de una publicación de la Revista Semana en la que diversas fuentes11 afirmaban que éste estaría implicado en actividades de inteligencia ilegal dirigidas contra personas defensoras, abogacía, periodistas, políticos de la oposición y poder judicial, entre otros. Estas acciones de inteligencia, de las que fueron objeto 130 víctimas, afectaron a varias organizaciones acompañadas por PBI Colombia, entre las cuales se encuentra el Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo (CCAJAR) y, en particular el abogado Sebastián Escobar, quienes representan a víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Asimismo, organizaciones como CIJP han denunciado públicamente la existencia de otras bases de datos con amplios listados de personas víctimas de diferentes acciones de espionaje, seguimientos y vigilancia12. El riesgo que implica el ejercicio de la abogacía en Colombia se ha manifestado también en otras ocasiones este año: miembros del Comité de
Tal como señaló el entonces Relator Especial para la Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst, en el informe de su última visita, la gran mayoría de las personas defensoras están en riesgo en Colombia. Actores estatales y no estatales, incluidas las empresas nacionales e internacionales y otros grupos de poder, estarían detrás de los ataques y amenazas3.
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