Anexo 3: Antecedentes del contexto sociopolítico nacional

Sistematización de la experiencia y reflexiones para compartir

ANEXO 3

ANTECEDENTES DEL CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO NACIONAL

1. EL RESCATE DE LA DEMOCRACIA Y SU SOTERRADO SECUESTRO POR LOS PODERES

ECONÓMICOS

A la larga noche en que estuvo sumido el Perú desde el 5 de abril de 1992, cuando el presidente Fujimori disolvió el Congreso de la República e instauró su dictadura pseudodemocrática33, no le siguió un nuevo día de sol y alegría como la población peruana esperaba y merecía. Pese al retorno del régimen aparentemente democrático, el aparato estatal, los medios de comunicación y el imaginario de la ciudadanía siguieron –y siguen aún, a fines de 2020– mayormente capturados por una coalición de grandes poderes económicos –legales e ilegales– armándose organizaciones partidarias a partir del año 2000. Las dos primeras décadas del siglo XXI han sido como un largo día de invierno, húmedo y oscuro, con escasos momentos de sol que desatan la algarabía popular. La esperanza en el cambio social que nos llevará a una sociedad inclusiva, justa y democrática que anhelamos, a la utopía posible.

Esa esperanza, que en el imaginario de las mayorías –por obra y gracia de la cultura hegemónica, sus libros de historia, héroes y narrativas– descansa en la llegada de un “salvador”; solo puede hacerse realidad por la acción consciente, organizada y concertada de los pueblos en movimiento, no por la milagrosa llegada del príncipe o el mesías. Pero los movimientos sociales, los llamados “nuevos movimientos sociales”, que emergen y se levantan, a ellos apenas se les abre un espacio, un poco de aire; son mucho más débiles y tardíos en el Perú que en el resto de Abya Yala, debido sobre todo, a que acá el ambiente, el clima social, sigue envenenado con la narrativa terrorista, criminalizando toda actividad política organizada que no vaya a favor del statu quo, narrativa instaurada desde el régimen fujimorista en adelante.

33 Sinesio López denomina a este régimen “democradura”: cuenta un congreso formal, pero es un autoritarismo real que concentraba el poder en el Ejecutivo. Las elecciones de 1995, orquestadas desde el sillón presidencial para legitimarse ante la comunidad internacional y la ciudadanía, confirmaron su carácter autoritario, la captura y el abuso de las instituciones de los diversos poderes del Estado, bajo la apariencia de una democracia electa en condiciones justas y libres. 60

Trayectoria y aportes de una escuela feminista con perspectiva lesbo-política

Este es el contexto que debemos tener en cuenta para comprender a cabalidad la intervención y el impacto de las Ágora Les, la propuesta de pedagogía feminista que viene siendo implementada en Lima y diversas regiones del Perú por las LIFS, desde el año 2015. Un pequeño torrente de agua fresca que contribuye a regar la diversa, desordenada y multiforme flora feminista que ha seguido y sigue brotando y renovándose en espacios poco acogedores, más bien hostiles, páramos desiertos donde escasean los nutrientes, o bajo árboles enormes que le hacen demasiada sombra.

EL SECUESTRO DE LA DEMOCRACIA

Los cinco últimos presidentes de la república que gobernaron el país entre noviembre 2000 y noviembre 2020, desde la “renuncia por fax” de Alberto Fujimori y su consecuente vacancia decretada por el Congreso, están todos siendo investigados, con arresto domiciliario o con solicitud de extradición. La excepción, Alan García Pérez, quien se suicidó con un disparo, momentos antes de ser arrestado en el marco de la investigación sobre uno de los casos más grandes de corrupción a nivel regional, conocida como Lava Jato.

La prevalencia de la corrupción en el aparato estatal –que se propagó desde el más alto nivel de gobierno hasta las jurisdicciones más pequeñas– no es la única causal del deterioro ininterrumpido de la relación Estado-sociedad y la consecuente afectación de la gobernabilidad democrática. A lo largo de las gestiones gubernamentales de Alejandro Toledo, Alan García Pérez, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kucsynski y Martín Vizcarra34, hemos visto repetirse el mismo modus operandi, con ligeras variaciones:

1. Elecciones generales, plagadas de promesas a la población y traicionadas a los escasos meses de iniciarse la gestión, esto debido a que ninguno de los presidentes se atrevió a cuestionar el modelo económico neoliberal, impuesto al país desde 1990;

2. Precario equilibrio de poderes, como consecuencia de la dispersión del voto en la primera vuelta electoral y el

34 Strictu sensu, el Presidente Vizcarra, durante sus escasos 19 meses de gestión, no siguió el mismo patrón en su desempeño y relación con la población, pero si se reprodujo durante su gestión el mismo tipo de relación conflictiva entre Ejecutivo y Legislativo. Cabe mencionar que Vizcarra asumió la Presidencia ante la renuncia (obligada) de PPK, quien fuera asediado por el Congreso de mayoría fujimorista, desde casi el inicio de su gestión. 61

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apretado triunfo del “mal menor” en la segunda, con el consiguiente abuso del presidencialismo y los decretos de excepción, por un lado, y frecuentes interpelaciones y censuras a ministros que generan inestabilidad, por el otro;

3. Poder Judicial, organismos electorales y toda otra instancia creada para procurar un equilibrio en los poderes estatales, convertidas rápidamente en objeto de disputa entre los actores políticos en la escena oficial;

4. Entre tales actores, los partidos políticos –cerca de 25, algunos profujimoristas y muchos creados al amparo de la laxa legislación fujimorista– se reinstauraron en la escena oficial sin cambiar sus prácticas antidemocráticas y de prebendas, y pese a la dación de la Ley de partidos en 2003, se han mostrado cada vez menos capaces de representar a los sectores mayoritarios de la población, comportándose como meras franquicias electorales que acogen a outsiders sin experiencia ni programa, con apoyo económico ilegal, personajes corruptos en busca de la inmunidad que el cargo les pueda dar.

El persistente desencuentro entre el Estado y las mayorías, el debilitamiento de la gestión democrática, se ocultaron gracias al sostenido crecimiento de los indicadores macroeconómicos, como consecuencia de un ciclo largo de altos precios de nuestros recursos naturales “commodities” en el mercado internacional y del flujo ininterrumpido de grandes inversiones de capital extranjero, particularmente en el área de la minería extractiva y la agricultura de exportación. Un tipo de crecimiento, empero, que no “chorrea”, es decir, que no se traduce en significativas mejoras de los ingresos y calidad de vida del grueso de la población ya que no genera empleo adecuado –en promedio el 70% de la PEA en el Perú es informal y/o autoempleada–, ni una infraestructura productiva que conduzca eventualmente a una mayor autonomía económica, pues no redunda en los ingresos de la magnitud esperada, para el erario nacional.

De una parte, la masiva corrupción –que sustrae ingentes cantidades de ingresos al Estado–, de otra parte, la baja presión tributaria –que las empresas privadas logran mantener gracias a sus lobbies y mecanismos como la “puerta giratoria” que les permiten mantener el control directo sobre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco

35 La opción gubernamental por programas sociales focalizados -con severos problemas de filtración-, en vez de invertir en políticas sociales universales generó resultados llamativos pero sumamente precarios: la población en pobreza y en extrema pobreza disminuyó en más del 50% de sus magnitudes registradas a inicios de los 1990, pero esa disminución se estancó a partir de 2016-7, -cuando caen la demanda y los precios internacionales- y sufrió un severo retroceso en el año 2020, por efecto de la pandemia y la recesión económica. De otra parte, si bien el acceso a los servicios educativos y de salud se amplió notablemente, en similar proporción habría disminuido su calidad. Las brechas de la desigualdad, medidas en oportunidades y en resultados, se ampliaron bajo el modelo de crecimiento económico primario-exportador y el rol “subsidiario” al que fue relegado el Estado. 62

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Central de Reservas (BCR)– y por último, la ineficiencia del aparato estatal para redistribuir35, explican el incremento exponencial de la desigualdad. Mientras las élites se enriquecían cada vez más, las mayorías continuaron esforzándose y trabajando para mejorar sus condiciones de vida sin contar con sistemas de protección social ni apoyo estatal, subsidiadas por el trabajo de cuidado no remunerado que realizan en un 95% mujeres, y las remesas de les migrantes que se van a Argentina, Chile, España, en busca de las oportunidades y derechos que no les llegan en su propio país.

Una buena parte de la ciudadanía, no obstante, creyó y sigue creyendo en este modelo económico y sus promesas de progreso, obnubilada por sus luces y adornos de oropel, aceptando endeudarse para conseguir el carro propio “no importa sea chino y no dure mucho, conseguiremos otro crédito, ya veremos como pagar” y cambiar los partidos domingueros en el barrio por la visita familiar al centro comercial. La exaltación del individualismo, el mito del “emprendedurismo”, las campañas como “Marca Perú” y “el Perú Primero”, han logrado instalar un nuevo sentido común “neoliberal” que hace sinergia con el fatalismo y los valores conservadores heredados de la colonia y el gamonalismo.

De otra parte, la presencia de la iglesia católica en Perú sigue siendo muy fuerte, y la influencia del pensamiento conservador se ha acrecentado últimamente con la influencia masiva –establecida principalmente en los conos–, de iglesias cristianas evangélicas, que entablan alianzas con la élite empresarial y empiezan a intervenir directa y cada vez más agresivamente, en la escena política formal.

Frente a esto, vemos con profunda preocupación, que la ideología hegemónica sigue siendo profundamente conservadora, machista y patriarcal. Acordemente, una buena proporción de la población se moderniza en apariencia, adopta nuevos estilos de vida y de consumo, pero sigue refugiándose, apañando su inseguridad e incertidumbre, en el paternalismo, el autoritarismo, la intolerancia a lo diverso y el racismo. La discriminación étnica y de género, la naturalización de la heterosexualidad y la normalización de la violencia de género, no han sido afectadas por el “milagro económico”, la democratización política y el nuevo sentido común neoliberal. A las poblaciones diversas y a los pueblos originarios y afrodescendientes de este país, se les siguen negando hasta los derechos más elementales: a una vida sin violencia, a la salud, a la identidad, el acceso a servicios básicos de calidad, a un trabajo digno e ingresos suficientes sino abundantes.

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2. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES: DEFENSORES DE DERECHOS, TERRITORIOS Y CUERPOS

DIVERSIFICACIÓN Y MULTIPLICACIÓN

El hundimiento de Fujimori no fue producto del azar: mientras el dictador recurría a todas las argucias legales posibles para perpetuarse en el sillón presidencial y su cómplice Montesinos lo hacía con movidas ilegales, las diversas poblaciones e identidades que integran “la nación” peruana, se movilizaron, en múltiples ocasiones, cuestionando sus políticas, que violaban los derechos humanos, sus reformas económicas y el nuevo marco constitucional. Una y otra vez ciudadanos y ciudadanas salieron a las calles, para recoger firmas para referéndums, denunciar abusos, lavar banderas, movilizar a la opinión pública internacional. Finalmente, en setiembre del año 2000, los renovados intentos del dictador para corromper a congresistas y lograr la mayoría en el Congreso que no obtuvo en las urnas, colmaron la tolerancia de algunes excolaboradores y salieron al público una serie de videos incriminadores que obligaron a huir del país al otrora todopoderoso cómplice Montesinos y, semanas más tarde, al propio Fujimori.

Durante el decenio fujimorista (1990-2000), la dinámica económica, las reglas de juego de la política, los sentidos comunes, la sociedad misma, cambiaron sustantivamente. Las organizaciones políticas y gremiales que hasta entonces habían representado a los sectores mayoritarios, algunas originadas en la década de los años 20 y otras conformadas entre fines de los 60 e inicios de los 80, ya no alcanzaban para representar las múltiples y cambiantes agendas del universo social peruano. El movimiento social no desapareció, pese a los embates combinados del terrorismo y las fuerzas del orden, de un lado, y los esfuerzos de copamiento por parte del gobierno, de otra. Más bien, entró en una etapa de diversificación, de fragmentación y recomposición, de multiplicación de núcleos y nodos. Algunas de las antiguas organizaciones logran recomponerse, a la par que surgen otras nuevas, muchas apenas logran sobrevivir, un número de ellas se consolidan.

Desde el inicio de la llamada “transición democrática” –que no ha culminado en el anhelado fortalecimiento de la democracia–, estas organizaciones –nuevas y no tan nuevas–impulsaron múltiples iniciativas para promover el reconocimiento y la ampliación de los derechos, exigiendo justicia y reparaciones para las víctimas del conflicto armado interno (CAI), participando en el Acuerdo Nacional (AN) e instancias de concertación en el marco de la descentralización político-administrativa, en convocatorias para diseñar planes y políticas de largo aliento como el Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO) y similares. A la par, se han movilizado para denunciar y poner un alto a las movidas de las fuerzas conservadoras y élites económicas que pretenden ampliar cada vez más su control sobre la 64

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economía, recursos naturales y territorios.

Frentes de defensa regionales y locales, organizaciones de derechos humanos, grupos ambientalistas, antiextractivistas, organizaciones sindicales, organizaciones indígenas y de productores y productoras agrarios, colectivas juveniles, empezaron a movilizarse nuevamente –luego del difícil y prolongado embate por el retorno democracia– en torno a demandas puntuales. Al decir de Pajuelo (2004) “sus movilizaciones eran “no-políticas”, al carecer de agendas más orgánicas, se diluían rápidamente”. En junio de 2002, empero, apuntando a lo que vendría a ser un largo y lento proceso de repolitización, estalló el llamado “Arequipazo”: un movimiento regional que logró articular organizaciones de diverso tipo –incluidos sindicatos, asociaciones barriales, la cámara de comerciantes–, y sobre todo, convocar a la ciudadanía no organizada, en torno a la defensa de servicios públicos básicos que el gobierno de Alejandro Toledo, continuando con la política económica neoliberal de su antecesor Fujimori y traicionando sus ofrecimientos electorales, pretendía privatizar.

A partir de los años 2003 y 2004, los conflictos y movilizaciones se multiplicaron: productores y productoras de hoja de coca en el VRAEM, maestros y transportistas, frentes regionales en Loreto y Cajamarca, el linchamiento de un alcalde en Ilave (Puno), entre otros. Las agendas, empero, no se logran articular, pese a que en determinados casos consiguen la solidaridad activa de otros movimientos. En el tramo final de esta gestión, dos temas empiezan a hacer confluir a los movimientos sociales, invitándolos a una visión más compleja y política de los malestares que afectan a las diversas poblaciones: la denuncia y el repudio a la corrupción, que volvió a emerger y se empezó a expandir desde la cúspide hacia abajo, a lo largo y ancho del aparato gubernamental en descentralización, y el rechazo a la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los EE.UU., que acrecienta las prerrogativas del capital extranjero sobre nuestra economía.

Ambas luchas, contra la mega y micro corrupción, y contra la expansión sin límites del neoliberalismo, continuaron durante las gestiones de Alan García Pérez y Ollanta Humala, sin mucho éxito. También lo hicieron los conflictos causados por la minería extractivista (Cajamarca, Tambogrande, Tintaya, Valle de Tambo, Majaz) y los intentos de articular agendas.

Particularmente relevantes fueron las movilizaciones para detener los decretos leyes de “adaptación” legal e institucional a los requerimientos del TLC y en solidaridad con los pueblos originarios directamente afectados por estos, y que sufrieron una cruenta represión policial y persecución legal que llegó a un momento de suma violencia en el llamado “Baguazo” 65

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(2009). En estas gestas, como en la Marcha por el Agua y la Vida (febrero 2012) y las protestas callejeras contra la llamada Ley pulpín (enero-febrero 2015), y la gran movilización “Ni Una Menos” contra la violencia de género (agosto 2016), se fueron fortaleciendo los nuevos movimientos sociales, encontrándose y articulándose las nuevas y viejas organizaciones y colectivas. La visibilidad que ganan los “pueblos en movimiento” favorece que cada vez más ciudadanos y ciudadanas comprendan dónde están y de quienes son los intereses particulares que colocan la extracción de recursos, la explotación del trabajo ajeno, la acumulación de dinero, por encima de la vida y el bienestar de las mayorías.

Las organizaciones feministas y LGTBI, aún pequeñas, pero en recomposición y creciendo, estuvimos presentes y activas en todas las movilizaciones nacionales mencionadas, y en muchas que tuvieron lugar en las zonas de conflictos derivados de la imposición del modelo extractivista. Tampoco faltamos en las marchas y campañas en defensa de los derechos territoriales de las comunidades andinas y amazónicas (2011-2014) y de sus recursos naturales, en las movilizaciones contra la candidata fujimorista (2011 y 2016) y condenando la corrupción avalada por su partido e intentos de impedir investigaciones fiscales al respecto, exigiendo un justo proceso contra el exdictador y repudiando su indulto (2016-8), entre otras. Todo ello, sin descuidar en momento alguno las propias luchas y las agendas feministas, en defensa de los derechos de las mujeres y personas diversas: contra el feminicidio y los crímenes de odio, por el derecho a la unión civil y la no discriminación por orientación sexual, identidad de género, por el acceso a la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) y el aborto libre y seguro, por la incorporación del enfoque de género y enfoque interseccional en las políticas públicas, y la emblemática campaña “Déjala decidir”, entre otros.