Perú decreta el Estado de emergencia en fronteras

La presidenta del país, Dina Boluarte ha culpado directamente a los migrantes de la situación que se vive

PORTAVOZ / AGENCIAS

El Gobierno de Perú declaró este miércoles el Estado de emergencia en todas sus zonas de frontera con Ecuador, Colombia, Brasil y Chile para incrementar el “control de los ciudadanos extranjeros” en el país.

“Se ha aprobado un decreto supremo que declara el estado de emergencia en la zona de frontera de los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Tacna”, anunció la pre- sidenta, Dina Boluarte, en referencia a todas las regiones peruanas que tienen frontera, a las que se suma Puno, donde ya rige ese régimen de excepción debido a las protestas.

Boluarte afirmó que esta medida “permitirá la ejecución de operaciones policiales relacionadas al control de las fronteras con la finalidad de prevenir el orden interno y los derechos constitucionales de la población”. Agregó que, en este contexto, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el “control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas”.

La mandataria anunció, sin embargo, que el Ejecutivo planteará al Congreso una “reforma constitucional para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en las zonas de frontera”. “Se trata de la modificación del artículo 165 de la Constitución, para que las Fuerzas Armadas presten apoyo de manera permanente en la vigilancia y el control de nuestras fronteras”, insistió la jefa de Estado.

Por su lado, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, señaló que el objetivo de la declaratoria de emergencia en las zonas fronterizas es “evitar el ingreso de manera irregular e ilegal” al territorio nacional.

Hasta entonces, los migrantes en cuestión no recibirán siquiera una cita para comparecer a tribunales, aunque pueden vivir y trabajar en Estados Unidos. Después de eso, sus casos serán procesados por los tribunales de inmigración, un proceso que dura unos cuatro años y que en enero padecía una carga de 2,1 millones de casos atrasados, comparado con 600.000 en 2017.

“El sistema de asilo necesita urgentemente una reforma de arriba abajo”, declaró el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a reporteros la semana pasada cuando se le preguntó sobre los períodos de espera para obtener una cita judicial.

Durante el estado de emergencia, quedan restringidos o suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Estas medidas fueron acordadas durante el Consejo de Ministros, en el que también se aprobó un decreto supremo que modifica el reglamento de migraciones “para que los extranjeros que ingresaron sin control migratorio puedan registrarse vía regularización”. “Esto permitirá regularizar e identificar a las personas extranjeras que se encuentran en situación irregular”, indicó Boluarte.