Contralinea 365 by Miguel Minero

ISSN: 1665-1626 R E V I S TA S E M A N A L

CONTRALÍNEA

1 DE JULIO DE 2013

ÍNDICE DIRECTOR MIGUEL BADILLO oficiodepapel@yahoo.com.mx SUBDIRECTOR JOSÉ RÉYEZ jreyez@contralinea.com.mx ASESOR JURÍDICO

PEDRO RODRÍGUEZ

OPINIÓN/EL AUMENTO AL BOLETO DEL METRO Y SU COSTO POLÍTICO PORTADA/ATLAS DE RIESGO DEL PERIODISMO EN MÉXICO Elva Mendoza

COORDINADOR DE INFORMACIÓN ZÓSIMO CAMACHO zosimo@contralinea.com.mx COORDINADORA DE EDICIÓN NANCY FLORES nancy@contralinea.com.mx COEDITORA WEB ÉRIKA RAMÍREZ erika@contralinea.com.mx COORDINADOR DE ECONOMÍA MARCOS CHÁVEZ marcos@contralinea.com.mx COORDINADOR WEB GONZALO MONTERROSA gonzalo@contralinea.com.mx COORDINADORA DE PUBLICIDAD JANETT ALBA janett@contralinea.com.mx COORDINADOR DE DISEÑO MIGUEL MINERO mimiga@contralinea.com.mx COORDINADOR DE PRODUCCIÓN LUIS KUAN produccion@contralinea.com.mx REPORTEROS FLOR GOCHE flor@contralinea.com.mx ELVA MENDOZA elva@contralinea.com.mx ROGELIO VELÁZQUEZ rogelio@contralinea.com.mx DEFENSOR DEL PERIODISTA ÁLVARO CEPEDA NERI cepedaneri@prodigy.net.mx DEFENSOR DEL LECTOR JORGE MELÉNDEZ PRECIADO jamelendez@prodigy.net.mx EDITORIALISTAS FABIO BARBOSA fabiobarbosacano@gmail.com MIGUEL CONCHA MALO educacion@derechoshumanos.org.mx MARTÍN ESPARZA garrasleo6@yahoo.com.mx EDGAR GONZÁLEZ RUIZ edgargr@prodigy.net.mx PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN pablomoctezuma@hotmail.com NETZAÍ SANDOVAL netzai@gmail.com JORGE LUIS SIERRA jlsierra@hotmail.com CORRESPONSALÍAS BAJA CALIFORNIA LORENA ROSAS COAHUILA ROSA ESTHER BELTRÁN HUASTECA SALOMÓN HERNÁNDEZ LEÓN GUERRERO JUAN CARLOS GONZÁLEZ TAMAULIPAS HUGO JIMÉNEZ DISEÑADOR INFOGRAFISTA ASISTENTE WEB CORRECTOR

LUCIO SÁNCHEZ CECILIA MARTÍNEZ ARMANDO COVARRUBIAS OCTAVIO SALAS

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16 DE DICIEMBRE DE 2013

Edith Meneses/Elsa Arista/Adrián Ramírez

CAPITALES/BAJAS, LAS EXPECTATIVAS ECONÓMICAS PARA 2014

Marcos Chávez M

LÍNEA GLOBAL/ESTADOS UNIDOS LANZA ESTRATEGIA MILITAR PARA EL ÁRTICO Carey L Biron/IPS

LÍNEA GLOBAL/A LA DERIVA, ALIMENTACIÓN DE 47 MILLONES DE ESTADUNIDENSES Deisy Francis Mexidor/Prensa Latina

LÍNEA GLOBAL/FRANÇOIS HOLLANDE, UN SIONISTA DE SIEMPRE Thierry Meyssan/Red Voltaire-Al Watan

CONTRALUZ/DESPERTANDO DEL SUEÑO AMERICANO Sergio Ortiz

CARTÓN

Manrique

JO, JO, JO

Xavier Caño Tamayo/CCS

19 Manrique

OPINIÓN BANCA QUE RIGE NUESTRAS VIDAS

ENSAYO

Carlos Miguélez Monroy/CCS

PROHIBIDO QUEJARSE

Víctor Martínez González/CCS

EX LIBRIS

Jorge Retana Yarto

OPINIÓN SANCIONAR MARCHAS, ATENTADO A LA DEMOCRACIA

CARTÓN

Avilés

ESTADOS UNIDOS: DECADENCIA Y TRANSICIÓN MUNDIAL ESTRATÉGICA

ASOLEADO

Álvaro Cepeda Neri

CARTÓN

CRISIS, DEUDA Y DÉFICIT: SAQUEO

DEFENSOR DEL PERIODISTA ENÉSIMA EMBESTIDA INQUISITORIAL Y CENSURA A CONTRALÍNEA

OPINIÓN

REMATADA

JOSÉ FRANCISCO CILIA LÓPEZ: DERECHOS HUMANOS Y JUECES

64 Álvaro Cepeda Neri

Martín Esparza Flores

Ilustración de portada: Cecilia Martínez

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 12, número 365, del 16 al 22 de diciembre de 2013– es una publicación semanal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Avenida Río Churubusco 590, col. Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certificado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Bolívar 238, col. Obrera, delegación Cuauhtémoc, teléfono 57 61 34 94; este número se terminó de imprimir el 13 de diciembre de 2013. Distribuida por Distribuidora de Impresos, S de RL de CV, Avenida Mariano Escobedo 218, col. Anáhuac, CP 11320, México, DF, teléfono 52 62 94 00; y la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91. CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Editorial Libertad y Expresión.

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El 1 de diciembre y el derecho a la rehabilitación

La toma presidencial del 1 de diciembre de 2012 tuvo como marco la manifestación en las calles de gente organizada y espontánea, en su mayoría jóvenes, así como un operativo conjunto llamado Transmisión del Poder Ejecutivo Federal, llevado a cabo por la Secretaría de Seguridad Publica del Distrito Federal (SSPDF) y el Estado Mayor Presidencial. La operación estuvo al mando de Manuel Mondragón y Kalb, quien era Secretario de Seguridad Pública capitalina; y, como mando único, Darío Chacón Montejo, subsecretario de Operación Policial de la SSPDF (5 mil 172 policías fueron convocados para mantener la paz pública, entre elementos de la Policía de Investigación del Distrito Federal, fuerzas del Estado Mayor Presidencial y Policía Federal). Este operativo tuvo como resultado la detención arbitraria, tortura, encarcelamiento y presentación ante los medios de comunicación como delincuentes a jóvenes que se manifestaban pacíficamente. Se detuvo a 99 personas, entre ellas 12 adolescentes. Se usaron aparatos que dan descargas eléctricas, toletes, gas pimienta y pistolas de balas de goma. Juan Francisco Kuykendall recibió un impacto de un explosivo en la cabeza, resultando de ello una fractura de cráneo que lo mantiene en cama y con secuelas graves. Son varios los testimonios que dan cuenta de que fue un grupo de jóvenes el que provocó disturbios en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, que era protegido por policías, mientras se llevaban a cabo detenciones de personas que se manifestaban pacíficamente. La inconformidad por la imposición de Enrique Peña Nieto y el regreso del Partido Revolucionario Institucional al poder hizo que la población civil saliera en una marcha pacífica a las calles del Distrito Federal, encontrándose con lo más duro del régimen priísta: la represión en contra de aquellos que se oponen a un régimen totalitario y opresor. La respuesta del gobierno capitalino para investigar estos hechos, sancionar a los responsables, brindar atención médica, sicológica y jurídica, así como sobre estos hechos de represión en contra de la población civil de esta ciudad ha sido de absoluta impunidad. A pesar de que la recomendación hecha por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 7/2013 fue aceptada en su totalidad por Miguel Ángel Mancera, no hay avances y sí omisiones, sobre todo para sancionar a mandos policiacos que dieron las órdenes para actuar en este operativo. Desde ese momento se ha legislado para criminalizar a los jóvenes que se manifiestan. Ejemplos de ello es el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para el Control de Multitudes, Acuerdo 16/2013, instrumento que autoriza a la policía capitalina el uso de armas de fuego, “disuadir” una concentración con sustancias químicas irritantes e ingresar con violencia entre los manifestantes para “separar” a quienes considere en “estado de agresividad” (policía vestida de civil o parapolicía), dejando a juicio de los mandos policiacos la decisión de golpear a los manifestantes (www.proceso.com.mx/?p=355927&utm_source=hoy+en+dh&utm_campaign=1067eff 805-Monitoreo_del_30_de_agosto_de_20134_1_2013&utm_medium=email&utm_ term=0_58473853f8-1067eff805-36084941); endurecimiento de las penas para quienes ataquen a la policía, pero nada de las penas en contra de los servidores públicos que detienen, torturan encarcelan a jóvenes (www.animalpolitico.com/2013/11/senadoresproponen-marchas-con-previo-aviso-y-sin-injurias/#axzz2l6UTzJls); la creación de un grupo de choque que ha operado en las diversas manifestaciones de jóvenes usado para justificar el uso de armas y fuerza policiaca (www.sinembargo.mx/11-11-2013/807984). El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad documentó y dio atención sicológica a siete personas (dos mujeres y cinco hombres) que fueron detenidos arbitrariamente, torturados y encarcelados el 1 de diciembre. Estas siete personas se encontraban caminando junto a la marcha, tomando fotografías, grabando lo que sucedía o defendiendo a los jóvenes que estaban siendo golpeados, teniendo como castigo la misma respuesta que intentaban denunciar. CONTRALÍNEA

Partimos de que la práctica sistemática de la tortura impacta a nivel familiar y comunitario. Su objetivo es intimidar, crear desconfianza, generar inseguridad, en quien la recibe y en quien la observa. Sin embargo, en estas siete personas el efecto fue contrario: buscaron espacio y formas de seguir denunciando estos hechos en busca de justicia. Los métodos de tortura usados en las detenciones y traslados en la Agencia 50 y en los reclusorios son: Golpes en diversas partes del cuerpo; golpes con diversos objetos (toletes, escudos, piedras); posiciones forzadas prolongadas; esposados por detrás; toques eléctricos con un bastón; desnudarlos para revisarlos; privación de estímulos sensoriales; privación de necesidades fisiológicas; privación de contacto social: estuvieron incomunicados por varias horas; amenazas de posibles torturas, de encarcelamiento, de desaparecerlos; insultos; humillaciones; tirarlos al suelo; presenciar la tortura de otros; música prolongada para evitar que escucharan lo que otros decían; amontonamiento y aplastamiento. Estos hechos generan un impacto sicológico en quien vive la tortura, tiene significados diferentes en los cuerpos individuales y colectivos, según sea su edad, su género, su lugar de origen, si milita o no en algún movimiento social, elementos culturales, sociales y políticos, todo ello define la forma en que las personas afrontaran el hecho y la forma en que los impacta. El impacto sicológico de estos hechos se expresó en estas siete personas en: recuerdos y sueños recurrentes de los hechos; malestar sicológico y físico al exponerse a estímulos que recuerdan el hecho; esfuerzo por evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones que refieran el momento de detención; dificultades para conciliar el sueño; sensación de futuro limitado; irritabilidad; dificultades para concentrarse; hipervigilancia; respuestas de sobresalto exageradas; falta de interés en actividades significativas; sentimientos de culpa y tristeza; fatiga, ansiedad, inquietud y dolores corporales. Todos estos síntomas son respuestas normales que tienen el cuerpo y la mente para hacer frente a la tortura. El tratamiento sicológico que se brinda es en respuesta a los hechos de detención, tortura, encarcelamiento y procesos en libertad. El objetivo es colocar el impacto sicológico de estos hechos en un marco sicosocial y político que permita a las personas que lo vivieron contextualizarlos y despatologizar lo que sienten y piensan sobre ellos mismos con relación a lo ocurrido. Como sicólogos y médicos mantenemos una postura profesional, ética, política clara y abierta, en constante autocrítica que reconoce la humanidad y la dignidad (nuestra y del otro) que acompañe y posibilite la reconstrucción de la identidad del sobreviviente de tortura, de tal manera que le sea posible integrar la experiencia en su historia de vida. Señalamos el derecho de los sobrevivientes de tortura del 1 de diciembre y sus familias a recibir atención médica y sicológica como parte de la reparación del daño que el Estado mexicano estaría obligado a darles. México firmó y ratificó la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes, que en su artículo 14 enfatiza la obligación del Estado para dar rehabilitación integral a las víctimas de actos de tortura. Para llegar a este punto, el Estado –en este caso las autoridades de la Ciudad de México– tendría que aceptar que han privilegiado la tortura como método de investigación para crear culpables o desacreditar movimientos sociales; estaría obligado a sancionar a los responsables y garantizar que estos hechos no vuelvan a ocurrir. De nuevo sabemos que en esta ciudad se privilegia la impunidad y la tortura dirigida este año en contra de movimientos sociales, en particular de jóvenes, que son criminalizados como vándalos por las autoridades y de escarnio público por los medios de comunicación. Sicóloga Edith Escareño Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad 16 DE DICIEMBRE DE 2013

La vigencia de los derechos humanos, reclamo de la sociedad

En el marco del 65 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las organizaciones de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red Tdt), manifestamos nuestra preocupación por la aguda crisis que, en materia de derechos humanos, vivimos en nuestro país. En el informe conjunto de las organizaciones de derechos humanos al Consejo de Naciones Unidas en el marco del Examen Periódico Universal de México, señalamos la persistente impunidad vivida a nivel nacional, resultado de la debilidad del sistema de procuración y administración de justicia. La grave crisis de seguridad ha dejado como consecuencia las más de 100 mil personas muertas a causa de la “guerra” o combate a la delincuencia organizada, los miles de desplazados que ésta ha generado, las aproximadamente 28 mil personas desaparecidas y el reconocimiento de que en el país hay un secuestro cada 5 minutos. Así señalamos con gran preocupación el vacío de gobernabilidad y una ausencia indignante del estado de derecho. Las organizaciones integrantes de la Red Tdt continuamos documentando graves violaciones a los derechos humanos contra la mayoría de las y los ciudadanos, todas ellas orientadas al control social e incluso al exterminio, las cuales se sintomatizan en los siguientes puntos: • Las reiteradas y sistemáticas agresiones a los pueblos indígenas y sus territorios mediante la imposición de megaproyectos. • La grave situación de la violencia contra las mujeres, específicamente el feminicidio, la violencia sexual y las desapariciones de mujeres y niñas ante la incapacidad del gobierno mexicano de construir acciones preventivas. • Las violaciones a los derechos humanos y graves abusos en contra de la población migrante. • El incremento en las agresiones hacia defensoras y defensores de derechos humanos, así como a periodistas. • Incremento de la de mortalidad materna y alza en infecciones de transmisión sexual, ante la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. A esta grave situación se une el retroceso en materia legislativa en temas fundamentales para todos los habitantes del país. A lo largo de este año hemos visto cómo continúa la imposición de leyes sin una consulta y diálogo con la sociedad civil. Expresamos especial preocupación por los siguientes puntos: • La creación de marcos normativos que pretenden criminalizar la protesta social. • La reforma educativa sólo como instrumento de control sindical en deterioro de derechos laborales del magisterio. • Una reforma energética que amenaza el agua, el ambiente y a la población, en un franco despojo de bienes comunes, servicios y territorios. • El grave deterioro de los derechos laborales, ante reformas legislativas que no velan por los derechos de las y los trabajadores. Los avances legislativos, como la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se contrarrestan con la crítica realidad en los estados, donde llevamos a cabo nuestro trabajo las organizaciones de la Red Tdt. De esta manera se expresa la incapacidad del Estado de empatar los avances legislativos con una realidad marcada por la falta de políticas de prevención de la violencia y combate a la pobreza, la negligencia e incapacidad del Estado de dar respuesta al incremento de violaciones de derechos humanos, y la colusión de elementos del Estado con perpetradores no estatales; fortaleciendo así la impunidad. México, en la arena internacional, ha sido un encomiable actor promotor de los derechos humanos, no así en el ámbito nacional. Aún no se han logrado las transformaciones sustanciales para generar los cambios estructurales necesarios y así avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Estamos seguros de que esta es una oportunidad para México de abrir una seria revisión retomando las recomendaciones que le han sido formuladas por los diversos mecanismos de derechos humanos, incluidas las generadas a través del reciente Examen Periódico Universal. Ante este contexto exhortamos a las instancias gubernamentales, tanto federales como estatales, a integrar en las acciones lo que puede aparecer en los discursos retóricos. En el Día de los Derechos Humanos las y los defensores que integramos esta Red Tdt reafirmamos nuestro compromiso y nos pronunciamos porque México lleve a cabo las 6

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acciones necesarias para el fortalecimiento del estado de derecho, en donde se garantice el disfrute de todos los derechos enlistados en la Declaración Universal y en donde se detenga el retroceso hacia el cual hemos ido avanzando. Las organizaciones que conformamos la Red Tdt seguiremos documentando y denunciando la grave situación en materia de derechos humanos como lo hemos hecho por más de 20 años. Así, incansablemente, día a día seguiremos construyendo alternativas para otro México posible. Atentamente: Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 74 organizaciones en 20 estados de la República Mexicana).

Se presenta Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos El reconocimiento de los derechos humanos a nivel mundial ha sido producto de la lucha histórica de los pueblos en la búsqueda de justicia y en contra de la opresión política: luchas de independencia, insurgencia y resistencia popular; las revoluciones del siglo XX; la confrontación entre los dos modos de producción existentes en el mundo, definidos por el campo socialista y el bloque capitalista en los tiempos de la Guerra Fría; las luchas contra la dominación colonialista y neocolonialista son muestra de ello. De igual forma, la existencia de instituciones y organismos de derechos humanos oficiales y no gubernamentales, respectivamente, son el reconocimiento implícito y explícito de la existencia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el mundo. Afirmamos que las violaciones a los derechos humanos serán permanentes y persistentes en tanto continúen en el poder gobiernos que no respeten ni su propio “estado de derecho”, lema que ellos mismos han difundido como su máxima de justicia. Violar los derechos humanos es característica inherente de los Estados burgueses. Dicha afrenta contra la humanidad lesiona todos los ámbitos de la vida de las sociedades al tener, como esencia, el obtener la máxima plusvalía por medio de la explotación y opresión de la fuerza de trabajo de millones de trabajadores de la ciudad y el campo. Para esto el capitalismo ha requerido hacer modificaciones al marco jurídico constitucional que consiste en favorecer con impunidad los excesos del imperialismo en detrimento de los pueblos, como es la criminalización de la pobreza, protesta y lucha popular; modificaciones autoritarias de los Estados capitalistas que sirven como el instrumento que legaliza la represión, opresión política y la práctica sistemática de crímenes de lesa humanidad, como también institucionalizar las medidas de control social, la entrega de los recursos y riquezas naturales a la iniciativa privada nacional y extranjera, que son tenencia inalienable del pueblo mexicano. Las violaciones a los derechos humanos son consecuencia y una condicionante para la sobrevivencia del sistema capitalista. Violencia, corrupción, nepotismo y, en general, el deterioro social es en la práctica un reflejo de la descomposición gubernamental. Por ello el Estado mexicano pretende acotar la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos promoviendo la falsa idea de la imparcialidad, del carácter mediador, pacifista de los mismos, con el claro objetivo de mediatizar la lucha de mujeres, hombres y organismos no gubernamentales que se organizan para el respeto y cumplimiento de los derechos humanos y constitucionales. Como si el carácter de víctima de violación a derechos humanos no nos pusiera ante el poder del Estado mismo. En el contexto nacional, el ejercicio de los derechos constitucionales resulta de la trayectoria de lucha del pueblo. Desde la Constitución de 1857 hasta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, sus contenidos fueron la manifestación del sentir popular, un sentir promulgado en ley a partir de procesos revolucionarios; sin embargo, hoy día, las modificaciones impuestas, que suman más de 500, son la evidencia de que el derecho se ha desfigurado en perjuicio de las mayorías y configurado en beneficio de las minorías; por lo tanto, la necesidad de plantearse la defensa de los derechos humanos pasa también por la exigencia de resarcir los derechos constitucionales hoy transgredidos por el Estado y sus administraciones en turno. En este sentido, los derechos humanos se encuentran íntimamente vinculados con la necesidad de un Estado y gobierno democrático que represente por vía de los hechos las aspiraciones de vida digna del pueblo mexicano. Por ello, la continuidad de la lucha que damos los colectivos de derechos humanos que nos conformamos como Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos significa también contribuir a la democratización de la CONTRALÍNEA

vida política del país, que suprima la explotación del hombre por el hombre y privilegie la distribución equitativa de la riqueza, garantizando la imparcialidad de la justicia, entendida ésta de acuerdo con los postulados internacionales en materia de derechos humanos con el concepto de propersona, asumiendo como alternativa viable, necesaria e impostergable plantearnos un proyecto político de nación que represente esa aspiración y que para nosotros es el socialismo. Aunque el gobierno difunde la igualdad de la justicia, en los hechos o en la práctica la mayoría de las víctimas de violaciones a derechos humanos se encuentran sujetas a su condición de pobreza o miseria, factor económico que impide dar continuidad a sus propios casos. Esta situación tiene como implicación que los violadores de los derechos humanos se mantengan en la impunidad con la complicidad del propio Estado. Es en este contexto que surge la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, esfuerzo de coordinación que aglutina a defensoras y defensores de estos derechos surgidos ante la necesidad de enfrentar los abusos y atropellos del Estado. Por lo que convocamos a las fuerzas democráticas y progresistas, a los intelectuales, académicos, profesionales de la comunicación, estudiantes, amas de casa, campesinos, obreros, indígenas, padres de familia, a defensores de derechos sexuales y reproductivos a sumarse para fortalecer esta iniciativa y no permitir más violaciones a las garantías constitucionales y pactos y tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados y ratificados por el gobierno de México. ¡Unidos por la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales! ¡Presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos por motivos políticos y sociales! ¡Libertad a todos los presos políticos y de conciencia del país! ¡No a la criminalización de la pobreza, protesta y lucha popular! Atentamente, Unidos y organizados a ejercer y defender los derechos humanos, Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos

no es posible que, a más de 3 meses, no se nos brinde ayuda, ni por parte de la Secretaría de Desarrollo Social ni por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Me gustaría saber qué más se puede hacer, además de filas largas, malas caras y contestaciones de las personas que están detrás de los escritorios. Sé que lo oyen mucho, pero, por favor, es necesaria la ayuda para poder arreglar nuestras viviendas. ¡Gracias! Lucía Zepeda

Solicita más información sobre sector agropecuario Felicito por el reportaje “Trasnacionales, dueñas de los alimentos ‘mexicanos’”. Es importante informarse, pero también es inquietante saber que la mayoría de los mexicanos no lo están. Durante años he tratado de no comprar productos trasnacionales, pero me gustaría recibir mayor información y algunas alternativas de consumo; además de difusión para mis conciudadanos. Saludos. Huberto Fernández Illescas

Urge a frenar talamontes Agradezco todo tipo de información como la publicada en el reportaje “México, endeudado por Redd+”. La desforestación que padece nuestro país es lapidaria. Acabar con los talamontañas “institucionales” sería lo óptimo. Jesús de la Rosa Cruz

Daño de las mineras a los ecosistemas Los trabajadores, y no los empresarios, los que sostienen al país Los electricistas de la resistencia continúan luchando hasta la victoria, y siguen construyendo el futuro hasta volver a obtener su empleo, pero con un contrato colectivo que han ganado honestamente con trabajo, lucha y dignidad; siempre en defensa del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas y su lema: “por el derecho y la justicia del trabajador”. Mientras que otros se conforman con las migajas que les arrojan, los esmeitas les demuestran a todos que es posible un mundo mejor. Abran paso, pues, a los combatientes; que los conformitas se queden observando y los más valientes y decididos se unan al contingente. Ahora más que nunca se lucha por las mejores causas: justicia, patrimonio energético, petróleo y electricidad entre otras, Pemex [Petróleos Mexicanos], la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro. Pero más aún por eso llamamos patria, donde cabemos todos, hasta los que mal gobiernan y se creen dueños del país, de ésos que no llegan ni al 1 por ciento. Los restantes somos nosotros, la mayoría, los que sacamos verdaderamente al país adelante, aunque muchas veces la minoría que tiene el poder y el dinero lo detiene y lo cambia de rumbo según sus intereses. Como que ya va siendo hora de que nos demos cuenta de la fuerza que tenemos para caminar en la misma dirección, en el mismo sentido, como vectores que den como resultante el progreso y el bienestar. Los electricistas hemos superado los 1 mil 500 días de lucha y resistencia, más lo que falte hasta alcanzar la victoria. ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Martín Juárez Vique

Gracias por la información publicada en el reportaje “Mariano Abarca, lucha inacabable”: es sumamente importante que despertemos las conciencias de nuestro pueblo. Y con artículos como éste se puede lograr, ya que los que no conocemos cómo operan las mineras trasnacionales, por esa misma ignorancia, pasamos desapercibido el daño que le hacen a los ecosistemas de nuestra nación. Jorge Ortega

La impunidad de los funcionarios Señor director: He leído con detenimiento su artículo “Hacienda descubre operaciones financieras sospechosas de Emilio Chuayffet”. Es muy interesante saber todo esto, pero más que saber, me gustaría enterarme qué se hace contra esas personas que se han enriquecido con el dinero del pueblo, porque es muy lamentable que mientras unos roban con la ley de su parte, otros luchan por tener algo a través de su trabajo, y son precisamente aquéllas personas quienes deberían estar en el ojo de la observación y ejecución de la ley, quienes atentan contra los que menos tienen (maestros, por ejemplo) y la ley los ampara. Éste es uno, pero existen más que se les conoce como viles rateros y no se hace nada, por ejemplo Mancera, Herrera, Ulises Ruiz… Nelly Pérez Gutiérrez

Aficionados taurinos aplauden “a la moda” Montaña de Guerrero, sin ayuda oficial luego de tormentas Realmente estoy triste por la manera en que se han dado las cosas luego del desastre ambiental en Guerrero. Al mismo tiempo me siento muy enojada porque CONTRALÍNEA

Los hechos de corrupción señalados en el reportaje “Fraude en Plaza México: complicidad de autoridades” son un cáncer que se tiene que corregir. Hace años, en la porra de ingenieros, pitábamos los toros que salían sin presencia, pero las nuevas generaciones se dejan llevar por la moda. Saludos. Sergio Sánchez Villanueva 16 DE DICIEMBRE DE 2013

OPINIÓN

El aumento al boleto del Metro y su costo político Edith Meneses/Elsa Arista/Adrián Ramírez*

usencia de consenso social, crisis humanitaria, empobrecimiento económico y criminalización de la protesta social son los resultados de 2013 en México y también en el Distrito Federal. Este panorama desalentador es tácito cuando se ve que, por un lado, caminan las reformas estructurales promovidas desde el Congreso de la Unión (con los medios de comunicación masivos como corifeos de sus políticas) y, por el otro, camina el pueblo resistiendo en las calles, manifestando su inconformidad en plantones, en marchas, en el cerco al Senado, en denuncias colectivas y amparos, en mítines afuera de reclusorios y juzgados, secretarías… Así como señalando fraudes, asesinatos y persecuciones políticas y, justo ahora, llevando a cabo acciones directas para revertir la impopular medida del alza en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) o, como simple y popularmente se le conoce, Metro. El gobierno del Distrito Federal anunció que a partir del 13 de diciembre pasado el costo del boleto del Metro sería de 5 pesos, es decir, que aumentó un 66.6 por ciento de su costo anterior, que era de 3 pesos, una tasa excesiva si se considera que, durante el año que finalizó, el aumento al salario mínimo fue menor al 4 por ciento, es decir, alrededor de 2.5 pesos por día. Esta medida fue enunciada luego de que los resultados de una encuesta de opinión arrojaran supuestamente que el 55.7 por ciento (53.3 por ciento por Parametría, 56.2 por ciento por Mitofsky y 57.6 por ciento por Covarrubias & Asociados, según el portal de ciudadanosenred.com.mx) de los encuestados respondiera positivamente a la siguiente “pregunta”: “Si el costo del Metro fuera de 5 pesos y con estos 2 pesos adicionales el Gobierno del Distrito Federal se compromete a no aumentar más la tarifa en el sexenio, a poner más trenes en servicio y darles buen mantenimiento a fin de que se reduzcan las aglomeraciones, los tiempos de espera, los retrasos en el servicio y se pueda viajar con ventilación y seguridad, ¿usted estaría dispuesto a pagar 5 pesos?”. La muestra que se usó para el estudio del alza en el Metro fue de 7 mil 200 personas, habitantes del Distrito Federal, mientras que según el propio STCM el número de usuarios por día laboral supera los 5 millones 200 mil personas; por tanto, el estudio no es ni remotamente representativo para darle el carácter de consulta; ni qué decir de los estándares internacionales que deben observarse cuando tiene lugar una auténtica consulta (cabe señalar que una cosa es una encuesta de opinión y otra cosa muy distinta es una consulta pública). La encuesta es un instrumento mercadológico que se basa en el muestreo, y sus resultados estadísticos reflejan sólo “tendencias” o “estimaciones”, cuyos resultados son constatados mediante otros estudios complementarios, de manera que no son concluyentes por sí mismos. En otras palabras: una encuesta no puede dar certeza jurídica ni legitima una decisión de carácter popular. De ahí que sea falaz decir que la ciudadanía avaló mediante la encuesta la decisión del alza del pasaje del Metro. Por otro lado, se ha demostrado un alto margen de error en el trabajo de las tres empresas que realizaron la encuesta, tolerables para los mercados pero no para las decisiones ciudadanas. Ponemos un ejemplo palpable: en las encuestas de salida previas a la elección presidencial federal de 2012 tuvieron en promedio un margen de error mínimo de 7 puntos porcentuales, pues mientras que los resultados oficiales del Instituto Federal Electoral (IFE) aseguraron que en el caso de Enrique Peña Nieto las preferencias electorales fueron del 38.21 por ciento de los votos, es públicamente conocido que, tan sólo 1 semana

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antes de la elección, el 25 de junio, Parametría estimó que Peña Nieto ganaría con un 43.9 por ciento y Mitofsky con un 44.5 por ciento. Esto les da un margen de error de 5.69 por ciento y 6.29 por ciento, respectivamente. Estos errores son más evidentes cuando se compara, por ejemplo, la diferencia que Mitofsky asignó entre los dos competidores más apoyados para la Presidencia: una brecha de 15.1 por ciento, cuando según el IFE la diferencia fue del 6.62 por ciento, es decir, el margen de error para la encuestadora fue del 8.48 por ciento. Por si fuera poco, el cuestionario aplicado para avalar el alza en el Metro no es objetivo y sí es tendencioso, puesto que las preguntas, especialmente la pregunta decisiva, estaban condicionadas y su contenido inducía a responder a favor del aumento, pues responsabiliza al encuestado de la situación del Metro, es decir, relacionaba las mejoras del servicio y calidad con el aumento, dejando implícito que el aumento es la condición y el único modo en que el Gobierno del Distrito Federal hará algo por el mantenimiento de las instalaciones y demás obligaciones que le corresponden. Y era condicionante, pues no aceptar el aumento implicaba de algún modo que no se quieren las supuestas mejoras que promete el gobierno capitalino. La argumentación del aumento del precio para mejorar el servicio del Metro no es nueva: la usó Marcelo Ebrard cuando aumentó el precio del transporte un 50 por ciento en 2010, de 2 a 3 pesos, aunque esta decisión tuvo cierto consenso entre los ciudadanos del Distrito Federal, porque en general, durante su gobierno, el transporte colectivo sólo aumentó cuando hubo una mejora sustancial previa, como la renovación total del parque vehicular en la Línea A del Trolebús (Cero Emisiones) y otras rutas, conservando el mismo precio donde no hubo renovaciones. La situación es distinta con Mancera, pues a 1 año de gobierno, la Ciudad ha venido perdiendo libertades, las mejoras han sido nulas y su popularidad se ha ido a pique. CONTRALÍNEA

Pero hay algo más: el Gobierno del Distrito Federal y el STCM dejan en el aire el tema de la transparencia en la rendición de cuentas, pues no explican qué pasa con el dinero que cada año se programa para el mantenimiento de la infraestructura del Metro, con sus egresos e ingresos por concepto de presupuesto, concesiones de espacios publicitarios, mercantiles y demás regalías. No hay información clara y precisa, ni actualizada, ni los criterios para decidir qué se hace con el dinero del Metro. Y resulta increíble e inexplicable que el Metro no sea hoy autosustentable y, por el contrario, sobre la base de información no verificable, inexacta, insuficiente y sin posibilidad de ampliarse, se levanta una campaña meramente publicitaria y no auténticamente informativa. Por ello, para la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) es inadmisible el discurso de Mancera y demás funcionarios que quieren hacer creer que el gobierno “beneficia al pueblo”, puesto que el aumento al precio del Metro es bajo, toda vez que el gobierno lo subsidia. Lo anterior no es más que una ficción demagógica: si los gobiernos “subsidian” es porque de hecho no cumplen con la obligación del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala en su apartado A VI: “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos […].” Con el cumplimiento de dicho mandato nadie se opondría a pagar el precio “real” del Metro o cualquier otro transporte, servicio, etcétera, ya que es obvio que si se gozara de una buena calidad de vida, naturalmente podría pagarlo y por ende estaría de acuerdo. Además, el discurso de la campaña por el alza desestima que los usuarios utilizan el Metro por necesidad, dada la política de centralización de las sedes escolares y de trabajo, etcétera, a pesar del mal servicio, de las aglomeraciones y a sabiendas de que los trabajadores de base del Metro han informado un posible colapso o accidente debido a la falta de mantenimiento y la desviación de los recursos existentes. El aumento a la tarifa del Metro tampoco considera el golpe real que representa para la economía familiar, donde sólo una o dos personas contribuyen al ingreso y sostienen en promedio a cinco personas. El aumento para una sola persona representa 120 pesos adicionales por mes, es decir, 1 mil 440 pesos CONTRALÍNEA

adicionales al año, esto si sólo viaja una vez al día. Es decir, dejará de gastar 180 pesos mensuales y tendrá que gastar 300 pesos, mientras que al año dejará de gastar 2 mil 160 pesos y tendrá que gastar 3 mil 600. Esto sin considerar que cuando aumenta el transporte, sobre todo el más estratégico, aumentan, casi automáticamente, otros productos y servicios. De esta manera, al subir el precio del boleto las familias se ven obligadas a redistribuir sus ingresos, menguando fuertemente su calidad de vida y ahondando aún más los índices de empobrecimiento y limitando más el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, en los que México, ya de por sí, ha tenido fuertes retrocesos, como quedó explícito en el Examen Periódico Universal que tuvo lugar en Ginebra, Suiza, en octubre pasado. “¡Metro popular! ¡Metro popular!”, gritaban usuarios de ese transporte en las estaciones Zócalo, Bellas Artes, Buenavista, Guerrero, Hidalgo, Balderas, Pantitlán, Indios Verdes, Ermita, Copilco… “¡Metro Popular!” “¡A mí nadie me consultó!” “¡Por arriba o por abajo, pos no alcanza!” “¡La consulta fue un fraude!” Allí estaban unos usuarios invitando a otros a no pagar, repartiendo información, mostrando pancartas con leyendas como: “Libertad a Mario, presos políticos libertad”, “No me chingues, no me consultas, no me robes” (haciendo énfasis en la “m” con el símbolo del Metro), “¡No falta dinero, sobra corrupción!”, “¡Mancera, si falta $$$ [dinero] recorta la policía!”. Al tiempo, los más humildes hacían fila para “hacer Metro popular” y otros, los más avispados, de un brinco estaban ya al otro lado del torniquete, ayudando a los que no podían pasar tan rápido y haciendo con un ademán la “V de la victoria”. En los rostros podía notarse cierta alegría, cierto ánimo, cierta fraternidad, porque –aunque sólo fuera por un momento y a través de los manifestantes– hacían del Metro “un lugar suyo”; uno que otro se detenía y sólo miraba; otros se unían a los manifestantes. Otros (los menos) echaban su boleto como de costumbre y continuaban. Otros daban las gracias a los manifestantes y hasta preguntaban: “¿Y a dónde hay que ir para organizarse?” “¿Qué más podemos hacer?” “Yo tampoco quiero que suban el boleto…”. Decían muchos con los rostros iluminados. “En mi colonia no estamos de acuerdo y en mi escuela tampoco”, decían otros con voz clara. “¿Y qué hacemos si viene más tira?”, dijo uno en la estación Guerrero y un uniformado le contesto: “¡Nosotros tampoco estamos de acuerdo!”. La noticia del aumento al Metro ha resultado tan drástica e impopular que han surgido como respuesta espontánea varias asambleas populares de usuarios del Metro contra el alza, que se han manifestado en las calles y en las estaciones queriendo revertir lo que abruptamente han llamado el tarifazo mediante varias formas de protesta. Tales actos ya han pretendido criminalizarse mediante la ubicación y el seguimiento de activistas (por medio de las cámaras de seguridad del Metro y otros métodos), en detrimento de los supremos derechos civiles y políticos, entre los que destacan el derecho de asociación y de libre expresión. Las manifestaciones evidencian el grave impacto que tiene en la población dicha medida y que debiera exhortar al Gobierno del Distrito Federal a cambiar la decisión y buscar otras medidas de austeridad y de eficiencia del Metro, así como de cooperación económica del Estado de México, buscando mejorar su calidad de tal manera que el costo se recupere al aumentar su consumo; es decir, haciendo que, por su eficiencia, las clases medias estén dispuestas a usar este transporte en vez del automóvil. O incluso contemplando la ampliación del servicio tal y como el propio Mancera proponía en su campaña electoral para la jefatura de gobierno, cuando –es importante resaltar– descartó aumentar el precio del Metro adoptando ajustes de austeridad, afianzándose bajo la divisa “decidiendo juntos”, que hace alusión al consenso ciudadano. Este último punto no debe pasar de ningún modo inadvertido, porque en el fondo, el hecho de que un político no cumpla los compromisos que enuncia en campaña, cuestiona fuertemente la democracia electoral y demuestra que con ella se violan los derechos políticos de los mexicanos. Es como dar cheques en blanco a los funcionarios que asumen cargos que debieran ser de gran responsabilidad por su categoría. Esto pone de manifiesto una crisis política y de gobernabilidad que no se detiene sacando la policía a las calles o recrudeciendo las leyes. Por todo lo anterior, la Limeddh se pronuncia enérgicamente porque de inmediato se cancele la declaratoria de aumento en la tarifa del Metro y se garanticen los derechos civiles y políticos; se auxilie la crisis humanitaria que México está viviendo y, sobre todo, se busque el consenso social mediante las prácticas del referéndum y la auténtica consulta ciudadana.3 *Responsable de Enlace y Comunicación, responsable de la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos y presidente, respectivamente, de la Limeddh 16 DE DICIEMBRE DE 2013

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COPALA, emergencia humanitaria

VIDEORREPORTAJE DE SAN JUAN COPALA, EMERGENCIA HUMANITARIA

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Rematada

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DEFENSOR DEL PERIODISTA

Enésima embestida inquisitorial y censura a Contralínea Álvaro Cepeda Neri*

a llamada democracia representativa, es decir, presidentes municipales, gobernadores, diputados estatales y federales, senadores y el presidente de la República (si es que al menos permanece en el papel), así como los funcionarios designados por nombramientos como jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, directamente o en complicidad con los enemigos de los derechos de libertades constitucionales no han dejado de embestir, sobre todo, a los medios de comunicación escritos en sus modalidades de periódicos y revistas que se editan en todo el territorio. Una y otra vez, con el autoritarismo de los funcionarios y las perversas resoluciones judiciales que se compran con sobornos o influencias, atacan y violan esos derechos humanos para tratar de silenciar la información, censurar las opiniones e impugnar los análisis de reporteros, columnistas, investigadores y caricaturistas, no solamente con agresiones, secuestros, desapariciones, exilios y homicidios, sino también con inquisiciones administrativas y judiciales, no sin antes intentar y consumar censuras a la “libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia”. Incluso los particulares abusan de su poder económico para sobornar y de sus relaciones con jueces, magistrados y ministros del fuero estatal-municipal y del fuero federal, y constantemente están ejerciendo toda clase de presiones administrativas y judiciales para imponer la censura previa al enterarse que aparecerá alguna investigación periodística; o solicitar sanciones civiles y/o económicas por las que ya se han publicado. Y hoy, con la ley reglamentaria del derecho de réplica, sobre todo el periodismo de reporteros, está más en la de limitar las libertades de prensa a su mínimo ejercicio en los medios de comunicación. La democracia representativa ha endurecido autoritariamente las medidas que violan los derechos de los periodistas. Así obtienen sentencias judiciales para suspender el cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, llegando al extremo de establecer, administrativa y judicialmente, con el apoyo legislativo, “un gobierno contrario a los principios que ella sanciona”. Estamos en vías de que se establezca un gobierno que contrarreforme la Constitución para ponerla de acuerdo con los fines antidemocráticos de la nación. Hay síntomas de un golpe de Estado para acabar

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con la democracia directa; con la manifestación directa de ciudadanos, estudiantes, campesinos, maestros, trabajadores y todos los que sufren injusticias o sus peticiones no son atendidas. Y cancelar hasta la democracia representativa para instalar un gobierno de facto, empezando por arremeter contra los derechos de los mexicanos. Entre esos derechos están las libertades de prensa, que han sido sitiadas con homicidios, agresiones y resoluciones judiciales, como las dictadas por el Juzgado Noveno de lo Civil del estado de Jalisco contra la revista semanal Contralínea. Primero sin el debido proceso, que debió radicarse en la Ciudad de México y no en la jurisdicción jalisciense, donde los demandantes gozan del favoritismo y la impartición parcial de justicia. Segundo, ese aparente juicio civil se llevó a cabo en secreto (si es que fue un proceso con todas las de la ley), sancionando con la orden de rematar la vivienda del director de Contralínea, Miguel Badillo, para pagar la sanción o multa. Tercero, el Juzgado nunca puso en conocimiento de Contralínea ni de su director citación alguna para comparecer en un proceso civil que debió realizarse en la capital del país, que es donde se edita y publica la revista sobre la que pesa la resolución de un juzgado que actuó como juzgado privado y tribunal especial, al no cumplirse las formalidades esenciales de un procedimiento. Esto es hacerse justicia por propia mano del juzgador y la demandante. Desde 2009 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 57/2009 –dirigida al Poder Judicial del estado de Jalisco– contra el abuso de poder de funcionarios judiciales que estaban violando derechos de libertades de prensa de los reporteros y el director de Contralínea. Demandante y juez de lo civil han pisoteado la Constitución, violando los derechos humanos y sus garantías, para dictar una sentencia infundada jurídica y constitucionalmente. Porque la revista Contralínea, editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV, se ha fijado sujeta a la jurisdicción de la Ciudad de México en todo lo concerniente a la competencia de los tribunales del Distrito Federal y federal, ya que en esta doble jurisdicción se edita Contralínea. Esta enésima embestida a la revista Contralínea para que desista de informar veraz y contrastadamente, así como de opinar y analizar las cuestiones del país, no mellan su ejercicio de las libertades de prensa hasta las últimas consecuencias. “Ladran [los perros], Sancho… Luego cabalgamos…”.3 *Periodista CONTRALÍNEA

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Jo jo jo

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ENSAYO

Estados Unidos: decadencia y transición mundial estratégica Jorge Retana Yarto*/Tercera y última parte

rasil está siendo distinguido dentro del enfoque estratégico que contiene la Doctrina Obama como gran factor de poder en la región, pero dentro de un rol pretendidamente subordinado a Estados Unidos. El Ejército de Brasil, el más poderoso del subcontinente, ha demostrado capacidad para operar regionalmente usando decenas de miles de efectivos y una gran cantidad de armamento por tierra, aire y mar, especialmente en operativos regionales en la llamada Triple Frontera (Brasil, Argentina y Paraguay) contra el crimen trasnacional y el tráfico de armas, conjuntamente con el Pentágono, quien en la estrategia, Obama lo ve como un posible aliado para estabilizar la región bajo una especie de influencia compartida. Algo parecido, pero de dimensiones distintas, están tratando de hacer con el Ejército de Argentina, para involucrarlo en ejercicios militares conjuntos, entrenamiento, etcétera. Para ambos, ello choca con los compromisos al respecto de los diseños propios al seno de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Especialmente el brasileño: mientras más lejos esté de la órbita del Pentágono, más útil será su poderío para las causas de la transformación democrática y preservación soberana de la región. Estados Unidos ha encerrado a América Latina en un anillo de hierro representado por unas 40 bases militares bajo la conducción y el patrullaje constante del Comando Sur y de la IV Flota de Guerra. El militarismo más descarnado y la supremacía tecnológica y militar están al servicio de una hegemonía en franco retroceso histórico. Sin embargo, todo ello no ha podido detener la voluntad de cambio hacia el mayor progreso social en una decena de países centro y suramericanos, ni quebrantar la voluntad de resistir y reconvertir su modelo económico y político, como en el caso de la República Socialista de Cuba, cambio de izquierda que implantó por esa vía en nuestro subcontinente el policentrismo que golpea con fuerza a la hegemonía decadente y hunde como cosa del pasado al transitorio unilateralismo hegemónico. Las actuales “guerras encubiertas” del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, son parte central de su doctrina estratégica, apoyadas en la “guerra desinformativa y sicológica”, la “guerra cibernética”, e instrumentadas por los “comandos tácticos especializados” de la Agencia Central de Inteligencia estadunidense (CIA, por su sigla en inglés) y el Pentágono (en 47 países, con más de 15 mil efectivos), acompañados del uso indiscriminado de drones, esas modernas máquinas de asesinar; todo lo cual, en teoría, sustituye a la “guerra asimétrica”, a los “ataques preventivos” y las “guerras de estabilización” u “ocupación” propias de la Doctrina Bush. Pero, “las guerras de Obama”, que tienen como soporte operaciones encubiertas, se despliegan en su fase de inteligencia y espionaje hacia sus propios ciudada-

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nos y aliados, en realidad, hacia todo el mundo, lo cual es propio de los Estados totalitarios que tanto condenó Estados Unidos en tiempos de la Guerra Fría, y cuya base fueron los cambios instrumentados durante la etapa de George W Bush expresados en la aprobación de la Ley Patriota I y II y la Ley de la Victoria, que ofrecieron la falsa disyuntiva del pensamiento ultraconservador y autoritario entre “seguridad y ejercicio de las libertades”, optando por la acumulación de atribuciones en los órganos de seguridad e inteligencia y en los judiciales, creando tribunales fantasma con fuertes atribuciones condenatorias en detrimento del respeto irrestricto a las libertades ciudadanas. Es la tendencia histórica de toda potencia decadente. Se está apenas procesando con puntualidad todo lo que implicó de enorme y brutal regresividad en las conquistas democráticas la Doctrina Bush para combatir al “terrorismo internacional”: se montó una subestructura global de represión, terrorismo de Estado, extraconstitucional y extrajudicial, por tanto, dictatorial, paramilitar, con una inmensa red de centros de detención, tortura y desaparición de personas en diversas regiones y países (cientos de Guantánamos) y asesinatos selectivos, conformada y operada por los organismos de seguridad, inteligencia y militares de Estados Unidos y aliados diversos, pero además, infamemente impunes, con múltiples aliados vergonzantes en la “civilizada, democrática y unitaria” Europa Occidental, pero sobre todo en Asia; menos en África y América Latina, plenamente conocidos por el Congreso y el Ejecutivo estadunidenses, de lo cual ofrecieron testimonios, datos, nombres y circunstancias distintos organismos internacionales, de derechos humanos, movimientos sociopolíticos y personalidades, especialmente, Amnistía Internacional, que permeó toda la concepción y doctrinas sobre la estructura, operación y conducción de las agencias y cuerpos de seguridad y defensa, del poder judicial, constituido como el “gran poder” en las estructuras del Estado, aún perviviente (Pilar Calveiro, 2012). Son múltiples los instrumentos de la guerra global multifacética y permanente, de dimensión limitada en todas las regiones del mundo, que conlleva la violación sistemática de la soberanía nacional de diversos países, pero especialmente de Oriente Próximo y América Latina (incluyen la guerra bacteriológica y el sicariato privado por contrato). Ello implica que el Pentágono desarrolla sus “operaciones especiales” en todo el mundo mientras las “operaciones militares tradicionales” se reducen. La estrategia se presenta, igualmente, como un esfuerzo de reducción de costos. Con esta doctrina, Obama, que privilegia tales instrumentos de ataque a quienes resistan a su proceso de reconstrucción hegemónica tardía, cambia los teatros de las operaciones a escala (las “guerras de intervención, ocupación y reconstrucción”, así llamadas en la Doctrina Bush) por otras más pequeñas, manejables a voluntad y rentables políticamente. Agreguemos que agencias como la CIA y la DEA (Agencia Antidrogas estadunidense), tienen sus propios “comandos de operaciones encubiertos especiales” para las “guerras permanentes y limitadas” tras objetivos específicos. CONTRALÍNEA

El despliegue de comandos “más cerca de las nuevas zonas de crisis” es conforme necesidades tácticas con operaciones especiales rápidas y ligeras que dejan poca huella, cuyo objetivo, según un funcionario del Departamento de Defensa, es “aumentar la cooperación con ejércitos extranjeros, trabajando con ellos para derrotar las amenazas locales en lugar de que Estados Unidos asuma la mayor parte de estas luchas”. Esta doctrina de defensa y estrategia política militar ofensiva conlleva que una parte pequeña del Ejército profesional de Estados Unidos pase a la clandestinidad operativamente y se desdoble en grupos cuasiparamilitares mediante comandos tácticos especiales en donde actúe, lo que incluye tareas, desde el financiamiento hasta la eliminación física de opositores. A una parte de estos tipos de guerra, Estados Unidos la ha privatizado (total o parcialmente) mediante contratos a corporaciones de lucro, como Blackwater (hoy XE Services), con quien en 2010 el Departamento de Estado tenía un contrato por 400 millones de dólares, que incluía: acciones con aviones espías, asesinatos en operaciones encubiertas y secuestros a escala global, todo en manos de una empresa privada (Global Intelligence, “La CIA y Blackwater, socios en operaciones encubiertas”: http://blackop.wordpress.com/2010/01/17/la-ciay-blackwater-socios-en-operaciones-encubiertas/). Las relaciones con esta corporación conforman un modelo inusitado mediante el cual se ha privatizado un conjunto de operaciones encubiertas político-militares en países soberanos, por ejemplo: en entrevista transmitida el 20 de septiembre de 2009 por la televisión pakistaní, el general Mirza Aslam Beg acusó a Estados Unidos de ordenar los asesinatos de la primer ministro pakistaní Benazir Bhutto (hipotéticamente por su posibilidad de ganar la elección y volver a ser elegida primer ministro; luego fue asesinado también el fiscal que llevaba la investigación sobre el magnicidio) y del exprimer ministro libanés Rafic Hariri (hipotéticamente, por su anuencia a preservar la influencia de Siria en Líbano). El general pakistaní precisó que ambas operaciones fueron ejecutadas por la firma privada Blackwater; igualmente, en agosto de 2009, The New York Times reveló que la CIA contrató como sicario a Blackwater en un plan durante todo el gobierno de Bush para asesinar a Bin Laden y a líderes de Al Qaeda. El programa habría sido cancelado por problemas legales, se agrega, pero también se conoció que en 2008 el Comando de Misiles y Defensa Espacial del Ejército de Estados Unidos otorgó contratos por 15 mil millones de dólares a un grupo de empresas privadas, incluyendo a Blackwater. Uno de los contratos incluyó operaciones de inteligencia, espionaje y reconocimiento sobre México y Colombia. ¿Las intercepciones informáticas, recientemente conocidas, a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto serán ajenas a los servicios de una empresa como Blackwater o alguna otra? Un último ejemplo: dos agentes de Blackwater revelaron a Der Spiegel que la CIA había contratado a dicha empresa para el secuestro y entrega de prisioneros de Guantánamo a prisiones clandestinas en Afganistán, Pakistán y Uzbekistán (González, Richard, 20 de agosto de 2009; y Red Voltaire, 24 de septiembre de 2009). Estamos ante la “privatización” de las agresiones a la soberanía nacional y del sicariato por contrato para asesinar personas, lo cual rebasa cualquier imaginario de brutalidad criminal agresiva. Parte de esta Doctrina Obama en su asociación con sus principales aliados latinoamericanos (se aplicó ya por el Ejército Colombiano en el contexto del conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia “para recuperar las ciudades”), conforma el desarrollo de una nueva “guerra urbana contra masas movilizadas”, variante de las “tácticas de contrainsurgencia”, pero ésta, orientada al conflicto político con masas en insurgencia pacífica. En el Fuerte Aguayo, de la Armada chilena, se construyó con financiamiento estadunidense (a finales de 2011) una base para el entrenamiento de soldados especializados en operaciones en ciudades. Se trata de instalaciones construidas en la Base Concón, a 30 kilómetros al Norte de Valparaíso, que forman parte del proCONTRALÍNEA

grama Operaciones Militares en Territorios Urbanos (MOUT, por su sigla en inglés) del Comando Sur de Estados Unidos. Chile ha ganado importancia en la estrategia del Pentágono desde que varios países de la región como Argentina, Bolivia, Uruguay y Venezuela no envían más tropas al Instituto del Hemisferio Occidental para Cooperación en Seguridad, heredero de la vieja Escuela de las Américas (“escuela de dictadores”, por la experiencia latinoamericana). Allí se irán a entrenar desde distintos países latinoamericanos (sobre todo los aliados estadunidenses); por ello, el peligro para los movimientos y partidos de izquierda en México, particularmente. Este proyecto podemos considerarlo de la derecha continental para criminalizar la protesta social, al que Estados Unidos ofrece un soporte táctico, operativo y doctrinario. Este tema es de gran preocupación por la filosofía exportable del MOUT, que es la “nueva cruzada contrainsurgente”, encabezada por Estados Unidos y el Pentágono. Conforman un modelo de represión política para masas movilizadas en el espacio urbano que permite trasladar a nuestro subcontinente toda la experiencia del Ejército estadunidense de su guerra en Irak, guerra esencialmente urbana. En el libro Dirty wars: the world is a battlefield (Editorial Nation Books, Nueva York, 2013), del periodista inglés Jeremy Scahill (de The Guardian), entre muchas cosas, documenta algunas cuestiones muy importantes. La información sustancial describe las acciones del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Estados Unidos (JSOC, por su sigla en inglés) como: el “secuestro de disidentes”, la “entrega pactada”, los “secuestros y encarcelamientos ilegales”, “la tortura” y “el asesinato”. La primera frase del libro dice: “Ésta es una historia acerca de cómo Estados Unidos llegó a abrazar el asesinato como una parte central de su política de seguridad nacional […] y de las consecuencias para la democracia estadunidense”. Y luego: “Es una historia acerca de las fuerzas especiales de elite y de mercenarios que operan con mucho menos supervisión del Congreso o del público que el resto de los militares de Estados Unidos. Es una historia sobre el Comando Conjunto de Operaciones Especiales y la CIA” (nota para el lector, prólogo y página 105). Y afirma después: “Fuentes confiables relacionadas con ‘operaciones especiales’ me dijeron que entre los países donde los equipos JSOC habían sido desplegados bajo la administración [de] Obama son: Irán, Georgia, Ucrania, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Perú, Yemen, Pakistán (también en Baluchistán) y Filipinas […]. JSOC también apoyaba a la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos en las operaciones para Colombia y México” (página 355). Se ilustra la estrecha relación entre el JSOC y la empresa Blackwater (páginas 177-178), y presentan testimonios de familias con muchas bajas humanas debido a estas operaciones de guerra, tanto en Yemen como en otros países. Scahill se refiere a estas operaciones (Predator drone strikes) como “no tan encubiertas”. Dice: “Es difícil ocultar una guerra con drones que está matando a miles de personas. Los ‘secretos escuadrones de la muerte’, las redadas nocturnas de las que alardean frente a la Casa Blanca, y del Cuerpo Especial [se refiere a los JSOC, antes descrito], no son tan secretas” (página 357). Dichas guerras pueden tener algunos resultados positivos para Estados Unidos, pero sin duda serán, a la larga, transitorios; sin embargo, exhiben con toda transparencia justamente a un gran poder en plena decadencia. La barbarie política y militar jamás podrá ser tutelada por una gran potencia que se precie de “civilizada y democrática”. No se lo merece la sociedad estadunidense que ha hecho un esfuerzo de siglos por construir una gran nación de vanguardia. Mucho cuidado, México y América Latina.3 *Economista y maestro en finanzas; especializado en economía internacional e inteligencia para la seguridad nacional; miembro de la Red México-China de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México 16 DE DICIEMBRE DE 2013

OPINIÓN

Sancionar marchas, atentado a la democracia Martín Esparza Flores*

la criminalización de la protesta social con que los panistas intentaron silenciar las críticas al gobierno fascista y represor de Felipe Calderón, ahora se busca sumar un atentado a las garantías individuales de millones de mexicanos para ejercer su libertad de expresión y su derecho a reunirse y manifestarse públicamente, resguardadas en los Artículos 6 y 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tuteladas en el contenido preciso de diversos tratados internacionales, reconocidos y firmados por el Estado mexicano. En el actual contexto político y social que vive este país, la intención de regular y hasta sancionar las marchas significa no únicamente el retorno a épocas ya superadas, sino además la ominosa posibilidad de revivir –bajo la artimaña del interés general– esquemas de persecución política, como el delito de disolución social que sirvió de pretexto para enviar a prisión a cientos de jóvenes y activistas sociales que participaron en el movimiento estudiantil de 1968 y que derivó en la matanza del 2 de octubre, en Tlatelolco. El pasado 22 de noviembre, el auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México fue el escenario donde se realizó el foro La Protesta Social y las Marchas en la Ciudad de México, organizado por la Asamblea Legislativa, y al que llevamos la representación del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para exponer nuestros puntos de vista sobre un tema relacionado de manera directa con la defensa del estado de derecho y la democracia misma. Nuestra ley fundamental salvaguarda estas libertades al señalar en su Artículo 6: “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito, o

perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado”. Y el 9 reafirma los derechos fundamentales a reunirse y asociarse bajo el siguiente texto: “no se podrá coartar el derecho a asociarse o a reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar. “No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto o una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.” A nivel mundial, existen en los tratados internacionales en la materia múltiples ordenamientos protectores de estos derechos fundamentales de los seres humanos y que constituyen los pilares de las democracias modernas, como los artículos 13.1 y 13.2 contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). También podemos citar seis de los artículos consagrados al respecto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 16 de diciembre de 1966. De igual manera, la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1948 y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, acogida por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), contemplan disposiciones que protegen la libertad de expresión, de asociación y manifestación de las personas no importando raza ni credo. Por ello resulta inexplicable que, mientras en todo el mundo los organismos internacionales luchan por consolidar estos valores de libertad que acrecienten y fortalezcan los Estados democráticos, en México fuerzas políticas como el Partido Acción Nacional insistan, como lo han hecho una y otra vez en los últimos años, en imponer diques a la libertad de expresión, cancelando el diálogo como

Mientras los organismos internacionales luchan por consolidar los valores de libertad que acrecientan y fortalecen los Estados democráticos, en México las fuerzas políticas insisten en imponerles diques 16

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CONTRALÍNEA

instrumento para solucionar los conflictos sociales y lograr acuerdos, bajo la tónica de imponer, de manera unilateral y hasta por la fuerza, decisiones de gobierno contrarias a los intereses del país y las mayorías. El líder panista Gustavo Madero viene anunciando, desde septiembre pasado, que su partido impulsará en las diversas instancias legislativas un paquete de iniciativas para reglamentar las manifestaciones públicas no sólo en el Distrito Federal, sino en todo el país, buscando, como ya es su costumbre, limitar no sólo el derecho a la libre manifestación, sino criminalizar la protesta social. La variedad de propuestas de los blanquiazules va desde la intención de “burocratizar” las marchas, sujetándolas a un horario determinado y notificación previa, como lo ha planteado el asambleísta Santiago Taboada Cortina, hasta la pretensión de insertar en la hipotética ley, como lo pide el diputado Jorge Sotomayor, el delito de “perturbación social” en el Código Penal Federal, para castigar con penas de 10 a 20 años de prisión a quienes en la manifestaciones hagan destrozos o marchen con el rostro cubierto. Imposible pasar por alto que las propuestas contenidas en las iniciativas panistas guardan una gran similitud con la recién aprobada ley en Egipto por el presidente interino Adli Mansur, que sanciona

El hoy senador rehuyó, como ya es su costumbre, enfrentarse a los cuestionamientos en el terreno de las ideas y los argumentos. Seguramente que a los estudiantes de la Facultad de Derecho les hubiera gustado escuchar de labios del legislador cachirul una explicación de cómo lograr que no se manifiesten ciudadanos agraviados, como las familias de los mineros muertos en Pasta de Conchos, los trabajadores de Mexicana de Aviación que, al igual que los electricistas del SME, perdieron su empleo por una decisión autoritaria que pasó por encima del estado de derecho. ¿Cómo impedir que los mexicanos expongan públicamente su rechazo al monumental fraude que los panistas dejaron instalado a las puertas de Paseo de la Reforma en la grotesca Estafa de Luz? Imposible no salir a las calles a denunciar el doble lenguaje de panistas que, como el propio Javier Lozano Alarcón, han denunciado a voz en cuello el tráfico de influencias del extitular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Mony de Swaan, pero encubren por la misma vía de corrupción a exfuncionarios serviles a su partido, como la extitular de la Secretaría de Energía Georgina Kessel Martínez, que ahora aparecen como consejeros de firmas trasnacionales como la ibérica Iberdrola, beneficiada con ventajosas concesiones en el sexenio pasado; o los también exsecretarios

El PAN impulsará un paquete de iniciativas para reglamentar las manifestaciones públicas en todo el país, buscando limitar no sólo el derecho a la libre manifestación, sino criminalizar la protesta social

las manifestaciones públicas con millonarias multas y condenas de hasta 15 años de cárcel a quienes se considera infractores de la paz pública. Valdría por ello preguntar a los impulsores de la conjura a nuestras libertades si no resulta más válido, para aminorar el creciente descontento ciudadano, el imponer, en contrasentido a lo planteado por ellos mismos, penas de 20 o más años a los funcionarios que durante los 2 sexenios de gobiernos panistas devastaron al país y dejaron una estela de pobreza, sangre y daños colaterales en todo el territorio nacional. No podemos dejar de mencionar que el espacio reservado para Javier Lozano Alarcón en la mesa de debates de la máxima casa de estudios quedó vacío; el exsecretario de Trabajo y Previsión Social y testaferro de Felipe Calderón para operar con la fuerza represora del Estado el ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, que el 11 de octubre de 2009 dejó sin empleo a 44 mil electricistas y condenó a los 6 millones de usuarios de la energía eléctrica de la zona Centro del país a la imposición de altas tarifas y cobro de altos recibos por parte de la Comisión Federal de Electricidad, no acudió al encuentro con la comunidad universitaria. CONTRALÍNEA

de Energía del sexenio foxista Ernesto Martens y Fernando Canales, a los que Calderón, Kessel, Lozano y demás cómplices del gabinete entregaron en bandeja de plata la fibra óptica de la extinta Luz y Fuerza del Centro. Tan extensa cadena de latrocinios explica el porqué en gran medida la protesta social en México es consecuencia directa de la corrupción, opacidad y autoritarismo con que se condujeron los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. ¿Con qué calidad moral exigen ahora los panistas amoldar y suavizar las manifestaciones de miles de mexicanos cuando fueron ellos los responsables directos que prohijaron con sus erradas políticas públicas su justificado malestar y encono? Permitir que los panistas conculquen nuestras libertades con sus descabelladas y retrógradas propuestas sería como perdonarles sus destrozos y fechorías cometidas en agravio del país y de millones de mexicanos. No permitamos tal atropello y defendamos nuestras garantías individuales establecidas en nuestra Constitución, que son pilar y fundamento de nuestra propia democracia.3 *Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas 16 DE DICIEMBRE DE 2013

OPINIÓN

Crisis, deuda y déficit: saqueo Xavier Caño Tamayo*/Centro de Colaboraciones Sociales

oticias de un día cualquiera: el partido del gobierno en España rechaza de quien convoca. El colmo es considerar “delito de el impuesto a transacciones financieras; impone una ley de régimen loatentado contra la autoridad” la resistencia activa pacícal que suprime servicios municipales imprescindibles para millones de fica. Esta gente encarcelaría al mismísimo Gandhi. ciudadanos. La ministra de Sanidad contrata a un corrupto imputado Tienen una lógica totalitaria impecable. Saquear y para implantar la gestión privada en hospitales del Ministerio. Privatila consiguiente represión de la ciudadanía que reacciozan el agua. Las 35 mayores empresas de España pagan 500 millones na contra el pillaje. Como bien expone Carlos Martínez, de euros menos en impuestos aunque el año anterior ganaron más. El gobierno aprueba un regalo de de la Asociación por una Tasa a las Transacciones Finan30 mil millones a la banca. El gobierno justifica que los bancos no den crédito porque han de velar cieras Especulativas para Ayuda a los Ciudadanos por la solvencia de sus clientes. Los pensionistas perderán 33 mil millones en 8 años. Más vueltas de (Attac) Andalucía: “Estamos ya en una predictadura real y no somos conscientes de la gravedad de la situatuerca en la aplicación de la reforma laboral. El Fondo Monetario Internacional amenaza con más ción. Se ataca el derecho de huelga, las libertades de “ajustes significativos” para reducir la deuda..., sin olvidar la reducción presupuestaria, los recortes expresión y manifestación y se prepara una ley repreen educación, el aumento del desempleo, de la precariedad, la pobreza y la desigualdad... El remate siva que permite al poder y a los poderosos recortar, es la nueva ley de seguridad ciudadana, con la que muchas protestas sociales serán tratadas como privatizar y despedir masivamente, acallando la prodelitos. testa y oposición ciudadanas”. Louis Brandeis, juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, lo dejó muy claro: “Podemos tener democracia o riqueza concentrada en pocas manos, pero ambas cosas no”. Banca, corporaciones, grandes fortunas y gobierno han elegido la riqueza para la minoría. Para ellos. Lo logran saqueando a la ciudadanía. Y con represión para impedir la respuesta cívica, la acción de los traba“Estamos en una predictadura real... jadores. Por eso las concentraciones frente al Congreso, los escraches Se ataca el derecho de huelga, las liber(manifestaciones) junto a viviendas de políticos o grabar y difundir imátades de expresión y manifestación y se genes de policías “en acción” serán castigados con multas de hasta 600 mil euros. Y con penas de prisión de hasta 4 años. Sorprendente, porprepara una ley represiva que permite que según Gonzalo Moliner, presidente del Tribunal Supremo, los escraal poder... privatizar y despedir” ches son “un ejemplo de libertad de manifestación”. Pero a esta gente no les importan las libertades: son obstáculos a derribar. Como afirma el magistrado Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, “para el gobierno del Partido Popular, el ciudaAnte el rechazo social a la ley de seguridad, el dano que protesta es el enemigo”. Y para Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo, esta gobierno dice ahora que es sólo un borrador y ley prosigue la vulneración de derechos propia de este gobierno. Además, esgrimir seguridad es un Mariano Rajoy ha ordenado “suavizarla”. Es posible burdo pretexto, porque “en España no hay problema de seguridad”, afirma Robles. La criminalidad pararla si la ciudadanía se mueve. Una reflexión de ha disminuido regularmente sin cesar en los últimos años. España tiene uno de los índices de crimiLuther King para aclarar dónde estamos: “Nunca nalidad más bajos de la Unión Europea, según datos del propio Ministerio de Interior. Y, si hablamos olviden que todo lo que hizo Hitler en Alemania era de protestas sociales, hay confrontación con la policía en otros países (Grecia, Italia), pero no en legal”. Porque lo irrenunciable es la legitimidad de España. El movimiento ciudadano es pacífico y pacífica es la desobediencia civil. la que este gobierno no conserva ni gota. ¿Podemos Incluso la policía critica esa ley. José María Benito, del Sindicato Unificado de Policía, denuncia que, simulando amparar a los policías, la nueva norma sólo protege a “la casta política”. Por eso crifrenar esa ley franquista y también el saqueo? Como minaliza protestas frente a sus domicilios o manifestaciones frente al Congreso. Y la Coordinadora afirmaba Mandela: “Siempre parece imposible hasta de la organización no gubernamental de Desarrollo expresa su preocupación por una normativa que que se logra”.3 considera “delito de integración en organización criminal” convocar una concentración de protesta por internet, en la que pudieran producirse incidentes violentos al margen de la intención y voluntad *Periodista y escritor

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Banca que rige nuestras vidas Carlos Miguélez Monroy*/Centro de Colaboraciones Solidarias

n desempleado gana su demanda contra Desde que la crisis estalló, con la caída de Lehman Brothers en el Servicio Público de Empleo Estatal para Estados Unidos, directivos de bancos de distintos países han evitado reclamar el cobro de su prestación en efecresponsabilidades civiles y penales. Para añadir escarnio al agravio, los tivo en lugar de “por ingreso” en una cuenblindajes de sus contratos han permitido que cobren indemnizaciones ta de banco. En un principio, el Tribunal millonarias tras dejar sus cargos por escándalo. Sin embargo, parece que desestima la petición, pero el demandante algo cambia. recurre con el argumento de que no quiere tener relación alguna con Casi 200 directivos y empresarios vinculados a cajas de ahorros los bancos por coherencia con su ideología anticapitalista. El Tribunal rescatadas en España permanecen imputados por delitos como evasión no sólo acepta el recurso, sino que además le da la razón y obliga al fiscal y administración desleal. Estas cajas las controlan los partidos Estado a pagarle con billetes y monedas. Parece la trama de una pelícumayoritarios en diferentes gobiernos regionales, que abrían y cerraban la de ciencia ficción, pero ocurrió hace unos meses en España. el grifo del financiamiento según preferencias ideológicas y de partido. En todo el mundo, cada vez menos trabajadores recogen unos A muchos de esos banqueros se les acusa de aprobar prejubilaciones sobres amarillos que contienen sus sueldos o hacen fila para pagar la multimillonarias para ellos mismos y de enriquecerse de forma ilícita. luz, el agua, el gas, el teléfono y otros gastos corrientes que descuenLa estafa de las preferentes deja al desnudo la falta de pudor de tan de forma automática de sus cuentas bancarias. algunos de estos directivos. Presionaban a sus empleados para vender Hay quienes empiezan a a ahorradores comunes y jucuestionar si a los ciudadanos bilados productos financieros les compensa el precio que padiseñados para inversionistas Casi 200 directivos y empregan en nombre de la comodiarriesgados. El escándalo se sarios de cajas de ahorros dad. Porque además de estas destapó cuando, por la crisis, parcelas de poder económico en muchos intentaron sacar sus rescatadas en España están la vida diaria, los bancos se han ahorros. Sus bancos les dijeron imputados por evasión fiscal convertido en inmobiliarias, en que, según lo que habían firy administración desleal aseguradoras, en prestadoras mado, no podían disponer de de servicios y en las financiadoese dinero hasta dentro de alras de grandes empresas. ¿Qué gunos años. “Los contratos essería de la Formula 1 sin el Bantán hechos para cumplirse”, co Santander; de la Liga Española de Futbol Profesional sin el BBVA, o argumentan, aunque ignoren que, de probarse dolo o mala fe, todo conde la liga inglesa sin Barclays? También se ha cuestionado la relación trato es nulo de derecho. En el caso de las preferentes, muchos gestores entre la banca y los partidos políticos, al extremo de decir que los goberaprovecharon relaciones de confianza con personas mayores para enganantes no se atreven a hacer reformas que limiten el poder de la banca tusarlos. Algunos de los firmantes no sabían leer o escribir. por los favores que le deben los partidos de los que forman parte. Cientos de miles de personas se han quedado sin esos ahorros por Los bancos abrían la puerta de la felicidad que promete nuestro la quiebra de cajas de ahorro mal gestionadas. Una pequeña proporción de los afectados ha recuperado su dimodelo de consumo: los gestores ofrecían, además de la hipoteca de la nero. Las manifestaciones a favor de su causa no logran aún juntar más casa, préstamos para remodelarla, para comprar muebles y hasta para que decenas de miles de personas. Si todos se juntaran y además los el auto. En muchos casos conocían la insolvencia de muchos solicitanapoyaran padres, hermanos, hijos y nietos que dependen más que nunca tes, pero el objetivo en época de excesos consistía en endeudar a la de esos pequeños patrimonios, quizá algunos políticos empezarían a gente para mantener el flujo del dinero. Hasta que todo se derrumbó. escuchar, por mucho que quieran criminalizar la protesta con nuevas Uno de los focos de indignación contra los bancos privados y las leyes.3 cajas de ahorro radica en los rescates con dinero público para tapar sus agujeros tras gastar millones en proyectos inmobiliarios, aseguradoras e “inversiones” de alto riesgo. *Periodista, coordinador del Centro de Colaboraciones Solidarias

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Prohibido quejarse Víctor Martínez Navarro*/Centro de Colaboraciones Solidarias

partir de ahora, protestar en España puede salir muy caro. En algunos supuestos, más caro que robar un coche, que doblar el límite de velocidad permitida en carretera o que agredir de forma leve a una persona. El gobierno español prepara una ley de seguridad ciudadana que contempla multas de entre 1 mil euros por insultar o fotografiar policías, hasta 30 mil euros por perturbar la seguridad en actos públicos, deportivos, religiosos y culturales, o manifestarse en infraestructuras estratégicas, como aeropuertos o centrales eléctricas. Esta nueva ley ha despertado un fuerte rechazo entre partidos políticos y organizaciones sociales que consideran un intento de silenciar el descontento y de cercenar el libre derecho a la protesta contra un gobierno que ha aprobado numerosos recortes en el gasto social, pero también en derechos fundamentales relativos al acceso a la sanidad, a la educación o a la vivienda. Además del aumento de la cuantía de las multas, numerosas faltas leves pasan a ser sanciones administrativas de carácter gubernativo, por lo que resultará más caro presentar recursos al no estar sujetas al control judicial. La nueva ley busca también sancionar un mayor número de conductas en la vía pública, como convocar y participar en protestas frente a las principales instituciones del Estado, paralizar desahucios, acudir “encapuchado” a una manifestación o los abucheos y las concentraciones frente al domicilio de los políticos, los ya célebres “escraches”. El gobierno defiende que la nueva ley es “despenalizadora y garantista”, pero para muchos colectivos tiene un trasfondo claro: limitar el derecho a la huelga, a la reunión y a la libertad de expresión, e infundir el pánico en la ciudadanía para que no exprese su descontento en las calles en un país que roza el 27 por ciento de desempleo, y donde las protestas, que rara vez tienen carácter violento, son legítimas y razonables. De otro modo no se entiende la desmesurada protección en torno a un órgano como el Congreso de los Diputados –blindado por las fuerzas de seguridad desde hace meses–, que es donde supuestamente reside la democracia y la soberanía popular, y habitual escenario de

multitudinarias protestas. Es por ello que esta nueva ley ya ha sido bautizada como Ley Mordaza, Ley Anti15M (en alusión al movimiento ciudadano de los “indignados”) o Ley de Patada en la Boca. Algunos medios de comunicación internacionales también se han hecho eco de la noticia y han expresado su indignación ante lo que consideran una “limitación de la democracia”, tal y como recoge el rotativo británico The Guardian. La medida otorga también mayor protección a las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones y refuerza su presunción de veracidad en caso de ser objeto de demandas. En los últimos años, las actuaciones policiales han sido muy cuestionadas por la desproporción y el uso desmedido de la fuerza a la hora de reprimir las protestas, como documentan las numerosas grabaciones realizadas por los ciudadanos y que el gobierno pretende ahora prohibir. En algunos supuestos, el material gráfico ha servido como prueba a la hora de denunciar actuaciones como el desalojo forzoso de viviendas, de concentraciones, las agresiones a menores de edad, los efectos de las balas de goma lanzadas por la policía o, el último escándalo, la paliza de muerte que un empresario barcelonés recibió a manos de los cuerpos de seguridad. La criminalización de la protesta por parte de gobiernos “democráticos” comienza a ser por desgracia habitual en muchos países donde la austeridad abandera sus políticas, que a menudo se traducen en un empobrecimiento paulatino de los ciudadanos más débiles. En Canadá, Grecia o Chicago, el derecho de reunión y de protesta ante los recortes, las leyes educativas, las cumbres del G-8 o de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, se ha visto limitado ante el temor de los gobernantes a dejar en evidencia su impopularidad ante la opinión pública. No deja de resultar paradójico, por otra parte, que líderes y medios de comunicación de muchos de estos países cuestionen la legitimidad democrática de gobiernos en América Latina o en Oriente Próximo. Las políticas que han aplicado muchos “países avanzados” a menudo atentan frontalmente contra las libertades y los derechos más fundamentales, los que garantizan una democracia real.3 *Periodista

En España, la nueva ley de seguridad ciudadana busca sancionar conductas en la vía pública, como convocar y participar en protestas frente a las instituciones del Estado, paralizar desahucios, acudir “encapuchado” a una manifestación o a las concentraciones frente al domicilio de los políticos 22

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Cecilia Martínez

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ATLAS DE RIESGO

del periodismo en México En el primer año del actual gobierno, seis periodistas fueron asesinados; cuatro, desaparecidos, y se registraron, al menos, 124 agresiones en contra del gremio. Respecto de 2012, las agresiones aumentaron más de 200 por ciento, mientras que los atentados a medios de comunicación se incrementaron en 300 por ciento, indica la Casa de los Derechos de Periodistas. Veracruz, el Distrito Federal y Oaxaca, las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo Elva Mendoza, @elva_contra

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4En lo que va de 2013 se han registrado, al menos, 124 agresiones contra el gremio periodístico. En la imagen, protesta ciudadana contra la violencia que afecta a los comunicadores

urante el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto seis periodistas fueron asesinados; cuatro, desaparecidos, y se registraron al menos 124 agresiones contra el gremio que involucraron a alrededor de 300 personas trabajadoras de medios de comunicación o personas en su ejercicio de la libertad de expresión, indica la Casa de los Derechos de Periodistas, AC. Jaime Guadalupe González Domínguez, Alonso de la Colina Noriega, Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, Mario Ricardo Chávez Jorge, Alberto López Bello y Alberto Angulo Gerardo son los periodistas victimados a lo largo de 2013. En este mismo año, el 7 de diciembre ocurrió la desaparición de la periodista Zoila Márquez Chiu en Zacatecas, hasta ahora el más reciente atentado contra el gremio. La víctima trabaja en el portal de noticias Línea Informativa y hasta el cierre de edición se desconocía su paradero. En entrevista, Martha Olivia López Medellín, 26

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directora ejecutiva de la Casa de los Derechos de Periodistas, recuerda que durante 2012, el último año de gestión de Felipe Calderón Hinojosa, se cometieron 15 asesinatos en contra de periodistas, se registraron siete desapariciones de comunicadores, 54 agresiones y seis atentados a medios de información. En comparativa, en tan sólo 1 año las agresiones contra el gremio aumentaron más de 200 por ciento, mientras que los atentados a medios de comunicación se incrementaron en 300 por ciento con respecto de 2012. Y es que de acuerdo con el Informe mundial-México, de Reporteros sin Fronteras, la elección de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de México en 2012 –que marcó el retorno al poder del Partido Revolucionario Institucional– no cambió en nada la situación de la libertad de información en el país. “México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas”, refiere el Informe de Reporteros sin Fronteras, y señala que en la última década han sido asesinados más de 80 periodistas mexicanos y 17 han desaparecido. CONTRALÍNEA

El monitoreo realizado por la Casa de los Derechos de Periodistas, que comprendió de enero a noviembre de 2013, identifica a Veracruz, el Distrito Federal y Oaxaca como las entidades con mayor incidencia de agresiones y agravios en contra de la prensa. Según los datos de la Casa de los Derechos de Periodistas, de los 124 hechos de agresiones a personas trabajadoras de los medios de comunicación, 66 ocurrieron en Veracruz; 52, en el Distrito Federal, y 42, en Oaxaca; le siguen Chiapas, con 21; Puebla, con 16, Guerrero y Baja California, con 12 cada uno; Hidalgo, con 11; Sonora y Veracruz, con 10, respectivamente; Coahuila, con nueve; el Estado de México, con cinco; Tamaulipas y Nuevo León, con cuatro; Sinaloa, Michoacán y Chihuahua, con tres; Nayarit, con dos; y Tabasco, Durango y Aguascalientes, con uno. No obstante las cifras, el clima de miedo e im-

los hechos no se denuncien ante las autoridades judiciales competentes. Antonio Heras, agredido en febrero de 2012, señala a este semanario que en Baja California predomina la impunidad en cuanto a agresiones, homicidios, acosos y amenazas en contra del gremio. El periodista señala que en ese estado, de 2004 a la fecha, hay al menos 14 casos de agresión y “no ha pasado nada”. Relata que hay registro de tres amenazas del crimen organizado contra medios de comunicación, dos de ellas ocurridas en marzo de 2012 y una más en septiembre de 2013; además de dos detenciones que Sergio Ortiz

Miedo e impunidad

Jaime González, Alonso de la Colina, Daniel Alejandro Martínez, Mario Ricardo Chávez, Alberto López y Alberto Angulo, periodistas asesinados en 2013

punidad –aunado a la falta de confianza en las instituciones– mantienen en el anonimato y fuera de las estadísticas una gran cantidad de agravios. “En Ciudad Victoria, Tamaulipas, 30 periodistas están amenazados”. Sin embargo, no se atreven a denunciar porque no hay una autoridad confiable a donde ir, manifiesta Martha Olivia López. Refiere que en la organización que dirige han documentado casos donde los periodistas viajan hasta el Distrito Federal para pedir el acompañamiento y la exposición de su caso, pero se niegan a levantar denuncias formales por miedo. En entrevista con Contralínea, en el marco del Segundo Encuentro Nacional de Periodistas, trabajadores de los medios de comunicación de todo el país coinciden en que el miedo y la impunidad, la lentitud de las instituciones e incluso la falta de acción de éstas han generado que, pese a la alta incidencia de agravios, CONTRALÍNEA

4En Tamaulipas, 30 periodistas están amenazados. No denuncian porque no hay una autoridad confiable: Martha Olivia López

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Fernando Carranza/Cuartoscuro

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4El saldo más grave: seis periodistas asesinados y cuatro desaparecidos

hizo la policía de Tijuana, en noviembre pasado, contra dos reporteros que estaban trabajando. “Se han hecho las denuncias ante la Procuraduría General de la República, ante la procuraduría del estado, pero no pasa nada”. El mismo Heras Sánchez ha sido víctima: en febrero de 2012 fue golpeado con severidad por desconocidos. Tras esa agresión, el periodista de 53 años de edad y una trayectoria de 31 años –también sociólogo, director en Mexicali del portal de noticias www.enlineabc.com, director del proyecto Lindero Norte, corresponsal del periódico La Jornada y columnista de El Mexicano– realizó su propia investigación para dar con el responsable. “Ya sé quien me golpeó. Hice la investigación periodística para documentar quién había sido y se la entregué a la Procuraduría [General de Justicia del estado], a la CNDH [Comisión Nacional de los Derechos Humanos], a la Pdh [Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California] y a la FEADLE [Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión]. Tengo 18 meses en espera”. 28

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Baja California no es el único lugar donde se amenaza y maltrata al gremio. Los periodistas de Nayarit dicen a este semanario que la violencia en ese estado se desató entre 2008 y 2011; les trajo censura: les prohibían publicar la cobertura de la violencia porque para el exgobernador se trataba únicamente de rumores. Los medios libres e independientes no rebasan los 10, el resto recibe financiamiento del gobierno estatal. “Hay represión política, hay compañeros amenazados de muerte, y demandas del gobierno nayarita hacia compañeros. Varios somos independientes, nos tuvimos que hacer independientes a partir de toda esta represión”, afirma María de Jesús González, que trabaja en el blog Periodismo Nayarita. Guerrero es otra entidad con problemas para la libertad de expresión. Sergio Ferrer, quien trabaja para Los Ángeles Press y La Jornada Guerrero, expresa que en el estado hay un clima de violencia. La lista de agravios en su contra es larga: ha sido golpeado por policías, recibido ataques de medios locales, un alcalde lo acusó porque supuestamente arrojó una silla y ha sido despedido injustificadamente. CONTRALÍNEA

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Nacho Ruiz/Cuartoscuro

PORTADA no se ha emitido ninguna recomendación. Ante la ausencia institucional han creado sus propias estrategias y protocolos de protección. Cubren y publican juntos notas que pudieran acarrear situaciones de riesgo. “Eso no nos crea ningún problema de celo periodístico ni de cuestiones de primicia. Nos da la oportunidad de publicar. Al salir en varios medios es más difícil sufrir una agresión. Existe la fraternidad y la unidad, estamos en contacto constante”. En palabras de Graciela Machuca, periodista y enlace de la Casa de los Derechos de Periodistas en Quintana Roo, hay una autocensura inevitable: “Yo, en algunos casos, la he llamado legítima, porque tenemos que comer”. En el estado hay alrededor de 100 portales de noticias por internet y una docena de periódicos. En 2009 asesinaron a José Alberto Velázquez en Tulum. La investigación para dar con los responsables no ha avanzado. Es uno de los siete estados que carecen de una ley de protección a periodistas.

Veracruz, el Distrito Federal y Oaxaca, las entidades con mayor incidencia de agresiones y agravios en contra de la prensa: Casa de los Derechos de Periodistas 4En Ciudad Juárez se han registrado más de 200 agresiones contra comunicadores y medios informativos

En Hidalgo la violencia también se incrementó significativamente. Al respecto, el director general de la revista La Neta, Hugo Santiago Sánchez, dice a Contralínea: “¡Hemos tenido coches bomba!”. La consecuencia: los periodistas se han autocensurado. El joven de 24 años, que también dirige la Asociación Regional de Profesionales de la Comunicación, cuenta en este año dos agresiones por parte de servidores públicos. En una, el presidente municipal de Tetepango agredió a la reportera Beatriz Flores González cuando intentaba entrevistarlo. En la otra, los comentarios que hizo Jesús González, reportero de una radiodifusora, sobre una sesión de cabildo –en uso de su libertad de expresión– provocó la ira de Sixto Flores López, regidor priísta del municipio de Tula de Allende. Señala que los periodistas realizan su trabajo con miedo. Y aunque se han denunciado los hechos ante la Comisión de Derechos Humanos local, hasta la fecha 30

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Uno de los estados más azolados es Veracruz. Allí hace unos meses Inés García Nieto se tuvo que ir de Orizaba porque ya no tenía opción de trabajo: el narcotráfico ha provocado temor. En Ciudad Juárez, Chihuahua –cuentan los reporteros–, desde octubre de 2007 a la fecha, 24 periodistas fueron asesinados, se han dado alrededor de 200 agresiones que van desde empujones y robo de equipo, hasta disparos con arma de fuego a instalaciones de medios de comunicación. “Este año le balacearon las instalaciones a El Diario de Juárez y al Canal 44 de la televisión local”. La situación es grave, consideran. “Hay muchísimos casos que no se denuncian”. En Ciudad Juárez los periodistas se vieron obligados a crear mecanismos de autoprotección: “Creamos uno con la comisión estatal de los derechos humanos”, ahí se establece la posibilidad de uso del chaleco antibalas o de casco. CONTRALÍNEA

incluso se han infiltrado los cárteles– de todos los niveles”.

Fallido, el mecanismo de protección a periodistas Martha Olivia López, también periodista, lamenta que ni la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República ni el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tengan un impacto fuerte en la población periodística. “No ha habido una gran campaña porque se desatarían las denuncias; de ser así, el Estado tendrá que reconocer que el problema se le ha salido de control”, refiere la directora de la Casa de Derechos de Periodistas. En febrero de 2006 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión.

Nacho Ruiz/Cuartoscuro

Las agresiones en su gran mayoría provienen de fuerzas militares y policiacas de los tres niveles de gobierno. En el caso de los homicidios “es muy difícil identificar de dónde vienen, se cree que es del narcotráfico”. El gobierno, dicen, ha sido negligente al mantener impunes 22 de los 24 asesinatos de periodistas. Ahí también los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación optaron por no interponer denuncias formales: “Hay miedo en algunos compañeros pero no temor. Sabemos lo que nos puede pasar y tratamos de protegernos entre todos”. Reporteros sin Fronteras reconoce que la impunidad continúa siendo la regla en la inmensa mayoría de los casos de asesinato y de desapariciones. Señala que las investigaciones con frecuencia se cierran de prisa o se frenan debido a la lentitud burocrática. “La impunidad también se explica por la colusión entre el crimen organizado y las autoridades políticas y administrativas –a menudo corruptas y en las que

4La madrugada del 6 de marzo de 2013, las instalaciones de El Diario y Canal 44, ubicadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron atacadas por un comando armado

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Ramón Sotomayor/Cuartoscuro

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4Pese a los niveles de violencia contra la prensa, Quinta Roo, Sonora, Tlaxcala, Baja California, Baja California Sur y Nuevo León no han firmado el Sergio Ortiz

convenio de cooperación con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

4El Estado, incapaz de garantizar la protección de las personas que ejercen la libertad de expresión y de prensa: relator Vladimir Chorny

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Desde entonces su trabajo sólo ha dado como resultado una condena. En 2012, el Senado de la República aprobó una reforma constitucional que permitía a las autoridades federales atraer bajo su jurisdicción los crímenes y delitos que atentan contra la libertad de informar o el ejercicio del periodismo. Esta reforma permitió la creación del Mecanismo. Al respecto, Vladimir Chorny Elizalde, relator para la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, dice que en México el Estado ha sido incapaz de garantizar la protección de las personas que ejercen la libertad de expresión y de prensa así como de los defensores de derechos humanos. “Prueba de ello es que ante la imposibilidad del Estado se terminan generando mecanismos especializados de protección a estos sujetos”. Ejemplo de ello es que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas operó sin recursos hasta 10 meses después de su creación, y sin personal, como lo reveló Silvia Vázquez Camacho, subdirectora de Atención a Defensores y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación. CONTRALÍNEA

Sergio Ortiz

4El Mecanismo de Protección para Periodistas operó sin

recursos y sin personal 10 meses: Silvia Vázquez, funcionaria de la Segob Arturo Pérez/Cuartoscuro

“El Fideicomiso tiene 13 millones de dólares” pero faltaban las Reglas de Operación para liberar los recursos. En el marco del Segundo Encuentro Nacional de Periodistas la funcionaria agregó que, con el cambio de administración, los trabajadores del instrumento de protección “renunciaron” debido al nivel de estrés al que están sometidos. “Nos quedamos tres personas trabajando a nivel nacional”. Informó que Quinta Roo, Sonora, Tlaxcala, Baja California, Baja California Sur y Nuevo León son las entidades que hasta la fecha no han firmado el convenio de cooperación pese a que, según ella, les han reiterado la necesidad de establecer relaciones para dar protección a las y los periodistas. “Con el Distrito Federal estamos en proceso”. Añadió que la insuficiencia de personal conlleva el retraso en las medidas urgentes, lo que pone en riesgo a periodistas y defensores. A ello se suma la falta de leyes en los estados que conforman la República. Al ser convenios interinstitucionales, las entidades quedan exentas de obligatoriedad. De acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República, a septiembre de 2013 el Mecanismo había recibido 96 casos, 58 de personas defensoras y 38 de personas que realizan labores periodísticas. “Sólo una tercera parte había podido ser conocida por la Junta de Gobierno, órgano que se encarga de otorgar las medidas”. Especifica Silvia Vázquez que, de los 101 casos que llevan, 28 han pasado a la Junta de Gobierno; no obstante, más del 70 por ciento cuenta con medidas de protección.

Asesinatos “normalizados” A decir de Shannon Young, corresponsal en México para medios internacionales, los asesinatos de periodistas se han “normalizado”. La noticia ya no sorprende al exterior del país y muchas de las veces ni siquiera al interior. “Es importante continuar visibilizando los homicidios en el exterior para que no sean una cosa normal”. Pero sl intentar hacerlo ha encontrado dificultades. Argumenta que hay una especie de fatiga informática a nivel internacional cuando se trata de asesinatos a periodistas. “En los medios internacionales la nota sobre México se enfoca en la economía, en la supuesta fortaleza de la economía mexicana y el boom de la clase media que yo no veo”. Jaime Guadalupe González Domínguez fue asesinado el 3 de marzo de 2013 en Chihuahua; se desemCONTRALÍNEA

4Alberto López Bello, reportero de El Imparcial de Oaxaca, asesinado el 17 de julio

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Sergio Ortiz

peñaba como director y reportero del periódico Ojinaga Noticias. Lo único que han informado las autoridades es que el móvil fue el presunto robo de su cámara fotográfica. Recibió 18 impactos de bala. Alonso de la Colina Noriega fue asesinado el 14 de abril de 2013 cuando salía de un banco en la ciudad de Puebla, a donde se había desplazado luego de diversas amenazas recibidas por su trabajo periodístico en Guerrero. Era concesionario de una frecuencia de Televisión Azteca en ese último estado y titular del principal noticiario de la televisora en aquella entidad. El 24 de abril fue asesinado Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa en Coahuila. Se desempeñaba como fotógrafo de la sección de sociales del periódico Van-

4Los asesinatos de periodistas se han “normalizado”; la noticia ya no sorprende al exterior: corresponsal Shannon Young

guardia. Junto a su cadáver estaba el cuerpo sin vida de Julián Alejandro Zamora García. Ambos fueron torturados y mutilados. El cuerpo de Mario Ricardo Chávez Jorge, reportero del periódico El Ciudadano, de Tamaulipas, fue encontrado el 26 de junio en un ejido de Reynosa. Desapareció aproximadamente el 5 de junio. Alberto López Bello fue encontrado muerto el 17 de julio en una colonia de la zona Poniente de la ciudad de Oaxaca. Se desempeñaba como reportero de la sección policiaca del diario El Imparcial de Oaxaca. Su cadáver se encontró junto al de un elemento de la Policía Municipal de la capital del estado asignado a 34

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labores de inteligencia. Ambos fueron asesinados a golpes y con una barra de cemento. Autoridades estatales y federales de procuración de justicia concluyeron que su muerte no se debió a su labor periodística, sino a un altercado en un bar con miembros de la delincuencia organizada que operan en dicha ciudad. Alberto Angulo Gerardo fue asesinado el 6 de noviembre en Sinaloa. Se desempeñaba como reportero y conductor de programas deportivos en Televisa Sonora y estaciones de radio de la zona. Fue ejecutado a balazos cuando viajaba con su familia a bordo de su automóvil por una carretera secundaria de la zona central de Sinaloa. Los delincuentes dispararon para obligar a la familia a detenerse hasta que el comunicador resultó herido, por lo que perdió el control de la unidad, volcó y perdió la vida. Tanto Alonso de la Colina Noriega como Alberto Angulo Gerardo fueron asesinados fuera de la entidad donde realizaban su trabajo periodístico; el primero fue obligado a desplazarse y el segundo estaba fuera de Sonora por asuntos familiares. Las preguntas sobre la identidad de los asesinos materiales e intelectuales siguen sin ser respondidas por las autoridades. Otro crimen que afecta al gremio y se invisibiliza es la desaparición. El 23 de enero fue reportado como desaparecido Sergio Landa en Veracruz, donde trabajaba en el Diario Cardel. El hecho ocurrió después de su primer día de trabajo, luego de 1 mes de haber estado secuestrado. En la lista de desaparecidos está Juan José García, a quien se le perdió la pista en Chihuahua el 26 de marzo. Se desempeña como técnico de la empresa Televisa. Fue privado de su libertad por integrantes de un grupo armado en la puerta de su centro de trabajo. Gerardo Padilla Blanquet desapareció el 30 de abril en Saltillo, Coahuila. Al momento del crimen se desempeñaba como director administrativo del grupo radiofónico Radio Grande, y conductor de noticias en el programa En Vivo Radio y Tv. A la relación de agravios se agregan los ataques a las instalaciones de El Siglo de Torreón, El Diario de Juárez, Canal 44 de televisión en Ciudad Juárez, el diario Mural, El Mañana, El Piñero de la Cuenca, EConsulta y Radio FM Maya. Treinta agresiones físicas de enero a noviembre de 2013, entre ellas los seis asesinatos. Además de 16 amenazas de muerte, 15 detenciones arbitrarias, 10 casos de agresiones físicas y verbales, ocho casos de obstrucción al trabajo periodístico, 10 casos de hostigamiento, así como 10 casos de agresión y despojo de información.3 CONTRALÍNEA

CONTRALÍNEA

1 DE JULIO DE 2013

CAPITALES

Un desastre, el primer año del gobierno federal en materia económica. Lo peor es que ninguno de los indicadores financieros señala mejoría alguna para los próximos meses. Y es que el gobierno, y en particular el gabinete económico, tiene prioridades muy distintas a las de un obrero jefe de familia, un campesino o un recién egresado de las universidades públicas que busca trabajo. Todos los esfuerzos se concentraron en la aprobación de las contrarreformas estructurales, es decir, en garantizar que trasnacionales y políticos puedan hacer negocios. Al garete, la economía de millones de familias Marcos Chávez M*, @marcos_contra 36

16 DE DICIEMBRE DE 2013

CONTRALÍNEA

Archivo Contralínea

CONTRALÍNEA

16 DE DICIEMBRE DE 2013

Debemos impulsar, sin ataduras ni temores, todos los motores del crecimiento. Creo en un México con crecimiento económico sólido y sostenido. Por eso, lograr un México próspero es el cuarto eje de mi gobierno

Germán Canseco/Cuartoscuro

CAPITALES

Enrique Peña Nieto, 1 de diciembre de 2012

l balance del primer año de gobierno es un verdadero desastre para alguien que sin desdoro recargó excesivamente de empalagosas florituras su discurso de toma de posesión. A sabiendas que sus caros compromisos asumidos, los mismos consagrados en el altar de vanidades principescas de las cinco administraciones de la derecha priísta-panista precedentes, con quienes comparte los mismos principios ideológicos y políticos autoritarios y la misma fe económica neoliberal, nunca pudieron alcanzarse. Que en 5 años más es inconcebible que pueda logarse lo inalcanzado en los últimos 30 años, empleándose un programa económico idéntico y los mismos ajustes estructurales, los cuales, desde el cataclismo de diciembre de 1994, evidenciaron su inutilidad, sus límites y contradicciones irresolubles, su agotamiento. Que su avalancha de ofrecimientos no existirá más allá de la fatua retórica huera. Junto a la verborrea iniciática en el arte de la farsa política y la cábala económica de Enrique Peña Nieto, la ornamentación churrigueresca resulta recatada. Las circunstancias del 1 de diciembre de 2012 se prestaron para el lirismo desbordado. El retorno apoteótico del longevo partido autoritario gracias a sus irremediables y manidos artilugios fraudulentos, ingeniosamente blanqueados por las autoridades electorales y la alternancia de favores, “la colaboración del presidente Felipe Calderón, cuya disposición institucional permitió una transición ejemplar, transparente, ordenada y apegada a derecho” (Peña Nieto dixit). El ritual cortesano para el nuevo príncipe, al nostálgico viejo estilo palatino priísta, resguardado por los muros barrocos del Palacio Nacional y la intransitable muralla de los sables, plácidos aislantes del plebeyo estruendo callejero, detractor de la transparencia de la transición y la calidad legal del triunfo peñista, asediado por un novedoso actor capitalino-federal, guardián del orden y versado en el encapsulamiento, la provocación y la represión de la protesta social. 38

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4El presidente Enrique Peña Nieto y el expresidente Felipe Calderón, durante la toma de protesta del primero el 1 de diciembre de 2012

En ese escenario irresistible, era inevitable que, con “una emoción profunda”, Enrique Peña Nieto, autodenominado “presidente democrático” y supuesto respetuoso “de [la] división de poderes” (sic), anunciara en su discurso de toma de posesión cinco ejes y 13 decisiones saturados de ambiciosas promesas, entre las que destacan: impulsar todos los motores para acelerar el crecimiento y, sin descuidar la estabilidad macroeconómica, México alcance la prosperidad y se convierta en un actor con responsabilidad global; modelar un México socialmente incluyente, de clase media, comCONTRALÍNEA

Resumen del gasto programable del sector público presupuestario Millones de pesos Enero-Octubre Concepto Total Gobierno federal Entes autónomos Administración pública centralizada Ramos administrativos Comunicaciones y transportes Economía Educación pública Salud Medio ambiente y recursos naturales Energía Desarrollo social Turismo

Crecimiento

2012

2013

real %

2,428,831 1,713,397 62,408 1,650,900 791,800 62,270 17,420 213,995 90,160 47,295 18,856 70,067 5,907

2,541,384 1,771,117 61,979 1,709,138 769,103 64,494 17,159 217,230 87,969 40,243 4,497 67,686 3,981

0.8 -0.4 -4.3 -0.3 -6.4 -0.2 -5.1 -2.2 -6.0 -18.0 -77.0 -6.9 -35.1

1,713,397 1,379,204 512,692 16,303 282,166 79,528 202,639 585,461 158,640 117,732 40,907

1,771,117 1,443,820 543,636 14,181 302,923 71,422 231,501 638,602 167,788 127,715 40,073

-0.4 0.8 2.1 -16.2 3.4 -13.5 10.1 5.1 1.9 4.5 -5.6

Peña Nieto ni se dio cuenta. Como responsable de la conducción económica, Luis Videgaray tenía cosas más importantes como para preocuparse por un aparato productivo cuyos motores, el del mercado interno y el externo, dejaban de funcionar y se deslizaban por la pendiente de la desaceleración hacia el precipicio de la recesión inflacionaria. Dejó en las manos invisibles del mercado los ajustes automáticos. Le resultó más afrodisiaco y rentable para sus ambiciones principescas su papel adicional de recadero de Los Pinos que el de bombero económico de circunstancia. El primer motor que falló fue el único que controla el Estado: el fiscal. El piloto Videgaray no hizo el esfuerzo necesario para que se aplicara el gasto de acuerdo con el calendario presupuestal, el cual se desplomó globalmente en poco más del 10 por ciento, en términos reales, en

Gasto del gobierno federal Programable Corriente Servicios personales Materiales y suministros Inversión física Directa Indirecta No programable Costo financiero Interna Externa

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

batir la pobreza, cerrar la brecha de la desigualdad que divide a los mexicanos, promover la equidad, la cohesión y la elevación de la vida de las familias mexicanas; garantizar la seguridad, la justicia y la paz para las familias.

Los ejes y los motores de la carreta Desdichadamente, en el transcurso de 2013, los viejos motores del crecimiento dejaron de funcionar y los ejes resultaron ser de una carreta que se hundió penosamente en las aguas estancadas de la economía. El primer año del retorno de los símbolos del pasado fue atroz para la sociedad y la economía. Registró el peor comportamiento desde 2001. El paquete económico de 2013 quedó en los anales de las cosas que nunca existieron. Nació muerto. CONTRALÍNEA

El gabinete económico omitió actuar, pese a que los mercados interno y externo se de saceleraban. En el primer trimestre de 2013, el gasto público federal se desplomó más del 10 por ciento

el primer trimestre del año, comparado con el mismo lapso de 2012. Luego, su ejercicio fue lento y sólo tendió a ajustarse precipitada y desordenadamente a la trayectoria prevista hacia el tercer y último trimestres del año para evitar subejercicios. Tampoco hizo nada para diseñar un programa contingente anticrisis, una vez que eran evidentes los síntomas recesivos de la economía, que el programa se había descuadrado y las metas esperadas eran ya sólo una anécdota. Ni siquiera hizo el intento para simular que se encontraba acongojado por el asunto económico. Ni para ocultar la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la caída económica debido al cambio de administración, el proceso de aprendizaje de los nuevos Chicago Boys que llegaron a los puestos de mando de la burocrática telaraña de la Secretaría, el torpe, tardío y pésimo ejerci16 DE DICIEMBRE DE 2013

CAPITALES

Iván Stephens/Cuartoscuro

El año del desencanto: crecimiento y empleo (2013) Primeros años de gobierno

4A cambio de las “reformas estructurales”, Peña Nieto y Luis Videgaray sacrificaron la economía a corto plazo

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cio del gasto público y las múltiples barreras existentes que entorpecen su aplicación desde su aprobación. De acuerdo con su actuación, Peña Nieto y Videgaray prefirieron sacrificar el corto plazo en favor de los pactos palaciegos con los partidos y un selecto club de “notables” al margen de la sociedad, con el objeto de imponer las antipopulares contrarreformas estructurales neoliberales. Con la maduración de éstas esperan que la economía acelere su ritmo de crecimiento en la segunda mitad del sexenio y termine con una tasa de 5 por ciento en 2018 y la creación de 1 millón de nuevos empleos en ese año. De paso, inmolaron a la población y las empresas. Los esfuerzos se concentraron en tratar de sacar adelante lo más rápido posible los cinco acuerdos y las 95 propuestas de reformas firmadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y la chiquillería, los partidos rémoras del Congreso de la Unión. A la contrarreforma neoliberal laboral se sumaron otras como son hasta el momento: la educativa, de telecomunicaciones, la financiera, la fiscal. Esta última reproduce el mismo esquema seguiCONTRALÍNEA

Archivo Contralínea

4En este gobierno, la única vía para los opositores a las reformas y defensores de las riquezas de la nación es la protesta en las calles, que irremediablemente se topará con los aparatos represivos del Estado

do para su aprobación: la “negociación” en las penumbras y al margen de los reclamos de las mayorías; el funcionamiento del mercado mafioso del Congreso, donde se transan las leyes de acuerdo con los intereses y compromisos de los partidos; el atropello del proceso legislativo (dispensa de lecturas, por ejemplo); la precipitada votación de las ciegas manadas de los congresistas que desconocen los contenidos pero que se alinean al mandato divino (cosa de premios y castigos); el mayoriteo y el desprecio a los juicios opositores razonables, pese a que se pisoteen los intereses nacionales y de la población y se tuerza el cuello a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la deliberada ambigüedad a los cambios en la Carta Magna para violentarla aún más con las leyes secundarias… Así el PAN, por ejemplo, obtuvo, con algunos ajustes, la concesión del PRI para alcanzar otro más de sus dorados sueños neoporfiristas: la reelección de diputados, senadores y alcaldes, sin crearse mecanismos que les obligue a rendir cuentas y que castigue sus tropelías, entre otros cambios. Sólo falta la reelección Presidencial. A cambio de esa transacción, el PRI podrá cruzar sin contratiempos la aduana legislativa para realizar su fantasía depredadora neoliberal: subastar la joya de la corona a las corporaciones; reprivatizar la inCONTRALÍNEA

dustria petrolera con un dadivoso premio adicional: la eléctrica. ¿Los peñistas se convertirán en comisionistas o en socios? Al menos otros que actuaron como ellos ya gozan del pago a sus leales servicios: han sido contratados como mascotas por las empresas beneficiarias. A los opositores y defensores de las riquezas de la nación sólo les quedan las calles, donde la protesta pacífica es sinónimo de derrota bovina ante la ferocidad adquirida por los mastines represivos del Estado. Para octubre, el gasto público real acumulado sólo mostraba un rezago de 0.4 por ciento respecto al mismo lapso de 2012. Sin embargo, esa “regularización” es irregular y desigual; tiene serios efectos multiplicadores y muestra graves atrasos. Por ejemplo, la inversión directa del gobierno federal observa un retroceso de 13.5 por ciento, o materiales y suministros de 16.2 por ciento. Por ramos administrativos del gasto del sector público, el de energía evidencia un desplome de 77 por ciento (¿para agravar su deterioro y justificar la reprivatización?); medio ambiente y recursos naturales, 18 por ciento; desarrollo social, 7 por ciento (¿el México sin exclusiones, de combate a la pobreza, de clases medias?); comunicaciones y transportes, 0.2 por ciento; educación pública, 2 por ciento (¿ahorros 16 DE DICIEMBRE DE 2013

Iván Stephens/Cuartoscuro

CAPITALES

4Desde la dirección del Banco de México,

Desempeño de la demanda, 2012-2013

Carstens impulsó las “reformas” estructurales que reprivatizarán el sector energético

de la contrarreforma?); o turismo 35 por ciento. Del lado de las cuentas nacionales, en el primer semestre, el consumo público real apenas aumentó 0.3 por ciento contra el mismo periodo de 2012. Es decir, cayó 93 por ciento. La inversión pública decreció 7.4 por ciento. Un año antes había crecido en 6 por ciento. Por añadidura, al paralizarse el primer motor, el segundo, el privado, siguió el mismo curso. En un efecto en cascada, el retraso en el gasto público puso en serios apuros a decenas de miles de empresas de diversos tamaños que dependen, directa o indirectamente, de las compras, inver42

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CONTRALÍNEA

siones y otras operaciones con el Estado, o por la postergación en el pago de facturas. Ello explica las airadas protestas empresariales que exigían el ejercicio del gasto estatal. A lo anterior hay que agregar la pérdida de los ingresos reales de la población, debido a la inflación general y de la canasta básica en particular. El motor del consumo privado real en el primer semestre creció en 3 por ciento, contra una tasa de 5.3 por ciento de hace 1 año: bajó 44 por ciento. La inversión privada creció a una tasa de 6.5 en 2012 y en 2 por ciento en 2013; fue 68 por ciento menor. Para agosto, la inversión productiva acumulaba un retroceso de 0.9 por ciento y la inversión en 4.5 por ciento. A junio de 2012, la inversión total (pública y privada) había sido de 6.5 por ciento y 1 año después decrecía en 0.9 por ciento. Con los motores internos paralizados, la situación se agravó por el atascamiento del externo. Las exportaciones de bienes y servicios representan el 15 por ciento de la demanda total de la economía. En la pri-

El aumento al salario mínimo se desvaneció frente a la inflación del 5 por ciento de la canasta básica y el alza a los precios de los combustibles

se ubicará en poco más de 20 mil millones. La meta esperada era de 15.2 mil millones de dólares. La meta de precios programada fue de 3 por ciento y será del orden de 4 por ciento. La inflación de la canasta básica pasará de 4 por ciento en 2012 a 5 por ciento en 2013, aunque sólo algunos precios como los esquizofrénicos de la electricidad, el gas y las gasolinas, o los impuestos prediales devoraron los 2.37 pesos en que generosamente aumentaron en promedio los salarios mínimos este año. El déficit fiscal esperado era de 326.3 mil millones de pesos (2 por ciento del producto interno bruto, PIB), pero cerrará en 394 mil millones (2.4 por ciento del PIB). ¿A qué “solidez macroeconómica y financiera se referirán Peña, Videgaray o Agustín Carstens? En materia de empleos, Jesús Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, recién estimó que en 2013 se crearán de 450

Primer año del peñismo: empleo, desempleo e informalidad Ocupados 2012, diciembre 2013, septiembre Diferencia

49,077 49,577 500

Miles de personas Desocupados Disponibles para trabajar 2,508 2,733 225

6,356 6,168 -189

Informales 13,677 13,946 269 Fuente: Inegi

mera mitad de 2012 las ventas externas aumentaron 5.7 por ciento, y en el mismo lapso de 2013 en 0.9 por ciento. Es decir, decreció apenas en 84 por ciento. En esa lógica, era imposible que se cumplieran las metas económicas programadas para 2013. Lejos quedó el mediocre objetivo de crecimiento, estimado en 3.5 por ciento. Con trabajos, la economía apenas rasguñará la tasa del 1.2 por ciento, apenas un tercio de lo propuesto. ¿A eso se le puede llamar crecimiento? O es el estertor de un cuerpo agonizante. Lo llamativo es que a pesar de la recesión y el estancamiento económico, el déficit externo aumentó desproporcionadamente. En 2012, la balanza comercial arrojó un déficit por 47.5 millones de dólares. En octubre de este año fue negativa en 3 mil millones y cerrará el año en alrededor de 3.6 mil millones. La cuenta corriente pasó de un déficit de 14.6 mil millones en 2012 a 15.6 mil millones hasta septiembre de 2013. Al término del año CONTRALÍNEA

mil a medio millón de nuevas plazas, aunque habían proyectado de 600 mil a 700 mil, y el país requiere anualmente 1.2 millones. Hasta octubre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contabilizaba 570 mil nuevos trabajadores registrados. De ellos, 490 mil fueron contratados permanentemente. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabiliza hasta septiembre 500 mil nuevos puestos. Los desempleados sumaron 225 mil para totalizar 2.7 millones; los informales 269 mil, equivalentes al 54 por ciento de los ocupados. En total son 13.9 millones. Al inicio del peñismo eran 13.7 millones. Los dos últimos conecptos suman 494 mil. Como en el pasado, con el peñismo la economía es una fábrica de desempleados, informales y trabajadores que dejaron de buscar un empleo (6.2 millones). El total de ocupados son 49.5 millones. Los otros, 22.8 millones. 16 DE DICIEMBRE DE 2013

El nuevo curioso consenso

Sergio Ortiz

CAPITALES

Lo peor de todo es que el presupuesto y la política económica para 2014 también fueron diseñados para un mundo que no existe. Por ejemplo, la tasa de crecimiento (1.8 por ciento) y la tasa de la inflación (3.5 por ciento) serán diferentes a las utilizadas para estimar su desempeño en 2014, al igual que el déficit corriente (19 mil millones de dólares). La historia se repite en el caso del consumo y la inversión. En particular, en el caso de la inflación probablemente se presente una burbuja debido al aumento del IVA (impuesto al valor agregado) en la zona fronteriza. Para 2014 se espera que cada variable señalada sea de 3.9 por ciento, 3 por ciento y 21.4 mil millones de dólares. Navarrete Prida hace cuentas alegres y supone que una tasa de crecimiento de 3.5 por ciento generaría unos 800 mil nuevos empleos. El paquete económico tiene un optimista supuesto fundamental: considera los efectos multiplicadores

El aumento del IVA en la zona fronteriza podría generar una burbuja inflacionaria no prevista por las autoridades económicas

de las reformas estructurales aprobadas y las que se suscribirán, así como una expansión de la economía estadunidense de 2.6 por ciento, en concordancia con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). ¿Son realistas las metas? Ante todo, debe descontarse la contribución de los aumentos salariales en la demanda. Si es en línea con la inflación esperada, los salarios mínimos recibirán en 2014 otros 2 jugosos pesos diarios más. Pasarían de 63.12 pesos a 65.33. Los contractuales aumentarán en alrededor de 4 pesos. A ellos debe restarse el efecto de la inflación y las alzas en el gas, la electricidad, las gasolinas, la lluvia de impuestos que se tendrán que pagar el próximo año (IVA, impuestos a la renta y especiales), los gravámenes a las prestaciones sociales. Más que mejorar el poder real de compra, éste se reducirá. El motor del 44

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4El próximo año, el salario mínimo pasará de 63.12 pesos a 65.33. En la incertidumbre económica, la mayoría de los mexicanos

consumo seguirá deprimido. El gasto público programable pagado proyecta un alza real de 9.4 por ciento. En algo puede ayudar al crecimiento; siempre y cuando los nuevos impuestos y el aumento de los precios públicos y de la economía no afecten la recaudación, que se espera se eleve en 4.6 por ciento, y el déficit fiscal previsto no se dispare del nivel de 620 mil millones de pesos, el cual será financiado con más deuda; y que ya se haya pagado la novatez, la negligencia y las deficiencias en la conducción económica de Videgaray, pero sobre todo, que se acuerde que es secretario de Hacienda y Crédito Público. Pero todo depende de las reprivatizaciones neoliberales y las montañas de dólares que supuestamente ingresarán a México. A esos factores está atado el creCONTRALÍNEA

ne que la economía crecerá en 3.2 por ciento en 2014, lo que generaría 600 mil nuevos puestos de trabajo, cuando se necesitan al menos 1 millón. Troy Wright, del Grupo Financiero Scotiabank, no se queda atrás en el mundo de las decepciones. Dice, sobre el primer año peñista, “no es lo que esperábamos”. En 2014 la economía crecerá en 3.5-4 por ciento, “pero vemos algunas oportunidades de crecimiento que no dependen de las reformas”. Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, lamenta que donde se ha registrado menos avances con el gobierno actual es del lado del crecimiento económico y del cumplimiento del estado de derecho. El consenso empresarial gira entre el desencanto y su pesimismo sobre el futuro inmediato. En el caso del motor externo, el FMI estima que la expansión estadunidense pasará de 1.6 a 2.6 por ciento entre 2013 y 2014. Tan mediocre como el mexicano, cuya tasa estima, se elevará de 1.2 a 3 por ciento. En términos de crecimiento, bienestar, del país próspero, incluyente, de clase media, tendrá que postergarse más allá de 2014. O del sexenio peñista.3 *Economista Archivo Contralínea

cimiento, el empleo y el bienestar. Carstens dice que “las reformas son muy importantes por varias razones, la más fundamental es porque hará a muchos sectores más competitivos y en otros casos hará más baratos los insumos o los productos finales”. Entre esos insumos se considera la contrarreforma laboral, que busca abaratar los costos del trabajo: salarios, prestaciones o despidos, fórmulas que nada tienen que ver con el empleo digno, estable y mejor pagado, lo que contribuiría al bienestar. Luis Robles Miaja, del BBVA Bancomer, primero dice que 2013 fue “mediocre”. Luego desinfla las ilusiones, pues agrega: las reformas económicas estructurales no pueden verse como “arte de magia, hacer la reforma y automáticamente poner a trabajar la máquina y producir crecimiento [...] Son de gran calado…”, pero no tienen un efecto inmediato en el crecimiento de la economía, “no actúan por arte de magia”. Los gurús económicos del sector privado consultados por el Banco de México suponen que en 2013 la economía crecerá en 1.24 por ciento y en 2014 en 3.41 por ciento. Jonathan Heath, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, añade que el primer año del gobierno de Peña Nieto fue una “desilusión”, y supo-

4En el mejor escenario, el crecimiento de 3.2 por ciento generaría 600 mil nuevos puestos de trabajo, cuando se necesitan al menos 1 millón. En la imagen, personas en busca de una oportunidad laboral

CONTRALÍNEA

16 DE DICIEMBRE DE 2013

LÍNEA GLOBAL

16 DE DICIEMBRE DE 2013

CONTRALÍNEA

Estados Unidos lanza estrategia MILITAR PARA EL ÁRTICO Dinero y militares: las señales de que Estados Unidos va con todo por apropiarse del Ártico. Llega tarde a la carrera: Rusia le lleva la delantera desde el punto de vista tecnológico en el área. La apuesta estadunidense parece ser, al mismo tiempo, la confirmación de que el cambio climático no se detendrá y los casquetes polares se derretirán. Incierta, la cantidad de petróleo contenida en esas regiones Carey L Biron/IPS/Ilustraciones: Manrique

CONTRALÍNEA

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LÍNEA GLOBAL

ashington, Estados Unidos. Este país lanzó una estrategia global para su actividad militar en el Ártico, destinada oficialmente a equilibrar “la seguridad humana y la del ambiente” en la región, pero en la que activistas ven una ofensiva para crear mejores condiciones de negocios para la explotación de sus ricos yacimientos de hidrocarburos. “Esta nueva estrategia tiene una enorme importancia porque reconoce la creciente influencia de la región del Ártico para Estados Unidos y como una zona de posibles operaciones militares”, dice a Inter Press Service (IPS) el investigador Seth Myers, del Instituto Ártico, un centro de estudios con sede en Washington. “Pero la cuestión más importante que plantea es cómo se pagarán las nuevas capacidades”, en una época de intensos recortes presupuestarios en Washington, agrega. La estrategia presenta al Ártico como si estuviera en un “punto de inflexión” por la reducción de la capa de los hielos y el aumento de la actividad humana. En 2012, los científicos registraron los menores niveles de hielo ártico en la historia, mientras que unos 500 barcos navegaron las aguas del Océano Ártico entre Alaska y Rusia, un número 50 por ciento superior al que transitaba la zona a mediados de la década pasada. El secretario de Defensa estadunidense, Chuck Hagel, dijo que los expertos prevén que esa cifra de naves se multiplique por 10 en la conocida como “Ruta del Mar del Norte”. “Ahora que las rutas marítimas del Ártico empiezan a registrar más actividades como el turismo y la navegación comercial, el riesgo de accidentes aumenta”, dijo Hagel el 22 de noviembre pasado en el V Foro de Seguridad Internacional, celebrado en la ciudad canadiense de Halifax y en el que lanzó la nueva estrategia. El secretario reconoció que “la migración de las poblaciones de peces llevará a los pescadores a áreas nuevas, desafiando los planes de gestión vigentes. “Y aunque habrá un mayor potencial para explotar lo que puede llegar a representar 25 por ciento aún sin descubrir del petróleo y gas del planeta, una avalancha de interés en la exploración de energía tiene el potencial de aumentar las tensiones con respecto a otros temas”, advirtió. Actualmente los científicos sugieren que las aguas del Ártico podrían quedar casi totalmente libres de hielo durante 1 mes al año desde mediados de la próxima déca48

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da, y extenderse más tiempo estos periodos de deshielo total desde 2030. Algunos temen que estas nuevas condiciones provoquen un “todo vale” mundial. Hagel consideró esto como “desafíos sin precedentes”, y continuó: “A lo largo de la historia, la humanidad compitió por descubrir la próxima frontera. Una y otra vez, el descubrimiento fue rápidamente seguido por el conflicto. “Debemos manejar con prudencia estas posibilidades del siglo XXI. Con el fin de aprovechar todo el potencial del Ártico, las naciones deben colaborar y fomentar la confianza mediante la transparencia, la cooperación y el compromiso.”

¿Un nuevo liderazgo? La nueva estrategia se dio a conocer mientras Estados Unidos se prepara para asumir, en 2015, la presidencia rotatoria del Consejo del Ártico, un foro intergubernamental clave para la gobernanza regional. La presidencia del Consejo brindará a Washington un liderazgo renovado en temas del Ártico. De hecho, muchos ven en la nueva estrategia militar un paso importante para consolidar la naciente política de Estados Unidos sobre el tema en general, aunque por el momento esa visión se mantiene relativamente vaga, quizá estratégicamente. El Pentágono (Ministerio de Defensa de Estados Unidos) señala que tratará de ampliar su comprensión del ambiente del Ártico y su presencia en la región, mientras promueve la colaboración en una serie de temas. Actualmente Estados Unidos mantiene unos 27 mil efectivos militares en Alaska. Hagel afirmó que la Armada presentará un nuevo plan para sus operaciones a finales de año. Pese a esa cifra, en algunos aspectos, Washington arranca desde una posición relativamente débil. Otros países del Ártico ya se movieron con mayor decisión para ocupar su lugar en la región. Mientras, debido a los recortes presupuestarios federales, las Fuerzas Armadas estadunidenses lidian con su primera reducción de fondos importante en décadas. Está previsto que los recortes anuales continúen a lo largo de la próxima década. “No es para nada cierto que Estados Unidos sea líder en este punto [del Ártico]. Según los indicadores cuantificables, Rusia tiene, por lejos, la mayor cantidad de intereses y capacidades”, refiere el investigador Myers. Por ejemplo, Washington “sólo tiene dos rompehielos en la región, propiedad de la Guardia Costera, y ahoCONTRALÍNEA

ra mismo, el grado en que Estados Unidos va a ser una presencia activa en el corto y mediano plazo sigue siendo incierto, en gran parte por los recortes presupuestarios. “Por eso su estrategia pone tanto énfasis en las asociaciones” (con terceros), agrega.

La carrera militar del Norte A otros les preocupa la forma que podrían tomar esas asociaciones, y la mezcla final de sus objetivos. La nueva estrategia militar se basa en un documento de visión más inmediata, presentado a principios de 2013 por la Casa Blanca, que fue criticado por centrarse demasiado en el potencial de extracción de combustibles fósiles. Críticas similares recibió la orientación política del propio Consejo del Ártico, conformado por los ocho países del área. “Nos complace que la estrategia para el Ártico del Departamento de Defensa reconozca la disminución de los casquetes de hielo en el Ártico”, comenta a IPS el activista Gustavo Ampugnani, líder del equipo ártico de Greenpeace, organización muy crítica con la especulación petrolera en la zona. “Pero el enfoque no debe verse como una oportunidad para las empresas, ni para crear mejores condiciones de negocios para la explotación de sus recursos”, remarca. Señala que “el derretimiento del hielo marino en el Ártico es un símbolo de la

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destrucción del planeta, no un incentivo para ir allí y tomar todo lo que hasta hace muy poco no era posible tomar”. Según cálculos de Estados Unidos, el fondo del Océano Ártico alberga una proporción importante de las reservas de hidrocarburos sin explotar del planeta, incluidos alrededor de 15 por ciento del petróleo y hasta un 30 por ciento de los yacimientos de gas. La estatal rusa Gazprom ya comenzó a perforar en busca de petróleo en un lugar donde 30 activistas de Greenpeace fueron detenidos en septiembre y varios siguen presos. Mientras, la compañía angloholandesa Shell intentó hacerlo varias veces en aguas estadunidenses. “Si los países otorgan concesiones para permitir más espacio a las corporaciones petroleras, se acelerará no sólo la industrialización del Ártico, sino también las inversiones en presencia militar, [impulsoras de] una carrera militar en el llamado Lejano Norte”, según Ampugnani. “Desde nuestra perspectiva, la mejor manera de mantener a la región en paz, estable y libre de conflictos, es darle prioridad a la labor científica, en un espíritu de cooperación, para entender más cómo el ecosistema del Ártico es clave para la regulación del clima mundial”, concluye. Washington le restó importancia a posibles tensiones en la región derivadas de los recursos naturales en el futuro inmediato, con el argumento de que la mayoría de las reservas de petróleo y gas está relativamente cerca de la costa y, por lo tanto, dentro de aguas territoriales claramente definidas.3

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En algún momento del año, más de 17 millones de hogares estadunidenses no tuvieron comida suficiente. Mientras la pobreza se agudiza, el gobierno de Estados Unidos retira fondos para combatir el hambre Deisy Francis Mexidor/Prensa Latina/Ilustraciones: Manrique

l recorte automático de fondos federales, en vigor desde el 1 de noviembre de 2013, dejó a la deriva a 47 millones de personas en Estados Unidos que dependen de cupones de alimentos para sobrevivir. La coyuntura ocurre ante la falta de acuerdo en el Congreso para una Ley Agrícola y representa, de momento, la eliminación de 5 mil millones de dólares de los gastos del gobierno en el llamado Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por su sigla en inglés) el año próximo. Según estimados, esto impactará directamente sobre el 14 por ciento de los hogares del país.

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LÍNEA GLOBAL El programa de cupones de alimentos integra el proyecto de Ley Agrícola que se aprueba cada 5 años, destacan medios digitales. Algunos críticos consideran que los recortes son resultado directo de la estrategia presupuestal del presidente Barack Obama, quien también contempla disminuciones al Seguro Social y al Medicare (el plan del gobierno para la atención médica a las personas mayores de 65 años). Las negociaciones de la Ley Agrícola están en marcha desde el 30 de octubre entre el Senado y la Cámara de Representantes. De concretarse estas negociaciones, eliminarían durante 10 años entre 4 mil 500 millones, que proponen los senadores demócratas, y 40 mil millones, que piden los legisladores republicanos en la Cámara de Representantes. Sólo la versión de la Cámara de Representantes deja fuera del programa a unos 5 millones de personas y alrededor de 280 mil niños, beneficiados con almuerzos escolares gratuitos. En 2009, cuando estalló la ola de desempleo en ese país, el 15 por ciento de la población se encontraba por debajo del nivel de pobreza oficial. Fue entonces que la denominada Ley de Estímulo le agregó un subsidio a los pagos mensuales en cupones de alimentos. Tal subsidio varió, pero en promedio fue de 9 mil millones de dólares anuales en correspondencia con la cantidad de estadunidenses que han necesitado los cupones de alimentación, la cual se disparó de 36 millones a la cifra actual de 47 millones de personas. De los receptores del plan, el 15.6 por ciento son familias hispanas, según el Departamento de Agricultura, al precisar que la mayor incidencia será en los estados con alta población latina como Florida, California, Texas y Nueva York. 52

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Las estadísticas indican también que el 76 por ciento de los hogares que reciben estas estampillas tienen un niño, persona discapacitada o adulto mayor. Justo con la ejecución de la medida termina el apoyo federal otorgado al SNAP, que fue promovido como un

En Estados Unidos, 47 millones de personas en pobreza requieren los cupones de alimentación. Sin embargo, 5 millones no tendrán acceso a éstos

estímulo en 2009 a raíz de la recesión y el desempleo en el país. Además de la obvia disminución para poder adquirir alimentos, esto podría generar problemas de salud, como malnutrición y bajo desarrollo intelectual o desencadenar enfermedades, advierten medios de prensa. La cadena CBS dijo que con el clima invernal muchas familias tendrán que elegir entre pagar sus cuentas de energía o comprar comida, e incluso entre ir al médico o comprar alimentos para sobrevivir. Legisladores republicanos plantean aprobar una nueva ley reinstalando límites CONTRALÍNEA

del beneficio de las estampillas a adultos de 18 a 50 años sin niños y sin discapacidades. También suprimiría del programa la “elegibilidad categórica”, que ofrece este beneficio a familias que ganan poco más del nivel de pobreza pero tienen dificultades económicas, con lo cual 3.8 millones de personas se quedarían fuera. La ordenanza impactará en cada entidad de Estados Unidos; por ejemplo, California experimentará una caída de 457 millones de dólares en el gasto para 2014, mientras Texas perderá 411 millones. Ben Budowsky, un exasesor de importantes figuras políticas estadunidenses, calificó –en un artículo de opinión aparecido en el diario digital The Hill– que este 1 de noviembre (fecha de entrada en vigor de la medida) vivirá “en la infamia”. Mientras el promedio industrial Dow Jones se dispara a máximos históricos y las elites estadunidenses se preparan para celebrar la temporada navideña próspera, más hambrientos son ignorados en tanto reina el silencio de los políticos y los medios los ignoran, aseguró el experto. Los republicanos atacan “los programas para alimentar a los hambrientos con hostilidad y ferocidad”, indicó el articulista, y planteó que la mejor manera de reducir el costo del programa de cupones de alimentos es que más estadunidenses salgan de la pobreza. Recientemente el diario The New York Times señaló en un editorial que la decisión de cortar los bonos de alimentos en Estados Unidos es un insulto a los pobres y un acto de suprema indiferencia contra ese sector. Por otra parte, el Departamento de Agricultura informó que 17.6 millones de hogares no tuvieron suficiente para comer en algún momento de 2012, al carecer de los recursos a fin de poner alimentos en la mesa. Informes de organizaciones independientes y del gobierno advirtieron igualmente que se mantendrán elevados los niveles de pobreza, porque ha sido una tendencia al alza en la última década.3 CONTRALÍNEA

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UN SIONISTA DE SIEMPRE François Hollande ganó la elección presidencial en Francia con base en la ambigüedad. Pero basta con releer sus discursos para comprobar su inquebrantable respaldo al Estado de Israel. El cambio que anunció a sus electores no se ha producido. Lo que se ha visto, por el contrario, es una continuidad con la política de su predecesor. Lo mínimo que puede decirse es que Francia ha abandonado su política de independencia para ponerse del lado de Estados Unidos y del último Estado colonial Thierry Meyssan/Red Voltaire-Al Watan/Ilustraciones: Manrique

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lgunos comentaristas han explicado la posición de Francia en las negociaciones 5+1 con Irán como el resultado de un compromiso con Arabia Saudita o incluso haciendo referencia al sionismo del ministro francés de Relaciones Exteriores, Laurent Fabius. Eso equivale a ignorar el profundo cambio de la política de Francia en Oriente Medio en los últimos 9 años. Todo comenzó en 2004, con la ruptura entre Jacques Chirac y Bashar al-Assad. El presidente sirio

había prometido a su homólogo francés que favorecería a la petrolera Total en el marco de una licitación. Pero la proposición francesa que llegó a Damasco era tan desventajosa para Siria que el presidente Assad la rechazó. Furioso, Jacques Chirac rompió con Siria y presentó la resolución 1559 al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Más tarde, los franceses eligieron presidente a Nicolas Sarkozy sin saber que este personaje había crecido a la sombra de uno de los principales jefes de la Agencia Central de Inteligencia estadunidense (CIA, 56

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por su sigla en inglés) Frank Wisner hijo. Además de ser un producto estadunidense, Nicolas Sarkozy se había dado cuenta de que tenía ancestros judíos y había cultivado sus relaciones israelíes. Su política exterior la dictaba Washington. Pero como en aquel entonces no había diferencias entre la política exterior de Israel y la de Estados Unidos, lo que se veía era que Nicolas Sarkozy se alineaba con ambos países. François Hollande fue durante 10 años secretario general de su partido, precisamente gracias a su mediocridad. Como no dirigía ninguna corriente política ni estaba demasiado vinculado a ningún líder, podía ocuparse de la casa manteniendo un equilibrio entre los aspirantes a la Presidencia. Se esmeró en no tener opiniones personales, en mantenerse lo más invisible posible. Así que durante su campaña electoral, en la carrera por la Presidencia de Francia, todo el mundo creyó que era un hombre moderado que sabría rodearse de personalidades con experiencia. Sus electores fueron los primeros engañados. El verdadero François Hollande sólo pudo verse a su llegada a la Presidencia de la República Francesa. Experto en cuestiones de política interna, el hombre no sabe gran cosa en materia de relaciones internacionales. Las convicciones que Hollande expresa en este último campo son las de ilustres personalidades socialistas. Fue así como, en su investidura como presidente de Francia, invocó a Jules Ferry, teórico de la colonización. En el diario Le Figaro, su amigo el presidente israelí Shimon Peres comparó a Hollande con León Blum y con Guy Mollet, otros dos presidentes de Francia. El primero, León Blum, quiso adelantársele en 1936 al Reino Unido proponiendo la creación del Estado de Israel en el actual Líbano, territorio que entonces se hallaba bajo mandato francés. Por su parte, Guy Mollet trató de apoderarse del Canal de Suez en 1956 con ayuda del Ejército israelí. En sus 10 años a la cabeza del Partido Socialista francés, François Hollande limitó sus intervenciones sobre temas de Oriente Medio. Veamos algunas de ellas: • En 2000, en momentos en que el Sur del Líbano se encuentra bajo la ocupación israelí, Hollande prepara con Bertrand Delanoe –actualmente alcalde de París– el viaje del entonces primer ministro francés Lionel Jospin a Palestina. Su discurso incluye una condena contra el Hezbolá, al que presenta como una organización terrorista. CONTRALÍNEA

• En 2001 exige la renuncia del experto en geopolítica Pascal Boniface, por haber criticado en una nota interna el ciego respaldo del Partido Socialista francés a Israel. • En 2004 escribe al Consejo Superior Audiovisual para cuestionar la autorización de transmisión concedida a Al-Manar, la televisión satelital del Hezbolá. Hollande seguirá presionando a ese órgano estatal francés, que finalmente decide censurar la televisión de la resistencia libanesa. • En 2005 se reúne a puertas cerradas con el Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia (Crif, por su acrónimo en francés). Según el acta de la reunión, Hollande expresa su respaldo a Ariel Sharon y critica duramente la política gaullista hacia el mundo árabe. Según el documento del Crif, Hollande declara: “Existe desde hace mucho tiempo una tendencia, lo que se denomina como la política árabe de Francia, y no se puede permitir que una administración tenga ideología. Hay un problema de reclutamiento en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en la ENA [Escuela Nacional de Administración] y habría que reorganizar ese reclutamiento.” • En 2006 arremete contra el presidente iraní Mahmud Ahmadineyad, quien había invitado a Teherán a un grupo de rabinos y de historiadores entre los que se hallaban algunos negacionistas. Hollande finge ignorar el sentido real del encuentro, cuyo objetivo es mostrar que los europeos han adoptado el Holocausto como religión en lugar de su propia cultura cristiana. Hollande llega a afirmar que el presidente iraní niega a los israelíes el derecho a existir como personas y que incluso está preparando la continuación del Holocausto. • También en 2006, Hollande reclama la liberación del soldado israelí Gilad Shalit; reclamo que justifica invocando la doble nacionalidad israelofrancesa de Shalit y pasando por alto que el joven fue hecho prisionero mientras servía en las filas de un Ejército de ocupación en guerra contra la Autoridad Palestina, igualmente considerada como aliada de Francia. • En 2010, Hollande publica en el diario Le Monde, con Bertrand Delanoe y Bernard-Henry Levy, una tribuna en la que se opone al boicot contra los productos israelíes, medida que califica de castigo colectivo impuesto a los israelíes que trabajan a favor de la paz con los palestinos, un razonamiento al que nunca recurrió cuando se produjo CONTRALÍNEA

una campaña similar contra Sudáfrica, en tiempos del Apartheid. En resumen, antes del acercamiento entre Francia y Arabia Saudita, e incluso antes de ser presidente, François Hollande ya había expresado su respaldo al Estado colonial israelí. Y también había condenado el Eje de la Resistencia (Irán, Siria, Hezbolá). Por lo tanto, lo que en realidad se produjo fue un movimiento inverso a lo que se nos dice: con la aplicación del Pacto del USS Quincy, fue Arabia Saudita la que se acercó a Francia debido a su política proisraelí.

La política del Partido Socialista en general y de François Hollande en particular tiene sus raíces en el colonialismo del siglo XIX, que tuvo en Jules Ferry un portavoz y un promotor en Theodor Herzl. Hoy en día, los sionistas del Partido Socialista francés se han reagrupado por iniciativa del expatrón del Fondo Monetario Internacional, Dominique StraussKahn, en el discreto y poderoso Círculo León Blum…, cuyo presidente honorario, Jean-Marc Ayrault, fue nombrado primer ministro por el presidente Hollande.3 16 DE DICIEMBRE DE 2013

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Despertando DEL SUEÑO AMERICANO Sergio Ortiz, @sergio_contra

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levo acá más de 1 semana, aún estoy esperando a que me llamen, no tengo feria y, si no me traen nada… tendré que buscar algo de trabajo. Lo malo es que dicen que acá ya no hay trabajo”, platica, con nerviosismo, Francisco. El migrante mexicano, de 44 años de edad, fue deportado de Estados Unidos a Tijuana, y lleva 5 días en la Casa del Migrante. El Centro Scalabrini o Casa del Migrante lleva más de 25 años dando atención y albergue a más de 100 migrantes por semana en Tijuana, Baja California. Ha estado presente desde que Tijuana era el punto de más fácil acceso a Estados Unidos y hasta ahora, que es el punto de deportación más importante. Ubicado a tan sólo unos minutos de la frontera, en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad, la Casa del Migrante ha sido testigo de las violaciones más viles a los derechos humanos, tanto de funcionarios estadunidenses como de servidores públicos mexicanos. Con ahínco y con una red de apoyo tanto en México como en Estados Unidos, es como esta asociación ha salido adelante. Procura ofrecer buen trato, estadía y comida para todo aquel que “fracasa” en el intento de acceder al sueño americano.

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Desde su origen en 1987 y hasta ahora, esta institución ha albergado a más de 200 mil migrantes de diferentes partes del mundo. Desde 2004, la institución cuenta con un módulo de atención al migrante ubicado a unos metros del sitio de deportación. Dicho módulo se instaló desde que la disminución de flujo migratorio en Tijuana hiciera del estado un lugar sólo de deportación masiva. “Acá me he sentido tranquilo; muchos están pasando lo mismo que yo; y eso, pues te hace sentirte más relax”, asegura Alex, migrante proveniente de la delegación Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Espera regresar pronto con su pequeña hija que estudia la primaria. En su mayoría, los migrantes CONTRALÍNEA

fueron deportados por faltas administrativas: muy pocos tienen un registro delictivo en Estados Unidos. Los deportados que llegan a la Casa del Migrante tenían una vida establecida en los diferentes estados, mayoritariamente en California. La deportación por un parking ticket o por estar consumiendo bebidas alcohólicas en la calle son temas recurrentes entre ellos. “Mira, acá son pacientes, son tranquilos, pero afuera está lo pelado; afuera si no te roban los narcos, te roba la policía”, dice, preocupado, Asencio, de 34 años. Espera regresar a Estados Unidos para volver a encontrarse con su esposa. Justo en uno de los tantos límites entre Tijuana y Estados Unidos se encuentra la “otra” frontera. Se

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estima que viven más de 200 migrantes que no pudieron resolver su situación migratoria. La hostilidad de Tijuana los ha marginado aún más: su situación ahora es de calle. Muchos caen por primera vez en la drogadicción; otros vuelven. Su desolación empieza con la falta de papeles que los identifiquen y la desatención de un gobierno estatal al que se le complica el tema de la deportación. Y es que se estima que, cada semana, cerca de 100 migrantes son deportados y “dejados” a su suerte en Tijuana. Esto dificulta muchísimo tanto la situación laboral como la social en Baja California. Aunado a ello, los migrantes se enfrentan al crimen: al llegar a México primero son robados por las autoridades migratorias de Estados Unidos; después, por las autoridades nacionales, que han hecho del migrante un nuevo mercado negro. Finalmente, se enfrentan al crimen organizado, a las pandillas y al delincuente común. “Sólo estoy esperando la feria para volverme a cruzar pa’tras. Es que ya sale muy caro, y cruzar de acá ya es imposi-

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ble. Si no llego en 1 semana me quedo sin chamba allá”, comenta Jorge, con preocupación, quien trabaja como staff para un cine en Los Ángeles. Ésta es la segunda vez que lo deportan. La primera ocasión sucedió hace más de 15 años. Ahora, en un barrio a las afueras de Hollywood, vive con su familia; irónicamente su hija, de 23 años, nacida y educada en Estados Unidos, es policía de tránsito en California. Sin embargo, para muchos regresar a Estados Unidos no es una opción próxima. Ellos se quedan en Tijuana para trabajar con el riesgo de volver a ser violentados por las autoridades locales que, con cinismo, les roban sus pertenencias y violentan sus derechos humanos. “Creo que fue lo mejor que pudo pasar… Allá sólo me estaba dedicando a la maldad; ahora sólo quiero regresar con mi madrecita y conseguirme una buena morra para empezar de nuevo…”. Con ilusión y optimismo, Onésimo, de 26 años, espera regresar pronto a su comunidad indígena en Oaxaca para volver a

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encaminar su vida después de intentar el sueño americano por 8 años. Durante su estancia en Estados Unidos ejerció diversos empleos. Antes de dedicarse al narcomenudeo fue jardinero y albañil. El sueño americano se ha vuelto una pesadilla. La caída del mercado laboral en Estados Unidos, una creciente y voraz politización de la migración, la introducción de leyes antiinmigrantes en los estados más próximos a México y la cacería de mojados dentro del territorio estaduniCONTRALÍNEA

dense han abierto una guerra silenciosa en contra del latinoamericano. “Estoy más lejos de donde empecé… Acá no hay dinero ni oportunidades, y regresar a mi casa sale más caro que volverlo a intentar. No puedo dejar la vida que tenía allá, no me puedo quedar más tiempo acá, me molestan por ser como soy, ¿sabes?… Yo no puedo llegar a mi pueblo sin nada”, comenta Charlie, migrante cubano, que como muchos es originario de otras latitudes en Latinoamérica. Su

pueblo queda a más de 3 mil kilómetros de Tijuana. Esto es el sueño americano, así se vive todos los días de este lado debido a la fuerte afluencia migratoria en Tijuana. En la Casa del Migrante sólo se les permite una estancia de máximo 15 días. En ese breve lapso de tiempo ellos tienen que resolver su situación, ya sea al regresar a casa o al volver a intentar cruzar la frontera: allá donde muchos tienen una vida, una familia, un empleo, una oportunidad.3 16 DE DICIEMBRE DE 2013

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Álvaro Cepeda Neri*

José Francisco Cilia López: derechos humanos y jueces i la democracia representativa integrada por funcionarios electos y nombrados, y la democracia directa, la del pueblo, a través de quienes ejercen sus derechos conquistados en los Artículos 8, 9, 11, 39 y 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son vasos comunicantes en la medida que: “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”, entonces la conquista de los derechos humanos son el fundamento de ambas a través de sus componentes. Y es que con revoluciones, revueltas, rebeliones, huelgas y hasta manifestaciones contra los gobernantes han tenido que poner límites (el republicanismo) a quienes ejercen los poderes. Y con gloriosas revoluciones han conquistado libertades y derechos contra los abusos públicos y privados desde Atenas y Roma, donde su pivote han sido los derechos humanos que siguen siendo reconquistados en luchas abiertas y en los tribunales; cuando estas instituciones, tras un penoso aprendizaje, han tenido que resolver, como fines político-democráticos, lo establecido en los medios jurídicos del derecho positivo, que estructuran al llamado estado de derecho. Además de texto de consulta y para estudio en general, el libro de José Francisco Cilia López intitulado Los jueces nacionales frente a los derechos humanos, y su singular bibliografía, por su apoyo en la legalidad del tema, es de excelencia académica. Hace girar la exposición en la innovadora reforma constitucional promulgada en 2011 para reconocer, no para otorgar –dice su autor–, los derechos humanos a la sociedad civil. El que este estudio se apoye en los rendimientos de las sesiones y documentos generados por los jueces constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación evidencia su conciencia crítica con respecto de la creación jurídica del derecho positivo e histórico. Presentar el desahogo de los derechos humanos en todas las instancias de los tribunales del Estado mexicano, y gestionar sus resoluciones, implica una formación jurídica rigurosa. Es un estudio completo a través de siete capítulos, en los que Cilia López, con el derecho positivo como punto de partida, desarrolla lo que cita en el capítulo II (página 46 a la 53): que es un necesario repaso histórico del tránsito de los derechos humanos que inician desde el estira y afloja entre la democracia directa y la indirecta con los griegos-atenienses (Robert Cohen, Atenas, una democracia, Aymá editorial). Todo el recorrido temático del texto pone al lector al tanto del asunto que se ha puesto de actualidad en nuestro sistema judicial de derecho positivo, o como se dice:

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“de moda”, para hacer prevalecer los derechos humanos de los mexicanos desde una perspectiva nacional e internacional. Los estudiantes de las facultades de derecho sobre todo, y los lectores en general, tienen en él una guía indispensable que remata con la descripción de los nuevos fines de la Ley de Amparo, pieza clave para la defensa de los derechos humanos. Es un trabajo que logra su objetivo y brinda un servicio doble: académico-universitario y para la información de toda clase de lectores.3

Ficha bibliográfica: Autor: José Francisco Cilia López Título: Los jueces nacionales frente a los derechos humanos Editorial: Porrúa, 2013 *Periodista CONTRALÍNEA

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ISSN: 1665-1626 R E V I S TA S E M A N A L