Revolución Urbana
Revolución Urbana
Augusto Barrera, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, durante su participación en el Taller programático del Ejecutivo con el Legislativo
Dirección de Comunicación Secretaría Nacional de Gestión de la Política Cuaderno Nº35 2013 Quito Ecuador
Discursos de la Nueva Pol铆tica Revoluci贸n Urbana Intervenci贸n en el Taller program谩tico del Ejecutivo con el Legislativo
Quito, 09 de Abril de 2013.
Presentación
En el contexto de la reunión del Taller Programático del Ejecutivo con el Legislativo efectuado en abril de éste año, el actual Alcalde Metropolitano de Quito, el compañero Augusto Barrera, realizó una intervención que expresa el conjunto de limitaciones, retos y perspectivas de cara a la consolidación de la Revolución Urbana en nuestro país. En un impecable discurso, trabaja las inquietudes que sirven de guía para la acción política y la reflexión programática sobre el papel de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en la construcción del Buen Vivir en Ecuador. Desde la referencia de la Constitución de la República, que además de incorporar el tema de los derechos de la naturaleza, es una de las pocas Constituciones en el mundo que incorpora el derecho de la ciudad como derecho colectivo, resaltando la importancia de entender que la ciudad no es una mercancía, sino un producto social, y por lo tanto la gente tiene el derecho al disfrute, a la integridad, a un suelo seguro, a la movilidad, al espacio público y a un sentido de identidad y pertenencia; hasta la importancia de comprender que el eje de Revolución Urbana tiene, sin duda, efectos fundamentales para pensar en una matriz de desarrollo urbano, basada en este concepto de la ciudad como derecho colectivo; es el derecho a la seguridad y a la integridad personal, es decir, un barrio seguro, una vivienda digna, el disfrute
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del espacio público, el acceso a los servicios básicos y fundamental para nosotros: el derecho a la participación política de los ciudadanos en la construcción de su cotidianidad. Describe desde su experiencia como burgomaestre las limitaciones que deben confrontar los gerentes locales en el país, producto de la herencia de modelos de desarrollo locales desarticulados y enajenantes a la ciudadanía de sus derechos colectivos, que impregnaron la acción política previa a la Revolución Ciudadana en la mayoría de los municipios. Así, el crecimiento desordenado y caótico con una extensión de la mancha urbana sin planificación y los consiguientes costos ambientales, económicos y sociales; la preeminencia del capital inmobiliario y comercial en la gestión del suelo urbano, imponiendo la lógica del capital por encima de la necesaria construcción de lo público como espacio compartido para el desarrollo y el Buen Vivir, tratando el espacio público como residuo de la acumulación capitalista; el déficit de cantidad y calidad de viviendas, déficit acentuado en los sectores populares, pero también en las clases medias emergentes; además, con un modelo de movilidad basado en el auto privado y con rezagos institucionales y normativos que complican la gestión de lo público desde los espacios locales. Augusto Barrera, expone un conjunto de retos que deben ser considerados para el debate programático de los gobiernos locales, orientaciones que permiten incrementar la capacidad de respuesta de la Revolución Ciudadana en el territorio. Entre estos retos trabaja el ordenamiento
territorial como variable clave para el desarrollo local y el fortalecimiento de la autoridad municipal; discute sobre el modelo de vida urbana, los servicios básicos que supone la misma y la corresponsabilidad ciudadana en su construcción; coloca en perspectiva revolucionaria los temas de movilidad y transporte; se refiere sobre la gestión sustentable del espacio público y de los mecanismos de distribución de la renta urbana para finalizar con un conjunto de consideraciones y premisas jurídico normativas que deben conformar el debate actual sobre la Revolución Ciudadana en la urbe. 9
La pertenencia si bien se construye hasta llegar a este concepto potente de pueblo y de patria, se edifica en la misma localidad, en el vecindario, en la comunidad, en la liga barrial, en el parque, ahí se cimienta el nivel básico de pertenencia, esa dimensión no material del Buen Vivir y de la solidaridad, por eso es fundamental la discusión que hace éste discurso en esa dimensión estructural y profunda. Para la Revolución Ciudadana ésta discusión se torna crucial, reconociendo la existencia de municipios fuertes y otros tremendamente débiles, con poca capacidad de gestión. Se coloca en contexto la debilidad de los mecanismos legales y de planificación institucional, reconociendo que si bien avanzamos con el Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomías y Descentralización, COOTAD, podemos ser más claros en la definición de competencias, en la regulación del suelo y en la planificación territorial.
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Colocamos entonces, desde la Secretaría Nacional de la Gestión de la Política, este valioso aporte, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del debate, la discusión y la disputa programática que le dé sentido a la Revolución Urbana en el contexto de este hermoso proceso de transformación que es la Revolución Ciudadana, como un aporte para incrementar el sentido y la lectura política desde la experiencia de una gestión revolucionaria municipal.
Betty Tola Bermeo Secretaria Nacional de Gestión de la Política
Revolución Urbana Buenos días queridas compañeras y compañeros, Primero, esto lo he hecho de manera individual y ahora colectiva: darles un abrazo enorme y decirles que, efectivamente, este es un tiempo histórico del pueblo y por ello deseo transmitirles la certeza de que, frente a todas estas pequeñeces, se puede leer entre líneas la enorme fortaleza que es tener un proyecto político con una convicción ideológica y caminar en esta perspectiva. Esa es nuestra fortaleza, no es ninguna otra. Creo que en esa dirección estamos todos articulados a este proyecto. En el programa de gobierno hay una reflexión: en el buró y en la comisión programática se debatió mucho respecto de la pertinencia de ampliar el campo programático y uno de los elementos que se integran en esta nueva versión del programa de la Revolución Ciudadana es precisamente la Revolución Urbana. Quizá vale la pena ubicar elementos de contexto sobre la Revolución Urbana: ustedes saben que el mundo, pero particularmente América Latina y especialmente, Ecuador vive en un creciente proceso de urbanización. Nosotros, como país, fuimos, hasta prácticamente los años 60 e incluso los 70, una sociedad básicamente rural. Esa situación se ha transformado radicalmente en este momento y ahora, si nosotros miramos los datos del censo, el 68% de la población es urbana y creo que incluso esa estimación es menor.
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En América Latina tenemos ya una población urbana cercana al 74%; esto significa que prácticamente tres cuartas partes de la población vive en las ciudades, lo que reviste una implicación vital, y es que si no resolvemos radicalmente la construcción de derechos en las ciudades, toda la idea del Buen Vivir termina siendo etérea. El Buen Vivir tiene que expresarse, materializarse, territorializarse en las ciudades, porque, efectivamente, ahora 3 de 4 personas viven en la ciudades y eso implica evidentemente enormes desafíos.
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El segundo elemento que hay que identificar es que el país vivió una explosión de procesos de constitución y de fragmentación de su territorio. Hay un ciclo explosivo de crecimiento de cantones, parroquias e, incluso, de alguna manera, de provincias lo cual es absolutamente legítimo pero esto genera, sin duda, un debilitamiento y una enorme diferencia en cuanto a capacidad de respuesta. Hay provincias y, fundamentalmente, cantones con debilísima capacidad institucional para resolver esas situaciones y eso nos genera enormes brechas, que es lo que quisiéramos analizar y que es, sin duda, uno de los acontecimientos que, desde mi perspectiva, es intolerable para una revolución: la inequidad en cobertura de servicios. No quiero mencionar a nadie pero me parece intolerable tener Samborondón y, casi al frente, una población de 400 mil personas en Flor de Bastión, en monte Sinaí, sin nada. Eso no es compatible con nuestra revolución. Esas diferencias enormes, esas brechas que son lacerantes son incompatibles con un proceso revolucionario.
En América Latina tenemos ya una población urbana cercana al 74%; esto significa que prácticamente tres cuartas partes de la población vive en las ciudades.
Estos son algunos datos en relación al crecimiento intercensal, es decir el crecimiento poblacional en el periodo 2001-2010, simplemente para tener una mirada: Cuenca crece casi en 90 mil personas, Guaranda en 10 mil, Riobamba en 32 mil, Morona Santiago en 28 mil, Esmeraldas en 30 mil. Este es el crecimiento de las ciudades en este periodo. Sin embargo, el crecimiento de Guayaquil es de 311 mil habitantes lo que significa que prácticamente cada 8 o 10 años en esas ciudades se produce una nueva ciudad. Esta es una realidad y supone el concurso de un conjunto de capacidades del Gobierno Nacional, legislativas y locales para poder enfrentarla. Quito tiene ahora el nivel de crecimiento más alto, ha crecido en casi 400 mil habitantes y nosotros seremos el distrito metropolitano más poblado en dos o tres años. En el 2020, Quito tendrá la mayor cantidad de población superando a Guayaquil. Esto es importante: ¿qué es lo que pasa cuando uno habla de aspectos básicos? Tal vez decir que este crecimiento ha sido diferente. Hay un crecimiento de las ciudades grandes, pero también hay un crecimiento enorme de las ciudades que configuran las estribaciones occidentales y orientales de los Andes: crecen Santo Domingo, Machala, y crecen muchísimo las ciudades de la Amazonia y es allí donde tenemos gravísimos problemas desde el punto de vista de cobertura de la República. Evidentemente deberíamos tener como meta, y ese es uno de los compromisos, la universalización de servicios básicos y del agua. O sea, no puede ha-
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ber revolución si la gente no tiene agua potable, este es un tema vital, es una preocupación y sin duda debe ser un objetivo de Estado. En el caso de Quito se tiene una cobertura del 95% en la zona urbana consolidada, aspiramos terminar la gestión con una cobertura consolidada. Pero tenemos casos preocupantes como Guaranda, Babahoyo, Portoviejo, el caso del Tena; insisto, se trata de estas ciudades que tienen dificultades, el caso de Guayaquil llega al 85%. Y esta es otra realidad tremendamente compleja: la del alcantarillado, y tenemos situaciones gravísimas como las de Babahoyo, Portoviejo, Morona, el propio caso de Guayaquil, con una cobertura menor del 60%. Yo le escuchaba al alcalde que eso no es competencia municipal así como las invasiones. Si esos elementos que son básicos no son competencia municipal, entonces a quién he de preguntarle, ¿al espíritu santo? El esfuerzo que se ha hecho es costear cuánto supone llegar a niveles de universalidad de estos servicios. Lo que quedará en la historia es la posibilidad de este tipo de avances. Sin duda, este tipo de proyecto tiene que dar el salto en la universalización de los servicios básicos. Hemos avanzado fundamentalmente en la cobertura de agua y alcantarillado. Estos son temas más complicados, pero también hay otros que tienen que ver con los temas de recolección de basura domiciliaria y el crecimiento urbano-rural de las capitales provinciales. Sin embargo, lógicamente tenemos algunos logros: hemos disminuido el hacinamiento pero todavía
tenemos un déficit de vivienda grande en términos de calidad y de cantidad. Hemos aumentado los servicios de alcantarillado, duplicamos el porcentaje de hogares con eliminación de desechos sólidos, incrementamos el acceso al agua, pero todavía tenemos que 1 de cada 4 ecuatorianos no tiene agua potable; esta es la realidad. Pero yo quisiera enfatizar, y creo que esta es una convicción, en no mirar solo lo que hemos hecho sino aquello que nos falta por hacer y aquí quisiera identificar problemas de orden más general. El primero es un crecimiento desordenado, caótico de la mancha urbana en cada una de las ciudades. Esto tiene costo ambiental financiero y económico brutal. Tal vez podríamos identificar casos como Santo Domingo y Machala, la zona norte de Guayaquil; son casos enormes y el hecho de no tener una función pública clara y unos mecanismos de planificación genera que entre las invasiones y el capital inmobiliario, la mancha urbana crezca de manera desordenada. La segunda es que el país tiene una legislación absolutamente atrasada en relación a la construcción de la función pública en la gestión del suelo: aquí los que mandan son el capital inmobiliario y el capital comercial. Yo creo que ese es el nervio central de esta revolución urbana: aquí manda el especulador del suelo, manda el dueño del centro comercial, manda el grande o el mediano promotor, no el interés general. Lo que esto provoca es que todavía tengamos un panorama urbano caracterizado por un ele-
En el caso de Quito se tiene una cobertura del 95% en la zona urbana consolidada, aspiramos terminar la gestión con una cobertura consolidada. 15
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mento terrible: la segregación del suelo y lo que algunos tercos llaman la realización. Es decir, en nuestras ciudades hay barrios y zonas con fibra óptica, con conexión, con edificios inteligentes y uno encuentra a menos de un kilómetro o al frente la más absoluta miseria: tenemos temas gravísimos de segregación humana. Ustedes entenderán que la figura que deberíamos tener en la cabeza de una ciudad de la Revolución Ciudadana es una ciudad integrada, sin esas brechas, con espacio público compartido con una vida ciudadana, una ciudades articular, no amurallada entre quienes tienen todo y quienes no tienen nada; eso no es compatible. El otro problema gravísimo es la falta de mecanismos que permitan recuperar la venta del suelo. ¿Cuánto valía Cumbayá y Tumbaco hace 15 años? y hoy ¿cuánto vale, en términos de terrenos y edificaciones? Si uno hace una estimación de eso, uno habla de un valor cercano a la deuda externa. Es increíble el valor que tiene el suelo ahí y es allí donde está el mayor número de concentración de casas de 700 mil u 800 mil dólares. Si se hiciera una línea base de cuánto valía la tierra y cuánto vale ahora, resulta que ahí se ha generado una renta brutal. Si se compara ese valor con la pregunta ¿cuánto ha recaudado el Municipio de eso? el resultado es irrisorio. Entonces sucede que para dotar servicios en esas zonas, tienes que hacer “vaca” en sectores populares para terminar subvencionando, prácticamente. No hay mecanismos de distribución de la renta urbana, que es fundamente el capital inmobiliario. Este es un tema vital.
El caso patético de eso es Guayaquil donde los sectores ricos se están yendo a vivir a Samborondón. ¿Con qué vas a financiar el desarrollo de Guayaquil? Es decir, hay una fuga de quienes más deberían poner para el desarrollo de esas ciudades a través del sistema de impuestos, y se genera un problema gravísimo de desfinanciamiento estructural. El otro elemento, que a veces está muy metido en la cabeza, es el concepto de que el espacio público es lo que queda. Esto se puso muy de moda en el caso chileno. El Chile de la época neoliberal fue el proyecto más claro de que el mercado autorregula el desarrollo de la ciudad y eso generó unos efectos terribles de expansión de la mancha urbana. Bajo la lógica del mercado, la ciudad es una mercancía, por lo tanto, si le puedo sacar valor al último metro cuadrado, tengo que sacarlo. Uno encuentra aceras despedazadas, parques descuidados pero casas lujosísimas. Entras a la urbanización y es de mármol, una maravilla. Esa concepción hay que transformarla radicalmente. Las ciudades son fundamentalmente el espacio público, la conexión que articula el desarrollo, no puede ser que el espacio público sea tapado como el espacio residual de la acción privada. El espacio público es el espacio que conecta y hace la ciudad. Tenemos un problema de cantidad y calidad de vivienda, hemos mejorado los temas de hacinamiento pero tenemos un gravísimo problema y debemos enfocarlo desde otra perspectiva. Hemos avanzado mucho pero debemos hacer una evaluación de qué es lo que ha pasado con el bono, de qué tipo de proyectos hemos levantado, de hasta qué punto en
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Los Estados Unidos es el único país donde hay más autos que personas: tienen 300 millones habitantes y 350 millones de vehículos.
algunos lados estamos reproduciendo casas de última para pobres y no construyendo ciudades. Este es un país donde existe la idea que hay que comprar vivienda, pero si tu vas a otros lados te encuentras con el concepto de que la vivienda no necesariamente tiene que ser propia, que hay mecanismos de arrendamiento a largo plazo, que hay producción de vivienda pública, por ejemplo, para estudiantes, para parejas jóvenes. Hay un conjunto de mecanismos que deberíamos integrar de manera global. Hay otro tema fundamental que quizá afecte a las ciudades intermedias y grandes y es que tenemos un concepto de movilidad basado en el auto privado. Eso es insostenible a largo plazo. Ustedes saben que los Estados Unidos es el único país donde hay más autos que personas: tienen 300 millones habitantes y 350 millones de vehículos, porque es un modelo energético brutal. En este año hay zonas enteras de Beijín que han tenido que cerrar por efectos de la contaminación y nosotros estamos en un momento clave de modificar esta matriz. Estas son cosas que, a lo mejor, no sean muy primarias pero que son las modificaciones de matriz energética vitales, de modo de vida. Creo que hay una gran heterogeneidad en la estructura y en la capacidad del municipio. Ese ha de ser un problema que deberá considerarse fuertemente en la legislación, en los procesos de descentralización y, más allá del tema legislativo. Ahora vamos a encontrarnos con un proceso electoral de gobiernos locales y tenemos que considerar eso de manera muy clara,
es decir, hay municipios tremendamente débiles, sin ninguna capacidad de respuesta, hay municipios más fuertes, hay provincias sin capacidad de gestión. Insisto, creo que son débiles los mecanismos legales institucionales de planificación y creo que, si bien avanzamos con el COOTAD, podemos ser más claros en la definición de competencias, en la regulación del suelo y en la planificación territorial. Es muy importante la incorporación de la planificación del concepto de parroquia, pero por mis convicciones, la competencia de ordenamiento de suelo debe tener claramente al municipio como organismo rector. Si hay cinco cabezas no hay ninguna cabeza, porque si la parroquia va a ser la organización de ese pedazo, y también el municipio, y también la provincia, y también la región, nadie ve realmente. El suelo es indivisible, no puede ser que sobre este metro cuadrado alguien diga que no vamos a edificar más de cinco pisos y venga otro y diga yo quiero hacer un parque y venga otra autoridad y diga no, yo quiero hacer una piscina. El efecto de eso es debilitar la capacidad de regulación. Creo que debe haber un modelo de regulación tipo superintendencia, pero me parece que es insustituible el fortalecimiento municipal como responsable del modelo de ordenamiento del suelo. Si nosotros debilitamos la capacidad municipal le haremos el peor favor a este país. Evidentemente hay que pedirle cuentas a esa autoridad pero hay que darle las herramientas para que ejerza ese poder, sino todo el mundo va a repetir lo que Nebot: ‘las invasiones no son competencia mía’.
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La Constitución, además de incorporar el tema de los derechos de la naturaleza, es la segunda en el mundo que incorpora el derecho a la ciudad como derecho colectivo. Se debe entender que la ciudad no es una mercancía, sino un producto social y que, por lo tanto, la gente tiene el derecho al disfrute, a la integridad personal, a un suelo seguro, a no tener traficante de tierras, a la movilidad, al espacio público, a un sentido de identidad y pertenencia. Esto es lo que a la gente más le importa: el derecho a la ciudad y a una vida tranquila. Eso está perfectamente consagrado la Constitución en su artículo 31.
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Considero también que el eje de la Revolución Urbana tiene efectos fundamentales e impulsa a pensar en una matriz de desarrollo urbano basada en este concepto de la ciudad como derecho colectivo. Es el derecho a la seguridad, a la integridad personal, a un suelo seguro y esta última es una de las cosas más complejas que todavía existe en amplias zonas de ésta ciudad. En ésto no debemos confundirnos y se debe tener cero tolerancia con los traficantes de tierra. Ventajosamente, en Quito están presos, no les invitamos a las sesiones, no les condecoramos, están en la cárcel que es donde deben estar, porque no hay cosa más terrible que traficar con la pobreza de la gente. Se debe tener una política fuerte en el tema de vivienda digna, el disfrute del espacio público, el acceso a servicios básicos, la participación y el sentido de pertenencia. La pertenencia entendida no solo desde la construcción del concepto potente de pueblo y de patria, sino también desde la micro-localidad: el vecindario, la comunidad, la liga
deportiva donde uno juega, el fútbol, el parque, es decir, lugares en los que se construyen niveles básicos de pertenencia. Esa dimensión no material del Buen Vivir se encuentra ahí, en la solidaridad, en el respeto por lo más débil que se construye en el barrio, en el sitio más cercano. Por eso es fundamental que trabajemos en esa dimensión estructural y profunda. Hay algunos ejes en los que se deben desenvolver estos temas: el uno, es mayor nivel de implicación legislativa y en este sentido hay el planteamiento de desarrollar una ley de Ordenamiento y Gestión de Suelo, incorporando una serie de herramienta que deben ser aplicadas de manera precisa, a través de Ordenanzas Municipales, pero deben tener un marco de carácter nacional. La Asamblea no tiene que decir cómo debe crecer Babahoyo o Machala, pero sí debe tener elementos claros de cómo debe gestionarse el territorio en cualquier lado. Este es un debate decisivo, uno de los más importantes debates de la Asamblea en este año, porque además ocurre en un contexto de elecciones seccionales. Es clave incorporar un conjunto de criterios, el tema del límite urbano, el uso de edificaciones, las locaciones, las áreas de expansión y áreas prohibidas, un cúmulo de herramientas que permitan que el tipo de ordenanza que se construya localmente tenga ese marco. Luego, me parece que hay que establecer mecanismos claros de regulación de control de sanción y de penalización. Por ejemplo, no existe, tipificado con claridad, esto de la invasión.
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La invasión es, desde el punto de vista civil o penal, una estafa. Hemos pasado un calvario para meter presos a los traficantes. Lo que tienes es 50 juicios, te venden a tí y tienen cuatro juicios a la vez. El dueño del terreno a veces tiene complicidad con el traficante o a veces tiene miedo, y a veces pasa lo planteado por el Presidente: se llega a una invasión y resulta que han hecho tendido eléctrico. Nadie sabe quién paga, quién hace esos postes. Entonces se va estableciendo una lógica de ‘bueno, así mismo es’. Es muy importante que con esa ley establezcamos medidas clarísimas de responsabilidad. Durante estos días hemos visto lo de Unión Constructora: es increíble hacer una urbanización, coges la plata y te vas. Deberíamos, por ejemplo, con un criterio similar al RUP (Registro de Proveedores), establecer un registro de promotores y urbanizadores. Esto debería ser información pública, eso hay que poner en la ley. Deberíamos incorporar mecanismos de penalización explícita, porque no puede existir un asentamiento de 200 mil personas sin saber quién lo hizo, como Fuenteovejuna. Eso le cuesta millones de dólares al Estado y un sufrimiento increíble a la población, que me parece lo más grave. Considero que hay que establecer un fortalecimiento de la autoridad municipal en los mecanismos de regulación del suelo. Yo creo que en eso, tanto el COOTAD como las versiones que he leído de la ley, no son suficientemente explícitas y creo que sería un gravísimo error suponer que una superintendencia de suelo sustituya el rol local de la prefectura en los planes provinciales y del Muni-
cipio, en el ordenamiento del suelo. Eso, lo que va a provocar es un debilitamiento de la autoridad local. El otro gran eje tiene que ver con los temas del desarrollo de la vida urbana y creo que perfectamente podríamos incorporar algunos aspectos como la equidad territorial y la equidad en la inversión, sobre todo en las ciudades grandes, así como también en las pequeñas debería ser obligatoria la construcción de indicadores de equidad en la inversión. Si se hace un análisis de dónde se invierte, la historia que tenemos es sobre inversión en las zonas ricas y de subinversión en las zonas pobres. Entonces, si eso es lo que tenemos nunca vamos a construir territorios iguales, es decir, si donde más hay sobre invertimos y donde menos subinvertimos, nunca vamos a tener condiciones de igualdad. Eso debería ser una política pública que le obligue al Alcalde o al Prefecto cumplir como corresponde. Creo que es fundamental establecer un análisis y una obligación de descentralización de equipamiento y servicios básicos. Quito, por ejemplo, ha logrado una importante transformación: el 72% de la oferta educativa secundaria está concentrada en el hipercentro y, en cambio, la ciudad crece en los extremos. Los efectos que se producen en esta condición son que la gente debe viajar horas para llegar a un colegio. Deberíamos tener una responsabilidad, básicamente del Ejecutivo, en relación a los servicios de educación y salud. Ese es, como ustedes saben, uno de los temas que eventualmente se va a discutir en la reforma. El Presidente Rafael
La invasión es, desde el punto de vista civil o penal, una estafa.
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Correa lo ha planteado como un tema no solo a la COOTAD sino a la Constitución. Se pude discutir quién hace infraestructura. Creo que en la experiencia mundial: hay experiencias positivas de construcciones hechas de los gobiernos nacionales, también hay experiencias positivas de construcciones hechas por los gobiernos locales. El gran riesgo de hacerlo desde lo local es que esas brechas pueden extenderse, es decir un municipio, una provincia rica hace un mejor colegio frente a una pobre que o no puede o no hace. Sin embargo, el problema que surge cuando se construye desde lo nacional, son los criterios territoriales locales en la ubicación de los equipamientos. Si se va a construir un hospital o una escuela, debe obtenerse un criterio del alcalde, de la gente para ver dónde pones, a quién va a servir, cómo está conectado eso con el resto de la ciudad porque, incluso en nuestro gobierno, hemos tenido casos donde hemos puesto un hospital o un colegio donde no hay vías y a veces donde no hay gente. Hay que resolver eso de tal manera que construyamos, que lo hagamos con pertinencia y que lo hagamos bien. Otro tema fundamental es la necesidad de construir mecanismos que puedan redistribuir la renta urbana y nosotros hemos discutido mucho respecto de la preeminencia del capital financiero y el tema de los bancos. Gran parte del ciclo del capital financiero está sentado en la red inmobiliaria. Si ustedes miran, gran parte del desarrollo de los centros comerciales y de urbanizaciones de lujo son, fundamentalmente, los mayores proyectos y hay un altísimo nivel de asociación entre ca-
pital financiero y capital inmobiliario. Existen, y no estoy hablando de la legislación de algún país socialista sino que estoy pensando en la legislación colombiana, por ejemplo, una serie de mecanismos que establecen la redistribución de la renta urbana: vendes edificabilidad. Les voy a poner el ejemplo del antiguo aeropuerto: ahí vamos a construir; maravilloso. Como antes estuvo el aeropuerto no se podía edificar en altura por las condiciones obvias impuestas por el cono de aproximación. Se fue el aeropuerto, esa acción le cuesta a la ciudad cerca de 200 millones de dólares de inversión en un parque y la operación de traslado del aeropuerto nos ha costado unos 600 a 800 millones de dólares más. El señor que tiene un terreno en el filo dice ‘me saqué la lotería’ porque como no podía edificar ni hacer nada, ese terreno le costaba o podía vender a 60 dólares el metro cuadrado; ahora, que va a tener al frente el parque más lindo del mundo, ya está pensando en vender en 400 dólares el metro cuadrado. Se piensa que eso es una ganancia solamente privada. En el caso colombiano, lo que se hace es que la diferencia entre el valor inicial y el final se reparta a medias entre el privado y el público, porque con esa plata tú puedes desarrollar precisamente esa zona. Eso significa que el incremento, la plusvalía que se genera tiene mecanismos de redistribución porque si no, ¿cómo financias la ciudad? Hay una serie de mecanismos que se llaman distribución de cargas y beneficios de ventas de edificabilidad, titularización. Nosotros, desde el
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Deberíamos tener el concepto de un eco-barrio con mecanismos de diferenciación de las aguas negras y de las aguas grises.
punto de vista legislativo, estamos en deuda en cuanto a estos mecanismos. La verdad es que nuestra legislación es una de las más pobres en este sentido; ojalá que tengamos asambleístas interesados en estos temas. Les puedo hablar a nombre de los municipios: estamos sumamente interesados en hacer con ustedes una discusión sobre estos temas, porque esto tiene que ver con el modelo de ciudad que debemos construir. Es vital porque no puede ser que tengamos precisamente una lógica en la que sobreinvertimos en zonas que ya tienen, permitimos que las decisiones públicas generen gran plusvalía y después nos toque ir a pedirle al gobierno a ver si hay petróleo para resolver los problemas. Hay unos temas de justicia y de equidad en las ciudades que deben ser levantados. Aquí hay un elemento muy importante también, que es definir una política clara de incentivos-desincentivos. Si nosotros vamos a establecer, voy a poner un ejemplo muy simple, un modelo de eco-barrio, es decir, si esta es una revolución verde no solamente por el color de la bandera sino ecológica, eso tiene que significar que el modo cómo construyes ciudad es diferente. Por lo tanto, la manera en que haces un barrio es diferente. Deberíamos tener el concepto de un eco-barrio con mecanismos de diferenciación de las aguas negras y de las aguas grises, porque gastamos una fortuna en canalizar a través del sistema de alcantarillado el agua de lluvia, cuando ésta puede servir para regar los parques, los jardines, es decir, reutilizarla. Es una locura que gastemos millones de dólares
entubando agua que puede ser filtrada. El eco-barrio debería tener áreas permeables que permitan ese proceso. La transformación de la matriz energética a través del eco-barrio, el desarrollo sustentable, el tema de espacios físicos, áreas, debería estar incorporado en la ley de Suelos. Hoy se establece, a través del COOTAD y en las ordenanzas, el 10% de la urbanización para espacios verdes. Sin embargo, ahí tenemos problemas seriamente restrictivos porque en una urbanización pequeña, un parque pequeño no permite hacer una aproximación un poco más global, porque la ciudad, si bien es la suma de varios barrios, es más que un barrio. Si ese es el único modelo de construcción nunca vas a tendremos un parque zonal o un parque Metropolitano. Entonces, hay que buscar dónde hacer. Aunque ustedes no lo crean, los que conocen Quito, en esta administración estamos pagando el Parque Metropolitano, 20 años después de juicios y litigios con terceros. Este es un tema sumamente importante y que trasciende: el otro día revisamos el macro plan, el plan maestro de movilidad que se está preparando a nivel del gobierno, pero ahí tenemos el problema de una discusión estratégica sobre la logística del país. Es decir, fundamentalmente en los casos de Cuenca, Ambato, Riobamba, Guayaquil, pero también en Babahoyo, Esmeraldas, etc. tenemos un serio problema de implantación de la estructura industrial. Ese es un problema gravísimo y no es un problema menor, es fundamental que incorporemos una discusión sobre mecanismos de asentamiento del aparato industrial porque este
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cambio de matriz productiva del que estamos hablando se hace en el territorio. Entonces es fundamental establecer una política que consolide con claridad la definición de los territorios y áreas industriales. El país no tiene una política general y menos una ley vinculada al tema de parques industriales; estamos viviendo de los coletazos de las implantaciones de los parques industriales del 70, pero eso en los casos de Guayaquil, Quito y creo que también en el de Cuenca, está largamente superado. La política de estos parques es también una política de incentivos y desincentivos. En la estructura portuaria, en general, no puede ser que se tenga un puerto, uno más chiquito, uno de la familia Noboa, uno de más allá o los propios casos privados. Necesitamos tener una política de organización del territorio, eso es vital, eso no solamente es un tema urbano, es cómo es la logística y cómo son los incentivos de este gran salto productivo que estamos construyendo. El otro gran tema fundamental es el de la movilidad, en esto creo que la Asamblea puede hacer muchísimo. En un concepto como el que tenemos de ciudad hay decisiones muy claras, es decir, entre el transporte privado y el público, le apostamos al público, sin duda. Eso significa que el grueso de inversiones debería estar orientado a fortalecer el transporte público, un transporte digno y de calidad, no el transporte de última categoría que tenemos en muchos de los casos. Eso supone resolver algunos problemas de financiamiento de política tarifaria y de estímulo al
transporte público. Si no resolvemos esos problemas, no solucionamos nada. Hoy en día la gente que tiene cierta capacidad adquisitiva va a cualquier distribuidora de carros con dos o tres mil dólares y la cédula y le dan un carro. Tenemos una gasolina relativamente barata, la gente cree que los estacionamientos son gratis y que hay que parquear en la ciudad. Tenemos un conjunto de incentivos que fomentan el transporte privado y poquísimos estímulos que fomentan el transporte público. Entonces hay un problema de renovación de la flota, de la calidad del servicio del transporte público y esos son temas de distribución de recursos sociales. Un elemento claro es la apuesta al transporte público y al fortalecimiento de los sistemas de movilidad no motorizado. Yo espero, y estoy convencido, que el Presidente en bicicleta no es solamente un tema de propagada; es una convicción de un modelo de movilidad. Entonces es ponerse nítidamente del lado del peatón, que son la mayoría, del lado del ciclista, del lado de la gente que no está necesariamente en el vehículo y eso tiene que ver desde replantear la ley de Tránsito, porque hay un débil desarrollo del derecho al peatón y al ciclista, hasta establecer políticas que incentiven este tipo de prácticas, las cuales considero fundamentales. El tema de la política tarifaria y de financiamiento es vital. Es sustantivo y creo que ahí hay que garantizar, y aquí hay algunos compañeros de municipios que estamos en la fila de los procesos de traslado de competencias, condiciones en esos procesos en los que, hasta ahora, la verdad no nos ha ido bien. Es decir, nosotros asumimos la matri-
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culación y la base de datos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), pero ésta se cae cinco veces al día, así es imposible. Si no tenemos competencias con recursos es muy difícil asumir efectivamente ese proceso. Finalmente, varias de las cosas que están planteadas aquí tienen que ver con algunos proyectos e iniciativas que están en esta agenda. Hay algunas reformas al COOTAD, nosotros las hemos discutido y trasladado y me parece que es fundamental. No voy a meterme en detalles, hay cosas que no se deben hacer en el Consejo -que están ahora en el COOTAD- para que las haga. Hay procesos elementales: por los concejos pasan, por ejemplo, diferencias de área en la fijación de un terreno. Es decir, si éste tenía una escritura antes, en un área de 120 metros, y ahora resulta que ha tenido 140, eso tiene que tratarse en el Consejo. Claro, eso en una ciudad pequeña son cinco casos, pero en Quito son 400. Eso se torna en un procedimiento administrativo, no tiene sentido que lo haga el Consejo. Hay que delimitar claramente las funciones legislativas de los concejos, de las funciones ejecutivas de alcaldes y de prefectos, sino tenemos que muchos de los compañeros han vivido el drama de que pierden mayoría en los Concejos. Hay que darle estabilidad y gobernabilidad a la gestión Municipal, porque es la gestión que se enfrenta con todos los problemas. Te despiertas y prendes la luz, eso es competencia municipal, y recoges la basura y es municipal. El nivel de exposición, la gobernabilidad local es terrible, lo cual implica fortalecer esos mecanismos.
Luego tenemos esta ley que me parece que es vital, la ley de Ordenamiento Territorial y Gestión de Suelo. Creo que es fundamental discutir algunas reformas a la Ley de Tránsito, creo que deberíamos construir algunos elementos sobre una ley de Servicios Públicos, el tema de promoción de vivienda y regulación del arrendamiento y, finalmente, una cosa que es vital y que tiene que ver con el Código de la Construcción. Este es un país de riesgos y creo que ya todos estamos claros de lo que pasó en Haití y de lo que pasó en Santiago. El sismo de Chile fue bastante mayor que el de Haití, pero en allí no quedó Puerto Príncipe, mientras en Santiago se afectaron 5 o 6 viviendas. Es fundamental que el Código de la Construcción, además de tener normas técnicas, extienda la garantía para el ciudadano de la corresponsabilidad de quién construye. Esto a la gente le interesa bastante más que algunas de las discusiones que a veces tenemos y creo que no sirven para nada. Si uno compra una casa, alguien tiene que decirle que le garantiza 15 años y nosotros debemos legislar en ese sentido. Estos son elementos vitales que implican de ponernos del lado de la gente en su cotidianidad.
Augusto Barrera ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Si uno compra una casa, alguien tiene que decirle que le garantiza 15 años y nosotros debemos legislar en ese sentido.
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Revolución Urbana
Noches culturales en el Centro Histórico del Distrito Metropolitano de Quito
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La Bicicleta Pública de Quito “BiciQ” es una alternativa económica y ecológica para transportarse en la ciudad
“Se debe entender que la ciudad no es una mercancía, sino un producto social y que, por lo tanto, la gente tiene el derecho al disfrute, a la integridad personal, a un suelo seguro, a no tener traficante de tierras, a la movilidad, al espacio público, a un sentido de identidad y pertenencia. Esto es lo que a la gente más le importa: el derecho a la ciudad y a una vida tranquila. Eso está perfectamente consagrado la Constitución en su artículo 31.” Augusto Barrera ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Antes, Aeropuerto Mariscal Sucre, ahora Parque Bicentenario
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