En defensa de la memoria y la reconciliación
U
n año más, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) ha brindado la oportunidad de compartir sus testimonios a víctimas del conflicto armado colombiano para preservar la memoria y promover su derecho a la verdad, la reparación y no repetición.
Una de los poblaciones acompañadas por CIJP es la Comunidad de Autodeterminación, Vida y Dignidad de Cacarica (Cavida). Cavida Esta comunidad fue víctima de la operación militar Génesis que desapareció, asesinó y desplazó a cientos de familias en febrero 19971. Desde su retorno en el año 2000, la comunidad ha seguido luchando por su derecho al territorio y la búsqueda de verdad, acompañada por la CIJP y PBI.
Festival de la Memoria
Acompañamiento en la inseguridad El acompañamiento de PBI fue de especial relevancia debido a la situación de inseguridad que viven quienes aportan desde los territorios al Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición. En concreto, CIJP denuncia la presencia de informantes pertenecientes a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), dentro de la misma Zona Humanitaria Nueva Vida4. La protección que brinda el acompañamiento de PBI en estos espacios es clave para garantizar condiciones de seguridad que permitan la participación de comunidades, líderes y lideresas amenazadas.
Una vez fueron relajadas las restricciones de movilidad decretadas en el marco de la Covid-19, PBI retomó su acompañamiento a la CIJP, con ocasión de una gira realizada por la Comisionada Patricia Tobón en varias comunidades, (Dabeiba, Curvaradó, Jiguamiandó y Acandí)5. En ella, además de ofrecer sus testimonios a la Comisión de la Verdad, las comunidades sostuvieron un diálogo virtual extrajudicial con miembros del sector empresarial y excombatientes responsables de su desplazamiento y despojo, entre los que se encontraba el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso6. Durante las audiencias, las magistradas dieron seguimiento a las medidas cautelares promovidas por CIJP y otorgadas por la JEP el 30 de julio 2019, como parte del Auto SRVR 175. En éste, se responsabiliza a varias instancias públicas de “la protección a la vida, la seguridad y la integridad personal de estas comunidades, así como de toda la población habitante en la región de Urabá y bajo Atrato”7.
A lo largo el año, las comunidades del Bajo Atrato han participado en audiencias con la Jurisdicción Especial para la Paz, (JEP), con la observadores internacional de PBI.
CIJP organizó, en febrero de 2020, el 5° Festival de la Memoria en la Zona Humanitaria de Nueva Vida, en la cuenca del Cacarica, (Chocó)2. Este festival contó con la participación de más de 200 personas entre miembros de la comunidad, Comisionadas de la Verdad, excombatientes de las FARC, funcionarios retirados de la Fuerza Pública, autoridades indígenas y afros, y varias defensoras y defensores de derechos humanos. Asímismo, al encuentro acudieron miembros de la Comunidad Internacional, que fueron testigos del desgarrador relato de esta comunidad, la cual sigue siendo víctima de la violencia del conflicto a día de hoy. “Hoy más que nunca el país necesita reflexionar sobre la expropiación territorial histórica de la que han sido víctima las comunidades negras asentadas en el Urabá”, expresó la Comisionada de la Verdad, Patricia Tobón, durante el evento3. 44
