UN CASO CON EVIDENCIA ILEGAL

Por Cándida Cotto/CLARIDAD ccotto@claridadpuertorico.com

Si algo demostró los resultados de causa probable en la vista judicial contra la representante Mariana Nogales Molinelli fue el uso del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) como arma persecutoria política y la necesidad de sentarse a repensar en un ente verdaderamente independiente. Esa es la conclusión que se desprende del análisis del licenciado Manuel Rodríguez Banchs respecto al proceso contra la representante por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en el cual, de 51 denuncias, el tribunal solo encontró causa en dos de los delitos imputados.

Los casos en los que la jueza Iraida Rodríguez encontró causa (Art. 212, Fraude ideológico y Art. 269, Perjurio) son los mismos que ya la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes evaluó y por los que le impuso sanciones. El licenciado Rodríguez Banchs apuntó que en la vista lo primero que se pudo ver y confirmar fue que el caso es una fabricación. “El testigo del FEI admitió que él llegó al FEI y le dijeron de antemano que eso se trataba de una investigación criminal, cuando el investigador es el que tenía que determinarlo”. Añadió que la vista confirmó que el caso está motivado por los querellantes, los senadores del PNP, Thomas Rivera Schatz y Gregorio Matías.

A la pregunta de si hay algunas consecuencias para los fiscales que a sabiendas presenten un caso con evidencia ilegal, expuso que de ordinario los fiscales tienen inmunidad, lo que es lógico, para que puedan actuar sin temor cuando hacen una investigación. Ahora, cuando se revelan asuntos como los que se revelaron en la vista, de que la obtención de la prueba fue ilegal, aun analizando esa prueba no hay la comisión de un delito. En la ausencia total de prueba de la comisión de un delito y porque conocían que estaban actuando políticamente, puede haber un problema ético desde el punto de vista del ejercicio de la abogacía de estos contratistas del gobierno que fungen como fiscales especiales independientes. Ahí hay conducta reprochable, afirmó. Incluso entiende que en el momento en que le presentan al tribunal una declaración jurada con información incorrecta sabiéndolo, eso denota una mala práctica y confirma que el desprestigio que tiene el FEI responde a lo que han estado haciendo.

Rodríguez Banchs hizo la observación de que hay comentaristas que han dicho que el FEI lució mal, que hizo un mal tra- bajo; pero la realidad más allá de la opinión que puedan tener sobre cómo se desempeñaron los abogados es que cuando un caso se sostiene sobre evidencia fabricada, no importa la capacidad de los abogados, esta es secundaria. “Creo que eso es importante señalarlo porque se ha dado la impresión de que si el FEI hubiera actuado de una manera distinta el resultado hubiese sido distinto. Estoy en desacuerdo. Cualquier persona que fuera con un caso fabricado de esa naturaleza hubiera tenido los mismos resultados”.

Rodríguez subrayó que las denuncias en las que se encontró causa fueron las mismas que ya adjudicó la Cámara de Representantes. Es por eso que un elemento a analizar es que “en toda esta forma de accionar de este gobierno, les importa poco los derechos constitucionales. Aquí hay una clara separación de poderes. La democracia liberal y el sistema republicano de gobierno se sostienen sobre esa premisa de pesos y contrapesos de la separación de poderes. Entonces, en este caso vemos cómo el Poder Ejecutivo a través de la oficina del FEI pretende que el Poder Judicial vuelva a sancionar a una representante sobre los mismos hechos que ya adjudicó el cuerpo con jurisdicción del Poder Legislativo.”

Respecto a las expresiones de los fiscales sobre su intención de apelar, el licenciado Rodríguez Banch estima que no tiene sentido ir en alzada y que, en caso de que lo hagan, no cree que haya un resultado distinto. Incluso apuntó que en la vista preliminar será muy difícil justificar que seleccionaran a Nogales Molinelli y no a los otros 37 legisladores que hicieron lo mismo. Además, el delito de falsedad ideológica exige que se cometa con el propósito de defraudar. Es por eso que los fiscales le fabrican todo el caso de la evasión contributiva, para plantear que la intención de Nogales Molinelli al cometer dicho delito era ocultar esos esquemas, que resultaron ser falsos. Este entiende que no hay manera de que eso se sostenga.

En cuanto a las críticas contra el PFEI a la luz de este caso y otros anteriores, el licenciado Rodríguez Banchs recordó que originalmente este ente fue concebido después de las vistas del Cerro Maravilla y de todos los escándalos de la década de los 80, que coinciden con cuando se empiezan a impulsar en Puerto Rico las políticas neoliberales. Este reconoció que en esa etapa era necesario tener un ente independiente que investigara a los funcionarios públicos que pudieran estar cometiendo actos de corrupción. Pero ahora, lo que pasa es que precisamente por la ola privatizadora, el PFEI se ha convertido en una especie de negocio.

“Contrario a un fiscal de carrera, que tiene un nombramiento por un espacio de tiempo y un salario, los abogados del PFEI son contratistas gubernamentales, y en la medida en que trabajen más, van a facturar más; hay un incentivo Creo que hay analizar la estructura de PFEI, creo que representa una oportunidad que permite identificar cómo la privatización, incluso en este espacio, daña un trabajo que hay que hacer”.

Rodríguez Banchs atribuyó responsabilidad por la presentación del caso a los senadores Rivera Schatz y Gregorio Matías, quienes originaron el referido, así como al secretario del Departamento de Justicia, quien en primera instancia es el que evalúa el caso; al secretario de Hacienda, que permitió que se obtuviera de manera ilegal información de las planillas contributivas de todas las personas que había implicadas en el caso; al director del CRIM (Centro de Recaudación de Ingresos Municipales), de donde también obtuvieron alegadas pruebas que resultaron ser falsas, y al director de la Oficina de Ética Gubernamental.

Solicitan Renuncia Del

PANEL DEL FEI

En declaraciones a la prensa tras el resultado de la vista, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández, solicitó la renuncia de todo el panel del FEI. “Formalmente, le pedimos, como institución, la renuncia a todos los miembros del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente y a todo el componente que ha demostrado su incapacidad en la utilización del poder para al final gastar miles de dólares para terminar con unos señalamientos que ya la Cámara había atendido en la Comisión de Ética”.

El presidente de la Cámara reconoció en sus declaraciones que tanto el PNP como el PPD (su propio partido) han hecho una mala utilización de fondos para tratar de buscar y adelantar causas político partidistas “La historia está clara, y los dos partidos que han estado en el poder han utilizado erradamente el poder”, sentenció.