Los productores, en alerta

Dos historias, en tierras bonaerenses y tucumanas, muestran la problemática de la ocupación de campos en producción. La falta de soluciones rápidas y concretas refleja la ausencia de leyes que protejan la propiedad privada. Los productores, en alerta

La problemática de la ocupación de campos tiene un vacío legal que genera dificultades para avanzar en la búsqueda de soluciones.

El conflicto por la ocupación o usurpación de campos por parte de grupos de individuos no es un tema nuevo. Recientemente, en algunas zonas argentinas, este tipo de hechos recrudeció. El canal de noticias CHACRA TV abordó la temática y Revista CHACRA reproduce dos historias de propietarios que relataron sus experiencias por los problemas de campos ocupados. Uno de los casos ocurrió en Tafí del Valle, Tucumán, y el otro en Zárate, provincia de Buenos Aires. Estos indeseados sucesos dejan a la luz una problemática de antaño, que tiene un vacío legal que genera dificultades para su solución.

José Frías Silva es presidente de la azucarera “Justiniano Frías”. Posee un campo en Tafí del Valle que fue tomado hace años. Los pueblos originarios fueron los primeros en reclamar las tierras. Con el tiempo, las ocupaciones fueron aumentando. Se hicieron reclamos penales, solicitaron apoyo de Federaciones y Asociaciones de Tucumán, pero ninguno fue escuchado.

La familia poseía un ingenio azucarero que quebró y como compensación por las deudas tuvieron que entregar parte de las tierras al Estado. A raíz de ello, quedó una zona indivisa que fue aprovechada por los ocupantes. Como consecuencia, hace años llevan adelante dos denuncias, una civil y otra penal.

sar de que se ha decretado una medida de no innovar, la justicia no toma acciones”, afirma Frías.

“Es un tema bastante serio. Acá se está formando una Asociación Gremial, en base al espanto, para combatir estos flagelos”, aclara.

El otro caso es el de Fernando Skiarski, en Buenos Aires. El productor de arándanos es propietario de un campo de 18 hectáreas en Zárate.

Las tierras de la familia fueron tomadas por treinta o cuarenta personas el 11 de abril de este año. “Aducían que era un terreno fiscal y que tenían derecho de usurparlo”, explica su dueño.

Durante el transcurso de una semana, periodo que duró la toma, los ocupantes subdividieron el terreno con palos de alambres, colocaron nombres de las familias que se habían autoasignado esas parcelas y derribaron los alambres perimetrales que existían.

“Una semana duró la ocupación. La gente tenía un discurso agresivo. De un lado, el campo cuenta con una plantación de arándanos; gracias a ese indicio de que el campo estaba en uso, pudimos desalojarlos”, aclara Skiarski. En este sentido, relata que la toma fue organizada y que alguien brindó el dato de que el campo era un terreno fiscal a los ocupantes. En estos últimos años, explica Skiarski, “es muy difícil sacar a las personas. Si el terreno no estaba en uso, la figura legal no era usurpación, sino ocupación y tendría que hacerse el reclamo por la vía civil”.

Estas son historias que evidencian que los derechos de la propiedad privada en Argentina son muy vulnerables, que es necesario un gran debate sobre el rol de la Justicia y la jurisprudencia en el país y, asimismo, que los tiempos y las leyes, a veces, no ayudan. En el caso de los terrenos, se complejiza aún más porque la línea entre lo que es y no es delito es difusa.

Otro caso paradigmático ocurrió en la localidad de Miraflores, provincia de Chaco. Allí, cien lotes, que constituyen 10.000 hectáreas, son reclamadas por las comunidades aborígenes por ley y como una herencia ancestral de generaciones anteriores que habitaron la zona.

La mayoría de estos campos son propiedad de pequeños y medianos productores criollos que durante décadas fueron dando impulso a las actividades agrícola y ganadera en la región.