Niñas y conflicto armado. Boletín No. 13

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o y Cpnflctp Armdp Proyecto Aporte al Bienestar Integral de las Niñas Rurales

Caldono (Cauca): una niña y una mujer en ataque de las Farc con explosivos artesanales.

Tame (Arauca): Asesinan a juez que llevaba el caso de la violación y asesinato a menores de edad . San Calixto (Norte de Santander): Muere niña de dos años en ataque de las Facr con cilindros bomba.

ABINR Organizaciones Humanidad Vigente y DNI Colombia Coordinadora Olga Lilia Silva Comunicación e incidencia Silvia Carolina Parra R. Pasante de Comunicación Yeida Barrera

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Unión Europea, AECID y Tdh Alemania. El contenido de la presente comunicación es responsabilidad de los autores y no compromete a las organizaciones cooperantes.

Planadas (Tolima): aumenta reclutamiento de menores de edad por parte de las Farc.

En muchas ocasiones los miembros de grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares ejercen violencia sexual en contra de niñas y mujeres, que termina por lo general, en agresiones físicas y mentales, y en algunos casos hasta en la muerte. Fuente: Humanidad Vigente


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NIÑAS Y CONFLICTO ARMADO

ptc El jefe paramilitar que abusó de al menos 50 niñas en Santa Marta

Denuncian que en 2011 se han registrado 84 delitos contra niñas menores de 14 años

Amenazan a familia y abogados de las víctimas del caso de los niños de Tame

Hernán Giraldo reconoció que tuvo 24 hijos con niñas menores de 14 años en la Sierra Nevada.

Basada en cifras oficiales de Medicina Legal y la Policía Nacional, Gilma Jiménez reveló que “en tres años se han desaparecido en Colombia 2.373 niñas menores de 14 años”.

El señor José Álvaro Torres recibió una llamada al celular de su hija mayor donde le advertían que tenía que salir de Saravena si no quería que le mataran otro hijo. El día anterior, los abogados de Humanidad Vigente, recibieron llamadas intimidatorias.

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"'El Patrón' era como el rey, y entregarle una niña era igual que llevarle una gallina". Las palabras son de Carmen Rincón, la 'finaciera' del bloque Tayrona de las Auc …

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Defensoría del pueblo aclara que sus funcionarios no visitaron veredas de Tame tes en la zona donde ocurrieron los delitos cometidos por el subteniente Raúl Muñoz.

Escrito por : Humanidad Vigente Reacciones ante la denuncia hecha por campesinos residen-

Ante la denuncia presentada por los campesinos y campesinas de las veredas Caño Temblador y Caño Camame, zona rural de Tame, a través de Humanidad Vigente, la Defensoría del Pueblo envió una comunicación interna aclarando que a la fecha ningún funcionario ha visitado la zona y por tanto adelantarán las respectivas investigaciones.

(entrevistas) en compañía de unidades militares. Por tanto, se le ha solicitado a la Defensora Regional de Arauca, doctora Gloria Cuitiva, que se traslade a la zona a la mayor brevedad, con el fin de verificar los hechos denunciados y de oír a la comunidad. Una vez se tenga el informe de la Defensora Regional, se expedirá un comunicado aclarando la situación", expone la respuesta de la Defensoría enviada a Humanidad Vigente.

"La Defensoría del Pueblo se permite informar que no ha destacado ningún funcionario a la zona rural del Municipio de Tame con el fin de adelantar ese tipo de diligencias

Por su parte, en declaraciones publicadas por el medio de comunicación regional Meridiano 70, la Defensora Regional del Pueblo, Gloria Cuitiva, reiteró que


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ningún funcionario de la Defensoría de Pueblo ha ido a visitar a los camp e s in o s de Tame y que sólo hasta que se conoció la denuncia, funcionarios de la institución se desplazaron al lugar. Igualmente, la funcionaria aclaró que la investigación fue asumida directamente por el Defensor del Pueblo y el equipo nacional. Ente tanto, el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, aseguró a Caracol Radio, que además de investigar sobre los interrogatorios, la Defensoría buscará verificar la denuncia hecha por los pobladores sobre la presencia en la zona de los mismos uniformados que controlaban el sector cuando ocurrieron los delitos en octubre de 2010. Humanidad Vigente reconoce la celeridad con que la Defensoría del Pueblo respondió a las denuncias hechas por la comunidad, a la vez que exhorta a que se disponga de un

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plan de acompañamiento e incluso medidas de protección especiales dirigidas a estas familias campesinas que vienen siendo hostigadas de diferentes maneras debido a su residencia en la zona donde ocurrieron los delitos co-

metidos por el subteniente Raúl Muñoz Lea la denuncia: Interrogatorios ilegales y falsos testimonios intimidan a comunidad rural de Tame

Secuestro y combates afectan niñas, niños y adolescentes en Nariño Escrito por: Humanidad Vigente En los dos primeros meses del año diferentes hechos derivados del conflicto armado han vulnerado gravemente los derechos y la vida de las niñas y niños de la región. Humanidad Vigente y el Proyecto Aporte al Bienestar Integral de las Niñas Rurales, llaman la atención sobre la manera como el recrudecimiento y reconfiguración el conflicto armado en el departamento de Nariño, está afectando a las niñas, niños y adolescentes. El 31 de enero de 2011 fueron asesinados 5 integrantes de la comunidad indígena de los Pastos del Resguardo de Túquerres y heridos 16 más, en el Corregimiento de Santander, municipio de Túquerres – Nariño. Lamentable-

mente, entre las víctimas se encontraron dos menores de edad. Ese mismo día en el resguardo Indígena Awá, Hojal La Turbia, en Nariño, el niño indígena José Richard Rodríguez, de 14 años de edad, fue víctima de una mina antipersonal que causó su muerte. Posteriormente, el 7 de febrero de 2011, otra mina antipersonal estalló en el mismo resguardo indígena, causando graves lesiones a 2 adultos y a la niña María Fernanda Canticus Pascal, de 16 años. De otro lado, el 13 de febrero de 2011, un niño indígena de 4 años de la comunidad de los Pastos fue secuestrado en la vereda la Boyera, en zona rural de Cumbal (Nariño). Finalmente, el niño fue rescatado por las autoridades, sin embargo, con este hecho se evidencia la vulnerabilidad de la niñez nariñense.


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Según la denuncia presentada por la Unidad Indígena del pueblo Awá - UNIPA, niñas, niños y jóvenes de la comunidad que se encontraban en el centro educativo, unos en horas de clase, otros tomando su refrigerio; en este mismo momento más de 80 indígenas, entre ellos niños lactantes, asistían a jornadas de vacunación y controles de crecimiento y desarrollo en la IPS Indígena. Todos ellos, al sentir pasar las avionetas salen a mirar y son rociados por gotas de glifosato. Aún se desconoce cuáles serán los efectos a largo plazo para su salud. Por su parte, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Naciones Unidas Colombia, Ocha, alertó que desde el 21 de febrero se registran combates entre el Ejército y las FARC en los resguardos indígenas Awá de Magüi y Cuchilla del Palmar,

municipio de Ricaurte, lo que ha generado un desplazamiento masivo de más de 200 familias de la etnia Awá que se se encuentran albergadas en escuelas y centros educativos en los resguardos, ante la amenaza del fuego

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cruzado y el riesgo generado por la existencia de MAP y MUSE. De otro lado, el 22 de febrero, una bebé de apenas 2 meses de nacida fue secuestrada en la vereda El Tambor, municipio de Tangua, a 15

Cfr

millones

de niños no van a la escuela en el mundo, incluidos

28

millones

que están atrapados en conflictos armados.

Fuente: Prensa Libre.com

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No hay dinero, no hay seguro que devuelva la vida y la tranqulidad, sobretodo para una persona que con mucha valentía [aceptó] prestar el servicio de justicia en una zona tan delicada Fuente: Caracol Radio

Igualmente, el pasado 15 de febrero, niñas y niños de la comunidad indígena Awá se vieron afectados cuando avionetas acompañadas por helicópteros propiedad del gobierno colombiano, fumigaron durante más de 30 minutos la comunidad del Predio el Verde, Resguardo Indígena del Gran Sábalo, municipio de Barbacoas – Nariño.

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: Una crisis encubierta: conflictos

armados y educación; informe presentado por la Unesco Fuente: PNUD

minutos de Pasto. Finalmente, La niña fue rescatada y entregada a su familia el 25 de febrero. Aunque este hecho no estuvo directamente relacionado con violencia socio política, éste se suma a la creciente vulnerabilidad de los menores de edad en la región. Ante este panorama nos unimos a los llamados de alerta que han emitido organizaciones sociales de la región como el CPDH-Nariño y los comunicado emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Naciones Unidas Colombia, Ocha, donde se insta al Estado colombiano a tomar medidas de protección y atención urgentes. El Estado colombiano esta llamado a proteger de manera prevalente los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA). El interés superior de los niños prima sobre los demás por lo que se hace necesario que las autoridades de orden nacional, y regional dispongan políticas, programas, rutas de atención y protección urgentes que garanticen la vida e integridad física, moral y psicológica de los NNA de Nariño. La Convención sobre los Derechos de los Niños, ratificada por Colombia el 28 de enero de 1991 establece en su artículo 35 que "los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma". Los sucesos de los últimos meses en el departamento de Nariño dejan claro que el Estado colombiano no ha garantizado suficientemente esta protección para las niñas y los niños y en especial los indígenas que deben gozar de

dicha protección. Por otro lado, el artículo 38. en el numeral 4 establece que "De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado". Hacemos un llamado al Gobierno colombiano por adelantar todos los esfuerzos en términos de política pública que hagan efectivos los derechos proclamados por esta Convención, que en los últimos meses no han sido aplicados en el departamento de Nariño.


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