CONFLICTO DE INTERESES ENTRE GENERA Y LA AEE

Por Cándida Cotto/CLARIDAD ccotto@claridadpuertorico.com

Del análisis del contrato que la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AP3) firmó con la empresa Genera para el mantenimiento y operación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se desprende que hay un conflicto de intereses que muy probablemente alejará al país de la supuesta meta de la política pública del Gobierno de Puerto Rico de alcanzar para el 2050 el 100 % de su producción de fuentes de energía renovable. El análisis sobre el contrato de Genera fue preparado y presentado a la prensa por el director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), el abogado y economista, Sergio Marxuach.

Aun cuando el contrato de privatización del mantenimiento y generación de la AEE fue dado a conocer en enero por la AP3, su discusión respecto a su alcance y repercusiones no ha sido tan amplia ni criticada como el contrato de privatización de la transmisión y distribución (T&D) de la energía otorgado a LUMA Energy.

El primer aspecto que destacó Marxuach es que el contrato de Genera es uno de mantenimiento, no de venta de activos. Pero aunque no es una venta de activos es un punto que hay que analizar más adelante porque la ley que provee para este tipo de contrato exige que la compañía que obtenga el manejo y mantenimiento de estos activos, es decir, de las plantas generadoras de la AEE, no puede tener el control de más del 50 % de la generación. Por lo menos, a corto plazo, en lo que se van decomisando las plantas, esta compañía va a tener el 70 %. Marxuach considera que hay que hacer un análisis más profundo que el que hizo la Comisión de Desarrollo Económico y Planificación de la Cámara, que preside el representante Luis Raúl Torres. Es por eso que el contrato fue referido al Departamento de Justicia.

Las partes del contrato básicamente son tres: la parte de la AEE, que sigue siendo la dueña de los activos; la AP3, que es el administrador del contrato y técnicamente es quien va a supervisar al operador, y Genera PR. Lo de PR en referencia a Puerto Rico es proforma, porque la empresa Genera es una subsidiaria de la empresa News Fortress Energy (NFE), que se dedica al manejo del gas y que, de hecho, ya tiene un contrato con la AEE con una planta en el puerto de San Juan. El contrato de Genera tiene un término inicial de 10 años.

Según el contrato, Genera va proveer un servicio que ellos llaman de ‘desmovilización’, que se refiere al periodo de transición Ese periodo se espera que dure 100 días. Pero el contrato provee hasta para 22 semanas. El objetivo, apuntó el analista del CNE, es que sea un poco más de tres meses, pero da un poco de más espacio para en caso de alguna eventualidad.

También están los servicios de operación y mantenimiento, que es correr las plantas. Según el contrato, Genera recibirá la compensación de un reembolso de todos los costos/gastos “razonables”, (no dice qué es razonable) hasta $15 millones. Si la fecha de inicio se retrasa más de 90 días, entonces Genera pagará $1 millón por semana hasta $ 15 millones.

El tercer punto, que Marxuach considera es el corazón del contrato, es el de cerrar las plantas de generación. A su juicio, es en este punto donde van a surgir los verdaderos grandes ahorros del contrato; pero hace la salvedad de que eso será cuando se deje de usar el petróleo y el gas natural y se empiece a integrar la energía renovable a gran escala.

“Es un proceso complicado porque, si se saca una planta generatriz, se tiene que tener el repuesto mano a mano, y Genera solo controla una parte del proceso, que son las plantas que están on line, los que están a cargo de la energía renovable son el Negociado y la AEE”. Se refiere al Negociado de Energía.

Cuando se termine el contrato, hay un periodo de desmovilización. De quedar algunos activos que no se pudieron decomisar por la razón que sea y si se cancela el contrato porque alguna de las partes decide cancelarlo antes de los 10 años, se le devuelve el control a la AEE o la AP3 puede decidir buscar un tercero. En teoría, cuando se acabe el contrato a los 10 años, si se decomisan todas las plantas que se tienen que decomisar, quedaría un puñado de plantas que estarían bajo la AEE. Estas son plantas que servirían de respaldo para el punto pico y la generación renovable, y estarían bajo los contratos de los nuevos generadores que se supone que deben ser más de uno.

Es obvio que a cambio de proveer esos servicios, Genera tiene derecho a recibir una compensación, además de unos incentivos y unas penalidades. El analista de Política Pública del CNE, dijo creer sobre este aspecto que el Gobierno aprendió algo del contrato de LUMA al definir las métricas de desempeño. El operador recibirá una cuota fija anual por un monto de $22.5 millones más un ajuste por inflación sujeto a un tope anual del 3 %. El ajuste de tarifa fija será a partir del año 6 y se reducirá gradualmente para tomar en cuenta el desmantelamiento de activos de generación, sujeto a un piso de $5 millones. Esto está establecido ya por una fórmula en el contrato (Section I.B of Annex II).

Marxuach apuntó que aunque a corto plazo los ahorros que alega Genera se derivarían de la optimización de combustible —usar menos y más baratos—, en el contrato no se dice cómo se va lograr. Por el contrario, entiende que cualquier ahorro va a surgir de los ahorros que genere de decomisar las plantas, lo que tomaría de 5 a 7 años porque hay que tener las fuentes renovables.

Genera también tiene que proponer un plan para el uso de los fondos federales. La mayoría de los fondos federales que se han asignado para la energía eléctrica son para LUMA, pero hay cerca de $900 millones para construir unas unidades de gas natural que la AEE dice necesita para satisfacer la demanda. Eso es controvertible, advirtió el analista del CNE, por varias razones. Una de ellas, es el gasto enorme que ello conllevaría; la otra es que una planta se tardaría 25 años en decomisarse porque esa es su vida útil. “Tenemos que ver cómo concuerda eso con el objetivo de llegar al 100 % de renovable para el 2050”. La tercera razón es que la planta Palo Seco en Cataño está clasificada como una planta difunta.

La compensación para este periodo básicamente va a ser por destaque y se va reembolsar hasta $15 millones. Según el contrato, si los servicios de desmantelamiento con respecto a un activo de generación heredado no son completados antes de la fecha de finalización del desmantelamiento aplicable, entonces el operador será sujeto a una multa por desmantelamiento de un millón de dólares ($1,000,000) por cada semana por la cual la finalización de los Servicios de Desmantelamiento se retrase más allá del fecha de finalización del desmantelamiento aplicable, hasta un máximo de quince millones de dólares ($15,000,000) en total.

Las Cosas Que No Cuadran Del Contrato

El economista y abogado resaltó que esos datos“no cuadran del contrato”. En primer lugar, los ahorros estimados. Marxuach fue crítico del hecho que el Gobierno de Puerto Rico contrató a la firma FTI como consultora para que evaluara los planes de Genera. Este análisis es parte del informe de la AP3. Según FTI, Genera calcula ahorros de $100 millones por año, básicamente, con menos trabajadores y actividades más eficientes; pero no define cuáles son esas actividades. Segundo, Genera estima que los ahorros de combustible, sin convertir las plantas de gas natural, serían aproximadamente de $75 millones por año. “Optimizando” los contratos de compra existentes, Genera deduce que podría ahorrar $56 millones anuales. Genera también supone que va a lograr mejores términos de crédito por $20 millones, y que hará otros cambios operacionales para lograr la eficiencia de gastos de combustible. En total, aduce que tendrá $104 millones anuales en ahorros.

Un planteamiento de Genera que Marxuach dijo “le voló la cabeza”, es el de que la empresa estima que, sujeto a la aprobación del Negociado de Energía, hay ahorros adicionales que se pueden lograr en exceso de $10 millones a través de la conversión de las unidades a gas natural; estas conversiones requerirán que se decomisen más plantas. Los ahorros en combustible más la conversión de las unidades serían de $100 a $200 millones anuales, según Genera, y esos ahorros se dividirán 50 a 50 entre ellos y el Gobierno de Puerto Rico.

Marxuach tronó contra FIT, que dice que en Puerto Rico está garantizado un beneficio y el incentivo se pagaría con los ahorros. Según FTI, Genera está “más que motivado” de que su operación tenga éxito. “En los 19 años que llevo haciendo esto, no he visto algo tan chapucero. Como mínimo, le debieron haber pedido la documentación de Genera de cómo llegó a esos números. Al menos, en el informe que le dieron a la App, no lo incluyeron”.

En esa dirección hizo el señalamiento de que Puerto Rico no es un cliente gigante comprador de combustible. La cantidad que se compra es relativamente pequeña, por lo que llama la atención que como mínimo se debió hacer un esfuerzo para que se verificara de manera independiente cómo Genera dice que va a lograr los ahorros.

También llama la atención que el contrato le prohíbe a Genera, a NFE o a cualquier persona que esté localizada en un país relacionado con Crimea, Cuba, Irán, Corea del Norte y Siria a comparar petróleo o gas. “Sin embargo, notamos que Rusia brilla por su ausencia en esta lista”. Aun cuando esto puede ser un over side, puede ser algo más profundo, dado que el petróleo ruso es relativamente barato. La prohibición del Gobierno de Estados Unidos no es para que no se le compre petróleo a Rusia, lo que se prohíbe es que no se le compre a un precio por debajo del mercado, por lo que la compañía que traiga el petróleo tiene que verificar que la compra se haya hecho por debajo de ese precio. Al Marxuach reiterar que le llamó la atención que en la lista de países sancionados no esté Rusia, recalca que tendrían que enmendar el contrato.

A través de todo el contrato se nota que Genera está empujando la conversión de todas las plantas a plantas de gas natural, lo que es en contrario a la ley de política pública de la conversión a energías renovables. Genera dice que esas conversiones producirían más o menos el 50 % de los ahorros, pero levanta bandera el que ni Genera ni FTI dice quién pagaría por esa conversión de plantas a gas natural.

El director de política pública del CNE advierte que hay algunos gastos de capital que serían financiados por el Gobierno federal; pero en caso de la conversión a gas natural, se cuestiona cómo eso afectaría el perfil de los ahorros proyectados:“No se sabe si los incluyeron o no, y de convertirse una unidad a gas natural, eso le extiende la vida útil. Si le extiende la vida útil, ¿no va eso contrario al contrato, que es sacar esas plantas y movernos a renovable? El gasto de montar una planta de gas natural no se recupera en un año. Son preguntas que no me quedan claras”.

Otro hecho que dijo hay que traer a la atención es que Genera es una subsidiaria de NFE, compañía que opera toda la cadena de abasto de gas natural. Esta compra, transporta y opera plantas, lo que representa un conflicto de intereses. Marxuach reconoció que en este contrato, a diferencia del de LUMA, se establece una política pública para evitar el conflicto entre las partes, y que en teoría “se ve bien”. Aun así, se cuestiona cómo se asegura que los empleados de Genera no le faciliten información a la filial en la medida en que en cualquier transacción vaya a participar una afiliada. Pese a que se supone que hay un tercero para administrar la subasta, “está por verse cómo se va a implementar esto. Pero está claro hay un conflicto”.