BOLETÍN RELÁMPAGO EDICIÓN EXTRAORDINARIA DE FIN DE AÑO Diciembre de 2010
Hace más de dos meses los campesinos y campesinas del Catatumbo hemos luchado por la defensa del territorio, lucha desatada por la falta de interés por parte del Estado en solucionar la problemática social que vive el pueblo catatumbero. La incapacidad del gobierno departamental y de algunas alcaldías del Catatumbo, en la construcción y sobre todo en la participación de alternativas que le brinden al campesinado una esperanza de construir un país en el que se pueda vivir con garantías y en paz. Desde la creación de las mesas de interlocución y acuerdo con la gobernación, los campesinos hemos venido exigiendo la concertación e implementación de planes piloto para la sustitución gradual de cultivos de uso ilícito, y el apoyo para la generación de un plan de desarrollo para la región del Catatumbo, pero por el
contrario lo que recibimos últimamente, no es más que la ratificación de que para el campesinado no existe más el desamparo y la represión. Asentamientos A partir del pasado 3 de octubre se han venido presentando la erradicación no concertada de cultivos de uso ilícito en la región baja y media del Catatumbo. Acciones que solo dejan a la población vulnerable y con su entrada económica acabada, sin soluciones de producción que garanticen sus derechos fundamentales, esto dado las políticas económicas del estado, una serie de políticas neoliberales y entreguistas del territorio patrio, en el cual no se tiene en cuenta a la población civil. Después de varios días y enfrentamientos con la fuerza pública, cerca de 2500 pobladores de la zona decidimos la conformación de asentamientos el 11 de octubre, en la vereda de Mesones, Vega Larga, Santa Lucia y El Socorro corregimiento de La Cecilia, Aserrio y San Pablo del municipio de Teorama (Norte de Santander), en la cual convergieron campesinas y campesinos de las veredas de los municipios de El Tarra, Teorama y de San Calixto.
Jornadas pacíficas En diferentes rincones del Catatumbo, campesinos y campesinos salimos con la firme idea de exigir nuestros derechos, los cuales han sido negados por décadas, en la senda de varias acciones pacificas en diferentes zonas del Catatumbo. El planteamiento de no generar choques con la fuerza pública, porque en últimas ellos no solucionan los problemas profundos del campesinado, nos llevo a ocupar pacíficamente las alcaldías del Municipio del Tarra, Convención y Teorama. Al mismo tiempo se realizaba un plantón en la Gobernación departamental en la ciudad de Cúcuta y una asamblea extraordinaria de los pueblos fronterizos en territorio de la hermana república bolivariana de Venezuela. Sin embargo, la solicitud del pueblo catatumbero por ser escuchados, no cobro para las administraciones municipales, a acepción de la alcaldía del Tarra, y de la administración departamental la suficiente atención, y en algunos casos timaron a la población civil ofreciéndoles falsas esperanzas, brindando beneficios asistencialistas. Después de haber permanecido de forma pacífica por más de tres días en las instalaciones de las alcaldías Municipales de Convención y Teorama, el día 7 de Noviembre entre las 04:30 a.m. y las 05:00 a.m. el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en una operación conjunta con la SIJIN, irrumpió violentamente a las instalaciones de las Alcaldías de Teorama y Convención, desalojando a los campesinos que allí se albergaban, y propiciando graves violaciones a sus derechos
fundamentales de la población. Como saldo quedaron más de 20 campesinos heridos, entre ellos tres de gravedad, y varias detenciones arbitrarias, además del destrozo y destrucción de todas sus pertenencias. Mesa de Interlocución y Acuerdo Extraordinaria Después de las manifestaciones pacificas los campesinos del Catatumbo, decidimos movilizarnos a la capital del departamento para exigir ser escuchados, es así que se logro la apertura de una mesa de interlocución y acuerdo extraordinaria, la cual conto con la participación del gobernador, alcaldes de Teorama, El Tarra, San Calixto, diputados del Norte de Santander, personeros de San Calixto, Teorama, Convención y El Tarra, secretaria de gobierno departamental, defensoría del pueblo, procuraduría, acción social y el ministerio de Agricultura. Aquí se recogieron las denuncias de campesinos y campesinas que se vieron afectados por los hechos represivos de las fuerzas armadas, así como también se socializo los siete criterios políticos para la sustitución concertada y gradual de cultivos de uso ilícito y la necesidad de la con formación de la zona de reserva campesina y su importancia para la defensa del territorio y los derechos humanos de los campesinos y campesinas del Catatumbo.
Acuerdos: 1. La reactivación de la Mesa de Interlocución y Acuerdo por parte de la gobernación de Norte de Santander y las alcaldías y las demás instituciones que hacen parte a la MIA y su financiamiento. 2. La vinculación del misterio de agricultura a las Mesa de Interlocución y Acuerdo, y las demás organismos del gobierno municipal y departamental. 3. La gobernación de Norte de Santander se comprometió a convocar una reunión de alto nivel con participación del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Interior y Justicia, Ingeominas y Acción Social, la cual seria para antes de acabarse el año 2010. 4. La realización de tres mesas de interlocución y acuerdo, una el mes de febrero en el Municipio del El Tarra, otra en julio en el corregimiento de La Gabarra Municipio de Tibú y noviembre en el corregimiento de San Pablo Municipio de Teorama. Éstas con el fin de discutir los temas de Zona de Reserva Campesina, el proyecto piloto de sustitución concertada y gradual de cultivos de uso ilícito, plan de desarrollo para la región del Catatumbo y el seguimiento a los compromisos adquiridos por el gobierno departamental en las audiencias a realizarse y las que ya pasaron. 5. La gobernación y los alcaldes se comprometen a socializar los 7 criterios políticos del proyecto piloto de sustitución concertada y gradual de cultivos de uso
ilícito en el senado de la república, ministerio del interior y de justicia, defensoría del pueblo nacional y la procuraduría nacional. Siete criterios para la sustitución de cultivos de uso ilícito 1. El programa de sustitución de cultivos de uso ilícito debe fundamentarse en reconocer que el accionar criminal de dicha actividad, está en la transformación del cultivo y su comercialización; por lo tanto, debe entenderse que los sujetos y comunidades involucradas en el cultivo de la coca, no son delincuentes ni narcotraficantes, sino campesinos dedicados a trabajar la tierra, que son ciudadanos a quienes se les debe garantizar y proteger sus derechos humanos, económicos, sociales y culturales, y, procurar, por su condición de vulnerabilidad, el goce efectivo de sus derechos. 2. Debemos construir un modelo, una propuesta de sustitución de cultivos de uso ilícito, de manera participativa, que sea aplicado experimentalmente en una comunidad, a manera de proyecto piloto, para que éste pueda ser ajustado y se haga una evaluación de sus impactos, antes de ser extendido a las demás comunidades de la región del Catatumbo. Se debe identificar las zonas, las familias e intentar sustituir está práctico para recuperar la estructura campesina. 3. El proyecto piloto, debe contar con el apoyo, asesoría, monitoreo y veeduría de la comunidad internacional y de instituciones y organizaciones de carácter nacional que conciban los cultivos de uso ilícito como una problemática social, resultado del abandono estatal y del conflicto armado
en la región, y no como una estructura delictiva. Por lo tanto, las organizaciones e instituciones que acompañen estos programas deben ser estructuras civiles y no militares, ni policiales, para cambiar el enfoque que hasta ahora se le ha dado a los programas de erradicación de cultivos de uso ilícito, los cuales, claramente tienen un carácter de persecución delictiva y no, de manejo social. Entonces en dicho proyecto no debe haber presencia de ninguna fuerza militar ni policial por el carácter social que este lleva implícito. 4. El modelo de sustitución de cultivos de uso ilícito debe ser gradual. Esta gradualidad debe entenderse en distintos ámbitos: el regional, el comunitario y el familiar, en donde se conciba que se requieren años para la total sustitución, porque debe hacerse progresivamente y acompañados de la siembra o producción de cultivos que genere ingresos económicos que permitan la manutención familiar y la supervivencia de la comunidad. 5. Debe garantizarse a la comunidad que se somete al programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, el acceso, la gratuidad, la permanencia y la calidad a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación y al saneamiento básico. Debe incorporarse subsidios (por un periodo de dos años) para acompañar el proceso de transición y evitar que estas familias pierdan su calidad de vida; por el contrario el programa debe desarrollarse procurando condiciones de vida digna erradicando las razones sociales y las condiciones de pobreza, por las cuales el cultivo de la mata de coca, es una opción de supervivencia.
6. El modelo de sustitución de cultivos de uso ilícito, debe fundamentarse en el desarrollo de proyectos productivos, concertados con las comunidades y orientados a garantizar la soberanía alimentaria, a favorecer el ejercicio de su autonomía y a retornar a la economía campesina de la región, con un sistema de mercadeo justo. 7. Que se suspenda por parte del estado, las acciones catalogadas como delictivas, y al contrario, a los individuos y comunidades involucradas en el programa piloto de sustitución de cultivos de uso ilícito, garantizarles sus derechos civiles y políticos y hacer una distinción favorable. Considerando, que puede arrojar mejores resultados un acompañamiento social y no la persecución delictiva de esta actividad.
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