2.2 Perfeccionar el funcionamiento de las instituciones para servir mejor

La Administración pública tiene como objetivo fundamental servir a los ciudadanos y facilitarles la vida. Relacionarse con las instituciones no puede ser una molestia o una incomodidad para una mayoría de personas, sino una forma de resolver sus problemas de la manera más ágil, justa y eficaz posible.

Debemos perseguir objetivos concretos en esta materia, que redunden en una mejora de la satisfacción global de los ciudadanos, porque solo de este modo se puede valorar de manera efectiva si los procesos administrativos están lo suficientemente concebidos para dar respuesta a las necesidades de quien ha de usarlos y a las expectativas de quien ha de recibir el servicio.

La digitalización es una oportunidad que no siempre está lo suficientemente aprovechada para mejorar la experiencia y la comodidad de los trámites. Palabras como eficiencia, accesibilidad y sencillez han de dejar de ser una declaración de intenciones para convertirse en realidades palpables y mejoras concretas que perciban los españoles por parte de todas las Administraciones.

Con este propósito, nos proponemos adoptar las siguientes medidas:

Por una Administración más accesible

Elaboraremos un Plan de Atención al Ciudadano y Accesibilidad a la Administración Pública que permita avanzar en una mayor proximidad del conjunto de las Administraciones, con mayor motivo, teniendo en cuenta que la pandemia de la COVID-19 ha resentido en algunos ámbitos la atención a los ciudadanos.

En este sentido, abogamos por la implementación de medidas concretas como la eliminación de la cita previa obligatoria en los trámites con las Administraciones públicas, de manera que los ciudadanos sean atendidos presencialmente en franjas horarias previamente definidas.

Con este mismo objetivo, defendemos generalizar vías preferentes para la consulta y atención de las personas mayores y con discapacidad, tanto en los servicios telefónicos como en las consultas presenciales. Así mismo, estudiaremos otras mejoras, como el desarrollo de aplicaciones que hagan más cómoda la relación y la comunicación con las Administraciones para enviar avisos sobre incidencias.

Nos comprometemos a ahondar en el proceso de digitalización de las Administraciones para garantizar la atención 24 horas 365 días al año. Sin embargo, no podemos permitir que la brecha digital sea un obstáculo más para tratar con las instituciones y, por eso, para que estas medidas sean un éxito, deben ir acompañadas de formación en nuevas tecnologías y experiencia de uso.

Evitar duplicidades

Cualquier proceso de transferencia de competencias, tanto desde el Gobierno central hacia las comunidades autónomas como desde éstas hacia las entidades locales, debe hacerse siempre en aras de mejorar la gestión y los servicios a los ciudadanos. Para ello, es imprescindible que se acometa, en todo caso, teniendo en cuenta la diversidad y particularidades de los distintos territorios que componen España; así como que vaya acompañado de una financiación adecuada y de las medidas necesarias para evitar duplicidades.

Con este último objetivo, también es conveniente analizar las competencias de cada nivel de gobierno, a efectos de identificar nuevos ámbitos de colaboración entre Administraciones y posibles mejoras para garantizar el funcionamiento armónico de todas ellas y la homologación de servicios al alcance de todos los españoles, vivan donde vivan.

Con el objetivo de mejorar los servicios públicos locales, defendemos el aprovechamiento de las economías de escala tanto en los pequeños municipios como en las áreas metropolitanas. Así, se impulsará la prestación conjunta, consorciada o mancomunada de los servicios públicos locales, creando incentivos económicos desde las administraciones provinciales, autonómica y general del Estado para incentivar estos procesos.

Simplificar la burocracia

La simplificación de trámites administrativos debe ser un objetivo permanente, ya que de ella se beneficia tanto la Administración como el ciudadano, en tanto que se mejora la eficiencia y la comodidad de los procedimientos para todas las partes.

Una de las claves de esta simplificación es avanzar hacia la interoperabilidad, evitando que el ciudadano deba volver a presentar documentos de los que ya disponga la Administración, con el ahorro económico y temporal que ello supone. Así mismo, también corresponde avanzar hacia sistemas compatibles entre las diferentes comunidades.

Impulsaremos, además, la revisión de los reglamentos y ordenanzas municipales con el fin de sustituir, en todos los ámbitos posibles, el sistema de autorización a través de licencia administrativa por uno de declaración responsable o comunicación previa.

También caminaremos hacia la generalización de las formas de pago de impuestos y tasas a la Administración a través de aplicaciones de pago instantáneo.

Cuidar el mercado único

Otra meta hacia la que avanzar es una mayor concordancia entre las diferentes comunidades autónomas, donde los trámites sean compatibles y válidos en todas ellas, con independencia de su lugar de origen. Estas medidas redundarán en el fomento de la competitividad, la inversión, la dinamización de la economía y la creación de puestos de trabajo.

Esto no supone menoscabo de las peculiaridades justificadas en cada territorio, sino que las empresas y entes económicos puedan instalarse con los requisitos de sus lugares de origen, sin necesidad de que tengan que volver a solicitar o aportar trámites específicos.

Modernización de la función pública

Una de las claves para mejorar el servicio público es que a él accedan los mejores servidores en todos los niveles. En este sentido, debemos seguir reforzando los sistemas de oposiciones y concursos, a través de procesos de selección transparentes y abiertos, donde se primen los principios de mérito y capacidad.

En paralelo, seguiremos apostando por actualizar la legislación para el ejercicio de los altos cargos de la Administración en aras de garantizar la independencia, el conocimiento experto, el rigor y la profesionalidad en el nombramiento de directores o presidentes de organismos reguladores, autoridades independientes y organismos o entidades públicas.

Así mismo, continuaremos implementando programas de formación continua de los empleados públicos para actualizar conocimientos, por nueva legislación o nuevas técnicas de atención al ciudadano.