El Diario Año 14 - No. 508 - Tunja, Boyacá, Colombia - Viernes 19 de Febrero de 2010 - Valor $1.000
Para pensar
Dato interesante
“El mundo está lleno de pequeñas alegrías; el arte consiste en saber distinguirlas”. Li Tai-po, Poeta Chino.
En promedio, una persona durante toda su vida, consume aprox. 60.000 libras de comida, lo que equivale al peso de 6 elefantes.
Fuente: bbc.com
El hecho/ No se sabe quién resultó más tor-
pe, si los órganos de dirección que dieron “papaya” para que la Superintendencia del Subsidio Familiar determinara de nuevo la intervención de Comfaboy, o la increíble decisión de la Superintendente, Doña Flor Modesta Gnecco Arregocés, quien nombra como director de intervención a un personaje condenado a prisión por el delito de peculado por destinación diferente. Con estas actuaciones se puede decir que, como en el fútbol, “vamos uno - uno”. En estas condiciones, lo más sensato sería que la Superintendencia restableciera la normalidad en la Caja, y aquí se decida actuar con un poquito más de inteligencia.
Fotografías: Hisrael Garzónroa
El zarpazo a la salud de los colombianos
El país tiene que decidir si permite que el gobierno de Álvaro Uribe y los negociantes de la salud, “coronen” otro zarpazo al bolsillo de los colombianos, a través del perverso objetivo de convertir la prestación del servicio de salud en la herramienta para la expoliación del patrimonio familiar. Ni es inocente ni fue a las espaldas de Uribe -el que más sabe de la reforma de la salud desde la redacción, trámite y aprobación de la ley 100-, el desarrollo del contenido de los decretos iniciales de la emergencia social. Uribe debía saber, a ciencia y conciencia, del objetivo fundamen-
ACCIÓN SOCIAL PRESENTE EN BOYACÁ 4
tal: que las propiedades, las cesantías y las pensiones de los colombianos fueran objeto de transacción entre la cadena de negociantes de los servicios de salud y los indefensos usuarios. Fue tan burdo el intento que, el propio Uribe, tuvo que salir a reversar la esencia del contenido de los decretos, lo cual no significa que el peligro pasó. El regaño de Uribe al obsecuente Ministro, Diego Palacio, no puede ser más que un distractor socorrido para evadir, ante el llamado “Estado de Opinión”, la responsabilidad presidencial. A pesar de este esfuerzo, el truco
PLAN PAPA, NUEVAMENTE EN MANOS DE UN OPERADOR PRIVADO
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no les ha resultado. En el orden regional y local, hay que ver cómo están las cuentas de la Secretaría de Salud, y qué piensa su titular, Luis Carlos Olarte Contreras; y, del Director del Hospital San Rafael de Tunja, el más importante de la red pública en Boyacá, a través de su Gerente, Carlos Augusto Sánchez Estupiñán. En las fotografías, de izq. a der., el Presidente, Álvaro Uribe; el Ministro de la Protección Social, Diego Palacio; el Secretario de Salud de Boyacá, Luis Carlos Olarte; y el Gerente del Hospital San Rafael de Tunja, Carlos Augusto Sánchez. Sigue pág. 2
CARTA AL PARTIDO VERDE OPCIÓN CENTRO
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El Diario
2 VIERNES 19 DE FEBRERO DE 2010 EL ESTADO DE OPINIÓN NO COMIÓ CUENTO
El zarpazo a la salud de los colombianos Con el mayor cinismo posible el propio Presidente Uribe, dice en el programa nocturno de Caracol, El Radar, tratando de justificar lo que no se puede, que uno de los puntos esenciales de la emergencia social era nivelar la calidad de la atención de los regímenes subsidiado y contributivo, y que para eso, las EPS del régimen subsidiado quedaban en libertad para contratar con cualquier operador privado todos los servicios que no pudiera prestar la red pública hospitalaria. Visto de forma correcta, este es uno de los zarpazos esenciales de la Emergencia Social a la salud de
los colombianos, pues constituye la confesión de boca del mismo Uribe, en lo que más cree y está comprometido: degradar la red pública hasta liquidarla para que, de un lado, su infraestructura pase, a título gratuito, a los operadores privados, mientras que los comerciantes de la cadena consolidan los negocios que de allí se derivan, cada vez con mayores porcentajes de utilidades, tal como sucede con el sector financiero. Y para que el negocio sea redondo, los decretos comenzaron por restringir al extremo el Pos y exigir que los usuarios del sistema paguen, con lo que tengan, los costos de sus
enfermedades; y, para ello, pusieron la mirada en las propiedades y las reservas de los derechos laborales y pensionales de la población. De lo que no se ha adueñado el sistema financiero, que ha expropiado a millones de colombianos vía la deuda hipotecaria de sus viviendas y los exorbitantes costos de sus servicios, se lo apropiará ahora el negocio de la salud, mediante los instrumentos legales que se han desarrollado a partir de la ley 100, cuyo autor principal, desde su redacción inicial, ha sido el propio Álvaro Uribe. Este antecedente histórico, la autoría de la ley 100 hace ya 18 años, es la prueba de que el mismo Uribe debió ser el cerebro principal de la normatividad expedida al amparo de la Emergencia Social decretada el mes pasado, supuestamente para superar las dificultades del sector. De aquí que resulte inconcebible que ahora, al reversar algunos contenidos de los decretos, salga a disimular y ocultar su responsabilidad, regañando o haciendo cara de bravo con los funcionarios subalternos, empezando por el Ministro de la Protección Social, Diego Palacio, quien también ha demostrado su talante de incondicional socio de los intereses comerciales de la Salud, al contratar a los expertos del sector privado para que redactaran y perfeccionaran los decretos iniciales, a la medida de las ambiciones de sus negociantes, con honorarios que superaron los dos mil millones de pesos, que corresponden a los impuestos de los colombianos. Es tan grande el cinismo de Uribe que ahora, fuera de todo este escándalo, resulta diciendo que lo aterran, entre otras, dos situaciones: que no aceptará, mientras sea presidente, que se piense que los colombianos paguen con sus propiedades, y sus pensiones y cesantías los costos de la salud; o que diga -su gobierno que ha sido el principal promotor de la desregulación laboral-, que tampoco le gusta el que los médicos y demás profesionales de la salud tengan que acudir a las cooperativas de trabajo para lograr sus empleos. Y como si fuera poco, en los decretos también se anunció que se sancionaría a los médicos si éstos cumplían con el compromiso ético de tratar a los pacientes, de acuerdo con las condiciones del desarrollo técnico y científico que ofrece la medicina moderna: no exámenes complejos, no tratamientos, no me-
dicamentos de calidad, so pena de millonarias multas. En otro aspecto económico, la Emergencia Social, según Olga Lucía Zuluaga, Directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (citada por El Tiempo), le embolata unos dos billones de pesos a la red pública hospitalaria, dejando al borde de la quiebra a 953 instituciones de esta naturaleza en todo el país, a las cuales los departamentos, los municipios, el Soat, las EPS y el Fosyga les deben tal cantidad de dinero y que ahora, en esta reforma, se pretende obligar a los contadores de las instituciones hospitalarias que solo tengan en cuenta en sus balances lo recaudado efectivamente y no las deudas pendientes. Es la estocada final a la viabilidad de estas instituciones, pues ignorar la cartera vencida con estos deudores, llevará a la quiebra a los entes hospitalarios. Ante semejantes exabruptos, sin pudor alguno, el mismo Uribe se atreve a ir a todos los espacios de los medios de comunicación, a tratar de justificar el contenido de las reformas, simulando disgustos, como el increíble regaño al Ministro de la Protección Social, a quien le dice que “es como hablarle a una pared”, con el afán de impresionar a lo que tanto ha ponderado en los últimos meses: el llamado Estado de Opinión, que en la concepción uribista corresponde a la manipulación mediática y propagandística de la población en el vaivén de .su emocionalidad. Sin embargo, el Estado de Opinión, parece que esta vez “no comió cuento” y ha reaccionado en su contra, tal como lo mostraron las marchas de este jueves 18 en las principales ciudades del país, especialmente en Bogotá. Todo parece indicar que también este instrumento va quedando agotado. Los decretos de la emergencia social y Boyacá Aterrizando las medidas de la emergencia social en el Departamento, El Diario consultó al Secretario de Salud, Luis Carlos Olarte Contreras, en cuanto al problema financiero de las entidades públicas hospitalarias del Departamento. Dice el funcionario, con alto grado de optimismo, que los decretos son “muy buenos”, dado que “lo que motivó los decretos de emergencia social, fue el déficit financiero en
El Diario toda la red pública del país, déficit que en últimas se generó porque no es oportuno el giro de los recursos. El argumento de los aseguradores es que a ellos no les giran oportunamente; otro es que las EPS no le pagan a los hospitales, porque la nación no les gira los recursos; entonces, esto es un círculo vicioso”. Y agrega: “lo que permite el contenido de estos decretos es que haya giros directos del nivel nacional, directamente a los prestadores; desde ese punto de vista el espíritu de la norma es bueno”. Sin embargo, la pregunta es: ¿si la norma es tan buena, por qué el propio Presidente Uribe ha tenido que dar explicaciones, hacer modificaciones y aceptar tantos vacíos en la norma? La confianza del Secretario es grande, pues cree que la norma en ningún momento pretende perjudicar al pueblo colombiano, y pese a que se vislumbran algunas fallas “el espíritu de la norma es bueno, porque busca la unificación del plan de beneficios entre el régimen subsidiado y el contributivo”, y agrega: “compartimos que debe existir, al interior de cada ente territorial, un sistema que permita que los recursos utilizados para garantizar la prestación de los servicios, en los diferentes niveles de complejidad, fluyan de una manera más eficiente, de tal forma que los hospitales no estén cada vez más en estos desequilibrios financieros y operacionales por la rotación de cartera; estos elementos contenidos en la norma favorecen al Departamento”. La difícil situación financiera en la red pública de salud de Boyacá La red pública hospitalaria de Boyacá, como la del resto del país, está en calzas prietas ante los incumplimientos de sus deudores y la posibilidad de que se desmonte la obligación de que las administradoras del régimen subsidiado ya no contraten, mínimo, el 60% de los servicios demandados con dicha red. Las cifras hablan por sí solas, pues son más de 79 mil millones de pesos los que diversas entidades deben a los hospitales de Boyacá, entre las que se encuentran empresas del régimen subsidiado y del contributivo. “Esta situación ha causado un riesgo económico en los centros hospitalarios, puesto que ellos sobrepasaron los techos de contratación”, asegura Lely Stella Guzmán Barrera, Directora Técnica de la Prestación de Servicios de Salud de Boyacá; y, concluye diciendo que, “los hospitales se encuentran en riesgo financiero, dado que no reciben el total de recursos que gastan en atención a los usuarios en eventos POS y NO POS”. Los grandes deudores son el Estado y las EPS que no han cumplido con sus obligaciones contractuales, en algunos casos, desde hace más de 360 días. Caprecom, por ejemplo, debe un total de 7 mil 789 millones de pesos, de los cuales 1.600 corresponden a una duda ocasionada hace más de un año; sin embargo, Caprecom tiene embargados más de 36 mil millones de pesos al Departamento, por cuenta de los errores del ex Gobernador Jorge Londoño, a quien se le está a punto de iniciar un proceso de repetición para que responda, hasta donde alcance, con su propio peculio, más las consecuencias de tipo disciplinario que, para este caso, podrían ser la destitución y la sanción de inhabilidad por un buen número de años. La EPS Emdisalud tiene obligaciones que corresponden al 31.25% del total adeudado a las IPS, por un valor de 10 mil 523 millones de pesos, acumulados desde hace más de un año; Comparta debe 5 mil 94 millones de pesos, Comfaboy alrededor de 2 mil 200 millones; y la lista continúa.
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Los grandes acreedores de esta millonaria cartera vencida son hospitales como el Regional de Chiquinquirá, el José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá, el Hospital San Antonio de Soatá, el Regional de Duitama, el Regional de Sogamoso, el Regional de Moniquirá, el Regional de Miraflores, el Regional del Valle de Tenza y el Hospital San Rafael de Tunja. De acuerdo con la información suministrada por la Dirección Técnica de Aseguramiento de la Secretaría de Salud, en cabeza de la Dra. Ivonne Vargas Acero, tanto el régimen subsidiado como el contributivo son grandes deudores; el primero adeuda la suma de 33 mil 676 millones pesos, lo que corresponde al 42% del total, y el segundo debe 45 mil 728 millones de pesos que es el 57% de la deuda total que, como ya se dijo, supera los 79 mil 400 millones. Por otra parte, están las millonarias sumas de dinero que debe la propia Secretaría de Salud, que mal sumado y contando únicamente con la información de 2 de los hospitales involucrados (San Rafael de Tunja y San Antonio de Soatá), supera los 10 mil millones de pesos. El caso del Hospital San Rafael de Tunja Nuevamente se toman como referencia las cifras de la Secretaría de Salud, en las que se indica que a noviembre del 2009 el San Rafael tenía una cartera vencida de 14 mil 670 millones de pesos; sin embargo, el monto total es superior, según Carlos Augusto Sánchez Estupiñán, Gerente del ente hospitalario, quien afirma que es de 23 mil millones de pesos, si se suman los más de 6 mil millones, que es el pasivo de la Secretaría de Salud, deuda que aumenta año tras año, puesto que las dos entidades trabajan bajo la modalidad de convenio anual en donde la Secretaría asigna recursos para la atención de sus usuarios. Lo que sucede -según Sánchez- “es que generalmente el costo de atención supera los recursos asignados por la Secretaría; por ejemplo, en 2009 el convenio se realizó por 13 mil millones de pesos, pero el Hospital facturó cerca de 6 mil millones de pesos más, a pesar de hacer el mejor uso de los recursos, de atender solamente a la gente que acude buscando el nivel de complejidad que no-
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sotros ofertamos”. Mes a mes el hospital factura 500 o 600 millones de pesos más de lo estipulado en el convenio. Los grandes deudores del San Rafael son, en primer lugar, La Secretaría, el Fosiga, Caprecom y Emdisalud. Desde la Gerencia del Hospital, advierte su titular, se ha acudido a estrategias persuasivas que permitan un acercamiento con las entidades deficitarias y un posible pago por las vías del diálogo, pero la estrategia ha fracasado y el proceso de cobro se frustró; por tal motivo se hizo necesario interponer medidas legales y demandar a aquellas entidades que no han querido y no han podido pagar. El San Rafael asiste constantemente a las jornadas de conciliación realizadas por la Superintendencia de Salud, proceso que tampoco resulta muy útil, dado que muchos deudores no se presentan y, otros no cumplen con los compromisos adquiridos en las actas de conciliación, por lo que éstas terminan sirviendo únicamente como prueba para iniciar una demanda. Otro de los aspectos que afecta las finanzas del Hospital, es que éste tiene como política cumplir con el pago a proveedores y buscar economía a través de la cancelación anticipada de algunos insumos, mientras que vende a crédito todos sus servicios. Pese a que el panorama financiero se torna desolador, Sánchez Estupiñán se muestra optimista y dice que “confía en que el flujo de los recursos tome otra tendencia”; es enfático al decir que “el Hospital es perfectamente viable y se mantendrá viable durante mucho más tiempo; lo que pasa es que hay que tener en cuenta ese equilibrio financiero que le permita, no solamente mantenerse sino poder crecer, poder mejorar su infraestructura, reponer su tecnología, capacitar al personal e invertir en el mejoramiento de la calidad”. Resalta que por el momento no se ha pensado en dejar de atender usuarios provenientes de las entidades morosas, puesto que los servicios prestados por el San Rafael son de alta complejidad y difícilmente se pueden conseguir en otro centro hospitalario. Para el 2010, el presupuesto inicial es de 43 mil 500 millones de pesos.
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Acción Social presente en Boyacá Diego Andrés Molano Aponte, Alto Consejero Presidencial para la Acción Social, visitó Tunja el pasado 17 de febrero. El funcionario se reunió con el gabinete departamental para concertar los temas de mayor preocupación en la región, como desnutrición, altos índices de marginalidad y pobreza, entre otros. “El trabajo que tenemos que hacer en Boyacá es inmenso” asegura el funcionario, y dice que concertaron algunas soluciones con el Gobierno Departamental, como es trabajar por la seguridad alimentaria en las provincias de Occidente y La libertad. En el informe que entregó el funcionario se dice que Acción Social trabaja por la nutrición y
la educación de los menores de 18 años. En este sentido, el programa otorga en Boyacá subsidios ocasionados a 75.172 familias en situación de dificultad
Sobre las implicaciones que tendría el desmonte de la obligatoriedad de contratar mínimo el 60% por parte de las Administradoras del régimen subsidiado, Carlos Augusto Sánchez, dice que “se aumentaría el desfinanciamiento hacia la red pública, porque en las condiciones actuales, a pesar de que hay deuda de las entidades administradoras de salud, tenemos asegurada la contratación por lo menos en el 60%. De no ser así, se prestaría para que los privados hagan integración vertical; por ejemplo, Sanitas contrataría todo con ellos mismos y lo que no pueda contratar con su red, lo contrataría con Saludcoop, por decir algo, y viceversa; y eso significaría un deterioro bastante grande de los ingresos para la red pública”. Hospital Regional de Moniquirá Como lo indica la tabla I, con respecto al Hospital Regional de Moniquirá, la Secretaría de Salud reporta una cartera vencida de 1.810 millones de pesos, cifra que tiene corte a 30 de noviembre del año pasado. Por su parte, Guillermo Orjuela, Gerente de ese centro hospitalario, asegura que la deuda asciende a 2 mil 22 millones de pesos a 31 de diciembre de 2009. Nuevamente Emdisalud aparece como uno de los más atrasados, con una obligación que supera los 332 millones de pesos; otras entidades deudoras son Saludcoop, Caprecom, Comparta, Nueva EPS, Solsalud, Humana Vivir y Coomeva. De la lista de hospitales con grandes carteras vencidas, al Regional de Moniquirá es al único que la Secretaría de Salud no le debe dinero. El mayor inconveniente es que no se han podido realizar inversiones, pese a que se mantiene la liquidez. Esta entidad participó en la jornada de conciliación de la Superintendencia de Salud, donde se firmaron acuerdos por 250 millones de pesos. Hospital de Sogamoso De acuerdo con los estudios financieros, el Hospital Regional de Sogamoso debería recaudar por encima del 83% de su facturación; si embargo, apenas llega al 74%; las deudas con esta entidad ascienden a los 4 mil 975 millones de pe-
económica o de desplazamiento, del nivel uno y dos del Sisben. La inversión supera los 143.800 millones de pesos. La presencia de Molano
sos, de los cuales 2 mil 400 los debe el gobierno departamental, a través de la Secretaría de Salud. El régimen subsidiado adeuda más de 233 millones de pesos y el contributivo alrededor de 279. El resto, está a cargo de Caprecom, Emdisalud, algunas aseguradoras como Cóndor, el Fosiga y otras secretarías de salud del país. No obstante, “la solvencia de este Hospital le permitirá mantenerse sin problema, puesto que de estos 4 mil 975 millones, solamente 1.021 corresponden a cartea mayor a 360 días”, asegura su gerente, Marcelo Mariño. El presupuesto inicial de esta entidad, para el presente año, es de 14 mil 300 millones de pesos. Es importante resaltar que en Sogamoso se han presentado inconvenientes con la Secretaría de Salud municipal, como consecuencia de los cambios de alcalde y gabinete municipal. Por su parte, el Secretario de Salud de Boyacá, Luis Carlos Olarte Contreras, dice que “por suerte en la red hospitalaria de Boyacá, se han implementado una serie de estrategias, especialmente en el último año, tendientes a garantizar que nuestros usuarios puedan acceder a los servicios sin mayor traba y sin afectar la calidad ni el acceso a los servicios. Eso hace que la red pública de Boyacá, de una u otra forma, tenga unos equilibrios financieros”. Frente a la situación que se plantea por parte de algunos gerentes de la Red Pública Hospitalaria del Departamento, cuando dicen que la Secretaría de Salud es uno de los principales deudores, Olarte Contreras sostiene que “el año anterior, terminamos con una diferencia a favor de los hospitales por unos14 mil millones de pesos; sin embargo, el Departamento por otras vías, ha asignado recursos para infraestructura hospitalaria, para actualización tecnológica, que amortigua la diferencia entre la mayor cifra facturada y la que nosotros les entregamos para la atención de pacientes”. El Secretario precisa que el monto de estos recursos se acerca a los 20 mil millones de pesos, provenientes de regalías y, de liquidación de contratos del régimen subsidiado, entre otros. Estos recursos se lograron gracias a
Aponte obedece a un ejercicio regional para visitar departamentos prioritarios para el Gobierno Nacional, específicamente Boyacá. “El Presidente nos ha pedido que en Acción Social hagamos énfasis de trabajo fundamental en Boyacá, para revisar tres temas: cómo vamos en superación de la pobreza, cómo vamos en el tema de atención a población desplazada y víctimas de la violencia, y en el ejercicio de cooperación internacional en el Departamento”. Sin embargo, algunos observadores de Tunja y de otras ciudades del país, aseguran que estas giras tienen un tinte político y buscan adeptos para la campaña del Presidente Uribe con miras a su posible segunda reelección. ED
la gestión realizada por la actual Administración del Ingeniero Rozo Millán. Observadores del sistema advierten que es importante recordar que los hospitales públicos son responsabilidad del Gobierno Departamental, y por lo tanto, es de su competencia realizar inversiones que propendan por su mejoramiento. Una cosa son las inversiones que necesita la infraestructura de la red, y otra muy distinta, es la deuda adquirida por la prestación de los servicios. Si se toman en cuenta las cifras citadas anteriormente, suministradas por los mismos gerentes de los hospitales de Sogamoso y el San Rafael, el mayor deudor por servicios, es la Secretaría de Salud de Boyacá. Lo cierto es que la situación financiera de los hospitales de Boyacá y del país, no es la mejor: “las necesidades en salud son tan grandes y tan ilimitadas como uno las quiera ver, por eso hemos tomado una serie de medidas en el último trimestre del año pasado, que obviamente se continúan en esta vigencia, y tienen que ver con la auditoría de servicios; quiere decir, que tenemos que decirle a la gente, no que no se enfermen, pero sí que implementen una serie de medidas de auto cuidado, de promoción y prevención de la salud. En la medida en que trabajemos en ello, los costos en la atención de segundo y tercer nivel van a disminuir; medidas desde salud pública, vivienda, agua potable, etc., que son en las que tenemos que trabajar intensamente para evitar que los pacientes tengan que llegar a estos niveles de alto costo”, sostiene Olarte Contreras. Además dice que con las auditorías se podrá garantizar que los usuarios solo utilicen los servicios que necesiten y cuando los necesiten, lo cual se reflejará en la disminución de la cantidad facturada, por encima de lo contratado; es decir, que si el año pasado se facturaron 14 mil millones de pesos más, este año la cifra se debe reducir, por lo menos, a la mitad. Y por supuesto, se debe efectuar una política departamental seria de salud en promoción, prevención y atención, que garantice la calidad y oportunidad de los servicios. ED
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Ajedrez latinoamericano Latinoamérica se ha transformado en un gran tablero de ajedrez, en donde sus gobiernos se arriesgan en un peligroso juego ideológico que puede traer pésimos resultados por la intransigencia de algunos de sus dirigentes. Si bien es cierto que las democracias son la expresión de la pluralidad deliberativa, la vocinglería paranoica de Chávez, enfermedad que tiene como uno de sus síntomas el ver enemigos y conspiraciones en todas partes, le impiden transitar por los canales diplomáticos; puede, con sus arengas belicistas de todos los días, precipitar una confrontación. La compra de 6.000 y más millones de dólares en armamento, es significativa. Veamos cómo están constituidos los equipos del torneo continental. El primero y más coordinado es el comunista Fidelchavista, con sus incondicionales satélites: Ecuador, Bolivia, Nicaragua y, posiblemente, Uruguay, aunque la larga trayectoria del viejo zorro tupamaro, “Pepe” Mujica, es posible que lo haga reflexionar. El segundo grupo, de tendencia socialista, está capitaneado por el “hermano mayor”, Brasil, y al que acompañan: Chile, Argentina, Paraguay, y algunos países socialdemócratas: Costa Rica, Guatemala y Salvador. Pero en Chile el sistema socialista cambió con el triun-
fo de Piñera. El tercero, de centro derecha, conformado por Colombia, Perú y Panamá. Si la democracia tuviese total vigencia en estos países, cualquier discrepancia, como sucede en este sistema, debería discutirse y evaluarse dentro de los parámetros jurídicos, el respeto, la convivencia y la libre determinación de los pueblos. Infortunadamente, la tragicomedia hondureña y el acuerdo para la instalación de las bases aéreas de EE.UU. en Colombia, permitieron entrever los bajos niveles de integración y la frágil arquitectura de unificación latinoamericana. Pareciera que los gobernantes no pensaran en sus pueblos, sino en sus intereses particulares. Imposible no darse cuenta de los grandes cambios operados en el mundo por la tecnología, la globalización y el manejo de la economía mundial, hechos que han roto los que eran incólumes paradigmas. Debemos
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Por: Mario Supelano Ospina
sumar el surgimiento de nuevos gigantes en el panorama mundial: China, India y Brasil, que han terminado con la unipolaridad y exigen un replanteamiento que nos incluya. Aún, retóricamente hablamos del sueño de la unificación de los pueblos de la América que inspiró al Libertador. Hoy deja de ser un sueño; es una necesidad inaplazable para poder entrar al nuevo mundo de la competitividad. La creación de la Unión Económica Latinoamericana para el Desarrollo debe ser la meta de nuestros pueblos. Pese a los odios y distanciamientos dejados por la guerra, Europa lo logró. Gran ejemplo, intentemos seguirlo. ED
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Plan Papa, nuevamente en manos de un operador privado A menos de un mes de haber recomenzado el plan alimentario, se han presentado varias inconformidades y dificultades; las quejas han empezado a llegar por parte de los alcaldes. catoria concurrieron únicamente tres fundaciones y una asociación de padres de familia interesadas en el tema, pero ninguna de ellas cumplió con los requisitos exigidos, motivo por el cual se le adjudicó el manejo del Plan Alimentario para Aprender –PAPA- y el manejo del Plan Alimentario Educativo –PAE- a la Unión Temporal Nutriboy, que fue la única en cumplir con todos los requerimientos”, agrega Valencia Castañeda. Por supuesto, sin la propuesta de los interesados, legalmente no se puede estudiar la posibilidad de contratar con ellos. La Unión Temporal Nutriboy, prestará el servicio en los 123 municipios de Boyacá y está compuesta por las empresas Cooprosperar y Nutrición en Acción; la primera, fue la encargada de suministrar las raciones alimentarias durante los primeros años de funcionamiento del Plan Papa y la segunda manejó, durante el año anterior, el PAE. Este operador se encarga de realizar la selección y capacitación de las manipuladoras de los alimentos, de solicitarles certificaciones médicas que las catalogue como aptas para realizar esta tarea; además, debe
Fotografía: Oficina de Prensa Gobernación de Boyacá
Este año el Plan Papa será manejado, a través de una bolsa común que debe ser conformada con los dineros aportados por el Gobierno Departamental, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las alcaldías de los 123 municipios. Hasta ahora, la bolsa cuenta con poco más de 34 mil millones de pesos, con los que se atenderán 266 mil 605 niños en todo el territorio departamental. Algunos alcaldes afirman que las raciones alimentarias se han disminuido y la cuota de participación de los padres de familia subió de precio. Estas denuncias también han llegado al ICBF, a donde llaman frecuentemente los mandatarios. “Durante esta semana, el Instituto ha enviado un grupo de nutricionistas para que revisen los procedimientos, para que pesen los alimentos antes y después de ser preparados, con el fin de verificar la realidad de la situación, y de ser necesario, tomar los correctivos del caso”, dice la Directora Regional del ICBF en Boyacá, Nerly Valencia Castañeda. De otro lado, la Directora afirma que “la tarea que se puso a los alcaldes no fue cumplida, puesto que
ellos estaban en la obligación de comprometer vigencias futuras para garantizar la alimentación escolar durante el primer semestre del 2010, y la prueba es que solo cuatro municipios entraron en el convenio firmado por las entidades que participan en el proceso”. Los municipios que cumplieron son San Mateo, que aportó 27 millones de pesos, Sogamoso con 662 millones, Paipa con 161 y Quípama con 21 millones de pesos. Los demás no aportaron recursos a pesar de que la Sra. Valencia dice que “durante la reunión de alcaldes en Puerto Boyacá, yo misma les solicité, uno a uno, que realizaran el trámite correspondiente ante los concejos municipales, previendo que la ley de garantías no nos permitiría adicionar municipios al convenio en los primeros meses de este año”. En noviembre del año anterior se realizó una convocatoria pública para que todos los interesados en manejar los recursos del Plan Alimentario en los municipios, tales como cooperativas, asociaciones de padres de familia, ONG’s, fundaciones, se presentaran al proceso de selección. “A dicha convo-
garantizar que el sitio donde se prepara la comida es el adecuado, también debe comprar los alimentos de calidad y transportarlos en óptimas condiciones. En el ICBF se tiene la convicción de que “este operador cuenta con los vehículos adecuados para transportar todos los alimentos en las condiciones adecuadas, con sistema de refrigeración que garantiza la cadena de frío exigida por las normas de higiene y salubridad”. La decisión de adjudicar los recursos a un único operador obedece a la falta de compromiso de los alcaldes, a la falta de capacitación de las asociaciones de padres de familia, al mal manejo de los alimentos, a su inadecuado transporte, a la falta de elementos como neveras, a la ausencia de normas de higiene y salubridad y a que el dinero que se recogía en los colegios por concepto de la cuota de participación de los padres, nunca aparecía. Esto se comprueba, según Valencia, en los análisis realizados por el ICBF a nivel nacional, puesto que se hallaron muchas dificultades en los centros educati-
vos donde el programa era manejado por la misma comunidad, lo cual se vio reflejado en varias intoxicaciones masivas de los estudiantes. “Recordemos que los alimentos se deben transportar adecuadamente, porque si nosotros no hacemos un transporte óptimo de los alimentos se pueden generar algunas infecciones que luego traen consecuencias graves para los niños”, dice la funcionaria, y agrega que “aquí no se trata de adjudicar a asociaciones de padres de familia, a alcaldías, ó a operadores privados, sino que se trata de garantizar la calidad en la prestación del servicio. No estoy mirando quién lo suministra sino a quiénes se les lleva el alimento, y debemos garantizar que todo lo que consuman los niños sea con calidad y oportunidad”. Uno de los motivos que no ha permitido el pleno y óptimo funcionamiento de los planes alimentarios, es la baja asistencia de los niños y jóvenes a los centros educativos, según manifiesta la Directora, “hemos encontrado que muchos de estos niños aún están en proceso de matrícula, o no están siendo matriculados por los padres de familia. Esto no se puede justificar de ninguna manera, pues el ICBF está aportando recursos para la alimentación de los estudiantes, lo mismo hace el Gobierno Departamental, y además, la Presidencia de la República también otorga subsidios a través de Familias en Acción; es decir, ningún padre de familia tiene excusa para no llevar a sus hijos al colegio”. La cuota de participación es un requisito para acceder al servicio de restaurante escolar; esta cuota varía entre 100 y 300 pesos diarios que deben ser cancelados semanalmente por cada estudiante que se beneficie con estos programas. “La responsabilidad es de la familia, de la sociedad y del Estado”, dice Valencia, y concluye recordando que “no se le puede quitar esa responsabilidad a los padres, es lo mínimo que le deben brindar a sus hijos. Además los subsidios de Familias en Acción son para que los padres puedan comprar uniformes, útiles y pagar la cuota del restaurante escolar; el Estado cumple con el dinero, pero los padres deben comprometerse y ayudar a soportar la cualificación de la ración servida a los niños”. “Hemos tenido problemas en algunas instituciones educativas, porque los alcaldes me llaman y me exigen que el programa debe ser manejado por las asociaciones de padres de familia, y me dicen que de no ser así ellos no entran a cofinanciar el programa; lo que pasa es que ellos no se presentaron en el momento oportuno y en este instante la ley de contratación no me permite atender estos cuestionamientos de los alcaldes”. Por el momento y con los antecedentes de las asociaciones de padres de familia, la mejor estrategia es contratar un operador único al que se le puedan aplicar medidas de control y vigilancia con mayor facilidad, entre otras cosas porque es más fácil vigilar un responsable que 123, uno en cada municipio; aquí se puede hacer una mayor exigencia técnica en la operación del programa. Esto cambiará en el momento en que cada municipio y cada comunidad se organicen y pueda brindar los servicios con calidad, oportunidad y eficiencia. “A hoy, las asociaciones están muy limitadas en conocimientos, en infraestructura y en organización, lo que no les permite prestar el servicio que requieren los niños y con la calidad que ellos merecen; esa es una debilidad que teníamos con los municipios en los que la comunidad manejaba el PAE”, afirma la Directora Regional del ICBF en Boyacá. ED
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Carta al Partido Verde Opción Centro CARLOS HUMBERTO ALFONSO, en mi Condición de Ex Concejal y 2 veces Alcalde de Miraflores Boyacá, Capital de la Provincia de Lengupá, como uno de los electores del Doctor JORGE EDUARDO LONDOÑO ULLOA en el año 2003, igualmente del Doctor JOSE ROZO MILLAN, actual Gobernador y en 4 oportunidades del Doctor HECTOR RUBIO CRUZ, Diputado a la Asamblea Departamental, a través de la presente deseo dejar claro ante las directivas de este partido y la opinión pública, la razón que en su debido momento me llevó a identificarme con el proyecto político que liderara el Dr. Londoño y las mismas que hoy nos hacen retirar a muchos Alcaldes y Ex Alcaldes, y un sin número de líderes políticos, los cuales, en su gran mayoría, hemos vuelto a nuestros partidos de origen, pero que no acostumbran a manifestarlo. Como siempre, lo hago responsablemente, por escrito y con mi firma. Al Dr. LONDOÑO en la campaña del año 2003, lo vimos como la mejor alternativa para sacar nuestro Departamento del atraso en que se encontraba, y al lado de él concurrimos, la mayoría de Boyacenses, sin distingo de color político, y sin desconocer que hizo una administración mejor a las que lo antecedieron. Hoy en día no puedo continuar en su proyecto político, por varias razones, entre otras: 1. Durante su administración nos mostró una imagen que hoy está en serio cuestionamiento por varios medios de comunicación, lo cual nos hace dudar de la confianza que le depositamos, hasta el punto que si la W no empieza a ventilar aspectos serios de la misma, no nos hubiéramos enterado de lo que sucedió internamente, y solo él, con sus funcionarios, saben la verdad. Lo sucedido últimamente con su Secretario de Hacienda me demuestra que sí hay cosas que lamento y que vendrán asuntos peores, porque no éramos los alcaldes del momento quienes no sabíamos administrar el erario público. 2. Actitudes como las de no cancelar obligaciones que por ley tenía que hacer, como es el caso de CAPRECOM y no buscar una salida a lo del Parque Temático y otras que hoy tienen en vilo las finanzas del Departamento, nos da a entender que se gobernó terca o caprichosamente, y los perdedores como siempre somos los Boyacenses. 3. La auditoría practicada por la Contraloría General de la República a la Secretaría de Educación en el año 2007, plantea interrogantes que debieran aclararse a la opinión pública si son legales, y las consecuencias que tienen sobre las
finanzas del Departamento, como es el hecho de subir, en un solo año mediante tres resoluciones, a muchos docentes de escalafón 6 al 14. 4. Mantener durante más de 6 años el discurso de la: “Transparencia en pasta, los pulcros, los ángeles y los enviados de Dios contra la clase corrupta del Departamento”, cuando internamente también habían roscas, consentidos y preferidos; hizo que se uniera toda esa clase política en contra de él, se pusiera en riesgo la elección del actual Gobernador, esté en duda su elección como Senador y la próxima Gobernación perdida para ese Partido; cuando lo único que tenía era mostrar sus buenas obras. Le advertimos, pero no corrigió; ni siquiera aprendió dos viejos adagios que dicen: “el que tiene rabo de paja no se arrima a la candela”; y “no hay que hablar mal de los demás, porque es como hablar de los ricos, que para allá vamos”. 5. El desconocimiento y engaño para quienes desde la base construimos este proyecto político con un discurso según el cual: “La política No se hace con puestos y contratos” y la posterior verificación que solo sus grandes amigos tuvieron acceso a los mejores cargos, y la contratación fue para unos pocos amigos de su Secretario de Hacienda, hacen perder cualquier confianza y que uno busque otras alternativas por más leal que se quiera ser. 6. El incumplimiento a compromisos de campaña como es el caso de esta Región de Lengupá, con la pavimentación de la vía central (que si bien es cierto él ayudó a adelantar, yo también cumplí con mi parte), y que a más de dos años de administración no se ha comenzado; lo dejan a uno sin elementos de defensa ante las comunidades, porque sacrifiqué $800.000.000 de inversión local, con un costo político muy alto, esperando más de 40 Km. de pavimentación que, como están las finanzas del Departamento, producto de las equivocaciones de su propia Gobernación, seguramente no lo harán, cuando él pudo cumplir, porque gobernó casi seis años, lo cual para nadie es un secreto. 7. Fortalecer al Departamento a expensas de los pobres municipios con el mecanismo de cofinanciación que impusieron para cualquier proyecto, permite que se le haga agua la boca cuando manifiesta que: “Invertimos 4 billones de pesos en Boyacá”, pero las obras eran más costosas hechas por éste que directamente por los municipios y los alcaldes; para mostrar resultados teníamos que aceptarle sus imposiciones, con altos costos políticos, cuando debió suceder todo lo contrario: la razón de ser de un
Departamento está en fortalecer a los municipios y no fortalecerse a costa de ellos. Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta lo sucedido con el Dr. Pablo Sierra, a quien se le negó el aval del Partido Liberal en su aspiración a la Cámara de Representantes, por haber estado militando igualmente en este partido, estoy solicitando que mi nombre sea excluido de su base de datos; si aparece, que no cuenten con que milito en el Partido Verde, porque lo hago orgullosamente en el Partido Liberal y no me avergüenza; dejo claro ante la opinión pública que no soy el único que se ha retirado de Londoño, y así él manifieste que lo hice por estómago, mis razones están expuestas; sería bueno interrogarnos si por la misma causa lo hicieron Héctor Orjuela, Coordinador de dos campañas; Carlos Mayorga, su secretario y aliado fiel; Luis Alejandro Perea, jefe de debate de su campaña y ex representante a la Cámara; y Gilberto Rondón, actual representante a la Cámara, quien jugó un papel determinante en la elección del Dr. Rozo, entre otros; y hasta su propio Diputado en esta Región, lo mismo que su gobernador, no lo respalden (esto por no mencionar 50 líderes más). A los Lengupenses y Boyacenses que conocen mi trayectoria política y saben que en el 2003 me rasgué las vestiduras por él, cuando apuntaban hacia Salamanca Lach, les manifiesto que fui uno de los electores más fieles y leales, y estoy sorprendido con el desconocimiento hacia este servidor pero, ante todo, con la manera como está adelantando la campaña. El Dr. Londoño perdió el norte y los estribos porque, antes de defender sus buenas obras y las tesis de su partido, sigue atropellando a toda la clase política sin diferenciar unos de otros, al parecer producto del desespero, por no contar con los votos suficientes para alcanzar el umbral de su lista al Senado; porque podrá tener muchos votos en la Región y el Depto., pero casos hemos visto como el del Dr. Peñalosa en la campaña anterior. Peleando no se gana; y ha perdido al menos un 40% de su equipo y muchos electores. Lo lamento, pero le deseo suerte. Anexo fotocopia de un comunicado en este mismo sentido radicado en Julio del 2009 al señor Gobernador, acompañado de las firmas de 11 ex alcaldes del Departamento. CARLOS HUMBERTO ALFONSO C.C. 4.165.338 de Miraflores
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Por: Ec. Carlos Castro Espinosa
Curioso…! Las partes que suscriben un contrato son responsables de las consecuencias que se deriven de su ejecución y no pueden soslayarla cuando han comenzado a llover las quejas, argumentando que su función no es “investigar”. El contratante fija las condiciones y se reserva el derecho a ejercer directa o, a través de un tercero, la supervisión y vigilancia, con el fin de garantizar que el contratista cumpla con el objeto pactado. Por ello, la Secretaría de Protección Social asume el control administrativo, financiero y técnico del Contrato No 388 de 2009, y es el Doctor Alberto Vargas Bernal, quien certifica que la Asociación Hijos de la Luz, cumple con los
requisitos y tiene la experiencia e idoneidad para ejecutarlo. Lo curioso es que se abstuvo de expedir certificación sobre la infraestructura, recursos logísticos y profesionales que acreditó la “asociación” para obtener y ejecutar el contrato, y tampoco quiso hacerlo cuando se le preguntó a quiénes había remitido a la “asociación” y quiénes permanecían en Villavicencio. El 16 de diciembre de 2009, veintiséis ciudadanos de Tunja le informan al Alcalde, Secretaría de Gobierno Municipal y Procuraduría, que dicha “Fundación” no cuenta con las normas mínimas para funcionar, que existen graves casos de maltrato y que, del dinero entregado de los fondos del
municipio, no se ha visto nada. En las respuestas invocan la no competencia para investigar, la pedagogía y no violencia activa, o simplemente que el contrato ya se liquidó; pero guardan silencio frente al trasteo de “pacientes” y al hecho de que allí nadie se va a rehabilitar. Si el Contrato se firmó por tres meses, ¿por qué la Secretaría de Protección Social informó el 4 de septiembre de 2009 al Juzgado Primero de Familia, que el convenio era por cuatro meses, prorrogables por dos más? Acaso ¿cuatro días después de firmado el contrato, ya se había pactado su prórroga? ¿Por qué se dejó sin respuesta un tercer derecho
de petición, destinado a conocer la evaluación de cumplimiento y el acta de liquidación del contrato? Otra cosita: oficina de contacto no es sinónimo de Centro de Rehabilitación, pero en Tunja sí; y mientras la psicóloga renunció, tres “pacientes” se convierten en “terapeutas” y la “asociación” aspira a continuar con el contrato. Aclarar conductas es lo que define investigar, y lo ético es que las quejas y dudas sobre este tema, sean atendidas satisfactoriamente por el gobierno municipal, entidades competentes y organismos de control; eso es obrar con transparencia. ED
Se consolida el Centro de Conciliación FunJuanpis II El Primer Centro de Conciliación de carácter privado que funciona en Boyacá, a excepción de las de las universidades y cámaras de comercio. Se trata del Centro de Conciliación “FunJuanpis” de la Fundación Jurídica Católica Juan Pablo II, cuyas modernas instalaciones quedan en el tercer piso del Centro Comercial Centro Norte de Tunja, dirigido por el abogado Uriel Francisco Bonilla Currea, con un selecto equipo de expertos juristas dedicados a buscar las soluciones, antes de un eventual pleito; son parte de este equipo: Johana García, Carolina Gutiérrez, Víctor Legizamo y Alexandra Díaz. “…Hemos conseguido que el Ministerio del Interior y de Justicia nos permita cobrar un 35% por debajo de las tarifas autorizadas para, de esta forma, brindar un cómodo y más económico servicio a los litigantes, a sus clientes y a la comunidad. Cobramos dentro de los parámetros de una fundación sin animo de lucro que, con abnegación y desprendimiento económico, cumple una función social, brindando también asesoría jurídica gratuita a quien no puede pagarse un abogado…” “La Conciliación es la forma de arreglar nuestras desavenencias sin que nos cueste sangre. Es propender por la paz y la concordia sin que dejemos ampollas de odio. La idea es que en una contienda todos salgamos siendo amigos” “…Conciliando adecuadamente y de la mano con la concordia y la juridicidad, ayudamos a descongestionar los estrados judiciales. Nos impusimos celeridad, pertinencia y honestidad que, con la experiencia y capacitación que poseemos, nos permitan un escenario de anhelada hermandad…” “...Los episodios de violencia intrafamiliar anegan al departamento en vergonzantes estadísticas dignas de esconder…, no éramos así… Nos
hemos contagiado de un virus que no es nuestro… Somos hábiles para censurar, pero torpes para proponer; somos ardientes para el odio, pero tibios para el amor; somos perspicaces a la hora de señalar los defectos, pero muy discretos a la
Equipo profesional del Centro de Conciliación FunJuanpis II hora de reconocer las virtudes. Eso nos hace lúcidos, ingeniosos, brillantes, pero más bien duros de corazón. Hemos sido imbuidos por severidades y por doctrinas egoístas…” “…Somos capaces de llorar masivamente, y creo que sinceramente, la muerte accidental de una muchacha inglesa al lado de su novio rico, pero no parece conmovernos las masacres en nuestro propio suelo, ni los 400.000 seres humanos que cada año pierden en Colombia su tierra, su trabajo, su porvenir y su esperanza. La conci-
liación se tiene que imponer como método alternativo de solución de conflictos si no queremos que la patria se desangre…” “…Colombia y el departamento (duro decirlo y peor admitirlo), tienen un rostro que muestra una sociedad que no le da a muchos niños y jóvenes otra pedagogía que la exclusión, ni otra pasión que el resentimiento…” “…Necesitamos diálogos de paz; abandonar esos legados de una larga tradición colonial y señorial que no nos deja ser un país moderno, tolerante, plural, capaz de la alegría, de la cordialidad y de la imaginación... Que no nos deja degustar los mimos de nuestros hijos, porque a ellos ya no nos los imaginamos reconociendo el trino de los pájaros si no el ruido de los fusiles; sus ojos no gozarán del color de las flores, sino verán entre matorrales al enemigo emboscado. Su nariz solo podrá oler el azufre. Su piel no sabrá de caricias sino de heridas y golpes, mientras su estómago grita de hambre...” Por imperativo legal tenemos competencia para conciliar asuntos de familia, comerciales, de derecho financiero, responsabilidad en accidentes de transito, seguros, y en general, todo lo que tiene que ver con el derecho privado, además de los asuntos de derecho penal querellables, tarea que llevamos a cabo con personal especializado. Y ahora, desde el Centro de Conciliación y la Fundación Jurídica, nos avocamos a hacerlo de la mano del Padre Moisés Sanabria, quien gentilmente nos abre las compuertas de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Tunja, desde donde persistiremos en un loable propósito: pagar nuestro debido diezmo con servicio profesional. ED
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DESDE EL PASAJE VARGAS
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as vallas de la política. El sobrino de la tía Herminia ahora está compartiendo gigantescas vallas publicitarias con el gordito Henry, el uno como aspirante al Senado y el otro como cabeza de la lista de Cámara del partido viche verde por Boyacá. Eso nada de raro tiene. Lo curiosos en este caso es que en el espacio de Carreño, debía estar Raulito, el ex de la Hacienda Pública. Y como recuerdan los Académicos que se dijo en este tal Diario, algo pasa con la relación entre el sobrino de la tía Herminia y Celicito, ellos que tanto se amaban. Las hipótesis son varias: que Celicito, que ha dado muestras de ser un hombre inteligente, o por lo menos ahorrativo, habría tomado la decisión sabia de no intervenir en la contienda política, pues con seguridad el fiasco estaba asegurado; no solo no era elegido, sino que se iba a gastar un billete bien largo para lamentarse después, porque eso era como echarlo al fuego. La otra razón es que, la inteligencia potenciada del sobrino de la tía Herminia y Celicito, pretenden, como siempre, tratar de engañar al respetable populacho, haciendo como que están distanciados… O, ¿definiti-
vamente sí están peleando este par de criaturos que, otrora, eran como dos tortolitos, todo corazón, todo amor, todo ternura… Los Académicos, por consenso, dicen que sí, que estos tortolitos se han peleado…
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a infamia desde la Casa de Nari. Algunos Académicos realmente estuvieron indignados en estos días oyendo al inquilino de la Casa de Nari, con don Darío Fernando Patiño en el Radar, que, como todo el mundo sabe es de la familia de don Julio Mario y que se transmite por el canal del molusco. El inquilino, ni corto ni perezoso va diciendo que las administradoras del régimen subsidiado ya no tendrán la obligación de contratar mínimo el 60% de los servicios con la red pública hospitalaria; que eso es muestra de que los servicios no se están desmejorando, sino que por el contrario se nivela la calidad del servicio que reciben los del régimen contributivo y los del subsidiado; que por eso es que ahora están autorizados los del régimen subsidiado para contratar todo, si quieren, con IPS privadas. Que porque la red pública hospitalaria no está en capaci-
Cáscaras de naranja para producir energía
OJOS Y HOJAS
que la gasolina. Por el contrario, el nuevo etanol desarrollado a partir de naranjas y otros productos como el papel de periódico o
dad de ofrecer los óptimos del servicio, ya sea por infraestructura, equipamiento tecnológico o personal altamente especializado. Qué falacia la del Inquilino; qué cinismo: de tajo descalifica la Red Pública y la condena económicamente.
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l cierre de Cambio. Como siempre, malpensados los Académicos, se atreven a decir que el cierre de la Revista Cambio, por parte de los nuevos dueños de lo que era de los Santos, se debió ocasionar porque alguien en la revista debía estar llegando a Juan Manuel, el flamante ex minguerra de la operación Jaque y ahora presidente del partido de U., en cuanto a que este pueblo que se llama locombia, comenzará a enterarse de cómo han sido los negocios de la Guerra y el manejo que de ellos hizo Juan Manuel. Los Académicos “dan su cabeza” si no es que más temprano que tarde, “tendremos que enterarnos” de cómo es que Juan Manuel y la Cúpula (no toda, seguramente) se rumbiaron el presupuesto de la llamada Seguridad Democrática. La mayoría de estos malpensados y envidiosos, dicen que están seguros que este camino llevará al equivalente de las minas del Rey Salomón en el mundo de la corrupción y los torcidos.
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CURIOSIDADES Usando cáscaras de naranja y periódicos como materia prima, científicos de la Universidad de Florida (Estados Unidos) han conseguido producir etanol. Las características del nuevo método de fabricación de este biocombustible se publican en la revista Plant Biotechnology Journal. Actualmente, para obtener etanol se utiliza principalmente el almidón de maíz, con el que se producen más emisiones de gases de efecto invernadero
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la madera, genera muchas menos emisiones que los derivados del petróleo. Otra ventaja es que el método se podría aplicar también a la caña de azúcar y a la paja. Según el producto de desecho utilizado, se necesita una combinación específica de más de 10 enzimas naturales para transformar la biomasa en azúcar, y finalmente en etanol. Las pieles de naranja necesitan la enzima pectinasa, mientras que los desechos de madera requieren más cantidades de xilanasa. Para producir estas enzimas, los científicos introdujeron genes de hongos de descomposición de la madera y genes bacterianos en plantas de tabaco. La producción de estas enzimas en el tabaco, en vez de versiones sintéticas de laboratorio, podría disminuir el coste de producción en unas mil veces, lo que reduciría de forma significativa el coste de producir etanol. Sólo en Florida, los investigadores han calculado que con las pieles de naranja que se desechan y este método se producirían 757 millones de litros de etanol al año. Tomado de Revista Muy Interesante
os hoteles del Departamento. No faltan miembros de esta Academia que piensen que si las Cajas de Compensación se quedan con los cinco hoteles que tiene el Departamento y que los entregará por licitación, a 20 años de concesión, lo que se está haciendo en realidad es entregar semejantes inmuebles para que se conviertan en los epicentros del turismo de olla y chancleta; que adiós a la posibilidad de algo decente, para la gente bien. Mejor dicho, que toda Boyacá sería el Melgar de tierra fría de los habitantes del sur de la ciudad de don Gonzalo Jiménez. ED
ENTRETENIMIENTO
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EDITORIAL En el marco de la actual campaña electoral uno de los temas más recurrentes por quienes en ella intervienen es el de la corrupción. Sin embargo, la alusión a este asunto tan cotidiano en el país y tan consentido por los políticos y sus electores de siempre, es apenas un sofisma de distracción, una forma de arrancar aplausos en el medio de la fogosidad del discurso, sin que a la hora de las definiciones cuente como compromiso o tarea legislativa. Por eso nos hemos venido acostumbrando a escuchar a nuestros “prohombres” lanzarse acusaciones mutuas sobre prácticas y participación en hechos de corrupción, sin que por causa de este atroz delito, alguien pueda ser llamado a responder, como debe ser, ante la justicia. Entonces la costumbre de robar el patrimonio de todos se hizo “ley”, y como tal, es cumplida casi que por todos aquellos que llegan a ocupar un puesto de representación o de administración pública, hasta el punto que, ser elegido o nombrado para desempeñar este tipo de funciones es sinónimo de enriquecimiento seguro, forma de salir de los apuros y asegurar un futuro para la familia; desde luego que los frutos obtenidos de esta práctica execrable van en forma directamente proporcional al cargo que se ocupa, de tal manera que si se está en un cargo de nivel nacional y de alto manejo, el usufructo es mayor al del administrador de una plaza de mercado, o al de una auxiliar en una oficina de tránsito.
La loca escalera de la corrupción Lo verdaderamente sorprendente es la manera como se nos volvió parte del panorama la llamada corrupción; muy pocos se enervan o denuncian a los delincuentes de cuello blanco; para una amplia franja es habitual pagar la “propina”, dar la mordida, pagar el porcentaje consabido por los contratos y demás acciones que suelen realizarse en el ámbito de lo público. Por la vía de la corrupción se han acabado
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or la vía de la corrupción se han acabado empresas del Estado, es decir, de todos; se han desmantelado bancos oficiales o se pagaron las quiebras del sector financiero... empresas del Estado, es decir, de todos; se han desmantelado bancos oficiales o se pagaron las quiebras del sector financiero sin que de sus billonarias ganancias retribuyeran al erario público la financiación otorgada de manera generosa; también se han dejado de pavimentar carreteras de vital importancia para la vida económica de regiones, se recortan presupuestos a los municipios y se desmantela todo aquello que sirva a los colombianos, pues se tiene la creencia que lo que es de todos no es de nadie. Sin embargo, lo más aberrante es la forma como aquellos acusados y aún sancionados por sus delitos contra lo público, se presentan
EL IGUAQUEÑO
como los salvadores y luchadores incansables contra el fenómeno, y por eso vuelven a encabezar listas de aspirantes a corporaciones públicas, sin el menor asomo de vergüenza, pues confían en la amnesia de sus electores y el poder de sus chequeras, por eso pretenden perpetuarse en el poder en una convivencia sin par con sus clientelas y sus “calanchines” que, de plaza en plaza, van agitando su nombre como el del salvador sin el cual no hay futuro. Pero la corrupción no es exclusividad del sector estatal; poco a poco y con la misma facilidad ha ido penetrando el ámbito de lo privado; empresas que se quiebran para sacar a los accionistas minoritarios, negocios en apariencia muy lucrativos para ocultar los ilícitos, o la concentración de riqueza en pocas manos, incluso con el uso de la fuerza, se apropian de riquezas o tierras, son apenas ejemplos de cómo este comportamiento delictivo ha hecho su ingreso en la vida de los colombianos y nos lleva por un camino en el cual los más poderosos roban en billones, seguidos por los que se apropian de los millones, los miles, los pesos y, finalmente, se ubican los que se quedan con centavos en esta loca escalera de la corrupción, que cuenta con el aval de ricos y pobres, siempre y cuando puedan quedarse con algo del ponqué; entretanto, desde las altas esferas del poder, el tema se utiliza como caballito de batalla para ocultar negocios de familia. ED
Por: Tarcicio Cuervo
Las leyes de la muerte
Hace cinco años titulamos esta columna “Ley 100, ley de la muerte”; y el año pasado “Un país de ciegos y sordos”, refiriéndonos a los graves problemas que el pueblo colombiano tendría que soportar un día en materia de salud. También lo dijeron decenas de columnistas en periódicos y revistas nacionales y regionales, y los colombianos no lo creyeron. Estaban convencidos de que la persona que se había inventado la ley 100 de 1992 era un hombre iluminado por Dios y, por ende, los sanaría a todos. Acá dijimos que ese “modelo” de salud era una bomba de tiempo, que cuando explotara mataría a más personas que las bombas de la guerrilla, las masacres de los
paramilitares y los “falsos positivos” de nuestro ministro presidenciable. Los primeros que se robaron la plata destinada para atender a los enfermos de este país fueron los de una EPS brasilera llamada “UNIMEC”; y después autorizaron a una EPS llamada “SALUDCOOP”, para que con los dineros de los medicamentos de los pacientes, construyeran unas tantas clínicas en el país. Ante el prominente negocio aparecieron cientos de EPS’s, la mayoría de las cuales eran de propiedad de los Senadores y Parlamentarios de la coalición del Jefe de Estado, dando también participación como accionistas a los diferentes cuarteles paramilitares a lo largo y ancho del suelo patrio,
según lo afirman varias organizaciones internacionales de derechos humanos. Pero ante tanto reparto y tanta “Empresa Prestadora de Servicios para la Salud – EPS”, en las cuales los salarios de los directivos son bien onerosos (rondan los 80 millones de pesos mensuales), mientras que los médicos ganan entre 2 y 3 millones de pesos al mes, la platica se fue quedando en las manos de los dueños y los accionistas. Y con el tiempo ya no hubo dinero para las medicinas y, menos aún, para los tratamientos de las enfermedades de alto costo, como el cáncer, el sida y uno que otro virus de los que aparecen a diario. Así pues, con tanta escasez de recursos y con tanto enfermo,
se tenía que declarar la “emergencia económica para la salud pública”. Y ahí aparece el sabio Ministro Diego, protegido desde hace ya 7 años por el Presidente Uribe, el cual le paga la medio bobadita de 2 mil millones de pesos a sus sabios colegas, los gerentes de las EPS’s, para que redacten una nueva ley que, otra vez, proteja de la quiebra a las empresas prestadoras de salud, en detrimento del ya horroroso servicio que ofrecen a sus pacientes. Y hay que proteger a estas empresas porque sobre ellas recae parte del soporte del Presidente de la República más popular de la historia colombiana, y es imprescindible que nos siga gobernando.
El Diario
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Escríbanos a: periodicoeldiario@yahoo.es
LA COLUMNA DEL LECTOR
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Lo mío no es el sainete, y estoy convencido que la crítica, por ácida que sea, debe tener una base objetiva; igual o más debería ser, cuando alguien acude a la lambonería ramplona, porque de lo contrario siguen en la misma y peor, fingiendo ser periodistas. Cuentan en la Alcaldía
Ralea y tumbis
que a varios no les pagaron
(ANÓNIMO)
el mes de Enero que trabajaron, y en contentillo se autorizó
Desde el día en que el Emperador Julio César publicó en el foro romano el primer ejemplar del Acta Diurna, la distribución de noticias ha sido un medio eficaz para moldear a la opinión pública.
el veintinueve de Enero, que les firmaran otro contrato por cinco meses de duración.
Eso lo aprendieron sin demora los grupos económicos y los caciques políticos sedientos de poder; y cada uno busca disponer de un periódico y su equipo de “periodistas”, con el propósito de vender la información que les conviene.
Qué tragedia es ser empleado y que lo tumben de esa manera, y que de agache
Así surgió una ralea de títeres y aduladores, capaces de mentir por unas pocas monedas o un plato de lentejas, para engañar a la opinión pública; pero que nada tienen que ver con la respetada calidad profesional del periodista. Alguien aseguró que la viruela estaba erradicada, pero hace pocos días la contraje al presenciar estupefacto, como una crítica irreverente del Alcalde de Tunja, olvidándose de la existencia de la ética, daba un inesperado, pero hoy comprensible giro de 180 grados.
LA MISMA
quede burlada la ley que llaman de garantías. Será de tontos si preguntamos ¿qué están haciendo en sus despachos
Por: Clemencia Torres
El peor delito En estos días, como nunca antes, hemos tenido que oír todas las aberraciones inimaginables de la corrupción, ni que decir, de los contratos de asesoría para acabar con la salud. Nada peor que las negociaciones que se hacen entre los “politiquillos” para conseguir los votos. Ni que hablar de las denuncias contra un millar de funcionarios públicos en todo el país, que cobran estipendios a los ciudadanos por cumplir con su deber. Lo peor de la corrupción es que se constitu-
–No olvidemos quiénes son los dueños de las EPS’s-. La ley está escrita… y lo escrito, escrito está. Dado en la Presidencia de la República. Comuníquese y cúmplase. Y mientras tanto que sigan los médicos “muertos de hambre” y los pacientes “quejetas”, pero que la ley se cumpla. La mano fuerte y el corazón grande llama a todas estos preceptos “seguridad
ye en una derrota moral para la sociedad, que todos los días ve como se diluyen, no sólo los recursos, sino la esperanza. Cómo explicarle a los más pobres de este país, que los recursos mínimos y miserables de familias en acción, están sujetos a la venta de su conciencia y a votar por quienes se les ordene y, sobretodo, a costo de perpetrar el crimen de mantener el sistema. Apelo a la razón de los ciudadanos para que con su valor denuncien a estos criminales. ED
democrática, confianza inversionista y cohesión social”. Y debe seguir Uribe en el poder porque nadie más que él nos puede gobernar con tanta claridad, buscando siempre el bienestar y el progreso del pueblo colombiano; por algo será que el 70% de los colombianos lo apoyan. Concluyo entonces, que el Presidente Uribe tiene que hacer esa clase de leyes para
seguir en el poder y no dejar caer su índice de popularidad, ¿o no? POSDATA: Y por estos días de tanto agite para el gobierno por cuenta de la brillante “emergencia económica para la salud pública”, ¿dónde están las famosas encuestas de popularidad de Uribe? ¿Ya no es popular o se acabaron las encuestas? Jaque a las “emergencias”. ED
los subalternos del Procurador? ED
Correos del lector Gracias por El Diario vía e-mail, pues a través de este medio me entero de lo que pasa en Boyacá, ya que viví por esos lados hace algunos años. Mil gracias por recordarme las génovas, los quesos de seso, Firavitoba, Jenesano, Ráquira, los chorizos de Sutamarchán, los merengues campesinos de la provincia de Gutiérrez, la música carranguera, la Virgen de Chiquinquirá, la colcha de retazos en sus campos, el Pantano de Vargas, el plátano verde de Miraflores, las playas blancas de la Laguna de Tota, el museo Sugamuxi y el cañón del Chicamocha por los lados de Tipacoque para bajar a Capitanejo, entre otras cosas. Recorrí los lugares que describe Eduardo Caballero Calderón en sus novelas… Que recuerdos tan bellos… Cordialmente, Paloma Muñoz. Gracias por el envío del periódico y por su comunicación. Aprovechamos para enviar, aunque un poco tarde, un saludo especial con motivo del Día del (la) Periodista. Resaltamos su indispensable labor y su independencia en el manejo de la información. Con sentimientos de consideración y aprecio. Att., Casa de la Mujer –UPTC- GIEPEG. Cordial Saludo. Por favor inclúyanme en la distribución semanal vía e-mail de El Diario y felicitaciones por recordar a los paisanos que estamos lejos. Att.: Moisés.
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DA PENA QUE LA CLASE POLÍTICA NO ESTÉ MÁS COMPROMETIDA
Sigue la pelea por la defensa de EBSA Por: Jaime Alberto Rodríguez, Sintraelecol Boyacá En cuanto a la acción popular que mantenía la prohibición de vender las acciones de la Empresa de Energía de Boyacá, el juez negó las pretensiones de la demanda; solamente acogió los argumentos del gobierno que no presentó el supuesto estudio realizado por la banca de inversión Inverlink-BBVA-Valores, cuestionada por la subvaloración de otras empresas como Termotasajero, y desestimó los argumentos y las pruebas de los demandantes, a pesar de que es evidente la subvaloración de la empresa, como está demostrado con los estados financieros, lo cual puede desembocar en un grave detrimento del patrimonio público. Ya se presentaron las apelaciones para que vaya a segunda instancia en el Tribunal Administrativo de Boyacá, esperando que allí se revise el proceso y se tengan en cuenta los argumentos y las pruebas presentadas por los demandantes,
y se evite un daño grave al patrimonio de todos los Boyacenses. Por otra parte, como el gobierno no ha podido vender ISAGEN, va a acelerar el proceso de venta de las electrificadoras, y entre ellas EBSA; por eso, nuevamente hacemos un llamado a todo el pueblo Boyacense para que defendamos una de las pocas entidades que no se ha entregado a brasileros, como las siderúrgicas; a españoles, como el acueducto de Tunja; o a los gringos, como la hidroeléctrica de Chivor. Es lamentable que los políticos Boyacenses, aliados del gobierno en el Senado y la Cámara, que votan a favor de las privatizaciones de empresas, de acabar las universidades públicas, de acabar con los derechos a la salud, de regalar recursos del campo a reinas de belleza y a los más acaudalados del país, de recortar las trans-
ferencias a los municipios, ahora vengan a hacer campaña engañando a la población, prometiendo rebaja de tarifas, puestos, becas y quién sabe qué cosas más, y no tengan la voluntad para defender el patrimonio de los Boyacenses. Y, desde luego, es necesario insistir en que la defensa de la empresa como patrimonio regional, no corresponde a una idea caprichosa de algunos sectores, sino que constituye la posibilidad de manejar un negocio que es necesario que, a futuro, esté bajo el control económico y técnico de la región, por lo que implica para el desarrollo de la generación de energía, sea ésta hídrica o térmica, y los demás negocios que se puedan originar en el sector energético, a la vez que está íntimamente ligada al desarrollo de la minería del carbón con sus impactos sociales, económicos y ambientales, de los cuales va a depender buena parte de la economía regional hacia el futuro. ED
Tres boyacenses candidatos al Parlamento Andino Héctor Helí Rojas Jiménez
Rafael Flechas Díaz
Francisco Ramírez Fonseca
Fotografías: Hisrael Garzónroa
El liberal Héctor Helí Rojas Jiménez, actual Senador de la República; el ex Parlamentario conservador, Rafael Flechas Díaz; y el docente universitario de la Alianza Social Indígena, Francisco Ramírez Fonseca, son los boyacenses que han presentado sus nombres a consideración de los colombianos para ver si son elegidos al Parlamento Andino, órgano deliberador y de control del sistema andino de integración, cuya naturaleza es comunitaria, que representa los pueblos de la comunidad andina y estará constituido por representantes elegidos por sufragio universal y directo de los cinco países que en su momento conformaron el Pacto Andino, ahora la Comunidad Andina de Naciones, zona comercial que intentan consolidar: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Actualmente, Venezuela está ausente de este órgano, debido a las tensiones políticas que afectan la región. Es la primera vez que la elección de estos representantes se hace por la vía de las urnas, mediante el voto universal de los ciudadanos. Cada país tiene derecho a 5 escaños en esta corporación y su elección, en el caso de Colombia, se hará el próximo 14 de marzo, simultáneamente con los comicios parlamentarios. ED