EL ESPANTO DE LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA NIÑEZ

Por Josefina Pantoja Oquendo Especial para CLARIDAD

En días recientes hubo una ola de indignación en todos los rincones de Puerto Rico al informarse la muerte de una infanta de 2 años, tras ser llevada al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Guayanilla por el padre y la madre y de allí referida al Hospital San Lucas de Ponce, cuando no pudieron estabilizarla. Ante las circunstancias y contradicciones de lo que decían una y el otro, surgió la sospecha de que la causa fuera negligencia o maltrato por parte de las personas custodias. Siempre es dolorosa la muerte de menores de edad, pero en esta ocasión el personal médico levantó la bandera roja por los golpes, la deteriorada condición física de la niña, destacándose evidencia clínica de que había sido abusada sexualmente. Poco tiempo había pasado cuando el padre aceptó haber sido el perpetrador del espantoso crimen y los cierto es, que la imaginación no puede concebirlo.

Vimos al individuo en las pantallas de los televisores mientras el grupo de periodistas le hacía disponibles los micrófonos para que le pidiera perdón a quien ya era cadáver, le dijera que la amaba, así como a la otra hija un año mayor. Todavía se desconoce si esta última también fue víctima del depredador sexual. El individuo parecía sacar pecho por su abominable conducta mientras la madre se veía con la mirada perdida, signos de alopecia en el cabello y apenas podía mover los labios ante la avalancha de preguntas superficiales que hacía la prensa. Cuando éste y otros crímenes como los feminicidios son presentados en los noticiarios y veo que las personas acusadas son paseadas lentamente por oficiales de la Policía ante las cámaras y los medios de comunicación se pelean por ser quienes más se acerquen y ser primeros en obtener declaraciones o contestaciones a la las preguntas de “¿por qué lo hizo? ¿se arrepiente? ¿le pide perdón?”, me pregunto por qué no encuentran una forma digna de hacer los reportajes. Asumo que es la exigencia que reciben de productores, directores y dueños de empresas.

Tratándose de un pueblo pequeño, como Guayanilla, lo ocurrido ha sido asumido por la comunidad como la tragedia que es y los reproches se han extendido hasta otros familiares, como la abuela materna, quien vivía en el mismo residencial donde ocurrieron los hechos y con frecuencia cuidaba a las dos hijas de la pareja. Las personas que allí residen han cuestionado su permanencia como presidenta de la directiva comunitaria. Hace apenas un año, vivimos una situación igualmente trágica cuando el padrastro de una adolescente de 13 años de edad con diversidad funcional severa fue acusado de violarla. El crimen se descubrió cuando la menor fue llevada al hospital con dolores y los exámenes revelaron que estaba en avanzado estado de embarazo. Pocos días después nació otra niña. El Departamento de la Familia asumió la custodia de ambas. Se romantizaba un poco sobre si deberían permanecer juntas, cuando lo más importante era el bienestar de ambas pues la condición de autismo profundo no permitiría que la jovencita se reconociera como madre y que cuidara de la niña.

La triste realidad es que en nuestro País existe un grave problema de maltrato de menores y que el abuso sexual de niñas y niños, pero más de las primeras, es una cruda verdad, que incrementó durante la pandemia del COVID 19. Las obligadas restricciones mantuvieron a las víctimas junto a los depredadores sexuales que suelen ser familiares y personas cercanas, incluyendo padres, como ha sido el reciente caso de Guayanilla y padrastros, como ocurrió con la adolescente diagnosticada con autismo severo. Además del encierro para minimizar los contagios, a partir de marzo de 2020, las escuelas permanecieron cerradas por largo tiempo y la educación se impartía a distancia. Los planteles son el escenario donde con mucha frecuencia se identifican casos de maltrato, negligencia o abuso sexual contra la niñez. El personal docente y el que se especializa en conducta, como profesionales de trabajo social, de consejería o psicología, observan al estudiantado y pueden identificar golpes visibles, acciones de negligencia por la apariencia física, ausentismo y tardanzas; cambios en conducta o en el estado emocional. También pueden recibir confidencias cuando tienen más edad. El regreso a las clases de forma presencial abrió la puerta para percatarse de casos que ocurrieron en los hoga- res. Se mantiene una interrogante sobre por qué el personal de la escuela a la cual acudía la menor de 13 años que fue violada por el padrastro, no identificó el embarazo. Si la agencia educativa o el Departamento de Justicia investigó las razones, los resultados no han sido revelados. Tal vez lo sepamos cuando se ventile el caso en los Tribunales, si es que ello ocurre y no hay aceptación de culpabilidad y sentencia sin desfile de prueba.

Con solo 2 añitos, la menor de Guayanilla no tenía edad para asistir a la escuela. Tampoco estaba en un centro de cuido o desarrollo infantil, pero el servicio de administración de los residenciales públicos está privatizado y se supone que tiene un componente de trabajo social. ¿Pudieron haber detectado lo que estaba ocurriendo en esa vivienda? A la luz de la tragedia ocurrida sería recomendable que el Departamento de la Vivienda revisara las contrataciones y responsabilidades de las compañías privatizadoras y las atemperara para que se atiendan de manera eficiente la violencia de todos tipo que se vive en Puerto Rico, particularmente la violencia contra la niñez y la violencia de género.

El sentimiento de indignación colectiva ante el espantoso crimen de Guayanilla no puede quedarse en manifestaciones a través de las redes sociales. Nos corresponde como Pueblo aceptar que tenemos un grave problema cuya prevención y erradicación es parte de nuestra responsabilidad. ¿Qué tal si comenzamos con exigirle al Estado y a los partidos políticos compromisos para que impulsen la educación con perspectiva de género en el sistema público de enseñanza y educación sexual para la niñez desde edades tempranas? ¿Cuándo haremos realidad el apoyo material y de solidaridad a las organizaciones que ofrecen servicios a la niñez maltratada y abusada? ¿Cuándo será la última vez que miremos para el lado ante el abuso y el maltrato en lugar de denunciarlo y buscar ayuda para las víctimas?