LAS TRES CONSPIRACIONES DEL CERRO MARAVILLA

dirigidas por el policía encubierto, crearían el ambiente previo a la “confrontación” en Villalba.

Para tener control de la escena, y escoger el lugar del operativo final, Pérez Casillas, junto al teniente Jaime Quiles y un fotógrafo, sobrevolaron el 19 y 20 de julio sobre varios lugares donde había torres de transmisión: Toro Negro, Monte del Estado, El Yunque y Maravilla, optando por este último lugar para el operativo de cierre. Allí, en espera de los “terroristas” que serían conducidos por el encubierto, apostaron a una docena de agentes de la DI y de otras divisiones del cuerpo policiaco.

Por Manuel de J. González Especial para CLARIDAD

¿QUÉ SUCEDIÓ EN EL CERRO MARAVILLA HACE 45 AÑOS?

En horas de la mañana del 25 de julio de 1978 los jóvenes independentistas Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví, junto al policía encubierto, Alejandro González Malavé, abordaron en Río Piedras un trasporte público hacia Ponce. Una vez llegaron a la ciudad sureña, el encubierto González Malavé, quien actuaba como líder del “comando”, secuestró al chófer Julio Ortiz Molina quien, apuntado por el arma del policía, los llevó hacia unas torres de trasmisión ubicadas en el Cerro Maravilla en Villalba. Allí los esperaban decenas de otros agentes, comandados por el jefe de la División de Inteligencia Ángel Luis Pérez Casillas. Al llegar, se produjo un corto tiroteo, pero ninguno de los dos jóvenes resultó afectado. González Malavé fue herido en un dedo. Poco tiempo después, una vez apresados, Soto y Rosado fueron obligados a ponerse de rodillas y fueron ejecutados a tiros estando en esa posición. En la tarde de ese mismo día, la Policía anunció a la prensa que había logrado impedir un ataque a las torres del Cerro Maravilla y que dos “terroristas” habían muerto en un in- tercambio de disparos con sus agentes. El gobernador Carlos Romero Barceló, desde el acto oficial del Gobierno para conmemorar la Constitución del ELA, felicitó a los policías, a los que posteriormente calificó de “héroes”.

Con la ejecución a sangre fría de los dos jóvenes independentistas y el posterior anuncio del “éxito” policial, culminó la primera de varias conspiraciones que llevan el nombre del hermoso cerro que forma parte de nuestra Cordillera Central. El operativo había sido cuidadosamente planeado desde la División de Inteligencia (DI) de la Policía, teniendo como actor principal al encubierto González Malavé quien había comenzado su trabajo de zapa infiltrándose en un organismo de base del Partido Socialista Puertorriqueño (PSP). Desde allí trabó contacto con otros jóvenes (Soto, Rosado, John Saunders, Erich Rodríguez y otros) incitándolos a realizar acciones “armadas” que servirían de antesala al “ataque” en Maravilla. Entre otros actos, en los días previos al 25 de julio tirotearon la caseta del guardia que custodiaba la casa del exgobernador Muñoz Marín, lanzaron una bomba molotov contra una estación de correos (que no explotó) y asaltaron la oficina de la guardia universitaria en la UPR de Río Piedras. Esas acciones, todas

Los elementos de esa primera conspiración que culminó en la ejecución de Rosado y Soto no se conocerían hasta mucho más tarde, pero juntando la poca información pública de lo sucedido en Villalba con lo que se sabía sobre cómo operaba tanto la Policía como el Gobierno de Romero Barceló, CLARIDAD y la dirección del PSP no tuvieron dudas sobre lo que realmente había ocurrido en el Cerro Maravilla. Aquel 25 de julio fue martes, y en la edición que comenzó a circular tres días después, el titular de la noticia resumía exactamente lo que había ocurrido: “Policía asesina jóvenes; desata ofensiva represiva”. El periodista Luis Fernando Coss reseñaba lo ocurrido, incluido el arresto el 26 de julio de los otros jóvenes que había logrado entrampar González Malavé. La noticia citaba a Juan Mari Brás, secretario general del PSP, afirmando que se trataba de un “crimen burdo” cometido por la Policía. La siguiente edición, fechada 4 de agosto, era aún más contundente. El titular de portada decía: “El País condena la masacre; Romero solo”. También en portada se reproducía una foto de un piquete celebrado frente a La Fortaleza el miércoles anterior “en protesta por la masacre del Cerro Maravilla.”

En esa edición del 4 de agosto, con el titular “Contundente declaración de testigo”, se reproducían por primera vez las declaraciones de Julio Ortiz Molina, el chófer secuestrado, que eventualmente serían determinantes para esclarecer el crimen cometido y para procesar algunos de los criminales. En la misma edición también se reproducen declaraciones de numerosas figuras públicas y líderes de los partidos de oposición reclamando una pesquisa independiente sobre lo que verdaderamente había ocurrido en Maravilla.

La Segunda Conspiraci N

En la edición del 4 de agosto de CLARIDAD donde se reproducían las declaraciones de Ortiz Molina —afirmando que vio vivos a los jóvenes independentistas después de los primeros disparos, y que posteriormente escuchó otra ronda de tiros— se citaba al fiscal de distrito de Ponce, Santos Nigaglioni, restándole credibilidad a lo afirmado por este. Ese rechazo del fiscal al único testigo de los hechos que no era miembro de la Policía fue el inicio de la segunda conspiración del Gobierno de Romero Barceló dirigida, en esta ocasión, a encubrir los hechos y a impedir que se procesara criminalmente a los autores. Esa segunda trama duraría más de cuatro años y produciría eventos hasta entonces inéditos en Puerto Rico, como la renuncia de cuatro secretarios de Justicia y vistas por televisión “en vivo” donde miembros de la Policía solicitaban inmunidad.

Además del propio Romero Barceló, al frente de esa segunda conspiración estuvieron el secretario del DJ, Miguel Giménez Muñoz, y los fiscales Pedro Colton, Ángel Figueroa Vivas, Osvaldo Villanueva, Juan Brunet y Aurelio Miró. La primera “investigación” de estos fiscales, ordenada por Romero ante el clamor de numerosas figuras públicas, se anunció el 1.0 de agosto de 1978 y se cerró 28 días después, exonerando a todos los policías y condenando a los “terroristas”. Un año después, luego de que el policía corrupto Julio César Andrades dijera públicamente que si le daban inmunidad decía “la verdad” de lo ocurrido en Maravilla, se inició una segunda “investigación” del DJ, en esta ocasión a cargo del fiscal de distrito de Carolina Osvaldo Villanueva. Poco tiempo después, la investigación cerró con el mismo resultado de la anterior.

El secretario Giménez Muñoz, artífice inicial del encubrimiento, renunció al cargo tras esta segunda investigación. En cuestión de varios meses, Romero hizo tres nombramientos a Justicia: Héctor Reichard, Gerardo Carlo y Carmen Rita Vélez Borrás, quienes resultaron despedidos u obligados a renunciar tan pronto anunciaban su interés en volver a investigar lo ocurrido en Maravilla.

El esclarecimiento de los crímenes y el procesamiento de algunos de los culpables sería finalmente el resultado de investigaciones periodísticas (particularmente por CLARIDAD y el San Juan Star, a cargo de los periodistas Tomás Stella y Manuel Suárez), de lo descubierto a través de un proceso judicial incoado por los familiares de los jóvenes asesinados y, finalmente, de la investigación ordenada por el Senado, que pasó a ser controlado por el PPD luego de las elecciones de 1980. Utilizando el poder de citación del cuerpo legislativo, el exfiscal Héctor Rivera Cruz dirigió la pesquisa que le dio el golpe final al manto encubridor de la Policía y el Departamento de Justicia.

LA TERCERA CONSPIRACIÓN: LOS FEDERALES

Ese esclarecimiento de los asesinatos debió superar una tercera conspiración a cargo del Departamento de Justicia federal y el FBI. Desde un principio, siempre se sospechó que el entrampamiento de la Policía fue coordinado con el FBI, como era usual cuando la DI realizaba operativos contra independentistas. En todo momento los federales se negaron a informar sobre dicha coordinación y, al día de hoy, los documentos permanecen secretos.

Presionado por las denuncias públicas, el 30 de abril de 1979, el Departamento de Justicia federal anunció que efectuaría una investigación “completa” de lo ocurrido en Maravilla. Poco menos de un año después, el 25 de abril de 1980, se anunció la sus- pensión de la pesquisa sin rendir informe alguno. Entre ambos anuncios se había producido el apoyo de Romero Barceló a la reelección del presidente Jimmy Carter, quien enfrentaba el reto en primarias del senador Robert Kennedy, respaldado en Puerto Rico por el PPD. De hecho, el anuncio del final de la investigación sobre Maravilla coincidió con una visita de Romero a la Casa Blanca.

Igual que el DJ de Puerto Rico, Justicia federal retomó el tema y anunció una segunda investigación luego de las declaraciones públicas del policía Andrades amenazando con decir la “verdad” de lo ocurrido en Maravilla. El anuncio se hizo el 17 de septiembre de 1980, y menos de cuatro meses después, el 9 de enero del siguiente año, la nueva pesquisa fue suspendida, otra vez sin rendir informe alguno.

Mientras el DJ en Washington iniciaba y cerraba investigaciones, en el Tribunal Federal el juez Juan Pérez Giménez hacía todo lo posible para controlar el descubrimiento de pruebas en la demanda presentada por los familiares de los jóvenes asesinados contra la jefatura de la Policía y Romero. Para impedir declaraciones a la prensa le impuso una orden de mordaza a los abogados. También limitó la toma de deposiciones y, para ampararlo, desestimó la demanda contra Romero. Posteriormente, llegó al extremo de emitir una orden dirigida al Senado anulando las citaciones a varios de los policías implicados en el crimen. Todas esas órdenes tuvieron que ser apeladas al Circuito en Boston, donde quedaron invalidadas. Gracias a esa intervención del foro apelativo con sede en Boston, la investigación senatorial pudo continuar. No sería hasta después que esa investigación senatorial probó tanto los asesinatos como el burdo encubrimiento, que se presentarían acusaciones por perjurio a nivel federal contra los policías implicados. Todos cumplieron sentencias de cárcel en ambas jurisdicciones. Los fiscales del DJ puertorriqueño que dirigieron el encubrimiento fueron desaforados por el Tribunal Supremo.

Ni Romero Barceló, quien estuvo a la cabeza de las primeras dos conspiraciones, ni los federales que lo ampararon, enfrentaron la justicia.