Asentamientos humanos, agua y territorio by Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad Universidad Nacional de Colombia

Asentamientos humanos, agua y territorio En el proceso de expansión del sur de Bogotá

Gloria Esperanza Narváez Tafur

NACIONAL FAC U LTA D D E A RT E S

MAESTRÍA EN HÁBITAT

Asentamientos humanos, agua y territorio En el proceso de expansión del sur de Bogotá Financiado por la DIB-2007 (CÓD. 20101009724)

Gloria Esperanza Narváez Tafur Trabajo de grado presentado para optar al título de Magíster en Hábitat - Estudios en vivienda

Director: Carlos Alberto Torres Tovar

NACIONAL FAC U LTA D D E A RT E S

MAESTRÍA EN HÁBITAT

NACIONAL FAC U LTA D D E A RT E S

MAESTRÍA EN HÁBITAT

Rector Moises Wasserman Lerner Vicerrector sede Bogotá Fernando Montenegro Lizarralde Decano Jaime Franky Rodríguez Director del Centro de Divulgación y Medios Alfonso Espinosa Parada Coordinador Académico Maestría en Hábitat Carlos Alberto Torres Tovar

A mi hija, Ana María, porque me permite la irreverencia, y me da la fuerza del día a día, a ella le quiero regalar el sueño, el conocimiento y la risa, un patrimonio que nadie le podrá arrebatar. A la mujer más tierna y linda, mi madre, Edelmira Tafur y a la memoria de mi padre Audino Narváez de quien heredé la terquedad. A los líderes sociales de Usme, Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha, por su amor a un territorio que fue obra de su propio esfuerzo, por su compromiso comunitario y su valiosa información, sin la cual este trabajo no se hubiese realizado.

Agradecimientos A La Universidad Nacional de Colombia y a la División de Investigación de la sede Bogotá, por la calidad de la educación que brinda, por creer en los procesos de investigación y por su apoyo económico. A su compañero de vida Fredy Antonio Castiblanco, por su ternura, prudencia y solidaridad. Al arquitecto Carlos Alberto Torres director de la Maestría y de esta tesis por sus oportunos comentarios, su insistencia y sus valiosos aportes. A los lectores por la generosidad con el tiempo y la pertinencia de sus aportes, la economista Mercedas Castillo y al sociólogo Hernán Darío Correa. A sus amigos Mariela Osorno (bióloga), Arturo Sánchez Andrade (ambientalista), David Doncel (ingeniero catastral), César Sánchez (economista), David Alba (antropólogo) y a Sergio Ballén (arquitecto), Jorge Correa (arquitecto), por sus valiosos aportes desde sus disciplinas de formación académica y además porque generaron espacios de encuentro y camaradería en muchas madrugadas de trabajo y en momentos de preocupación. A sus asistentes de investigación de la Universidad Nacional de Colombia a: David López (estudiante de arquitectura) y Ángela Pedraza (estudiante de ciencias políticas) y Ricardo Quintero (estudiante de arquitectura). A Rosita Narváez que me cuidó con cariño.

ASENTAMIENTOS HUMANOS, AGUA Y TERRITORIO EN EL PROCESO DE EXPANSIÓN DEL SUR DE BOGOTA Resumen

Esta tesis interpreta desde la perspectiva ambiental compleja la construcción social del territorio a partir de la relación entre los procesos ecológicos, socio-económicos y políticos presentes en la provisión y el acceso al agua, como componente esencial del hábitat, en las dinámicas de ocupación de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, en Bogotá, y el municipio de Soacha. Estos dos territorios sufrieron los mayores impactos en las oleadas de crecimiento al extremo de conurbarse la ciudad de Bogotá en este punto. Con la revisión de contexto de la ciudad se identifican las causas simultáneas que provocaron la generación de asentamientos informales. En el análisis del territorio se toman como referencia nueve barrios que fueron seleccionados de acuerdo con criterios temporales, espaciales y de origen. La investigación concluye que la urgencia de la población estaba puesta en cualquier solución habitacional y no en el agua, aunque ésta fue determinante en la consolidación del tejido y de la construcción social del territorio, con la paradoja de tener una cuenca rica en recursos naturales, que a pesar de ser proveedora de agua y materiales de construcción a la ciudad, su población ha tenido dificultades para acceder al agua potable y a un hábitat digno. Este trabajo hace una lectura del territorio a partir de la relación que establece la población con el agua, más allá de lo morfológico y lo tipológico. Toma como punto de referencia para el análisis los aportes de los actores de las luchas sociales y los procesos organizativos gestados en el sur de Bogotá. Se puede afirmar, entonces, que el derecho a la ciudad está determinado por la forma como se accede al agua, se llega a la ciudad y se construye el hábitat. Palabras claves: erritorio, hábitat, agua, ambiental, derecho a la ciudad.

Índice Índice de tablas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Índice de cuadros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Índice de gráficas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Índice de mapas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Índice de imágenes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capítulo 1. Marco teórico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1 La perspectiva ambiental como síntesis de los procesos ecológicos, económicos, sociales y políticos. . . . . . 1.2 El agua en los procesos ecológicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1 La perspectiva del hábitat en la construcción social del territorio y en los procesos ecológicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2 El papel del agua en la construcción del hábitat . . . . . . .

16 18 19 22

1.3 El agua y los procesos socio-económicos. . . . . . . . . . . . . . . 23 1.3.1 La accesibilidad y la asequibilidad del agua determinan la relación con los servicios públicos y el derecho a la ciudad. . . . 25 1.4 El agua y los procesos políticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.1 Agua, hábitat y derecho a la ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capítulo 2. Marco de referencia. Antecedentes de ocupación de usme, Ciudad Bolívar y Soacha. . . . . . . . . . . .

26 28

2.1 Los procesos de planeación que influyeron de manera directa o indirecta en la ocupación fragmentada del territorio hasta los años ochenta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2.2 Ciudad informal como parte de la ciudad. . . . . . . . . . . . .

2.3 Producción del suelo y las lógicas de ocupación. . . . . . .

2.4 El proceso de expansión urbana en las localidades de usme y ciudad bolívar y en el municipio de soacha. . . . . . . .

2.5 La conurbación Bogotá-Soacha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capítulo 3. Procesos ecológicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1 Caracterización ecológica del territorio de Usme, Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha. . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1 Ubicación espacial de Usme, Ciudad Bolívar y Soacha. . . . 3.1.2 Comprensión territorial de la cuenca del río Tunjuelo. . . . . . 3.1.3 Caracterización espacial de la cuenca del río Tunjuelito y las cuencas del municipio de Soacha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Estructura ecológica de Usme-Ciudad Bolívar y Soacha en el plan de ordenamiento territorial. . . . . . . . . . .

57 58 60 61 63

3.3 Caracterización de la zona conurbada . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.1 Impactos ambientales de la conurbación . . . . . . . . . . . . . .

3.4 Agua y procesos de ocupación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4.1 Procesos de ocupación de Usme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.2 Procesos de ocupación de Ciudad Bolívar . . . . . . . . . . . . . 3.4.3 Procesos de ocupación de Soacha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 Barrios de estudio. Relación entre el proceso de ocupación y el acceso al agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.1 Barrios de estudio en la localidad de Usme. . . . . . . . . . . . 3.5.2 Barrios de estudio en la localidad de Ciudad Bolívar . . 3.5.3 Barrios de estudio en el municipio de Soacha. . . . . . . . . . 3.5.4 Diversas tecnologías que facilitaron el acceso al agua. . .

67 70 74 77 78 82 88 91

Capítulo 4. Procesos socio-económicos. . . . . . . . . . . . . . . . . .

102

4.1 Caracterización socio-económica y calidad de vida. . . 4.1.1 Aspectos laborales y económicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.2 Calidad de vida, pobreza y desigualdad . . . . . . . . . . . . . .

103

4.2 Agua, servicios públicos y producción del hábitat. . . . 4.2.1 Esquemas de prestación y desarticulación de políticas de servicios públicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2 Agua y legalización de barrios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3 La complejidad del pago y del suministro de agua en Soacha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.4 La complejidad del suministro de agua en Bogotá . . . . 4.2.5 Análisis de disponibilidad de servicios públicos en Usme, Ciudad Bolívar y Soacha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capítulo 5. Procesos políticos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106 114 120 120 125 129 130 131 134

5.1 Los procesos sociales como parte de los movimientos territoriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 5.2 Conflictos en torno al agua y al territorio. . . . . . . . . . . . 5.2.1 Escalas de interpretación de los conflictos . . . . . . . . . . . . 5.2.2 Conflictos urbanos en relación con el agua en el sur de Bogotá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.3 Conflictos por el acceso al agua potable. . . . . . . . . . . . . .

136 137 137 139

5.3 Las reivindicaciones sociales giraron alrededor de la búsqueda del agua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 5.3.1 La participación empieza a ser cooptada por la institucionalidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 5.3.2 Aparece el territorio como escenario de interpretación . 147 5.3.3 La relación entre el proceso organizativo y el acceso al agua en los barios del área de estudio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 5.3.4 Grandes acciones construidas a partir del territorio. . . . 149 5.4 Usme, Ciudad Bolívar y Soacha son producto de los sucesivos modelos de ciudad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 5.4.1 Reflexión sobre el significado del derecho a la ciudad en el sur de Bogotá y Soacha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 5.4.2 Los habitantes de los sectores periféricos reclaman el derecho a pertenecer a la ciudad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

5.4.3 Percepción de los líderes comunitarios en relación con el derecho a la ciudad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Procesos políticos: en la interrelación entre los marcos de la planeación y la intervención del Estado y las dinámicas políticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161

Conclusiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159

Procesos ecológicos: vistos a partir de la relación entre producción del hábitat y los valores ecológicos. . . . . . . . . . .

160

Anexo marco de referencia Capitulo 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163

Procesos socio-económicos: entre la paradoja de la inclusión social urbana en torno al agua en relación con la legalización y la regularización del servicio del agua. . . . 160

Anexos Capítulo socio económico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

164

Anexos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Índice de tablas Tabla 1 – Áreas de origen ilegal y su participación en el suelo urbano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Tabla 3 - Población Total (Evolución Intercensal). Municipio de Soacha - (1973, 1985, 1993 y 2005) . . . . . . .

Tabla 2 - Valor Real del Suelo en Zonas Residenciales

Tabla 4 - Crecimiento Asentamientos Urbanos

Populares Expansión del Sur de Bogotá (zona estudiada) (1990 - 2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Informales. Bogotá D.C. (1950 - 2000) . . . . . . . . . . . . . .

163

Índice de cuadros Cuadro 1 - Población Total Censada (evolución intercensal). Expansión del Sur de Bogotá (Usme - Ciudad Bolívar y Soacha) - (1973, 1985, 1993 y 2005). . . . . . . . . . . 42 Cuadro 2 - Expansión del Sur de Bogotá (Usme - Ciudad

Cuadro 15 - Índice de Condiciones de Vida de los Hogares (Factor 1: Acceso y Calidad de Servicios). Expansión del Sur de Bogotá (Usme y Ciudad Bolívar) (2003 y 2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118

Bolívar y Soacha) - (1973, 1985, 1993 y 2005). . . . . . . . . . . 43

Cuadro 16 - Índice de Condiciones de Vida de los

Cuadro 3 - síntesis ocupación y potencial ecosistémico

Hogares (Factor 4: Calidad de la Vivienda). Expansión del Sur de Bogotá (Usme y Ciudad Bolívar ) - (2003 y 2007). 120

afectado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Cuadro 4 - Tecnologías utilizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Cuadro 5 - Tecnologías utilizadas por barrio. . . . . . . . . . 95 Cuadro 6 El Alcantarillado en los barrios de origen

Cuadro 17 - Viviendas ocupadas con personas presentes,

informal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Cuadro 18 - Viviendas ocupadas con personas presentes,

Cuadro 7 – Etapas Constructivas y de tipologías edificatorias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Cuadro 8 - Variables e Indicadores de la Fuerza Laboral. Expansión del Sur de Bogotá - (2003 y 2007). . . . . . . . . . 107 Cuadro 9 - Unidades económicas por tipo (según territorios y áreas) (participación %). Expansión del Sur de Bogotá (Usme, Ciudad Bolívar y Soacha) - 2005. . . . .

110

111

112

Cuadro 12 - Unidades Económicas Asociadas a Vivienda, por actividad económica (participación % de territorios y áreas) - Expansión del Sur de Bogotá (Usme, Ciudad Bolívar y Soacha) – 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113

164

Cuadro 20 - Población Total Censada (por sexo y grupos

Cuadro 21 - Población Total Censada (por sexo y grupos de edad). Expansión del Sur de Bogotá (Localidad de Ciudad Bolívar) - (1993 - 2005). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165

Cuadro 22 - Población Total Censada (por sexo y grupos de edad) - (participación y variación %) Expansión del Sur de Bogotá (Localidad de Ciudad Bolívar) - (1993 - 2005). 165 de edad) Expansión del Sur de Bogotá (Municipio de Soacha) - (2005). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166

Cuadro 24 - Población Total Censada (por sexo y grupos

Indicadores de NBI - Expansión del Sur de Bogotá

115

Hogares por factores - Expansión del Sur de Bogotá (Usme y Ciudad Bolívar) - (2003 y 2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 6

Cuadro 19 - Población Total Censada (por sexo y grupos

Cuadro 23 - Población Total Censada (por sexo y grupos

Cuadro 13 - Distribución de Personas y Hogares por (2003 y 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuadro 14 - Índice de Condiciones de Vida de los

133

de edad) - (participación y variación %). Expansión del Sur de Bogotá (Localidad de Usme) - (1993 - 2005) . . . . . . . . 164

Cuadro 11 - Unidades Económicas Asociadas a Vivienda, por actividad económica (según territorios y áreas) (participación %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

que no disponen de servicios públicos (según territorios y áreas) (participación %). Expansión del Sur de Bogotá (Usme, Ciudad Bolívar y Soacha) - 2005. . . . . . . . . . . . . . de edad). Expansión del Sur de Bogotá (Localidad de Usme) - (1993 - 2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cuadro 10 - Unidades económicas por tipo (participación % entes territoriales y áreas). Expansión del Sur de Bogotá (Usme, Ciudad Bolívar y Soacha) – 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

por disponibilidad de servicios públicos (según territorios y áreas) (participación %). Expansión del Sur de Bogotá (Usme, Ciudad Bolívar y Soacha) - 2005. . . . . . . . . . . . . . 132

de edad). Expansión del Sur de Cuadro 13 - Bogotá (Municipio de Soacha - Localidad 4) - (2005). . . . . . . . . .

166

Cuadro 25 - Población Total Censada (por sexo y grupos de edad). Expansión del Sur de Bogotá (Municipio de Soacha - Localidad 6) - (2005). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167

Índice de gráficas Gráfica 1 - Crecimiento Asentamientos Urbanos Informales (Ha). Bogotá D.C. (1950 - 2000) . . . . . . . . . . . 36

Gráfica 12 Variables poblacionales e Indicadores de Fuerza Laboral Expansión del Sur de Bogotá (Usme y Ciudad Bolívar) - (2003 y 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gráfica 2 – Áreas de origen ilegal. (Ha) por localidad. . . 39 Gráfica 3 – Comparativo Trimestral. . . . . . . . . . . . . . . . 39 Gráfica 4 -Valor Real del Suelo en Zonas Residenciales

Gráfica 13 – Tipo de Unidades económicas por

Populares. Expansión del Sur de Bogotá (zona estudiada) (1990 - 2005). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Gráfica 14 - Distribución de Personas y Hogares por

Gráfica 5 - Población Total Censada (evolución intercensal). Expansión del Sur de Bogotá (Usme Ciudad Bolívar y Soacha) – (1973, 1985, 1993 y 2005) . . .

Gráfica 6 - Población Total (evolución intercensal) Municipio de Soacha - (1973, 1985, 1993 y 2005) . . . . . . .

Gráfica 7 de Representación del uso de tecnologías. . . . 96 Gráfica 8 - Pirámide Poblacional (por sexo y grupos de edad). Expansión del Sur de Bogotá (Localidad de Usme) - (1993 - 2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104

Gráfico 9 - Pirámide Poblacional (por sexo y grupos de edad). Expansión del Sur de Bogotá (Localidad de Ciudad Bolívar) - (1993 - 2005). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Gráfica 10 - Pirámide Poblacional (por sexo y grupos de edad). Expansión del Sur de Bogotá (Municipio de Soacha) - (2005). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105

Gráfica 11 - Pirámide Poblacional (por sexo y grupos de edad). Expansión del Sur de Bogotá (Municipio de Soacha - Localidad 4 y 6) - (2005). . . . . . . . . . . . . . . . . . .

territorio. Expansión del Sur de Bogotá (Usme, Ciudad Bolívar y Soacha) - 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106

109

Indicadores de NBI - Expansión del Sur de Bogotá

(2003 y 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gráfica 15 - Índice de Condiciones de Vida de los Hogares por factores - Expansión del Sur de Bogotá (Usme y Ciudad Bolívar) - (2003 y 2007). . . . . . . . . . . . .

115

116

Gráfica 16 - Índice de Condiciones de Vida de los Hogares (Factor 1: Acceso y Calidad de Servicios). Expansión del Sur de Bogotá (Usme y Ciudad Bolívar) (2003 y 2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118

Gráfica 17 - Índice de Condiciones de Vida de los Hogares (Factor 4: Calidad de la Vivienda). Expansión del Sur de Bogotá (Usme y Ciudad Bolívar ) (2003 y 2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119

Gráfica 18 – Sistemas de Abastecimiento de Bogotá y la Región. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130

Grafica 19 - Conflictos entorno al agua y al territorio.

137

105

Índice de mapas Mapa 1 – Asentamientos de origen ilegal. . . . . . . . . . . . . 36 Mapa 2 - Estructura Ecológica Principal en conexión con el ciclo I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Mapa 3- Mosaico: Crecimiento Urbano en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar de Bogotá D.C. y el municipio de Soacha durante el periodo 1980-2006 . . . . . 45 Mapa 4 – Aerofotografía Ciudad Bolívar y Municipio deSoacha años 1990 y 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Anexo Mapa 5 - Crecimiento Urbano Hasta el año 1980

Municipio de Soacha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Anexo Mapa 8 - Crecimiento Urbano Hasta el Año 2000 en las Localidades de Usme, Ciudad Bolívar y el Municipio de Soacha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Anexo Mapa 9 - Crecimiento Urbano Durante el periodo 2004-2006 en las Localidades de Usme, Ciudad Bolívar y el Municipio de Soacha. . . . . . . . . . . . . . 54

Mapa 10 – División política localidades Ciudad Bolívar y Usme Bogotá D.C. y el Municipio de Soacha 2007. . . . . 58

en las Localidades de Usme, Ciudad Bolívar y el Municipio de Soacha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Mapa 11 – Estructura Hídrica localidades Ciudad Bolívar y Usme Bogotá D.C. Municipio de Soacha . . . . . . 60

Anexo Mapa 6: Crecimiento Urbano Durante el Periodo

Mapa 12 – Cuencas del Área de Estudio . . . . . . . . . . . . . Mapa 13 – Barrios de Estudio de la localidad Usme

1980-1990 en las Localidades de Usme, Ciudad Bolívar y el Municipio de Soacha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Anexo Mapa 7 - Crecimiento Urbano Durante el Periodo 1990-2000 en las Localidades de Usme, Ciudad Bolívar y el 7

(Danubio azul). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Mapa 14 – Barrios de Estudio de la localidad Usme (El Triangulo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mapa 16 – Barrios de Estudio de la localidad Ciudad Bolívar (Jerusalen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Mapa 19 – Barrios de Estudio Municipio de Soacha (Altos de Cazucá). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Mapa 17 – Barrios de Estudio de la localidad Ciudad Bolívar (Caracolí) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Mapa 20 – Barrios de Estudio Municipio de Soacha (Los Olivos III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Mapa 18 – Barrios de Estudio de la localidad Ciudad Bolívar (Verbenal Quiba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Índice de imágenes Imagen 1. Tipos de construcción de la vivienda.. . . . . . . 82 Imagen 2. Barrio consolidado y densificado en Potosí. . . 83 Imagen 3. Tipos de vivienda en el barrio Caracolí. . . . . . 85 Imagen 4. Sistema flauta de donde toma el agua del Tanque de Sierra Morena el barrio Caracolí y barrios de Soacha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Imagen 5. Vivienda en desarrollo progresivo en Verbenal Quiba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Imagen 6: Barrio Altos de Cazucá. . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

“Una gota de agua poderosa basta para crear un mundo y disolver la noche. Para soñar, el poder, basta una gota imaginada en profundidad. El agua así dinamizada es un germen; otorga a la vida un ímpetu inagotable”. Gaston Bachelard

Introducción

Los años ochenta marcaron la expansión de la ciudad hacia el borde sur presionando la ocupación en el municipio de Soacha, por lo cual la población se estableció en las rondas del sistema hídrico y las laderas del sistema orográfico, lo que ocasionó el crecimiento de grandes asentamientos por fuera del perímetro dotado de servicios públicos y con total desconexión del plan vial. Así, se consolidó una periferia1 densa, de difícil accesibilidad, con alto déficit en equipamiento e infraestructura, mala calidad en la prestación de los servicios públicos, con viviendas de desarrollo progresivo y con alto nivel de precariedad. Las localidades de Usme y Ciudad Bolívar en Bogotá y las comunas 4 y 6 del municipio de Soacha no fueron objeto de un proceso planificado del territorio. Han sido producto de la exclusión y de las relaciones de inequidad que ha generado Bogotá. No obstante, su proceso de crecimiento continúa siendo promovido por la urbanización pirata o por disposiciones de ley, al definirle áreas de expansión urbana para vivienda social en los respectivos planes de ordenamiento territorial. De esta forma se acentúa la fragmentación sobre la cual han crecido estos territorios con topografía de alta pendiente y gran deterioro ambiental, que se expresa en carencias del trazado urbano sin compatibilidad con los sistemas naturales. El área de estudio fue seleccionada por ser parte de territorios que históricamente han concentrado los mayores índices de pobreza y miseria en la ciudad, expresados en el deterioro de la calidad de vida de la población por las dificultades de acceso al agua por su condición de origen informal en los primeros años de conformación de los asentamientos. En esas condiciones las luchas sociales en el sur de Bogotá se dieron por el acceso al agua potable y por los altos costos en los servicios públicos; estas luchas fueron prácticas reivindicativas desconectadas de los parámetros configuradores de la espacialidad

urbana, de los usos del territorio y de las potencialidades ambientales y productivas que éste ofrece. La tesis Asentamientos humanos, agua y territorio, tiene como objetivo analizar la construcción social del territorio a partir de la relación entre los procesos ecológicos, socio-económicos y políticos presentes en la provisión y el acceso al agua, considerada como componente esencial del hábitat, a partir de una lectura de los procesos de ocupación en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, en Bogotá, y en el municipio de Soacha desde los años ochenta. El área de estudio se encuentra ubicada entre la cuenca del río Tunjuelo que cuenta con una riqueza hídrica importante en el área sur-oriental de la ciudad, por su cercanía al páramo de Sumapaz, y en la zona-occidental de la Sabana de Bogotá que cierra la cuenca alta del río Bogotá aunque presenta el drama de la escasez y de las dificultades de acceso al agua en la dinámica de conurbación BogotáSoacha. Esta investigación busca principalmente: (1) Precisar conceptos y enfoques que permitan interpretar las relaciones determinantes entre los procesos ecológicos, socio-económicos y políticos del agua en relación con el acceso al hábitat, (2) Analizar la relación entre el acceso y la disposición del agua en los procesos sociales de ocupación del territorio en función de su disponibilidad a partir de los años ochenta (3) Identificar los principales conflictos sociales y las políticas públicas definidas en la construcción social de los territorios a partir del acceso al agua. Esta investigación se hace a partir del papel que ha cumplido el agua en las dinámicas de crecimiento poblacional en áreas de expansión en el sur de la ciudad. Profundiza en que no es lo mismo el instalarse en los barrios legalmente constituidos de la ciudad, a

1 Sobre zonas suburbanas y rurales.

hacerlo en estos lugares que son fruto del crecimiento informal. Esto indica que el tipo de ocupación que se ha gestado en Usme, Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha ha sido una manera en que la población responde a sus propias necesidades, mediante la articulación de unas dinámicas determinadas por sus luchas para sobrevivir a la exclusión social y espacial. La pregunta que orientó esta tesis fue formulada de la siguiente manera: ¿la búsqueda por el acceso al agua dinamizó la construcción social del hábitat y articuló los procesos ecológicos, socio-económicos y políticos? Para dar curso a esta pregunta se tomó como base de referencia el análisis cualitativo e interpretativo, desarrollado en la metodología de Interpretación Social y Apropiación Territorial2 – ISAT–, que facilita, ante todo, la posibilidad de contar con nuevos referentes de interpretación de la realidad territorial, algunos de ellos aportados por los mismos sujetos de la acción, que posibilitan la construcción social del conocimiento. El enfoque utilizado por la metodología ISAT es el cualitativo interpretativo, fundado epistemológicamente en la fenomenología pues considera la perspectiva del sujeto que vive la problemática en su propio mundo, y en la hermenéutica que permite realizar una interpretación de los discursos construidos por los sujetos relevantes así como la delimitación del campo temático. Éste se hace a partir del abordaje de la indagación en un contexto de ocurrencia delimitado por el territorio donde se encuentran las personas que participan en los acontecimientos que se estudian (De Tezanos, 1998: 42). Bajo este enfoque el investigador se acerca a la situación tal como la encuentra, sin intervenir en su forma de generarse o producirse, al tomar el análisis y la interpretación del discurso realizado por los sujetos motivo de estudio. Esta metodología alude a la necesidad de combinar de una manera sistemática un conjunto de procesos, esencialmente participativos, a partir de los cuales una comunidad, territorialmente definida y socialmente articulada en unos planes y formas de organización, desarrolla su potencial de actuación sobre las variables más decisivas en la configuración y definición estructural del espacio urbano, así

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como la capacidad de gestión en la orientación del ordenamiento territorial, en función de la satisfacción de sus necesidades vitales. Los elementos que configuran la metodología ISAT están enraizados en las prácticas de la educación popular, al tener afinidad epistemológica con la Investigación Acción Participativa –IAP– y el diálogo de saberes los cuales se enmarcan en el paradigma crítico hermenéutico3 bajo las cuales se procuraba que las comunidades fueran gestoras de su propio desarrollo y de su propio destino. Pero, la educación popular4, profundamente interesada en la constitución de sujetos sociales y políticos, no pudo dar cuenta de los aspectos territoriales inherentes al desarrollo, por estar prioritariamente preocupada por enfrentar las contradicciones sociales que hicieron descargar el peso histórico de las problemáticas de estos sectores. El conocimiento es un proceso de construcción social, en donde cada individuo posee parte de él: “En la vida cotidiana el conocimiento aparece distribuido socialmente, vale decir que diferentes individuos y tipos de individuos lo poseen en grados diferentes. La sociología del conocimiento debe ocuparse en cómo éste interpreta y construye la realidad, fundamentalmente la realidad de los procesos de la vida cotidiana, determinada por sus propias objetivaciones, a través de un análisis fenomenológico de la vida cotidiana” (Berger y Luckmann, 1999: 65), por tanto, este conocimiento se debe tejer y en la articulación de elementos y de versiones se construye otra noción de la realidad. A partir de reconocer que el conocimiento es un proceso, esta investigación implementó tres perspectivas de análisis, que se han construido para efecto de integrar los conceptos sobre ambiente, territorio,

2 Esta metodología se empezó a construir en el marco de la ejecución del proyecto Río Tunjuelito o la construcción del ambientalismo popular urbano, para siete localidades en el sur de Bogotá, con la Fundación FIDHAP, realizado entre 1998 y 2001 bajo la coordinación del proyecto de la autora de esta investigación. El proceso generado fue sistematizado con este enfoque metodológico del ISAT. 3 De acuerdo con la identificación de paradigmas en ciencias sociales que hace la escuela de Frankfurt, o Teoría crítica. 4 Una de sus principales figuras es el brasilero Paulo Freire. El propósito central de este paradigma se vincula con la necesidad de que el proceso de cambio sea asumido por el pueblo.

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hábitat y derecho a la ciudad, así: la primera: la perspectiva ambiental como síntesis de los procesos ecológicos, socio-económicos y políticos; la segunda: la perspectiva del hábitat en la construcción social del territorio y en los procesos ecológicos; la tercera: la perspectiva del agua en los derechos humanos y en el derecho a la ciudad.

Esta investigación fue desarrollada en cuatro fases así: (1) Construcción del marco teórico y del marco de referencia. En ellos se definieron conceptos teóricos y enfoques orientadores del proceso de indagación, que permitieron deducir categorías de análisis y subcategorías, y se precisaron puntos de referencia para la interpretación de la información. (2) Identificación de escenarios y actores relevantes. Se hizo la definición de criterios para la selección de los barrios así: en lo temporal: que fuera un barrio por década en cada localidad de estudio y el municipio de Soacha, para un total de nueve; en lo espacial: que al menos un barrio por localidad o municipio estuviera ubicado en el área de expansión y en la zona de ladera; y por el origen: que fueran barrios informales y en ellos se identificaron los actores relevantes. (3) Delimitación del contexto de ocurrencia. Se realizó el trabajo de campo con aplicación de dieciocho entrevistas semiestructuradas en profundidad, dirigidas a líderes comunitarios que estuvieron en la dinámica fundacional del barrio y que promovieron las demandas de su comunidad por agua, así como a funcionaros de entidades públicas y académicos, todos con amplio conocimiento en el área de estudio. También se realizaron conversatorios con especialistas en tres temas: agua y perspectiva ambiental; agua y territorio; y agua y derecho a la ciudad. Ello permitió que los expertos dieran pistas que aportaran a la sistematización y análisis del trabajo de campo. (4) Análisis e interpretación de la información. Posibilitó el ejercicio de teorización en donde la mente inicia un auténtico juego con las categorías: percibe, contrasta, compara, agrega y ordena categorías

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o grupos de categorías y sus propiedades, establece nexos, enlaces o relaciones y especulaciones. Este procedimiento permitió identificar el papel del agua en la construcción social del hábitat en tres componentes: teórico y de análisis (se precisaron las categorías de interpretación); análisis de los textos y discursos empíricos alrededor del territorio y del hábitat (se validaron las categorías identificadas); y análisis del poder político en torno al agua (se analizó la utilidad de las categorías en relación con la acción social). Este procedimiento posibilitó la revisión de los asentamientos humanos en el sur de Bogotá en los últimos veinte cinco años5 en relación con el tipo de vivienda producida, sujetos públicos y privados, individuales y colectivos propios de la gestión pública; definición de instrumentos de la gestión técnicos y políticos para la gestión integral del hábitat; articulación de la política pública en concordancia con las propuestas de desarrollo, planes de ordenamiento territorial y políticas sectoriales.

La tesis por capítulos La tesis Asentamientos humanos, agua y territorio está conformada por cinco capítulos así: El capítulo del “Marco teórico” expone las bases conceptuales para comprender la interrelación entre el agua y los procesos ecológicos, socio-económicos y políticos desde la perspectiva ambiental compleja. Profundiza en conceptos que no son definiciones acabadas, porque se codifican de acuerdo con la óptica con la que se aborden el territorio, el hábitat o los derechos. Reflexiona sobre el papel del agua en los procesos ecológicos, mediante el reconocimiento del valor de las perspectivas ambientales de diversos autores que tienen en común la mirada de la complejidad. Interioriza desde diversas posturas el hábitat relacionado con otras formas de vida o de construcción cultural. Desarrolla el papel del agua en la construcción social del territorio, y de los límites que tiene

5 Esta fue la época en la que se aceleró significativamente el proceso de ocupación informal del territorio escogido como área de estudio, cuya tendencia se ha mantenido hasta el día de hoy.

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la misma naturaleza. Complejiza la relación del agua con la accesibilidad y la asequibilidad en relación con los servicios públicos y con el derecho a la ciudad. El capítulo de “Marco de referencia”, construye unos puntos de contexto sobre lo que acontece en la ciudad, que inciden en la forma de ocupación del área de estudio, indaga sobre las relaciones políticas que permiten comprender las causas estructurales de la planeación y el costo del suelo, que junto con la crisis de inquilinatos y la presencia de los desplazados en la periferia fueron elementos determinantes en la construcción de la espacialidad del sur como producto de una planeación fragmentada y excluyente, que incidió en las dinámicas de crecimiento de la ciudad y la conurbación Bogotá-Soacha. El capítulo titulado “Procesos ecológicos” hace una caracterización del territorio que permite identificar las potencialidades hídricas y ambientales del área de estudio así como sus limitaciones. A partir de la comprensión de sus condiciones climáticas en la relación agua-hábitat, relaciona fuentes naturales, cuencas hidrográficas y dinámicas de ocupación, además tiene en cuenta los impactos ambientales generados por la conurbación, analiza las transformaciones ecológicas dadas a partir de las dinámicas de ocupación, identifica los valores ecosistémicos, el acceso al agua y producción social del hábitat en los barrios de estudio. El capítulo llamado “Procesos socio-económicos” analiza el elemento natural agua como servicio público en la construcción del hábitat, los costos de ésta y la incidencia en los sectores más pobres en razón al modelo de regulación económica, para inducir a la reflexión sobre la pertinencia del debate entre lo público y lo colectivo. Diferencia entre lograr el acceso al agua y la formalización de esos sectores al cuestionar la incidencia que tiene tanto el crecimiento informal como la legalización. Profundiza sobre las condiciones de vida de la población del área de estudio y su relación con el acceso al servicio del agua. El capítulo identificado como “Procesos políticos” hace una reflexión sobre el papel de los movimientos sociales en la transformación de la espacialidad de la ciudad, a partir de procesos de resistencia, marcados por lógicas de actuación de las que no fueron muy

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conscientes en su momento, como la lucha reivindicativa, la institucionalización de la participación y la reflexión del territorio como escenario de interpretación. Establece la relación entre los procesos organizativos y el acceso al agua. Profundiza sobre el contenido, la escala de actuación y los conflictos que acontecen en el área de estudio. Con el análisis normativo identifica los modelos de ciudad sobre los cuales creció el sur de Bogotá.

A manera de conclusión Se logró constatar que el proceso de ocupación en el área de estudio, no se hizo de manera consiente en referencia al tema del agua, pero sin este elemento escaso, la consolidación de los asentamientos humanos no se hubiese dado. El agua fue determinante en la consolidación del tejido social y de la construcción social del territorio en las áreas periféricas de la ciudad, es decir, ha sido fundamental para imprimirle el carácter social a la construcción del territorio, puesto que ha sido reivindicación, motivación, detonante y movilizadora de la comunidad, y dio como resultado la construcción de identidad, organización y sentido de pertenencia. No obstante, la búsqueda en el sur de Bogotá ha sido por el techo y no por el agua, aunque han existido varias razones que motivan poblar determinado lugar como es el transporte, el agua y la tierra a bajo costo. Los procesos de ocupación en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar y en el municipio de Soacha, estuvieron determinados por la necesidad de tener un lugar donde vivir. La urgencia de la población estaba puesta en cualquier solución habitacional y no en el agua; en la búsqueda por un sitio de abrigo para los hijos, para proyectar el futuro y considerar que en estos territorios podían lograr otros niveles de “desarrollo”. Entonces la reflexión giró alrededor de la paradoja de una cuenca, que tiene unas características particulares como proveedora del agua a la ciudad, y simultáneamente tiene una gran dificultad para que sus propios habitantes locales accedan al agua potable. Si bien, hoy este no es el problema, dado que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de

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Bogotá –EAAB– logró construir las redes de provisión y sistemas de abastecimiento, sí lo fue durante varias décadas con la permisividad del Estado, que de alguna manera lo manejó como un mecanismo de bajarle la tensión a los procesos de ocupación, ante la incapacidad de construir alternativas reales de vivienda a la población de bajos ingresos. Esto se fue expresando en una ausencia de política pública y de planes de ordenamiento que hubieran posibilitado unas mejores condiciones de habitabilidad y de vida para esta población. La dualidad también la expresó la relación de tres territorios con potencialidades físicas y ecológi-

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cas distintas: Usme representa la riqueza hídrica, en cambio Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha representan la escasez de este valioso recurso, dadas sus condiciones climáticas, la infertilidad de los suelos y la poca vegetación. No obstante, estos dos últimos territorios sufrieron los mayores impactos en las oleadas de crecimiento al extremo de que se dio la conurbación con la ciudad en este punto. Lo complejo es que en Usme, a pesar de tener agua en abundancia, sus habitantes tuvieron los mismos conflictos por el acceso al agua, incluso tuvieron más problemas de salud pública por consumir agua no potable que en los otros dos territorios mencionados.

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Capítulo 1 Marco teórico Una consideración lógica de esta investigación es que centra la preocupación en el significado del agua en la construcción del hábitat. Es claro que sin agua no hay hábitat humano, no obstante, siendo un elemento tan evidentemente necesario tiende a ser desconocido en la comprensión del territorio, en los procesos de formulación de políticas públicas de hábitat y en las dinámicas culturales. Justamente por ser el agua un elemento determinante debería ser abordado y comprendido en toda su complejidad, teniendo en cuenta las fuentes generadoras, el funcionamiento del ciclo hidrológico y la forma como es afectada por la acción antrópica. Lo cierto es que la forma como se accede al agua determina el nivel de inclusión o de exclusión en la construcción del hábitat y la relación con el derecho a la ciudad, lo cual implica integrar diversas perspectivas de análisis que se complementan, como la ambiental en la interrelación de los procesos ecológicos, socioeconómicos y políticos; el hábitat en la construcción social del territorio y en los procesos ecológicos; el agua como derecho humano y derecho a la ciudad. Desde una perspectiva ambiental y con un abordaje conceptual de los procesos ecológicos, socioeconómicos y políticos se analiza el acceso al agua como componente esencial del hábitat, entendiendo éste como construcción social y el reconocimiento de múltiples territorios; y con el enfoque del derecho a la ciudad como escenario de inclusión y de igualdad ante los procesos de ordenamiento y de formulación de políticas públicas. El abordaje teórico desde la perspectiva ambiental en tanto integra la complejidad, posibilita la construcción epistemológica rica en diferentes elementos de análisis al reconocer la importancia de la interdisciplinariedad en la construcción del conocimiento y el valor propio de todas las formas de conocer, ofrece múltiples posibilidades de análisis y de interpretación a los hechos ambientales en relación con el territorio y la cultura, reconoce la multicausalidad y multidimensionalidad en una noción de totalidad que incluye lo físico, lo biótico, lo humano y lo social. 15 A s e n t a m i e n t o s

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El concepto de hábitat es muy cercano a la noción de territorio a partir de la relación de una serie de condiciones físicas integrales que aseguran la pervivencia de un ser en un lugar determinado. Pero esas condiciones también están ligadas con la proyección cultural que va más allá de los elementos netamente materiales, al establecer interrelaciones complejas entre la cultura y la naturaleza de manera indisoluble. El territorio es entendido aquí como “concepto relacional que insinúa un conjunto de vínculos de dominio, de poder, de pertenencia o de apropiación entre una porción o la totalidad del espacio geográfico y un determinado sujeto individual o colectivo” (Montañez, 2001: 20). Complementado por la noción dada por Raúl Zibechi, en el sentido de que “los territorios que construyen los movimientos indígenas en áreas donde habitan desde hace siglos no pueden compararse con las experiencias urbanas de los sectores populares” (Zibechi, 2008: 7). Existe una forma distinta de habitar, construir y apropiar el territorio por parte de las comunidades indígenas porque desarrollan una cosmogonía propia, estableciendo una: el territorio es su vida. En cambio, en los sectores populares el territorio es un medio para sobrevivir que con el tiempo aprenden a apropiarlo y lo hacen a través de la lucha, la confrontación, la cotidianidad, es decir, de la construcción social. El derecho a la ciudad posibilita el debate de la inclusión y de la igualdad de los asentamientos humanos urbanos informales que se asumen por fuera del marco jurídico y de la planificación formal del territorio. Posibilita enriquecer los componentes de un concepto que continúa en construcción, como es el del hábitat. La interrelación de las tres perspectivas, la ecológica, socio-económica y política, indican la interdependencia y la totalidad, y posibilitan la comprensión compleja del proceso de ocupación del área de estudio, circunscrito a las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha. El esquema 1 da cuenta de los elementos centrales que aborda este marco teórico. el proceso de expansión del sur de

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Esquema 1- Factores interactivos de la perspectiva ambiental compleja en la comprensión del territorio

Fuente: Elaboración propia

1.1 La perspectiva ambiental como síntesis de los procesos ecológicos, económicos, sociales y políticos Toda vida en la tierra depende del suelo, el agua y el aire del planeta; y la calidad general del ambiente influye en todos los aspectos de la actividad humana como la salud y el bienestar, el empleo y la recreación, los asentamientos, la industria y la agricultura. Pero la actividad humana, especialmente durante las últimas cinco décadas, ha influido en el aumento del deterioro del medio ambiente del planeta en forma significativa con un costo muy alto para la misma humanidad, incluso con consecuencias sociales y económicas catastróficas. Lo ambiental, como una perspectiva de análisis en la construcción del conocimiento, orienta una lógica de comprensión del mundo y de los fenómenos que en él acontecen, distintos a la lógica 16 A s e n t a m i e n t o s

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formal dominada por la racionalidad económica6. Convoca al ejercicio analítico interdisciplinario, incluyendo el proceso de construcción normativa como elemento vinculante y protector para cruzar las posibles interrelaciones entre el ambiente y los llamados factores antrópicos. La perspectiva ambiental en tanto desarrolla el pensamiento complejo, permite comprender las dinámicas de ocupación de origen informal7 y la función del agua, afectada ésta por los desarrollos de asentamientos poblacionales. Esto significa que el agua cumple con una doble función, como estabilizador del ecosistema y como elemento determinante de la construcción del 6 El concepto de la racionalidad económica e instrumental de la modernidad, es utilizado por Leff, 2000: 127. 7 Tema central de esta investigación que se asocia al origen del área de estudio en el borde sur de Bogotá.

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hábitat. Según Carrizosa “el aporte del pensamiento ambiental al concepto de hábitat: es el enfoque interdisciplinario”8. Y como dice Morin, el pensamiento complejo “está animado por una tensión permanente entre la aspiración a un saber no parcelado, no dividido, no reduccionista, y el reconocimiento de lo inacabado e incompleto de todo conocimiento, (…) asume el pensamiento complejo como un mecanismo de resistir ante miradas totalizantes, la articulación entre lo físico y lo biológico se complejiza, y complejiza, a su vez, a lo cultural” (Morin, 2001: 13).

La pertinencia del pensamiento ambiental complejo lleva a preguntarse por qué es imperativo hoy en el mundo hablar de lo ambiental, como una urgencia de la humanidad a partir de la mirada ética. Sin duda la respuesta está en los hechos que han llevado a reconocer que el modelo de sociedad dominante basado en la acumulación y el consumismo ha provocado una profunda crisis ambiental, al extremo de considerar que el agua pueda ser privatizada9. Consideración que amenaza la sostenibilidad ecológica y ambiental del territorio y acentúa la inequidad y exclusión social.

Esquema 2: Articulación de autores que posibilitan la construcción de la perspectiva ambiental compleja desde los procesos ecológicos, económicos sociales y políticos.

Fuente: Elaboración propia

8 Son comentarios de Julio Carrizosa Umaña en el IV Encuentro Internacional Hábitat Colombia, Medellín, marzo 11 al 15 de 1996. Tomado de las memorias del seminario especializado: Producción, uso y consumo de ciudad. 9 Privatizar el agua es una de las grandes conclusiones del “Consenso de Washington”, que fue impulsado a partir de 1990 por John Williamson, del Instituto de Economía Internacional pora el FMI, BM y se convirtió en la ideología oficial del nuevo orden mundial (Maude y Clarke, 2002: 137).

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1.2 El agua en los procesos ecológicos Para efecto de esta investigación interesa el agua en dos sentidos: uno, como estabilizador de los ecosistemas, en referencia a las fuentes generadoras de agua y a ésta en su estado natural como parte del ciclo hidrológico con sus afectaciones por acción antrópica; y dos, como elemento determinante en la construcción del hábitat en donde se establece la relación con la accesibilidad al agua potable por parte de la población humana, en particular en las ciudades. Las malas condiciones en su tratamiento han afectado no solo su cantidad sino su calidad, siendo perjudicada principalmente la población más pobre. “El ciclo actual del agua es obra, al menos en parte, de la evolución misma de la vida y es la estructura de la vida la que colabora en su regulación. Puede decirse que el agua es parte de la vida (…) el hombre, según Odum, no está preparado todavía para remedar el ciclo hidrológico global. Sin duda alguna existen salidas tecnológicas para suplir la escasez del agua, pero estas salidas pueden tener consecuencias ecológicas irreversibles” (Ángel, 1995: 37).

Y el agua como elemento determinante en la construcción del hábitat, obliga a reconocer que la ciudad no logra ser autosuficiente, debe acudir al ámbito de la región, constituyéndose en un punto de sostenibilidad o de conflicto en el territorio. “La cantidad de agua que se inyecta en una región, es agua que se le está restando a las regiones vecinas. Mientras sembramos humedad, estamos produciendo simultáneamente desiertos” (Ángel, 1998: 37). El manejo dado a las fuentes proveedoras de agua, la disposición final de las aguas residuales y la concentración poblacional son el reflejo de la insostenibilidad territorial que, seguramente, no se podrá resolver con medidas tecnológicas o con la privatización. Según (Bettini, 1998: 208) La ciudad no es un sistema cerrado, y su sostenibilidad está todavía por demostrar. Como los sistemas naturales (o ecosistemas) la ciudad debe ser considerada un sistema abierto que intercambia energía e informaciones con el ambiente que le rodea. De hecho Eugene P. Odum definió la ciudad como un sistema heterótrofo o in-

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completo dependiente de amplias zonas limítrofes y no limítrofes para la energía, los alimentos y el agua. La cantidad de recursos naturales que mantienen a la población y a la actividad urbana es enormemente superior a la que la ciudad es capaz de producir. Las ciudades importan grandes cantidades de alimentos, agua y energía que son transformadas en bienes y servicios y parcialmente restituidas al ambiente en forma de residuos y emisiones.

La lectura ecológica del territorio implica revisar los postulados teóricos de diversos autores, que en común construyen su base de análisis desde la complejidad reconociendo las interacciones que este pensamiento provoca, como según se explica a continuación. Van Der Hammen (1998) establece la relación integral del agua entre fuentes generadoras y su recorrido a partir del análisis presentando del río Bogotá y sus afluentes principales. Comienzan en los páramos y partes altas de los cerros de donde proviene la mayor parte de sus aguas y donde empieza la contaminación por venenos agrícolas, ganado y desechos del hombre, contaminación que se agrava en su paso por pueblos y ciudades. La insostenibilidad del recurso hídrico se incrementa con prácticas como la extracción de agua subterránea de los acuíferos, que es una de las causas principales del descenso del nivel freático, principalmente en los cerros, la desaparición de buena parte de las fuentes y quebradas en el área y en general de una disminución considerable del agua superficial del sistema del río Bogotá y sus afluentes. Para dimensionar el impacto ambiental generado por la acción humana es necesario estudiar las bases ecológicas como requisito para comprender los cambios introducidos por el ser humano en el ecosistema. De acuerdo con el planteamiento de Ángel (1998) en el problema ambiental hay que comprender tanto el ecosistema como los modelos culturales construidos sobre la transformación de la naturaleza. El modelo de interpretación ambiental tiene que ser, por tanto, necesariamente interdisciplinario. Es el instrumento teórico que requiere la construcción de una sociedad ambiental. Carrizosa (2001) dice que esta perspectiva se fundamenta en lo que ha llamado el paradigma de la complejidad o del pensamiento complejo, la

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aproximación filosófica y científica que insiste en afrontar con la mayor valentía posible una visión no reduccionista y no simplificante, explícita y consciente, en la que se acepta que vivimos en un mundo pleno de variables e interrelaciones, que nuestra visión no es nada diferente a una percepción subjetiva, y que lo que llamamos causa es siempre el efecto de algo más, que a su vez está interrelacionado con otras variables. Su percepción ambiental compleja no se restringe a lo holístico, incluye necesariamente la percepción detallada de las partes producida por el análisis profundo de la realidad. Solo así es posible pensar compleja y ambientalmente; solo así se evita que lo ambiental se convierta en otro nombre para lo superficial o para lo ligero. La relación multicausal es la posibilidad del análisis profundo de la realidad, que posibilita la relación hombre naturaleza. Ost (1996) argumenta que el fracaso, tanto teórico como práctico, del modelo que separa al hombre de la naturaleza y del medio en lugar de la identificación entre ambos, exige hoy en día la adopción de una epistemología de la complejidad. Diferencia la idea de globalidad y la idea de procesualidad. La primera enseña que en la naturaleza todo forma parte de un sistema, y la segunda, para comprender de la naturaleza, concede más importancia a los procesos que a los elementos y a las funciones que a las sustancias, demostrando que la integralidad de los medios de vida descansa en equilibrios complejos. Reivindica el sentido de lo ambiental como proyecto, porque logra la superposición del sujeto y del objeto, a partir de una red de relaciones denominadas medio. Precisa que la relación del hombre con la naturaleza es de doble vía en donde así como hay un proyecto del hombre para la naturaleza, también hay un proyecto de la naturaleza para el hombre. El hombre es producto de la naturaleza y este mismo hombre, tras haber destruido mucho, también puede reconstruir. El sentido de lo ambiental como proyecto, encuentra una forma de expresión en lo que Leff (2000a) denomina el saber ambiental como una complejidad emergente donde se reencuentran el pensamiento y el mundo, la sociedad y la naturaleza, la biología y la tecnología, la vida y el lenguaje. El concepto de am-

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biente resignifica las concepciones del progreso, del desarrollo y del crecimiento sin límite, para configurar una nueva racionalidad social. El saber ambiental, crítico y complejo, se va construyendo en un diálogo de saberes y en un intercambio interdisciplinario de conocimientos; va construyendo un campo epistémico que problematiza los paradigmas establecidos para construir una nueva racionalidad social. Los autores mencionados tienen diferentes énfasis para aproximarse al análisis ecológico. Van Der Hammen centra su preocupación en la forma como se están degradando los ecosistemas, en el caso del agua advierte que la forma como se está utilizando va a incidir en la insostenibilidad del recurso hídrico; Ost reconoce en la epistemología de la complejidad una fuente de interpretación de la relación hombre naturaleza; Leff encuentra en el saber ambiental un campo epistémico de construcción de la complejidad; para Ángel el modelo de interpretación ambiental construye su comprensión en la interdisciplinariedad; y Carrizosa concluye que la percepción ambiental compleja es la única que posibilita el análisis profundo de la realidad. Este trabajo, con base en las posturas de los autores presentados, reconoce la perspectiva compleja como la más enriquecedora para abordar las problemáticas ambientales y territoriales precisamente por la multiplicidad de factores e interrelaciones, de naturaleza biológica, política, económica, social y cultural que simultáneamente concurren para comprender las problemáticas ambientales.

1.2.1 La perspectiva del hábitat en la construcción social del territorio y en los procesos ecológicos La noción de hábitat, hunde sus raíces en la esencia de la ecología10 haciendo referencia al lugar donde viven los seres vivos. En esta investigación se asume el hábitat humano que se desarrolla en un contexto

10 El término hábitat es definido por la ecología como parte integrante del ecosistema; se refiere a la habitación o lugar donde residen los seres vivos (Vásquez, 1993: 291).También es definido como el ambiente en el que vive un organismo, puede referirse al bioma o al microhábitat del organismo (por ejemplo: bajo las rocas, en epifitismo) (Ángel, 1996: 73).

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urbano y que valida la noción de ecología humana que “(…) se ocupa específicamente de estudiar los aspectos ecológicos de la comunidad en que vivimos” (Vásquez, 1993: 4). Es decir, esta noción incluye el sentido que tiene el territorio como una construcción social y cultural, que es producto de la cotidianidad, en el conflicto y en la diferencia, a través de ejercicios de territorialidad; resalta la interacción humana, pues de lo contrario solo se estaría pensando en términos de ecosistema. La ecología social hace alusión a “(…) unas relaciones justas que propicien vida, bien común no solamente para los humanos, hombres y mujeres, sino también para la naturaleza y todos sus seres y relaciones” (Boff, 1996: 93). El concepto de hábitat ha sido abordado en las conferencias de Naciones Unidas como un asunto de agenda política que debe dar razón de la vivienda y las necesidades básicas, sin una consideración clara en relación con el territorio y su soporte natural. Esto se ve claramente evidenciado en las declaraciones emitidas así: Hábitat I (1976) se centra en recomendaciones a los gobiernos y las organizaciones internacionales con el fin de adelantar acciones urgentes para contrarrestar la pobreza, a través de planes estratégicos y la adopción de políticas encaminadas a promover el desarrollo desde una perspectiva socio-económica; Hábitat II (1996) va un poco más allá, pues no solo apela a recomendaciones, sino que se pactan compromisos entre los gobiernos y se toca puntualmente el problema de la vivienda. Entre los objetivos y principios está la búsqueda de que todas las personas tengan acceso a la vivienda adecuada, como componente importante para acceder a un mayor nivel de calidad de vida y promueven el acceso de todos al agua potable y al saneamiento adecuado. Como se observa, el agua no hace parte de los factores apropiados de calidad de medio ambiente, sino que le impone una relación funcional como parte de la infraestructura básica. En ese sentido, los elementos ecosistémicos del territorio no son tenidos en cuenta en las diversas declaraciones de hábitat. El agua como elemento esencial en la construcción del hábitat aparece en estas conferencias como un elemento funcional en términos de calidad

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y no como determinante en la relación naturaleza y sociedad. El concepto de hábitat es abordado como un aspecto que se resuelve a partir de lo físicoespacial, de allí que el énfasis predominante sea el tema de la vivienda, con ello pierde la oportunidad de asumir el hábitat desde la dimensión territorial o de las interacciones que este concepto posibilita, como lo presenta el “modelo triádico compuesto de interacciones habitante-naturaleza y sociedad”11 (Sánchez, 2007: 2). Desde otra perspectiva, Segre, (citado por Bárcenas, 1999) define que el concepto de hábitat en la disciplina de la arquitectura es relativamente reciente, pues procede tanto de las ciencias naturales como de las sociales, en particular de la biología, la ecología y de la antropología en la que es usado para asignar el espacio de vida de una especie animal o vegetal así: “(…) el Hábitat como el medio geográfico, el lugar que reúne las condiciones favorables para la vida en general y al Hábitat humano como el lugar, el ‘topos’ que mantiene las condiciones de vida y de reproducción de la especie humana, dado el hecho de que mantener las condiciones de vida en general es asegurar del mismo modo la vida de la especie humana como tal. Actualmente al hablar del hábitat implica hacerlo a partir de lo humano y su relación con otras formas de vida.

El hábitat da significado al espacio construido social, político, económica y culturalmente. El espacio no es solo su dimensión física, de hecho los procesos de ocupación del territorio están marcados por las relaciones espacio-tiempo. Al respecto plantea (Fals, 2000: 1) “(…) es necesario derruir la idea clásica y concebir el espacio como un ente flexible y variante, con impulsiones que van y vienen, no solo por el principio antrópico sino por el de la construcción social en el tiempo que ha venido enmarcando la explicación sociológica contemporánea”.

11 “Esta visión del hábitat como una organizaciones de procesos dinámicos, finalmente, nos llevará a entender que el hábitat (cosas) conjuntamente con el habitar (acciones) y el habitante (ideas, sentimientos, cultura, etc.), se dan de manera integrada e indisoluble” (Sánchez, 2007: 2).

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Reconociendo el espacio como ente flexible, es un buen punto de entrada a la reflexión del territorio como construcción social, en donde los seres humanos constantemente están modificando un fragmento o la totalidad. El espacio también es totalidad, De Sousa Santos (1991: 51) lo define “como un conjunto de sistemas de objetos y sistemas de acciones, que forman el espacio de manera inseparable, solidario y contradictorio”. Esta enunciación la interpreta Mancano12 (2008), cuando asevera que en la definición está contemplada la naturaleza y la sociedad. Por sistemas de objetos se comprenden los naturales o elementos naturales y los objetos sociales, o los objetos producidos por mediación de las relaciones sociales, que modifican y transforman la naturaleza, lo que explica su inseparabilidad. Esa relación indisoluble entre naturaleza y sociedad ha sido trabajada en esta investigación desde la perspectiva ambiental compleja. Mancano (2008) aporta muchas pistas para entender la complejidad misma que encierra el territorio, analiza las acepciones de éste, desde las relaciones de poder, su concepto, además del significado ya clásico de espacio de gobernancia, propone el debate sobre tipos de territorios y disputas territoriales visto por el Estado, el capital y diferentes sujetos, instituciones y relaciones, y sustenta que la esencia del concepto de territorio está en sus principales atributos: totalidad, soberanía, multidimensionalidad y multiescalariedad como lo indica en el siguiente aparte: “Cada institución, organización, sujeto, construye su propio territorio y el contenido de su concepto y poder político para mantenerlo. Esos creadores de territorios exploran someramente alguna de sus dimensiones. Esto también es una decisión política. Todavía, al explorar una dimensión del territorio, afectan a todas las otras por causa de los principios de la totalidad, multiescalaridad y la multidimensionalidad. La comprensión de cada tipo de territorio como una totalidad, con su multidimensionalidad y organizada en diferentes escalas, a partir de sus desiguales usos, nos posibilita entender el concepto de multiterritorialidad. Considerando que cada tipo de territorio tiene su territorialidad, los tipos de relaciones e interrelaciones nos muestran las múltiples territorialidades. Es por esa razón que las políticas en un territorio como propiedad 21 A s e n t a m i e n t o s

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impactan al territorio como espacio de gobernancia y viceversa. En este sentido, para pensar en las políticas territoriales es necesario comprender sus multiescalariedad y su multidimensionalidad. Cuando un territorio es concebido como uno solo, o sea como espacio de gobernancia y se ignora los diferentes territorios que existen al interior del espacio de gobernancia, tenemos entonces una concepción ‘reduccionista’ del territorio, concepto éste que sirve más como instrumento de dominación por medio de las políticas neoliberales” (Mancano, 2008: 6).

El territorio al cual se quiere hacer referencia no es el suelo, no son los límites, ni las fronteras, no es el “espacio de gobernanza”, aunque éstos sean un punto de referencia importante que incide. El territorio al que se hace alusión no está marcado por lo físico, lo material o lo espacial propiamente dicho, sino que está asociado con el papel que cumplen cada uno de los creadores de territorios que son los mismos sujetos sociales de la historia. No se puede hablar de un solo territorio sino de que se construye la noción de territorios, que implica muchas lógicas de abordaje sobre el mismo espacio; se comparte las nociones de las autoras Echeverría y Rincón (2000: 22) en el sentido que es necesario interpretar el territorio en su doble papel: como soporte material y básico del desarrollo social y como producción social derivada de la actividad humana que transforma ese territorio que le sirve de base. “El territorio, como concepto, cobra relevancia en la sociedad contemporánea. La nueva visión sobre las relaciones socioespaciales se desarrolla en el escenario territorial y el desafío es entender la conexión entre la lógica espacial de los intereses y las fuerzas económicas globales, de una parte, y la lógica territorial de los grupos regionales y locales, las identidades e identificaciones culturales, los procesos sociales territorialmente organizados y las demandas correspondientes, de otra” (M. C. Echeverría y A. Rincón, 2000: 22).

12 Es geógrafo, profesor del Programa de Post-Graduación en Geografía de la Universidad Estadual Paulista –UNESP–. En conferencia 2008. En Bogotá, Colombia.

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El territorio, como construcción social, contiene elementos simbólicos e identitarios, así como diferentes percepciones y usos culturalmente preestablecidos por él, pueden identificarse varios imaginarios de territorio en un mismo espacio físico, sobre el cual se pueden hacer lecturas ecológicas, políticas, sociales, culturales y económicas. Pero el interés particular es comprender cómo se dan las relaciones de los procesos ecológicos y el hábitat, desde una comprensión biofísica del territorio, alrededor del acceso y uso del agua, como elemento estructural en esta construcción. Para Leff (2000b) el hábitat es el lugar en el que se construye y se define la territorialidad de una cultura, la espacialidad de una sociedad y de una civilización, donde se constituyen los sujetos sociales que diseñan el espacio geográfico apropiándoselo, habilitándolo con sus significaciones y prácticas, con sus sentidos y sensibilidades, con sus gustos y goces. Tanto en la noción de territorio, de territorialidad, como en la noción de hábitat, hay un reconocimiento por el lugar y por el papel que cumplen los sujetos sociales en interacción con múltiples ámbitos de actuación, como las escalas que van desde lo local hasta lo global. También en la forma como se cimienta la territorialidad a partir de la apropiación cultural. Es allí donde se inscribe la construcción social del hábitat y la producción de la vivienda13, como “fruto del esfuerzo diario y permanente por definir su habitar, es construcción de la huella propia en cada espacio” (Romero y Rosendo, 2004: 30). La forma de aproximarse al territorio lo definen los elementos de análisis con los que se cuenta para entenderlo, no solo en términos físicos o naturales, sino en el conjunto de intereses y acciones que le imprime la huella humana, que a su vez deja huella ecológica, y aunque parezca contradictorio, el territorio como soporte natural también cuenta, es decir, es soporte y condición que está en constante proceso de territorialización14. “Cuando el concepto de territorio se construye a partir de las territorialidades que lo definen, éste se comprende como proceso y construcción, se le reconocen cualidades constituyentes: la heterogeneidad, la simultaneidad, el movimiento, la variación y el conflicto” (Echeve-

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rría y Rincón, 2000: 19), que a su vez son elementos propios de la complejidad, lo cual amerita que la lectura que se haga del hábitat como territorio, sea necesario hacerla desde una mirada compleja tal como se desarrolló en los párrafos anteriores.

1.2.2 El papel del agua en la construcción del hábitat La cosmogonía indígena y la historia de las diferentes civilizaciones han sido determinadas significativamente en torno al acceso y control del agua. Sin embargo, en la construcción de los asentamientos humanos, este elemento de vida no ha estado presente en la definición de los referentes naturales y culturales de la población de las urbes. Es decir, la relación agua-hábitat no se ha destacado como elemento determinante en la sostenibilidad de la construcción social del territorio. Contrario de lo que sucede en la cosmogonía indígena. Pese a que los procesos fundacionales de las ciudades se hicieron en torno a sus fuentes hídricas, las dinámicas de crecimiento y de expansión de éstas se han dado de espalda a sus ríos y los han convertido en vertederos de aguas residuales. En el pasado, ante las emergencias sanitarias, la opción fue construir canales, llevando a los ríos y quebradas a convertirse en espacios de adecuación hidráulica mal llamados caños. Durante mucho tiempo en los procesos de planeación de las ciudades la noción de cuenca y de territorio no contaron en la construcción de los imaginarios urbanos, ni fueron puntos de referencia en la definición del hábitat, este concepto tampoco había sido desarrollado. Las cuencas urbanas, como parte integral de la ciudad, fueron negadas para el disfrute del espacio público, para la construcción de las representaciones e imaginarios sociales, para el encuentro entre 13 Se desarrolla a partir de la necesidad de generar estrategias para encauzar y potenciar los esfuerzos que realizan los pobladores al producir su propio espacio habitable (Romero y Rosendo, 2004: 30). 14 La territorialización “como el proceso, devenir, acontecer, movimiento hacia la autonomía, dependencia o interdependencia, que fluye hacia la desterritorialización o reterritorialización (codificación y descodificación, establecimiento y fugas, destrucción y reconstitución de nuevos procesos de sedimentación, hacia nuevas marcas y planos de consistencia)” (Echeverría, 2000: 28).

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la sociedad y la naturaleza, para el fortalecimiento de una cultura ambientalista que reconociera el valor del agua y de lo público. Estas carencias fueron sustituidas por las grandes obras de infraestructura, la adecuación hidráulica de los ríos, la construcción de jarillones, primando la perspectiva ingenieril, antes que el reconocimiento de las potencialidades ambientales que éstas reportaban. Muchas ciudades pagaron y aún tienen pendiente un precio alto, por haber crecido sin una consideración de su formación natural, esto las ha llevado a reiteradas inundaciones en temporada de alta precipitación. Los excesos de caudales que antes eran descargados en zonas de humedales y en la ronda de los ríos, hoy son recibidos en los barrios que se han construido en zonas de amortiguamiento, lo que afecta el almacenamiento de los excesos por alta pluviosidad y los reservorios en época seca, y crea un conflicto social y económico que se expresa en el deterioro del hábitat y de la calidad de vida de la población. El agua determina las prácticas humanas del habitar y del cómo se habita en función de la protección a los ecosistemas estratégicos y del ciclo hidrológico, esto ha generado el debate sobre la obligatoriedad ética con los ciudadanos de garantizar a todas las personas un mínimo vital gratuito. Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud se han pronunciado al respecto planteando que una persona necesita por día mínimo 20 litros para su sobrevivencia y si incluye el aseo personal y de la casa necesita 50 litros en total.

1.3 El agua y los procesos socio-económicos Desde la década de los años setenta15 se comenzó a advertir sobre los límites al crecimiento basados no solamente en el hecho de que los recursos naturales se empezaban a agotar, sino también en la capacidad de asimilación de los residuos por parte de los ecosistemas. Estos límites naturales indudablemente han obligado a revisar la capacidad de carga del territorio. La ecología política ha desarrollado significativamente la capacidad de carga como límite a la acción humana, así ha llegado a la conclusión de

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que el capitalismo contemporáneo ha desarrollado una “segunda contradicción”, además de la primera suficientemente explicada por el marxismo clásico que puede sintetizarse como la “ley general absoluta de la acumulación capitalista” que expresa “el poder social y político del capital sobre el trabajo y hace inevitable la tendencia inherente en el capitalismo a una crisis de realización, es decir, a una crisis motivada por la sobreproducción del capital” (O´Connor, 1992: 111). Esta ley muestra cómo todo intento de los capitales individuales de defender o restablecer sus ganancias, por cualquiera de los métodos posibles, termina reduciendo la demanda final de bienes de consumo. La segunda contradicción ataca al capital por el lado de los costos y se puede explicar de la siguiente manera: “La causa básica de la segunda contradicción es la apropiación y usos autodestructivos por el capitalismo de la fuerza de trabajo, del espacio y la infraestructura urbana y de la naturaleza o el medio ambiente. Digo ‘autodestructivos’ porque los costos de salud y educación, de transporte urbano, las rentas de las viviendas y locales comerciales, y los costos de extraer los elementos del capital de la naturaleza aumentan cuando los costos privados se convierten en costos sociales (…) Los capitalistas individuales continúan bajando los costos de todas las maneras imaginables; al hacer esto, hacen aumentar sin querer los costos del capital en su conjunto” (O´Connor, 1992: 111-112).

Es decir, la apropiación y uso autodestructivo de la fuerza de trabajo, del espacio y la infraestructura urbana y de la naturaleza por parte del capital tiende a destruir “las condiciones de producción” de las que depende. La empresa capitalista a través de los efectos acumulativos de este desplazamiento de costes tiende a destruir las condiciones de producción de las que depende (entre las que se encuentra el agua) y esto implica unos costes mayores de producción para el capital en su conjunto. Esta crisis de costos se pone de manifiesto cuando los movimientos sociales reclaman un mejor nivel de vida. En este sentido,

15 En 1972 se realizó la reunión del Club de Roma, ampliamente conocida por su informe titulado Los límites del crecimiento.

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la institucionalización del derecho del agua refleja el poder de los movimientos ecologistas y movimientos sociales urbanos respecto al capital. Tanto la primera como en la segunda contradicciones del capitalismo son posibles tras una comprensión limitada y unilateral de la economía, cuya sostenibilidad presupondría un sistema político y económico global capaz de identificarlas y regularlas, sin embargo, lejos de ello se asumen los recursos naturales, el agua entre ellos, como recursos infinitos, con “fe en las capacidades ilimitadas del hombre para modificar a voluntad los procesos de creación y perfeccionamiento de la materia, ésta se revelaba como el complemento indispensable de la creencia más general en un progreso indefinido basado en un crecimiento continuo de la población y las riquezas” (Naredo, 1992: 118). Esta fe ilimitada en la capacidad de la tecnología que surge con todos los descubrimientos científicos que apuntalaron la revolución industrial y el origen y consolidación del capitalismo, condujo al establecimiento en la economía de uno de sus principales supuestos, y que a su vez fundamenta la idolatría del mecanismo del mercado como gran ordenador automático de la economía: la falacia de la sustitución sin fin de los recursos. De esta manera el universo de lo económico se separó del mundo físico y biológico, prácticamente el sistema económico ya no depende del mundo físico y biológico gracias a la falacia de la sustitución: la idea de una materia universalmente maleable y, por tanto, manipulable por el hombre, hacía creer en una transmutación y reciclaje infinito sin coste. A partir de aquí el tema de los recursos naturales se convirtió en un asunto incómodo para la ciencia económica clásica, pues no encajaban en el edificio conceptual establecido por ésta. La visión de los clásicos que había advertido los límites del crecimiento es abandonada por la visión de los neoclásicos a finales del siglo XIX. El ejercicio del poder económico liberado de ataduras morales y físicas, despojó a la relación hombre-naturaleza del antiguo tono de respeto y colaboración e impuso su instrumentalización por parte de los humanos que actuando como átomos guiados por su propia fuerza, en este caso,

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cada uno actuando orientado por su propio interés económico, cuyos impulsos competitivos canalizaban y sumaban el marcado capitalista, conducía al equilibrio; “la mano invisible” equilibra los impulsos del “homo economicus”. “El interés propio, pasó, según Helvetius, a desempeñar en el mundo económico un papel similar a la gravitación universal en el mundo físico, impulsando el movimiento sin fin de la producción y el gasto. Se extendió así la idea de que la lucha de intereses, que agita a los hombres entre sí, establece naturalmente un equilibrio que jamás podrían alcanzar las leyes. La fe en la Divina Providencia (…) se vio sustituida por la confianza en que la ‘mano invisible’ del mercado garantizaría la mejor situación económica para el conjunto social (…) La fe en la buena nueva del mercado tuvo unos efectos comparables –al decir de Polanyi– a la más violenta explosión de fervor religioso que haya conocido la historia” (Naredo, 1992: 118).

La relación entre el agua y las dinámicas económicas y sociales devela la fragilidad de la naturaleza y los límites que ésta tiene, dado el modelo económico que se le impone no solo a la sociedad sino también a los recursos naturales. Este modelo está basado sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto –PIB–, desarrollo tecnológico orientado para la competitividad y la venta de bienes y servicios. Tinbergen y Hueting (1997: 64) plantean que el crecimiento económico, que es la prioridad en la política económica, ha arrojado la siguiente reflexión: “La producción de bienes manufacturados y de servicios ha experimentado un aumento sin precedentes, pero ha ido acompañado de una destrucción, también sin precedentes, del bien más fundamental, escaso y, en consecuencia, de mayor importancia económica de que disponemos los seres humanos: el medio ambiente (…) el crecimiento en la producción procede en gran parte de un aumento en la productividad en el que no se ha tenido en cuenta la pérdida de bienes medioambientales escasos (…) la degradación del medio ambiente es consecuencia de la producción y de su crecimiento. Paradójicamente las actividades que suponen una carga mayor para el medio ambiente son las que más contribuyen a la formación del PIB” (Tinbergen y Hueting, 1997: 65). el proceso de expansión del sur de

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Un modelo basado en el crecimiento económico que destruye el medio ambiente ha llevado a privatizar los bienes comunes de los que dispone la humanidad. Esa ha sido la historia de explotación de los recursos naturales, que para avanzar en los procesos de privatización y justificar la intervención del sector privado empiezan a anunciarlos como escasos, este panorama se repite con el agua. Justamente para el caso del agua, Barlow y Clarke (2004: 124) argumentan que la cuestión tal vez más importante del suministro de agua dulce se refiere al papel cada día más influyente del sector privado en el momento de decidir quién la debe recibir y por qué. Nadie en el mundo se ha hecho más consciente del valor de agua que el sector privado, que ve los beneficios que se pueden obtener del hecho de que el agua sea un bien escaso. El resultado es un fenómeno completamente nuevo: el negocio del agua. Ante el afán comercial del sector privado de hacer del agua un recurso escaso, surgen reflexiones que pareciera ser elementales, pero que tienen un alto contenido político y ético de la vida, que seguramente la humanidad en otro contexto histórico menos dominado por la racionalidad económica no se hubiera hecho y que entidades expertas en el tema del agua a nivel mundial las plantean: “Si el agua es esencial para la vida misma ¿es simplemente una necesidad humana básica o constituye en realidad un derecho fundamental?”, el debate que suscita esta pregunta saltó al Foro Mundial del Agua que se realizó en la Haya en marzo de 2000, convocado por organizaciones como la Asociación Global del Agua (Global Water Partnership) y el Banco Mundial y por empresas líderes en todo el mundo en el negocio del agua. La polémica, que giró en los siguientes términos: “si el agua debía ser considerado una ‘necesidad’ o un ‘derecho’” no tuvo un interés puramente semántico y abordó en profundidad la cuestión de quién debe responsabilizarse de asegurar que los seres humanos tengan acceso al agua: ¿el mercado o el Estado, las empresas o los gobiernos? Por supuesto que dependiendo de la determinación que se opte, las implicaciones son diversas, porque si el agua es declarada una necesidad que se satisface a través del mercado, entra a mediar el

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interés comercial de la ganancia y del lucro, pero si el agua es reconocida como derecho, la responsabilidad estará en los gobiernos, los cuales deberán promover que todos los seres humanos sin distinción puedan acceder al agua. Ante determinaciones de tal magnitud, en donde intervienen los grandes intereses económicos a escala mundial, el debate del agua debe, a su vez trascender fronteras; no es posible abordarlo únicamente desde el escenario local, la dimensión del problema amerita un tratamiento multiescalar, teniendo siempre presente que una de las consecuencias naturales de la privatización es la exclusión, porque solo pueden acceder quienes la puedan pagar, por lo cual, en primera instancia, la población de bajos ingresos sería la perjudicada. Otra consecuencia negativa de la privatización la constituye el cambio de prioridades de uso que ya no estarían prescritas por la garantía del derecho sino por las normas y reglas que fomenten la rentabilidad, condición para que capitales privados inviertan en la oferta del servicio de agua. Estas prioridades del capital sobre las del derecho de la gente también afectarían la valoración de la conservación del agua hacia el futuro, puesto que aún “no sabemos cómo medir los ‘valores ecológicos’. El contenido de energía no es una medida satisfactoria” (Punti, 1988: 79). A su vez, ver los precios como medida de valor no solo dejan de lado la influencia del grado de monopolio y de la distribución de ingresos, también significan “aceptar que los precios actuales (de hecho distorsionados) miden adecuadamente el valor de la escasez futura de recursos e incorporan el valor de los perjuicios actuales y futuros de la contaminación” (Punti, 1988: 79), lo cual no ocurre en nuestras economías donde lo usual es que los grandes capitales se desentienden de los costos de la contaminación, el desperdicio y los perjuicios al resto de la sociedad, como sucede en Colombia.

1.3.1 La accesibilidad y la asequibilidad del agua determinan la relación con los servicios públicos y el derecho a la ciudad La reivindicación del derecho humano al agua no se trata simplemente de tener agua. De hecho nuestras regiones están rodeadas y hasta inundadas de este el proceso de expansión del sur de

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vital líquido, lo que se busca es que el agua potable, indispensable para la vida y la salud de las personas, este disponible y su uso sea sostenible. Esa es, justamente, la conexión que se establece con los servicios públicos y con el derecho a la ciudad. La lucha por la búsqueda del agua en las ciudades es específicamente por el acceso al agua potable, indispensable para lograr una vida digna y es condición previa para la realización de otros derechos humanos y determinante en la construcción de un hábitat digno. De allí la importancia de hacer referencia a que la accesibilidad es la posibilidad de que todo individuo pueda contar con agua potable y que se le permita conectarse a una red de distribución. La accesibilidad (Naciones Unidas, 2003, No. 15, párrafo 12) presenta cuatro dimensiones interrelacionadas así: 1) Accesibilidad física, lo cual significa que el agua, las instalaciones y los servicios de agua deben estar al alcance físico de la población, en especial de los grupos vulnerables o marginados y de las zonas rurales. 2) Accesibilidad económica, que es la asequibilidad, lo cual implica que el agua y los servicios de instalaciones deben de estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro otros derechos. 3) No discriminación, es decir que deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población sin discriminación alguna. 4) Acceso a la información, la cual comprende el derecho a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua. El tema del agua está íntimamente ligado con el de los residuos líquidos y sólidos, estos dos aspectos, por tratarse de salubridad pública, no se pueden descuidar pues al no ser tratados adecuadamente atentan contra la salud y la vida en comunidad. El acceso al agua potable ha sido reconocido como una necesidad y, por eso, frente a la tendencia de privatizar el agua, surgen voces que reclaman su reconocimiento como derecho humano fundamental, “(…) esta tendencia obedece, fundamentalmente, a la constatación de que el agua es un elemento indispensable para la vida, es un recurso natural,

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vital, limitado y un bien público fundamental para la salud” (Defensoría del Pueblo, 2005: 18).

1.4 El agua y los procesos políticos En la reflexión de los procesos políticos se ha priorizado, para el análisis, la perspectiva de derechos. Las dinámicas políticas y los movimientos sociales han dado un giro en sus plataformas de lucha inspirados por el reconocimiento, la igualdad y la dignidad. Para ello han encontrado en los postulados de los derechos humanos la mejor herramienta emancipadora que les permite articular sus demandas hacia el Estado. Dado que la orientación de la privatización del agua obedece en buena parte a las directrices definidas por la banca mundial, el debate político debe incursionar igualmente en esos escenarios de “(…) los ordenamientos jurídicos supraestatales, transnacionales, que coexisten en el sistema mundial, tanto con el Estado como con los ordenamientos jurídicos infraestatales” (De Sousa Santos, 1998: 27). En la consolidación del Estado liberal a mediados del siglo XIX, se le dio a los derechos humanos la función de mantener al Estado “bajo control democrático y evitar la tentación autoritaria” (De Sousa Santos, 1998: 212). No obstante, la interpretación de los derechos humanos ha sido ambivalente por las partes en contienda, por un lado, los Estados-nación en su condición de garantes y de violadores al mismo tiempo de los derechos humanos, y por otro, la población que pide protección para el ejercicio político y demanda al mismo tiempo al Estado como responsable de los derechos. “Cualquier análisis superficial de los derechos humanos a través de las generaciones mostrará sin duda que fueron puestos al servicio de las necesidades reguladoras del Estado. Pero también fueron el marco de la política progresista de las clases populares, cuyas luchas de hecho contribuyeron mucho en los avances de la política de los derechos humanos” (de Sousa Santos, 1998: 212). Aquellas cartas escritas en la posguerra (la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966; y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 1966), conforman el

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régimen internacional de los derechos humanos) tal vez han sido la única oportunidad que han tenido los más pobres y excluidos de reclamar sus condiciones de igualdad, de reconocimiento y de protección. “La búsqueda de una política contrahegemónica de los derechos humanos equivale a preguntar si, y cómo, es posible recuperar el potencial emancipador y el carácter utópico de los derechos humanos. ¿Después de semejante período prolongado y violento de dominación imperial, pueden aún los derechos humanos representar adecuadamente el sufrimiento humano en todo el mundo? ¿Son aún parte de la conversación de la humanidad? Mi respuesta es un ‘sí’ cualificado. Sí, es posible, pero las condiciones son estrictas. Mi posición es que una vez reconstruidos interculturalmente, los derechos humanos son uno de los factores más poderosos para la realización del ‘despensamiento’ (unthinking) del derecho y la política moderna, lo que genera las energías emancipadoras necesarias para enfrentar los retos de los tiempos por venir. Los derechos humanos son la base privilegiada sobre la que deben ser perseguidas a escala global la separación de la pareja derecho-Estado y la reunión de la pareja derecho-comunidad política” (De Sousa Santos, 1998: 213).

Esta reflexión presentada por Boaventura de Sousa Santos concentrada en las preguntas de si aún los derechos humanos representan adecuadamente el sufrimiento humano en todo el mundo, y si son aún parte de la conversación de la humanidad, suscita más preguntas relacionadas con cómo el siglo XX termina enarbolando las banderas de los derechos humanos y empieza el nuevo milenio centrado en las mismas reivindicaciones, no solo por parte de los grupos sociales sino también por las instancias gubernamentales, ejemplo de esto son los Objetivos del Desarrollo del Milenio, que en el objetivo sobre la sostenibilidad del medio ambiente busca “Reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y al saneamiento básico”16. Pero seguramente seguirá siendo un mecanismo emancipador en la medida en que al ser derecho invalide el derecho y se reconozcan otras lógicas y formas de representación social por fuera de las instancias formales. 27 A s e n t a m i e n t o s

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El derecho que está en los códigos17 y es legislado por el gobierno en correspondencia con un Estado social de derecho es tan solo una de esas formas, la imperante. Su eficacia varía de acuerdo con el grupo social hegemónico que regule, por tanto existe una pluralidad de órdenes jurídicos: uno es el estatal, otro el de los grupos armados al margen de la ley, entre ellos uno es el de los paramilitares, otro el de la guerrilla, bien diferente al de las pandillas de barrio que deciden imponer sus propias normas en los barrios (Narváez, 2000). Con la ciudadanía ocurre una situación semejante: una es la relación con el derecho que se da entre la población que cuenta con las garantías fundamentales para su vida, otra, la que asume la población que encuentra a la informalidad como única manera de sobrevivir. “Las varias formas de derecho tienen en común el hecho de ser mapas sociales y, tal como los mapas cartográficos, recurrir a los mecanismos de la escala, de la proyección o de la simbolización para representar y distorsionar la realidad” (De Sousa Santos, 1991: 214). Ese carácter emancipador y al mismo tiempo político de los derechos humanos ha posibilitado avanzar en esferas diferentes a las civiles, políticas y sociales, como incursionar en los derechos colectivos y del medio ambiente, hasta llegar al reconocimiento del agua como bien común y público, que debe ser elevado a la categoría de derecho humano fundamental. El agua es esencial para la vida de las sociedades humanas, y por lo tanto, constituye un patrimonio natural colectivo y un derecho humano fundamental. Parte inseparable de este derecho es el control soberano de las comunidades locales sobre el manejo de sus fuentes de agua y sobre el uso y manejo de los territorios que las producen, es decir, las cuencas hidrográficas, las áreas de recarga de los acuíferos,

16 Objetivos del desarrollo del milenio de la ONU. En: http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/goal_7.html. Consultado en mayo 25 de 2008. 17 Estas reflexiones fueron tratadas por la autora de esta investigación en su proyecto de grado para obtener el título de abogada titulado Lineamientos para la formulación de políticas públicas en el sur de Bogotá, a partir del río Tunjuelito como referente territorial (2000).

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los manantiales, los humedales. La sustentabilidad de las fuentes de agua dulce está íntimamente vinculada con la democracia en la gestión de los territorios. Estos argumentos han sido impulsados por las ONG Sobrevivencia y amigos de la Tierra. Siendo el agua un elemento esencial para la dignidad de las personas y el reconocimiento de sus derechos, la producción social del hábitat se convierte también en una estrategia de resistencia ante las lógicas formales de producirlo. La privatización de los servicios, entre ellos del agua, se lleva a cabo para favorecer a las corporaciones. En este sentido, socava la democracia, pues, como dice Noam Chomsky18, la privatización retira asuntos públicos cruciales de la esfera pública hacia la privada, donde el público, que puede jugar papeles importantes en el diseño de las políticas públicas, queda excluido inmediatamente. Es como si decidiera que la población no tiene otros derechos que los que pueda satisfacer a través del mercado, de aquí que el tema de la perspectiva de derechos y en particular del agua como derecho fundamental sea crucial para combatir la negación del derecho que implica la privatización del servicio del agua. La constatación de que el agua esta inequitativamente repartida, ya sea por las dificultades de acceso físico a ella durante el inicio de barrios de origen informal, ya sea por la estructura tarifaria diseñada para atraer capitales privados (es decir, para garantizar un nivel atractivo de lucro privado), ha llevado a que las comunidades hayan tenido que generar formas organizativas propias y autónomas para acercarse al propósito de la equidad en la asequibilidad y accesibilidad al agua, entendidas como la posibilidad real económica, en el primer caso, y la posibilidad real de acceso físico al agua, en el segundo. La lucha por el agua hace parte del ejercicio social de territorialidad que a su vez resulta y se materializa en un territorio resignificado, es una lucha política en el sentido de que es una puesta en cuestión de las instituciones establecidas y es una actividad explícita y lúcida que concierne a la instauración de instituciones deseables y es constituyente de la esfera pública que se realiza por medio del hablar, como la define Cornelius Castoriadis19.

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1.4.1 Agua, hábitat y derecho a la ciudad El acceso al agua potable, como elemento esencial al derecho a la ciudad, posibilita la reflexión acerca de que éste no es solo en relación con la vivienda, también es calidad de vida y ésta se expresa a través de la accesibilidad al agua potable, significa el análisis profundo sobre el derecho al agua y el ejercicio de las libertades20. El agua es un elemento que posibilita establecer una relación de iguales en la reciprocidad de la población con la ciudad, no es suficiente que toda la población tenga agua, se debe analizar que ésta sea de la misma calidad y salubre para toda la ciudadanía. El inicio del milenio evidencia que el mundo gira en torno a la urbanización y que las ciudades son territorios que expresan riqueza y pobreza a la vez, espacios donde se implementan los modelos de desarrollo basados en la acumulación de capital, generando grandes polaridades entre la concentración de la renta y el aumento de la miseria y del hambre de grandes asentamientos humanos. El modelo de desarrollo refleja los modelos de ciudad, los cuales están orientados a aumentar la fragmentación y la exclusión territorial, lo que genera ciudades para atraer el capital internacional y una planificación funcional a tales propósitos que deja al arbitrio y a la irracionalidad del mismo mercado el crecimiento informal de las ciudades, que se da en condiciones de precariedad, vulnerabilidad ante los riesgos naturales, degradación del espacio, del medio ambiente y del hábitat en su totalidad. 18 CHOMSKY, Noam. “La privatización de los servicios, el ‘libre mercado’ y la democracia”. En: www.rebelion.org (consultada el 15 de mayo de 2005). 19 “La democracia como procedimiento y como régimen”. Iniciativa Socialista, No. 38, febrero 1996. Cornelius Castoriadis, de la Ecole de hautes études en sciences sociales de París, es uno de los más importantes pensadores contemporáneos. Este texto presenta su intervención en el encuentro internacional La estrategia democrática, Roma, febrero de 1994, cuyas ponencias fueron recogidas en el libro La strategia democratica nella società che cambia. Roma: Ed. Datanews, mayo de 1995. 20 El Observatorio General No. 15 define que el derecho al agua entraña libertades y derechos. Las libertades se relacionan con dos aspectos, de un lado, con el derecho a mantener el acceso a un suministro necesario de agua para ejercer el derecho al agua, y de otro, con el derecho a no ser objeto de injerencias con el disfrute del derecho. Los derechos giran en torno a contar con un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua (Naciones Unidas, 2003).

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En las últimas tres décadas han surgido grandes preocupaciones en torno a la ciudad, un mundo en proceso de urbanización ha sido la forma de denominar a los grandes asentamientos humanos que han transformado el territorio con sus ecosistemas naturales, con una evidente crisis ambiental y el triunfo del Consenso de Washington, de esta manera las ciudades no logran ser el espacio de la libertad y de la creación de imaginarios, del ejercicio de los derechos, en donde la noción de hábitat adquiere mayor significación. “Si bien el derecho a la ciudad no ha sido incorporado en ningún tratado o convención, ni en ninguna declaración de derecho internacional, existen precedentes relevantes que marcan el camino hacia un reconocimiento positivo cada vez mayor. Tanto en la Declaración y Plan de Acción sobre Asentamientos Humanos, aprobadas tras la Conferencia de Naciones Unidas reunida en Vauncouver (1976), como en la posterior Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat II), reunida en Estambul en junio (1996), comenzó a perfilarse la necesidad de que los espacios en los que se concentran los asentamientos humanos sean más sustentables y contribuyan al desarrollo de las personas que los habitan” (Pisarello, 2003).

El derecho a la ciudad también cambia de significación dependiendo de la óptica desde donde se mire, por ejemplo, en los países europeos, donde de acuerdo con los planteamientos de Lefebvre (1975) en relación con los valores de uso de la ciudad, que van más allá de los valores de cambio, se reivindica el disfrute de la ciudad para el colectivo y se critica la forma como el capital les hace perder sentido a los espacios públicos, lo que afecta la razón de ser de las ciudades. En el prólogo de la Carta por el Derecho a la Ciudad se menciona que la trampa de la Carta de Atenas21 está en que parte de “(…) una definición funcional de las necesidades humanas que reduce caricaturalmente la vida. Esta es algo más que habitar, trabajar, circular, cultivar el cuerpo y el espíritu. El análisis funcionalista manifiesta su incapacidad para alcanzar la totalidad. El homo urbanicus es algo más complejo que cuatro necesidades por descubrir” (Lefebvre, 1975: 6).

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El derecho a la vivienda como elemento determinante de acceso y derecho a la misma ciudad, debería dejar de ser asumida como un derecho individual que lo resuelve el mercado a través de la entrega de un “bien o mercancía”, para pensarse de manera integral mediante la gestión pública en la regulación de usos y precios del suelo. Se comparte el planteamiento al respecto que hace Borja (2004: 9) según el cual “Ya no es suficiente plantear el derecho a la vivienda, a la educación o al trabajo: estos derechos se hacen más complejos y se expresan como el derecho a la ciudad, a la formación continuada o a la renta mínima o salario ciudadano”. Por tanto, mientras Lefebvre (1975) cuestiona que las reflexiones sobre el derecho a la ciudad han quedado restringidas a redefinir las formas, las funciones y las estructuras de ésta, las necesidades sociales inherentes a la sociedad urbana han sido manipuladas por la sociedad de consumo, sin un fundamento antropológico, en razón a que el ser humano tiene necesidades opuestas y complementarias al mismo tiempo, que comprenden la necesidad de seguridad y la de apertura, la de certidumbre y aventura, la de organización del trabajo y la del juego, las necesidades de previsibilidad y de lo imprevisto, de unidad y de diferencia, necesidad de creatividad, de información, de simbolismo, imaginación, de actividades lúdicas. Desde esa perspectiva, el derecho a la ciudad es la demanda por el derecho al ocio, al disfrute, al goce, a la dignificación del espacio para la creatividad y el arte, no obstante, el mismo debate en América Latina se torna diferente, porque aún está por resolver el crecimiento a gran escala de la urbanización, el tránsito a la ciudad, la migración a las ciudades de porcentajes importantes de población que viene del campo. De fondo el planteamiento de cómo tener acceso a los elementos colectivos o de soporte de las actividades urbanas que se dan en la ciudad. Cómo resolver primero el acceso al suelo

21 La Carta de Atenas es el manifiesto urbanístico redactado en el IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna –CIAM– celebrado a bordo del Patris II en 1933 en la ruta Marsella-AtenasMarsella. Fue publicado en 1942 por Le Corbusier, quien fue el impulsor del urbanismo moderno.

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y a la vivienda, que no es colectivo sino privado; cómo conectarse a los servicios públicos y el acceso al agua potable, a la movilidad, a los espacios públicos. Entonces el discurso se torna diferente; el derecho a la ciudad se convierte en la búsqueda de la inclusión, de ser visibilizado y reconocido como sujeto de derecho con capacidad para incidir en la planificación y en la gestión urbana. Eso significa que la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad –CMDC– (2005)22, por su origen y significado social es, ante todo, un instrumento dirigido a fortalecer los procesos, reivindicaciones y luchas urbanas. Está llamada a constituirse en una plataforma capaz de articular los esfuerzos de todos aquellos actores –públicos, sociales y privados– interesados en darle plena vigencia y efectividad a este nuevo derecho humano mediante su promoción, reconocimiento legal, implementación, regulación y puesta en práctica. El derecho a la ciudad amplía el tradicional enfoque sobre la mejora de la calidad de vida de las personas centrado en la vivienda y el barrio hasta abarcar la calidad de vida a escala de ciudad y su entorno rural, como un mecanismo de protección de la población que vive en ciudades o regiones en acelerado proceso de urbanización. Esto implica enfatizar una nueva manera de promoción, respeto, defensa y realización de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, garantizados en los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos (CMDC, 2005: 2). El derecho a la ciudad también es el derecho al agua como elemento que posibilita la realización de todos los derechos y el verdadero ejercicio de la democratización de las ciudades, y lo rescata de la especulación inmobiliaria mediante la adopción de normas urbanas para una justa distribución de las cargas y los beneficios generados por el proceso de urbanización y la adecuación de los instrumentos de política económica, tributaria y financiera y de los gastos públicos dirigidos a los objetivos del desarrollo urbano, equitativo y sustentable. Las rentas extraordinarias (plusvalías) generadas por la administración pública –actualmente capturadas por empresas inmobiliarias y particulares–, deben

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gestionarse en favor de programas sociales que garanticen el derecho a la vivienda y a una vida digna a los sectores que habitan en condiciones precarias y en situación de riesgo (CMDC, 2005: 4). Para abordar el derecho a la ciudad desde una visión de interdependencia entre los derechos civiles y políticos con los económicos, sociales y culturales, Jordi Borja (2004: 11) establece una diferenciación entre los derechos de los ciudadanos23 y los derechos humanos, y plantean que: “Los ‘derechos ciudadanos’, se desarrollan sobre la base de los derechos humanos, más abstractos y morales éstos últimos, y más concretos y políticos los primeros. Pero lo cierto es que hoy los derechos humanos se han ‘politizado’ y los derechos ciudadanos se han ‘moralizado’, lo que integra a todos en un mismo discurso”. Como parte del contenido de los derechos ciudadanos, establece los elementos básicos de la vida como tierra, agua, aire, los derechos individuales y derechos colectivos, a la igualdad global de las personas y a la igualdad en un mismo territorio, derecho al desarrollo, a la identidad del territorio, así como los derechos a la vivienda y al lugar donde el espacio público debe ser de propiedad pública24 (Borja, 2004: 13), aquí se encuentra nuevamente la cercana y estrecha asociación entre la base natural de la vida y su naturaleza pública en la mayor medida posible. El acceso a la vivienda digna como un elemento de derecho a la ciudad, que enfrenta la especulación que hacen los particulares con la especulación de la renta de la tierra, en particular su tratamiento exige que “(…) el suelo debe socializarse en su totalidad, a través de un proceso inevitablemente

22 La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad ha sido un pronunciamiento en el Foro Social de las Américas, Quito, julio de 2004; en el Foro Mundial Urbano, Barcelona, octubre de 2004; en el Foro Social Mundial, Porto Alegre, enero de 2005; y en la Reunión Previa a Barcelona, septiembre de 2005. Ver http://www.hic-al.org/ documento.cfm?id_documento=1089 23 “Utilizamos el concepto de ‘derechos ciudadanos’ en vez de derechos humanos para enfatizar la condición política de estos derechos, fundamento de su eficacia” (Borja, 2004: 11). 24 La propiedad privada del suelo urbano es incompatible con el desarrollo de una ciudad democrática. Si bien la protección normativa de este derecho y las políticas públicas que lo hagan efectivo corresponden principalmente a las instituciones estatales o locales, consideramos que merece también una regulación supraestatal (Borja, 2004:14)

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largo que garantice a sus actuales propietarios compensaciones independientes del precio de mercado. Esta socialización es especialmente importante para el suelo urbano o urbanizable. La propiedad privada del suelo urbano es incompatible con el desarrollo de una ciudad democrática” (Borja, 2004: 14). La ciudad debe ser vista como el lugar para la inclusión y la realización plena de la vida en términos de dignidad a partir del disfrute de la vida en abundancia y calidad, y esa es justamente la razón por la cual urge avanzar en la construcción de un enfoque de ciudad desde la perspectiva de los derechos (Narváez, 2006). Sobre lo expuesto del derecho a la ciudad, el hecho cada vez más reconocido es que una condición necesaria para acceder y concretar el derecho a la ciudad es, justamente, el derecho a participar en las decisiones en la materia, es decir, participar en la decisión de cómo y de qué manera se diseña y concreta el acceso a un derecho. El territorio al cual se quiere hacer referencia no es el suelo, no son los límites, ni las fronteras, aunque éstas sean un punto de referencia importante que lo determina, pero éste no está marcado por lo físico, lo material o lo espacial propiamente dicho, sino que es el territorio como medio codificado de lo cultural, social, político y espacial. No se puede hablar de un solo territorio en términos concretos,

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sino que se construye a su vez la noción de territorios que implica muchas lógicas de abordaje sobre el mismo espacio. El agua en la vivienda se reduce a ser un servicio público, que lo obtienen quienes lo pueden pagar; cada vez aumenta la cifra del número de hogares desconectados por falta de pago. Entonces, se trata de rescatar el agua como un factor determinante, que debe ser visto de manera integral como elemento natural que posibilita el acceso al hábitat digno, a los servicios públicos y al derecho a la ciudad. Asumir el agua como derecho es develar el debate ético sobre la vida, frente a un elemento natural que no se debe manejar con fines comerciales; el agua administrada por intereses particulares aumenta el costo del metro cúbico y, por tanto, de la tarifa. Eso significa que la privatización de los servicios públicos, y en particular del agua, niega el acceso de los más pobres al derecho de tener agua potable, saneamiento básico y salud pública como elementos determinantes de la calidad de vida, y por tanto, del disfrute de los otros derechos humanos conexos, además niega la aplicación de una ecología social. Se debe reconocer que en las ciudades el derecho al agua potable es el derecho a la ciudad, a la inclusión, al reconocimiento, a la accesibilidad y la asequibildiad, al reconocimiento de las fuentes generadoras, al todo sin perder la parte.

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Capítulo 2 Marco de referencia. Antecedentes de ocupación de usme, Ciudad Bolívar y Soacha “Las ciudades son reinventadas todos los días por un gran número de decisiones y esfuerzos individuales, familiares y comunitarios descoordinados, y por impulsos impredecibles que no están sujetos a planes a normas y estándares oficiales” (Hardoy, 1996: 19). Esa ciudad que es reinventada por fuera de los parámetros oficiales en el sur de Bogotá en el área de estudio de esta investigación está sustentada en el contexto mismo de la ciudad, la cual sufrió transformaciones profundas en el proceso de crecimiento poblacional a mediados de siglo XX, sin lograr diseñar los mecanismos de planeación necesarios que le hubiera facilitado generar una ciudad más integrada. La relación entre los procesos ecológicos, socioeconómicos y políticos del territorio, permite indagar sobre aquellas relaciones espacio-territoriales y de caracterización de la actuación humana expresada en: poblamientos, producción, usos del suelo, presencia institucional, factores culturales que son fundamentales en la configuración y funcionalidad de la ciudad. El proceso de expansión de la ciudad estuvo inicialmente influenciado por la falta de presencia institucional, lo que generó una ocupación fragmentada del territorio en el sur de Bogotá. Este crecimiento desigual evidenció dos tendencias: una, de crecimiento formal, y otra, informal. La segunda tendencia, como resultado de la primera, está expresada en el poco control público sobre el costo del suelo, las falsas alarmas de su supuesto agotamiento, la falta de voluntad para diseñar políticas de vivienda social, el no desarrollar alternativas para la población que vive en alquiler y, por supuesto, el no adelantarse a lo que podrían generar las dinámicas productivas y extractivas como elementos atractivos de las mismas dinámica de la población, y el no reconocimiento del conflicto interno armado y del fenómeno del desplazamiento en el país. 32 A s e n t a m i e n t o s

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Este fenómeno de movilidad de las familias, que pasan de alquilar en inquilinatos a ser propietarios en la periferia, se acentúa con la llegada de la población desplazada a finales de la década de los años noventa. No se pretende profundizar sobre las difíciles condiciones de vida de los desplazados, ni sobre el problema político que hay en el país sobre el conflicto interno armado. Se hace esta referencia en el sentido de que la situación de violencia sigue expulsando población de las regiones, del campo, y ante la poca o nula atención gubernamental, siguen presionando la producción de suelo urbano informal en difíciles condiciones de riesgo y de accesibilidad al agua. En los últimos seis años (2001-2006) argumenta Codhes, llegaron desplazadas a Bogotá y Soacha alrededor de 235.156 personas, lo que marca la continuidad de estas migraciones forzadas a pesar de los anuncios oficiales de mayor seguridad en todo el territorio nacional; es decir, en Bogotá y Soacha persiste una crisis crónica y prolongada como consecuencia de la salida forzada de miles de familias que huyen, en su mayoría, de entornos rurales y se asientan en áreas marginales urbanas en condiciones socio-económicas deplorables por el deterioro drástico de su calidad de vida. En el municipio de Soacha, el desplazamiento forzado tuvo un incremento sostenido entre 1998 y 2006. Según el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos –Sisdhes– de Codhes, entre 1995 y 2006 una población de 42.312 personas llegó desplazada a este municipio. En 2006, alrededor de 3.966 personas desplazadas se asentaron en este municipio, lo que indica un promedio diario de 11 personas. En esta revisión de contexto son muchas las causas simultáneas que provocaron la construcción de los asentamientos informales, se destacan: los procesos de planeación que influyeron de manera directa o el proceso de expansión del sur de

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indirecta en la ocupación fragmentada del territorio; la ciudad informal como parte de la ciudad; el costo del suelo y sus lógicas de ocupación; la conurbación Bogotá-Soacha; las dinámicas de crecimiento de la ciudad en la década de los ochenta que acentuaron el crecimiento en el sur de Bogotá. Para el período estudiado (1980-2005), muestra su mayor incremento en relación con el antecedente demográfico registrado en el Censo Nacional de Población de 1973, cuya diferencia permite apreciar el gran impacto migratorio que afectó el sur Bogotá a partir de la década de los ochenta. Crecimiento que se ha mantenido entre la década de 1990 y el 2000.

2.1 Los procesos de planeación que influyeron de manera directa o indirecta en la ocupación fragmentada del territorio hasta los años ochenta Si bien el punto de partida de esta reflexión data de la década de los ochenta, en el contexto hay otros acontecimientos que ayudan a comprender porqué se dio la ocupación en la periferia del área de estudio, con altos niveles de degradación ambiental y de calidad de vida de la población en el proceso de ocupación de la franja sur-oriente en un continuo con el municipio de Soacha. Desde la preparación del primer plan de zonificación de la ciudad, el sur pareciera estar predestinado a albergar la población de bajos ingresos, pues en este proceso quedaron claramente separadas “las zonas estrictamente residenciales” de las “zonas obreras”: El sur se destinó para la construcción de zonas obreras y para el desarrollo de obras de gran impacto como la ubicación de represas y de zonas mineras, que aún, desde las instancias de Planeación, consideraban como potenciadores del desarrollo de esta parte de Bogotá. Desde entonces se empezó a prefigurar la fragmentación que hoy se evidencia en la ciudad. El inicio del desarrollo de la “ciudad moderna” a mediados del siglo XX, se realizó en dos fases: la inicial, conocida como el plan piloto y su posterior concreción en un plan regulador. La primera fase estuvo dirigida por el urbanista Le Corbusier quien orientó los planes directores, la segunda fase estuvo

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orientada a elaborar los planes reguladores y a identificar una figura jurídica para su adopción. En este proceso se destaca el urbanista Jorge Gaitán Cortés quien concibió el plan como un instrumento concreto, aplicado con flexibilidad a problemas como la vivienda informal, entre otros. El patrón de crecimiento por barrios residenciales marcó una fuerte segregación de los grupos sociales en el territorio. El Documento Técnico de Soporte, DTS, del POT (2000) plantea que es el sector popular cada vez más numeroso; primero localizado en barrios obreros, y desde la década de los años sesenta en barrios piratas, este sector se alejó paulatinamente de las zonas centrales conformando grandes zonas de vivienda “popular” especialmente en el sur y nor-occidente: Usme y la orilla del río Tunjuelo (Ciudad Bolívar), entre otras. Dado el crecimiento en baja densidad que experimentó Bogotá en los años sesenta y setenta, siguió siendo tema recurrente en este período la discusión en torno a las alternativas para enfrentarlo. Se tuvieron como modelos, la ciudad densa y compacta y la ciudad de suburbios y de baja densidad, que fueron debatidas bajo las figuras de Fase I que hacían referencia a la expansión de la ciudad en baja densidad complementado con transporte masivo, y la Fase II que estaba orientada a la creación de núcleos autosuficientes o ciudades dentro de las ciudades, es decir, a crear ciudad compacta y aumentar las densidades (Rincón, 2006: 52). Mientras se resolvían las tendencias de crecimiento de la ciudad, las sucesivas administraciones continuaban elaborando en forma independiente el plan de obras públicas, que ordenaba la inversión pública para el respectivo período de gobierno. Estaba definida por una lógica sectorial, acentuada con la aprobación del Acuerdo 7 de 1979 y luego del Acuerdo 6 de 1990 que institucionalizó la planeación predio a predio, lejos de las perspectivas estratégicas de la planeación de largo plazo que necesitaba la ciudad, para evitar los fenómenos de concentración poblacional con familias de bajos ingresos como la que se dio en la zona sur de la ciudad. A comienzos de los años ochenta el Concejo de Bogotá, a través del Decreto 1306, aprobó la elabo-

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ración de los Planes Integrales de Desarrollo Urbano para el Distrito Especial que fue el plan de desarrollo “Bogotá para todos”. Después, la Ley 49 de 1987 ordenó a los alcaldes la elaboración con sus respectivos presupuestos así como los programas específicos de inversiones que se efectuaban con las transferencias que la nación le hacía a los municipios por concepto del IVA. De acuerdo con los análisis elaborados por González y Corte (1989), estos argumentan que las necesidades y la pobreza en la ciudad hacían que los estudios de desarrollo para Bogotá incorporaran la totalidad de los aspectos sociales y económicos, con lo cual se perdía el orden de prioridades y se convertía todo lo “urgente” en “importante”, así los planes se transformaban en un listado de necesidades y buenas intenciones, sin que existieran los recursos y las posibilidades de ejecución, y se pasaba de las formulaciones a las frustraciones. No lograr enfrentar los problemas estructurales que se estaban dando en el crecimiento informal de la ciudad, en particular en la “zona del sur-occidente de Bogotá conocida como Ciudad Bolívar”, –área de rápido y no planificado crecimiento–, presentaba tal cantidad de problemas que obligó a las autoridades a plantear diversos mecanismos de acción política, social y económica que posibilitaran la superación de los alarmantes índices de atraso allí existentes (González y Corte, 1989: 69), esto llevó a la formulación del el Plan de Emergencia Zonal –PEZ– que fue un ejercicio participativo, que le permitió a la misma comunidad ordenar sus propias necesidades mediante talleres zonales, con los cuales buscaban hacer una negociación colectiva y directa de su propio desarrollo. Ante la ausencia de ejercicios de planeación integral, y la demanda de la población por agua, transporte, vías, servicios, vivienda y otros, el Distrito solicitó apoyo externo ante la Organización de las Naciones Unidas –ONU– o entidades de crédito internacional como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo –BID–, para enfrentar la crisis social que se estaba dando en el sur-occidente, como resultado de la gestión para obtener estos recursos lograron ejecutar el subprograma BID de agua potable y alcantarillado que consistía

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en tendido de redes, construcción de tanques de almacenamiento, sistemas de bombeo, integración a la red de acueducto y alcantarillado, canalización y corrección del cauce del río Tunjuelito y de quebradas y caños existentes en la zona. El Documento Técnico de Soporte del POT del municipio de Soacha (2000), indica que en el período transcurrido entre 1964 y 1973 se urbanizaron anualmente un promedio de 674,4 hectáreas. En el período 1973-1985 se elevaron a más de 838 hectáreas anuales. Después de 1985 y hasta 1996 el ritmo descendió a 478 hectáreas al año (incluidos desarrollos informales). El hecho de que el 45% de la expansión se presente en forma incontrolada a través de asentamientos extraperimetrales se explica por la elevación de los costos del suelo. La periferia bogotana comenzó a colmarse de trabajadores desempleados y campesinos desalojados de sus tierras por el llamado período de la violencia de los años cuarenta, cincuenta y sesenta y por la tecnificación del agro.

2.2 Ciudad informal como parte de la ciudad El empobrecimiento de la población y la carencia de políticas específicas han determinado el aumento de la población que vive en diferentes hábitats informales (Clichevsky, 2001: 22), que responden al sentido que tiene su producción social, con otras formas de habitar y de construir. No obstante, esta denominación informal significa para el Estado la forma espontánea como se produce la ciudad, sin la lógica de la planeación urbanística que “se ha dado en gran parte por fuera de las normas. Los barrios que llamamos piratas, clandestinos, informales, donde se asienta la población más pobre han crecido por fuera de la Ley” (Brunner, 2000: 12), para el Estado es un asunto de legalidad, para la población, en cambio, es una manera de producir la ciudad. La expansión de la ciudad se origina en el dualismo formal-informal, que corresponden a lógicas distintas del mercado. “En la configuración de la ciudad colombiana se conjugan lo formal y lo informal. Bogotá evidencia esta situación contundente. La parte formal, posee los mayores elementos de

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planificación e inversión del país: la ciudad informal en la que vive la mayoría de la población y que permanece oculta, se encuentra en transformación constante, sin planificación y sin recursos, con problemas complejos” (Universidad Nacional, 2007). Entre los años 1972 y 1977 empezaron a regir las Normas Mínimas de Urbanización y de Servicio, expedidas en 1974, que buscaban contrarrestar la urbanización clandestina con la reglamentación de la oferta de lotes. Pero fue muy precaria la aplicación de estas normas debido a la ausencia de modelos institucionales que garantizaran una planificación que permitiera tener en cuenta criterios técnicos para la construcción de la infraestructura y para su desarrollo progresivo, situación que supieron aprovechar los urbanizadores piratas, al ofrecer unos lotes de mayor tamaño25. Los lotes con servicios fueron considerados como un mecanismo para enfrentar la informalidad en sustitución de las urbanizaciones informales; pero, por el contrario, esta modalidad antes que enfrentar esta lógica de ocupación facilitó la precarización de la vivienda de desarrollo progresivo, en donde indirectamente el urbanizador pirata aducía un respaldo normativo para promover lotes con servicios que en la práctica se convirtieron en lotes sin servicios como es el caso de la Ciudadela Sucre (1987), de la localidad de Usme, solo por mencionar un ejemplo. En las entrevistas realizadas se encontró un fuerte cuestionamiento a lo que significó para la ciudad las normas mínimas. “(…) con la aplicación de las normas mínimas se redujo el tamaño de la vías, se volvió una costumbre del urbanizados ilegal, que vio que se podía reducir la vías y el también lo hizo, entonces fue una pérdida, en cierto modo, del espacio, y todas la vías que sean de seis metros provienen de esa norma” (Jiménez, 2007. En entrevista).

El urbanismo informal26 que se dio en Bogotá es un tanto diferente en Soacha, dado que la ocupación del territorio en esta última no solo obedecía a la promoción pirata27; sino también a procesos de invasión organizada y algunos casos promovidos por grupos armados como el M19 y las Farc, hacia el 35 A s e n t a m i e n t o s

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nuevo milenio la ocupación de nuevas áreas de ladera fue impulsada por grupos paramilitares28. El Plan de Desarrollo de Bogotá 1986-1988, en sus consideraciones previas afirma que el sector formal ha respondido a los dictados del mercado, aunque ha sido parcialmente regulado por medio de normas, como licencias de construcción, normas urbanísticas y planes zonales. El sector informal se ha desarrollado casi exclusivamente por el mercado: las urbanizaciones piratas29 y las invasiones dirigidas han jugado un papel primordial (Alcaldía Mayor de Bogotá: 1986). En el caso de Bogotá existe un notorio crecimiento espontáneo, auspiciado por el permanente incremento en el déficit de la vivienda producida formalmente, lo cual demanda altos costos en la provisión de servicios públicos y en equipamiento comunal (Martín, 2001: 81), fundamentalmente en las áreas periféricas del sur que han sido consideradas como áreas de expansión para la ubicación de vivienda nueva para los más pobres, pese a que su proceso de incorporación en las dinámicas de planeamiento y ordenamiento del territorio es poco relevantes para prever a largo plazo aspectos como la infraestructura, los equipamientos y la pro-

25 (entre 14x7 y 12x6 metros promedio en 1978). El tamaño de los lotes de los barrios de origen informal se mantuvo estable durante un largo período (década de los años cincuenta, sesenta y setenta) en una dimensión de (7x14 a 10x25 metros). A partir de la década de los ochenta se reinició una nueva reducción que llegó a las dimensiones de (5x10 metros). En los años recientes se ha llegado al extremo de trabajar con lotes de 35 metros cuadrados, que es lo dispuesto por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial o en el caso de Bogotá con los lotes de (3x4 m2), Mediante Decreto Nacional se redujo el tamaño de los lotes a 35 m2 para vivienda unifamiliar, 20 m2 para vivienda bifamiliar y 120 m2 en agrupación. 26 Es la forma progresiva como se acondiciona el barrio en materia de servicios e infraestructura. 27 “La mayoría de los asentamientos autoproducidos en Bogotá comenzó con ocupaciones piratas… el término significa que aunque éstos carecen de un plan de permisos, ya que al principio pocos no tienen servicio público, no son invasiones de terrenos, las familias no roban el terreno pero compran parcelas de las subdivisiones” (Gilbert, 2001: 58). 28 http://www.semana.com, del 24 de agosto de 2006. Consultado en mayo 2 de 2008. 29 Aparece el concepto de pirata, “… para algunos los denominados piratas eran los mismos dueños que hacían alianzas con unos que llamaban ‘mayoristas’, son un grupo de personajes que hacen un urbanismo informal a los propietarios cuando éstos tienen restricciones para desarrollar su zona” (Fandiño, 2007. En entrevista).

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tección de los elementos naturales, la conexión con las áreas rurales del Distrito y con otras regiones. La poca previsión de las dinámicas económicas y poblacionales ha llevado a la periferia sur a una “desarticulación espacial con el resto de la ciudad, acompañada por el rápido crecimiento poblacional experimentado en las últimas tres décadas, lo que ha inducido a nuevas formas de apropiación del territorio en modelos de expansión urbana, caracterizado en su mayoría por la ocupación ilegal y la ausencia total de planeamiento” (DTS, POT, 2000: 79) (ver mapa de asentamientos ilegales de la ciudad).

El crecimiento de la ciudad en las últimas cinco décadas muestra cómo la ocupación y desarrollo de asentamientos informales ha sido una constante para la ciudad, con una tendencia permanente a incrementarse, lo cual llega a sumar en este período el 33% del suelo urbano desarrollado (ver gráfica 1 y en el anexo la tabla 1). Gráfica 1 - Crecimiento Asentamientos Urbanos Informales (Ha). Bogotá D.C. (1950 - 2000)

Mapa 1 – Asentamientos de origen ilegal

Crecimiento informal

Crecimiento formal

Fuente: Planos de Crecimiento, Estudio DPU-UCL (SUELO URBANO Y VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN DE INGRESOS BAJOS. Estudios de caso: Bogotá-Soacha-Mosquera; Medellín y Área Metropolitana) (COLOMBIA: HOUSING AND LAND FOR THE URBAN POOR Case studies of Bogotá-SoachaMosquera and Medellín). Development Planning Unit – DPU University College London. Bogotá, 2006. Nota: Según el POT el 23% de la ciudad se desarrolló de una manera ilegal. Con los cálculos del presente estudio, este porcentaje aumenta a un 33,1%.

El Estado no ejerce autoridad para controlar la ocupación informal del suelo, pero termina haciéndose responsable de la construcción de la infraestructura, de la incorporación de suelos rurales y del mejoramiento integral del barrio, situación que nuevamente es aprovechada por el urbanizador pirata, que continua sacándole ganancias a la inversión pública en estos sectores. Al respecto menciona Zambrano (2007: 199) “Es entonces el comprador del lote el encargado de integrar el pedazo de tierra que adquirió al tejido urbano. A partir de este momento encontramos la

Fuente: D.A.P.D.

36 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

el proceso de expansión del sur de

Bogotá

construcción del tejido social, que se da en ausencia del Estado y del urbanizador”. Esta construcción del tejido social ha evidenciado en la ciudad, una forma de producción social del hábitat a partir de las acciones que emprende el comprador del suelo para lograr su integración a la ciudad y a los beneficios que ésta le pueda ofrecer.

2.3 Producción del suelo y las lógicas de ocupación Los años ochenta acentuaron la estructura urbana de segregación socio espacial que ha adquirido la ciudad, ligada a las dificultades de acceso del suelo formal de la población de bajos ingresos y, por consiguiente, con poca capacidad de pago, lo que convierte lo informal en alternativa. Estas poblaciones “entran en un mercado del suelo de dudosa legalidad y a participar en la construcción de sus propias viviendas, ello sucede aunque existen políticas urbanas que establecen una regulación del suelo urbano. Sin embargo, desde el Estado no se cuenta con la voluntad política y los mecanismos adecuados para controlarlo, por tanto éste asume una actitud permisiva” (Torres, 1993: 13). Las lógicas formales de ocupación del suelo urbano, han estado orientadas a ajustarse a las nuevas reglas de juego en materia de producción de vivienda social, en la medida en que el sector privado incursiona en el mercado de la vivienda, maniobra mecanismos propios del modelo como el subsidio a la demanda, dificulta la implementación de la política de vivienda social dadas las limitaciones reales de desempleo de la población, que les imposibilita entrar en la lógica del modelo y del mercado que exige un ahorro programado para la cuota inicial, más la adquisición de un crédito para lograr el subsidio de vivienda, lo cual indica que solo lo pueden obtener las familias que devenguen por encima de tres salarios mínimos. Las lógicas informales subvierten el orden legal y reglamentario del urbanismo formal en la generación de nuevo suelo urbano. Las normas mínimas no lograron constituirse en alternativa en la construcción de un urbanismo de fácil acceso para la po-

37 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

blación pobre, tendencia que se ha mantenido, pese a los esfuerzos por reglamentar usos del suelo en la planificación del territorio a partir de la primera década del 2000, no obstante la ciudad no ha logrado frenar la ocupación de suelo informal, lo cual obliga nuevamente al distrito a reflexionar sobre la necesidad de tomar medidas en relación con este tipo de crecimiento en la ciudad. Esta preocupación distrital se ve reflejada con la creación de la Red Interinstitucional de Prevención y Control de Desarrollos Ilegales en el Distrito Capital, la cual busca la implementación de una Política Pública de prevención a los desarrollos ilegales, de acuerdo con lo definido por Decreto 328 de 2003, con el propósito de definir y coordinar entre las instituciones integrantes las acciones institucionales y generales necesarias para prevenir y detener los desarrollos ilegales del suelo, u otras actividades que lo promuevan, proteger la estructura ecológica principal, así como la coordinación requerida para tal fin con organismos del orden regional y nacional. Como parte de las entidades participantes para detener el crecimiento informal de la ciudad está la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB. Otras medidas promovidas en el POT (2004) es el “pacto de bordes”, el cual debe ser producto de acuerdos entre las autoridades, instituciones públicas privadas y las comunidades para establecer compromisos que buscan proteger las áreas naturales susceptibles de ser desarrolladas o invadidas de la estructura ecológica principal y de otras áreas de alta fragilidad ambiental o ecosistémica. En este marco normativo el Distrito se ha propuesto detener los procesos de conurbación mediante el control de la expansión urbana, a través del manejo concertado de los usos del suelo con la región en áreas periféricas, mediante la articulación de las políticas de servicios públicos. No obstante este no pasa de ser un esfuerzo contenido en el papel, la ejecución de la política evidencia desarticulación, poca claridad de los problemas por parte de las entidades y falta de compromiso en revisar las causas estructurales de la informalidad que les permita construir políticas públicas con mayor consistencia.

el proceso de expansión del sur de

Bogotá

Mapa 2 - Estructura Ecológica Principal en conexión con el ciclo I

Fuente: E.A.A.B. 2006 y D.A.P.D. 2005

El mapa 2 muestra la fragilidad en la que se encuentran los bordes de la ciudad, a la deriva de la producción informal de suelo, con una gran presión en el borde sur y en el municipio de Soacha, los puntos amarillos reflejan los polígonos de monitoreo sobre los cuales hace control de vivienda la Secretaría de Hábitat, que resaltan que el proceso de crecimiento informal de la ciudad no se detiene, no obstante, este también no pasa de ser un dato más para el análisis, que deja en evidencia la incapacidad del Distrito para tomar medidas reales que frenen la ocupación promovida por urbanizadores piratas con el apoyo de grupos al margen de la Ley. La tabla 1 permite interpretar que al observar la columna correspondiente a áreas de desarrollo de origen informal, Ciudad Bolívar es la localidad con mayor área y Usme ocupa un quinto lugar. Esta tabla permite establecer una relación porcentual entre el área de desarrollo de origen informal y el total de suelo urbano en hectáreas que incluye los suelos urbanizados, de protección y por urbanizar. Para el caso de Usme la ocupación de desarrollos de origen informal en suelo urbanizado corresponde a un 84,95%, el más alto; en Ciudad Bolívar este valor es

Tabla 1 – Áreas de origen ilegal y su participación en el suelo urbano

Fuente: SPD 2007. 38 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

el proceso de expansión del sur de

Bogotá

de 60,71%. La misma tabla en referencia compara el área de desarrollo de origen informal con el suelo urbano, donde Usme alcanza un 25,4% y Ciudad Bolívar un 39, 04%. Del resultado anterior se puede aseverar que en Usme y Ciudad Bolívar predomina el origen informal en el suelo urbanizado; la ocupación del suelo urbano tiende a realizarse en áreas de protección, lo cual revela que las familias tienden a ubicarse en este suelo de alta fragilidad.

cimiento de Usme disminuyó, seguramente por las medidas de control que ha asumido el Distrito con el anuncio del proyecto Operación Nuevo Usme. Gráfica 3 – Comparativo Trimestral

Gráfica 2 – Áreas de origen ilegal. (Ha) por localidad

Fuente Control de Vivienda – Secretaría de Hábitat 2007

Fuente: Elaboración propia

Como indica la gráfica 2, Ciudad Bolívar sigue siendo el mayor generador de suelo urbano informal, con 1.308 ha, y la localidad de Usme muestra que el ritmo de crecimiento informal ha disminuido encontrándose en el quinto lugar, con 745 ha en el año 2002. La gráfica 4 corrobora lo anterior, es un ejercicio de los polígonos de monitoreo adelantado por la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda –DIVCV– de la Secretaría del Hábitat entre enero y marzo de 2007. Ciudad Bolívar sigue el ritmo de crecimiento informal, lo cual significa que todas las medidas definidas en el Plan de Ordenamiento Territorial orientadas a frenar la informalidad no han dado resultados. Para Ciudad Bolívar se tiene que las aéreas de desarrollos de origen informal por suelo urbanizado, arroja un valor de 60,71%, valor que sigue siendo alto e indicando la misma tendencia que en Usme, pero en un menor grado, ya que el área de Ciudad Bolívar es mayor y presenta menos zonas de protección. En la gráfica 3 se puede observar que el cre39 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

El proceso de ocupación de suelo informal está sustentado por los altos costos del suelo, por tanto uno de los criterios primordiales de la población es a ubicarse y generar sus asentamientos donde su valor tiende a ser menor, por tanto, esto se ve reflejado fundamentalmente en la localidad de Ciudad Bolívar la cual atrae más población y su dinámica se ha mantenido en constante crecimiento en las últimas décadas (ver gráfica 4 y tabla 2). Gráfica 4 -Valor Real del Suelo en Zonas Residenciales Populares. Expansión del Sur de Bogotá (zona estudiada) - (1990 - 2005)

Fuente: Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá

el proceso de expansión del sur de

Bogotá

Tabla 2 - Valor Real del Suelo en Zonas Residenciales Populares Expansión del Sur de Bogotá (zona estudiada) - (1990 - 2005) p e s o s c o n s ta n t e s d e 2 0 0 5

Zon a

199 0

S uro rie nt e 2: G u aca ma ya s - M ar ruec os S oa cha Re sidenc ial:

(1 )

Área

R esid en cial C entro S uro rie nt e 3: L a B elle za - L a Gl oria

( 2)

S uro ccid ente 2: S an Fr an cisc o - Je rusalen

( 3)

199 1

199 2

19 93

1 99 4

1 995

1 996

199 7

199 8

19 99

2 00 0

20 01

200 2

2 003

20 04

200 5

1 47 .87 2 1 65. 42 7 187 .564 2 13. 861 222 .23 1

2 23 .77 9 2 21. 66 9 24 4.8 66 225 .9 60 2 06.8 66 203 .805

201 .93 7 1 88. 74 1 1 99.3 91 18 9.0 00 190 .0 00

1 15 .22 5 1 21. 07 8 132 .626 1 52. 992 184 .16 8

2 15 .69 1 2 21. 66 9 22 9.1 25 209 .8 20 1 92.0 90 183 .425

170 .38 4 1 71. 04 6 1 66.1 59 15 7.5 00 160 .0 00

1 25 .46 4 1 33. 25 2 150 .051 1 67. 797 173 .92 0

1 79 .29 3 1 77. 33 5 20 7.1 95 193 .6 80 1 77.3 14 176 .631

176 .69 4 1 53. 35 2 1 55.0 82 14 7.0 00 145 .0 00

1 15 .22 5 1 19. 63 6 125 .850 1 35. 225 144 .93 3

1 51 .31 8 1 55. 16 8 14 5.0 36 137 .1 90 1 40.3 74 135 .870

138 .83 1 1 17. 96 3 1 21.8 50 11 5.5 00 115 .0 00

Fuente: Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá (1) Calles 32 Sur - 51 Sur; Avenida 13 (carrera 19) al Oriente (aprox. Hasta cota 2.700) (2) Diagonal 36A Sur - Diagonal 61 Sur; Avenida Oriente - Límite del Perimetro Urbano (3) Avenida Villavicencio al Sur

2.4 El proceso de expansión urbana en las localidades de usme y ciudad bolívar y en el municipio de soacha En la Historia de Bogotá siglo XX, Zambrano plantea que: “(…) la ciudad se expande hacia el sur porque existen pobladores urbanos en busca de tierras, en ese contexto se da el encuentro de Bogotá con el valle del río Tunjuelo. En la década del cuarenta se inicia con los barrios San Carlos, Tunjuelito, El Carmen, San Vicente, Fátima. Luego seguirá con otros. Una razón fundamental para comprender el tipo de urbanización que se presenta en estos barrios es el tema del déficit de vivienda que padecía Bogotá” (Zambrano 2007: 178).

El crecimiento urbano de Bogotá, se ha orientado de forma alargada en dirección norte y sur, en forma de semicírculo desde los cerros sur-orientales hacia el occidente. Durante el proceso de crecimiento urbano se ha evidenciado, como ya se mencionó, que la construcción de la ciudad informal crecía sin los estándares del urbanismo y aún en el imaginario físico-espacial de los planes de desarrollo desaparecía. No reconocerla para la inversión y la planeación pública era una manera de aplazar los complejos problemas estructurales de la ciudad. En la década de los ochenta la tendencia de crecimiento cambió y se acentuó en la periferia sur

40 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

por fuera del perímetro de servicios30 con barrios de baja densidad para población pobre, mediante la invasión de la alta montaña, las zonas inundables de los ríos e incluso áreas de alta fragilidad de la estructura ecológica. Las conexiones de los barrios con la ciudad se han realizado por carreteras que después se convirtieron en las vías primarias del plan vial. Estas características que fue adquiriendo la ciudad no eran incorporadas en las dinámicas de planeación; el sur de Bogotá, y el área de estudio en particular, siguió creciendo al arbitrio de la irracionalidad de las fuerzas del mercado. La “localización de los asentamientos informales se ha producido a manera de anillos periféricos alrededor de la ciudad, principalmente en el sur y occidente, siendo la punta de lanza de crecimiento. El conjunto de desarrollos de origen clandestino ocupan aproximadamente una extensión de 5.500 hectáreas, equivalente a 1’340.000 habitantes, lo cual representa la cuarta parte del total de habitantes proyectados para 1990” (DAPD, citado en Universidad Nacional, 2007). La evolución poblacional durante los últimos veinticinco años, se puede observar a través de los censos nacionales y su respectivo comportamiento intercensal, para las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, y el municipio de Soacha (zona de estu-

30 El perímetro de servicios, casi siempre se ha asimilado al perímetro urbano.

el proceso de expansión del sur de

Bogotá

dio); al comparar su relación con el Censo Nacional de 197331, se encontró un comportamiento significativo en las dinámicas de expansión y crecimiento de la ciudad en el área sur, que se registra de manera simultánea en el municipio de Soacha, así como el impacto en los otros territorios estudiados (ver gráfica No. 5). Gráfica 5 - Población Total Censada (evolución intercensal). Expansión del Sur de Bogotá (Usme Ciudad Bolívar y Soacha) – (1973, 1985, 1993 y 2005) EV OLU C IÓ N IN TERCEN S A L DE P O B LA CIÓ N 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 1973

U sm e

1985

1993

C i u d ad B o l í v a r

2005

So a c h a

Fuente: DANE - Censos Nacionales de Población y Vivienda (1973, 1985, 1993 y 2005) – producción propia (1) Localidades de Bogotá D.C. (2) Información censal del municipio del departamento de Cundinamarca (3) CCRP. Proyecciones de población del Distrito Capital y su distribución espacial al año 2010 (localidades 1973) (4) DANE. Edición de información por localidades de Santafé de Bogotá Censo 1993.

La evolución poblacional intercensal desde 1973 hasta 2005 fue detectada en el primer período intercensal (1973-1985) debido al desmedido impacto migratorio que recibió el sur de Bogotá, como resultado del plan nacional de desarrollo (las cuatro estrategias) durante la administración presidencial de Misael Pastrana Borrero, en el cual se planteaba que el sector constructor debería ser el líder para la reactivación de la economía nacional. Esto trajo como consecuencia 41 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

un efecto de expulsión de población del campo a la ciudad, que se evidenció en el fenómeno de expansión del perímetro urbano de las mismas, así como en la aparición y legalización de hábitats autogenerados por estos migrantes urbanos y provenientes del campo. Igualmente, en este período intercensal (19731985), aparecieron niveles de crecimiento muy superiores al 100%, se encontró en la zona estudiada un porcentaje del 653,81% con un mayor impacto en el crecimiento en la localidad de Usme (2.478,15%), seguida por Ciudad Bolívar (819,91%) y el municipio de Soacha (188,85%), mientras que en la ciudad de Bogotá representó un incremento del 70,75%, y en el municipio de Soacha ascendió tenuemente diferenciado al 72,51%, lo cual evidenciaba la vocación de territorio receptor de población migrante. Durante el segundo período intercensal (19851993), los ritmos de crecimiento poblacional tendieron a estabilizarse en el conjunto de la zona estudiada en un 41,64%, aunque el mayor crecimiento poblacional de los tres territorios que la componen se presentó en el municipio de Soacha (111,22%), seguido por Ciudad Bolívar (28,36%) y Usme (21,87%), tendiendo a neutralizarse con la dinámica poblacional de la ciudad, al presentar un crecimiento tan solo del 27,65%, similar a la conurbación de Bogotá con Soacha (29,73%). El análisis indica que el sector que más creció fue el municipio de Soacha, lo cual se puede explicar por ciertas medidas coercitivas de crecimiento en Bogotá y mayor presencia institucional, dirigidas a controlar y denunciar el accionar de los urbanizadores piratas. Sin embargo, tanto en 1985 como en 1993, en Ciudad Bolívar, se encontraron las mayores concentraciones de población. Dichas medidas de control no lograron frenar la ocupación informal promovida por urbanizadores piratas en Ciudad Bolívar, por el contrario, se generó un efecto reflejo en el municipio de Soacha acompañado, además, de procesos de invasión (ver cuadro No. 1). 31 Con los aspectos demográficos de la población ubicada en el área de estudio, se busca caracterizar los habitantes que conforman los diferentes asentamientos humanos, en cuanto a género y grupos de edad, así como los flujos migratorios, con la identificación de los aspectos más relevantes en los últimos veinticinco años, en cuanto a evolución y participación intercensal, al tomar diferentes referentes territoriales de área.

el proceso de expansión del sur de

Bogotá

Cuadro 1 - Población Total Censada (evolución intercensal). Expansión del Sur de Bogotá (Usme - Ciudad Bolívar y Soacha) - (1973, 1985, 1993 y 2005) Territorios

Población Censada

Variación Intercensal (%)

1973 (3)

1985 (4)

1993 (4)

6.394

164.847

200.892

294.580

2478,15%

21,87%

46,64%

Ciudad Bolívar (1)

35.451

326.118

418.609

563.223

819,91%

28,36%

34,55%

Soacha (2)

37.753

109.051

230.335

398.295

188,85%

111,22%

72,92%

Total - Zona de Expansión (estudiada)

79.598

600.016

849.836

1.256.098

653,81%

41,64%

47,80%

Bogotá D.C.

2.496.172

4.262.127

5.440.401

6.778.691

70,75%

27,65%

24,60%

Bogotá D.C. + Soacha

2.533.925

4.371.178

5.670.736

7.176.986

72,51%

29,73%

26,56%

Usme (1)

2005

19731985

19851993

19932005

Fuente: DANE - Censos Nacionales de Población y Vivienda (1973, 1985, 1993 y 2005) (1) Localidades de Bogotá D.C. (2) Información censal del municipio del departamento de Cundinamarca (3) CCRP. Proyecciones de población del Distrito Capital y su distribución espacial al año 2010 (localidades 1973) (4) DANE. Edición de información por localidades de Santafe de Bogotá Censo 1993.

Por su parte, en el período intercensal (19932005) el comportamiento poblacional en la zona estudiada ascendió a 47,80%, el cual no difiere del período intercensal (1985-1993), aunque con un cambio importante en la variación del municipio de Soacha al pasar de 111,22% a 72,92%, seguido de la localidad de Usme, en la cual se pasa de un incremento poblacional de 21,87% a 46,64%, y por último, Ciudad Bolívar con una reducida variación en el crecimiento de 28,36% a 34,55%. Acompañado en la ciudad de Bogotá con un incremento del 24,60%, mientras que para la ciudad de Bogotá unido con Soacha llega a 26,56%. El anterior comportamiento indica que para los años noventa se da un período de auge poblacional para la localidad de Usme de tal magnitud que duplica su participación con respecto al anterior período intercensal. Lo cual significa que esta localidad pasó de 6.394 habitantes en el año 1973 a 164.847 habitantes, registrados en el censo de 1985, aunque con

42 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

un crecimiento permanente que se refleja en el censo de 2005, con 294.580 habitantes. (Ver cuadro 2). En cuanto a la participación porcentual poblacional de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, así como del municipio de Soacha, es necesario mirar varios referentes de comparación, como la zona misma en estudio, Bogotá, y Bogotá conurbada con Soacha. Con respecto a la dinámica demográfica de la población de la zona estudiada, se observa que a pesar de las altísimas variaciones que experimentaron Usme y Soacha en el período estudiado, Ciudad Bolívar nunca perdió el protagonismo en esta zona del sur de Bogotá en expansión, bordeando siempre participaciones cercanas al 50%. Por el contrario, Usme, en 1985, creció exponencialmente (27,47%) y luego su participación decreció suavemente en los demás años, mientras que Soacha inició, en 1973, con una participación del 47,43%, para decrecer en 1985 al 18,17% de participación y continuar un proceso de recuperación en las siguientes dos décadas.

el proceso de expansión del sur de

Bogotá

Cuadro 2 - Expansión del Sur de Bogotá (Usme - Ciudad Bolívar y Soacha) - (1973, 1985, 1993 y 2005) Población Total Censada (participación de los territorios)

Bogotá D.C. + Soacha

Bogotá D.C.

Total - Zona de Expansión (estudiada)

Referente

Territorios

Participación (%) 1973

1985

1993

2005

Usme (1)

8,03%

27,47%

23,64%

23,45%

Ciudad Bolívar (1)

44,54%

54,35%

49,26%

44,84%

Soacha (2)

47,43%

18,17%

27,10%

31,71%

79.598

600.016

849.836

1.256.098

0,26%

3,87%

3,69%

4,35%

1,42%

7,65%

7,69%

8,31%

1,51%

2,56%

4,23%

5,88%

2.496.172

4.262.127

5.440.401

6.778.691

Usme (1)

0,25%

3,77%

3,54%

4,10%

Ciudad Bolívar (1)

1,40%

7,46%

7,38%

7,85%

Soacha (2)

1,49%

2,49%

4,06%

5,55%

2.533.925

4.371.178

5.670.736

7.176.986

Total Usme (1) Ciudad Bolívar

(1)

Soacha (2) Total

Total

Fuente: DANE - Censos Nacionales de Población y Vivienda (1973, 1985, 1993 y 2005) (1) Localidades de Bogotá D.C. (2) Municipio del departamento de Cundinamarca

La ocupación del norte de la ciudad antes de los ochenta estuvo determinada por la disponibilidad y el acceso al agua y por las características del paisaje, pero la población de bajos ingresos no se podía ubicar allí por los costos del suelo, “la gente que no pudo comprar suelo en el norte, no le quedó otra alternativa que irse para el sur, el desarrollo del sur se da porque no hay tierras en el norte y el suelo es muy caro” (C.A. Ángel, 2008, en entrevista). Este argumento es fundamental para entender las primeras dinámicas de ocupación que se dieron entorno a la disponibilidad del agua. Esto lo explica el mito fundacional de la ciudad, la ubicación de las primeras aldeas y el crecimiento urbano que se dio en función de las fuentes hídricas. También explica que uno de los elementos de mayor peso para la segregación socio-espacial está asociado al costo del suelo y a la valorización de éste que depende de la disponibilidad de fuentes hídricas y de otros aspectos. 43 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

Pese a no contar con buenas condiciones hídricas en Ciudad Bolívar y Soacha, como se podrá ver en el capítulo tres, la presión por vivienda se hizo evidente en los años ochenta, lo que permaneció por mucho tiempo por fuera de las lógicas de la planeación oficial. Fue precisamente en esta época, cuando el Distrito estaba resolviendo el tema de la distribución del agua potable para la ciudad y las acciones estaban concentradas en el sistema de abastecimiento más grande que es Chingaza. Esto explica, pero no justifica, la desatención al crecimiento informal de la ciudad y las dificultades de acceso al agua potable que estaba librando la población en un proceso de ocupación a gran escala. Por supuesto es una explicación que resulta siendo una excusa, porque el agua siempre estuvo dispuesta en este territorio pero con dificultades de acceso por parte de la población, porque no era agua apta para el consumo humano debido a la falta el proceso de expansión del sur de

Bogotá

de voluntad política de las diversas administraciones de Bogotá en potabilizarla y generar mecanismos más ágiles a favor de estas comunidades. Esto les hubiera ahorrado tantas premuras y luchas por intentar vivir dignamente. Sin embargo, parte de la discusión también podría darse en el sentido de que llevarle el agua sin una planeación mínima implicaba abrir la compuerta a la urbanización informal. Las décadas de los años ochenta y noventa “marcan la aceleración del proceso de urbanización, ligado a la continuidad de los procesos migratorios, y el aumento vegetativo de la población, continua con la transformación de la estructura productiva agrícola e industrial, presencia de mejores condicio-

44 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

nes de calidad de vida en la ciudad y aumento del desplazamiento de población por efectos del conflicto interno” (Torres, 1999: 61). En los años del noventa en lo referente al desarrollo de los barrios de vivienda de interés social –VIS–, Tarchópulos y Ceballos (2003) plantean que éstos han incidido en el crecimiento urbano de la periferia bogotana. La construcción por iniciativa individual en predios de diversas formas y tamaños, bajo el simple cumplimiento de normas regidas por la racionalidad del mercado, a la larga, ha consolidado una periferia deficitaria de equipamientos, espacio público, y con insuficientes conexiones con la ciudad.

el proceso de expansión del sur de

Bogotá

Mapa 3- Mosaico: Crecimiento Urbano en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar de Bogotá D.C. y el municipio de Soacha durante el periodo 1980-2006 a) 1980

b) 1980-1990

c) 1990-2000

d) 2000-2004

Fuentes:

e) 2004-2006

USME.Basado en “Operación Urbanística Nuevo Usme-Bogotá” Proyecto Promovido por la Alcaldía Mayor de Bogotá con el apoyo de Lincoln Institute of Land Policy- Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Año 2006 CIUDAD BOLIVAR. “Recorriendo Ciudad Bolívar. Diagnostico Físico y Socio=Económico de las localidades de Bogota D.C.” Alcaldía Mayor de Bogota. Año 2004 MUNICIPIO DE SOACHA. Basado en “Documento Técnico de Soporte de la Revisión y Ajuste del POT, Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Soacha” Planos de Diagnóstico MONTENEGRO LIZARRALDE & CÍA. LTDA .ARQUITECTOS Año 2006-2007 PLANO DE REDES PROVISIONALES (CICLO I) EAAB. PLANO DE POLIGONOS DE MONITOREO APD *VERLO AMPLIADO EN ANEXOS

Crecimiento urbano

45 A s e n t a m i e n t o s

Áreas urbanas consolidadas

Zonas de protección ambiental

humanos, agua y territorio.

Límite de localidades y municipio

el proceso de expansión del sur de

Perímetro urbano Bogotá D.C.

Bogotá

En el mapa 3, mosaico a) indica que en la década de los ochenta, empiezan los primeros crecimientos sobre el borde sur del río Tunjuelo, anecdóticamente los límites de la ciudad correspondían con este río. De nuevo se da una forma de crecimiento en arco que rápidamente y en tiempos muy cortos generó oleadas de ocupación sobre las capas bajas, medianas y altas de la montaña, evento que presenta el mapa b). Al observar los mapas c) y d) se encuentra que hay un mayor nivel de crecimiento que evidencia la conurbación Bogotá-Soacha, y en el mapa e) se comprueba un nivel de conurbación más avanzado, en el cual se aprecia en el paisaje un continuo urbano de Bogotá-Soacha y viceversa que no tiene delimitación física alguna. Los mapas comprueban la tendencia de crecimiento sobre áreas perimetrales de mediana y alta montaña, conocidas también como zonas de ladera. Sucesivamente éstas se fueron incorporando a través de procesos de regularización. Se observa un aumento de la densificación en el área de estudio entre la década de los años noventa y y la primera de los años 2000, lo que se conoce como “un llenado de vacíos”, de igual forma la ocupación ha rebasado las áreas de protección de rondas de río y quebradas, algunas de éstas han desaparecido y se han convertido en caños, colectoras de aguas residuales, también se están ocupando las áreas de reserva orográfica pertenecientes al sistema de áreas protegidas. La estructura ecológica principal definida por el POT (2004) se encuentra altamente amenazada y con menor área que a comienzos de la década del año 2000. La tendencia de crecimiento de la ciudad persiste en sus zonas rurales y áreas de protección. Pese a los mecanismos de control a la ilegalidad, se mantiene como patrón de ocupación informal que cuando hay control mediante con programas gubernamentales en una determinada área, se expone inmediatamente otra de alta fragilidad. Esto se ha visto reflejado en el área de estudio en donde el control al crecimiento ilimitado en Ciudad Bo-

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humanos, agua y territorio.

lívar en la década de los ochenta, repercutió en el municipio de Soacha, y en los primeros años del año 2000 el control en Usme a través del anuncio del proyecto de la Operación Nuevo Usme estabilizó el crecimiento informal de esta localidad, y acentuó la informalidad nuevamente en la localidad de Ciudad Bolívar, como se pudo observar en los datos de control de monitoreo al crecimiento informal de la ciudad, que adelantó la Secretaría del Hábitat en 2007.

2.5 La conurbación Bogotá-Soacha Soacha es un municipio de Cundinamarca que hace parte del área metropolitana de Bogotá, aunque es independiente política y administrativamente, actualmente es uno de los centros urbanos más poblados en el ámbito nacional, según el censo DANE 2005. Soacha ha sido un referente territorial e histórico importante para Bogotá y la región circundante. Su proceso de crecimiento infortunadamente ha estado más en función de las necesidades de la ciudad capital que de las demandas de sus propios habitantes. Su aporte al desarrollo de la ciudad se remonta a los inicios del siglo XX con proyectos hidroeléctricos, la llegada de servicio del tren y las interrelaciones que generó el transporte intermunicipal. Las grandes obras de este municipio siempre repercutieron a favor de la gran ciudad, como la represa del Muña, actualmente contaminada con aguas del río Bogotá para la generación de energía eléctrica, que cumplió un papel importante para Bogotá. Desde las décadas de los años sesenta y setenta Soacha se empezó a consolidar como un cordón industrial, que incidió notoriamente en las dinámicas demográficas del territorio, el cual pasó de 37.753 habitantes en 1973 a cerca de 400.000 habitantes en 2005, marcado en un alto porcentaje por un proceso de ocupación informal, que llevó a que las separaciones territoriales con la ciudad desaparecieran y se convirtiera en un suburbio pobre conurbado del área metropolitana de Bogotá (ver gráfica No. 6 y tabla 3).

el proceso de expansión del sur de

Bogotá

Tabla 3 - Población Total (Evolución Intercensal). Municipio de Soacha - (1973, 1985, 1993 y 2005) Población Censada

Territorios

Soacha

1973

(1)

(2)

1985

37.753

(3 )

1993

109.051

Variación Intercensal (3 )

230.335

2005 398.295

(%)

1973 -1985

1985 -1993

1993 - 2005

188,85%

111,22%

72,92%

Fuente: DANE - Censos Nacionales de Población y Vivienda (1973, 1985, 1993 y 2005) (1) Información censal del municipio del departamento de Cundinamarca (2) CCRP. Proyecciones de población del Distrito Capital y su distribución espacial al año 2010 (localidades 1973) (4) DANE. Edición de información por localidades de Santafe de Bogotá Censo 1993.

Gráfica 6 - Población Total (evolución intercensal) Municipio de Soacha - (1973, 1985, 1993 y 2005) Evolución Censal de la Población de Soacha (1973 - 2005)

400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 1973

1985

1993

2005

Fuete: Elaboración propia. DANE - Censos Nacionales de Población y Vivienda (1973, 1985, 1993 y 2005)

El territorio de la Sabana de Bogotá ha mantenido hasta el momento cierto grado de contención en el proceso de urbanización, reducido especialmente a los entornos urbanos de Bogotá y los municipios vecinos que se expanden con criterios similares de densidad poblacional y de ocupación; sin embargo, el proceso de suburbanización o de ocupación intensiva de las áreas rurales no guarda similar simetría. Desde la década de los años setenta, con el agotamiento de tierras urbanizables en Bogotá para los sectores de más altos y más bajos recursos, los municipios aledaños afrontaron dos formas de crecimiento derivadas de su cercanía con la capital. De una parte, los municipios localizados al sur y al occidente de Bogotá, Soacha especialmente, sufrieron un incremento 47 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

notorio en las tasas de crecimiento demográfico y la aparición de numerosos asentamientos clandestinos o subnormales en las periferias, que les servían de asiento. En la dirección opuesta los municipios localizados al norte de la capital sufrieron del mismo fenómeno, pero la ubicación de los nuevos pobladores se realizó especialmente en suelo rural con procesos de suburbanización para sectores de altos ingresos (Montenegro Lizaralde & Cía., 2007). Sin embargo, el supuesto S o ac h a agotamiento de tierras de Bogotá no ha sido igual para los sectores altos y bajos como lo presenta la anterior afirmación, dado que los altos costos del suelo es un mecanismo de expulsión de los más pobres de la ciudad, que se han ubicado en los municipios de Soacha y de Sibaté que ya estaban suburbanizados. Al observar el mapa 4, entre 1990 y 2005 se evidencia que la expansión urbana del municipio de Soacha y la localidad de Ciudad Bolívar se hizo más compacta con la ocupación del suelo no urbanizado. El límite urbano que las separa se hizo difuso, lo cual comprueba la demanda de suelo de la población allí localizada. Además no se logra diferenciar una estructura urbana planificada, que coincide con las áreas de asentamientos de origen informal presentados en el mapa 1. El crecimiento del área conurbada ha estado determinado por aspectos generales relacionados entre sí, por ejemplo, la población de bajos recursos se localiza allí por la facilidad de adquisición y ocupación del predio, pues la funcionalidad que representa la autopista Sur le permite al nuevo habitante instalarse de manera rápida. Al respecto Moreno (2001)

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Bogotá

formula una serie de conclusiones en donde muestra que la pobreza, el bajo costo del suelo, el conflicto armado, la gestión pirata asociada con los mineros del terreno posterior al uso extractivo y su agotamiento para usos de vivienda, entre otros más, son factores

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humanos, agua y territorio.

atenuantes que hacen posible una virtual solución de un problema que el Estado no tiene resuelto, lo cual sin duda, es un factor determinante a la hora de entender las dinámicas de ocupación que llevaron a la conurbación Soacha-Bogotá (Moreno, 2001).

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Mapa 4 – Aerofotografía Ciudad Bolívar y Municipio de Soacha años 1990 y 2005

Fuente: Fotografía aérea archivo maestría en hábitat e imagen google earth 2005

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FUENTES DE REFERENCIA USME Basado en “Operación Urbanística Nuevo UsmeBogotá” Proyecto Promovido por la Alcaldía Mayor de Bogotá con el apoyo de Lincoln Institute of Land Policy- Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Año 2006 CIUDAD BOLIVAR “Recorriendo Ciudad Bolívar. Diagnostico Físico y Socio=Económico de las localidades de Bogota D.C.” Alcaldía Mayor de Bogota Año 2004 MUNICIPIO DE SOACHA Basado en “Documento Técnico de Soporte de la Revisión y Ajuste del POT, Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Soacha” Planos de Diagnostico MONTENEGRO LIZARRALDE & CÍA. LTDA. ARQUITECTOS Año 2006-2007 PLANO DE REDES PROVISIONALES (CICLO I) EAAB. PLANO DE POLIGONOS DE MONITOREO DAPD

Anexo Mapa 5 - Crecimiento Urbano Hasta el año 1980 en las Localidades de Usme, Ciudad Bolívar y el Municipio de Soacha

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FUENTES DE REFERENCIA USME Basado en “Operación Urbanística Nuevo UsmeBogotá” Proyecto Promovido por la Alcaldía Mayor de Bogotá con el apoyo de Lincoln Institute of Land Policy- Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Año 2006 CIUDAD BOLIVAR “Recorriendo Ciudad Bolívar. Diagnostico Físico y Socio=Económico de las localidades de Bogota D.C.” Alcaldía Mayor de Bogota Año 2004 MUNICIPIO DE SOACHA Basado en “Documento Técnico de Soporte de la Revisión y Ajuste del POT, Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Soacha” Planos de Diagnostico MONTENEGRO LIZARRALDE & CÍA. LTDA .ARQUITECTOS Año 2006-2007 PLANO DE REDES PROVISIONALES (CICLO I) EAAB. PLANO DE POLIGONOS DE MONITOREO DAPD

Anexo Mapa 6: Crecimiento Urbano Durante el Periodo 1980-1990 en las Localidades de Usme, Ciudad Bolívar y el Municipio de Soacha

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FUENTES DE REFERENCIA USME Basado en “Operación Urbanística Nuevo UsmeBogotá” Proyecto Promovido por la Alcaldía Mayor de Bogotá con el apoyo de Lincoln Institute of Land Policy- Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Año 2006 CIUDAD BOLIVAR “Recorriendo Ciudad Bolívar. Diagnostico Físico y Socio=Económico de las localidades de Bogota D.C.” Alcaldía Mayor de Bogota Año 2004 MUNICIPIO DE SOACHA Basado en “Documento Técnico de Soporte de la Revisión y Ajuste del POT, Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Soacha” Planos de Diagnostico MONTENEGRO LIZARRALDE & CÍA. LTDA .ARQUITECTOS Año 2006-2007 PLANO DE REDES PROVISIONALES (CICLO I) EAAB. PLANO DE POLIGONOS DE MONITOREO DAPD

Anexo Mapa 7 - Crecimiento Urbano Durante el Periodo 1990-2000 en las Localidades de Usme, Ciudad Bolívar y el Municipio de Soacha

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FUENTES DE REFERENCIA USME Basado en “Operación Urbanística Nuevo UsmeBogotá” Proyecto Promovido por la Alcaldía Mayor de Bogotá con el apoyo de Lincoln Institute of Land Policy- Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Año 2006 CIUDAD BOLIVAR “Recorriendo Ciudad Bolívar. Diagnostico Físico y Socio=Económico de las localidades de Bogota D.C.” Alcaldía Mayor de Bogota Año 2004 MUNICIPIO DE SOACHA Basado en “Documento Técnico de Soporte de la Revisión y Ajuste del POT, Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Soacha” Planos de Diagnostico MONTENEGRO LIZARRALDE & CÍA. LTDA .ARQUITECTOS Año 2006-2007 PLANO DE REDES PROVISIONALES (CICLO I) EAAB. PLANO DE POLIGONOS DE MONITOREO DAPD

Anexo Mapa 8 - Crecimiento Urbano Hasta el Año 2000 en las Localidades de Usme, Ciudad Bolívar y el Municipio de Soacha

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FUENTES DE REFERENCIA USME Basado en “Operación Urbanística Nuevo UsmeBogotá” Proyecto Promovido por la Alcaldía Mayor de Bogotá con el apoyo de Lincoln Institute of Land Policy- Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Año 2006 CIUDAD BOLIVAR “Recorriendo Ciudad Bolívar. Diagnostico Físico y Socio=Económico de las localidades de Bogota D.C.” Alcaldía Mayor de Bogota Año 2004 MUNICIPIO DE SOACHA Basado en “Documento Técnico de Soporte de la Revisión y Ajuste del POT, Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Soacha” Planos de Diagnostico MONTENEGRO LIZARRALDE & CÍA. LTDA .ARQUITECTOS Año 2006-2007 PLANO DE REDES PROVISIONALES (CICLO I) EAAB. PLANO DE POLIGONOS DE MONITOREO DAPD

Anexo Mapa 9 - Crecimiento Urbano Durante el periodo 2004-2006 en las Localidades de Usme, Ciudad Bolívar y el Municipio de Soacha

Capítulo 3 Procesos ecológicos El abordaje de la caracterización ecológica de los territorios de Usme, Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha permite entender las razones por las cuales Usme es un territorio rico en agua debido a sus condiciones climáticas y en general a las características ecosistémicas y ambientales propias. Comparte una misma cuenca y una historia de ocupación con Ciudad Bolívar y Soacha que pese a esto se encuentran ubicadas en ecosistemas secos (subxerofiticos) de mayor vulnerabilidad. La importancia de conocer potencialidades y limitaciones del territorio permite saber hasta donde son posibles sus niveles de sostenibilidad y sustentabilidad que hacen posible la vida y la permanencia de la población en determinado lugar. La historia de ocupación de estos territorios reflejan la paradoja de la complejidad, que se debate entre la sobreviviencia y la tragedia: la ocupación de rondas hídricas y el desbordamiento de las quebradas, la riqueza hídrica y la sequía, la extensa zona rural y la baja productividad y la existencia de una población campesina que entiende y convive con el significado del agua, pero que ve amenazadas sus condiciones culturales de permanencia en la vida rural por las dinámicas de crecimiento de la misma ciudad. El sistema hídrico de la ciudad, cuyo eje fundamental es la cuenca del río Bogotá con sus afluentes principales las subcuencas del Fucha, el Juan Amarillo, el Tunjuelito, las quebradas y los humedales, ha sido transformado a partir de las formas de ocupación del territorio, de la insostenibilidad del entorno natural y del ambiente construido. La necesidad de una vivienda ha llevado a ocupar los cerros, las áreas de reserva hídrica y forestal de la estructura natural, que es el soporte de la ciudad y de la región. La ciudad creció sobre el área rural conurbándose con los municipios vecinos en particular Soacha. Estos sistemas hídricos son referentes naturales que no delimitan sino que unen los territorios, con lo que les da una espacialidad mayor y compleja construida lejos de los límites administrativos. 55 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

El análisis del proceso de ocupación estuvo mediado por la pregunta: ¿qué es lo que determina ocupar un lugar: el agua o la vivienda? El objetivo final en la trayectoria residencial es la realización del sueño que consiste en tener casa propia. Al representar la seguridad, la estabilidad y el fin de todos los problemas que originan desplazamientos continuos, el ser propietario de una vivienda es algo sobre lo cual se fundamenta el conjunto de proyectos de los pobres y que justifica cualquier sacrificio. “Tener casa no es riquezu, pero no tenerla es mayor pobreut” (Dureau et al., 1994: 34, citado en Torres, 1993). El sur de Bogotá ha sido tradicionalmente un territorio de desarrollos incompletos y fragmentados. Su ocupación aparece históricamente ligada a la disolución de haciendas y a la progresiva urbanización, en donde los procesos de planeación y de reasignación de usos del suelo obedecieron más a los hechos cumplidos que a procesos de planeamiento. Buena parte de esta progresiva apertura de la frontera urbana se dio sobre la base de la especulación con el suelo rural más próximo a la ciudad bajo la presión de las necesidades de vivienda. En la década de los años ochenta se empezaron a ocupar en gran proporción las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y el municipio de Soacha. Estos territorios sufrieron una gran presión por parte de población de muy bajos ingresos, lo cual implicaba para la misma ciudad la ampliación de sus redes de conducción y distribución para aumentar el suministro de agua potable. El crecimiento en esta área sur de la ciudad de Bogotá fue promovido por los urbanizadores piratas y parcialmente por invasiones, modalidad que predominó en el municipio de Soacha. Los urbanizadores piratas promocionaban el suelo y sabían interpretar las urgencias de techo que tenía la población expulsada de la misma ciudad por altos costos de alquiler, impuestos y servicios públicos o del campo que encontraban en este lugar la posibilidad de seguir llevando una vida semi-rural.

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Bogotá

También se registraron situaciones en las que la población compró bajo engaño, pues creían que se trataba de lotes con servicios Era un engaño aceptado pasivamente por los compradores. De acuerdo con la información obtenida en las entrevistas, éstos reconocen que nunca preguntaron si al menos había agua o acceso vehicular. Tenían tanta urgencia por resolver el problema de vivienda, que muchas veces los negocios no se verificaban en terreno. Los pobladores estaban dispuestos a posponer otras necesidades importantes a cambio de asegurar su acceso a suelo urbano, esta urgencia se anteponía a las demás que lograrían resolver posteriormente. Otros elementos que incidieron en la atracción de la población hacia el área de estudio antes de los años ochenta, eran las formas productivas que el territorio lograba proveer en chircales, canteras y usos industriales, asociado con actividades de tipo extractivo. Era una dinámica similar a la forma como se dio la ocupación del territorio nacional (Darío Fajardo, citado en Ecofondo, 2007)32. A esta oferta productiva del territorio la población le sumaba el lugar donde vivir, logrando de esta forma habitación y trabajo. Desde este ejemplo del sur de Bogotá se puede comprender el complejo proceso de urbanización del país, “que se ha dado en función de esas bonanzas de corto plazo, actividades productivas que han generado una alteración muy importante de los ecosistemas colombianos”, y cuestiona la sostenibilidad de dichos asentamientos humanos. (Ecofondo, 2007). Los procesos extractivos en el sur de la ciudad, motivados por la rentabilidad en el corto plazo con daños estructurales sobre el territorio, respondieron a la forma como se fue expandiendo la ciudad, lo que generó mayor presión en áreas periféricas, de protección y de interconexión regional y facilitó la construcción de una “periferia expandida, que se entiende más allá de la frontera metropolitana formal, y aún se encuentra bajo la influencia directa de la ciudad central, cuyo probable límite se puede definir por los movimientos diarios de carácter laboral de la población” (Aguilar, 2002: 85). De hecho como resultado de las entrevistas algunos afirman que mucha gente vive en Soacha porque le queda cerca Bogotá.

56 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

Estos terrenos fueron afectados por la industria extractiva debido al tipo de suelos, poco aptos para la agricultura, y respondían más a la demanda de materiales de construcción de la ciudad en pleno crecimiento. La industria de curtiembres y el cordón industrial en la autopista del Sur y en Cazucá, de efectos altamente contaminantes y degradantes del medio ambiente, se ubicaron estratégicamente en lo que entonces se consideraba el extremo sur, a fin de evitar sus impactos sobre la población y facilitar su desarrollo sin recibir presiones por sus efectos contaminantes que facilitaron las dinámicas de conurbación. A pesar de las complejas dinámicas migratorias que se concentraron en el sur de Bogotá, las entidades públicas no generaron voluntad para desarrollar una política de vivienda social como contención al fenómeno de la informalidad. Las decisiones institucionales, si bien no significaron un aporte a la planeación, sí determinaron tendencias importantes de crecimiento urbano como el dado por el cambio de usos del suelo de Usme, al ser anexado a Bogotá sin una consideración de los impactos que esto significaba para la zona rural. La omisión y hasta la complacencia de las diversas administraciones de Bogotá permitió que la ciudad creciera al arbitrio de los especuladores de la tierra que, finalmente, se convertían en una alternativa para detener “la válvula de escape” que podía significar el inconformismo de la población por no tener un lugar donde vivir, para llegar después sobre hechos cumplidos a intentar resolver el acceso al agua y los demás servicios en largos y costosos procesos de regularización para la misma ciudad.

32 Darío Fajardo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sostiene que la ocupación del territorio colombiano no obedeció a un proyecto nacional sino que obedeció a una serie de bonanzas de corto plazo que fueron jalonando esa ocupación y que, en últimas, uno podría decir que la ocupación del territorio colombiano ha estado relacionada con actividades de tipo extractivo. Esas bonanzas serían: el oro en la época de la conquista y la colonia, posteriormente las famosas bonanzas de la quina, el tabaco, el añil, el café, el petróleo y, finalmente, los cultivos denominados de usos “ilícitos”, eso es lo que ha jalonado la ocupación del territorio mediante procesos de apropiación que se han caracterizado por privatizar la tierra en diferentes momentos.

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El proceso de ocupación estuvo determinado por la necesidad de tener un techo donde vivir. Es decir, la urgencia de la población estaba puesta en la vivienda, en un espacio para habitar, y no en el agua. En relación con lo anterior se puede mencionar a Heidegger (1994) quien plantea la relación entre el construir y el habitar porque construir no es solo medio y camino para el habitar, el construir en sí mismo ya es habitar. Esta población, proveniente de diversas regiones e incluso de la misma ciudad, buscaba un lugar donde poder permanecer. El sur de Bogotá se les convirtió no en el punto de llegada sino en el lugar para construir y para habitar (esto se refleja en algunos testimonios de los líderes comunitarios con más de veinte años de lucha permanente por lograr mejores condiciones en la construcción de un hábitat digno). Una vez instalados, empezó la preocupación por la búsqueda del agua, lo que convirtió este elemento en el articulador de la cotidianidad familiar, barrial, local y en motivo de encuentro con la ciudad, el Estado, con el derecho, la institucionalidad y, también, con la diferencia. Es decir, si bien la urgencia de la población estaba en la vivienda y no en el agua, la búsqueda del acceso al agua si se convirtió en el pretexto movilizador y organizador de la comunidad, y en ese sentido contribuyó de manera importante a construir tejido social, sentido de pertenencia e identidad con el territorio. La ocupación de los asentamientos humanos permite iniciar un proceso de transformación y de complejización del territorio. La población tiene necesidad de resolver, en un primer paso, el techo, y para ello coloniza un territorio de mil formas, con engaños o con conciencia de las deficiencias habitacionales que allí se encuentran; en el segundo paso tienen la preocupación de resolver de dónde van a tomar el agua; el tercer paso se da en la búsqueda del reconocimiento legal para lograr la prestación permanente de los servicios públicos y éste se convierte en el gran reto, que derivará en la consecución de todos los servicios públicos para el barrio. La población no busca agua, sino vivienda, esta reflexión pareciera no tener lógica, pero tiene un sentido, Colombia es un país con abundantes fuentes hídricas,

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humanos, agua y territorio.

lo cual facilita que en cualquier lugar del territorio nacional sea viable la vida humana, sin embargo, en el área de estudio el agua existía en algún lugar, pero no estaba disponible, y eso llevó a que buena parte de la vida de los barrios girara en torno a su consecución, entonces iniciaron la búsqueda de agua potable, alcantarillado y saneamiento, elementos que son vitales para la calidad de vida, la vivienda y el entorno.

3.1 Caracterización ecológica del territorio de Usme, Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha La interrelación entre lo urbano y lo rural parte de una descripción general de las características físicas y bióticas del territorio donde está enmarcada el área de estudio. Este territorio pertenece a las altiplanicies cundiboyacenses. Presentan la particularidad de encontrarse articulada por ecosistemas estratégicos como el páramo de Sumapaz al sur-oriente y el cerro de Manjuí al occidente. En el municipio de Soacha se encuentra la transición entre los bosques sub-andinos del Tequendama y los bosques andinos del altiplano, así como entre éstos y el páramo del Sumapaz con la zona de matorrales sub-xerofíticos del sur de la Sabana. De acuerdo con la Ley 99 de 1993, la dedicación principal de la Sabana debe ser la agricultura, la ganadería y la forestal, sin embargo según Van Der Hammen (2001: 180), al sur-oriente de Bogotá la ciudad invadió los cerros hasta una altitud cercana a los 3.000 m, lo que hace imposible en este sitio la dedicación más adecuada: reserva forestal. Las altiplanicies tienen una altura similar –un poco más de 2.300 msnm– y un clima frío, relativamente seco en comparación con el resto de la cordillera, tanto que según Holdridge “estas planicies se catalogan como bosques secos montano bajo” (citado en Carrizosa, 2006: 140). Aunque en la escala referida Ciudad Bolívar y Soacha están rodeadas de fuentes hídricas, no significa que sean ricas en agua, esta situación es explicable por la posición geográfica que ocupan. La humedad y la precipitación van descendiendo desde Usme hasta Soacha, mientras que son muy altas en el páramo de Sumapaz. “El borde interno de la Sabana, desde la di-

el proceso de expansión del sur de

Bogotá

visoria de aguas hacia adentro, se caracteriza por un clima muy seco a medida que se desciende a la planicie (2.550 msnm), con lluvias inferiores a 500 mm/ año en la región de Soacha. El contraste climático de húmedo a seco se da en pocos centenares de metros” (Gaviria, Parrado y Van der Hammen, 1988). Las condiciones hídricas de Usme se deben a su posición geográfica que prácticamente se constituye en una zona de condensación, y sus fortalezas ambientales se han expresado históricamente en un entorno apto para la agricultura. Sin embargo, es una agricultura poco extensiva y poco tecnificada porque se trata de pequeña y mediana propiedad, que tiene grandes dificultades de permanencia como forma de vida rural porque existe mucha presión sobre sus predios para convertirlos en suelo urbano para vivienda social formal e informal. La abundancia de las fuen-

tes hídricas hace de Usme una localidad privilegiada, pero en la medida en que desciende la cuenca, las condiciones se van deteriorando y el agua empieza a escasear de manera natural, el siguiente testimonio de un experto sustenta esta afirmación. “Son territorios naturalmente secos, de vegetación subxerofítica, por lo tanto la gente no tiene acceso al agua de forma natural, las quebradas son pocas o muy tenues, de poco caudal y de poca sostenibilidad, las quebradas de Quiba y la Trompeta en verano se secan totalmente, desaparecen, contrario a lo que sucede con el río Tunjuelo en donde hay muchísima agua en invierno y escasa en verano” (C.A. Ángel33, 2008. En entrevista).

3.1.1 Ubicación espacial de Usme, Ciudad Bolívar y Soacha

Mapa 10 – División política localidades Ciudad Bolívar y Usme Bogotá D.C. y el Municipio de Soacha 2007

33 Biólogo de la Universidad Nacional, consultor e investigador.

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En la comprensión de los fenómenos ambientales la cuenca se presenta como la unidad ambiental más útil para el análisis de un territorio. Sus recursos hídricos y la morfología del terreno aparecen como elementos estructurantes de la espacialidad, del proceso de poblamiento y del desarrollo productivo. Serán, por tanto, definitivos en la construcción histórica de un territorio y en su construcción cultural y simbólica (Narváez, 2000: 49). En la ordenación de las cuencas hidrográficas se debe reconocer la supremacía jurídica en la planificación y gestión ambiental con fines de protección y sostenibilidad, la biodiversidad, los ecosistemas estratégicos, el suelo y el agua. Los decretos 2811 de 1974 y 2857 de 1981, introdujeron en el país la definición de la cuenca hidrográfica, así como la función pública estatal de su ordenación en todo el territorio nacional. En la actualidad el Decreto 1729 de 2002, reglamentario de la Ley 99 de 1993, otorgó la competencia del ordenamiento de las cuencas a las corporaciones autónomas regionales –CAR–, así como “la necesidad de expedir y actualizar el estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio para su mejor ordenamiento y las regulaciones nacionales sobre el uso del suelo en lo concerniente a sus aspectos ambientales de manejo especial” (Canal y Sastoque, 2007: 117), con el fin de ordenar las cuencas hidrográficas entendidas como parte integral del escenario territorial. Las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, son territorios que hacen parte de la cuenca del río Tunjuelo. Esta cuenca es un elemento ordenador del territorio para la franja sur de la ciudad. A partir del concepto de cuenca hidrográfica y su importancia en la configuración y construcción de asentamientos humanos, el río Tunjuelo es visto como factor decisivo para una amplia franja que componen ocho de las actuales localidades de Bogotá (Sumapaz, Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Ciudad Kennedy y Bosa). Si bien no es el único elemento territorial configurante, es decisivo en la estructuración espacial del sur.

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humanos, agua y territorio.

Al sur-oriente, en el sector comprendido entre Usme y Soacha (región de Quiba-Terreros) se presentan temperaturas que oscilan entre los 7 y los 14 grados centígrados, con promedios en lo rural de 8 grados centígrados y en lo urbano de 13 grados centígrados. Los terrenos ubicados contra los cerros orientales, presentan mayor nivel de precipitación y van variando en la zona comprendida entre Usme y Soacha; este último territorio es el que presenta el más bajo índice de precipitación. El municipio de Soacha tiene una de las conexiones ecológicas más importantes de la región como principales ejes estructurantes de escala regional: entre la cuenca alta (Sabana) y la cuenca baja del río Bogotá; entre los ecosistemas secos (subxerofiticos) del sur de la Sabana y los húmedos de Manjuí y Sumapaz; entre el río Bogotá, la cuchilla de Manjuí y el macizo del Sumapaz (que incluye la cuenca del Soacha) (Documento Técnico de Soporte, POT de Soacha: 2006). Tiene la misma temperatura (14ºC) que Ciudad Bolívar. En el contexto regional se localiza en el sur del territorio, en el valle del río de Bogotá a 18 kilómetros al sur-occidente de la capital, extremo donde se cierra el sistema geográfico de los cerros orientales con los cerros de Cheba, Quimba y Terreros para dar comienzo al salto de Tequendama. Las condiciones climáticas y de temperatura aportan elementos para comprender las condiciones óptimas de Usme en materia hídrica por estar en un ecosistema de característica de bosque alto-andino, con unas zonas de páramo. La humedad favorece la fertilidad de sus tierras, condiciones que no se encuentran en Ciudad Bolívar o Soacha, donde los suelos son muy secos, con bajo nivel hídrico y terrenos infértiles y un ambiente empobrecido por la acción minera, que da una visión de deterioro de la calidad del hábitat. Además, actualmente se encuentra afectada por los pozos represados desde la inundación del río Tunjuelo en 2002; la descomposición de estas aguas represadas se ha convertido en un problema de sanidad pública.

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Bogotá

Mapa 11 – Estructura Hídrica localidades Ciudad Bolívar y Usme Bogotá D.C. Municipio de Soacha

Fuente: Elaboración propia.

3.1.2 Comprensión territorial de la cuenca del río Tunjuelo El concepto de cuenca, como el concepto de ecosistema, es antes que todo una unidad funcional para el análisis, que puede ser ajustado de acuerdo con las necesidades y configuraciones reales del territorio. En la cuenca alta del río Bogotá hay subcuencas urbanas y rurales. Las tres principales cuencas urbanas son Juan Amarillo, Fucha y Tunjuelo. Cada una de ellas, en la ciudad, conforma un territorio. Para hablar de producción del hábitat y de los procesos de ocupación del territorio, es fundamental reconocerle sus potencialidades como soporte del desarrollo de los asentamientos humanos. La presencia o ausencia de tierras fértiles, la disponibi60 A s e n t a m i e n t o s

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lidad de fuentes energéticas, la cercanía o distancia con los recursos hídricos van a ser determinantes en la dinámica de poblamiento. La cuenca hidrográfica se constituye en un atributo fundamental para marcar la diferencia a la hora de entender los procesos de poblamiento y los usos esperados. El río Tunjuelito drena hacia el río Bogotá, la principal arteria fluvial de la Sabana. Es la subcuenca de mayor extensión (390 km2) entre aquellas que bañan la ciudad de Bogotá; en ella se asienta una porción muy importante de la población total de la ciudad, aproximadamente un 30%, y es quizá la de mayor deterioro desde el punto de vista de la erosión, particularmente por el intenso uso extractivo de materiales para la construcción y por el inadecuado desarrollo habitacional que la caracteriza. el proceso de expansión del sur de

Bogotá

El río Tunjuelito nace en el páramo de Sumapaz, por encima de los 3.700 msnm a partir de tres cauces principales relativamente paralelos, que fluyen en dirección predominante de sur a norte, correspondientes a los ríos Chisacá, Mugroso (o Lechoso) y Curubital, que al unirse conforman el río Tunjuelito propiamente dicho, el cual continúa su curso hasta la parte baja de la cuenca, donde gira en dirección occidente hasta desembocar en el río Bogotá a una cota aproximada de 2.570 msnm; recorre una distancia total de 73 km (Compañía de Estudio e Interventorías Ltda., EAAB, 1997). Actualmente, una de sus mayores potencialidades es de carácter social, pue se ha generado un verdadero movimiento social que propende por un manejo ambiental de la cuenca que incluye la perspectiva y los intereses de la población afectada. El deterioro de la cuenca y los impactos negativos que han incidido sobre la población, causados por la urbanización no planeada y por las actividades extractivas ilimitadas de materiales de construcción, son problemas que han obligado a los pobladores a ampliar y complejizar su mirada e incorporar la dimensión ambiental y la lógica de la cuenca como territorio.

3.1.3 Caracterización espacial de la cuenca del río Tunjuelito y las cuencas del municipio de Soacha Para una mayor comprensión del significado de la cuenca del río Tunjuelo, se hace una caracterización espacial, dividida en tres partes: cuenca alta, media y baja (ver mapa 12). La cuenca alta se origina en el páramo de Sumapaz en la laguna de los Tunjos, el río Chisacá corre hasta la represa de La Regadera donde se junta con el río Curubital, que en su conjunto, con el río Mugroso, conforman el río Tunjuelo. La cuenca alta va desde el nacimiento de sus ríos tributarios a unos 3.140 msnm, y cubre un área de drenaje de 140 km2, aproximadamente un 35% del área total. La topografía de la cuenca en este sector es de alta pendiente y presenta escarpes como resultado de la acción de antiguos glaciares que han dado origen a depósitos morrénicos fluvioglaciares34. 61 A s e n t a m i e n t o s

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Mapa 12 – Cuencas del Área de Estudio

Fuente: Elaboración propia datos POT Soacha y Bogotá

El recurso hídrico apto para el consumo humano se encuentra en esta parte de la cuenca, pues allí están localizados los dos embalses de Chisacá y La Regadera y la represa seca Cantarrana. El embalse de Chisacá recibe aporte hídrico y sedimentológico de los ríos Mugroso y Chisacá, la descarga de este embalse unida a la del río Curubital ingresa al embalse de La Regadera. La cuenca media se extiende desde el embalse de La Regadera, hasta el sitio de Cantarrana35.

34 La formación de morrenas fluvioglaciares se refiere al tipo de corte que tiene la montaña en las proximidades del páramo, por acción del descenso violento y vertiginoso de grandes bloques de hielo durante la última glaciación hace unos 10 o 12 mil años. En particular las morrenas son esas enormes piedras que se ven a los dos lados del valle semejando “granos de maní en un helado”, según palabras de David Rivera, subdirector científico del Jardín Botánico de Santafé de Bogotá José Celestino Mutis. 35 Es una presa seca, recientemente construida en 2007 por la EAAB.

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Este sitio se localiza a unos 5 km aguas abajo de Usme. Cubre un área de aproximadamente 127 km2 y conserva gran parte de las características del área tributaria rural de la cuenca alta, aunque ya presenta varios asentamientos urbanos. En este tramo recibe –por la margen izquierda– las aguas de las quebradas Pasquilla, Paso Colorado, La Horqueta y La Chuscal. Por la margen derecha recibe las aguas de las quebradas Suate, Chiguaza Alta, Fucha36 y Yomasa. La mayoría de sus cauces de drenaje se encuentran aún escasamente intervenidos si se los compara con las subcuencas de la parte baja. A partir de la represa Cantarrana se evidencian la explotación de canteras y la urbanización que va hasta la desembocadura del río. Allí el cauce se torna meándrico, de lecho aluvial, con creciente tendencia hacia la divagación lateral en la medida en que se avanza aguas abajo, manifestada por paleocauces, meandros abandonados, pantanos semilunares, etc., rasgos éstos que paulatinamente han sido borrados por la urbanización de la llanura aluvial. En la cuenca baja se hace evidente la explotación de grandes canteras en las proximidades del cauce y la urbanización intensiva que caracteriza el tramo final del río hasta su desembocadura en el río Bogotá. Sus afluyentes más destacados son las quebradas Chiguaza, Yomasa y de Limas. Otras menores son: Mochuelo, Trompetas y Estrella, por la izquierda, y La Fiscala y Santa Librada, por la derecha; éstas presentan trayectos donde han sido entubadas y prácticamente desaparecidas como drenajes superficiales. Este tramo inferior constituye el sector de mayor problemática hidráulica y sedimentológica, al recibir el aporte de las subcuencas mayormente intervenidas por la acción humana. Es el sector más denso poblacionalmente, con precarios desarrollos urbanos como producto del relleno de zonas bajas de inundación que han obligado a las autoridades y a los propios habitantes a construir diques longitudinales con el fin de protegerse de las inundaciones que han dejado serias secuelas en la población. El río Tunjuelo es un conector con el municipio de Soacha; un tramo del curso final de éste sirve de articulación entre el municipio y las localidades

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de Bosa y Ciudad Bolívar de Bogotá. En Soacha el río Bogotá recibe solo dos cuencas tributarias con algún caudal permanente: el río Soacha y la quebrada Tibanica. El río Tunjuelo, al igual que algunas quebradas de Soacha, deposita sus aguas en el río de Bogotá, lo que permite a la población compartir la misma territorialidad. Como la mayoría de las grandes ciudades andinas de Colombia, el municipio de Soacha tiene dos tipos de cuencas37: un gran río vecino que recoge las aguas servidas o de escorrentía de la ciudad y las pequeñas cuencas que descienden de los cerros. La mayor parte de las microcuencas ocupadas por la expansión urbana sobre las laderas tienen caudales intermitentes con crecientes torrenciales que suelen producir desplomes, deslizamientos y desbordamientos. Dado el régimen de precipitaciones y el tipo de suelos y pendientes, las cuencas de Soacha presentan coeficientes de escorrentía altos en las zonas periurbanas y suburbanas. Esto significa que, aunque la precipitación en general no es muy alta, una buena parte de la misma tiende a convertirse en escorrentía, lo cual aumenta la exposición de los suelos a la erosión y la amenaza de crecientes, precisamente en las cuencas más pobladas. La mayor cuenca del municipio es la del río Soacha, nace en el páramo de Sumapaz y conecta la zona de sub-páramo húmedo con otra de bosque andino húmedo y de transición, y con los humedales y la zona baja subxerofítica alrededor del casco urbano; a través de este corredor ecológico se encuentra también un extenso gradiente de formas de ocupación y alteración, desde el casco urbano mismo de Soacha, a través de una franja periurbana de barrios de origen informal y canteras, una franja rural de fincas pequeñas y medianas hasta la franja de grandes fincas y relictos de bosque y sub-páramo en la cuenca alta. La quebrada Tibanica ha sido afectada a lo largo de su curso por ocupación informal en la parte de ladera y zonas planas de inundación, con grandes 36 A pesar de la coincidencia, no se trata del río que lleva su mismo nombre. 37 Hace parte de la caracterización ambiental de soporte del POT de Soacha (2000).

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impactos en el embalse de Terreros, actualmente totalmente colmatado. En su recorrido llega al humedal de Tibanica, que a su vez desagua hacia el río Tunjuelo. Su situación y su importancia como corredor verde urbano es similar a la del río Soacha.

3.2 Estructura ecológica de UsmeCiudad Bolívar y Soacha en el plan de ordenamiento territorial El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá –POT– considera los componentes básicos de la estructura ecológica principal son: el sistema de áreas protegidas, los parques urbanos, los corredores ecológicos y el área de manejo especial del río Bogotá; estos componentes deberían permitir comprender la relación entre Bogotá y Soacha, sin embargo este instrumento asume que los cerros orientales y el río Bogotá, conjuntamente con los suelos rurales conforman un continuo ambiental y de protección alrededor de la ciudad, cuya finalidad principal es evitar los procesos de conurbación con los municipios vecinos. Está haciendo referencia a una situación ideal de planeación, pero no está reconociendo particularidades de suburbanización y de conurbación como la presentada con el municipio de Soacha, que no es reciente, sino que es el cúmulo de problemas y de pobreza que se escurren por este punto de la ciudad. Aun así, las sucesivas administraciones han asumido que la mejor manera de abordarlos es omitiéndolos en los escenarios de planeación. Los planes de ordenamiento presentados no abordan la sostenibilidad regional Bogotá-Soacha, así como tampoco profundiza en el adecuado manejo de bienes y servicios que provee el territorio. Soacha recibe el mismo tratamiento de estigmatización y de segregación en lo regional que Usme y Ciudad Bolívar en lo distrital, porque se trata de un municipio industrial que pese a tener como aparente fortaleza el ocupar el segundo lugar en esta clasificación, no se ve reflejada en las condiciones de vida de la población, ni del territorio, sobre el cual caen los problemas ambientales que la región y la ciudad no logran resolver en términos de sanea-

miento y contaminación del río Bogotá y en pobreza y necesidad de suelo urbano para vivienda social, por mencionar solo dos ejemplos. El documento técnico de soporte del POT del municipio de Soacha (2000) plantea que la principal debilidad ambiental la constituyen el alto porcentaje de conflictos de usos del suelo; la pérdida avanzada y continua de bosques naturales, particularmente en áreas de páramo y cuencas abastecedoras; el incremento de las zonas con amenaza de remoción en masa, a causa del reemplazo de la cobertura vegetal nativa por pastos para ganadería; y la siembra de especies inadecuadas foráneas que causan erosión en las zonas de ladera y de páramo.

3.3 Caracterización de la zona conurbada El acelerado crecimiento de Bogotá ha involucrado municipios de la Sabana, como Soacha, con el cual ha establecido una relación de doble dependencia. Por un lado, Soacha ha tenido que recibir de Bogotá las familias pobres a las cuales la ciudad no le ha podido hacer una oferta de vivienda digna, y por otro lado, Bogotá, desde hace más de tres décadas, le presta múltiples servicios públicos y sociales a Soacha. Es así como las acciones de hecho y jurídicas de la comunidad de Soacha en torno al agua terminaron involucrando a la EAAB. El prediagnóstico para la formulación del Plan Parcial de Renovación Urbana Integral para Cazucá y Altos de Cazucá38, en el municipio de Soacha, desarrolla cuatro momentos de la conurbación, el primero se da a comienzos de la década de los años cincuenta en el sector de Bosa donde el crecimiento de Bogotá generó una expansión que superó sus límites, conurbándose con barrios obreros del municipio de Soacha como La Despensa y León XIII. El segundo se da en la década de los años setenta, cuando se hizo representativa la urbanización Cazucá, ubicada arriba de la zona industrial del mismo nombre y construida por el Instituto de Crédito Territorial –ICT–. En 1980, contigua a ésta se desarrolló el asentamiento popular de Julio Rincón con el que

38 Estudio realizado por la Universidad Nacional 2004.

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se creó un gran contraste entre la urbanística planeada y el barrio espontáneo. El tercero es la conurbación de montaña que se dio al inicio de la década de los años ochenta. Los proyectos de Ciudad Bolívar y Ciudadela Sucre contribuyeron a atraer gente a la zona pues crearon grandes expectativas con las obras de infraestructura –en especial de acueductos, vías equipamientos y los ramales y caminos abiertos para la explotación de las canteras– que atrajeron una población mayor a la prevista. Un cuarto momento, en la década de los años noventa, es la conurbación de montaña en la parte alta, en donde la vivienda se extendió a la parte más alta sobre terrenos colindantes con zonas de extracción minera. Las vías de acceso construidas para la extracción del material de las canteras, sirvieron como elemento jalonador del poblamiento al brindar accesibilidad al sector. En la primera década del 2000 la zona se ha convertido en la más importante receptora de desplazados del país.

3.3.1 Impactos ambientales de la conurbación Las dinámicas de conurbación hacen parte de la incidencia de la ciudad sobre su entorno; generan a su paso problemas ambientales de gran magnitud cuando las dinámicas de crecimiento vegetativo o migratorio no se proyectan en el tiempo y en el espacio sobre el territorio. La ciudad debe tener unos espacios verdes de amortiguación natural, de protección de áreas ecosistémicas y de descanso visual en su relación con los municipios cercanos, para evitar situaciones adversas al territorio, que se traducen en los impactos ambientales. En el caso de la relación Bogotá-Soacha, esta separación natural ha sido afectada por la falta de precisión en la planeación y en los decretos normativos que ha tenido Bogotá en cuanto a la definición de límites claros en los planes de ordenamiento físico y ambiental de usos del suelo y de expansión de la ciudad. Al respecto, Van Der Hammen (2003: 180) plantea que Bogotá ya pasó fases de conurbación con los municipios anexados, en general con resultados ambientalmente negativos. La ciudad tiene 30 kilómetros sin una interrupción verde de importancia y si continúa creciendo horizontalmente 64 A s e n t a m i e n t o s

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se presentará la conurbación con otros municipios vecinos formando una extensión urbana cada vez mayor, con calidad de vida cada vez menor –por ejemplo, el derecho de la población de vivir en armonía con la naturaleza asegurado en la ley, parece inalcanzable–. Cuestiona el espacio verde entre Bogotá y los municipios de la Sabana que en promedio es de 8 kilómetros, comparado con una de las áreas más densamente pobladas del mundo, el oeste de Holanda, que registra cifras de 9 kilómetros. Las áreas más pequeñas se encuentran entre el Distrito y Funza, Mosquera y Soacha. En relación con este último municipio no existe un área que lo separe de la ciudad, ni un referente natural que limite esta separación; la ciudad sigue creciendo en los bordes de Bosa y Ciudad Bolívar en el municipio, quedando claramente demostrada la conurbación Bogotá-Soacha. La conurbación en el sur-occidente, se conformó con barrios de origen informal y población de bajos ingresos: “Sería ingenuo suponer que todo el crecimiento de la población bogotana de estos estratos, busque su localización en Soacha, pues inicialmente lo buscarán al interior de Bogotá, Ciudadela Usme, Bosa o en densificaciones de áreas consolidadas de origen informal” (Montenegro Lizarralde & Cía. Ltda. Arquitectos, 2007). Los impactos ambientales son evidentes en esta franja sur de la ciudad junto con Soacha; se reflejan en el deterioro de los cerros limítrofes con Bogotá por la explotación minera y la problemática asociada a la generación de suelo para las familias de bajos ingresos con daños irreversibles a sus dinámicas naturales. Las consecuencias de la ocupación de áreas de vocación forestal y de zonas con características de remoción en masa y de rondas de cuerpos hídricos son agudizadas por las condiciones climáticas que dificultan la recuperación ambiental. La colmatación de la laguna de Terreros es una consecuencia del mal manejo del territorio. En Soacha, adicionalmente, hay agotamiento de aguas subterráneas y déficit en la disponibilidad de agua para la población, lo que ubica al municipio en una situación de extrema dependencia con respecto a Bogotá. Dependencia que no se limita al acceso al agua sino también al empleo, a la salud, a la educación y a las actividades culturales.

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Los analistas Luis Jorge Garay y Humberto Molina, señalan que en la región Bogotá-Cundinamarca se ha ido conformando “(…) una nueva entidad territorial de carácter informal, cuyos principales elementos son: a) ciudad central; b) zona de conurbación de Soacha; c) dos conurbaciones en proceso: una en el norte, constituida por Chía, Cajicá y Cota; y otra, en el occidente, Funza, Mosquera y Madrid; d) centros regionales: uno en el norte; otro en el occidente (Zipaquirá y Facatativá) y otro en el sur-occidente (Fusagasugá); e) área de usos periféricos, anexas a las conurbaciones norte y occidente y f) zonas rurales, con escaso destino agropecuario” (DTS, POT Soacha en revisión, 2007: 15). Esta nueva entidad territorial en constitución tendrá que analizar y prevenir los impactos ambientales que significan para la región una dinámica de crecimiento incontrolada.

3.4 Agua y procesos de ocupación “Lo primero que un ser humano mira es (…) donde meter sus hijos. Necesita un techo primero, uno no mira la necesidad del agua, si hay servicios o no hay servicios. Yo no voy a mirar si hay agua o no, voy a mirar cómo hago, necesito vivir acá y frente al agua miro cómo hago, cómo lo voy a resolver” (Gómez, 2007. En entrevista). “Cuando venían a negociar la gente veía el lote pelado y veía las mangueras, ese era el referente, la gente venía y miraba y se daba cuenta de que era un peladero completo, sin transporte público (…) era la única opción que tenía para comprar por $5.000, un televisor, una radiola” (Ospina, 2007. En entrevista).

Las áreas rurales se fueron urbanizando de una manera marginal, con un acceso precario a las vías, servicios públicos y equipamientos urbanos, y una utilización intensiva del suelo para la vivienda que dejó a estos sectores en condiciones deficitarias de espacio público y de áreas adecuadas para futuros desarrollos urbanos. Las decisiones institucionales, si bien no significaron un aporte en planeación, si determinaron tendencias importantes en el crecimiento urbano. Con la creación del Distrito Especial, en 1954, se dio la anexión forzosa de varios 65 A s e n t a m i e n t o s

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municipios, entre ellos Usme, sin consideración de los impactos por el cambio de usos del suelo para la expansión urbana. Situación que supieron aprovechar los urbanizadores piratas. El proceso de explotación hídrica en la zona de Usme, la creación del embalse del Muña al suroccidente, las construcciones militares al sur de la ciudad, los planes de desarrollo e integración del sur como Piduzob39 y el Plan BID-Ciudad Bolívar cumplieron un rol de afianzamiento de estas tendencias de crecimiento, mas no significaron un verdadero proceso de integración y ordenamiento que garantizara una expansión con calidad en los atributos urbanos. Las fuerzas del mercado siguieron determinando el tipo de ciudad fragmentada y excluyente, al crear una especulación de los suelos mejor ubicados respecto de los servicios pero también una especulación con los suelos periféricos alejados y excluidos de estos. La tolerancia oficial con la especulación opulenta la llevó a aceptar y hasta promover el urbanismo precario. Se mantuvo la tendencia que siguieron diversas administraciones de Bogotá, en el sentido de dejar que la ciudad crezca y después mirar cómo les resuelven a la población el acceso al agua y demás servicios. La dualidad hoy, en relación con la prestación del servicio público del agua, sigue siendo la misma que en la década de los años ochenta, porque las autoridades públicas han considerado que la regularización del agua potable en barrios de origen informal, estimula la promoción de éstos asentamientos. No obstante, la EAAB, por orden constitucional40, no le debe negar a ningún habitante la posibilidad de acceder al agua potable. Razón por la cual, mientras se legaliza un barrio, el acueducto termina suministrándoles el agua, las condiciones y los medios. La forma como lo ha asumido ha sido diferente en cada período de tiempo, pues han cambiado las tecnologías, los sectores, el nivel organizativo de la comunidad y las políticas

39 Programa Integrado de Desarrollo Urbano de la Zona Sur Oriental de Bogotá –Piduzob–. 40 Aunque el agua aún no ha sido reconocida como un derecho humano en la Constitución Política, en ésta si hay una clara orientación de no negar el acceso a la población.

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de la misma empresa, pero las dificultades siguen siendo las mismas. De acuerdo con el libro El agua en la historia de Bogotá (EAAB, 2003), el aumento continuo de barrios en zonas de difícil acceso para los servicios de acueducto y alcantarillado o situados por fuera del distrito sanitario, significaba un aumento de solicitudes a la empresa para que les prestara sus servicios. Esta situación llevó a que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –EAAB–, en 1973, le presentara al Departamento Administrativo de Planeación Distrital –DAPD– una solicitud motivada para que autorizara la ampliación del distrito sanitario de Bogotá, Planeación la autorizó y en ese mismo año, mediante la Resolución 21 del 11 de diciembre de 1973, se modificó el distrito sanitario para la empresa ampliándolo en 6.000 hectáreas, con lo cual cubrió una extensión de 24.000 hectáreas. Esta resolución excluyó a los predios que se encontraban por encima de la cota de 2.700 msnm y “a lo largo del río Tunjuelito la zona verde que señala en sus márgenes las áreas sujetas a inundaciones periódicas. En esas zonas la empresa no podía prestar servicios de agua, ni de desagüe, ni de pilas públicas” (EAAB, 2003, tomo II: 254). Desde esta época los barrios perimetrales se asimilaban a los barrios subnormales, el debate que la población siempre planteó fue en qué consistía la subnormalidad o la anormalidad, porque sentían que de alguna manera estos calificativos los estigmatizaba y los ponía en otra condición. El planteamiento de la EAAB era el siguiente: “la existencia de gran número de barrios con alta densidad de población, la gran mayoría de ellos desarrollados sin cumplir las reglamentaciones exigidas por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, significa para la empresa un enorme esfuerzo para dotarlos de acueducto” (EAAB, tomo II: 254.) “En la década de los ochenta y parte de los noventa, no había tanta claridad sobre si la prestación del servicio del agua se debía hacer en barrios legalizados o no, la empresa de acueducto en muchos momentos terminaba prestándole el servicio a sectores que no 66 A s e n t a m i e n t o s

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estaban legalizados. El reconocimiento de la existencia del barrio permitía presionar la conexión del servicio de agua, la primera dificultad es que el barrio se encontraba por encima de la cota de servicios. Estaba a 2.600 msnm y hasta allá no existían redes. La preocupación no era la legalización” (Ospina, 2007. En entrevista). “Hasta el año 1995 el sistema de distribución era bastante deficiente e impedía un servicio adecuado en zonas de sur-oriente y sur-occidente de la ciudad. Esta es la razón que motivó la implementación y puesta en marcha de obras de mayor envergadura que ha emprendido el Acueducto de Bogotá en toda su historia: el proyecto Bogotá IV, cuya finalidad primordial fue construir un sistema de distribución complementario, para solucionar el problema, no solo en dicha zonas, sino también en municipios como Soacha y Usme, así como llevar agua por primera vez a 700.000 habitantes de barrios marginados, que representaban el 15% de la población de la capital” (EAAB, tomo III: 29).

Después de tanta presión social lograron inaugurar, en 1977, en Ciudad Bolívar, los tanques y estaciones de bombeo de los barrios: El Lucero, Potrerito, Buenos Aires, El Establo, San Francisco, La Acacia, El Penal, Altos de Jalisco, Los Sauces, Minuto de María, La Estrella, San Joaquín, El Tesoro, Vista Hermosa y El Volador. Muchos sectores recibieron el agua mediante el sistema de bombeo; para el abastecimiento se utilizó el sistema de Vitelma, con el cual se llevó agua hasta el tanque Altos de Jalisco, situado a una altura de 2.676 msnm, que regula el servicio de la zona entre las cotas 2.600 y 2.630 msnm, con una superficie de 193 hectáreas. Junto a este tanque se construyó una estación de bombeo para llevar agua hasta el tanque El Castillo, situado a la altura de 2.725 msnm. El tanque El Castillo, al cual se bombea desde la estación Altos de Jalisco, tiene un volumen de 759 metros cúbicos; próximo a él se construyó una estación de bombeo para llevar agua hasta el tanque El Volador localizado en proximidades del camino a Quiba, a un nivel de 2.820 msnm, que sirve para regular el servicio de unas 56 hectáreas, situadas entre 2.700 y 2.800 msnm.

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3.4.1 Procesos de ocupación de Usme La localidad de Usme está ubicada al sur de Bogotá, dentro de la cuenca alta del río Tunjuelito y las subcuencas de los ríos Curubital, Chisacá, Lechoso y Mugroso. Limita con las localidades que hacen parte de la cuenca del río Tunjuelo: San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Sumapaz, siendo esta última la fuente de su mayor riqueza hídrica. También comparte la ruralidad con Ubaque, Chipaque y Pasca. La historia de Usme está determinada por su origen rural, dedicada fundamentalmente a la actividad agrícola, a la provisión de alimentos a la capital, a la conformación de haciendas, a los conflictos y luchas entre colonos, arrendatarios y aparceros por la tenencia de la tierra. Situación que cambió cuando, a mediados de siglo XX, se parcelaron las tierras que eran destinadas a la producción agrícola para dar paso a la explotación en forma artesanal de materiales para la construcción, lo cual convirtió la zona en fuente importante de recursos para la urbanización de Bogotá41. Usme dejó de ser un municipio para ser incorporado a la ciudad en el año de 1954, y en 1975 se incluyó en el perímetro urbano. Las dinámicas demográficas de la ciudad en la década de los años sesenta orientó el crecimiento poblacional hacia la zona sur-oriental, la primera forma de ocupación urbana se dio por la oferta de terrenos de los antiguos hacendados, los cuales fragmentaron sus haciendas. Un punto dinamizador de la urbanización en estos terrenos fue la carretera a Usme, sobre la cual se dieron los primeros desarrollos, como los barrios La Gran Yomasa y Santa Librada. Usme cuenta con importantes espacios ecológicos como el parque ecológico distrital Entrenubes, la cuchilla del Gavilán y el cerro de Juan Rey, la reserva forestal Bosque Oriental de Bogotá, reserva forestal distrital en donde se encuentran Los Soches, los corredores de restauración La Requilina, Yomasa Alta, Piedra Gorda y Aguadita, La Regadera y el sub-páramo Olarte, páramo Los Salitres y desde luego el río Tunjuelito y las lagunas de Bocagrande; pero a su vez presenta diversas zonas con algún tipo de riesgo que puede ser alto, medio 67 A s e n t a m i e n t o s

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o no mitigable: amenaza de erosión, deslizamiento, remoción en masa o inundación, sobre las cuales se han ubicado las dinámicas poblacionales con características consolidadas y semiconsolidadas. Otro elemento que potenció el poblamiento fue la explotación minera, a partir de la cual se crearon barrios como Danubio Azul, La Fiscala y los Molinos; este tipo de práctica fue una constante en la creación de los barrios de origen informal. En las últimas décadas los planes para solucionar los problemas de vivienda de interés social impulsados por los diferentes gobiernos, así como proyectos de empresas constructoras, estimularon el proceso del poblamiento de la localidad y la ocupación de los espacios intermedios que mantenían aún características rurales en el contexto urbano, tal es el caso de las urbanizaciones Aurora I, Aurora II, un sector de La Marichuela y Villas de Cafam, entre otras. No obstante esos lugares intermedios terminaron siendo loteados por los urbanizadores piratas, sin ningún tipo de consideración con las normas mínimas del urbanismo; un habitante del sector de Los Sucres lo explica de la siguiente forma: “(…) un problema es que las vías son muy angostas, porque los urbanizadores intentaban sacarle al máximo el jugo a los lotes y conseguir muchísima plata; mejor dicho, no vendieron las calles porque les quedó imposible, pero cuando uno mira las características de las vías de estos barrios, por POT, todas estas vías están por debajo de 9 m” (José Aranzazo. En entrevista).

La infraestructura de acueducto que se construyó en esta localidad, no solo buscaba satisfacer las necesidades de agua existentes, sino que estaba proyectada para atender la expansión de la ciudad, que en los inicios de la década del año 2000 fue contenida en el POT. El anuncio del proyecto Nuevo Usme se hizo con la expedición del Decreto 266 de 2003, consiste en el conjunto de acciones que serán desarrolladas de manera coordinada entre las distintas entidades distritales, dirigidas a ejecutar

41 http://estudiosurbanos.net/lopublico/secciones/localidades/usme/ fondo_desarrollo.pdf. (Consultado el 18 de noviembre de 2007).

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una operación urbana de gran escala. Estas acciones, como estrategia para enfrentar la urbanización ilegal, darán prioridad a la generación de suelo urbanizado como elemento básico para garantizar el acceso a la vivienda de los habitantes de la ciudad que no son atendidos por el sector formal. La operación Nuevo Usme plantea acciones estratégicas como la construcción definitiva de un borde de ciudad o límite urbano en el sur-oriente de la ciudad, como punto de transición hacia un nuevo patrón de ocupación territorial. Como parte de las estrategias para enfrentar la urbanización informal está la aplicación de los instrumentos de gestión del suelo previstos en la Ley 388 de 1997. Esto es la intervención pública en el mercado de la tierra que, con base en la distribución equitativa de las cargas y beneficios derivados de los procesos de desarrollo urbano, asegure formas de reajuste de tierras o gestión integrada o asociada, con el fin de superar las inequidades propias de la urbanización predio a predio. Este proyecto ha generado muchas resistencia por parte de la población urbana y rural, porque el Distrito definió su implementación sin contar con los pobladores residentes, independientemente de que

el proyecto sea bueno o malo, o que busque orientar el crecimiento urbano de manera planificada para evitar que esta parte de la ciudad siga creciendo con la orientación de los urbanizadores piratas. La población se fue quedando con muchos interrogantes como ¿quiénes son los que se afectan con esta obra?, ¿de qué forma quedarían las veredas del Uval y La Requilina?, ¿cuál sería la suerte de la vereda de Los Soches (al borde de la Operación)?, ¿ el proyecto desalojaría a los campesinos?, ¿al construir el proyecto un corredor vial nacional e internacional, cómo se afectaría toda la localidad y los demás pobladores de Usme, y qué recibirían a cambio?, ¿qué impacto tendría la implementación de más de 55.710 viviendas en la cuenca media del Tunjuelo –zona corredor ecológico entre Sumapaz y cerros orientales?, ¿al llegar 222.759 nuevos habitantes en menos de 12 años– quién garantiza los servicios sociales y urbanístico para el resto de la localidad?, ¿de qué manera el proyecto va a contribuir para superar el déficit de vivienda que tiene la ciudad, la localidad y los desplazados42?, ¿cómo se va a garantizar la construcción definitiva de un gran borde de ciudad, porque de no ser así el área que sigue es la de inmediación con el páramo de Sumapaz?

42 Sistematización de interrogantes elaborados por Dora Peña, de Asamblea Sur.

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Mosaico 1: Crecimiento Urbano en la localidad de Usme de Bogotá D.C. durante el periodo 1980-2006 1980

1980-1990

1990-2000

2000-2004

2004-2006

FUENTE DE REFERENCIA Basado en “Operación Urbanística Nuevo Usme-Bogotá” Proyecto Promovido por la Alcaldía Mayor de Bogotá con el apoyo de Lincoln Institute of Land PolicyDepartamento Administrativo de Planeación Distrital. Año 2006

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3.4.2 Procesos de ocupación de Ciudad Bolívar Ciudad Bolívar está ubicada entre la ribera izquierda del río Tunjuelito y la carretera que de Bogotá conduce a Soacha, en medio de las localidades de Usme, Tunjuelito y Bosa. Al igual que Usme era un territorio de grandes haciendas, el proceso de parcelación se dio primero en esta localidad en la década de los años cuarenta y los primeros asentamientos informales aparecieron en la década de los cincuenta como Meissen, San Francisco, Lucero Bajo entre otros. En menos de veinte años, este territorio, concentró un alto porcentaje de la población de la ciudad en condiciones de pobreza. El Concejo de Bogotá, mediante el Acuerdo 7 de 1979, clasificó esta localidad como de vocación agrológica cuando le señaló como actividad principal la agricultura, la ganadería, la explotación avícola, equina y porcina, y determinó un uso restringido para vivienda; la realidad desbordó esa clasificación y en la década de los años ochenta se evidenció un gran proceso de ocupación informal con grandes deficiencias en los servicios públicos. “Las tierras son de tres clases: el plan, que se extiende del río a las lomas, las lomas propiamente dichas, y en estas una parte cultivable, donde se halla la hacienda Quiba, propiedad del poeta Jorge Rojas. En las lomas hubo, y aún hay, explotación de canteras, por lo cual el panorama que se divisa desde varios de los puentes de la ciudad, resulta no sólo árido sino deprimente. Los árboles son escasos” (Cabrera, 1985).

Ciudad Bolívar empezó a ser reconocida tímidamente como Alcaldía Menor43 en 1983. De acuerdo con el cronista Cabrera (1985) en la ocupación de la parte plana influyó la anexión del antiguo municipio de Bosa, pues los primeros colonos cruzaban el río Tunjuelo en lanchas o de algún puente de madera. La distancia de Bogotá hizo que los lotes se dieran a bajo precio, lo cual permitió que decenas de millares de familias acudieran de los barrios pobres de la ciudad y de todas las regiones del país. Llegaron con el natural objetivo de conseguir una vivienda barata, en proximidades de la gran metrópoli que les daría trabajo, muchos no lo consiguie-

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ron y les tocó vivir de inquilinos. Constituyeron así una comunidad homogénea en la pobreza y la humildad, desprovista de servicios públicos adecuados, que los suplieron de modo rústico y mediante el contrabando consentido por el gobierno, que hasta lo facilitaba. Los años ochenta, plantea el profesor Carlos Torres44, representan un segundo auge de la zona, la cual se caracteriza por la urbanización pirata y los procesos de invasión, principalmente en la parte media y alta de las montañas, formando un cordón tugurial. Sin embargo, en las partes planas y con mejores condiciones para un desarrollo urbano adecuado, el Estado, a través de la Caja de Vivienda Popular –CVP–45, el Fondo Nacional del Ahorro –FNA– y la Caja de Vivienda Militar, entra a proveer vivienda para funcionarios de bajo rango de la Administración Distrital y la Nación. A su vez surge una franja de urbanizaciones de iniciativa privada –Madelena, El Perdomo y Atlanta– que aprovecharon los bajos costos del suelo y la conexión en la parte baja a las redes de servicios públicos e infraestructura existente (Torres, 1993: 57). La construcción de obras de infraestructura costosas como los tanques de Sierra Morena III, de 15.000 metros cúbicos, y el tanque de Sierra Morena II, de 10.000 metros cúbicos, aparentemente fue pensada solo para cubrir el proceso de ocupación formal, pero por la dimensión de los tanques que construyó el Distrito y su capacidad de almacenar el agua, se podía prever que se iba a poblar toda la montaña y que a la Empresa de Acueducto le correspondería responder no solo por la demanda de Ciudad Bolívar, sino también por la de la futura ocupación de Soacha. Lo extraño es que si había un conocimiento de la dimensión del poblamiento y la irremediable conurbación con el municipio de Soacha, la administración no haya intervenido el

43 En la década de los años ochenta se denominaban como alcaldías menores. A partir del Estatuto Orgánico fueron denominadas como alcaldías locales. 44 De la Universidad Nacional de Colombia. 45 Para desarrollar el programa de lotes con servicios el Distrito compró los terrenos donde ubicó a Sierra Morena y Arborizadoras, en donde la dotación de agua y alcantarillado fue difícil en su momento.

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conjunto del suelo para impedir la especulación impulsada por los urbanizadores piratas. “El proyecto y para qué área estaba calculada; eso era como un secreto de Estado, porque si se sabía que había agua para toda la gente, hacían fiestas los piratas. Ellos iban a adquirir todo ese territorio” (Fernando Fandiño, 2007. En entrevista).

En relación con la apropiación del suelo, Cabrera (1985) plantea que se dio como un proceso clandestino y espontáneo, mezcla de la venta directa por parte de los dueños o sus comisionistas, la urbanización por políticos, la invasión indirecta en la que unas personas tomaron un predio ajeno y lo parcelaron, y, en muy pocas ocasiones, la invasión pura. Quienes negociaron sin escritura acostumbraron a los compradores a la “promesa de venta”, documento en que generalmente se transfiere la posesión y que adquirió contornos decisivos. “Tengo los papeles”, decían los poseedores, con el garbo de quien conserva una propiedad desde los tiempos coloniales. Para enfrentar el fenómeno de la informalidad y las precarias condiciones de vida de la población expresadas en dificultades de accesibilidad, de acceso a servicios públicos y de equipamiento surgió el Programa Ciudad Bolívar46, con el cual se pretendía orientar el crecimiento de la ciudad y la preservación de la zona agropecuaria. Los políticos que incidieron en el crecimiento informal de la ciudad fueron personajes como Alfredo Luis Guerrero Estrada, quien promovió la ocupación pirata en el barrio Diana Turbay de la localidad de Rafael Uribe Uribe, la Comuna Alfonso López de la localidad de Usme; y Juan José Rondón en Ciudad Bolívar. Otro promotor fue Rafael Forero Fetecua, quien de volquetero pasó a ser uno de los más poderosos contratistas de obras públicas, con decenas de buldózeres y volquetas. Forero compró por tres millones de pesos, lomas enclavadas en Ciudad Bolívar, próximas a Jerusalén, suficientes para cuarenta y cinco mil viviendas. Comenzó a vender lotes a cien mil pesos, con cuotas de veinte mil pesos, pero el programa se le entrabó por la falta de servicios, en especial de agua, la población en 71 A s e n t a m i e n t o s

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agradecimiento, no solo por los lotes, sino también por la maquinaria, colocaron una gran pancarta en época de elecciones que decía: “Territorio forerista”. Situación similar se presentó años después con Mariano Porras. El tema del acceso al agua lo supieron manipular ante las comunidades tanto los urbanizadores piratas como sus testaferros. Mientras el Distrito anunciaba las dificultades técnicas para abastecer de agua, urbanizadores –como Forero Fetecua– ilusionaban a la población con el anuncio de la construcción de un acueducto regional propio: “la zona tiene el mayor potencial de acuíferos de Bogotá” decía, y la población, ante las dificultades de abandonar sus nuevos predios, preferían creer en este tipo de promesas. El argumento de Forero era falso dadas las condiciones ecológicas propias de Ciudad Bolívar, como se planteo al inicio de este capítulo. En ese período de los años ochenta Cabrera ilustra el modo de ocupación de Ciudad Bolívar: “(…) en la práctica tiene muy poca agua. El río Tunjuelito baja contaminado. Las quebradas son hilos y se arruinan en los veranos. La de más envergadura, Quiba, suministra setenta y cinco litros por minuto; y en los tres tanques del acueducto distrital, apenas caben 2.310 metros cúbicos, pero allí se almacena solo por ratos, pues varios obstáculos impiden hacerlo permanente. Además, las redes que distribuyen el agua de los tanques se rompen a menudo, si no las revientan los vecinos. Por la escasez de agua las familias se marchan de Ciudad Bolívar, las mujeres lloran, los muchachos se vuelan de las casas y los burros se constituyen en elementos preciosos. Cierto sí que los hombres que abandonan la vivienda de allí, donde no sufren el acoso de pagar arrendamiento, representan una proporción mínima. Se trata de quienes comprenden y obedecen a sus mujeres, o son ellos mismos muy frágiles ante las inclemencias. ‘No es que allá –en el inquilinato– uno tenga todas las comodidades, pero en habiendo agua se financia’, dice Antonio Cuéllar, uno de los que intentan vender el rancho” (Cabrera, 1985).

46 Este programa no solo se destinó para Ciudad Bolívar, sino también para los localidades de Usme, Tunjuelo, Bosa y Kennedy.

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Esa forma de negación permanente desde que se inició la ocupación del territorio, se hizo evidente con la expedición del POT (Decreto 619 del 2000) que definió el desarrollo del Gran Parque Industrial Minero en esta localidad hasta el límite con el municipio de Soacha. Esto significó legalizar el inicio de una gran cantera para la explotación de materiales de construcción, que contribuiría con el dete-

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rioro del paisaje, la contaminación atmosférica y la destrucción de las fuentes superficiales y profundas del sistema hídrico. También definió la ampliación de 500 hectáreas del relleno sanitario Doña Juana, pese a la emergencia sanitaria que había tenido el sur de Bogotá, en particular las localidades de Usme y Ciudad Bolívar por la explosión de un millón de toneladas de basuras el 27 septiembre de 1997.

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Mosaico 2: Crecimiento Urbano en la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá D.C. durante el periodo 1980-2006 1980

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FUENTE DE REFERENCIA Basado en “Asesoría y Acompañamiento a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar en el tema de Seguridad y Convivencia Ciudadana y en la implementación del Plan Integral de Seguridad, según los lineamientos del Acuerdo 135 de 2004 del Concejo de Bogotá, D.C.” Convenio Interadministrativo con Cofinanciación No. 033 de 2006 Alcaldía Local de Ciudad Bolívar – Universidad Nacional de Colombia. Depto. de Geografía Año 2006 “Recorriendo Ciudad Bolívar. Diagnostico Físico y Socio=Económico de las localidades de Bogota D.C.” Alcaldía Mayor de BogotaAño 200

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3.4.3 Procesos de ocupación de Soacha El municipio de Soacha creció no solo al ritmo de los nativos soachunos sino también por las tasas migratorias de estratos bajos provenientes de Bogotá y de otros lugares del país, que aumentaron cuando este municipio recibió el servicio de acueducto de la capital. También influyeron la ubicación de las zonas industriales y la construcción de vías nacionales de acceso a Bogotá que propició nuevas localizaciones hacia el sur-occidente, con núcleos urbanos dispersos. En los años ochenta, al igual que en Usme y Ciudad Bolívar, predominaron los barrios de origen informal que ocuparon sus tres cerros La Florida, Ciudadela Sucre y Altos de Cazucá. A principios del siglo XX la base del acueducto de Soacha eran el río Soacha, la quebrada Tibanica y el Embalse de Terreros, además de otras fuentes como los tres pozos profundos que construyó la EAAB a comienzos de los años setenta. En esa época empezaron a extraer el agua de estos acuíferos para potabilizarla, pero no fue suficiente para satisfacer las demandas del municipio. Cuando Bogotá extendió sus redes al sector industrial, se le conectaron muchos barrios de manera ilegal. Esta situación motivó, en 1971, la firma de un convenio a treinta años entre la EAAB y el municipio para el suministro de agua potable y la atención del alcantarillado para varios sectores de Soacha. “Este convenio solo cobijaba el sector del centro de Soacha y lo pagaban oficialmente, pero los demás sectores continuaban tomando el agua clandestinamente” (Morales, 2008. En entrevista). La laguna de Terreros fue dañada por los procesos de ocupación; la población quería estar cerca de la laguna pero terminaron afectando su propia fuente de abastecimiento con las aguas residuales, esta contaminación se dio en los años ochenta cuando se empezó a filtrar el agua de la laguna a los pozos de agua subterránea y la población empezó a bombear agua en mal estado, que para rendirla la mezclaban con agua que tomaban clandestinamente del acueducto de Bogotá, al respecto un funcionario de la EAAB decía que “el agua (sic) pura se la tiran y la impura no la limpian, ahí es cuando surge una acción popular hacia el municipio, la pe74 A s e n t a m i e n t o s

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lea también involucra a la EAAB” (Morales, 2008. En entrevista). Ante las dificultades de acceso al agua, los urbanizadores creaban sus empresas de acueducto, para que el municipio aprobara su construcción, esto llevó a la creación de múltiples operadores de acueducto, en el año 2003 existían siete entre las cuales estaba la EAAB. La modalidad utilizada era que primero perforaban en subsuelo y si no había agua, terminaban comprándosela a la EAAB en bloque, dándose una reventa del agua. En la década de los años ochenta intentaron desarrollar en Soacha la urbanización con áreas de comercio, equipamientos de abasto alimentario y de mercancías, educativos, deportivos, comerciales y un parque central, bajo esa lógica surgió el barrio Compartir del urbanizador Pedro Gómez que impulsó el mismo proyecto en Ciudad Bolívar. Esta urbanización generó la parcelación Santa Ana, cercana a las fábricas Alfagres, Conalvidrios e Indumil. Esta forma urbana fue construida en forma relativamente acabada. A diferencia de San Mateo, Compartir se caracteriza por ser compacta a pesar de que no existieron multifamiliares en la operación inicial, aunque su proceso también fue por etapas. Las fábricas que surgieron en la década se encuentran en el occidente de la autopista: Tequendama y las instalaciones de Insfopal al oriente, Acerías Vulcano, Soldaduras Eléctricas West Arco y las ladrilleras San José y Soasa. El sector de La Despensa se consolidó y se extendió a partir de la aprobación del barrio León XIII, con desarrollos de viviendas de interés social, así, poco a poco alcanzó la conurbación con Bosa (Montenegro Lizarralde & Cía. Ltda. Arquitectos, 2007). La incorporación de la zona industrial –Cazucá, Santana, El Muña–, se convirtió en un jalonador del proceso de urbanismo, la expansión urbana y su crecimiento legal e ilegal. También influyó “el seguimiento y persecución que Bogotá inicia a los urbanizadores piratas en Ciudad Bolívar y Usme que hace que éstos se ubiquen en esta zona limítrofe de la ciudad que estaba desprotegida” (Medellín, 2007. En entrevista) oportunidad para los desplazados del centro de Bogotá y del conflicto interno

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armado que, a su vez, desplazaron a los habitantes oriundos del municipio. En Soacha, con las urbanizaciones San Mateo y Quintares, el municipio intentó consolidar el estrato tres, con edificios de cuatro y cinco pisos. Al tiempo se acentuó la ocupación de la Ciudadela Sucre que fue promovida por urbanizadores “piratas” y el barrio Porvenir que fue una invasión promovida por el partido comunista. “En Soacha hay un fenómeno muy importante y es que empiezan a construir (…) pero tiene sus altibajos, esto es en los años ochenta que es cuando aparece el señor Forero Fetecua, que propone una ciudad de 110.000 lotes con servicios que es lo que se llama hoy Ciudadela Sucre. El señor Fetecua fue el que hizo las urbanizaciones más grandes en Soacha” (Jiménez, 2007. En entrevista). Mientras en Ciudad Bolívar legalizaban los barrios y el servicio de agua, en Soacha se aumentaba la clandestinidad y la EAAB prefería que se tomaran el agua de manera ilegal a normalizar el servicio, porque no tenía en ese momento capacidad para prestar el servicio de manera permanente pues la prioridad para el Distrito era terminar de dotar de agua a Bogotá. El comportamiento que asumió la EAAB con Soacha fue el mismo que en su momento hizo con Usme y Ciudad Bolívar y era dejar que le robaran el agua, ante las dificultades de poderles suministrar un servicio de calidad con buenas redes de distribución. La década de los años noventa se caracterizó por ser un proceso que se denominó como “el ‘llenado’ de los intersticios entre el área de Ciudad Bolívar y Bosa con Soacha-San Mateo, la dinámica de la Ciudadela Compartir se acrecentó ensanchándose en todas las direcciones” (Moreno, 2001: 68). En Ciudad Bolívar el área se ocupó por completo de viviendas al final del período. El fenómeno que se

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percibió fue la ocupación de viejos predios por proyectos de vivienda multifamiliar o unifamiliar y de vivienda por autoconstrucción en terrenos de canteras. La presión sobre el suelo del municipio llevó al relleno de humedales, como el de Tibanica, por parte de los urbanizadores piratas. “Durante este período la gente cuenta con agua, con mala prestación del servicio pero la tienen, se empiezan a dar los problemas por alcantarillado porque la zona de los cerros se desestabiliza y la parte baja del municipio se inunda” (Morales, 2008. En entrevista). En 1996, la presión de la comunidad por falta de alcantarillado obligó al Ministerio de Desarrollo, el municipio y la EAAB a definir la instalación del acueducto, desde el Tanque Cazucá hasta la futura urbanización del Papiro, con miras a mejorar el servicio, pero esa decisión implicó que el gobierno proyectara el desarrollo de Vivienda de Interés Social –VIS– hacia la década inicial del año 2000. A partir de esta obra la empresa privada empezó a interesarse en el tema, porque ya estaba el tubo del agua en el sector. Eso indica que las búsquedas de las comunidades y los compromisos asumidos por las entidades públicas los ha sabido capitalizar el sector privado. Las ocupaciones informales aceleraron la conurbación Bogotá-Soacha en las áreas limítrofes entre las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar, en la primera, con la urbanización La Despensa, y en la segunda, con el crecimiento de Jerusalén y Caracolí hasta encontrarse con la Ciudadela Sucre y las zonas de Altos de Cazucá en Soacha, todas promovidas por urbanizadores piratas en Bogotá y por otro tipo de ocupación como las invasiones en el municipio de Soacha. La articulación de estos grandes asentamientos se da de manera paralela y construyen un solo territorio.

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Mosaico 3: Crecimiento Urbano en el Municipio de Soacha durante el periodo 1980-2006 1980

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FUENTE DE REFERENCIA Basado en “Documento Técnico de Soporte de la Revisión y Ajuste del POT, Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Soacha” Planos de Diagnostico MONTENEGRO LIZARRALDE & CÍA. LTDA .ARQUITECTOS Año 2006-2007

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3.5 Barrios de estudio. Relación entre el proceso de ocupación y el acceso al agua A manera de ilustración se analizaron tres barrios por localidad, cada uno corresponde a una década diferente, para esto se tomaron en cuenta cuatro características: ubicación, origen, acceso al agua y legalización. Esto permitió observar dos situaciones: (1) las condiciones adversas en el acceso al agua entre una década y otra se mantuvieron, dado que las dificultades siempre fueron las mismas. Ejemplo característico de esto son los barrios Verbenal Quiba, de la localidad de Ciudad Bolívar, y El Manzano, del municipio de Soacha; (2) los barrios de origen informal en sectores consolidados no tuvieron mayores dificultades ni para la legalización ni para el acceso al agua, este es el caso del barrio Villa Anita III de la localidad de Usme.

La investigación buscó que la ubicación geográfica de la mayoría de estos barrios de estudio estuviera sobre el borde sur de la ciudad, ya que su origen fue condicionado por oleadas de crecimiento de barrios igualmente informales. La llegada del agua motivaba la ubicación de un nuevo asentamiento, por eso casi todos empezaron perforando el tubo y después le reclamaban a la ciudad el suministro de este servicio. En los años ochenta y noventa, cuando no había redes de conducción la EAAB, se les garantizaba el agua por medio de carro- tanques, pero en el año 2000 esta modalidad cambió y la población debía comprar directamente el agua a la empresa y buscar su propio medio de transporte, como se explicó en el capítulo cuatro, lo que hizo que el servicio fuera más costoso.

Cuadro 3 - síntesis ocupación y potencial ecosistémico afectado LOCALIDAD

BARRIO

CARCATERÍSITICA ECOSISTÉMICA

Usme

Danubio Azúl

Parque Entre Nubes Hoya del Ramo

Triangulo Comuna Alfonso López

Tierra fértil para producción agrícola

Villa Anita III

Zona de riesgo con topografía difícil

Potosí – Jerusalem

Laguna de Terreros

Caracolí

Reserva Forestal

Verbenal Quiba

Zona rural

Altos de Cazucá

Sector donde se presenta la mayor conurbación

Olivos

Humedal Tibanica

Manzano

Zona rural

Ciudad Bolívar

Soacha

Fuente: Elaboración propia

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3.5.1 Barrios de estudio en la localidad de Usme Estos barrios se ubicaron sobre zonas de gran valor ecológico, productivo y en zonas de alto riesgo. El barrio Danubio Azul, de la década de los ochenta, se localizó en inmediaciones de la hoya del Ramo, cerca al parque Entrenubes47, en una antigua explotación ladrillera que fue acondicionada para vivienda por la misma población. El barrio El Triángulo ocupó una zona apta para la producción agrícola, eran cultivos de cebada, papa, cebolla y pastizales para la cría de especies menores, su proceso de consolidación se dio a finales de los noventa. El barrio Villa Anita III surgió en los primeros años 2000, y se ubicó en una zona muy inclinada, con una topografía difícil y en condiciones de riesgo. El origen de los tres barrios, sin importar la década en que surgieron se dio por intermediación de los urbanizadores piratas. Algunos sectores del barrio Danubio Azul fueron producto de invasión. El sector de El Triángulo pertenece a la comuna Alfonso López, que fue el nombre que le dio Alfredo Guerrero Estrada, el urbanizador pirata de toda la comuna. Y en las primeras ocupaciones de Villa Anita cursó una orden de desalojo que el alcalde local remplazó por un pacto con la comunidad, en donde las pocas familias pioneras no debían permitir la ocupación de los predios aledaños; no obstante todo el sector terminó absolutamente poblado. La forma como se accedió al agua fue diferente en los tres barrios en mención: el Danubio perforó el tubo de conducción que iba desde Palermo Sur hacia La Fiscala. El Triángulo inicialmente tomó el agua de las quebradas del sector, después perforó el tubo que conducía el agua no tratada desde la represa La Regadera48 hasta Vitelma, que era el sitio donde la potabilizan. Y Villa Anita la tomó directamente de la EAAB, de los barrios vecinos que ya habían legalizado el servicio del agua. En la comuna Alfonso López los primeros sectores que se fueron urbanizando fueron los que quedaban sobre el tubo o por debajo del nivel del tubo y eran los lotes más costosos. En el proceso de poblamiento de Usme el tubo fue conocido porque daba la sensación de 78 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

resolverle a la población de la parte de alta montaña el acceso al agua, pero esta falsa solución los terminaba enfermando debido a que su agua no era apta para el consumo humano. En los barrios Danubio Azul y El Triángulo, la gente sabía que no había agua potable, pero no eran conscientes “del problema que iban a tener, querían comprar un lotecito y empezar a tener una vivienda, y lo de los servicios decían –eso ahí nos las arreglamos–, cuando fue llegando la gente encontró que efectivamente no había agua potable” (Villamil, 2007. En entrevista). Los procesos de legalización de los barrios Danubio Azul y el Triángulo duraron más de una década, en cambio el barrio Villa Anita fue aprobado a los tres años. 3.5.1.1 Barrio Danubio Azul Pertenece a la UPZ que lleva el mismo nombre, se ubica sobre la hoya del Ramo, la particularidad más importante de esta microcuenca es la presencia de su zona alta y media en la vertiente occidental del cerro Juan Rey, que la convierte en un sistema independiente de los cerros orientales. La hoya del Ramo hace parte del parque Entrenubes, el cual es reconocido por el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá como parque ecológico distrital de montaña, perteneciente al sistema de áreas protegidas del Distrito Capital del orden distrital y éstas, a su vez, pertenecen a la estructura ecológica principal de la ciudad.

47 Reconocido como un escenario de producción social, pensado desde la década de los ochenta por actores sociales (ONG y organizaciones comunitarias y sociales). Se fue configurando un territorio no solo en los ámbitos físicos-espaciales y de reconocimiento jurídico en el POT, sino que logró incidir en los ámbitos subjetivos, tanto individuales como colectivos de las comunidades que lo bordean y lo habitan, lo recorren y lo sienten. 48 Hace parte de la cuenca alta del río Tunjuelo.

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Mapa 13 – Barrios de Estudio de la localidad Usme (Danubio azul)

Fuente: Elaboración propia

El valor que tiene el parque Entrenubes, ubicado en el sur-oriente de la ciudad, es que es referente de tres localidades: Usme, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe, sobre las cuales se fue configurando un territorio no solo en los ámbitos físico-espaciales y de reconocimiento jurídico en el POT ante el Concejo de Bogotá o administrativas como el DAMA (hoy Secretaría de Ambiente), sino que logró incidir en los ámbitos subjetivos tanto individuales como colectivos de las comunidades que lo bordean y lo habitan, lo recorren y lo sienten49. El parque Entrenubes es un escenario de producción social, pensado desde la década de los años ochenta por actores sociales (ONG y organizaciones comunitarias y sociales) que estaban inmersos en los 79 A s e n t a m i e n t o s

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procesos locales y desde allí lograron pensar este escenario, no solo para el sur-oriente, sino para la ciudad de Bogotá y la región. Ha sido un territorio en constante construcción y deconstrucción, referenciado como el lugar del encuentro y del desencuentro, de la multitud y de la soledad, de la tranquilidad y de la inseguridad, de la bondad y generosidad; abundante en espacio público y precario en las condiciones de vida de las familias que lo bordean50.

49 Muchos de esos debates fueron dados en la década de los noventa mediante procesos sociales, cuando se buscaba un pulmón ambiental para la ciudad. 50 Reflexión escrita por Narváez para la Secretaría Distrital de Ambiental en la Oferta Pedagógica para el parque Entrenubes.

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Este parque ocupa un gran espacio interlocal (627 hectáreas) del cual el 70% pertenece a la localidad de Usme; una de las amenazas permanente es la ocupación informal de sus áreas de borde, que lo ha llevado a perder la mitad de su tamaño originario. La presencia del parque y la relación que establecen los vecinos con él, conduce a otra reflexión del hábitat construido por parte de los sectores populares. El parque Entrenubes está contenido en la cuenca del río Tunjuelo, en su vertiente oriental, y ocupa un 0,16% de la superficie total de la cuenca (6,27 km2 de 3.921 km2 en total)51. No obstante la riqueza ambiental que lo rodea, el barrio Danubio Azul se ubica en una zona que en los años cincuenta fue de explotación de ladrilleras, arenisco y materiales para hacer ladrillos, pero la gente lo fue rellenando. Su conformación se dio a partir de un proceso de invasión y de compra de lotes en el año 1987; se ha logrado consolidar, es uno de los más denso de la localidad con crecimiento en altura de tres a cuatro pisos, cuenta con 2.985 viviendas, la población asciende a unos 30.000 habitantes, con el predominio de población joven, de entre diez a veinte años. “(…) hoy en día en infraestructura está muy adelantado pero hay otros problemas nuevos, como drogas, pandillas y cosas de ese estilo, como le decía, la población es joven, entonces varios han caído masacrados por esos mismos conflicto” (Velasco, 2007: 2997).

3.5.1.2 Barrio El Triángulo El urbanizador pirata Alfredo Guerrero Estrada promovió la ocupación de grandes potreros que fueron denominados comuna Alfonso López, sin embargo, el origen del barrio El Triángulo se dio por un proceso comunitario diferente. A finales de los años ochenta empezó la ocupación del barrio; los sectores que primero se consolidaron fueron los que quedaron sobre el tubo que conducía el agua no tratada desde la represa La Regadera52 hasta Vitelma que era sitio donde la potabilizaban, y que había sido construido por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado hacia los años cuarenta. Ese tubo es histórico porque pasaba por la mitad de la comuna y 80 A s e n t a m i e n t o s

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los primeros sectores que se urbanizaron fueron los que quedaban sobre el tubo o por debajo del nivel del tubo, allí estaban los lotes más costosos. “(…) cuando la gente llegó a este lugar sabía que no había agua potable pero no era consciente del problema que iba a tener, sabía que comprando un lotecito empezaba a pensar en una vivienda y lo de los servicios, se decía, ‘eso ahí nos las arreglamos’; cuando la gente fue llegando acá iba encontrando que efectivamente no había agua potable” (Villamil, 2007. En entrevista).

Esta comuna se terminó de ocupar a finales de los noventa, allí se utilizó tierra fértil, que estaba dedicada fundamente a la producción agrícola, y con óptimas condiciones hídricas. “(…) esto eran potreros, eran cultivos, una tierra fértil de papa, de cebada, cebolla, eran pastizales, por acá se mantenían ovejas, vacas y marranos. Efectivamente sí habían quebradas, todavía existen, sobretodo las más grandes, porque las pequeñas desaparecieron; digamos que lo que quedaron fueron unas hondonadas que en tiempo de lluvia cogen agua, en su momento eran unas quebradas que casi permanentemente tenían agua que la conducían a una quebrada mayor, es el caso, por ejemplo, de la quebrada La Yomasa” (Villamil, 2007. En Entrevista).

En relación con el agua inicialmente la tomaron de las quebradas, éstas fueron el punto de referencia que facilitaba la permanencia del poblamiento, era el lugar ideal donde las familias podían lavar la ropa, incluso esta es una costumbre que aún practican algunas personas en la quebrada del Amoladero. Lo cual indica que para el proceso de ocupación de este barrio acudieron inicialmente al uso de fuentes naturales como primer acceso al agua, el manantial entre ellas, como ésta no era suficiente la gente decidió cavar el tubo; lo hacían a través del siguiente procedimiento:

51 Los datos han sido tomados del Plan de Ordenamiento y Manejo realizado en el marco del convenio 053 de 2002 entre el DAMA y la Corporación Suna Hisca. 52 Hace parte de la cuenca alta del río Tunjuelo.

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“Cavar sobre el tubo que conduce el agua, meterse en el tubo (…) perforar ese tubo con unos punteros, con maceta; el último recubrimiento que es la lámina, (…) se soldaba el registro que se iba a colocar, se soldaba (…) a la lámina. Ya lo último que se hacía era que por

el mismo hueco del registro se metía la broca y se perforaba el tubo (…) al perforar salía el chorro de agua (…) pero se cerraba el registro y ya, se instalaba la manguera y la gente ya tenía el agua” (Villamil, líder comunitario de Usme - El Triángulo, diciembre de 2007).

Mapa 14 – Barrios de Estudio de la localidad Usme (El Triangulo)

Fuente: Elaboración propia 2008

3.5.1.3 Barrio Villa Anita III Sector que surgió en la década inicial del año 2000; se ubica en Usme en una zona muy inclinada, con una topografía difícil y en condiciones de riesgo. En el momento de la ocupación del barrio el entonces alcaldes local Nelson Cruz Duarte, hizo un pacto con la población que llegó a ocupar estos predios, pese a que por acción de unas demandas esta población 81 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

debía ser desalojada; este alcalde se negó a proceder porque él venía de ser un líder social de la zona y sentía que esta era la población por la que él había luchado, entonces le propuso a la gente lo siguiente: “Hagamos un pacto, ayúdenme a que nadie más construya; pacto que la gente no cumplió, por eso se puede ver que el barrio está absolutamente poblado” (Aranzazo, 2007. En entrevista). el proceso de expansión del sur de

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Imagen 1. Tipos de construcción de la vivienda.

Fuente: Fotografías tomadas por Gloria E. Narváez

“Ellos llegan en el 2000, y para ese entonces, en este sector, ya estaba planteada la problemática en un 90%, y ya se había solucionado digamos en un 50% el tema de la ineficiencia de los servicios públicos, pero obviamente a la junta y los directivos les ha tocado gestionar antes las distintas instancias para solucionar sus problemas, pero ha sido un poco más fácil para ellos que para los que estuvimos en el sector de los Sucres” (Aranzazo, 2007. En entrevista).

En relación con el agua la ocupación de Villa Anita, III sector, es distinta a lo que se dio en otros lugares de Usme, en términos de que este asentamiento no tuvo mayores dificultades con el acceso al agua porque mientras Planeación Distrital resolvía la legalización del barrio, que se dio en 2007, pudieron acceder a agua potable de los barrios vecinos. En los asentamientos que se dieron a comienzos de la primera década del año 2000, se ve todo tipo de vivienda, desde la más provisional hasta la vivienda consolidada y la productiva. En este barrio, por estar ubicado en terreno de alta pendiente, ha sido muy difícil adecuar sus calles y sus andenes.

3.5.2 Barrios de estudio en la localidad de Ciudad Bolívar La ubicación de los barrios de estudio de esta localidad está caracterizada por ser zonas agrológicas III, de reserva forestal y zona rural. En el barrio Potosí en Jerusalén los suelos estaban sin vegetación, sin agua y en la alta montaña. En el barrio 82 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

Caracolí la vegetación fue erradicada y el suelo rellenado con escombros. Y el barrio Verbenal Quiba se encuentra por fuera del perímetro urbano, en área rural, por donde pasa la línea imaginaria del POT que divide el suelo rural del urbano, por fuera de la cota de servicios públicos. Lo que tienen en común los tres barrios mencionados es su localización en área de expansión y las dificultades de acceder al agua potable. El origen del barrio Potosí data de los años ochenta, cuando se dio el acelerado crecimiento urbano de Ciudad Bolívar. Está contiguo al barrio Caracolí que fue ocupado en los años noventa. Su competencia estuvo a cargo del Ministerio de Agricultura, sujeta a la zonificación y reglamentación de la Corporación Autónoma Regional –CAR–53 por tratarse de zona forestal. La parte fundacional de estos barrios y algunas oleadas de ocupación fueron determinados por grupos al margen de la ley, como guerrillas y paramilitares; situación similar ocurrió en el barrio Verbenal Quiba en donde sus primeras viviendas fueron de origen rural, pero a partir de los inicios de la década del año 2000 se dio una acelerada ocupación por población desplazada. El acceso al agua en estos tres barrios se ha dado de manera distinta. En Potosí, durante sus

53 Con la Resolución 0077 de 1977, retomando el Acuerdo 0030 de 1976, por el cual se declaran y alinderan unas áreas de reserva forestal y la protección de las montañas situadas alrededor de la sabana de Bogotá.

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primeros años, lo facilitó la cercanía a la laguna Terreros que fue primordial en la consolidación del barrio, posteriormente algunos barrios llevaron el agua desde el río Soacha mediante mangueras. En el barrio Caracolí la población llegó motivada por la posibilidad de conectarse al tanque de Sierra Morena, esto les hizo pensar que no les iba a faltar el agua, pero durante una década pasaron grandes dificultades por no tener acceso permanente. El barrio Verbenal Quiba era zona rural que tomaba el agua del acueducto veredal. Su condición cambió a partir del año 2000 por una ocupación masiva que se ubicó por fuera de la cota máxima de prestación de servicios; en la actualidad aún no logra gozar de agua potable y las fuentes naturales se encuentran en alto nivel de contaminación por lo cual ya no puede tomar el agua de éstas. “La zona de Jerusalén, en términos de agua, solo tenía la quebrada que va hacia la Ciudadela Sucre, que era donde la gente lavaba y los muchachos se iban a bañar, y la laguna Terreros, ubicada a dos kilómetros no estaba tan contaminada. Prácticamente eso era lo que había” (Ospina, 2007. En entrevista).

El proceso de legalización fue difícil para estos barrios, los cuales tardaron más de diez años para lograr ser incorporados a la ciudad, el más consolidado es el barrio Potosí que logró ser legalizado en la década de los años noventa y pudo mejorar

sus condiciones urbanísticas en poco tiempo como fruto del proceso organizativo de la comunidad. El barrio Caracolí fue legalizado después de doce años, pero aún no ha logrado regularizar el acceso permanente al agua. Y el barrio Verbenal Quiba, reúne todas las condiciones adversas para que su proceso de legalización aún se demore, dado que se encuentra en área limítrofe de expansión y por fuera de la cota de servicios. 3.5.2.1 Barrio Potosí Para la ocupación de Potosí, en Jerusalén, fue estratégica su cercanía a Soacha, el aporte hídrico de la Ciudadela Sucre y de la laguna Terreros fue esencial en la consolidación del barrio, lo cual indica que pese a los condiciones secas de Soacha, en algún momento sus condiciones hídrica fueron favorables a la población que empezó a ocupar Jerusalén, y que incidió favorablemente en la conformación de los barrios Paraíso y Bella Flor, los cuales llevaban el agua desde el río Soacha en largos recorridos con mangueras. “Se construyeron unos tanques, una concesión que dio la CAR, de la quebrada de Soacha la tomaban de arriba, esa agua la traíamos por manguera, 18 kilómetros” (Gómez, 2007. En entrevista). Lo cual indica que este barrio y otros como Paraíso y Bella Flor, conducían el agua en largo recorridos hídricos desde Soacha, allí se presentó una relación de articulación e interdependencias que no se deben olvidar.

Imagen 2. Barrio consolidado y densificado en Potosí

Fuente: Fotografías tomadas por Gloria E. Narváez

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Mapa 16 – Barrios de Estudio de la localidad Ciudad Bolívar (Jerusalen - Potosi)

Fuente: Elaboración propia

3.5.2.2 Barrio Caracolí La ocupación de Caracolí se hizo sobre una zona de reserva forestal en 1995, la competencia estaba a cargo del Ministerio de Agricultura, sujeta a la zonificación y reglamentación de la Corporación Autónoma Regional –CAR–54; el barrio fue legalizado doce años después, cuando se levantó tal restricción, dado que en la práctica el bosque había desaparecido y en su lugar había un sin número de viviendas de origen informal ubicadas sobre un suelo rellenado con escombros. La población no llegó motivada por fuentes naturales porque ya no existían, sino por la cercanía al tanque de Sierra Morena.

84 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

Caracolí es uno de los barrios de Bogotá de mayor recepción de desplazados por el conflicto armado, que junto a los barrios limítrofes con Soacha han constituido un corredor de población que no solo busca salvar la vida de la violencia armada, sino que intentan construir otros sueños, nuevas posibilidades, que terminan desdibujándose en el camino ante el abandono institucional. Un reportaje de la revista Semana presenta que el 80% de sus habitantes huyeron de la guerrilla (provienen de varios municipios de Caquetá, Meta, Guaviare 54 Con la resolución 0077 de 1977, retomando el acuerdo 0030 de 1976 por el cual se declaran y alinderan unas áreas de reserva forestal y la protección de las montañas situadas alrededor de la Sabana de Bogotá.

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Imagen 3. Tipos de vivienda en el barrio Caracolí

Fuente: Fotografías tomadas por Gloria E. Narváez

y Putumayo), y de los paramilitares (los que vienen de varias zonas de Antioquia, Valle, los santanderes y la costa Atlántica), o por ambos, como ocurre con la colonia chocoana, quizá la de mayor presencia en el sec-

tor. Son una muestra de la Colombia que sufre, pero también de un esfuerzo comunitario por construir, a partir de su tragedia común, un nuevo hogar para sus hijos, a espaldas de la imponente capital55.

Mapa 17 – Barrios de Estudio de la localidad Ciudad Bolívar (Caracolí)

Fuente: Elaboración propia 55 http://www.semana.com. Consultado en mayo 2 de 2008.

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Imagen 4. Sistema flauta de donde toma el agua del Tanque de Sierra Morena el barrio Caracolí y barrios de Soacha Mira que al principio no había problemas con el agua, porque la comunidad era mínima y lo pocos que habíamos tomábamos el agua de Jerusalén, y aquí hay inclusive familias con un tubo de media todavía, cuando el barrio se fue poblando si comenzaron a haber inconvenientes las gente iban instalando el acueducto y le decía a la gente son 60.000 pesos, y explotaban a la gente que estaba recién llegada, y todavía aun se ve, en algunas partes de Ciudadela Sucre, cobran derechos sobre el acueducto, inclusive ganan mas plata que el acueducto, los mas perjudicados somos los de Caracolí porque somos quienes pagamos la factura. Si la gente no paga esta extorsión simplemente esta personas no los dejan meter aquí al barrio (Rojas, 2007. En entrevista) Fuente: Fotografías tomadas por Gloria E. Narváez

Para el barrio Caracolí fue distinto el proceso de ocupación, porque Jerusalén ya tenía resuelto el problema del acceso al agua y además el Distrito había construido el tanque de Sierra Morena, eso le dio certeza a la población de que el problema no iba a ser por falta de agua, al menos eso consideró al principio, después evidenció que gastó más de una década para que le legalizaran el barrio en 2007 y le programaran la construcción de las redes y acometidas para el año 2008. No obstante, durante más de doce años sin agua legalizada fueron muchos los problemas que acumularon, como la contaminación del agua potable que era conducida por mangueras rotas; la acumulación de aguas residuales que amenazaban con desestabilizar las casas; la pérdida de flujo de agua de las mangueras al conectarse otros barrios del municipio de Soacha como El Oasis; los pagos exagerados a terceros por logar un servicio que no estaba legalizado; la conexión de un macromedidor por parte de la empresa de acueducto que nunca logró medir con exactitud cuánta agua consumía cada familia, sino que solo establecía cuántas eran las pérdidas de la Empresa; la acumulación de una deuda casi impagable por algunas familias que se negaron a pagar la tarifa mínima que le había establecido la empresa de acueducto; la explosión permanente del tubo madre dada la presión de cientos de mangueras que 86 A s e n t a m i e n t o s

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salían hacia Caracolí y el municipio de Soacha; en fin, la cercanía del agua no necesariamente les representó calidad de vida, porque el problema de este barrio es que se construyó sobre zona de reserva forestal y sobre un área de amenaza alta. 3.5.2.3 Barrio Verbenal Quiba Era zona rural que tomaba el agua del acueducto veredal. Su condición cambió a partir del año 2000 por un proceso de ocupación masivo, que evidenció que aunque pertenecía a Bogotá y era el siglo XXI, por estar ubicado por fuera de la cota máxima de prestación de servicios, no era posible gozar de agua potable y, además, las fuentes naturales se encontraban tan contaminadas que ya no se podía tomar el agua de éstas; incluso al conducir del agua de la vereda Quiba al barrio Verbenal Quiba, el agua potable fue contaminada por efecto de las aguas residuales a cielo abierto, lo que obligó a la comunidad a cortar esta fuente de suministro. La ocupación de Verbenal Quiba, llama la atención por distintas razones: primero, porque se ha dado sobre área limítrofe urbana, marcada por la línea imaginaria del POT que divide el suelo rural del urbano; segundo, porque se encuentra por fuera de la cota de servicios públicos; tercero, porque es un barrio al que la EAAB no ha podido resolverle el acceso a agua potable, ni siquiera en Ciclo

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I56 dadas las dificultades de acceso físico; cuarto, porque pagan el agua más cara de la ciudad, metro cúbico a $6.000; quinto, porque tomaban el agua del tanque del Volador, pero al ocuparse el barrio deno-

minado Edén Paraíso fue éste el que se quedó con el agua; sexto, la dinámica de ocupación ha sido mediada por múltiples actores incluidos los armados, pero sus habitantes prefieren no hablar del tema.

Imagen 5. Vivienda en desarrollo progresivo en Verbenal Quiba

Fuente: Fotografías tomadas por Gloria E. Narváez

Mapa 18 – Barrios de Estudio de la localidad Ciudad Bolívar (Verbenal Quiba)

Fuente: Elaboración propia

56 Prestación del servicio del agua de manera provisional por parte de la EAAB.

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Hoy continúan las ventas de lotes, las familias siguen llegando y no precisamente motivadas por el agua, porque saben que no la hay, y cualquier solución está lejos de poder ser resulta en el corto plazo. “Las personas deciden quedarse en este lugar y no irse, de pronto piensan que acá tienen mayores oportunidades de trabajar en sectores de explotación minera o porque alguien les promete que este va ser un barrio que se va a legalizar en algunos años, entonces deciden quedarse (…) Desafortunadamente ellos no tienen para donde irse, pagan los lotecitos por cuotas. Hay personas que han llegado de Suba, increíblemente del norte, pero se aferran a esa forma de pago porque las personas que están vendiendo lotes les dan la oportunidad de tener algo, y a pesar de saber y ser conscientes de que estamos viviendo una necesidad tan tremenda como la del agua, ellos se quedan y comienzan a guerrear igual que todas las otras familias” (González, 2007. En entrevista).

3.5.3 Barrios de estudio en el municipio de Soacha Los barrios de este municipio que se tuvieron en cuenta para el análisis son: Altos de Cazucá, por las dificultades de acceso al agua y su proceso de crecimiento expansivo; Los Olivos, porque el crecimiento del barrio se da sobre una zona de humedal; y el Manzano, que ocupa zona rural de recarga acuífera. Altos de Cazucá ocupó colinas con usos productivos, en las cercanías de una zona industrial y con

total abandono institucional. Los Olivos se ubicó en los humedales entre Bosa y Soacha. El barrio El Manzano se desarrolló sobre área rural minera, cerca de un nacedero de agua, que ha sido fuente del antiguo acueducto de Soacha. El origen de Altos de Cazucá estuvo presionado por los procesos de movilidad especialmente de la población desplazada por la violencia en las décadas de los noventa y de los años 2000, que llevó a ocupar las laderas más vulnerables. En el barrio Los Olivos la producción de suelo urbano fue a partir del relleno de los humedales. El barrio El Manzano se encuentra sobre zona de recarga hídrica, en área rural rica en minería. El acceso al agua en Altos de Cazucá ha sido expresión de muchas dificultades, especialmente en la parte alta. El Barrio los Olivos toma el agua de forma ilegal de Bogotá. Y el Manzano capta el agua del nacimiento de la Zaragoza. 3.5.3.1 Barrio Altos de Cazucá Altos de Cazucá ocupó colinas con usos productivos agrícolas cerca a una zona de resguardo, con un ambiente degradado por la explotación de canteras y algo de uso industrial en sus inmediaciones. Las autoridades locales y regionales durante mucho tiempo no hicieron presencia activa en la zona. Los anteriores factores influyeron en las formas de ocupación que allí se gestaron.

Imagen 6: Barrio Altos de Cazucá

Eran colinas por así decirlo y antes de la ocupación eran utilizados para sembrar cebada, obviamente también nos encontrábamos con explotaciones de canteras, de piedra, también depósitos de gas. Originalmente todos esos terrenos se llamaban o conformaban la quebrada Tibanicá, que es el sector de Cazucá y el sector de Sucre, toda esa zona era de un resguardo indígena (Medellín, 2007. En entrevista) Fuente: Fotografía tomadas por Gloria E. Narváez 88 A s e n t a m i e n t o s

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Mapa 19 – Barrios de Estudio Municipio de Soacha (Altos de Cazucá)

Fuente: Elaboración propia

Altos de Cazucá refleja el urbanismo en las condiciones más precarias, con ausencia de equipamientos, de servicios públicos y mala calidad de la vivienda; el crecimiento del sector se dio en medio de todas las dificultades para el acceso al agua, los barrios de la parte alta permanecieron la mayor parte del tiempo sin ese servicio por el alto nivel del terreno y la baja presión del agua, por eso debían comprarla en tanques y lavar las ropas en fuentes cercanas contaminadas. 3.5.3.2 Barrio Los Olivos, Soacha En el caso de Los Olivos, en Soacha, se aprecia la típica situación que se ha presentado en Bogotá con la producción de suelo urbano mediante el relleno los humedales, “los humedales han formado parte de la Sabana de Bogotá desde hace miles de años y 89 A s e n t a m i e n t o s

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son el resultado de la desecación paulatina del antiguo lago que cubrió el territorio”57. Esta situación continúa en el límite entre Bosa y Soacha, donde surgió el barrio Los Olivos II, que se construyó sobre el humedal58 Tibanica, ésta es “la principal problemática que afecta a la mayoría de los 13 humedales que tiene Bogotá: la ausencia de agua potable, el vertimiento de agua residuales, asentamiento de recicladores, lugar de basurero. Las anteriores condiciones facilitan el relleno con 57 Se calculó que de las cincuenta mil hectáreas que cubrían los humedales en la sabana hasta 1940, hoy solo quedan aproximadamente mil quinientas.” (www.sogeocol.com.co. Consultada el 8 de febrero de 2008). 58 Los humedales los define la Convención Ramsar, y los que existen en la sabana de Bogotá y el Distrito Capital pertenecen a la cuenca del río Bogotá.

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escombros para vivienda ilegal forman parte del panorama de degradación, que llevó a las autoridades ambientales a declarar este humedal en alerta amarilla en el 2003”59.

Mapa 20 – Barrios de Estudio Municipio de Soacha (Los Olivos III)

Fuente: Elaboración propia

3.5.3.3 Barrio El Manzano, Soacha Se desarrolló sobre un área rural rica en minería, cerca al nacedero de la Zaragoza, que es una fuente del antiguo acueducto de Soacha y un área de protección importante para el municipio, hoy esa misma fuente vuelve a ser vital para surtir de agua a cerca de 45 familias así: “Es un nacedero de un metro por un metro y cincuenta de hondo, es el acueducto viejo, aquí cada finca tiene derecho a un pluma de media pulgada de agua, nosotros somos 45 familias llenamos esos tanquecitos 90 A s e n t a m i e n t o s

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que son de 2.000 y 9.000 litros y para no tener ningún problema entre nosotros el agua al sector A se la pone hoy, y al sector B mañana. Hay una manguera que baja de Zaragoza que es la que sube a las fábricas y cogen el lavadero comunitario” (Díaz, 2007. En entrevista).

En este barrio la especulación era tan alta que vendían hasta tres veces el mismo lote, y por tratarse de una laguna la ocupación se hizo sobre un suelo 59 http://www.universia.net.co/noticias/masnoticias.Consultada el 8 de febrero de 2008.

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que progresivamente se iba produciendo. La familia que compraba, si tenía éxito y llegaba a su pedazo, tenía que empezar a rellenarlo con escombros o basuras. La pregunta es por qué no se tomaban medidas si estaban rodeados de agua contaminada por el nivel de deterioro que ya tenían estos humedales. La población no tenía tiempo por preguntarse por el acceso al agua potable, seguramente, como decían los vecinos de Usme y de Ciudad Bolívar, eso se resolvería de alguna manera posteriormente. “Por la economía en ese día, eran baratos, y por la cercanía a la ciudad uno no sabía si era Bogotá o Soa-

cha, pero uno necesitaba dónde vivir con su familia, y era lo que mejor se prestaba en ese momento. Pues fue aumentando la población a medida que íbamos rellenando, que se iban cubriendo todos estos pantanos con desechos (…) lo comprábamos, en ese tiempo hasta en $12.000, escombro o basura, porque tocaba recibir lo que fuera para poder ir uno arreglando su lote, si uno no estaba pendiente, uno rellenaba y al otro día aparecía otro dueño, porque aquí sucedía eso, lotes que el mismo urbanizador vendía dos o tres veces” (Martínez, 2008. En entrevista).

3.5.4 Diversas tecnologías que facilitaron el acceso al agua

Cuadro 4 - Tecnologías utilizadas

Sistema “Flauta” El modo en que funciona el sistema flauta es el uso de una manguera principal aproximadamente de 2 a 4 cm. de ancho y de las cuales se cuelgan una manguera mas pequeña de un tamaño 1/2 pulgadas.

Manantial Esta Tecnología consiste en el uso de una nacimiento o fuente hídrica como soporte de un sistema de acueducto, ya sea este rustico o tecnificado, el cual puede surtir a varias viviendas o tanques de almacenamiento.

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Mangueras Es sistema mas utilizado por todos los asentamientos informales, se distingue por se una tecnología apropiada de conducción, aunque en todos los casos produce problemas, pues el agua que conducen las mangueras puede ser fácilmente contaminada, además la calidad de los materiales utilizados para la fabricación de estas mangueras no son los mejores los cual ocasiona en muchos casos el deterioro y daño rápido de estas. Foto tomada en el barrio Caracoli-Ciudad Bolívar

Tanque de Almacenamiento Esta tecnología consisten en el abastecimiento de un tanque por medio del acueducto o de alguna fuente de agua el cual sirve de abastecimiento para un asentamiento o varios, generalmente se encuentra en el lugar mas alto del asentamiento con el fin de que el sistema de distribución funcione por gravedad. Foto tomada en el Caserío El Manzano-Soacha

Pilas de agua Esta tecnología consiste un punto de llegada del agua en donde las personas algunas veces llenas recipientes para abastecerse de agua, en otros casos a partir de este punto de llegada se han colocado mangueras para distribución del agua a cada una de las viviendas

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Transporte de Recipientes Ayudado (Burro) Consisten en usar el burro como animal de carga de los recipientes que contienen el agua, generalmente lo usan en lugares con una topografía difícil con el fin de que facilite el transporte del agua. Foto tomada en el Barrio Verbenal Quiba-Ciudad Bolívar

Transporte de Recipientes Manual Es el transporte de los recipientes de agua sin alguna ayuda. Foto tomada en el Barrio Verbenal Quiba-Ciudad Bolívar

Carro-Tanque Como su nombre lo indica es el transporte del agua por medio de un vehiculo para proveer de agua a los sectores que no tiene el servicio de agua regularizado.

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Acueducto Aéreo Este sistema Consiste en el uso de una manguera principal que va generalmente montada en los postes de la luz, su idea consisten en colgar de esta otras mangueras las cuales distribuyen el agua a cada una de las viviendas. Foto tomada en el barrio Caracoli-Ciudad Bolívar

Macromedidor El fundamento de esta tecnología es el instalar un medidor que controle el consumo de un sector, con el fin (en el caso de los asentamiento informales) de cobrar el servicio del agua a sectores no legalizados. Foto tomada en el Barrio Verbenal Quiba-Ciudad Bolívar

Acueducto Veredal Este acueducto es aquel que surte un lugar rural, que en algunos caso se a utilizado para abastecer barrios de origen informal, el problema de este sistema es que su capacidad no es tan alta para abastecer sectores de gran número de población además sus instalaciones técnicas no son muy avanzadas. Foto tomada en el Barrio Verbenal Quiba-Ciudad Bolívar

Acueducto Es la tecnología mas avanzada en cuanto a la conducción y el tratamiento del agua, es el sistema en el cual se puede garantizar que el agua es potable, y que el acceso del agua no es intermitente. Fuente: Elaboración propia. Fotografías tomadas por Gloria E. Narváez 94 A s e n t a m i e n t o s

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El siguiente cuadro señala el tipo de tecnología y la intensidad utilizada por cada uno de los barrios.

Cuadro 5 - Tecnologías utilizadas por barrio Barrio

Danubio Potosí- Cazucá El Caracoli Los Villa Verbenal El Azul Jerusalén Triangulo Olivos II Anita III Quiba Manzano

Sistema Flauta

Manantial

Perforar un tubo de conducción

Mangueras

Tanque de Almacenamiento

Moto Bomba

Pila de Agua

Transporte de Recipiente Ayudado (Burro)

Transporte de Recipiente Manual

Carro-Tanque

Acueducto Aéreo

Macromedidor

Acueducto Veredal

Acueducto

Fuente: Elaboración propia

Cabe distinguir que con el paso del tiempo las tecnologías del agua han variado muy poco: “La gente hace lo que sea, hacen conexiones artesanales, lo que pasa es ya después de la primera década del 2000, la gente acude para conseguir ayudas como los medios mecánicos [al uso de nuevas tecnologías] para subir el agua donde no la tiene” (Ariza, 2007. En entrevista).

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Gráfica 7 de Representación del uso de tecnologías

Fuente: Elaboración propia

Los nueve barrios de estudio señalados en el ítems anterior abordaron los mismos procedimientos tecnológicos para acceder al agua, independientemente de la década o de la ubicación del barrio, la diferencia fue identificada en la intensidad del uso o en la prioridad tecnológica utilizada. Se puede observar, en Usme en el barrio El Triángulo, donde en los primeros años de ocupación tomaban el agua de las fuentes hídricas cercanas, después perforaron el tubo que iba de La Regadera a Vitelma, igual que en el barrio Danubio Azul que perforaron el tubo que iba desde Palermo sur hasta La Fiscala. La presión de la comunidad sobre el tubo a través del sistema flauta hizo que éste colapsara, después utilizaron carro-tanque, instalación de tanques comunitarios por parte de la EAAB y la recolección de agua en canecas de cinco galones. El barrio Villa Anita recurrió al mismo sistema en la primera década del 2000, perforó el tubo de los barrios vecinos, implementó el sistema flauta y de mangueras, la diferencia estuvo en que logró obtener agua potable de forma casi inmediata. En la localidad de Ciudad Bolívar el barrio Potosí alcanzó a acudir a las fuentes naturales pro96 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

pias del sector para ayudar a suplir necesidades secundaria como el lavado de la ropa o donde se bañaban los jóvenes como parte de la recreación de los domingos; en el barrio Caracolí se implementó el sistema de fontanería que consiste en pagarle a un miembro de la comunidad para que administre el suministro de agua y se asegure de que cada familia que paga este servicio le llegue el agua a través de mangueras, y el macromedidor es el mecanismo que utiliza la EAAB para hacer el “control de pérdidas” término del lenguaje técnico utilizado por esta empresa que equivale a saber cuánta agua están consumiendo en el sector; en el barrio Verbenal Quiba durante un tiempo utilizaron el acueducto veredal de Quiba con ayuda de transporte animal, como el burro. El resto de tecnologías ha sido similar en estos tres barrios como mangueras, sistema flauta, carro-tanque, pilas de agua, tanque de almacenamiento. En el municipio de Soacha en las comunas 4 y 6, los barrios de estudio implementaron los mismos sistemas tecnológicos de Usme y Ciudad Bolívar. Los habitantes del barrio Altos de Cazucá perforaron el tubo que conducía el agua por la autopista Sur para el proceso de expansión del sur de

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la zona industrial, dada la inclinación de la montaña implementaron nuevas tecnologías como la motobomba, las otras tecnologías son las mismas a las utilizadas en el barrio Los Olivares: mangueras, pilas de agua, transporte en burro, la diferencia está en el barrio El Manzano que está ubicado en zona rural y que toman agua de manantial del nacedero de la Zaragoza de manera directa o mediante mangueras. Como se pudo observar, el proceso de ocupación de cada uno de los barrios logró sobrevivir gracias al ingenio de la comunidad para diseñar “tipos” de tecnologías que utilizaban para la conducción del agua y el suministro a cada una de las unidades habitacionales. “Tecnologías (…) entonces vendrían: acueducto, tanque, pilas de agua, la otra tecnología sería el manantial. Bajo esas tecnología la más fuerte es la del acueducto, las mangueras también es una figura, otra es el carro-tanque que es utilizado por la empresa de acueducto y que es muy costoso. Hay otras tecnologías que son muy complicadas, como la que se utilizó en el barrio Diana Turbay: venía una tubería de agua cruda de La Regadera hacia Vitelma, y ellos perforaron el tubo de Vitelma para tomar el agua (…) El

otro sistema es de mangueras gruesas que eran acueductos aéreos” (Jiménez, 2007. En entrevista).

Es interesante ver cómo la tecnología de las mangueras ha sido la más utilizada, de hecho todos los barrios del área de estudio recurrieron a este sistema. La segunda tecnología es el sistema flauta porque garantiza la conexión de varias mangueras al tiempo. La tercera tecnología es la de transporte en recipientes de manera manual, que se complementa con la de la tecnología del carro-tanque, siguen la pila de agua y el tanque de almacenamiento, que tiende a ser típica de estos desarrollos informales, junto a ellas se encuentra la tecnología de perforar el tubo de conducción. El manejo de carro-tanques es el cuarto uso. Los tanques de almacenamiento, el transporte de recipientes ayudado por burros, pilas de agua, la tecnología de manantial y el macromedidor, se encuentran en el quinto uso. Por último, las tecnologías como el acueducto aéreo, la motobomba y el acueducto veredal son las menos utilizadas. 3.5.4.1 El alcantarillado en los barrios de origen informal

Cuadro 6 El Alcantarillado en los barrios de origen informal AÑOS

TESTIMONIOS EN RELACIÓN CON EL ALCANTARILLADO las aguas negras ya fuera de los predios tenían vía libre, pero en el caso nuestro si se hizo un trabajo con toda la gente y todas las aguas se canalizaron (Ospina, 2007. En entrevista) Igual que en todas partes no había alcantarillado no había letrinas, no había nada, entonces la gente metía sus tubos hasta la vías y luego buscaban los drenajes naturales y todo eso era muy natural (Medellín, 2007.En entrevista)

AÑOS OCHENTA

Fotos de Ciudad Bolívar

97 A s e n t a m i e n t o s

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el proceso de expansión del sur de

Bogotá

Todo el mundo aquí hizo sus alcantarillados. Después vino el acueducto y no reconoció esos alcantarillados que se habían construido para oficializarlos y entonces esos alcantarillados quedaron enterrados ahí y la empresa construyo uno nuevo. (Villamil,2007 entrevista) el primer sector que también quedaba hacia arriba y estaba empezando el desarrollo pues hacía lo mismo, la chambita y que corra por todas las vías principales. Luego se fue mejorando por parte de la comunidad y actualmente tenemos un alcantarillado comunitario (Martínez, 2007. En entrevista)

AÑOS NOVENTA

Fotos del alcantarillado en el barrio Caracoli

AÑOS DOS MIL

Cada casa debe tener su letrina, su pozo séptico y hay chambitas para que corra el agua, cuando se lava la ropa. Si el agua entra por algún lado tiene que salir y flotar. (Díaz, 2007. En entrevista) Pues, desafortunadamente hacer lo que hacemos lo pobres generalmente, abrir zanjas y tapamos con piedritas pedazos de madera, pero esto es peligroso porque esto se contamina demasiado, ahora tenemos un problema de dermatitis en lo niños entonces, debido a esto, porque los mosquitos se van y pisan esas zanja llenas de excremento contaminados entonces se ha desatado un problema de dermatitis muy grave en los niños. (Gonzáles, 2007. En entrevista) Al haber el problema del acceso al agua, de alcantarillado, que también se resolvía de una forma arcaica, y tocaba comprar el material mas barato para meter tuberías por la mitad de la vía para resolver el tema de alcantarillado y que hoy como lo miraban ustedes esta resolviendo con una tuberías de fibra de carbono, ya hoy se están legalizando los servicios. (Aranzazo, 2008. En entrevista)

Fotos del barrio verbena Quiba de C.B

Foto de Villa Anita III de Usme

Fuente: Elaboración propia. Fotografías tomadas por Gloria E. Narváez

Durante las décadas de los años ochenta, noventa y los inicios del 2000, el curso de las aguas residuales o servidas ha sido la misma en los barrios de origen informal pues empiezan construyendo un alcantarillado por medio de zanjas o a cielo abierto por las vías de acceso. Algunas viviendas utilizan pozos sépticos y dejan fluir solo aguas jabonosas por las calles. Los barrios que tienen agua de mangueras o en Ciclo I, una vez se aprovisionan, conectan las mangueras al sifón 98 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

o canal de conducción de agua residuales para evitar concentración de olores. Cuando la EAAB decide legalizar el servicio de estos barrios genera un nuevo alcantarillado y desconoce el realizado por las comunidades porque carece de condiciones técnicas. La gestión del acceso al agua debe ser simultánea con la de la disposición de éstas en forma residual. El problema en estos barrios ha sido que el proceso de expansión del sur de

Bogotá

centraron la prioridad en el acceso porque era un asunto de sobrevivencia y les tocó convivir con las aguas residuales durante muchos tiempo, mientras les legalizaban el barrio o ellos mismos lo resolvían de manera artesanal, con esto se afectaron directamente la misma población y las fuentes naturales que se convirtieron en las receptoras de las aguas servidas. Hoy la EAAB no puede conducir el agua residual hacia cualquier caño o cuerpo de agua hasta que no tenga resuelto el trámite de licencia ambiental. Si la normatividad se hubiera aplicado con tal rigor el crecimiento de la ciudad no hubiera afectado las condiciones de las fuentes hídricas. Si hay algo que expresa miseria es no tener agua apta para el consumo humano ni alcantarillado, por las implicaciones para la salud en términos individuales y colectivos. Como se pudo observar en las entrevista, por esta etapa pasaron todos los barrios de origen informal, como si se tratara de un precio que debían pagar las familias, pero el verdadero precio que aún no se ha valorado es la responsabilidad que tienen el Distrito y la EAAB por la contaminación de las fuentes naturales, porque la población siempre ha pagado el alcantarillado. 3.5.4.2 Producción social de vivienda en el área de estudio en relación con el agua La vivienda popular, junto con el agua y el alcantarillado, es fruto de largos procesos que transformaron los territorios del área de estudio. Ésa es la razón por la cual se ha considerado valioso reflexionar sobre la noción de vivienda que tiene esta población. El hábitat en los sectores populares no es un discurso definido y acabado sino un proceso que no termina en el territorio, porque se trata de una producción que se forja colectivamente en el tiempo con la participación de las familias y de los vecinos. El concepto de vivienda de estos barrios no es el mismo que el utilizado en el lenguaje de los especialistas, porque adolece de los elementos técnicos y normativos propios de una vivienda de calidad, pero es la que construyó la gente con esfuerzos. Porque aunque el hábitat no es la vivienda, ésta sí hace parte del hábitat, y en el área de estudio fue determinante en el proceso de ocupación, sin

99 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

importar las denominaciones que la misma ciudad le da a esta forma de habitar y a los aprendizajes que adquirió la población en sucesivas etapas constructivas y tipologías edificatorias que les permitió ser, al tiempo, ingenieros, arquitectos, ebanistas, plomeros, pintores y abogados para defender la posesión o buscar la titulación. En la cotidianidad todo lo aprendieron a hacer, construyeron su propio hábitat en largos procesos de construcción social de diez o veinte años, y algunos de estos desarrollos continúan en consolidación. Como una manera de acercamiento al conocimiento y comprensión de las características del hábitat popular urbano se han tomado algunos elementos de abordaje del tema que han asumido algunos especialistas en el tema para comprender las tipologías edificatorias sobresalientes en el área de estudio 3.5.4.3 Esquema de las etapas constructivas y de las tipologías edificatorias Todos los barrios de ocupación informal sufren el mismo proceso de adecuación y, en consecuencia, de desarrollo progresivo, propio de la autoconstrucción: “La autoconstrucción implica un proceso lento, por etapas, a lo largo del cual y en la medida en que las posibilidades económicas, de mano de obra y conocimientos técnicos lo permitan se irá edificando el soñado refugio. Las etapas irán cobijando desde lo más apremiante, la protección del sueño y preparación de alimentos, hasta una complementación que brinde un mejor estar, espacios de socialización, de comercio o espacios para renta. Durante un largo proceso de consolidación, se irán definiendo y redefiniendo espacios, formas, secuencias, usos; todo aderezado con los valores que irradia el contexto dentro del cual se vive y construye” (Avendaño y Carvajalino, 2000: 1-17).

La anterior definición se puede transformar a un concepto de hábitat, vista desde el significado de la autoconstrucción, que recoge elementos como: soñar el refugio, preparar alimentos, un mejor estar, distribución y de redistribución de los espacios incluyéndole funciones productivas.

el proceso de expansión del sur de

Bogotá

Para entender un poco el fenómeno de estos desarrollos informales y sus edificaciones se manejarán una serie de tipologías edificatorias, las cuales se distinguen por la calidad de sus espacios y la forma como son construidas. De ese modo se tomará como referencia el texto de Avendaño y Carvajalino (2000) donde se señalan unas etapas constructivas las cuales se basan bajo el criterio del proceso progresivo que las viviendas de estos barrios de origen informal tienen, que en este caso serán trasformadas en “tipologías” para comprender qué arquetipos de viviendas se dieron y se dan en estos “barrios populares”.

Para Avendaño y Carvajalino existen cinco etapas de la vivienda progresiva: “El rancho, complementación básica, crecimiento de bienestar, adecuación de renta, independización bi o multifamiliar” (Avendaño, Carvajalino, 2000). Las cuales se han asumido para referenciar las tipologías edificatorias utilizadas en los casos tomados como referencia en esta investigación en las décadas de los ochenta, noventa y comienzos de los años 2000, con base en la identificación del tipo de edificación y de materiales constructivos a partir de la información suministrada por los entrevistados.

Cuadro 7 – Etapas Constructivas y de tipologías edificatorias Década

Década del 80

Década del 90

Barrios

Materiales Constructivos

Danubio Azul, Jerusalén-Potosí, Cazucá

Vivienda “Caja”

Madera rolliza, Tablas, Láminas de zinc, Paroi (tela asfáltica) o Polietileno y en pocos casos Ladrillo, Bloque y Cemento

Vivienda Unifamiliar

Con menor frecuencia se utiliza Madera rolliza, Tablas, Láminas de zinc (con un uso un poco mas técnico), desaparecen materiales como el Paroi (tela asfáltica) y ya se ve con mayor frecuencia el uso de Ladrillo, Bloque y Cemento

Barrios Creados en la Década del 80

Vivienda Unifamiliar

Se usa Ladrillo, Bloque, Cemento en algunos casos para realizar terrazas y un segundo piso para ampliar el número de habitaciones para la familiar, en algunos casos se sigue viendo tejados en Láminas de zinc.

Danubio Azul, Jerusalén-Potosí, Cazucá

Vivienda Unifamiliar Mejorada

Ladrillo, Bloque, y Cemento, en algunos casos se sigue viendo tejados en Láminas de zinc. Se usa el Baldosín y las Tabletas para enchapar los espacios húmedos (baños y cocinas). Aparece la carpintería (Madera, metal y vidrio) para puertas y ventanas

Vivienda Productiva

Ladrillo, Bloque, y Cemento. Se ve un mayor uso del Concreto tras la aparición de un Segundo piso y una terraza (En algunos casos) Se aumenta la carpintería (Madera, metal y vidrio) para puertas y ventanas

Barrios Creados en la Década del 90

Vivienda “Caja”

Madera rolliza, Tablas, Láminas de zinc, Paroi (tela asfáltica) o Polietileno y en pocos casos Ladrillo, Bloque y Cemento

Vivienda Unifamiliar

Vivienda Unifamiliar Mejorada

Ladrillo, Bloque, y Cemento, en algunos casos se sigue viendo tejados en Láminas de zinc. Aparece la carpintería (Madera, metal y vidrio) para puertas y ventanas

Vivienda Productiva

Vivienda Productiva Mejorada

Ladrillo, Bloque, y Cemento, El manejo del concreto para entrepisos de Segundo y Tercer piso además en el “reforzamiento” de la estructura, carpintería (Madera, metal y vidrio para puertas y ventanas). En algunos casos aparece el vitriblock.

El Triangulo, Caracoli, Los Olivos II

Barrios Creados en la Década del 80 Década del 2000

Tipo de Edificación

Danubio Azul, Jerusalén-Potosí, Cazucá

100 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

el proceso de expansión del sur de

Bogotá

Vivienda Unifamiliar Mejorada

Ladrillo, Bloque, y Cemento, en algunos casos se sigue viendo tejados en Láminas de zinc aunque en ciertos casos aparece un segundo piso (Concreto para el entrepiso). Aparece la carpintería (Madera, metal y vidrio) para puertas y ventanas

El Triangulo, Caracoli, Los Olivos II

Vivienda Productiva

Vivienda Productiva Mejorada

Barrios Creados en la Década del 2000

Vivienda “Caja”

Madera rolliza, Tablas, Láminas de zinc, Se deja de utilizar el Paroi (No se Fabrica) Polietileno y en pocos casos Ladrillo, Bloque y Cemento, Cabe aclarar que el manejo de estos materiales se hace un poco mas técnico.

Vivienda Unifamiliar

Con menor frecuencia se utiliza Madera rolliza, Tablas, Láminas de zinc, desaparecen materiales como el Paroi (tela asfáltica) y ya se ve con mayor frecuencia el uso de Ladrillo, Bloque y Cemento

Vivienda Unifamiliar Mejorada

Ladrillo, Bloque, y Cemento, en algunos casos se sigue viendo tejados en Láminas de zinc. Aparece la carpintería (Madera, metal y vidrio) para puertas y ventanas

Vivienda Productiva

Barrios Creados en la Década del 90

Década del 2000

Villa Anita III, Verbenal Quiba, Caserío El Manzano

Fuente: Elaboración propia

3.5.4.4 Tipologías de vivienda y su relación con el agua En los casos investigados se ha encontrado que la llegada del agua, su legalización y su acometida cambian el modo de pensar la casa, la distribución y calificación de los espacios, por ejemplo, el baño y la cocina adquieren nuevas significaciones, como se refleja en los siguientes textos:

“Cuando la gente no tiene el servicio del agua tiene unas construcciones muy rudimentarias o a veces en ladrillo pero muy mal hechas cuando tu llegas con el agua tu ves que la vivienda mejora pañetan, echan pisos, que es lo que pasa ya con la llegada del acueducto, la gente tiene la posibilidad de botar las agua negras y sabes que piso puedes construir, etc.” (Ariza, 2007. Entrevistado).

“Cuando llega el agua, hay un salto en el espacio arquitectónico y es que aparecen el baño y la cocina como sitios especializados, que en la construcción se llaman los espacios húmedos; la llegada del agua produce un cambio cualitativo indiscutiblemente; el hecho de que aparezca el espacio especializado hace que haya un salto cualitativo en la casa, por ejemplo, se deja de cocinar en el gran espacio. Aparecen la necesidad de enchapar, esto evita el deterioro de la paredes pañetadas que produce la humedad, ese momento es muy bonito pues llega la compra de los azulejos, de los baldosines, mejor dicho, es un momento muy bonito de la casa en términos tecnológicos y en lo que significa protegerse del agua” (Jiménez, 2007. En entrevista).

101 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

Las viviendas en los barrios de origen informal obedecen a un proceso que se da de manera gradual: acceder al suelo, luego al agua y al alcantarillado y construir la vivienda de toda la vida en dos o tres décadas, como único patrimonio que será heredado por los hijos. Durante ese tiempo se transforma el territorio, se construyen múltiples territorialidades, se aprende a amar el espacio y a los vecinos con los que han forjado relaciones duras, llenas de complicidades, de sobrevivencia de la cotidianidad, de apoyos mutuos que las hacen duraderas en el tiempo.

el proceso de expansión del sur de

Bogotá

Capítulo 4 Procesos socio-económicos El presente capítulo desarrolla dos grandes componentes: la caracterización socio-económica y de calidad de vida, y el agua, elemento natural considerado como servicio público en la producción de hábitat. El análisis de los procesos socio-económicos permite conocer las condiciones de vida y tipo de población que llegó a asentarse en este territorio, el tipo de vivienda y sus relaciones particulares con el acceso al agua, los niveles de formalización que fueron adquiriendo y la legalización de los barrios, como elementos centrales de la inclusión a la ciudad. Así mismo se establece la relación entre agua y legalización, regularización, pago de impuestos y servicios públicos, y se concluye que pertenecer a la ciudad cuesta. Se cuestionan los mecanismos de control al crecimiento informal de la ciudad que han sido asumidos como un asunto meramente normativo, mientras que la EAAB atiende la ciudad informal a través del Programa Ciclo I que es a su vez un mecanismo de control de pérdidas, que sigue las exigencias de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA–, que a su vez se orienta de acuerdo con las disposiciones dadas por parte de la Ley 142 de 1994. Como parte de la complejidad de la relación servicios públicos y legalización, se observa también el significado que tiene el legalizar un servicio y la construcción de grandes obras de infraestructura en la ciudad, que fácilmente terminan siendo aprovechadas por los urbanizadores piratas. Igualmente se aborda el significado que tienen el agua y los servicios públicos en general como parte de los derechos humanos, para finalmente mostrar su estado en el área de estudio, evidenciando los altos déficits del municipio de Soacha y ciertas condiciones de mejoría en la localidad de Usme. El análisis de los procesos socio-económicos, permitió identificar las condiciones de vida de 102 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

esta población, así como reafirmar la importancia del tema del agua como servicio público fundamental en la producción del hábitat. La información recopilada indica que hay gran recepción de población desplazada, con mayor presencia femenina, sobre todo mujeres cabeza de hogar, y además, niños y jóvenes. Los casos más contundentes de esta explosión demográfica son Ciudad Bolívar y la localidad 4 de Soacha, los cuales tuvieron sus orígenes en las décadas de los años setenta y ochenta, época en la que se arrasó con los territorios de Usme y Ciudad Bolívar, y en la que se dio la conurbación de la ciudad con el municipio de Soacha. En términos de fuerza laboral, se evidencia el aumento de población económicamente activa que se encuentra desocupada, lo que genera una perdida de capital humano tanto para la comunidad como para la ciudad. Este comportamiento conduce a que la población busque alternativas en el sector comercial, por lo cual éste se constituye en la principal actividad económica, en desmedro del desarrollo de la actividad industrial, que es la actividad que más mano de obra utiliza. En cuanto a la vivienda, se identifica que su uso no se restringe netamente a lo residencial, sino que se constituye en vivienda productiva, dedicada fundamentalmente a actividades comerciales de pequeña escala. Al ubicar este uso en el contexto de ciudad, se muestra una concentración de este tipo de viviendas productivas, cercana al 25%, del total de Bogotá. Sin embargo, aunque el sector estudiado muestra en los últimos años una mejoría en cuanto a las condiciones de calidad de vida (2003-2007), relacionadas con las inversiones sociales de las últimas administraciones de la alcaldía de Bogotá, sigue siendo el sector de la ciudad donde se han concentrado los mayores niveles de pobreza y de miseria. En

el proceso de expansión del sur de

Bogotá

El acceso al agua como elemento esencial del hábitat fue negado para los barrios de origen informal en sus primeros años de constitución por encontrarse en sectores que formalmente no habían sido reconocidos por la ciudad. Este acceso al agua no es un asunto netamente físico de conexión a una red matriz, sino de capacidad de pago por dichas familias, dado que según el estudio realizado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo –CID–, las familias de bajos ingresos asentadas en el territorio de estudio tienen que sacrificar una parte de su capacidad de compra, lo que perjudica los niveles de educación, salud y calidad de las condiciones de vida. El dilema en el que se debaten las comunidades asentadas en la zona de referencia, gira, por una lado, en torno a la legalización del barrio, el acceso permanente al servicio de agua potable, la tributación y la prestación provisional del servicio del agua por parte del acueducto (Ciclo I), y por otro lado, en torno al impacto generado por el pago de tarifas del servicio, lo cual indica que ser reconocido por la ciudad y entrar en las dinámicas legales de planeación, genera beneficios a la población y, paradójicamente, un impacto negativo en sus condiciones de vida. La afectación del conjunto de derechos derivados del ejercicio pleno del acceso al agua es la conexión con los servicios públicos. Esta ha sido una situación bastante notoria en los barrios de origen informal en donde su proceso de consolidación y de regulación puede tardar una, dos y hasta tres décadas. En una ciudad como Bogotá, el problema no es por escasez de agua sino por limitaciones en su disponibilidad. Este mecanismo es utilizado por el Distrito para controlar la expansión informal de la ciudad, que se da siempre sobre el borde y fuerza a la formación de nuevos perímetros, que finalmente son incluidos en largos procesos de regularización y de ordenamiento del territorio. Comprender los costos de la tarifa del agua implica, a su vez, conocer el mecanismo o modelo que lo regula. De allí la importancia de reconocer los cambios presentados entre el Estado Bienestar y el Neoliberal. En este último surge la Ley 142 de 1993, que orienta la privatización de

103 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

los servicios públicos. Esta investigación intenta desarrollar el debate de lo público o colectivo de los servicios públicos, para reforzar posturas que asumen lo colectivo como derechos y no como desmonte de lo público. Profundiza en el contenido de la estructura tarifaria y la forma perversa como se incrementan las tarifas de los estratos 1, 2 y 3, y le cambia la naturaleza a la empresa prestadora que para garantizar un servicio esencial pasa a regirse por la lógica de la empresa privada que la obliga a autofinanciarse con los ingresos de la venta del servicio, es decir, con las tarifas, obligando a las familias de menores ingresos a dejar de consumir bienes fundamentales, por destinar un buen porcentaje de sus ingresos para el pago de los servicios públicos.

4.1 Caracterización socio-económica y calidad de vida El siguiente análisis poblacional permite caracterizar el tipo de poblamiento que llegó al área de estudio entre las décadas del noventa y los primeros años 2000. Se observan varios cambios en rangos de edad que es importante tener en cuenta, dado que allí se registra un aumento de población joven y de población femenina, lo que hace presumir que se trata de llegadas masivas de población desplazada, fundamentalmente en Altos de Cazucá de Soacha, que sigue el comportamiento de Usme y Ciudad Bolívar. Al comparar las pirámides poblacionales de la localidad de Usme, correspondientes a 1993 y 2005, se puede determinar un crecimiento en la longevidad de los grupos de edad y una disminución de la población infantil entre los 0 y 4 años. Sin embargo, al revisar el comportamiento generado en 1993, se observa que el tipo de población que llegó a la zona al inició de la década de los noventa oscilaba entre 15 y 34 años, es decir, en una edad altamente reproductiva, conformada por familias jóvenes, lo cual indica el aumento de la población infantil de los rangos anteriores. Para mediados de la primera década del 2000, se comienza a registrar una reducción en la tasa de natalidad (ver gráfico No. 8 y en el anexo los cuadros No. 8 y 9).

el proceso de expansión del sur de

Bogotá

Gráfica 8 - Pirámide Poblacional (por sexo y grupos de edad). Expansión del Sur de Bogotá (Localidad de Usme) - (1993 - 2005) USME 1993

USME 2005

85 y m ás 80 a 84 75 a 79 70 a 74 65 a 69 60 a 64 55 a 59 50 a 54 45 a 49 40 a 44 35 a 39 30 a 34 25 a 29 20 a 24 15 a 19 10 a 14 5a 9 0a 4

Mu je r Ho mb re

Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda de 1993

Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda de 2005

Gráfico 9 - Pirámide Poblacional (por sexo y grupos de edad). Expansión del Sur de Bogotá (Localidad de Ciudad Bolívar) - (1993 - 2005) CIUDAD BOLÍVAR 2005

CIUDAD BOLÍVAR 1993 85 y m ás 80 a 84 75 a 79 70 a 74 65 a 69 60 a 64 55 a 59 50 a 54 45 a 49 40 a 44 35 a 39 30 a 34 25 a 29 20 a 24 15 a 19 10 a 14 5a 9 0a 4

85 y m ás 80 a 84 75 a 79 70 a 74 65 a 69 60 a 64 55 a 59 50 a 54 45 a 49 40 a 44 35 a 39 30 a 34 25 a 29 20 a 24 15 a 19 10 a 14 5a 9 0a 4

Mu je r Ho mb re

humanos, agua y territorio.

Ho mb re

Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda de 1993

104 A s e n t a m i e n t o s

Mu je r

Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda de 2005

el proceso de expansión del sur de

Bogotá

En Ciudad Bolívar se observa una tendencia similar a la de Usme, tan solo que las pirámides poblacionales son más robustas en la población de 14 a 34 años, lo que nos indica que la dinámica interna de esta localidad es más fuerte en cuanto a su ritmo de crecimiento, participación porcentual y volumen de población (ver grafico No. 9 y en el anexo ver cuadros No. 10 y 11). En el caso del municipio de Soacha se observa cómo en 2005 en los grupos de edad entre los 15 a los 34 años hay un cambio de ritmo de crecimiento poblacional hacia la disminución en comparación con las edades más avanzadas, y una variación abrupta hacia el crecimiento entre los 5 a los 14 años al incrementarse el volumen de personas de ambos sexos, para volver nuevamente a una dinámica más lenta de crecimiento

en el grupo de población infantil (entre 0 y 4 años) (ver grafica No. 10 y en el anexo el cuadro No. 12). Gráfica 10 - Pirámide Poblacional (por sexo y grupos de edad). Expansión del Sur de Bogotá (Municipio de Soacha) - (2005) SOACHA TOTAL 85 y m ás 80 a 84 75 a 79 70 a 74 65 a 69 60 a 64 55 a 59 50 a 54 45 a 49 40 a 44 35 a 39 30 a 34 25 a 29 20 a 24 15 a 19 10 a 14 5a 9 0a 4

M u je r H o m b re

Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda de 2005 Gráfica 11 - Pirámide Poblacional (por sexo y grupos de edad). Expansión del Sur de Bogotá (Municipio de Soacha - Localidad 4 y 6) - (2005) SOACHA LOCALIDAD 4

SOACHA LOCALIDAD 6

85 y m ás

80 a 84

M u je r

75 a 79 70 a 74

Mu je r

75 a 79

Ho m b re

Ho mb re

70 a 74

65 a 69

60 a 64

55 a 59

50 a 54

45 a 49

40 a 44

35 a 39

30 a 34

25 a 29

20 a 24

15 a 19

10 a 14

5a 9

0a 4

0a 4 8%

Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda de 2005

humanos, agua y territorio.

dente en la localidad de Altos de Cazucá, de Soacha, en razón de que su dinámica de poblamiento se acentúa en los años noventa y aún se encuentra en proceso de consolidación. La localidad 6 (parte plana) tiene un proceso de conformación más antiguo que en estos momentos ya tiene un alto grado de consolidación y, por lo mismo, es más difícil de

El cuanto al ritmo de crecimiento registrado en las pirámides poblacionales de las localidades 4, Altos de Cazucá, y 6, del municipio de Soacha, durante el año 2005 se observa que el impacto del efecto migratorio por el desplazamiento forzado es más evi105 A s e n t a m i e n t o s

el proceso de expansión del sur de

Bogotá

permear por los efectos migratorios; éste muestra dos momentos de corte: (1) en el grupo de 30 a 34 años, (2) el aumento de población de 5 a 14 años no corresponde con el ritmo de crecimiento originario, lo cual indica que puede representar el aumento de hogares con mujeres cabeza de hogar y sus respectivos hijos,; esta zona tiene un alto porcentaje de jóvenes, mientras hay una disminución de hombres entre 15 y 34 años. Lo anterior refuerza los datos sobre población desplazada que dicen que son las mujeres cabeza de familia las que están migrando de manera prioritaria a estos sectores debido a que por lo general en los eventos de desplazamiento los hombres se separan de sus familias para no correr

el riesgo de ser reclutados o asesinados (ver gráfica No. 11 y en el anexo los cuadros No. 13 y 14).

4.1.1 Aspectos laborales y económicos Los aspectos laborales y económicos de la población ubicada en la zona de estudio demuestran, a través de indicadores y tasas relacionadas con la fuerza laboral, la relación existente entre la dinámica económica y las llamadas viviendas productivas. Con respecto al mercado laboral, se realiza un análisis con base en variables y tasas calculadas por la Secretaría Distrital de Planeación –SDP–, utilizando como fuente de información la Encuesta de Calidad de Vida realizada conjuntamente con el DANE, para

los años 2003 y 200760, aunque la información de 2003 fue re-calculada61 por la SDP para hacer los resultados comparables con los de 2007. Gráfica 12 Variables poblacionales e Indicadores de Fuerza Laboral Expansión del Sur de Bogotá (Usme y Ciudad Bolívar) - (2003 y 2007)

Variables Poblacionales de Fuerza Laboral

Indic adores de Fuerza Laboral 60,00%

500.000 450.000

0,00% Usme 2003

Usme 2003

Usme 2007 Ciudad Bolívar 2003

Población Desocupada

Población Economicamente Activa

Usme 2007

Ciudad Bolívar 2007

Población en Edad de Trabajar

Tasa de Desempleo

Población Ocupada

47,58%

47,78%

42,43%

Ciudad Bogotá D.C. Bolívar 2007 2003

Tasa de Ocupación

51,59%

52,78%

48,18%

53,06% 45,79%

Ciudad Bolívar 2003

7,78%

9,47%

10,00%

50.000

11,94%

100.000

10,57%

20,00%

150.000

52,13%

47,89%

30,00%

200.000

47,41%

250.000

13,70%

40,00%

300.000

9,05%

350.000

53,55%

50,00%

400.000

Bogotá D.C. 2007

Tasa Global de Participación

60 Sin embargo, pese a lo valioso de la información suministrada por las Encuestas de Calidad de Vida de los años 2003 y 2007, tan solo se estaría cubriendo el comportamiento de los últimos cinco años del período de estudio y las localidades de Usme y Ciudad Bolívar. Queda por fuera del análisis respectivo del municipio de Soacha y en términos generales las décadas de los años ochenta y los noventa, porque la representatividad de dicha encuesta se diseñó de forma exclusiva para las localidades de Bogotá a petición de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 61 La SDP re-calculó los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida de 2003 para Bogotá mediante la utilización de un nuevo factor de expansión, a partir de los datos del censo del 2005.

106 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

el proceso de expansión del sur de

Bogotá

Fuente: SDP - DANE (ECV 2003 recalculado SDP - 2007) Cuadro 8 - Variables e Indicadores de la Fuerza Laboral. Expansión del Sur de Bogotá - (2003 y 2007)

Fuente: SDP - DANE (ECV 2003 recalculado SDP - 2007) - Las variaciones son cálculos propios (1) Localidades de Bogotá D.C. (2) Variables: Población Desocupada (PD), Población Económicamente Activa (PEA), Población en Edad de Trabajar (PET), y Población Ocupada (PO) (3) Tasas: Tasa de Desempleo (TD), Tasa de Ocupación (TO) y Tasa Global de Participación (TGP)

Nota: consulta realizada en la página www.sdp.gov.co el 20 de abril de 2008

los volúmenes menores de población son más sensibles a los cambios o variaciones, los cuales a medida que incrementa la población tienden a ser menos notorios, pero involucran un gran número de personas. Profundizando en el comportamiento de la PEA, la variación observada en la población ocupada64 –PO–, muestra que el mayor ritmo de crecimiento lo registró la localidad de Usme (16,57%), por encima de la población ocupada en toda la ciudad

La población en edad de trabajar –PET–62 mostró para las localidades de Usme y Ciudad Bolívar un incremento superior al total de Bogotá (12,49%), donde alcanzó un 17,75% y un 15,38% respectivamente, lo cual evidencia que la dinámica de crecimiento de la oferta laboral supera el comportamiento mismo de la ciudad capital. Hay una mayor población disponible para integrarse al mercado laboral y la ciudad no logra generarle alternativas. Es de anotar que esta fuerza laboral no está lo suficientemente calificada y, por tanto, está ubicada en rangos de servicios. A partir de la población en edad de trabajar se concluye que la población económicamente activa –PEA–63 en la localidad de Usme se incrementó (14,63%) por encima de los niveles de crecimiento de la ciudad (9,94%), mientras que en Ciudad Bolívar el incremento se acercó a la mitad del registrado para Bogotá (4,78%). Sin embargo, los mayores volúmenes de población en edad de trabajar los concentra Ciudad Bolívar que para 2007 alcanzó una PEA de 224.394, mientras que Usme apenas alcanzó a 128.885. El anterior comportamiento obedece a que 107 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

62 La población en edad de trabajar –PET–, está constituida por las personas de 10 años y más. Se divide en población económicamente activa y población económicamente inactiva. 63 La población económicamente activa –PEA–, es también conocida como fuerza de trabajo y está conformada por las personas en edad de trabajar que en la semana de referencia (semana inmediatamente anterior a aquella en la cual se realiza la encuesta) ejercieron o buscaron ejercer una ocupación remunerada en la producción de bienes y servicios y por los ayudantes familiares que trabajaron sin remuneración en una empresa familiar por lo menos 15 horas semanales. Esta población se divide en ocupados y desocupados. 64 En Colombia los estudios de fuerza de trabajo, como la Gran Encuesta Integrada de Hogares, tradicionalmente consideran dentro del estudio del mercado laboral el concepto de población ocupada –PO– como las personas que en la semana de referencia: (1) trabajaron la mayor parte del tiempo, (2) trabajaron por lo menos una hora remunerada, (3) no trabajaron pero tenían trabajo, o (4) los trabajadores sin remuneración que trabajaron por lo menos una hora.

el proceso de expansión del sur de

Bogotá

(12,01%). Mientras que Ciudad Bolívar escasamente superó la mitad del ritmo de ocupación de la población con respecto a Bogotá (6,92%). Sin embargo, la dinámica demográfica en materia laboral es más densa en cuanto a número de habitantes en edad de trabajar en Ciudad Bolívar. Por otra parte, el caso de la población desocupada65 –PD–muestra un efecto inverso al comparar los resultado del 2007 con respecto al 2003, en los cuales, sorpresivamente, el menor ritmo de disminución de este tipo de población se encontró en la localidad de Usme (-1,80%), mientras que Ciudad Bolívar fue más sensible en su variación (-8,69%). Aunque el comportamiento de ninguna de las localidades estudiadas superó el ritmo de disminución de la población desocupada en la ciudad de Bogotá (-9,78%). Para complementar el anterior análisis demográfico de la fuerza laboral, se utilizan la tasa de desocupación66 –TD–, la tasa de ocupación67 –TO–y la tasa global de participación68 –TGP–. Con las cuales se detectó que el desempleo en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar registró una importante reducción en 2007 con respecto 2003. Adicionalmente, la TO muestra la magnitud de la población ocupada con respecto a la PET, cuyo comportamiento indica que para Bogotá y las localidades estudiadas no se alcanza ni al 50%, es decir, que aunque la calidad de vida tiende a mejorar con los niveles de ingresos de los hogares, alrededor de la mitad de la población en edad de trabajar está siendo aprovechada como capital humano por la dinámica de la zona estudiada y la ciudad de Bogotá, pero queda un importante margen por fuera de estas posibilidades de mejorar su nivel de vida.

la que están vinculadas. Es de anotar que en buena proporción la economía local de estos sectores populares está asociada con la vivienda productiva (ver cuadro No. 8). La participación de las viviendas productivas o unidades económicas vinculadas a vivienda, con respecto al total de unidades económicas69, alcanza para la zona estudiada un importante 44,47% (22.761), en donde Ciudad Bolívar y Soacha lo superan con 51,99% (8.643) y 47,46% (8.906) respectivamente, mientras que Usme se mantiene por debajo del comportamiento de dicha zona con 33,01% (5.212). Al revisar el comportamiento de las localidades del municipio de Soacha, objeto del presente estudio, se observa que la localidad 4 registra para la unidades económicas asociadas a vivienda, una participación de 68,17% (1.632), lo cual significa una altísima representatividad de la vivienda productiva, que para la localidad 6 de Soacha dicha participación de este tipo de unidades económicas alcanza el 32,65% (1.051). Por tanto, al comparar la participación de la zona estudiada con la ciudad de Bogotá, esta última representa un 22,64% (81.634) y Bogotá sumado a Soacha un 23,87% (90.540), lo que da como resultado una duplicación en su comportamiento (ver gráfica 13 y cuadro 9).

65 El concepto de población desocupada –PD–, se refiere a las personas que en la semana de referencia no tenían empleo y: (1) buscaron trabajo la mayor parte del tiempo, (2) hicieron diligencias el último mes para encontrar uno y además estaban disponibles para trabajar, o (3) no hicieron diligencias en el último mes, pero sí en los últimos 12 meses y estaban disponibles para empezar a trabajar. 66 La tasa de desempleo –TD–, relación entre PD y la PEA, es un indicador del desempleo. Como la PEA está conformada por las personas en edad de trabajar que trabajan (ocupados) o desean trabajar (desocupados), la TD varía entre 0 y 100.

4.1.1.1 Vivienda productiva y actividad económica El proceso de expansión del sur de Bogotá en los territorios seleccionados se identifica, para el presente siglo, con la participación de unidades económicas asociadas a vivienda o vivienda productiva, discriminadas según su actividad económica, mediante la identificación de su participación respecto al total de unidades económicas y al tipo de actividades a

108 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

67 La tasa de ocupación –TO–, es la relación entre PO y la PET, y se constituye en indicador de ocupación. 68 La tasa global de participación –TGP–, es un indicador del tamaño relativo de la oferta laboral y constituye la relación entre la población, la PEA y la PET. 69 Las unidades económicas se encuentran vinculadas a las actividades económicas industriales, comerciales y de servicios, principalmente. Además de unidades auxiliares tipo gerencia, entre otras.

el proceso de expansión del sur de

Bogotá

Gráfica 13 – Tipo de Unidades económicas por territorio. Expansión del Sur de Bogotá (Usme, Ciudad Bolívar y Soacha) - 2005 Tipo de Unidades Económicas - 2005 70,00% 60,00%

52,54% 47,46%

20,00%

51,99%

30,00%

33,01%

40,00%

48,01%

66,99%

50,00%

10,00%

(1) Localidades de Bogotá D.C. (2) Municipio del departamento de Cundinamarca Nota: Los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2005, no contemplan información rural para la localidad de Ciudad Bolívar

0,00% Usme Ciudad Bolívar

Unidades Asociadas a Vivienda

Soacha

Unidades Independientes

Fuente: DANE (Censos Nacional de Población y Vivienda de 2005) - cálculos propios Cuadro 9 - Unidades económicas por tipo (según territorios y áreas) (participación %). Expansión del Sur de Bogotá (Usme, Ciudad Bolívar y Soacha) - 2005

Fuente: DANE (Censos Nacional de Población y Vivienda de 2005) - cálculos propios (1) Localidades de Bogotá D.C. (2) Municipio del departamento de Cundinamarca Nota: Los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2005, no contemplan información rural para la localidad de Ciudad Bolívar 109 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

el proceso de expansión del sur de

Bogotá

Al analizar la participación de los territorios con respecto a su contexto o referente, correspondiente al total de la zona estudiada e incluso Bogotá conurbada con el municipio de Soacha, se observa en el primer caso que las viviendas productivas se concentran en el municipio de Soacha con un 39,13% (8.906) de participación, seguido de Ciudad Bolívar con un 37,97% (8.643), y en último lugar se ubica Usme con

un 22,90% (5.212). Mientras que para el segundo caso que toma como referente a Bogotá incluyendo Soacha, se encuentra que el conjunto de unidades económicas asociadas a vivienda, ubicadas en los territorios de la zona estudiada, representan un 25,14% (22.761), equivalente a una cuarta parte que evidencia una alta concentración de la vivienda productiva y su importancia para la ciudad (ver cuadro No. 9)

Cuadro 10 - Unidades económicas por tipo (participación % entes territoriales y áreas). Expansión del Sur de Bogotá (Usme, Ciudad Bolívar y Soacha) – 2005.

humanos, agua y territorio.

el proceso de expansión del sur de

Bogotá

Adicionalmente, al relacionar las unidades económicas asociadas a vivienda con la actividad económica, se encontró que la mayor participación la registra el comercio con un 49,67% (11.305). Este comercio es de menor escala y se refleja en tiendas de barrio, pequeñas distribuidoras de corte familiar y microempresarial. Las unidades económicas asociadas a la vivienda se encuentran vinculadas con la actividad de servicios en un 23,59% (5.369) y de industria en un 12,73% (2.897). Al analizar más a profundidad los territorios seleccionados se observa que Ciudad Bolívar y Soacha, en materia comercial, registran una participación de 50,93% (4.402) y 52,25% (4.653) respectivamente, lo cual se agudiza aún más en la localidad 4 de Soacha con un 62,99% representado en (1.028) (ver cuadro 18).

El territorio de Soacha está siendo utilizado para otras inversiones, pero su población no se beneficia. Este municipio, en el país, es el segundo en actividad industrial después de Yumbo, en el Valle del Cauca, pero esto no se ve revertido en mejoramiento de la calidad de vida de la población, en razón de que su territorio históricamente ha sido utilizado para la reubicación industrial de Bogotá, la que genera altos niveles de contaminación. En términos generales, las viviendas productivas se concentran en la actividad comercial con cifras cercanas al 50%, seguida de servicios 23,59% e industria con 12,73% dado que la escala industrial de las empresas familiares es incipiente, lo que evidencia que el negocio de la gran industria ubicada allí está concentrado en grandes propietarios (ver cuadro No. 10).

Cuadro 11 - Unidades Económicas Asociadas a Vivienda, por actividad económica (según territorios y áreas) (participación %)

Fuente: DANE (Censos Nacional de Población y Vivienda de 2005) - cálculos propios (1) Localidades de Bogotá D.C. (2) Municipio del departamento de Cundinamarca (3) Unidades económicas donde no suministraron información, que permitiera determinar a que actividad económica pertenecía. Nota: Los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2005, no contemplan información rural para la localidad de Ciudad Bolívar 111 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

el proceso de expansión del sur de

Bogotá

En el cuadro No. 11 se hace un análisis comparativo con respecto a Bogotá, en el cual las viviendas productivas destinadas a la actividad comercial adquieren una concentración del 12,93% en la localidad de Ciudad Bolívar y del 13,67% en el municipio de Soacha. Igualmente, las zonas señaladas son las que concentran mayor actividad económica de la zona estudiada, que en promedio es de las dos terceras partes.

Adicionalmente, el comportamiento de la vivienda productiva en la cabecera del municipio de Soacha evidencia que la localidad 4, que corresponde a Altos de Cazucá, es la que concentra el mayor porcentaje de vivienda productiva en el municipio el cual corresponde al 18,76%, y en el que sobresale la actividad comercial con un 22, 60%.

Cuadro 12 - Unidades Económicas Asociadas a Vivienda, por actividad económica (participación % de territorios y áreas) - Expansión del Sur de Bogotá (Usme, Ciudad Bolívar y Soacha) – 2005

112 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

el proceso de expansión del sur de

Bogotá

4.1.2 Calidad de vida, pobreza y desigualdad

En la ciudad de Bogotá el porcentaje de pobreza de personas en el 2003 era de 8,50%, mientras que el de hogares era del 6%, que al ser comparados con los datos del 2007 registró un 7% y un 5%, respectivamente. Lo cual significa una reducción en el indicador de pobreza de 1,50 puntos en personas y en el de hogares 1 punto porcentual. En relación con la zona de estudio se puede observar que la pobreza en personas, en el caso de Usme, logró una reducción de 3,80 puntos, mientras que en Ciudad Bolívar se mantuvo y, por tanto, no mostró ninguna variación. Sin embargo, en el caso de los hogares, Usme registró una reducción de la pobreza menor de 2,90 y Ciudad Bolívar alcanzó a registrar un aumento de 0,10 puntos. En el comportamiento de la miseria se mantiene la misma tendencia, Usme disminuyó y Ciudad Bolívar aumentó, esto de alguna manera logra explicarse en el sentido de que el crecimiento informal y la llegada de población desplazada en Ciudad Bolívar se incrementó en relación con Usme. Su comportamiento en el caso de personas no presentó ningún tipo de variación, mientras que en hogares se incrementó ligeramente 0,10 puntos. En el caso de miseria a nivel de personas y de hogares se mantiene una variación de 0,50 puntos, por tanto este territorio es persistente en términos de miseria (ver cuadro 12).

Durante los años que han transcurrido de la primera década del 2000, la concentración de la pobreza, la desigualdad y la calidad de vida de los asentamientos humanos ubicados en la zona de expansión del sur de Bogotá, se pueden analizar a través de los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI– y el Índice de Condiciones de Vida –ICV–. 4.1.2.1 Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI– Con el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI–70, se indagó sobre la calidad de vida de las personas y los hogares asentados en la zona de estudio durante los años 2003 y 2007, en los que se aplicaron las más recientes encuestas de calidad de vida, “En América Latina, el método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) ha significado un importante aporte para la identificación de ciertas carencias críticas de la población y la caracterización de la pobreza” (Cepal, Feres y Mancero, consultado mayo, 2008), este método de cálculo se basa netamente en lo físico-espacial, dejando de lado otros aspectos cualitativos esenciales de la calidad de vida

70 Las Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI–, se definen como las carencias que tienen las personas y/o hogares en ciertos bienes y servicios que se consideran básicos para su subsistencia. Las NBI están definidas por los siguientes cinco indicadores: 1. Viviendas inadecuadas; 2. Hacinamiento crítico; 3. Servicios inadecuados; 4. Alta dependencia económica; 5. Inasistencia escolar.

113 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

el proceso de expansión del sur de

Bogotá

Gráfica 14 - Distribución de Personas y Hogares por Indicadores de NBI - Expansión del Sur de Bogotá (2003 y 2007) Distribución de Personas por Indicadores de NBI %

Usme -2003 Usme -2007 Ciudad Bolívar 2003

13,90

13,80

12,00

5,00

6,00 3,20

Dependencia Económica Inasistencia Escolar

0,70

2,00

Miseria

2,70

4,00

Servicios Inadecuados

0,50

0,90

4,30

1,30

0,00

3,8

Pobreza 2,10

4,00 2,30

Inasistencia Escolar

Hacinamiento Crítico

6,00

Dependencia Económica

6,00

Vivienda Inadecuada

8,00

Servicios Inadecuados

7,00

8,50

8,00

2,00

10,00

Hacinamiento Crítico

10,00

9,10

Vivienda Inadecuada

1,00

12,00

1,80

17,4

12,00

11,70

14,00

17,40

14,00

15,50

18,00 16,00

Distribución de Hogares por Indicadores de NBI %

Pobreza Miseria

0,00 Usme -2003 Usme -2007

Ciudad Bogotá D.C. Bogotá D.C. Bolívar -2003 -2007 2007

Ciudad Bolívar 2003

Ciudad Bogotá D.C. - Bogotá D.C. Bolívar 2003 2007 2007

Fuente: SDP - DANE (ECV 2003 recalculado SDP - 2007) – las variaciones son cálculos propios (1) Localidades de Bogotá D.C. Nota: consulta realizada en la página www.sdp.gov.co el 20 de abril de 2008 Cuadro 13 - Distribución de Personas y Hogares por Indicadores de NBI - Expansión del Sur de Bogotá (2003 y 2007)

Fuente: SDP - DANE (ECV 2003 recalculado SDP - 2007) - Las variaciones son cálculos propios (1) Localidades de Bogotá D.C. Nota: consulta realizada en la página www.sdp.gov.co el 20 de abril de 2008

114 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

el proceso de expansión del sur de

Bogotá

4.1.2.2 Índice de Condiciones de Vida –ICV– Para analizar la calidad de vida de la población ubicada en la zona de estudio, se revisó el Índice de Condiciones de Vida –ICV–72 discriminado en sus cuatro factores y sus respectivas variables. Dichos factores son: (1) acceso y calidad de servicios públicos, (2) educación y capital humano, (3) tamaño y composición del hogar, y, (4) calidad de la vivienda. Los factores donde se concentró el presente análisis73 con respecto al estudio adelantado en esta tesis, corresponden a: acceso y calidad de servicios públicos, y calidad de la vivienda, los cuales a través de sus variables componentes acercan más al área estudiada. Al mirar el ICV, lo que interesa es identificar el ritmo de variación entre el 2003 y el 2007. Para

el caso de Usme se mejoraron estas condiciones en 2,57%, lo cual es casi tres veces la mejoría lograda del total de la ciudad que es 0,87%. Sin embargo para el caso de Ciudad Bolívar se observa una mejoría marginal que se expresa en un 0,28%, tres veces por debajo de la ciudad. No obstante en los aspectos de interés de esta investigación como son el acceso y calidad de los servicios, y la calidad de la vivienda, el mejoramiento no fue significativo porque disminuyeron los factores de acceso y calidad de los servicios (-0.77%) y calidad de vivienda (-1,47%). No obstante Usme registró el mayor porcentaje del factor calidad de vivienda con un 1,64% comparado con Ciudad Bolívar y Bogotá (ver cuadro No. 13).

Gráfica 15 - Índice de Condiciones de Vida de los Hogares por factores - Expansión del Sur de Bogotá (Usme y Ciudad Bolívar) - (2003 y 2007) Indice de Condiciones de Vida de los Hogares ICV - por factores 100,00

90,06

89,28

83,74

83,51

70,00

82,91

80,00

85,04

90,00

60,00

Acceso y Calida de los Servicios Educación y Capital Humano

50,00 40,00

Tamaño y Composición del Hogar

30,00

Calidad de la Vivienda

20,00

ICV

10,00 0,00 Usme - 2003

Usme - 2007

Ciudad Ciudad Bogotá D.C. - Bogotá D.C. Bolívar - 2003 Bolívar - 2007 2003 2007

Fuente: SDP - DANE (ECV 2003 recalculado SDP - 2007) – Las variaciones son cálculos propios (1) Localidades de Bogotá D.C. Nota: consulta realizada en la página www.sdp.gov.co el 20 de abril de 2008

73 Para el presente estudio, solo se encontró disponible el índice de Condiciones de Vida para las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, correspondiente a los años 2003 y 2007. Cuya variación nos indica el ritmo de mejoría de las condiciones de vida de la población de estas localidades durante lo transcurrido del presente siglo. Quedaron sin cubrimiento las décadas de los ochenta y noventa, así como el municipio de Soacha, por ausencia de información (ver cuadro No. 24).

72 El Índice de Condiciones de Vida –ICV– fue construido por la Misión Social, Departamento Nacional de Planeación –DNP–, el cual se encarga de medir el estándar de vida mediante la combinación de variables de capital humano, con variables de acceso potencial a bienes físicos y con variables que describen la composición del hogar. Este índice asigna a cada hogar un puntaje que varía entre 0 y 100, que aumenta cuando mejoran las condiciones de vida del hogar; es decir, que a mayor puntaje, mejores son las condiciones de vida de la población analizada. Fuente: www.sdp gov.co (página consultada el 20 de abril de 2008).

115 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

el proceso de expansión del sur de

Bogotá

Cuadro 14 - Índice de Condiciones de Vida de los Hogares por factores - Expansión del Sur de Bogotá (Usme y Ciudad Bolívar) - (2003 y 2007)

• Factor 1: acceso y calidad de servicios Este factor74 asigna a cada hogar un puntaje que varía entre (0,00 y 27,42), aumentando cuando mejoran las condiciones de acceso y calidad de los servicios con que cuenta el hogar; es decir, que a mayor puntaje, mejores son las condiciones de vida de la población analizada. La EAAB ha logrado una cobertura del 100% de los barrios legalizados. Los datos que a continuación se van a examinar corresponden a los asentamientos de origen informal. Este es un pro-

ceso de crecimiento de la ciudad que no se ha logrado controlar. Basado en lo anterior se puede inferir que el comportamiento negativo en 2007 con respecto a 2003 obedece a la situación que viven los barrios que no han sido legalizados, en ese sentido Ciudad Bolívar que es una de las localidades de Bogotá donde no se ha podido controlar el crecimiento informal sigue registrando las mayores variaciones negativas en las variables de eliminación de excretas (-3,93%) y abastecimiento de agua (-0,86%).

74 Las variables que componen el factor 1 son: (1) Eliminación de excretas. Categorías: No tiene servicio sanitario, inodoro conectado a pozo séptico, inodoro sin conexión, letrina, bajamar, inodoro con conexión a alcantarilla. (2) Fuente de abastecimiento de agua. Categorías: río, quebrada, manantial, nacimiento, agua embotellada, pozo, lluvia, aljibe, pila pública, carro-tanque, aguatero, acueducto por tubería, otra fuente por tubería. (3) Combustible empleado para cocinar. Categorías: leña, carbón, material de desechos, no cocinan, petróleo, gasolina, gas, electricidad. (4) Recolección de basuras. Categorías: la tiran a un patio, la queman o entierran, la tiran a un río, recolección pública.

116 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

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Bogotá

Gráfica 16 - Índice de Condiciones de Vida de los Hogares (Factor 1: Acceso y Calidad de Servicios). Expansión del Sur de Bogotá (Usme y Ciudad Bolívar) - (2003 y 2007) Indice de Condiciones de Vida de los Hogares - ICV Factor 1: Acceso y Calidad de Servicios

27,21

27,22

26,99

27,20

27,17

25,00

27,18

30,00

20,00

Eliniminación de Excretas Recolección de Basuras

15,00

Combustible empleado para cocinar

10,00

Abastecimiento de Agua Factor 1: Acceso y Calidad de Servicios

5,00 0,00 Usme - 2003

Usme - 2007

Ciudad Ciudad Bogotá D.C. Bolívar - 2003 Bolívar - 2007 2003

Bogotá D.C. 2007

Cuadro 15 - Índice de Condiciones de Vida de los Hogares (Factor 1: Acceso y Calidad de Servicios). Expansión del Sur de Bogotá (Usme y Ciudad Bolívar) - (2003 y 2007)

117 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

el proceso de expansión del sur de

Bogotá

• Factor 4: calidad de la vivienda Este factor75 asigna a cada hogar un puntaje que varía entre 0,00 y 12,90, que aumenta cuando mejoran las condiciones de calidad de la vivienda del hogar; es decir, que a mayor puntaje, mejores son las condiciones de vida de la población analizada. La variación en materia de calidad de la vivienda arroja un incremento positivo exclusivamente para Usme de 1,64%, lo cual obedece a que se mejoraron los materiales utilizados para los pisos de estas

viviendas en un 3,57%, esto alcanzó a neutralizar la variación negativa del material predominante de las paredes que fue del -0,17% . Estos elementos de condiciones de vida en términos de materiales de pisos y paredes aportan para la reducción del déficit cualitativo de las viviendas, así mismo es un punto indicativo en la definición de la estratificación socio-económica sobre la cual se rigen las tarifas de servicios públicos como agua y alcantarillado al igual que el otorgamiento de subsidios.

Gráfica 17 - Índice de Condiciones de Vida de los Hogares (Factor 4: Calidad de la Vivienda). Expansión del Sur de Bogotá (Usme y Ciudad Bolívar ) - (2003 y 2007)

12,30

12,34

11,39

11,56

11,62

14,00

11,81

Indice de Condiciones de Vida de los Hogares - ICV Factor 4: Calidad de la Vivienda

12,00 10,00

Material Predominante de Pisos de Vivienda

8,00 Material Predominante de Paredes de Vivienda

6,00 4,00

Factor 4: Calidad de la Vivienda

2,00 0,00 Usme - 2003

Usme - 2007

Ciudad Ciudad Bogotá D.C. - Bogotá D.C. Bolívar - 2003 Bolívar - 2007 2003 2007

75 Las variables que componen el factor 4, son: (1) material predominante de las paredes. Categorías: sin paredes, guadua, caña, esterilla y otro material –madera burda, bahareque, zinc, tela, cartón, latas, desechos, adobe o tapia pisada, ladrillo, bloque, material prefabricado, y (2) Material predominante de los pisos de la vivienda. Categorías: tierra o arena, madera burda, tabla, tablón, cemento, baldosín, ladrillo, madera pulida, mármol, alfombra, tapete.

118 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

el proceso de expansión del sur de

Bogotá

Cuadro 16 - Índice de Condiciones de Vida de los Hogares (Factor 4: Calidad de la Vivienda). Expansión del Sur de Bogotá (Usme y Ciudad Bolívar ) - (2003 y 2007)

4.2 Agua, servicios públicos y producción del hábitat

la factura es el mecanismo que propicia el camino hacia la legalización y la mayoría termina pagándola no solo para no quedar desconectados, sino también para ganar legitimidad.

El agua es fundamental para la definición del hábitat, por ser motor de articulación en las dinámicas de ocupación del territorio y de consolidación del tejido social por parte de la población de escasos recursos. Estos asentamientos crecen casi siempre con la dificultad de encontrarse por fuera del perímetro de la prestación de los servicios públicos, situación que les dificulta el acceso a unas óptimas condiciones de habitabilidad. Con los avances de los procesos de privatización en el país, la tendencia ha sido administrar los servicios públicos de manera empresarial. Cada nueva ocupación es un cliente. Sin importar en que condición de riesgo geológico se encuentre ubicada la vivienda, le llega la luz y con ella una factura de cobro, también empieza a llegar el agua con una tarifa mínima, porque estos asentamientos han sido considerados por la EAAB como la principal fuente de pérdidas negras. La población ha considerado que 119 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

4.2.1 Esquemas de prestación y desarticulación de políticas de servicios públicos Hacia los años ochenta la estructura de la prestación de los servicios públicos estaba a cargo del Estado, en la concepción de intervención en la economía, como una figura de protección pública a sus habitantes, sin lograr convertirse en un verdadero Estado de Bienestar. Era su deber garantizar el suministro de los servicios públicos y, por lo tanto, un derecho de los ciudadanos el acceder a éstos. Los servicios de agua potable y alcantarillado estaban a cargo del Gobierno Nacional a través de un sistema de administración centralizada en cabeza del desaparecido Instituto de Fomento Municipal –Insfopal–. En los años ochenta hizo crisis el modelo estatal asistencialista con argumentos como la corrupción, la En

el proceso de expansión del sur de

Bogotá

ineficiencia y la burocratización, que fueron desprestigiando las empresas públicas que en ese tiempo tenían la tendencia de formarse como empresas monopólicas a cargo del Estado. Este fue parte del mecanismo para avivar el debate sobre “nuevas” teorías en torno a la reconceptualización del papel del Estado en la economía, reconocidas como neoliberalismo. Estas políticas se empezaron a aplicar en América Latina, primero en Chile, luego en México y Argentina. Este período también Colombia buscó el mecanismo para justificar la aplicación de este modelo. La Constitución de 1991 definió las políticas sociales de Estado e hizo énfasis en el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, así se orientó a solucionar las necesidades relacionadas con el saneamiento ambiental y de agua potable, junto con otros temas como salud y educación, temas que son prioritarios en el gasto público social. Sin embargo, una de las críticas que se le han formulado es su ambigüedad, ya que de forma simultánea aparecen elementos de intervención estatal con postulados neoliberales. Con ella se inicia el proceso de privatizaciones y se promueven los subsidios para los más pobres como mecanismo idóneo para facilitar su vinculación al círculo de los que pagan por la salud, la vivienda, los servicios públicos y recientemente por el agua. Esta es la especialización de la ciudad en función del mercado. Esta orientación se va a ver reflejada en la política de servicios públicos, al reconocer que éstos podrán ser prestados por el Estado directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares, mientras que el Estado mantiene la regulación y el control. Las empresas pueden ser públicas o privadas, lo que ha llevado al Estado a perder el monopolio en la prestación del servicio público. Este enfoque de Estado que intervenía en lo público, se vio reflejado con la expedición del Decreto Ley 2811 del 1974, el cual concibe de manera conjunta todos los recursos naturales: el agua, la tierra, el suelo y el subsuelo, la flora, la fauna, de allí su importancia. Esta norma conocida como el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, define que las aguas76 son de dominio público, inalienable e im-

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prescriptible, y descarga la obligación de su cumplimiento en la Nación. Sin embargo, esta noción nunca fue desarrollada en las políticas reguladoras de los servicios públicos. Las políticas de servicios públicos no establecen conexión con la protección y sostenibilidad de los recursos naturales, que son las fuentes para la generación de energía, suministro de agua, producción de combustibles y recepción de residuos. Al no establecer vínculo entre los recursos naturales y la función pública que ellos deben cumplir, las políticas de prestación se diseñan de manera desarticulada de los servicios públicos, plasmados en la Ley 142 de 1994 o Ley de Servicios Públicos a cargo de la Unidad Ejecutora de Servicios Públicos –UESP– y en las políticas encargadas de la gestión y conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables con el Decreto 2811 y la Ley 99 de 1993 que crea la figura del Sistema Nacional Ambiental –SINA–. 4.2.1.1 El agua como elemento funcional en la Ley 142 de 1994 En la Ley 142 de 1994 el agua no es asumida como un elemento natural, sino como un elemento funcional, que cuando se vuelve potable, es desvinculada de su fuente y se le da valor de producción industrial al captarla, procesarla, tratarla, almacenarla, conducirla y transportarla. El mismo tratamiento le da esta ley a la disposición final o vertimiento, con el agravante de que ha dejado sin reglamentar la responsabilidad de tratarla y recuperarla antes de ser depositada nuevamente en las fuentes naturales. No se trata de negar la importancia de la potabilización para que el agua cumpla una función social, sino que debe ser tratada de manera integral desde la fuente, tanto en la captación como en la disposición, sin alterar su equilibrio natural. La manera como la ley mencionada establece la tarifa, reitera el nuevo enfoque de carácter empresarial descrito: el costo del servicio público es asignado por el estrato socio-económico de localización del punto de conexión, teniendo en cuenta

76 El agua es entendida como H2O, mientras que en la Ley 142 de 1994 el agua es abordada como una mercancía.

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los siguientes aspectos: calidad del entorno, servicios públicos prestados, materiales de la fachada y la cubierta, la zona geo-económica (calidad del uso del suelo y tipo de construcción). El método aplicado para estratificar un inmueble o un predio es la observación por lado de manzana, “lo cual refleja solamente la parte estética de los predios, desconociendo el nivel real de ingresos de sus moradores. De tal manera que según en el estrato, del uno al sexto, pagamos un tipo de tarifa diferente en los servicios públicos domiciliarios” (Espinel, 2006). La entidad encargada de establecer las normas de revisión de tarifas es la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA– que define los criterios que rigen la prestación eficiente de los servicios. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios –SSPD–, un ente regulador multisectorial con amplios poderes de sanción, implementa los subsidios explícitos y la obligatoriedad de bajar la tarifa en el costo de prestación bajo condiciones de eficiencia económica y suficiencia financiera. Asumir los servicios públicos y en particular el agua bajo el régimen de derecho privado, indica que ésta sea tratada como un elemento funcional susceptible de lucro. Al ser un elemento que da la naturaleza para la vida, no debería ser abordado en términos rentables sino sociales. Allí es donde se sustenta el debate público del agua y su reconocimiento como derecho humano, es decir, una cosa es el agua entendida y asumida como derecho y otra cosa como mercancía. Cada una de estas concepciones lleva al diseño de estrategias de acceso radicalmente diferentes. En el primer caso, el derecho es inherente a la personas, es inalienable, en el segundo solo se accede a ella a través del ingreso; el resultado final son niveles crecientes de exclusión.

gumentaciones de corte neoliberal que justifican lo colectivo como desmonte de lo público, promoviendo acciones privadas. Los servicios públicos domiciliarios son tenidos en cuenta como un derecho colectivo en cuanto la garantía de su prestación. Es un medio para lograr un nivel de vida adecuado que permita el desarrollo de las personas y de las comunidades y, como tal, se torna en derecho77. Para la Corte Constitucional el derecho al agua está relacionado con varios derechos colectivos enunciados en la Ley 472 de 199878 que hace referencia al goce de un medio ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; a los servicios públicos domiciliarios, y a que su prestación sea eficiente y oportuna (Sentencia T-410 de 2003). La Corte asume como parte del derecho el equilibrio ecológico y el aprovechamiento racional de los servicios públicos, lo cual implica el nivel de integralidad en la su concepción, en tanto cumple una función social y, por ende, pública en términos de acceso, de salubridad, de eficiencia, pero también en términos de sostenibilidad de las fuentes generadoras y en eso hace referencia a la sostenibilidad y la conservación. La acción privada se expresa cuando “(…) los servicios públicos domiciliarios se tornaron en uno de las mejores actividades comerciales, por cuanto se prestan en el domicilio de los ciudadanos”79. Es decir, es un mercado cautivo, atendido monopólicamente. El hecho de que los servicios públicos puedan ser consumidos de manera separada en la residencia de cada familia, no significa que éstos

4.2.1.2 El agua y los servicios públicos. ¿Un asunto público o colectivo? De acuerdo con la conceptualización de la Corte Constitucional y la reflexión que hace el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, los servicios públicos, y el agua en particular, son considerados como colectivos en tanto derechos y no como ar-

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77 www.colectivodeabogados.org/ Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. 13 de junio de 2005. Consultado 13 de abril de 2008. 78 Esta ley tiene por objeto regular las acciones populares y las acciones de grupo de que trata el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia. Estas acciones están orientadas a garantizar la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos, así como los de grupo. 79 www. colectivodeabogados.org/ Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. 13 de junio de 2005.

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sean bienes de consumo privado. El ideal es que se asemejen a un bien público. El caracterizarlo como un bien privado antepone el derecho al lucro sobre el derecho al servicio público. La esencialidad del servicio público se ha construido bajo dos nociones (Angulo, Alonso y Peña, 2007), una es la noción económica de prestación eficiente, que apunta a justificar acciones privatizadoras, y otra, la noción ética: que sea para todos los habitantes del territorio, como principio de no exclusión. Estas dos nociones pueden entrar en contradicción, pues no es posible venderle a quien no puede comprar, lo cual llevaría dificultades de igualdad social al acceso. El problema es que bajo el enfoque de la eficiencia en la prestación de los servicios públicos se dan situaciones de privatización como lo afirma la siguiente reflexión sobre el agua: “la gestión de aguas urbanas e incluso la gestión del medio ambiente, en una perspectiva más amplia, ha entrado de hecho en la agenda de las grandes instituciones financieras internacionales: la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)” (Arrojo, 2006: 47), las cuales, bajo el argumento de la eficiencia, sumado a la escasez del agua, han buscado convertirla en una mercancía dándole tratamiento de bien económico. La noción ética como principio de no exclusión, debería profundizar en el cuidado y mantenimiento de las fuentes generadoras del servicio público del agua, que en este caso son las cuencas hidrográficas “La escasez creciente de ciertos recursos ambientales y naturales, como el agua, o la degradación progresiva, junto con la estricta necesidad de los mismos para las poblaciones, exige sin duda, entre otros cambios que mejoren la eficiencia con la que usan estos recursos naturales” (Arrojo, 2006: 47). A este debate el autor señalado le agrega la degradación burocrática de la función pública, la cual refuerza las tendencias privatizadoras que aparecen como la clave “redentora”, y pone en discusión el sentido de que no se trata simplemente de condenar la perversión de lo privado y defender lo público como sinónimo de progresismo, lo cual resultaría insuficiente. Propone que debería abrirse un profundo

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debate social y político, precedido de la pertinencia autocrítica sobre la degradación de la función pública. “(…) en torno al reto del siglo XXI, que es el diseño y la aplicación de un nuevo modelo de desarrollo sostenible, un reto que los mercados no entienden ni sabrían abordar” (Arrojo, 2006: 47). Por tanto, antes de apresurarse a plantear formulas eficientistas-privatizadoras, se debe avanzar en una resignificación de la función pública del agua y del significado que tiene su prestación desde esta esfera, como único mecanismo para garantizar el acceso permanente a los más pobres, con base en la solidaridad, la equidad y la justicia y esa es una parte del sentido colectivo del derecho al agua potable. La otra parte es el sentido público del agua que está relacionado con los derechos e intereses colectivos. El problema se presenta cuando a nombre de lo colectivo se pretende desplazar lo público o la función pública; la cual debe permanecer a cargo del Estado; este es el punto de debate fundamental entre lo público y lo colectivo. 4.2.1.3 El costo de las tarifas del agua en Bogotá y su incidencia en los sectores más pobres Pocas ciudades en América Latina tienen el privilegio de gozar de agua de alta calidad y en abundancia, para atender las necesidades de una ciudad de más de siete millones de habitantes, y que además esta meta la logre suplir una empresa pública con óptimos resultados. Al respecto Gilbert (2008) plantea que si la calidad del agua es un elemento constitutivo para que no haya pobreza, Bogotá estaría lejos de cualquier estándar que intente ubicarla como una ciudad sin calidad de vida. “Bogotá no es de ninguna manera una ciudad típica del tercer mundo. Su empresa de acueducto le suministra agua a todos los hogares con plomería interna y existe la promesa de servicios sanitarios universales muy pronto”. Los niveles de eficiencia desarrollados por la EAAB y de capacidad de pago que logró consolidar en poco tiempo para satisfacer la demanda de la población son loables. No obstante el problema en esta ciudad no es de acceso, sino de costo, el cual influye en otros aspectos de la calidad de vida de la población de bajos ingresos.

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El Decreto 394 de 1987 definió una estructura única de tarifas para todo el territorio nacional, dispuso que el cargo fijo es independiente del estrato socio-económico en el cual estuviera clasificado el inmueble, y que no habría exoneración de los cobros para ninguna persona jurídica o natural. El plan tarifario, al menos como aparece en la reglamentación, incorpora un esquema de solidaridad, en donde “los usuarios de estrato alto pagan más que los que tienen menos para que puedan acceder al servicio en igualdad de condiciones” (EAAB, tomo III, 2003: 142). De esta manera la EAAB considera que posee una estructura de tarifas de carácter retributivo que permite llevar agua y alcantarillado a quienes de otra forma quedarían marginados del servicio. También ha facilitado la capacidad de endeudamiento que tiene la empresa, dado que toda inversión en la que incurra la recupera por vía tarifaria. Hay otro elemento que es indispensable anotar y es que la empresa tiene una cartera de 1’700.000 usuarios que bimensualmente pagan una tarifa permanente, funcionarios de la misma EAAB consideran que se maneja una cartera fija y de ésta los sectores más puntuales para pagar son los de escasos recursos. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 142 de 1994, la empresa volvió a plantear la posibilidad de establecer una nueva estructura tarifaria que le permitiera la aplicación de dos criterios: eficiencia económica y suficiencia tarifaria. Con el primer criterio buscaba que la tarifa reflejara el costo real de la prestación del servicio actual y el futuro; con el segundo criterio buscaba garantizar las inversiones de expansión y de renovación de la infraestructura, eso significaba que todos los proyectos que se planeaban construir, los debía incluir en un plan de obras y serían diferidos en las tarifas, para que los ciudadanos pagaran con anticipación las obras proyectadas en detrimento de su propia condición de vida. La EAAB, acudiendo al régimen tarifario de libertad regulada logró superar las limitaciones impuestas por la CRA y la SSPD, para implementar el alza de la tarifa en un 3% en el año 2000. El resultado de esta alza incidió de manera directa en las condiciones de vida de la población, que debía

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priorizar el pago del agua sobre otro tipo de inversiones o gasto de la vida cotidiana, por lo cual fue directamente afectada la población más pobre, que fue la que pagó los incrementos más altos. Esto lo confirma el informe de la Contraloría General de la República (2004), donde se presenta que Bogotá había incrementado las tarifas de acueducto y alcantarillado entre 1997 y 2002 así: 232%, 138%, 110%, 59%, 43% y 39% en los estratos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, respectivamente. Del resultado del informe se puede concluir que en la empresa de acueducto eliminó en la práctica el esquema de solidaridad y el carácter retributivo, en donde supuestamente la población de mayores ingresos pagaba más para facilitar el acceso al agua de las familias más pobres. La aplicación de los criterios de suficiencia financiera y de eficiencia económica llevó a la EAAB, hacia el año 2000, a una modernización importante en su estructura, lo cual ha significado un costo social que se ha visto reflejado en el incremento de las tarifas. El 30 de enero de 2006 “se hizo público un estudio de Proexport, según el cual el valor del metro cúbico del agua en Bogotá ascendía a $ 1.816, mientras, que en otras ciudades, como Cali, su valor era de $ 992,80, en Medellín de $ 938, en Barranquilla de $ 1.201, en Cartagena de $ 1.312, en Cucutá de $854, y en Bucaramanga de $829” (artículo de El Tiempo citado en Colmenares, 2006)80. Este estudio nuevamente pone en evidencia el alto costo del servicio del agua en la ciudad de Bogotá. La evaluación del Centro de Investigaciones para el Desarrollo –CID– (2004)81 concluyó que el pago de los servicios obliga a las familias pobres a dejar de consumir bienes fundamentales como educación y alimentos. También hace referencia a que el sistema tarifario ha logrado garantizar la

80 Hace referencia a una información publicada en el periódico El Tiempo, el cual cita también el Informe de Desarrollo Humano para Bogotá, a cargo del investigador Jorge Iván González –UNAL- CID–. 81 El Centro de Investigaciones para el Desarrollo –CID– de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia fue contratado por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital –DAPD–,, para que evaluara a través de una muestra representativa a nivel de localidad y de estrato, la capacidad de pago de los hogares de Bogotá.

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estabilidad financiera de las empresas pero es muy inequitativo y está afectando de manera negativa la capacidad de pago de las familias pobres de Bogotá. Esta evaluación destaca con asombro que las familias más pobres de estrato uno destinen el 11% de sus ingresos al pago de las tarifas de los servicios públicos, mientras que los hogares más ricos, estrato seis, la proporción apenas llega al 5%. Todo indica que si se cumplen las metas de reducción de subsidios la inequidad será mayor. El pago de los servicios públicos está relacionado con la capacidad de compra de las familias. El aumento del costo de los servicios públicos está reduciendo esta capacidad en relación con otros aspectos vitales para vivir dignamente. Es decir, que un aumento en las tarifas de los servicios públicos significa que estas familias tienen que dejar de consumir en otros bienes y servicios que les garantiza calidad de vida, incluyendo la reducción del nivel de consumo de agua. Paradójicamente la misma EAAB se queja de que la disminución en el consumo ha afectado las proyecciones financieras. “Se puede argumentar que la EAAB ha construido excesiva capacidad de suministro y los precios altos han reducido demasiado la demanda del agua” (Gilbert, 2008). Es necesario diferenciar entre eficiencia financiera y equidad tarifaria. Al parecer estos dos aspectos han sido incompatibles en la ciudad porque la primera se ha logrado afectando de esta manera la equidad tarifaria. A partir de la Ley 142 de 1994 se privilegia el modelo de eficiencia económica y suficiencia tarifaria en detrimento del modelo de solidaridad redistributiva, dando como resultado que los incrementos tarifarios de la población más pobre han crecido más que en los demás estratos. Se ha creado el círculo vicioso de que a mayor tarifa, hay mayores ingresos y proyecciones financieras, y para completar la paradoja, menor demanda, disminución de ingresos e incumplimiento de proyecciones de inversión.

medio como van a acceder al agua. Esa es la razón fundamental por la que el agua se convierte en el elemento central de la construcción del hábitat y de la comunidad, que para hacerse visible y legítima ante el Distrito, orienta el proceso de construcción social de su hábitat hacia la legalización del barrio. La legalización ha sido el mecanismo a través del cual el Distrito logra hacer presencia institucional sobre la ciudad informal que se ha construido justo en la línea periférica o periurbana, u otro lugar, sin el reconocimiento que da la norma urbana. Esta dinámica de regularización en la ciudad es una manera de reconocer la incapacidad que tiene el mismo Estado para dar cumplimiento al derecho a la vivienda digna que es de orden constitucional y que los distintos gobiernos no han logrando resolver. La legalización tiene una doble connotación, por un lado la comunidad necesita formalizar su relación con el Distrito para que le llegue la inversión pública y demás servicios, pero por otro, la ciudad requiere de los tributos (impuestos, pagos por valorización) que estos sectores puedan aportar para agrandar las finanzas públicas. Algunos sectores que se encuentran en condiciones de miseria prefieren que no los legalicen para no tener que tributar, pero la mayoría de la gente quiere tranquilidad, ante todo busca la certeza de sentirse propietarios y ese respaldo lo da el pago de los servicios públicos, la legalización y el pago por valorización. La legalización masiva de barrios se hizo en función de dos cosas: cómo se le aporta recursos al distrito con el pago de impuestos y cómo se logran reducir las pérdidas que existen frente al tema de servicios públicos. En 1994, con la primera administración de Antanas Mockus82, con el lema “todos ponen”, se propuso la legalización de barrios para garantizar que todos los ciudadanos propietarios de inmuebles de esta ciudad aportaran en la financiación de los planes de desarrollo y en general de las finanzas públicas de la ciudad; al mismo tiempo buscaba normalizar el pago de los servicios públicos. Es en esta administración donde se diseñó la estrategia de

4.2.2 Agua y legalización de barrios Hay que diferenciar entre el acceso al agua y su formalización. En los barrios de origen informal la población debe resolver como primer requisito para sobrevivir en el nuevo asentamiento, la forma y el 124 A s e n t a m i e n t o s

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82 Antanas Mockus fue alcalde de Bogotá dos veces: de 1995 a 1998 y de 2001 a 2004.

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la legalización masiva de barrios que consistía en: (1) legalizar el barrio, (2) formalizar los servicios públicos, y, (3) avanzar en la titulación de las propiedades. La legalización de los barrios ha sido una constante en la generación de la ciudad. Pero las acciones de incorporación eran lentas, podía durar más de diez años porque dependían de una serie de disposiciones independientes para cada barrio, con las cuales Planeación Distrital les negaba o aprobaba la legalización en su totalidad. El Acuerdo 06 de 1990, llama suburbanos83 a los barrios de origen informal, y la revista de zonificación de riesgos elaborada por Ingenominas a escala 1:40.000, clasifica a las localidades de ladera como Ciudad Bolívar, Usme y otras zonas de Bogotá ubicadas en zonas de alto riesgo, eso significa que estos barrios no se podían legalizar, por tanto debían vivir en la informalidad de manera indefinida. Hacia 1998, entre los gobiernos de Antanas Mockus y Enrique Peñalosa, éstos definieron realizar estudios de zonificación a escalas más detalladas (1:10.000 y 1:5.000) que facilitaran hacer microzonificación para los barrios, en un nivel de detalle predio a predio, con lo cual se le facilitaba a Planeación Distrital84 tomar decisiones a escala de manzana, para no negar la legalización en la totalidad del barrio, sino más bien con ciertas restricciones de uso y ocupación e indicando qué manzanas no entraban en la regularización. La zonificación a nivel de detalle, más el concepto de disponibilidad de servicios, la afectación vial y la identificación de estructura ecológica principal, le permitió a la administración distrital avanzar en un proceso de legalización masiva de barrios a finales de los años noventa. En la década siguiente, las manzanas de los barrios que no fueron legalizados o que habían sido reubicados se volvieron a ocupar y muchos de estos sectores se encuentran nuevamente en proceso de legalización ante Planeación Distrital. Mientras tanto la preocupación institucional ha sido la definición del marco jurídico que le da legalidad a esos barrios, centrada en aspectos como la accesibilidad al agua y las dificultades técnicas, pero la angustia de la comunidad está entre el acceso y el costo.

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4.2.2.1 Mecanismos de control a la informalidad de la ciudad De acuerdo con las disposiciones dadas por la Ley 388 de 1997 o de Ordenamiento Territorial y el Decreto 190 de 2004 o Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, el procedimiento de legalización debe definir la participación de las empresas de servicios públicos, los entes distritales, los promotores y/o propietarios, los particulares interesados, los beneficiados o afectados por los desarrollos humanos realizados clandestinamente. También se define el procedimiento para que las administraciones municipales o distritales adopten las medidas administrativas que conduzcan al reconocimiento de la existencia de un asentamiento o barrio, lo cual se hace mediante la aprobación de planos, asignación de nomenclatura urbana, expedición de la reglamentación urbanística, tendiente al logro de una adecuada infraestructura de espacios, servicios públicos y protección social. De conformidad con las normas que adopte el respectivo municipio o distrito y con base en el Decreto 1600 de 200585 que establece el procedimiento para la legalización de los desarrollos humanos realizados clandestinamente, y el Decreto 367 de 200586 que define que no serán objeto de legalización los desarrollos humanos conformados de manera clandestina, o que estén ubicados en suelos urbanos de expansión y rural, que no se hayan consolidado o desarrollado con posterioridad al 27 de junio de 2003, como tampoco los ubicados en 83 Son aéreas suburbanas en la franja de transición que rodea las áreas urbanas de la ciudad y los núcleos urbanos de corregimientos y veredas, así como las áreas que se extienden a lo largo de las vías de acceso y en donde coexisten los modos de vida rurales y urbanos, como una prolongación de la vida urbana en el campo (artículo 185 del Acuerdo 06 de 1990). 84 Es la Secretaría de Planeación Distrital. 85 El decreto establece el procedimiento para la legalización de los desarrollos humanos realizados clandestinamente, destinados a vivienda de interés social, localizados en suelos urbanos de expansión y rural, consolidados o desarrollados antes del 27 de junio de 2003, fecha límite señalada por el artículo 66. 86 Ámbito de aplicación. El decreto establece el procedimiento para la legalización de los desarrollos humanos realizados clandestinamente, destinados a vivienda de interés social, localizados en suelo urbano, de expansión y rural, consolidados o desarrollados antes del 27 de junio de 2003, fecha límite señalada por el artículo 66 del Decreto Nacional 1600 de 2005.

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su totalidad en zonas pertenecientes a la estructura ecológica principal, suelo de protección, áreas de reserva para la construcción de infraestructura de servicios públicos, áreas de afectación para el desarrollo y funcionamiento de los sistemas generales, áreas de alta amenaza natural, áreas definidas como de alta amenaza y/o alto riesgo no mitigable por remoción en masa. Para poder cruzar las variables enumeradas, en Bogotá el procedimiento es adelantado por el Comité Técnico de Legalización87, el cual debe estar articulado con las entidades encargadas de prevención y control. Parte del compromiso que deben asumir las distintas entidades distritales, es informar cuando tenga conocimiento de la existencia de un desarrollo humano realizado informalmente, lo deberán reportar a la Red Interinstitucional para la Prevención y Control de los Desarrollos Ilegales en el Distrito Capital de la Secretaría del Hábitat88, para que adelante todas las acciones administrativas y promueva las acciones judiciales contra el promotor, enajenador y propietario del globo de terreno. La legalización urbanística implicará la incorporación al suelo urbano de aquellos desarrollos humanos realizados informalmente que estén ubicados en suelo rural y de expansión, así como determinación de los mecanismos para formalizar el acceso al agua y demás servicios públicos. El fenómeno del crecimiento informal de las ciudades y en particular de Bogotá, se asume nuevamente como un asunto normativo, como si la norma por sí sola fuera suficiente en la implementación de la política. Estas medidas coercitivas que ordenan que los barrios informales no crezcan más, sirven para enfrentar una parte de la dificultad enviando un mensaje de control sobre la regularización, pero la parte estructural del problema en relación con la producción de soluciones habitacionales como medida eficaz e incluyente frente a la informalidad no es abordado.

Distrito y el perímetro de prestación de servicios89, como una manera de precisar hasta donde llega la responsabilidad de esa empresa. Este problema ocurre de manera especial con el agua y no con el resto de servicios públicos, dado que la conducción de ésta, tanto la potable como la residual, genera impactos sobre el territorio y no es un servicio que fácilmente se puede estar presentando en cualquier lugar de la ciudad, como sí sucede con la energía. Como ya se mencionó (en el ítem 4.2.2, “Agua y legalización de barrios”) una cosa es el acceso al agua y otra la formalización del servicio. Éste se dio a través de largos procesos de legalización, aunque sin resolver el acceso al agua de manera inmediata. En consecuencia, la EAAB, impulsó el Programa de Obras con Participación Comunitaria a través de la oficina de Gestión Comunitaria a finales de los años noventa, es decir, que en el mismo momento en que se hacía la legalización masiva de los barrios se implementaban las obras con participación comunitaria y se generaban acuerdos con las comunidades para que éstas construyeran las redes. La EAAB brindaba la asesoría, la interventoría técnica, el diseño de las redes y facilitaba los materiales e implementos de acuerdo con los estándares exigidos. En los años ochenta y noventa las redes locales eran financiadas por la propia comunidad, razón por la cual les salía más costosa la legalización del agua, hoy éstas son financiadas por todos los ciudadanos, a través de la tarifa. Por ejemplo, las redes del barrio Caracolí, recientemente legalizado, fueron financiadas por la estructura tarifaría, es decir, por todos los bogotanos. En entrevista con un líder del barrio Danubio Azul, manifestaba “el inconformismo de la gente de su barrio, porque a finales de los noventa pagaron mucho dinero para la instalación del agua”.

87 El Comité Técnico de Legalización en Bogotá está integrado por: la Subdirección de Control de Vivienda –SDA–, SADEP, SDPAE, SACD, SAAC, SAPD, CVP y la EAAB. Las empresas Codensa S.A., ETB y Gas Natural o demás empresas de servicios públicos domiciliarios que tengan presencia en el desarrollo objeto de legalización.

4.2.2.2 Agua y legalización como formas de tributación El gran reto que ha tenido la EAAB es la atención a los barrios perimetrales. La ciudad enfrenta un debate permanente entre la definición del perímetro del

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88 Creada por el Decreto Distrital 328 de 2003. 89 Perímetro de servicios: línea que enmarca el área definida para la prestación de servicios públicos por parte de la administración distrital.

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Por su parte, la EAAB expidió la Resolución 194 de 2007 en donde se reconoce la existencia de asentamientos sin legalización, en el área de prestación de servicios, principalmente en el Distrito Capital y el municipio de Soacha, que acceden al servicio de acueducto mediante el tendido de redes de conducción provisionales. Esta resolución aplica para el suministro provisional de acueducto y el cobro del servicio únicamente a los usuarios irregulares agrupados Ciclo I ubicados en predios o barrios en desarrollos originados antes del 27 de junio de 2003. La Comisión Reguladora de Agua –CRA– advierte al acueducto sobre la necesidad de hacer control de pérdidas, en particular en los asentamientos no legalizados, dado que allí se presentan altos niveles de pérdidas que representan no solo un alto costo para la EAAB, sino para la ciudad. Pero el problema no son solo los recursos económicos que deja de percibir esta empresa, sino el riesgo para la estabilidad de las viviendas causado por las filtraciones en el terreno producto del mal estado de las redes tendidas sin el cumplimiento de las normas técnicas; y, además, por las características topográficas.

contrato de suministro provisional, con facturación y su respectivo mantenimiento. Los barrios de origen informal, al ser legalizados, van saliendo del Ciclo I y se incorporan dentro del ciclo normal. Pero aún está sin resolver la situación de los barrios que son de origen informal, y que fueron creados después de 2003 de acuerdo con lo definido por la resolución 0194/2007, y la de aquellos barrios que tienen afectaciones por ser zona de reserva forestal, así como los que estén en alto riesgo. Parte del mecanismo de implementación del Ciclo I es la colocación de unos macromedidores90, para que las familias que toman el agua paguen una tarifa mínima; pero este mecanismo ha generado dificultades porque no todas las familias que hacen parte de este ciclo reciben el servicio de agua con la misma intensidad o frecuencia. Hay unos usuarios que reciben el servicio de manera permanente, otros que lo reciben solo seis horas, en algunos la presión es muy baja y les llega el agua cada dos días, y hay otros donde realmente existen problemas operativos todo el tiempo. Lo cierto es que la facturación del Ciclo I les genera a las familias la obligación de pagar bimensualmente, aunque la mayoría no lo hacen y acumulan deudas con la EAAB, que se van a evidenciar cuando cambian a un ciclo normal, o sea cuando el barrio haya sido legalizado. La mayoría de los problemas que existen en este Ciclo están asociados con las deudas acumuladas. Para la EAAB también se generan dificultades en cuanto al cobro porque estos barrios no tienen un catastro de usuarios con direcciones claras, hay viviendas sin nomenclatura, cambio de propietarios y predios sin titular; de alguna manera explicable por ser de origen informal. Esta situación le genera incertidumbre a la EAAB, al no tener claro de qué forma el usuario le va a responder por el consumo de agua porque de acuerdo con la Ley 142 del 94, el bien mueble es el que responde por la prestación del servicio y no le pueden

4.2.2.3 Programa Ciclo I Este programa es una estrategia que diseñó la EAAB en el año 2002, para hacer control de pérdidas, de acuerdo con las disposiciones de la CRA, en los barrios de origen informal que toman el agua a través de mangueras colgadas de una red matriz o a un tanque, sin pagar. Con el Ciclo I intentan garantizar la prestación del servicio de agua de forma regular a las familias que han ocupado el suelo de manera informal. El programa busca suministrar agua potable a los sectores de la ciudad no cubiertos por el servicio formal de EAAB. Para la EAAB los ciclos son áreas geográficas que dependiendo de su ubicación tiene una numeración. En estos ciclos existen tres excepciones: la de los grandes consumidores que corresponden a la categoría Z, las entidades oficiales que corresponde a la categoría X, y la de los barrios de origen informal que corresponde al Ciclo I. Al normalizarse la prestación del servicio a través de las redes provisionales se presenta el cambio de ciclo y se hace un

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90 Macromedidores es un mecanismo de medida, a través del cual establecen sectores hidráulicos que conforman las zonas de servicio. En una zona de servicio puede haber varios macromedidores. Actualmente la EAAB le entrega a un tercero a administración con determinada cantidad de agua para que la venda. Este tercero es llamado gestor comercial

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exigir pago a una familia que no tiene titularidad sobre el predio. De allí la importancia del tema de la titulación y de la promoción de este tipo de programas por parte de las entidades del Distrito. A los barrios de Ciclo I que han acumulado deudas que oscilan entre $500.000 y $1´000.000, la EAAB les hace propuesta de financiación a varios meses. Pero el usuario es recurrente en el no pago porque no tiene capacidad adquisitiva estable, dada la informalidad económica que no le permite asumir un crédito hipotecario, ni ninguna otra obligación. Una familia que cambia de Ciclo I a uno normal y tenga acumuladas deudas termina pagando doble facturación. Hay situaciones críticas en el acceso al agua. Este es el caso del barrio Verbenal Quiba de Ciudad Bolívar, que se encuentra por fuera del perímetro de servicios, donde pagan el metro cúbico a seis mil pesos, muy por encima de lo que paga el estrato seis. Ahora les están cobrando el transporte del agua y el sueldo del conductor, a diferencia de los años ochenta y noventa cuando la EAAB facilitaba el agua a través del Programa de Carrotanques y cobraba cifras casi simbólicas. Hoy esta población debe buscar los mecanismos para proveerse ellos mismos el servicio, sin ningún compromiso con esta entidad pública. Esto ha cambiado porque el suministro a través del carrotanque después del 2002 dejó de ser un programa para convertirse en un servicio que la EAAB presta solo a los barrios legalizados cuando hay cortes de agua por actividades técnicas operativas. Pero cuando alguien requiere el servicio continuo del agua, ya sea un empresario o un asentamiento popular, la EAAB lo vende91 por metro cúbico de agua y el interesado debe suministrar el transporte. El costo del agua es el mismo, el estrato no cuenta, ni la función social que va a cumplir.

como se concibe el modelo de implementación que obliga al municipio a custodiar la buena prestación del servicio o a coordinar la asignación de subsidios, donde una parte la paga el usuario y la otra la aportan los estratos altos mediante el sistema de subsidios cruzados. El problema es que el municipio de Soacha solo tiene estratos del uno al tres y quien debe subsidiar la prestación de este servicio es el mismo municipio. Pese a que Soacha consume la misma agua que Bogotá, la prestación del servicio en este municipio es precaria dado que no cuenta con buenas redes de distribución, porque muchas de las inversiones que se hicieron en esta materia fueron pensadas en términos clientelistas por gobernadores o políticos, a los que les interesaba mantener una población votante cautiva, a la que manipulaban en cada contienda electoral con pequeños tramos de las redes construidas con materiales de mala calidad. Funcionarios de la EAAB manifiestan que el mantenimiento de esas redes es muy costoso92. Otra de las grandes dificultades que ha tenido que afrontar el municipio de Soacha está asociado a las condiciones ecosistémicas del territorio (demasiado seco). Los diversos operadores, distintos a la EAAB, que intentaron prestar este servicio lo encontraron inviable debido a los excesivos costos de operación. El sistema de acueducto lo conforman las redes matrices, diseñadas y operadas por el EAAB, y la mayoría de las redes secundarias que han sido construidas por los urbanizadores y por los políticos en épocas de campaña. El servicio actualmente es prestado en su totalidad por la EAAB a través de un convenio o venta de agua en bloque para que los intermediarios a su vez la revendan.

4.2.3 La complejidad del pago y del suministro de agua en Soacha La prestación del servicio de agua en este municipio es compleja, dado que por disposiciones de la Ley 142 de 1993 toda empresa prestadora del servicio del agua debe cumplir unos estándares, lo cual hace que la prestación del servicio no pueda ser fácilmente asumido por un tercero. Esto se da por la forma 128 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

91 La EAAB tiene unos puntos donde le vende a la población interesada el agua que requiera. 92 Actualmente el municipio está revisando la posibilidad que la EAAB, adelante el cambio de todas esas redes mal construidas.

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4.2.4 La complejidad del suministro de agua en Bogotá

se construyó en Sierra Morena, tanque intermedio, con capacidad de 7.300 m3 y que mediante sistema de bombeo lleva agua con un caudal de 1,024 m3 por segundo a los barrios Jerusalén y Cordillera. Otro tanque para suministrar permanentemente agua a Soacha es el de Cazucá, con una capacidad de 10.000 m3. Se llena con agua proveniente del embalse de Chuza, tratada en la planta de Wiesner. Estas obras fueron aprovechadas por el urbanizador pirata para promocionar suelo por encima de la cota de servicios, argumentándoles a las familias que esos sectores terminarían siendo legalizados posteriormente y que por tanto la EAAB les suministraría el servicio de agua. Antes de la construcción de esta línea, los habitantes de algunos de los barrios de Ciudad Bolívar cargaban el agua en burro desde la quebrada de Quiba –vereda de Pasquilla– hasta sus hogares, a más de una hora de camino (en el capítulo de luchas sociales y conflictos por el acceso al agua se va a profundizar en este tipo de dificultades).

Una de las grandes dificultades para el acceso al agua en Bogotá en los barrios perimetrales, consiste en que cada obra de infraestructura que construye la EAAB para llevarle agua a estos barrios es inmediatamente aprovechada por los urbanizadores piratas, para incluirlas en el mercado de tierra y promover nuevos proyectos de ocupación. La EAAB primero resolvió el problema de abastecimiento para la ciudad con la construcción del Sistema Chingaza y el embalse de San Rafael. Después avanzó en la distribución; para ello adelantó para la zona sur de la ciudad la construcción de la línea Silencio-Casablanca que pasa por la autopista Sur hasta el tanque Casablanca, tiene una capacidad de almacenamiento de 140.000 m3 y está ubicado en el barrio Jerusalén de Ciudad Bolívar. Esta línea presta el servicio de acueducto a 1’500.000 habitantes de Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Bosa y parte de Soacha (EAAB, tomo III, 2003: 48). El tanque El Silencio

Gráfica 18 – Sistemas de Abastecimiento de Bogotá y la Región

Fuente: EAAB 2006

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4.2.5 Análisis de disponibilidad de servicios públicos en Usme, Ciudad Bolívar y Soacha

manejan criterios técnicos menos rígidos que en las del acueducto y el alcantarillado, los cuales están sujetos al concepto previo de riesgo alto, medio o bajo por la entidad competente que es la Dirección de Prevención y Atención de Emergencia –DPAE– para Bogotá. La situación es alarmante para la localidad 4 del municipio de Soacha que corresponde a Altos de Cazucá, pues muestra que tan solo el 20,29% cuenta con los servicios de energía, alcantarillado y agua, del cual solo tienen alcantarillado el 33,93%, disponen de acueducto el 26,06% y a la vez ocupa el primer lugar del número de viviendas que no cuentan con ninguno de los tres servicios mencionados en un porcentaje del 5,87% (ver cuadro 16). Como el punto de referencia para el análisis es comparativo con vivienda, el siguiente cuadro indica que Ciudad Bolívar tiene mayor representatividad en cuanto a vivienda que dispone de los servicios públicos; esta dato es explicable en la medida en que esta localidad es la que mayor disponibilidad de población y vivienda tiene, pero es un dato comparativo en relación con el tamaño que representa mas no en capacidad de cobertura resuelta (ver cuadro 16).

Este componente está orientado a establecer las relaciones de acceso a servicios públicos a partir de la información obtenida en el censo de 2005; los datos de la zona de estudio se comparan en relación con Bogotá. El abastecimiento de servicios públicos se analiza en relación con la disponibilidad con que cuentan las viviendas, además del impacto que representa para los respectivos usuarios en su capacidad de compra. Es un factor importante en los niveles de pobreza de la población ubicada en la zona de interés. El conjunto de la zona de estudio muestra que un 88,95% de las viviendas cuentan con los tres servicios –energía, acueducto y alcantarillado– y, por el contrario, tan solo el 1,51% no cuentan con ninguno de estos servicios. Sin embargo, al comparar la cobertura de disponibilidad de los diferentes servicios públicos domiciliarios, el primer lugar lo ocupa el servicio de energía eléctrica con un 97,96%, que supera el servicio de acueducto y alcantarillado con una participación del 91,09% y 90,76%, respectivamente. Lo cual es explicable porque, como ya se mencionó, en la extensión de las redes de energía se

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Cuadro 17 - Viviendas ocupadas con personas presentes, por disponibilidad de servicios públicos (según territorios y áreas) (participación %). Expansión del Sur de Bogotá (Usme, Ciudad Bolívar y Soacha) - 2005

Fuente: DANE (Censos Nacional de Población y Vivienda de 2005) (1) Localidades de Bogotá D.C. (2) Municipio del departamento de Cundinamarca (3) Número de viviendas ocupadas con personas presentes donde no suministraron información, que permitiera determinar si tienen o no disponibilidad de servicios públicos Nota: Los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2005, no contemplan información rural para la localidad de Ciudad Bolívar

4.2.5.1 Viviendas ocupadas con personas presentes, que no disponen de servicios públicos En cuanto a las viviendas que carecen de servicios públicos, se observa una mayor concentración en alcantarillado, seguido de acueducto y de energía eléctrica. Lo que lleva a considerar que es mejor el cubrimiento de usuarios por parte de la Empresa de Energía, que las correspondientes a alcantarillado y acueducto (ver cuadro 17). El siguiente análisis indica la precaria situación que se están viviendo en las zonas rurales de Usme y Soacha en materia de acueducto y alcantarillado: el 47,81% y 43,96% de las viviendas, respectivamente, no cuentan con estos servicios, lo que representa un deterioro de la calidad de vida y aumento de la pobreza de esta población.

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Otro comportamiento similar pero más agudo se ve en Altos de Cazucá, en el área urbana de Soacha, en donde el 66,97% de las viviendas no cuentan con servicio de alcantarillado y un porcentaje todavía más alto no cuenta con disponibilidad de acueducto llegando al 73,94%. En cuanto al déficit cualitativo que tienen las viviendas en disponibilidad de servicios públicos se observa que maneja un porcentaje más alto en los servicios de alcantarillado y acueducto que en de energía eléctrica y si se compara con la totalidad de Soacha la situación todavía es más dramática en razón a que el 16,38% de las viviendas no cuentan con el servicio de alcantarillado, y se agrava con un 17,20% de déficit de cobertura de acueducto.

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Cuadro 18 - Viviendas ocupadas con personas presentes, que no disponen de servicios públicos (según territorios y áreas) (participación %). Expansión del Sur de Bogotá (Usme, Ciudad Bolívar y Soacha) - 2005

Fuente: DANE (Censos Nacional de Población y Vivienda de 2005) (1) Localidades de Bogotá D.C. (2) Municipio del departamento de Cundinamarca. Nota: Los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2005, no contemplan información rural para la localidad de Ciudad Bolívar

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Capítulo 5 Procesos políticos Los procesos políticos son concebidos como la articulación de las dinámicas de las organizaciones sociales y movimientos que se encuentran en la zona de estudio. Son también la respuesta institucional dada a partir de la normativa, las dinámicas de planeación y la política pública. En el ejercicio de la confrontación y de la búsqueda de alternativas para mejorar las condiciones de vida a partir de la movilización por el agua, las comunidades lograron visibilizarse hasta ejercer el derecho a la ciudad. La defensa del agua como derecho humano es la garantía permanente del agua para los más pobres. Los movimientos sociales han generado en la última década una forma de interpretar el territorio, distinta a la suerte que les impone los sucesivos modelos de ciudad, que han considerado el territorio sur como el lugar donde se depositan los impactos urbanos que la ciudad no logra resolver, tales como basureros, escombreras, cementerios, industrias. Los conflictos sociales, a partir de la reivindicación por aspectos vitales, fueron transformados por demandas políticas que lograron posicionarse en la ciudad, mediante la exigencia del derecho a permanecer como parte de las dinámicas no solo espaciales, sino también políticas, económicas y sociales. La transformación de las luchas sociales se gestó a partir del acceso al agua, y del reconocimiento de la cuenca hidrográfica como referente territorial. Los conflictos generados por la lucha por el acceso a agua potable se convirtieron en factores de movilización social durante la época en que las comunidades de Usme, Ciudad Bolívar y Soacha no tuvieron acceso al agua potable de manera permanente. Estos conflictos para obtener el acceso al agua en el año 2000 es diferente a lo que ocurrió en los años ochenta y noventa, porque los problemas no son por falta de agua, sino por disposición legal: la EAAB debe responder de manera simultánea a dos exigencias: la primera, no negarle agua a ninguna persona o familia que la necesite, en ese sentido 133 A s e n t a m i e n t o s

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debe seguir llevando agua a los barrios de origen informal; y la segunda, evitar que por suministrar agua, la ciudad siga creciendo de manera informal. La legalización del barrio y el acceso regular al agua, sigue siendo la gran paradoja que la ciudad no ha logrado resolver, ante la incapacidad de prever el crecimiento de la ciudad y de brindar vivienda digna para todos, termina asumiendo, con efecto retardado, la incorporación de predios que han sido ocupados de manera irregular y a los cuales hay que atenderlos desde el punto de vista institucional. Pero llevarle servicios de la ciudad a su vez dispara nuevamente su crecimiento. En la década de los años ochenta en Bogotá y Soacha, la población buscaba un espacio, un lugar. No la vivienda, no el agua, no eran los servicios públicos, era la ocupación de un lugar que les permitiera construir arraigo, pertenencia, territorialidad y desde allí buscar el camino de ingreso a la ciudad, que les permita satisfacer la adquisición de los anteriores elementos. Este capítulo contiene cuatro grandes componentes que se tejen entre sí: (1) Conflictos en torno al agua y el territorio, (2) Los procesos sociales como parte de los movimientos territoriales (3) Usme, Ciudad Bolívar y Soacha son producto de los sucesivos modelos de ciudad, (4) reflexión sobre el significado del derecho a la ciudad en el sur de Bogotá y Soacha.

5.1 Los procesos sociales como parte de los movimientos territoriales En los últimos treinta años se ha dado una transformación profunda en la identificación de nuevos sujetos o actores que se fortalecen a partir de sus propias reivindicaciones, búsquedas, reconocimientos e identidades, que no habían logrado ser convocados desde prácticas tradicionales de hacer política. Éstas se centraba exclusivamente en “la lucha de clases” circunsEn

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crita a la contradicción entre capital y trabajo y, por lo tanto, no contemplaban reivindicaciones de otra índole como el significado de los recursos naturales, en particular del agua, que son vitales para garantizar la calidad de vida. Castells (1986) aporta una perspectiva de análisis para la comprensión de los movimientos sociales93, en donde indaga cómo y por qué estos cambian o no las ciudades, el espacio, y la sociedad, de acuerdo con la fuente de su movilización, su dinámica interna, y su relación con sus adversarios. Ante la pregunta que él mismo se hace, de ¿por qué ocuparse de los movimientos sociales urbanos?, responde que es el papel justamente de estos movimientos los que provocan la transformación de la estructura de las ciudades. Dice que las contradicciones crecientes en el proceso de urbanización, el número cada vez mayor de conflictos sociales relacionados con la política urbana y el embrión de algunas protestas urbanas poderosas de los primeros años setenta, los llevó a pensar que estaba surgiendo una nueva forma de lucha social, y a reconocer en estos nuevos movimientos agentes de transformación social. Los conflictos sociales presentes en el territorio, obligan a cambiar la actitud y los intereses individuales de la población, centrados en proyectos personales por el reconocimiento de los beneficios colectivos, que se tendrán que expresar en un mejor ser y un mejor habitar. Esa dinámica colectiva se convierte en proyectos que aportan a la compresión de otra representación de hacer ciudad rompiendo la lógica formal. Los procesos de ocupación del territorio como construcción social del hábitat permiten identificar nuevas formas de lucha social en donde los movimientos sociales son capaces de generar no tanto una transformación social, como lo asegura Castells, sino embriones de cambio social capaces de gestar procesos de resistencia, y de reclamar una relación distinta en la construcción de la espacialidad. De de allí que la concentración de la miseria y de la negación de oportunidades ponen en condiciones de intranquilidad el orden que niega esta realidad humana “los planes sociales han puesto en la mira a las poblaciones de las periferias urbanas, donde buscan instrumentar nuevas formas de control y disci-

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humanos, agua y territorio.

plinamiento a través de subsidios y un conocimiento más fino de esas realidades” (Zibechi, 2008: 21). Los mecanismos de control se generan a partir de la focalización de la política social, mediante la identificación de los más pobres entre los pobres, que es una forma de repartir la miseria. Pero la política de control no es solo en términos de “ayudas” o paliativos, es también militar, como mecanismo de garantizar el dominio sobre el territorio, como tampoco es solo lo militar “los planes sociales y la militarización de las periferias pobres son dos caras de una misma política que ya buscan controlar a las poblaciones que están fuera del alcance de los estados” (Zibechi, 2006, citado por el mismo autor en 2008). Si los conflictos sociales evidenciaron una nueva forma de lucha social, con la producción y transformación del espacio entró en el escenario la comprensión del conflicto a partir del territorio. “Eso supone ingresar al análisis de los movimientos desde otro lugar: no ya las formas de organización y los repertorios de la movilización sino las relaciones sociales y los territorios, o sea a los flujos y las circulaciones y no a las estructuras” (Zibechi, 2008: 50). Es de destacar que en la interacción entre el conflicto y el territorio se forja el movimiento social con sentido de pertenencia, y con identidad construida a partir de la diversidad de intereses en tanto sujetos participantes. Existen diversas definiciones de movimientos sociales. Al respecto se ha privilegiado la noción que reconoce como escenario de actuación un territorio específico, en eso consiste lo espacio-temporal y el propósito central es oponerse a la exclusión, así: “Por movimientos sociales entendemos aquellas acciones sociales colectivas permanentes que se oponen a exclusiones, desigualdades e injusticias, que tienden a ser propositivos y se presentan en contextos socio espaciales y temporales específicos (...) cada vez más encarnan los múltiples derechos que la nueva ciudadanía reclama (…) se conciben a los movimientos sociales como parte de la arena pública y del debate político, elementos que son cada vez más evidentes en América Latina” (Archila, 2006: 12).

93 Nota al pie de página en el libro La ciudad y las masas (Castells, 1986).

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Archila retoma a Castells en el sentido de que no necesariamente los movimientos sociales tienen que ser transformadores radicales de la sociedad, sino que simplemente muestran los conflictos de la sociedad. En ese sentido él afirma que no son ni buenos ni malos, no son ni reformistas ni revolucionarios, sino que expresan los conflictos existentes en una sociedad concreta. Dice que entre 1958 y 1990, al analizar las modalidades de lucha entre paros, movilizaciones e invasiones encontró que esta última es la segunda modalidad de lucha, que se hace fácilmente visible por los altos costos que implica y por el dramatismo que envuelve. Las invasiones no siempre buscan la apropiación de la tierra invadida; en ocasiones se hacen ocupaciones temporales de suelos para llamar la atención sobre problemas agrarios o urbanos. Son acciones difíciles de organizar y conllevan más roces con las fuerzas del orden que otras, pues en ellas se toca la propiedad privada. Por eso la gran prensa tiende a silenciarlas con la intención de desestimularlas. Eso fue particularmente notorio en los años ochenta. En Colombia siguen siendo tímidos, parciales y desconectados los esfuerzos por articular la fuerza de los movimientos al territorio, a excepción de los realizados por las comunidades étnicas. Estos esfuerzos en general logran que sus efectos se manifiesten en avances significativos en el mejoramiento de la calidad de vida para amplios sectores de la población. En buena medida se puede afirmar que ha habido un vacío de paradigmas en la relación construida con el territorio, por no considerar la riqueza y el valor contenido. La lucha por la democracia no solo en lo político sino en lo económico y la búsqueda de alternativas de justicia y de bienestar para las grandes mayorías han sido desconectadas de los factores ambientales y de las riquezas de los territorios. Esto se ha reflejado en constantes luchas urbanas y rurales, en movimientos políticos, procesos de participación popular de base, presencia de ONG y abundantes expresiones de movimiento social de trabajadores, campesinos, pobladores urbano-marginales, mujeres, ambientalistas, y defensores de derechos humanos que han sido convocados en la mayoría de

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los casos dentro de sus propias reivindicaciones, con grandes dificultades de articulación y de encuentro con el territorio.

5.2 Conflictos en torno al agua y al territorio Las dimensiones espacial y temporal de un conflicto hacen especial referencia a su ubicación, es decir, a las circunstancias históricas, geográficas, económicas y sociales en las cuales se origina. Por ello, un conflicto solo puede ser entendido cuando se le analiza de manera integral, teniendo en cuenta el contexto del territorio donde ocurre. “El territorio y el conflicto social no son dos cuestiones separadas. El conflicto social es un conflicto territorializado, encarnado en territorios”. Podemos concebir, así, que “las crisis de la organización social en la que estamos inmersos es también la crisis de las territorialidades instituidas y de los sujetos instituyentes” (Porto, 2001: 47). “A través de la continua desestructuración de territorios y de su permanente reconfiguración, podemos leer el conflicto en curso en todas las dimensiones, local y global, pero también política y cultural” (Zibechi, 2008: 219). Abordar los conflictos en la relación agua y territorio desde la perspectiva ambiental permite comprender las dificultades de los seres humanos en su relación con la naturaleza. Toda acción antrópica genera conflictos con el entorno y con los ecosistemas. Una de las principales dificultades que se presenta con los elementos naturales, es cuando se busca su aprovechamiento como fuente de acumulación económica individualista, que se agudiza cuando los recursos naturales dejan de cumplir una función social, para convertirse en un bien intercambiable, para el lucro privado. La mirada a los problemas ambientales desde los conflictos, alcanzan mayor significación si tienen a su vez una reflexión política que posibilite complejizar el problema desde la perspectiva ambiental y eso significa una mirada amplia interdisciplinar y multidimensional para comprender que no se trata de causas y consecuencias de manera lineal.

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5.2.1 Escalas de interpretación de los conflictos

cidas como ONG, las cuales son facilitadoras de los procesos cuando logran tener una misión y una visión orientadas a un compromiso político. De igual forma están en el territorio y sin duda se deben tener presente como son los actores privados. Esa interacción entre agentes sociales, comunidad, Estado y agentes privados, constantemente ha generado espacios de disputa y de encuentro dados por vías de hecho, acciones de derecho y espacios de confrontación. Estos intereses se reflejan en dinámicas de concertación en relación con la forma tradicional como se define la política pública, donde las comunidades, a partir de los primeros años del 2000, han priorizado la participación en espacios de debate de los planes de desarrollo local, planes de desarrollo distrital y el Plan de Ordenamiento Territorial.

Abordar el territorio a partir de los conflictos que allí acontecen, tanto por los usos dados como por el acceso al agua, exige analizar las escalas que van desde lo local hasta el ámbito internacional. El territorio local se constituye en una especie de punto de arraigo en torno al cual confluyen las acciones de la totalidad de los agentes sociales y tiene dimensiones variables según sea la magnitud de impactos que se le asocian. Cualquier problema ambiental en su análisis y en su seguimiento evidencia la necesidad de atender a una multiplicidad de escalas, al abordar tanto los factores e intereses que intervienen como la resolución de los problemas de gestión que se generan. El conjunto de escalas local, distrital, regional, nacional e internacional exige la identificación de sujetos comunitarios así como de procesos sociales y políticos que acontecen en el territorio. Del mismo modo, es fundamental identificar los actores gubernamentales con su respectivo ámbito de incidencia y jurisdicción, como la capacidad de toma de decisiones no solo en términos políticos sino también financiera, hay otros actores que también juegan un papel en el tratamiento del conflicto, entre ellos están las organizaciones no gubernamentales, cono-

5.2.2 Conflictos urbanos en relación con el agua en el sur de Bogotá Para efecto de este análisis se van a abordar los conflictos a partir de dos dimensiones: los conflictos relacionados con el uso del territorio y los conflictos por el acceso al agua potable. Estas categorías de análisis están íntimamente relacionadas con las formas de ocupación del territorio.

Grafica 19 - Conflictos entorno al agua y al territorio

Fuente: Elaboración propia 136 A s e n t a m i e n t o s

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5.2.2.1 Conflictos por el uso del territorio Con el reconocimiento del territorio sus potencialidades y sus factores negativos, y como el soporte donde se desarrolla cualquier asentamiento humano, se busca entender la relación urbano-rural regional. Interrelaciona aquellos elementos espacio-territoriales y las dinámicas de actuación humana (características antrópicas: poblamientos, producción, usos del suelo, presencia institucional, factores culturales) que se convierten en fundamentales en la configuración y funcionalidad del territorio. La presencia o ausencia de tierras fértiles, la disponibilidad de fuentes energéticas, la cercanía o distancia con los recursos hídricos, van a ser determinantes en la respuesta antrópica. Un atributo fundamental como una cuenca hidrográfica marcará la diferencia cuando se busque entender los procesos de poblamiento y los usos esperados y dados del territorio. Entre los conflictos por el uso del territorio se destacan: la ocupación de rondas de río y quebradas, situaciones de riesgo por inundación o deterioro ambiental, presencia de la industria extractiva, impacto del relleno sanitario de Doña Juana, afectación por curtiembres.

5.2.2.4 Industria extractiva De las 477 industrias ladrilleras y de explotación de arcillas en Bogotá y municipios aledaños, 167 están ubicadas en el sur de Bogotá y 19 se encuentran en el municipio de Soacha. A la extracción del 89% de materiales de construcción en la cuenca del río Tunjuelito para toda la construcción de Bogotá (Fidhap, 2000), se sumaban las areneras de peña, canteras de piedras, recebo, gravilla, arcilla, chircales, ladrilleras, plantas de tubos gres, plantas de lavado de arena y plantas de agregados presentes en la zona. Las dificultades que presenta la explotación minera son porque se hace a cielo abierto. El consumo de arcillas es de 2`678.922 ton/mes. El 83% de las empresas incumplen las normas de seguridad industrial. Se hace explotación con procedimientos manuales (chircales) y no hay sistema de protección de aguas, suelo ni vegetación: no se aplican tratamientos de recuperación morfológica y ecológica; se explota en áreas frágiles, degradando montañas, bosques, nacederos, zonas de captación de agua; no se aplican medidas para la estabilización de taludes; funcionan sin licencia de explotación y sin plan de manejo ambiental. La explotación minera de gravas, arenas y gravillas en la zona media del río Tunjuelo es realizada por tres empresas privadas con títulos mineros: Holcim Premezclados (Suiza), Cemex Colombia S.A. (cantera La Fiscala) y Fundación San Antonio. Según estudios realizados por la EAAB (2000) se pudo establecer que se vierten diariamente aproximadamente al río Tunjuelito 460 toneladas de sólidos, de los cuales 390 toneladas provienen de cuatro industrias extractivas de gran tamaño y las otras 70 toneladas provienen de nueve industrias artesanales dedicadas al lavado de arena.

5.2.2.2 Ocupación de rondas de río y quebradas Uno de los principales problemas que se presenta en la cuenca del río Tunjuelito es la invasión de las rondas llevada a cabo de manera artificial y antitécnica por medio de relleno de los lechos que posteriormente aparecen como lotes. Se destacan los casos de las quebradas Chiguaza, Santa Librada, Bolonia, Yomasa y Limas. 5.2.2.3 Situación de riesgo por deterioro ambiental La degradación ambiental llevada a situaciones de crisis, como sucede con las cuencas urbanas, es el resultado de la explotación incontrolada de los recursos y de la presión por la urbanización del suelo, procesos en los cuales no se han desarrollado criterios de sostenibilidad, ni ha existido una ética en relación con el medio ambiente en el que cada uno de nosotros hace su vida. Por eso la riqueza de recursos se revierte hacia las comunidades en forma de desgracia, padecimiento, amenazas y riesgos.

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5.2.2.5 Impacto del relleno sanitario de Doña Juana La ubicación del relleno sanitario de Doña Juana ha generado un problema de contaminación hídrica por el vertimiento de los lixiviados allí producidos. Estos vertimientos llegan a la quebrada Yerbabuena, microcuenca del río Tunjuelito, que a su vez extiende el problema a lo largo de su cauce hasta el río Bogotá. Es importante resaltar la existencia de

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componentes tóxicos en los lixiviados del relleno tales como cromo y mercurio. El relleno tiene un área de 486 ha distribuidas en ocho zonas para disposición de residuos, una celda para residuos hospitalarios y otra para la disposición y secado de los biosólidos provenientes de una planta de descontaminación de río Bogotá (la planta El Salitre Zona II) que operó desde octubre de 1995 hasta el 27 de septiembre de 1997, día del colapso de aproximadamente un millón de toneladas de residuos de los tres millones que se habían dispuesto. Con una extensión de 25 hectáreas, su capacidad se calculó para recibir residuos durante 4 o 5 años aproximadamente. Solamente estuvo en operación 1,5 años. Estado: área 1: restaurada, clausurada y revegetalizada en julio de 1998.

La fragilidad de las viviendas de las familias que se encuentran en la parte baja de la cuenca del río Tunjuelo, se puso en evidencia en una de las crecientes más grandes que ha tenido este río, producto del invierno, en el año 2002, que fue denominada como “la de los cien años”. Pero el río encontró una salida desviando sus aguas hacia las canteras existentes a lado y lado de su cauce, donde depositó 28 millones de metros cúbicos de agua que se ha convertido en un peligro permanente para las comunidades vecinas.

5.2.3 Conflictos por el acceso al agua potable Durante los años ochenta los problemas estaban asociados con la distribución del agua. Entre los conflictos por usos del territorio identificados en el marco de esta investigación se destacan: inequidad en la distribución del agua; inequidad en el pago; carencia del agua y deserción escolar; movilización comunitaria por el agua; conflictos vecinales; calidad del agua y salud pública; poca respuesta por parte de las entidades públicas; la relación BogotáSoacha; agua ruralidad, pautas para las formas de consumo, así como los sistemas de abastecimiento artesanales implementados (asociado a las técnicas utilizadas). La identificación de estos conflictos permiten comprende que la dimensión del territorio a la que se hace alusión supera la mirada técnica definida en el POT, dado que el impacto antrópico rebasa los límites ecosistémicos para insertarse en las vivencias y las dimensiones humanas, que son las que llenan de contenido los distintos territorios que acontecen en un mismo espacio, mediando las tensiones y pugnas por el control y la apropiación del mismo.

5.2.2.6 Afectación por curtiembres En el sur de Bogotá, en el barrio San Benito, se encuentran más de 300 curtiembres. Estudios han encontrado que a raíz del curtido de cueros en el barrio San Benito las aguas del río Tunjuelito presentan una concentración química superior a 12 miligramos por litro, tres más de lo permitidos por la EAAB. Así mismo, los estudios revelan alta concentración de sales, sulfuros y metales entre los que se destaca el cromo. Este último, de gran uso en la actividad curtidora y, tal vez el de mayor toxicidad. 5.2.2.7 Situación de riesgo por inundación La población crece sin ningún control hacia el sur de la ciudad, sus condiciones socio-económicas y el no encontrar soluciones reales de vivienda obligan a cientos de familias a producir su propio suelo urbano mediante la ocupación de las rondas de quebradas y ríos. Cientos de familias se han ubicado en áreas inundables del río Tunjuelito. El poblamiento ha ido aumento curso arriba, pues primero fue urbanizada la parte plana aumentando su exposición y de igual forma su influencia sobre la dinámica natural. Los desbordes ocurren cuando las altas precipitaciones, aguas arriba, aumentan el caudal lo cual provoca inundaciones rápidas y torrenciales en las zonas cercanas y en los bordes del altiplano, e inundaciones lentas en las zonas planas.

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“(…) en los años ochenta la dotación de agua era muy baja y las limitaciones técnicas de la empresa eran mayores, no existían los tanques altos pues no estaba tan generalizado los sistemas de bombeo para esos tanques para que después pudieran servir por gravedad como funcionan ahora y muchos barrios estaban por fuera de las áreas que la empresa había determinado en su perímetro de servicios. Entonces las limitaciones eran altas y eso generaba las limitaciones en la legalización de estos barrios, eso no En

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ha impedido la ocupación, de hecho sigue creciendo por encima de la cota de prestación porque no existe una política de vivienda integral ni una limitante en la área no urbanizable” (J. de D. Martínez, 2007. En entrevista).

to, porque la empresa repartía determinada cantidad de agua y ésta no les alcanzaba a las familias. Entonces la comunidad tenía necesidad de llevar carro-tanques particulares que vendían el agua más cara y, además, hacían monopolio del agua y decidían a quién venderle y a qué precio; la gente menciona que se dio la guerra del carro-tanque. La inequidad se expresaba en los sobrecostos cuando les legalizaron el servicio de agua, los primeros barrios pagaron altos costos, en largos procesos de financiación con la EAAB. Algunos terminaron pagando las redes durante cinco años. En el barrio Danubio Azul, en 1995 y 1996, en la instalación de la acometida y el medidor la comunidad consideró que fue estafada, al respecto dicen: “(…) toco cancelar más de 1’080.000 pesos a la EAAB por un proyecto que supuestamente no tendría más costo que el de la acometida y de pronto del medidor, que comparados con el día de hoy es un precio muy alto” (Velasco, 2007. En entrevista). En el análisis de las entrevistas se encontró que, efectivamente, cuando las comunidades no tienen prestación del servicio regular por parte de la empresa pública, terminan pagando mayores costos y todo daño que se presente en el sistema rudimentario que utilizan para recibir el servicio terminan cubriéndolo las familias, así: “o le pongo la manguera, usted viene y se instala y le cobro 200.000 pesos” (Eucaris Moreno, 2007. En entrevista); “Es decir, yo cojo la manguera y la llevo a equis sector, para que la coja el vecino se les cobra por el derecho y le sale más caro a la comunidad” (Culma, 2007. En entrevista). Como se pudo observar, en medio de la necesidad del agua que tienen las familias están los intermediarios, que la mayoría de las veces son habitantes del mismo barrio que logran sacarle ganancia a las necesidades de sus propios vecinos, y son precisamente estos personajes los que indisponen a la comunidad cuando la EAAB intenta legalizarles el servicio del agua aduciendo que les van a cobrar más caro, o que la Junta de Acción Comunal está negociado de espalda al barrio con la EAAB. El siguiente testimonio relata con mayor claridad lo que están viviendo: “Hay personas a las que no les interesa que se legalice el agua. Estas personas,

5.2.3.1 Inequidad en la distribución del agua Durante mucho tiempo Usme y Ciudad Bolívar estuvieron por fuera de los planes urbanísticos y de obras públicas de la ciudad, eso se vio reflejado en el proceso de ocupación que se consolidó en poco tiempo sin contar con redes matrices de distribución de agua, pues había un retraso importante en la ciudad en relación con la provisión de agua potable. Pero las implicaciones de deterioro de la calidad de vida se expresaban con mayor magnitud en estos sectores perimetrales de la ciudad, que de alguna manera era injusta, dado que, por ejemplo en Usme, rica en agua, aportaba a la ciudad desde la década de los cuarenta este vital líquido para ayudar a resolver el déficit presentado en Bogotá. “(…) cuando terminaron Chingaza había un problema de distribución: había gran cantidad de agua pero no la tenían distribuida por tubos matrices para el consumo de Bogotá, eso significaba un retraso y tenía unas implicaciones fuertes en los temas del costo y la financiación, porque la idea era que la pudieran vender muy rápidamente. Se demoraron porque la contradicción estaba en que había escasez en el sur y la producción era en el norte, y para la conducción se requería un proyecto grandísimo” (Jiménez, 2007. En entrevista).

5.2.3.2 Inequidad en el costo del agua Los barrios periféricos que no tienen acceso permanente al agua potable terminan pagando el agua más costosa de la ciudad, porque en el proceso de búsqueda de ésta se encuentran con muchos intermediarios que pretenden ganar. Por ejemplo, la llegada del agua a un barrio legalizado significaba la creación de empresas ilegales que empezaban a ofrecer el agua de los vecinos, luego hacían conexiones y redes provisionales y le cobraban el servicio a la comunidad. Pero también se presentaba inequidad cuando les llevaban el agua en carro-tanques del acueduc139 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

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nosotros lo sabemos, van a llevar a la comunidad a enfrentarse a la Junta de Acción Comunal, a que diga que les van a traer el acueducto a que les cobre que les va salir muy caro, y va haber roces con la comunidad” (Rojas, 2007. En entrevista). Alrededor del agua se generaba mucha especulación; lo lamentable es que aún los mismos vecinos, que compartían las mismas dificultades, estaban mirando cómo le sacaban ventaja a la necesidad de calmar la sed, entonces conformaban lo que la comunidad llama el “negocio del agua”, con el cual se facilitaban distintas situaciones de manipulación del barrio, incluso para acceder a los propios espacios de representación como las Juntas de Acción Comunal –JAC–, que eran utilizadas para engañar a la comunidad respecto a la legalización del barrio y del agua. Muchas campañas políticas se hicieron con este tipo de ofertas. “Había una gente a la que no le interesaba resolver el problema del agua, por los intereses en el carro-tanque, económicos, políticos, entonces para qué resolver el problema del agua, nos van a quitar los voticos; pero a quienes estábamos ‘llevados’ nos tocaba pensar como fuera en resolver el problema del agua” (Ospina, 2007. En entrevista).

te no solo expresaba conflictos, sino que también generaba un espacio de encuentro entre los vecinos. Se fortalecían los compadrazgos, entre todos cuidaban los hijos, mientras recogía el agua la comunidad conversaba y se organizaba. La llegada del agua significó que la gente entrara a sus casas a llevar una vida más privada y muchos espacios de encuentro y de camaradería se perdieron, como también disminuyeron las luchas sociales cuando regularizaron los barrios y la prestación de todos los servicios públicos. En esa época el conflicto era por la fila, por el baldado de agua, pero también había la solidaridad, ambos necesariamente presentes en los sectores populares. 5.2.3.4 Pautas y formas de consumo La EAAB y la CRA95 siempre han considerado que el mayor porcentaje de pérdidas de agua se da en los barrios de origen informal por las conexiones artesanales descritas, esta tesis la han construido a partir de la lectura que han hecho a los macromedidores, los cuales han servido para conocer cuánta agua se pierde, pero no cuánto consume cada familia; este último dato solo es posible construirlo a partir de la instalación individual de redes. Las pérdidas aumentan porque una familia a la que no le llega el agua de manera regular, cuando logra conectarse, trata de almacenarla por el tiempo que no la van a tener, muchas veces, después de haber recogido la necesaria, colocan la manguera sobre el sifón o en algunas ocasiones están rotas. La tendencia ha sido que de una manguera surge un barrio, de hecho ha sido la forma como el urbanizador pirata especula con el agua, paradójicamente esta presencia cotidiana de una situación crítica con respecto al agua impide el desarrollo de conciencia sobre el significado del agua, como recurso finito que exige un uso racional. Era frecuente también la poca claridad en el cobro de tarifas de agua en los barrios informales. Cuando empezó el proceso de facturación en estos

5.2.3.3 Agua y conflictos vecinales La falta de agua generaba tensiones permanentes entre los vecinos, que muchas veces no lograban tramitar, estos se expresaban en ofensas verbales, agresiones físicas, peleas, machete, “mechoneadas”94, hasta muertes (en el marco de esta investigación, las entrevistas registraron dos casos, uno en Danubio Azul y otro en Altos de la Estancia). Como lo expresa el testimonio del líder Nelson Velasco: “Mi papá fue una persona que colaboró mucho con esto, el barrio tenía una junta que le pagaba a un fontanero, pero este no daba abasto, entonces mi papá prestaba ese servicio sobre todo a los vecinos más cercanos y darles agua a las personas así sea por un rato al día (...) falleció lamentablemente porque una persona lo atacó por, supuestamente, haberle cortado el agua y haberle trozado la manguera” (Velasco, 2007. En entrevista).

94 Términos utilizados por los mismos habitantes de la comunidad.

Pese a estas dificultades, se encuentra algo interesante y es que el tomar el agua colectivamen140 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

95 Este tema se desarrolla a profundidad en el capítulo 4, Procesos socio-económicos.

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barrios con el Ciclo I, la comunidad no sabía qué le estaban cobrando ni cómo lo estaban midiendo, además en las facturas incluían el cobro de la recolección de basura sin que estas familias se beneficiaran con este servicio, les llegaban recibos con otros nombres, incluso de otras localidades.

exigiéndoles ciertas características a los recipientes de almacenamiento. “Ocho carro-tanques, los cuales hacían 7 viajes por día porque la demanda era muy grande, y cada puesto sacaba hasta 400 canecas, se daban 2 canecas por habitantes, esas canecas eran de 60 galones y tenían que estar pintadas en su interior de blanco, no se aceptaban canecas viejas para que no contaminaran el agua, nosotros cubríamos Ciudad Bolívar, comenzando por La Estancia, todo el sector que limita con Soacha, Santo Domingo, Villanueva, Los Alpes, Bella Flor, Jerusalén, Paraíso, también llevábamos a la parte de Usme: Divino Niño, Yomasa, Compostela, los barrios que están en la montaña; los surtíamos 2 o 3 veces por semana” (Sarmiento, 2007. En entrevista)

“(…) llega a un ciclo I, se pagan 3.500, pero desafortunadamente estamos muy angustiados debido a que nos cobran más Aseo Capital96 que lo mismo que se paga de agua, hay veces por decir nos llega el agua a 7.000 pesos el mes y Aseo Capital, un ejemplo, 40.000 pesos, entonces no se justifica porque todavía nosotros no tenemos vías por la cuales el carro de la basura se meta, como corresponde, a recoger la basura” (González, 2007. En entrevista).

También es muy conocido lo que ocurría en la comuna Alfonso López y en general en los barrios altos de Usme: en el proceso de ocupación de este territorio, la población resolvía el acceso al agua conectándose al tubo que conducía el agua cruda de la represa La Regadera a la planta de tratamiento de Vitelma, aunque sabían que ésta les generaba daños a la salud. Eso también lo sabía la administración distrital, no obstante, prefería invertir en campañas para desparasitar a los niños y no en solucionarles el problema con el suministro de agua potable.

5.2.3.5 Calidad del agua y salud pública Casi todos los barrios de origen informal han tenido problemas asociados a la mala calidad del agua, por muchas razones; la más notable, que aún se presenta en estos sectores, es la contaminación del agua potable que va por mangueras con aguas residuales a cielo abierto. Cuando la misma comunidad hacía captación de agua de una fuente cercana, la almacenaba y la distribuía con apoyo de un fontanero, pero era agua sin tratar y en el peor de los casos con coliformes totales, que indica que no es apta para el consumo humano.

“Hace unos años, cuando la gente se colgaba del tubo que venía de La Regadera hasta Vitelma, se hacían permanentemente campañas por parte de la Secretaría de Salud para desparasitar a los niños, porque vivían con demasiados parásitos y no se miraba cuál era la causante de eso; la causa original estaba asociada fundamentalmente al consumo de agua sin tratar, que a pesar que la gente le hacía tratamientos artesanales con filtros, con una serie de cosas que la gente había desarrollado, no eran lo suficientemente fuertes para garantizar que no se diera el proceso parasitario que afectaba a los niños” (Torres, 2007. En conversatorio).

“(…) las mangueras son de material reciclable que las hacen las mismas fábricas que están en el sector, entonces son de basura, las hacen de bolsas plásticas ya utilizadas, no es buena manguera, es porosa, y en una época nos tocó y aún se encuentran partes en las que las mangueras están por entre las cañerías o pasa un tubo de aguas negras, en ese tiempo sucedía eso y nos tocaba entre las mismas chambas o por donde pasaba, porque era tanta la humedad que teníamos, tanta la contaminación del agua, no se podía decir que era agua potable, y aún todavía no podemos contar con agua potable” (Martínez, 2007. En entrevista).

Del mismo modo se presentaron grandes problemas de salud pública en Soacha:

El agua también se contaminaba porque los recipientes en donde se almacenaba no eran los más indicados, estaban contaminados con combustible o con jabón, la EAAB trató de mitigar este problema 141 A s e n t a m i e n t o s

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96 Empresa privada prestadora del servicio de aseo.

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“Salían todas la aguas negras, y el ambiente de los barrios era una cosa impresionante, las condiciones sanitarias eran horribles, las epidemias eran muy fuertes; en alguna ocasión alcanzó a haber fiebre amarilla, hace como 7 u 8 años, enfermedades que hacía más de 200 años no existían, y aquí hubo casos, yo me acuerdo porque en esa época se crearon los comités en Soacha. Hasta se alcanzaron a dar uno o dos casos de cólera, entonces las condiciones sanitarias eran muy malas, era muy deprimente” (Medellín, 2007. En entrevista).

en Ciudad Bolívar y Usme, hay dificultades y tensiones en los barrios del borde de Bogotá y de Soacha, y tienen en común que comparten los mismos problemas y dificultades en el acceso al agua. 5.2.3.9 Agua y ruralidad Usme y Ciudad Bolívar tienen un territorio rural del 70%; los campesinos no han sido tenidos en cuenta para la protección de las fuentes hídricas y no cuentan con apoyo técnico en el manejo de los acueductos contaminados. Las comunidades urbanas de la ciudad tienen acceso en un 100% al agua potable en barrios legalizados, sin embargo, las comunidades rurales de Bogotá no solo no tienen acceso al agua potable sino que, paradójicamente, habitan precisamente en los territorios de la ciudad que son la fuente principal de nacimientos de agua. Existe un altísimo número de habitantes campesinos que no acceden de manera permanente al agua apta para el consumo, a pesar de que la mayoría de las veredas cuentan con sistemas de acueducto construidos a partir de 1998. El conflicto fundamental de los acueductos veredales en Usme, Ciudad Bolívar y en general la zona rural de la ciudad es lograr el acceso pleno al servicio de agua potable, tramitando los respectivos subsidios, sin que ellos signifiquen la pérdida de autonomía y administración de los acueductos por parte de las comunidades.

5.2.3.6 Carencia del agua y deserción escolar En muchos lugares del mundo los niños no asisten al colegio porque deben invertir muchas horas buscando y cargando el agua. Esta situación también se presentó en Bogotá: niños y jóvenes no asistían a las escuelas en Ciudad Bolívar y Usme porque tenían que cargar agua, por hacer fila desde la madrugada o por falta de condiciones de higiene. La deserción escolar era permanente porque los jóvenes colaboraban cargando agua para que los padres pudieran trabajar: “Eso sí, tocaba madrugar, dos o tres de la mañana, sobre todo los niños, mandaban a los niños a hacer fila” (Ospina, 2007. En entrevista). 5.2.3.7 Débil respuesta de las entidades públicas Los reclamos de la comunidad no eran atendidos por la EAAB en corto tiempo; el poco control público a la función social del agua permitió en los años ochenta que los hacendados desviaran quebradas en beneficio particular. La EAAB, como parte de la administración, fue tímida en la generación de mecanismos de control. Las demandas de la población por agua eran múltiples, pero el Distrito no lograba responder con planes a corto plazo, ni generar espacios de interlocución que generaran compromisos con la comunidad.

“La gente se baja, generalmente dice: el acueducto se está tomando nuestra agua, hace las presas, se lleva el agua para Bogotá ¿y a nosotros qué? No nos deja nada, ¿no nos va a dejar ni siquiera una plumita?, eso hay que, muy por debajo de cuerda, al estilo operativo, le suelto esta pluma de agua, regáleme media pulgada de agua; así se negocia con las comunidades rurales, déme media pulgada, ya somos varios, necesitamos como una pulgada; esa es la negociación con los sectores rurales y de alguna manera invitando a que se estabilice eso y para que no sea que por cualquier razón se tengan que venir a la ciudad. La ciudad tiene una gigantesca zona rural que es varias veces la extensión de Bogotá, que baja por el Sumapaz y que llega prácticamente a frontera con el Huila, el Meta, la Sierra de la Macarena, hay un lazo prácticamente, la Macarena se desprende un poco, pero aparece abajo; toda esta zona de Sumapaz es el agua del futuro

5.2.3.8 La relación Bogotá-Soacha Esta relación se convirtió en un tema político. La comunidad ha considerado que no existe una relación en equidad, sino que el municipio le resuelve espacialmente los problemas de pobreza que el Distrito no logra solucionar. El proceso de ocupación de los barrios muestra características muy similares

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de Bogotá y el plan estratégico era hacer un trabajo de bordes en la ciudad con las comunidades, sin estar confrontados con ellas diciéndoles que no existen, que son ilegales. Miren este plano donde aparecen, donde están no hay nada que hacer” (Fandiño, 2007. En entrevista).

era viable ni la concertación ni el tratamiento de los conflictos. Las comunidades reivindicaban las vías de hecho y consideraban que las llamadas vías de derecho estaban agotadas. La construcción de los recientes espacios de participación a partir de la Constitución de 1991, se convirtieron en una compuerta que canalizó las formas de organización, reivindicaciones sociales y necesidades de participación y autorepresentación. Esto generó fuertes dinámicas de polarización en relación con la institucionalidad formal.

Los sistemas de abastecimientos implementados están asociados a las técnicas de acceso al agua, que ya fueron descritos en el capítulo III, se dieron cientos de conflictos en la vida de estos barrios. Igualmente, alrededor del tema de las mangueras se han construido muchas historias en Usme, Ciudad Bolívar y Soacha, que, pese a ser una de las formas más antiguas de suministro, aún sigue vigente para la conexión del agua de Bogotá con Soacha.

“Los problemas por falta de agua llevaron a la gente a organizarse, nos movilizamos con la gente en 1992, en conjunto con otros sectores como el Alfonso López y los Sucres porque también padecían del mismo problema. 1993, 1994 y 1995 fueron años de movilización fuerte, y nació el movimiento cívico comunitario, hasta logramos traer al alcalde Jaime Castro, y se llegaron a acuerdos como la legalización de barrios. Es así como en el año 1995 se lograron tener las redes oficiales y tener las acometidas. La legalización del agua la logramos gracias a los movimientos sociales” (Velasco, 2007. En entrevista).

5.3 Las reivindicaciones sociales giraron alrededor de la búsqueda del agua Durante muchos años los paros cívicos y las luchas contestatarias y reivindicativas fueron el motor del avance social y del desarrollo de la conciencia política en amplios sectores de la población de la periferia urbana; el agua fue el elemento movilizador de esos procesos, primero por el acceso y luego por las tarifas; pero como la dinámica de crecimiento no se ha detenido en la ciudad ni en el municipio de Soacha, la búsqueda sigue siendo la misma aunque la intensidad de la lucha y el tipo de movilización haya cambiado, lo cual no significa que no se esté dando. El período entre los años ochenta y noventa se caracterizó por ser de procesos de lucha por “un techo” o cualquier tipo de solución que se semejara a una vivienda, eso significó en algunos casos invasiones, toma de tierras y compra a los piratas. También fueron años de lucha por servicios públicos, vías, bienestar de la niñez y orientación de la inversión social, pero ante todo fueron años de lucha y búsqueda del agua, que fue el motor del resto de reivindicaciones sociales y políticas. Esto generó fuertes dinámicas de polarización en relación con la institucionalidad formal. Los espacios y formas de interlocución entre el Estado y las comunidades usualmente estaban marcadas por posiciones extremas en donde, por causas institucionales, no 143 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

Las prácticas de participación social estuvieron marcadas por una lógica reivindicativa que se caracteriza usualmente por dejar en manos del Estado o en actores privados la definición de aspectos estratégicos que definen la territorialidad, tales como los parámetros configuradores de la espacialidad urbana, los usos del territorio y el aprovechamiento de los mejores recursos, incluyendo su potencial productivo. Esta falta de perspectiva de mediano y largo plazo, limitó la participación comunitaria a la búsqueda de satisfacción de las necesidades básicas inmediatas, sin que en ello mediara ninguna capacidad de actuación consciente sobre los verdaderos factores estructurantes del desarrollo urbano expresados de manera directa o indirecta en las políticas públicas. En las entrevistas realizadas en el marco de esta investigación los líderes reconocen que fueron momentos de lucha, de movilización, de presión, que duraron más de una década, y en cada movilización avanzaban en el bienestar del barrio. Los líderes aprendieron a leer planos, a hacer diseños,

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se metieron en temas de nomenclatura, de riesgos, de conexiones de agua, de tarifas. La principal exigencia de estas comunidades estuvo relacionada con la legalización de los barrios, eso lo evidencia el siguiente testimonio:

extremas de la comunidad como el secuestro de funcionarios y de carros de la EAAB (El Tiempo, 5 de abril de 1988). Los conflictos presentados por el acceso al agua de alguna manera los explican el tipo de tecnologías que la población implementaba para acceder a una condición de dignidad humana, sin la cual no era posible la construcción social del hábitat como parte de la vida. Al calor de la movilización y la lucha por el agua se fue forjando la identidad de la población y creando conciencia de la necesidad de la participación política, que a partir de 1986 sería canalizada por vías institucionales en el Acto Legislativo No. 1 de 1986, que creó los primeros escenarios de participación y descentralización. Con anterioridad, la inclusión en la vida política solo tuvo expresión en los procesos de izquierda radical y en los movimientos populistas. Otras expresiones, como las redes de control bipartidista, usualmente no desarrollaron ni conciencia ni inclusión política real sino procesos clientelistas, caudillistas y formas de manipulación del descontento social.

“(…) Sin legalizar los barrios el acueducto no dotaba de agua potable. La lucha era por la legalización y por la dotación de servicios porque una cosa tenía que venir con la otra. Hubo una crisis tenaces, por ejemplo, en 1998 y 1999 hubo un verano intenso que hizo que La Regadera se secara y al secarse prácticamente nos quedamos sin agua, entonces nos movilizamos a la empresa de acueducto y logramos en ese tiempo que en cada uno de los barrios el acueducto instalara unos tanques grandes de 5.000 litros” (Villamil, 2007. En entrevista).

El tipo de diálogo que se construyó con la administración distrital fue a partir de protestas, y de promesas incumplidas. Estas comunidades fueron aprendiendo que solo la movilización y la presión social les facilitaba mejorar sus condiciones de vida, por eso consideraron que la decisión de legalizar los barrios no obedeció a la buena voluntad del mandatario de turno, sino que fue el resultado de años de lucha, de muchas tomas a la EAAB, también entendieron que dependiendo del tipo de protesta, es decir, si eran grandes o pequeñas, se lograban mayores o menores compromisos. “En cada movilización algo se avanzaba y las respuestas eran de todo calibre, si lográbamos sacar una movilización grande y fuerte había posibilidades de algunos acuerdos, si era una movilización por ahí de 20 la respuesta era represiva y se acababan las posibilidades” (Villamil, 2007. En entrevista). En las movilizaciones los habitantes apoyaban con lo que podían aportar, hacían carteles, pasacalles, ollas comunitarias, colectas de plata, conseguían buses para llevar a la gente hasta las entidades públicas para tomarse el Concejo de Bogotá, la Alcaldía Mayor o la EAAB. “Los conductores eran solidarios porque vivían también acá” (Villamil, 2007. En entrevista). El agua se convirtió en el principal potenciador de la movilización social, que llevó a acciones 144 A s e n t a m i e n t o s

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5.3.1 La participación empieza a ser cooptada por la institucionalidad La construcción de los espacios de participación a partir de la Constitución de 1991, se convirtió en una compuerta que canalizó las formas de organización, reivindicaciones sociales, necesidades de participación y autorepresentación. Los esfuerzos organizativos de la comunidad, construidos con cierta conciencia social y política, rápidamente fueron cooptados por la institucionalidad. Con la elección de Juntas Administradoras Locales –JAL–97 y con el debate en torno a los planes de desarrollo local, las modalidades de movilización fueron cambiando, los líderes naturales se pusieron en función de este nuevo proceso que prometía ser un espacio de toma de decisiones sobre los aspectos más inme-

97 Acuerdo 02 de 1992, artículo 29, establece que en cada una de las localidades funcionará una JAL cuya elección se hará por voto popular en los puestos electorales de la respectiva localidad. La primera elección se hizo en 1992, a Ciudad Bolívar le correspondía elegir 11 ediles y a Usme 9.

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diatos de la localidad y de los barrios. No obstante nunca pudo ser un proceso autónomo dado que los políticos tradicionales encontraron en esta instancia el mecanismo más eficaz para canalizar los votos locales. Entre las componendas y los arreglos políticos se fueron desdibujando los intereses comunitarios. Los movimientos cívicos y comunitarios empezaron a constituir plataformas políticas mínimas que les permitiera participar en la contienda electoral. De igual forma las comunidades se ilusionaron con los mecanismo de participación dados por la Ley 134 de 199498, que les permitió desarrollar fundamentalmente cabildos abiertos, que se convertían en escenarios polarizados, en donde citaban a toda la administración y ésta terminaba enviando funcionarios sin mayor capacidad de decisión y de compromiso. Otro escenario que ha concentrado la atención de las organizaciones locales ha sido el debate en torno a la elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo de las localidades99, que no logran hacer nada distinto que armonizar las líneas dadas por el plan de desarrollo distrital, teniendo en cuenta que en Bogotá no se ha implementado una descentralización real y que estos espacios de alcaldías y JAL son meras instancias administrativas; a nivel sectorial también fueron reguladas las iniciativas comunitarias ambientales en torno a las Comisiones Ambientales Locales100, sin lograr mayor desarrollo.

nes de comerciantes, organizaciones de industriales, gerentes de establecimientos de salud pública local, organizaciones no gubernamentales, organizaciones ambientales. También en las localidades donde haya grupos étnicos u organizaciones campesinas o asociaciones, podrán participar en los CPL. Estos consejos cumplen funciones de proponer, organizar, ejercer, evaluar, formular pero no de toma de decisiones y de incidencia en la política pública. El tema de la participación también se hizo presente en la contratación pública, la cual debe estar sujeta a la vigilancia y control103. Entonces Bogotá cuenta con un marco normativo y jurisprudencial de la planeación participativa generada por la Ley 152 de 1994 que desarrolló el artículo 340 de la Constitución Nacional –CN– sobre el Consejo Nacional y Territorial de Planeación; el Acuerdo 12 del mismo año, al cual ya se hizo referencia, creó como parte de las instancias de planeación el Consejo Territorial de Planeación Distrital –CTPD–, y la sentencia C-524 de 2003 de la Corte Constitucional, precisa que los consejos territoriales deben articularse entre sí a manera de sistemas de planeación participativa. No obstante el avance en lo formal, éste no se ha traducido en la consolidación de proyectos urbanos con capacidad de incidencia en la formulación de las políticas públicas, ni en el mejoramiento sustancial de la calidad de vida, ni en una transformación real de las prácticas políticas. Tal vez el único

“(…) se dice que las luchas se acabaron aunque los problemas siguen ahí porque los dirigentes nos metimos en las instituciones, entonces en ese sentido dejó de haber quien peleara y a su vez los que hacíamos las movilizaciones, las protestas y las luchas pues hoy en día nos pudimos haber convertido en un obstáculo y en un freno para que las comunidades se movilicen” (Villamil, 2007. En entrevista).

98 Que regula los mecanismos de participación del pueblo: la iniciativa popular legislativa y normativa; el referendo; la consulta popular, del orden nacional, departamental, distrital, municipal y local; la revocatoria del mandato; el plebiscito y el cabildo abierto. 99 Acuerdo 12 de 1994, por el cual se establece el Estatuto de Planeación del Distrito Capital y se reglamenta la formulación, la aprobación, la ejecución y la evaluación del plan de desarrollo económico y social y de obras públicas del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, y se dictan otras disposiciones complementarias.

En el año 2000 el Distrito avanzó en la reglamentación de esa participación ciudadana101, creando los Consejos de Planeación Local –CPL– y los encuentros ciudadanos102 con participación de la Asociación de Juntas de Acción Comunal, asociaciones de padres de familia, organizaciones juveniles, rectores de establecimientos educativos, organizacio145 A s e n t a m i e n t o s

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100 Con el Decreto Distrital 697 de 1993. 101 Acuerdo 13 de 2000: por el cual se reglamenta la participación ciudadana en la elaboración aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del plan de desarrollo económico y social para las diferentes localidades que conforman el Distrito Capital. 102 Decreto Distrital 739 de 1998, los encuentros ciudadanos tienen como finalidad principal promover la formación ciudadana en los procesos de planeación local. 103 Ley 80 de 1993, artículo 66. De la participación comunitaria.

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cambio consistió en la desaparición de las llamadas vías de hecho y en la influencia de la izquierda radical sobre los movimientos urbanos. La protesta social fue cooptada por la extensión de las redes de la política tradicional, ahora más actuantes en la vida local y barrial y en vez de pliegos reivindicativos aparecieron los proyectos y los contratos como vía de satisfacción de las demandas de las comunidades. En los sectores populares fueron apareciendo una institucionalidad de organizaciones con personería jurídica, conformada en círculos estrechos y cerrados (ONG barriales), que se constituyen en el saldo de las anteriores experiencias de movilización y participación. Queda la acción comunal, un movimiento más amplio en sus formas de articulación y representación, con mayor cobertura, pero también más firmemente atado a la institucionalidad tradicional y a sus partidos políticos104.

na y rural que en todas sus dimensiones constituye una forma de aproximación destinada a integrar en un todo coherente la planeación y la gestión de demandas de un proyecto de ciudad sostenible, que devuelve al territorio y a sus actores la capacidad de ordenarse y orientarse hacia la apropiación social del territorio, más allá de las necesidades urgentes. La planeación integral considera en un mismo plano los factores ambientales, la calidad de vida, la calidad ambiental, la productividad sostenible, la participación social y la gestión integrada de recursos, así como la superación de la fragmentación propia de la lógica administrativa local, sin sacrificar sus potencialidades en materia de planeación y desarrollo democrático. Actualmente, de manera tímida, intentan nuevos espacios en otras expresiones del movimiento social o esfuerzos de recomposición de proyectos relativamente agotados en los años recientes. Han hecho un enorme esfuerzo en algunos casos por valorar críticamente las limitaciones de las décadas pasadas en cuanto a la relación con el Estado, la incorporación de nuevos valores y las perspectivas ambientales en el desarrollo.

5.3.2 Aparece el territorio como escenario de interpretación Estas dinámicas sociales con un gran tinte legalista, porque todo ha sido reglamentado, son salvadas de alguna manera por la comprensión de un nuevo elemento en el imaginario social que no había sido considerado en diferentes luchas sociales: el territorio. En el caso particular del sur de Bogotá se heredaron los aprendizajes obtenidos con el parque Entrenubes como un referente territorial, que fue denominado “pulmón ambiental para el sur-oriente y para la ciudad”, y posibilitó la construcción de nuevos referentes de interpretación social, que daban razón de todos los conflictos sociales que amenazaban su permanencia como reserva orográfica, tales como chircales, ladrilleras, canteras, actividades agrícolas y, principalmente, la promoción masiva de suelo del parque por parte de los urbanizadores piratas. Este parque fue salvado por organizaciones comunitarias como Pepaso, Avesol y ONG como Fidhap, el Cinep, y de cientos de personas y organizaciones, las cuales permitieron que hoy el distrito cuente con uno de los parques metropolitanos más grandes de la ciudad105. Hoy se están construyendo propuestas en el área de estudio que demandan por una mirada territorial fundada en la unidad espacial de la cuenca urba146 A s e n t a m i e n t o s

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“[Entre] las luchas fundamentales que estamos nosotros planteándole a la gente, una tiene que ver con la protección de las fuentes hídricas de Ciudad Bolívar y frente a la propuesta del parque minero. Estamos con la gente en la defensa del recurso hídrico que no solo es un problema de Ciudad Bolívar, es un problema para Bogotá” (Ospina, 2007. En entrevista).

Como un avance del desarrollo de esta nueva mirada más integral, holística y compleja, se puede mencionar el proceso social que se está gestando en la cuenca del río Tunjuelito desde 1998, que articula múltiples dinámicas de comprensión del territorio hoy denominados Asamblea Sur y Territorio Sur.

104 Esta reflexión fue construida en la Fundación Fidhap con el apoyo conceptual de Alberto Gómez López, que participó como facilitador en los procesos sociales del sur de Bogotá en las décadas de los años ochenta y noventa. 105 En los procesos tanto del parque Entrenubes como de la cuenca del río Tunjuelo, la autora de esta investigación hizo parte.

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De esta dinámica social se han generado aprendizajes para la comprensión de otros territorios en la ciudad, como la cuenca del río Fucha, la cuenca del río Salitre y otros que paulatinamente están siendo reconocidos institucionalmente y reflejados en políticas públicas, está por verse si estos importantes procesos terminan cooptados institucionalmente como ocurrió en el pasado o por el contrario mantienen y consolidan su independencia política.

derechos de la niñez, a los grupos de mujeres, a los grupos de los adultos mayores, a todas las expresiones comunitarias que se estaban dando. Al comienzo de los años noventa estos movimientos cívicos lograron articular formas organizativas que expresaban cansancio ante el abandono institucional, los llevó a generar acciones de hecho como los paros cívicos, el bloqueo a las vías y tomas permanentes a la EAAB.

5.3.3 La relación entre el proceso organizativo y el acceso al agua en los barios del área de estudio

“Al cabo de un tiempo las juntas comunales no fueron suficientes y conformamos el movimiento cívico comunitario entre marzo y abril de 1993, y en ese mismo año por allá como en junio ese movimiento cívico hizo su expresión cívica y de movilización más grande que hallamos conocido en Usme” (Villamil, 2007. En entrevista).

La primera forma organizativa que generaban los barrios de origen informal era la creación del Comité Pro Junta de Acción Comunal y luego de las juntas de acción comunal –JAC–, la cual buscaba inicialmente cómo resolver el acceso al agua de manera provisional y luego la legalización del barrio para que el agua llegara de manera permanente. Así se dieron organizaciones como Asindesoda, Asociación de Integración Desarrollo Social Danubio Azul, del barrio Danubio Azul, que logró conseguir la escuela con donaciones de casas prefabricadas, y también logró organizar la prestación del servicio del agua. El Comité Pro Agua de las juntas de acción comunal del barrio Potosí y otros sectores de Jerusalén. A veces se generaban paralelismo con los comités que la gente creaba cuando le querían disputar protagonismo a las JAC. En Altos de Cazucá se crearon comités pro-agua, comités pro-acueducto, las JAC, comités de desarrollo y control social. En El Triángulo, en Comuna Alfonso López, también se formaron comités pro juntas y luego las JAC. En algunos sectores se conformaron algunos comités pro agua, pero generalmente eran las mismas juntas las que lideraron el proceso de acueducto. Pero la conformación de las JAC y los comités no era suficiente para que las comunidades hicieran sentir sus demandas ante las entidades gubernamentales y pudieran mejorar sus condiciones de vida,, entonces la gente se fue organizando en “movimientos cívicos y comunitarios” que aglutinaban a las juntas de acción comunal, a la asociación de juntas, a las organizaciones de las madres comunitarias, a los grupos juveniles, a los defensores de los 147 A s e n t a m i e n t o s

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Pero aún en los tiempos recientes la fuerza organizativa la siguen teniendo las JAC y se puede observar en el siguiente testimonio del barrio Los Olivos II, del municipio de Soacha: “En este momento estamos en un proceso porque es una de las comunas más pequeñas del municipio, somos 17 barrios aprobados, 15 líderes comunales nos hemos puesto en la tarea de gestionar por la comuna y estamos en el proceso ya de posiblemente de iniciar lo que es el acueducto” (Martínez, 2007 en entrevista).

Es el caso de Villa Anita III, de la localidad de Usme, en donde la JAC sigue gestionando obras de desarrollo para su barrio. En el caserío El Manzano, en la zona rural del municipio de Soacha, la gente busca unas mejores condiciones de vida, para lo cual se ha conformado un comité comunitario y desean hacer parte o bien de la JAC del barrio Panamá o crear su propia junta. En la década de los años ochenta la figura de la acción comunal cobró tal fuerza que la EAAB atendió las solicitudes y reclamos solo a través de los líderes comunales, y para ello estableció unos criterios para la interlocución con los barrios subnormales, que era la denominación estatal que le daban a estos sectores. Como parte de los criterios se destacan: (1) mantener comunicación con comunidades organizadas me-

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diante el sistema de acción comunal, con el objeto de suministrarles la mejor información sobre las verdaderas posibilidades que tiene la empresa en materia de prestación de servicios de acueducto y alcantarillado. La EAAB buscaba con esto proteger a la comunidad de intermediarios que se querían aprovechar de la situación de marginalidad para derivar beneficios económicos o políticos. (2) “Es necesario modernizar el sistema de atención de los barrios subnormales (…) para evitar agudizar la difícil situación que viven estas comunidades” (EAAB, tomo I, 2003: 260). Independientemente del surgimiento de otras expresiones organizativas en estos barrios, la JAC continúa jugando un papel preponderante para lograr el acceso y mejoramiento de servicio de agua potable. En todas estas luchas siempre estuvieron presentes las organizaciones no gubernamentales –ONG–, en muchos momentos generaron grandes apoyos, en otros las organizaciones se sintieron utilizadas, dándose expresiones como las siguientes:

Pero a partir del reconocimiento del territorio y de volver los ojos al río Tunjuelo, se constituyó la Mesa Interlocal, la cual posibilitó la creación de otros procesos como la Asamblea Sur y el Territorio Sur: la primera fue una coordinación de gestión de acciones de los procesos de organizaciones y de pobladores de las localidades cuenca en torno a conflictos estructurales en temas de minería, el relleno de Doña Juana, la expansión urbana formal e informal, el suelo rural, las áreas protegidas, las zonas de alto riesgo, etc. El segundo fue una red juvenil que también articuló procesos en la cuenca del sur, sin desconocer que en el escenario había otras dinámicas sociales y políticas que están pensando igualmente el territorio.

5.3.4 Grandes acciones construidas a partir del territorio El Convenio por un Río de Vida para el Sur de Bogotá, firmado en 1999, por los alcaldes de las localidades de Usme, Tunjuelito, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Bosa y Ciudad Kennedy, con el compromiso de iniciar una alianza a diez años, en el marco del Primer Encuentro Ciudadano por el río Tunjuelito posibilitó, por primera vez, que las autoridades locales del sur de Bogotá asumieran que de manera aislada no podían dar cuenta de una serie de fenómenos y problemáticas inherentes al territorio e íntimamente ligadas a la calidad de vida de sus habitantes. Pero además, el hecho de firmarlo en un escenario de amplia participación y concertación social, le confirió a esta iniciativa atributos de sostenibilidad y legitimidad que son la base para construir estrategias de largo alcance y de profunda incidencia hacia nuevas formas de construcción de la ciudad y la región. A este proceso en torno a la cuenca del río Tunjuelito, que no era orgánico sino dinámico, se fueron acercando múltiples actores –grupos comunitarios, sector productivo, ONG, ciudad y la región, universidades, instituciones distritales y las

“(…) pero digamos que la gente que ha sido muy tocada en términos de ONG, es decir esta ‘oenegeitis’ cogen los movimientos y lo único que hacen es que la comunidad pierda credibilidad, y los principales líderes se ‘venden’ y todas las organizaciones internas del barrio son tomadas por las ONG con el fin de demostrar organización y terminan por devastar la gente, liderazgo populares son muy poco” (Medellín, 2007. En entrevista).

Los comités de organizaciones cívicas y comunitarias lograron coordinar los paros cívicos como el de Ciudad Bolívar en 1990. Parte de las peticiones eran la “ejecución de la obra el tanque del Cielo en el barrio Los Alpes para proveer de agua potable a las partes altas de los sectores A y B”106. También fueron conocidos los paros cívicos de 1993 en Usme y Ciudad Bolívar, el primero por acceso a agua potable, y el segundo por altas tarifas de servicios públicos, por agua para los barrios perimetrales y por cocinol107. De estas acciones de gran contundencia, las mismas organizaciones pasaron a los debates del Plan de Desarrollo Local y luego a los Encuentros Ciudadanos, porque veían en estos espacios una oportunidad para acercar la inversión al barrio y a la cuadra. 148 A s e n t a m i e n t o s

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106 Pliego unificado y priorizado por el derecho a la vida digna en Ciudad Bolívar, 24 noviembre 1990. 107 Combustible derivada de la gasolina a bajo costo.

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autoridades locales– que desarrollaron afinidad por la cuenca, el río Tunjuelito y la gestión ambiental, y abrieron espacios de formación, investigación y coordinación que debían ser potencializados para garantizar resultados y evitar que en poco tiempo tales acumulados se diluyeran y se pasara a una fase de escepticismo que afectaría esta iniciativa. Un ejemplo representativo de la nueva perspectiva del territorio y de relación entre las organizaciones sociales, y entre éstas y el Estado, la constituyó la Audiencia Pública de la Cuenca del Río Tunjuelo, realizada en febrero del 2005, en ella se lograron exponer la problemática y las propuestas metodológicas de participación para hacer parte de la resolución de los conflictos, y se pudieron presentar los problemas desde la perspectiva del territorio, tomando la cuenca como escenario de análisis con participación de las ocho localidades en donde todos los procesos gestados lograron hacer propuestas.

con el Acuerdo 07 de 1979 (el cual no logró construir un proyecto de ciudad en función de lo público), “dejaba la tarea de intervención sobre la ciudad construida en manos de la norma y de la acogida que ella tuviera en el mercado y en las actividades de las empresas constructoras del sector formal, puesto que el informal, que en Bogotá representa el mayor porcentaje, quedaba por fuera de este tipo de planificación” (Rincón, 2006: 53). Pero esta orientación es la que dirigió la ciudad durante más de dos décadas, porque el Acuerdo 06 del 1990 es un estatuto jurídico normativo para el ordenamiento de la ciudad, que mantuvo el planteamiento general del Acuerdo 07 de 1979. Período importante donde la planificación reservó los suelos urbanizados para los usos rentables y no contempló los no rentables o la vivienda social en la proporción adecuada, eso no significa que la planificación no sirviera, lo que pasó es que se hizo una planificación funcional a favor de los intereses inmobiliarios. En la ciudad se venían aplicando de los acuerdos 20 y 21 de 1972 que definían el desarrollo incompleto como aquellas zonas o asentamientos que por sus características urbanas debían ser sometidas al proceso de mejoramiento, mediante la habilitación, la legalización o la regularización. Estos asentamientos eran los que carecieran de uno o de varios de los servicios públicos mínimos e indispensables para la digna subsistencia de sus habitantes. Se consideraba como servicio mínimo y colectivo el de acueducto, que debía ser prestado por medio de pilas públicas. Después del Acuerdo 07 de 1979 y ante el crecimiento informal, la ciudad siguió reglamentando los sucesivos procesos de urbanización por desarrollo progresivo con el Decreto 2489 de 1980 que incluía aquellos desarrollos que estaban dentro o fuera del perímetro de servicios y por lo cual se perdió la oportunidad de orientar el crecimiento de las áreas perimetrales o periurbanas altamente amenazadas por la especulación de la renta urbana del suelo, generosa con los especuladores formales y omisiva con los especuladores piratas. Entonces el tratamiento que se dio al fenómeno de la informalidad fue de pequeñas medidas sobre hechos cumplidos, esto se vio reflejado en el Acuerdo 11 de 1983, con

“El hecho de que hayan llegado más de 5.000 personas, le dio un mensaje a la administración sobre los dolientes de la cuenca que estaban comprendiendo la problemática, logrando evidenciar un proceso gestado de muchos años, con la participación histórica de muchos dirigentes en el sur (…) a pesar de logros de reconocimiento y de participación que se dieron, la administración, en cabeza del alcalde Garzón, no entendió la importancia del hecho histórico y no del evento, porque no tuvo capacidad de respuesta y contrario a lo dado pretendió resolver la problemática a través del Decreto 316 de 2005 que nunca logró viabilizar” (Peña, 2006. En entrevista).

5.4 Usme, Ciudad Bolívar y Soacha son producto de los sucesivos modelos de ciudad ¿Cuál fue el modelo de ciudad que orientó el crecimiento del sur de Bogotá?, esa pregunta lleva a revisar un conjunto de antecedentes que se fueron plasmando en la norma, la cual no ha sido ajena a los intereses políticos y económicos que han dirigido la ciudad, razón por la cual, su crecimiento fue dejado a la especulación irracional del mercado del suelo, de las actividades inmobiliarias y de los urbanizadores piratas. Mientras la ciudad se gobernaba

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el cual se negoció y contrató una operación de crédito público externo para financiar los programas de inversión que se conocieron como Proyecto Ciudad Bolívar, y en el Decreto 890 de 1984, que definió la ejecución del proyecto y consistía en una serie de intervenciones que hizo el Distrito Capital con el apoyo de entidades extranjeras, como el Banco Interamericano de Desarrollo y otras entidades descentralizadas, con el fin solventar las deficiencias existentes en Ciudad Bolívar en ese momento. Después, con el Decreto 1191 de 1985, se definieron las gestiones administrativas para la coordinación y ejecución del Proyecto de Desarrollo Integral de Asentamientos Populares Urbanos de Bogotá. La ciudad siguió creciendo entre las sucesivas legalizaciones y el control de cumplimiento de la norma urbana que pretendían instaurar. Para activar las dinámica de legalización de barrios como alternativas de reconocimiento de esa producción de ciudad que creció a su suerte y como parte de esos sucesivos momentos de incorporación a la ciudad se dio el Acuerdo 1 de 1986, el cual buscó la inclusión y legalización de algunos barrios de origen ilegal, para lo cual incorporó los que estaban por fuera del perímetro urbano y ordenó a la EAAB y a la EEB incluir las obras que se debían realizar para la correcta prestación de los servicios públicos. Un buen porcentaje de barrios de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar fueron incluidos por esa norma. El Decreto 901 de 1988 determinó que la vigilancia y control del cumplimiento de las normas urbanas en el Distrito Especial de Bogotá, deberían de estar a cargo de los alcaldes menores y otras entidades competentes. A finales de la década de los ochenta se expidió la Ley 9 de 1989, que develó el problema estructural del crecimiento informal y las dificultades de acceso a la vivienda social. Con ella se logró integrar la intervención en el uso del suelo y los planes de desarrollo urbano con programas viales y urbanísticos y se reservaron las tierras indispensables para la construcción de la vivienda popular o vivienda de interés social. Además, desarrolló instrumentos de gestión del suelo, legalización de títulos de urbanizaciones ilegales y el reasentamiento de barrios

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en zonas de alto riesgo. El marco normativo institucional que orientó la Ley 9 de 1989 estuvo poco desarrollado en las posteriores disposiciones que orientaron el futuro urbano de Bogotá, como fue el Acuerdo 06 de 1990, que definió como prioritarios los planes zonales para las localidades más necesitadas, entre las cuales se encontraban Ciudad Bolívar y Usme. Incorporó zonas agrológicas con el fin de que estos sectores en desarrollo fuesen mejorados con la inclusión de servicios públicos básicos, mediante la implementación de los planes sectoriales para la ciudad entre los cuales se encontraban el acueducto y alcantarillado, lo cual indica que los diferentes procesos de suburbanización sobre la zona periurbana fueron siendo incorporados de manera tardía a la ciudad. Desde comienzos de la década de los noventa, la configuración de las ciudades y de la ciudadanía cuenta con una serie de instrumentos legitimados por la Constitución Nacional: acuerdos internacionales, la Ley 99 de 1993 (creadora del sistema nacional ambiental) y la Ley 388 de 1997 de ordenamiento territorial. La participación popular, la planeación participativa, los derechos colectivos, y dentro de ellos, el derecho a un medio ambiente sano permiten a los ciudadanos y a sus formas de representación y gestión, pero sobre todo a las autoridades locales incidir de manera eficaz en el ordenamiento del territorio superando las visiones caóticas y fragmentarias que tradicionalmente orientaron el crecimiento urbano, especialmente en las franjas periféricas donde se asienta la población más pobre. Después apareció el escenario de discusión sobre el POT. La población del sur de Bogotá venía de una década de frustraciones en la participación y de los fallidos intentos por incidir en los planes de desarrollo, pero la discusión del POT generaba la posibilidad de reconocer el territorio a partir de sus potencialidades, para que, prospectivamente, se diera un proceso de participación de la ciudadanía en la definición de las grandes líneas del desarrollo, los usos del suelo, la expansión urbana y la solución a problemas estructurales de la ciudad. Por lo menos, teóricamente ese era el espíritu de la Ley 388 de 1997.

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Los habitantes del sur empezaron un proceso de reflexión para entender la magnitud de esta planeación y de alguna manera creyeron que iban a tener posibilidades de incidir. Ellos, mejor que nadie, conocen su territorio y saben de las grandes inversiones y decisiones que deben jugar en la ciudad para mejorar sus condiciones de vida, con base en una relación sostenible con sus recursos naturales. Sin embargo, una vez más, el ejercicio de la participación fue una ilusión. Las decisiones fueron tomadas a partir de profundas disputas entre gremios económicos, propietarios de tierras baldías y tecnócratas, que tienen claro que el precio del suelo es más barato al sur que al norte y que en el imaginario de ciudad de todos, incluyendo a las autoridades ambientales, este territorio sur marginalmente construido no existe. Por esa razón es el lugar propicio para desfogar esa caldera de presión que tiene la ciudad, en cuanto a la resolución de los históricos déficits de vivienda, espacio público y otros usos intensivos e indeseables para otras zonas de la ciudad (relleno sanitario, extracción de materiales, cementerios, parques industriales) (Narváez, 2000: 45). El sur de Bogotá y el municipio de Soacha demanda otro tipo de relación con la ciudad construida, sobre la base de un modelo o modelos de ciudad distinta a la generada por el gran capital. Las directrices del modelo de ciudad o de proyecto político están expresados en el componente general del POT, desde el cual se puede hacer la identificación y localización de las acciones sobre le territorio que posibilita organizarlo y adecuarlo para el aprovechamiento de sus ventajas comparativas y su mayor competitividad, en el manejo del suelo y en el conjunto de sus recursos naturales. Estas directrices del modelo responden a la estrategia de desarrollo económico del país que busca garantizar la inserción de la ciudad en la globalización capitalista, bajo los criterios de competitividad e inversión extranjera. En ese sentido, para el caso de Bogotá, la búsqueda no es por la inclusión social y la política del territorio, sino por la generación de territorios competitivos. Lo novedoso de este proceso de ordenamiento es que tiene por objeto integrar a la planificación económica y social la dimensión territorial y aquí

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es donde aparece el territorio como una zona geográfica viva que es convocada a la definición de una estrategia de largo alcance. Es necesario profundizar en los conceptos de territorio y de territorialidad y en el proceso de construcción social del mismo, para comprender desde su complejidad el proceso de la ciudad y del hábitat. Una forma de mirar el territorio es a partir de la comprensión de las cuencas hidrográficas, como la del río Tunjuelo en el sur de Bogotá, la cual posibilita considerar una franja de la ciudad que tradicionalmente estuvo a la espalda de los planeadores del desarrollo y del territorio. Una franja de ciudad que creció de una manera marginal y residual. Una porción de la ciudad que ha vivido el desarrollo del conjunto de la misma, más como tragedia que como esperanza. Pero no es solamente la parte urbana. La referencia sobre la cuenca del Tunjuelo exige mirar a la vez la parte rural de Bogotá, sus tierras cultivables, sus frágiles y amenazados ecosistemas, la riqueza hídrica y su potencial paisajístico, olvidado, maltratado, destruido, en donde los pocos campesinos que aún permanecen están siendo presionados hacia un proceso de urbanización marginal y empobrecida, al lado de un proceso de expansión que fue decretado por la ciudad en sus dinámicas de ordenamiento del territorio y de organización108 del mismo. El nuevo milenio permitió reconocer dos procesos que las dinámicas sociales han logrado identificar y posicionar en la interlocución con la ciudad y la región, uno es la lectura de la ciudad por territorios, esta dinámica emerge con fuerza desde el sur de Bogotá a partir del proceso de la cuenca del río Tunjuelo109 o Tunjuelito como cariñosamente lo llama la población; y dos, es a partir del derecho a permanecer como municipio, con autonomía, con independencia de Bogotá que es parte de la lucha que enfrenta Soacha en su relación con Bogotá. Esas dos formas de interpretar el territorio ha posibilitado reconocer nuevas dinámicas sociales que 108 Julio Carrizosa Umaña dice que más que de ordenamiento, de lo que se debería hablar es de la organización del territorio. 109 Este proceso inició a partir del proyecto ejecutado en 1998 que se denominó Río Tunjuelo o la construcción del ambientalismo popular urbano, cofinanciado por la Corporación Ecofondo.

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forjan alternativas creativas, valientes, innovadoras y eficaces sobre el manejo de la ciudad y la región en la resolución de los problemas estructurales que enfrentan con una mirada construida desde la perspectiva del habitante del sur. Pero contar con los instrumentos legales no genera automáticamente la voluntad política, ni las capacidades técnicas, ni la fuerza social e institucional para producir un reordenamiento de la ciudad y una relación armónica con los ecosistemas circundantes y las fuentes de recursos necesarios para la vida. Más aún cuando el proceso de expansión del centro hacia la periferia ha estado marcado por la irracionalidad en la apropiación y urbanización del suelo, la destrucción de las fuentes hídricas y los bosques, la ausencia de una concepción de espacio público en los asentamientos humanos y la precariedad en el desarrollo de la infraestructura de servicios y el equipamiento comunitario. Esta forma de “desarrollo” ha creado unos imaginarios de hábitat sumamente precarios en la población y una actitud de desarraigo y automarginación. Desde tales imaginarios y actitudes es bien poco lo que el poblador urbano de zonas marginales puede aportar en cuanto a una concepción de calidad de vida, ligada a la calidad del ambiente y el entorno urbano. Por ello los planes de desarrollo y las luchas sociales no han superado un esquema fragmentado y puramente reivindicativo hacia la satisfacción de necesidades urgentes. A esa fragmentación ha contribuido una lógica de la gestión local marcada por los límites administrativos que separa en ámbitos locales de planeación y gestión lo que desde el punto de vista social, económico, cultural, físico y biótico es inseparable. Desde el punto de vista conceptual la dimensión ambiental no solo ha estado ausente en la configuración de la ciudad y más aún en las franjas periféricas urbanas ligadas íntimamente a las zonas rurales, sino que ha sido contrapuesta a las formas de expansión y crecimiento que agotaron las fuentes hídricas, las quebradas y humedales, los bosques y suelos productivos y que acosaron al campesinado a un proceso de urbanización y de pauperación creciente de sus formas de vida.

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Cuando el tema ambiental aparece en los planes de inversión y desarrollo se da de una manera desarticulada a través de microproyectos, que no logran dar cuenta de la complejidad de un territorio. Se trata de proyectos educativos o experimentales de corto alcance, limitada cobertura y pobre visión del fenómeno ambiental. El tema ambiental aún no ha logrado posicionarse en los escenarios de planeación ni del plan de ordenamiento y los planes de desarrollado, a pesar que durante los primeros años de la década del 2000 emerge un movimiento ambiental surgido de la lectura de los territorios: Asamblea Sur, Territorio Sur, Río Fucha, Cerros Orientales, Movimiento en torno a la ALO, Borde Norte, Construcción de ruralidad, etc.

5.4.1 Reflexión sobre el significado del derecho a la ciudad en el sur de Bogotá y Soacha En la década de los años setenta los países europeos estaban dando el debate sobre el derecho a la ciudad, desde la perspectiva que proponía Lefebvre (1975), quien hacía una crítica a la concepción funcional de la ciudad al servicio del capital en donde primaba la noción del valor de cambio, como si los servicios urbanos se trataran de una mercancía, por encima del valor de uso. La propuesta de este sociólogo francés fue la reivindicación por el uso de la ciudad, por la recuperación de los espacios. En el contexto latinoamericano Bogotá no escapó a esta tendencia. Se dieron las grandes migraciones del campo y, como consecuencia, el crecimiento de la urbanización y el encarecimiento del suelo que dieron lugar a grandes dificultades de acceso a la ciudad para el disfrute tanto individual como colectivo. Para esta misma década en la ciudad de Bogotá empezaron a rondar especulaciones sobre la escasez del suelo, lo que llevó a su encarecimiento y supuesto agotamiento. La dependencia entre la vivienda y los servicios públicos y el urbanismo se dieron en un conjunto de relaciones que se ponían en juego entre lo individual y lo colectivo. En el plano individual a esta población no le fue posible acceder a suelo y a vivienda digna, situación que históricamente se En

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ha resuelto en el plano privado, asunto que logra resolver quien lo puede pagar. Y lo colectivo son los elementos propios del urbanismo equipamiento, las áreas verdes, recreativas, espacio público, equipamiento social y la infraestructura como los servicios públicos y las vías. La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2004), recogió esos elementos y los planteó como esenciales en la reivindicación por el derecho a la ciudad, y a la participación democrática en los mecanismos de planeación. No obstante la pregunta sigue siendo ¿cuál es el elemento esencial que define el derecho a la ciudad? En conversatorio (2007) con María Mercedes Maldonado110, ella plantea que el ser humano necesita certidumbre hacia el futuro, siendo el empleo, con garantías sociales, el camino de estabilidad económica que la población requiere para poder proyectar con libertad su futuro. En esta población del sur de Bogotá, como se pudo observar en el capítulo socio-económico de este trabajo, la población sobrevive a partir de la informalidad económica y de la incertidumbre. La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad afirma, que el ejercicio de este derecho supone la inclusión de los derechos al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. El territorio de las ciudades y su entorno rural son también espacios y lugares de ejercicio y cumplimiento de derechos colectivos como forma de asegurar la distribución y el disfrute equitativo, universal, justo, democrático y sustentable de los recursos, riquezas, servicios, bienes y oportunidades que brindan las ciudades. Por eso el derecho a la ciudad incluye también el derecho al desarrollo, a un medio ambiente sano, al disfrute y preservación de los recursos naturales, a la participación en la planificación, a la gestión urbana y a la herencia histórica y cultural. El derecho a la ciudad remite y obliga a la reflexión sobre los derechos humanos en general, que necesitan niveles de concreción en el plano individual, pero que también reclaman escalas de socialización, de encuentro y de reconciliación en uno o muchos escenarios colectivos. Y tal vez este es el punto de llegada más importante que tiene el derecho a la ciudad y es la posibilidad de reconocerse como parte de una

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colectividad, que reclama la función pública del urbanismo a partir de la gestión democrática del suelo, de la participación y planificación del territorio (Ley 388 de 1997), en donde se posibilite que el derecho a la ciudad sea la síntesis de la realización de todos los derechos de manera indivisible e interdependiente111 de la subjetividad humana.

5.4.2 Los habitantes de los sectores periféricos reclaman el derecho a pertenecer a la ciudad A partir de acciones de hecho, la población le plantea a la ciudad su existencia, al presionar unos niveles de inversión de lo distrital, nacional e internacional, lo que obliga a respuestas por parte de la política pública, de la normatividad y de la inversión, las cuales han respondido de manera fragmentada pues sus respuestas no obedecen a políticas urbanísticas incluyentes de Estado sino a reacciones a la presión social de los pobladores de los barrios de origen informal, porque allí se podía estar gestando una caldera social, que terminaría ahogando a la misma ciudad. La norma empieza a responder sobre hechos cumplidos, que se repiten hacia el infinito sin alternativas reales de parte de la administración distrital, para la cual, de acuerdo con sus dinámicas de planeamiento, esta población solo existe cuando el reconocimiento se concreta en la legalización del barrio. En el reclamo por la existencia y la demanda por el derecho a la ciudad, no pueden pasar inadvertidos los costos sociales, políticos, económicos y ambientales que se presentaron en las dificultades para acceder al agua en condiciones de dignidad y después para ser parte de la misma ciudad. ¿Cuánto le costo a la población de Usme, Ciudad Bolívar y Soacha, la negación del derecho a la ciudad?, ¿cuánto le ha

110 Profesora vinculada a la Universidad Nacional de Colombia. 111 La Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos realizada en Viena, en 1993, reafirmó el carácter indivisible e interdependiente de los derechos humanos. La declaración final de esta conferencia afirma que los derechos económicos, sociales y culturales –DESC– que están ligados a cuestiones como la educación, la salud, la vivienda, la alimentación, el trabajo o el ingreso, deben ser considerados en el mismo nivel que los derechos civiles y políticos (Declaración de Berlín, citado en Gerardo Pisarello, 2003).

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hace una “lectura” más precisa y fina del entorno cultural del que pretende lucrarse; la siguiente reflexión de la profesora Maldonado113 lo ilustra:

costado al Distrito, o sea a los mismos ciudadanos, los largos procesos de regularización a posteriori de una planeación que no los incluyó? La ciudad informal es parte de la ciudad, esa es una realidad que se debe reconocer en el derecho a la ciudad, garantizándoles a todos, sin importar su origen, los mismos bienes y servicios, en entre ellos el acceso a agua de alta calidad, sin negar el debate de cómo, dónde y de qué forma debe seguir creciendo la ciudad, o dónde proyectar la ubicación de la población futura, desde qué lógica se llega a la ciudad ya sea la formal o la informal, y cuáles son las reivindicaciones que deben girar en torno a este crecimiento de la ciudad. Sin duda esas preguntas generan nuevamente debates que en una ciudad como Bogotá no ha dejado de darse, y que son sobre los mecanismos que se deben aplicar para evitar el crecimiento informal. Al respecto se destacan dos miradas: una, la de una académica como María Mercedes Maldonado que dice que en las vallas de los barrios populares no hay que poner “No compre que es ilegal”, sino “Ser regularizado y entrar a un programa de mejoramiento que le dará vías y servicios públicos le vale $4’000.000 por lote”, eso permite que no le paguen al pirata $6’000.000, porque saben que después tendrán que pagar más (Maldonado, 2007. En conversatorio). La otra visión es la de un líder como José Aranzazo112 quien afirma:

“¿Qué vende el pirata? Anticipa los precios, el pirata le vende a la gente una solución real que no es la que vende un proyecto hecho en un lote de Metrovivienda, ahí hay una ruptura a nivel del universo cultural, para una persona de un barrio popular. Imagínese nosotros cómo sufrimos llenando formularios, la gente llega al espacio de Metrovivienda, (…) tienen maquetas, pero culturalmente es ajeno. ¿Qué le dice Metrovivienda? Usted es empleado, No. Entonces no puede ser. Se tiene que aplicar a la bolsa de estudios individuales, entonces vaya y llene este formulario para aplicar al subsidio, además necesita un crédito de $7’000.000. Después tiene que ir a un banco al que ni siquiera lo dejan entrar, todo está hecho políticamente excluyente. “El pirata llega allá, consigue tres familias, se las hace amigas, las pone a vivir gratis de cuidanderas con la promesa de darles un lote y todo el mundo dice empezó el asentamiento, son amigos, el pirata va a las fiestas, es padrino de los chinos, no se pierde primera comunión, hace bazar para la fiesta patronal que le inventa al barrio, ése es el mundo del pirata contra el otro mundo oficial que es inaccesible (…) “El Distrito tienen 25.000 subsidios para vivienda tipo 1 y 2 y la gente no puede acceder, mientras tanto tiene a gente en Quiba, aumentando, en condiciones muy precarias y en una lista más para hacer mejoramiento y pagar un montón de plata en el mejoramiento, porque tiene lotes de Metrovivienda y no entrega porque la gente tiene problemas de empleo. Hay unas lógicas, ya sea a nivel colectivo o global, el tema es un tanto absurdo porque una ciudad con tal capacidad de oferta de servicios públicos no produce suelo urbanizado para los más pobres” (Maldonado, 2007. En conversatorio).

“El Distrito coloca los avisos de ‘Prohibido urbanizar’ en la mitad de la localidad, pero, generalmente, cuando uno viene a comprar un lote se monta en un bus que viene desde muy lejos y cuando pasa por el lugar donde está el letrero viene dormido, y donde le van a vender no existen ningún aviso. Lo que yo le he dicho al Distrito es que coloque los avisos donde está el lote y que diga ‘Prohibido vender’, y así yo, como ciudadano, aunque tenga necesidad, no me meto ahí porque no se puede, pero sino veo el letrero pues compro al lado de una quebrada donde quedo condenado para toda la vida por el tema de una afectación” (Aranzazo, 2008. En entrevista).

112 Fue edil de la localidad de Usme, 2001-2007.

Habrá que reflexionar sobre cómo y por qué el pirata es más eficiente que el Distrito, ya que aquél

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113 Esta reflexión fue presentada en el conversatorio sobre el agua y el derecho a la ciudad que se convocó en el marco de esta investigación en la Universidad Nacional de Colombia.

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5.4.3 Percepción de los líderes comunitarios en relación con el derecho a la ciudad

como se construye en torno al acceso a todos esos servicios. Los servicios públicos son elementos que crean ciudadanía, aún con todas las dificultades de acceso que siempre se han presentado en los barrios de origen informal.

La percepción de los líderes locales entrevistados han sido diversas con respecto al comportamiento del Distrito, algunos consideran que la gestión decidida y comprometida de los funcionarios permite que les llegue la inversión, la infraestructura de servicios públicos y sociales; o cuando la gente ha participado de los encuentros ciudadanos con propuestas y proyectos han logrado incidir en la planeación. Lo cual significa que el sentirse sujetos de demanda y de atención por parte de la administración les da seguridad y sentido de pertenencia a la ciudad, les genera sentimientos de agradecimiento, por las “oportunidades” que les brinda la misma ciudad. Pero, la situación contraria la expresan cuando consideran que están al margen de las decisiones que toma la ciudad, las cuales, además, no los favorece ni los incluye, como es el caso de la movilidad. TransMilenio o el metro son temas marginales para estos barrios perimetrales, porque de cualquier forma les siguen llegando los buses corrientes y continúan pagando el transporte más caro de la ciudad porque tienen que completar el recorrido en transporte pirata. Ese no sentirse parte de la ciudad se evidencia en el imaginario social que la gente construye y se expresa en palabras como “voy para Bogotá”, cuando van para el centro, o cuando los vecinos dicen “¿se van para Bogotá?”, esa sola frase permite entender que no se sienten bogotanos y que no sienten el derecho a esa ciudad. Por tanto, el derecho a la ciudad sino está acompañado de la construcción de tejido social, de programas sociales, de elementos que dignifiquen a la población, en el acceso al agua, en condiciones de dignidad y de accesibilidad, en empleo con seguridad social, en instancias de participación y de toma de decisiones, no pasa de ser una frase sin contenido, de la cual la población no se siente participe. El agua junto y el resto de servicios públicos son elementos esenciales para la calidad de vida que permiten identificar el nivel de pobreza de determinada población, y que posibilitan nuevamente el debate de la forma como se llega a la ciudad, y 155 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

“Los servicios públicos son los elementos capaces de construir integración urbana, por ser una red que cubre un territorio, a la cual está vinculado el último poblador de Ciudad Bolívar que ya ha sido conectado, hasta el más rico de los ricos de Rosales, de La Cabrera. Sale de la misma red, participan de la calidad, del mismo sistema de financiamiento, de la lógica territorial. Hay un punto de quiebre ahí con la privatización, que afortunadamente en Bogotá no avanzó mucho ¿Hasta dónde la empresa construye ciudadanía, el derecho a la ciudad o construye integración social?” (Maldonado, 2007. En conversatorio). “Imagínate viviendo en una casa que no tenga agua, se puede imaginar sin luz sin teléfono, pero la falta de agua determina una falta de inclusión social, cuando tienes que preocuparte por la accesibilidad del agua no te puedes concentrar en conseguir un trabajo o de ocuparte bien de él; es el servicio fundamental” (Ariza, 2007. En conversatorio).

5.4.3.1 Los soachunos y el derecho a pertenecer a su municipio Como resultado de las entrevistas a los líderes de Soacha se conoció que éstos consideran que tienen dificultades en la construcción de identidad y de sentido de pertenencia en su municipio, porque el crecimiento poblacional no ha obedecido a las dinámicas reproductivas propia de los soachunos, sino a la llegada de población que no tiene cómo vivir en Bogotá y se ubica allí porque queda cerca de la capital. Además consideran que el hecho de que Bogotá concentrara la población pobre en el sur los perjudicó negativamente porque el cinturón de miseria pasó a su territorio, lo mismo ocurrió con las basuras y la industria, entonces parece que la población viviera en función de las mismas dinámicas que la ciudad genera y eso les ha quitado la posibilidad de generar una relación de identidad y de construcción de territorialidad en el derecho a permanecer como municipio. Es la peor de las coEn

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nurbaciones posibles: es la metrópoli no planificada, descontrolada, desbordada que los invade con la especulación precaria del suelo urbano que no deja intersticio alguno para el florecimiento del espacio público como expresión de reconocimiento de la dignidad de las personas y de la calidad de vida.

tegia válida frente a los procesos de privatización que se vienen adelantando114. Los procesos de ordenamiento del territorio deben orientarse hacia la protección del agua en la fuente y a la creación de una relación ética frente a la misma. La Nueva Cultura del Agua –NCA– reconoce que el derecho humano al agua no implica regalarla, pero sí establece un “piso de dignidad” debajo del cual no se puede negar agua a ningún ciudadano, y arriba del cual se pueden definir las responsabilidades de los consumidores para que el agua se use de manera responsable y sea pagada de acuerdo con los costos que implican su administración y la solidaridad social. A mediados de la primera década del 2000, surgió a escala nacional un movimiento social que buscó el reconocimiento del agua como derecho humano, acción que se llevó a cabo mediante un referendo, para hacer que el agua, las instalaciones y servicios de agua fueran accesibles a todos, sin discriminación alguna. La accesibilidad se refiere a que todo individuo tenga la posibilidad de contar con agua potable. Es decir, no significa la obligación de conectar a toda persona, en el sitio que se encuentre, a un sistema de distribución de agua. Implica, únicamente, que toda persona debe poder disponer de agua potable en su comunidad o que se le debe permitir conectarse a una red de distribución. En relación con el componente de accesibilidad del derecho al agua potable, se resaltarán algunos apartes de la jurisprudencia constitucional. En la sentencia T-578 de 1992, la Corte Constitucional afirmó: “En principio, el agua constituye fuente de vida y la falta del servicio atenta directamente con el derecho fundamental a la vida de las personas. Así pues, el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en tanto que afecte la vida de las personas (CP115, artículo 11), la salubridad pública (CP, artículos 365 y 366) o la salud (CP,

“En Bogotá hubo una clara estrategia de mandar lo pobres al sur y a los ricos al norte, pero llegó un momento en el cual acceder a un pedazo de tierra en el sur era muy difícil, la forma más fácil era la invasión, cuando se les cerró esa puerta lo más fácil fue llegar a Soacha donde se estaban gestando procesos de invasión, constantes, uno sobre otro. Llegaron con el convencimiento de que estaban en Bogotá, de hecho mucha gente aún piensa que están en Bogotá, que es el sur de Bogotá” (Medellín, 2007. En entrevista).

5.4.3.2 El derecho humano al agua como parte del derecho a la ciudad Como parte de la lucha política por el territorio está la defensa del agua como derecho humano como único mecanismo de garantizarles el acceso a los más pobres, a mediano y largo plazo, que en el caso de Bogotá continúan ubicados en las áreas periféricas de la ladera de mediana y alta montaña. Pero también es asegurar un compromiso político que el Estado colombiano ha suscrito tímidamente en instrumentos internacionales de derechos civiles, políticos y derechos económicos, sociales y culturales –DESC– sobre medio ambiente Que el agua, al ser potabilizada, cumpla una función pública en beneficio de la colectividad, no niega el debate sobre su sostenibilidad en razón a los crecientes rumores sobre su escasez, por ejemplo, en la región caribe; rumores que se van haciendo realidad en diferentes municipios de Colombia. Es necesaria una planeación del territorio a partir de la gestión sustentable de los ecosistemas y la preservación del ciclo hidrológico mediante un ordenamiento del territorio que garantice la conservación de todas las fuentes de agua, y asegure la participación ciudadana de todas las instancias de planificación, gestión y control. La gestión comunitaria del agua en el contexto de ciudad-región se convierte en estra156 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

114 Declaración del Foro sobre el estado del agua, realizado en Bogotá, Cundinamarca, en el marco de la campaña “el agua un bien público”, 9 de junio de 2006. 115 Constitución Política de Colombia.

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artículo 49), es un derecho constitucional fundamental y como tal ha de ser objeto de protección a través de la acción de tutela”. En este sentido, la Corte reiteró en la sentencia T-410 de 2003: “Que el servicio público de acueducto tiene como finalidad la satisfacción de necesidades vitales de las personas, lo que exige, naturalmente, el suministro de agua apta para el consumo humano pues no podrá considerarse que el servicio se presta con el mero transporte del líquido, sin aplicarle ningún tipo de tratamiento cuando no reúne las condiciones físicas, químicas y bacteriológicas mínimas exigidas para su uso, sin que ponga en riesgo la salud y la vida de sus consumidores”.

responsabilidades para el Estado en relación con el suministro de agua potable y el saneamiento básico” (Defensoría del Pueblo, 2005: 52).

El derecho al agua potable encuentra fundamento constitucional directo en los artículos 49, 79 y 366. El 49 se ocupa de la salud en general y al saneamiento ambiental; el 79, está relacionado con el medio ambiente sano; y el 366 se refiere a la prioridad del gasto público social, establece que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades del Estado, siendo objetivo fundamental de su actividad, entre otras, el saneamiento ambiental y el agua potable. De esta manera, el derecho al agua potable y el saneamiento básico encuentran pleno respaldo en disposiciones de la Carta Constitucional, en la parte de los fines esenciales del Estado, en los derechos económicos, sociales y culturales y en los derechos colectivos y del medio ambiente.

“Aunque la Constitución Política de 1991 no consagra de manera expresa el derecho al agua potable, sí se reconoce de manera general el derecho a la salud y el derecho al medio ambiente sano, y se establecen

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Conclusiones La tesis Asentamientos humanos, agua y territorio, concluye que a partir de los años ochenta empezó el proceso de transformación de Usme, Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha, presionado por la evolución poblacional que entre 1973 y 1985 pues se dieron niveles de crecimiento por encima del 100%. Se encontraron en esta zona de estudio porcentajes de crecimiento del 653,81% que la califican como receptora de población migrante. Como parte de las causas estructurales que generó este asentamiento urbano marcado por la informalidad, está el alto costo del suelo y el poco compromiso político para la formulación de políticas públicas de vivienda social en Bogotá. Este proceso de ocupación la hizo básicamente una población motivada por la necesidad de un techo (cualquier solución habitacional), por la búsqueda de un empleo (ladrilleras, zona industrial), por la disponibilidad de suelo a bajo costo, entre otros. El agua, factor determinante para la vida, estaba en su imaginario pero no fue la motivación inicial para su ubicación. Sin proponérselo, la futura población del sur de Bogotá llevaba incorporada la necesidad de conseguir el agua a cualquier precio, que logró en largos procesos de lucha en donde se conjugaron dos elementos vitales: el suelo y el agua; a partir de éstos se inició el proceso de construcción social del territorio y del hábitat. El agua ha jugado un papel determinante para imprimirle el carácter social a la construcción del territorio, puesto que ha sido reivindicación, motivación, detonante y movilizadora de la comunidad, como resultado de estas acciones se dieron el afianzamiento de la identidad, la organización y el sentido de pertenencia. La paradoja de estos territorios delimitados por la cuenca del río Tunjuelo, que entre sus características particulares está el ser proveedora del agua a la ciudad, permitió reflexionar sobre la dificultad del acceso al agua potable para los habitantes de ese

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territorio en las décadas de los ochenta y noventa. Si bien hoy éste no es el problema, dado que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá logró construir las redes de provisión y sistemas de abastecimiento adelantándose al futuro crecimiento de la ciudad, sí lo fue durante varias décadas con la permisividad del Estado, que de alguna manera lo manejó como un mecanismo de bajarle la tensión al conflicto, ante la incapacidad de construir alternativas reales de vivienda a esta población. Esta complejidad también la expresa la relación de estos tres territorios con potencialidades físicas y ecológicas distintas: Usme representa la riqueza hídrica, en cambio Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha tiene condiciones climáticas, que los hacen extremadamente secos, inciden en la infertilidad de los suelos y la escasez de vegetación. No obstante, estos dos últimos territorios han sufrido los mayores impactos por las oleadas de crecimiento al extremo de conurbarse la ciudad en este punto. En Usme, lo complejo ha sido que a pesar de tener agua en abundancia, sus habitantes tuvieron los mismos conflictos por el acceso al agua, reflejados en problemas de salud pública por consumir agua no potable que los otros dos territorios en mención. A lo largo de esta investigación se ha identificado y reafirmado una serie de conclusiones que se tratarán de sinterizar a partir de la interrelación de las categorías de análisis estructurales planteadas en esta tesis en relación con los procesos ecológicos, socio- económicos y políticos vistos desde la perspectiva ambiental compleja con la que se logran interpretar los fenómenos urbanos construidos por fuera de la formalidad legal, pero fundados en una realidad que expresa la desigualdad social y la inequidad espacial, relacionados con la forma como fue dirigida la ciudad y que acentuaron los procesos de ocupación en el sur de Bogotá a partir de la década de los años ochenta.

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Procesos ecológicos: vistos a partir de la relación entre producción del hábitat y los valores ecológicos

do Chingaza fuese insuficiente. El costo ambiental para el valle del Tunjuelo ha sido incalculable. Este aporte hídrico que se derivó de otros, como la construcción de las represas La Regadera y Chisacá, también produjo cambios sustanciales en la ecología del territorio sur al incidir en el proceso de desecamiento que van a coincidir con la reducción de los humedales, pantanos y lagunas de toda la Sabana de Bogotá y con los procesos de ocupación informal de sus áreas en el siglo XX. Desde la perspectiva del hábitat, en relación con la construcción social del territorio y en los procesos ecológicos, si bien las condiciones ecológicas propias de un territorio transforman unas formas de habitar gestadas en un lugar de providencia, la acción humana también transforma e impacta esas condiciones ecológicas.

La población del país y de la misma ciudad de Bogotá que ocupó dos localidades y un municipio encontró un extenso territorio, aparentemente sin agua disponible, aunque en la realidad había más en Usme que en Ciudad Bolívar y Soacha. Su mirada se concentró en la oferta de una industria extractiva, áreas de chircales como posibilidad de empleo y una ruralidad atractiva para procesos expansivos urbanos. Su obsesión fundamental, que en un principio era encontrar un techo, se fue convirtiendo en algo más complejo que era la necesidad de acceder a un hábitat, situación que supieron aprovechar los urbanizadores piratas que soportados en la indolencia oficial promovieron unas precarias ocupaciones informales con lejanas promesas de acceso al agua. Esto trajo como consecuencia una urbanización en los cerros, en cotas no permitidas, así como en las rondas hídricas, cuya consecuencia fue la conurbación del territorio sin una planeación adecuada, con grandes impactos en la cuenca, lo que origina en la actualidad la pérdida de fuentes naturales limpias. La ocupación del sur tuvo entre otras consecuencias una serie de implicaciones positivas para el resto de la ciudad, imprevistas hasta ese momento. Se puede decir que la ciudad centro y norte se construyó gracias al sur, ya que éste le aportó dos elementos vitales: agua y ladrillos destinados a la construcción de obras importantes para la ciudad como la autopista Norte, la avenida Eldorado y cientos de edificios. Con ello se evidenció que la potencialidad ecológica y las óptimas condiciones hídricas del territorio de Usme fueron algunos de los factores que motivaron su anexión a Bogotá en 1954. Al respecto, el entonces alcalde de Bogotá, Roberto Salazar Gómez, dijo: “la ciudad carecía de agua, por eso incorporé el municipio de Usme al Distrito”. El acto de anexión de Usme no solo buscaba su agua sino las fuentes del macizo del Sumapaz que vierten hacia los Llanos y pretendía traerlas a la ciudad, consideradas de gran utilidad para cuan159 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

Procesos socio-económicos: entre la paradoja de la inclusión social urbana en torno al agua en relación con la legalización y la regularización del servicio del agua La paradoja de la inclusión social urbana la viven los nuevos asentamientos a través de la búsqueda de la legalización, la cual es el único mecanismo para que les llegue la inversión pública y, fundamentalmente, el agua. En la relación entre el acceso de hecho y la regularización de ese acceso al agua, la ciudad los acoge porque requiere de sus tributos (impuestos, pago de servicios públicos, valorización). El costo de la inclusión se ve representado en la obtención de unos derechos por la negación de otros, la población debe entrar en la llamada “cultura del pago” dejando de lado la satisfacción de otros derechos como salud o educación para el pago de los servicios públicos que, según estudios del CID, para los estratos del uno al tres asciende al 11% de su capacidad de pago. La inclusión social urbana obedece a las dinámicas de la racionalidad económica que inciden en la privatización de los servicios públicos, y repercuten negativamente en altos costos de estos servicios para la población más pobre. Esto se ve reflejado en algunos casos de los barrios de estudio, por ejemplo,

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Procesos políticos: en la interrelación entre los marcos de la planeación y la intervención del Estado y las dinámicas políticas

en el barrio Verbenal Quiba que de caserío rural pasó a convertirse en un barrio ubicado justamente por donde pasa la línea imaginaria perimetral de la ciudad que plantea el POT. Este barrio tiene dificultades físicas de acceso al agua porque está por encima de la cota de servicios, razón por la cual la EAAB no le puede llevar agua a través del Programa Ciclo I, pero tampoco le facilita el servicio a través de carro-tanques como en el pasado, en las décadas de los ochenta y noventa, lo hizo en esas localidades, porque a través de una resolución se prohíbe prestar este servicio a los barrios de origen informal, privándoles la posibilidad de acceder al agua con menor costo. La lógica aplicada al barrio Verbenal Quiba es la misma con la que se estructura el Programa Ciclo I, el cual está soportado sobre el control de pérdidas. Se parte de la consideración de que en los barrios de origen informal es donde más agua se pierde y como mecanismo para recaudar algún porcentaje, estos sectores reciben el agua a través de mangueras y pagan una tarifa mínima mientras se les resuelve la legalización. De esta forma el acceso al agua como derecho fundamental se confunde con el control de pérdidas y la extensión de redes a los barrios periféricos de la ciudad. Este es otro elemento de esta paradoja de la inclusión social sin negar que tener acceso a agua potable y alcantarillado es por esencia una situación que erradica la miseria y se constituye en un factor de calidad de vida, que no podría negársele a la población, la diferencia está en la lógica economicista como se atiende esta población en materia de agua y servicios públicos. El caso paradigmático de esto está hoy el barrio Caracolí, que pese a ser un barrio recientemente legalizado, sus habitantes se niegan a entrar en la formalidad, porque les representa mayor costo en relación con el agua, ya que deben sanear las deudas pendientes con la EAAB, entonces prefieren seguir siendo “ilegales”. El anterior ejemplo presenta las implicaciones que tiene tanto para la comunidad como para la ciudad que la situación de este barrio no se resuelva. La diferenciación entre acceso al agua y la formalización de ese acceso tiene implicaciones de orden económico que no siempre la comunidad está dispuesta a asumir.

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En los procesos de ocupación del territorio en los que a la luz de la búsqueda por el derecho a la ciudad han incidido aspectos de la política tales como las luchas sociales, las diferentes formas organizativas, la respuesta institucional, los modelos de planeación y de política pública. En ellos se ha encontrado que dependiendo de la forma como se accede al agua, se llegue a la ciudad y se construya el hábitat se determina ese derecho. El agua es un elemento que presta un servicio público y permite construir tejido urbano, por ser una red que cubre el territorio que integra a los habitantes sin importar su condición de origen informal o formal, ellos se unifican a través de este elemento vital para la sostenibilidad de los asentamientos en sus territorios. Los sucesivos modelos de planeación han generado ciudades fragmentadas y excluidas y los procesos sociales urbanos han dado respuesta de resistencia y de interpretación crítica de esta realidad, y han generado una forma de explicación del territorio distinta a la suerte que les impone las dinámicas políticas de la ciudad. La segregación socio-espacial del sur de Bogotá, particularmente en el área de estudio, tiene un origen histórico que es a su vez estructural, basado en la relación de inequidad y de fragmentación construida por la misma ciudad a partir de sucesivos instrumentos normativos, acompañados de la poca voluntad política de la administración pública y los gobernantes, los cuales para no comprometerse con las alternativas, asumieron una labor pasiva reflejada en el dejar hacer. Lo característico de la conformación de los asentamientos humanos ha sido el largo y tortuoso proceso por acceder al agua apta para el consumo humano, enfrentando cientos de conflictos y haciendo de este elemento vital un motor de organización y de movilización social, que ha tenido un énfasis distinto en cada período histórico así: (1) la década de los años ochenta fue el período de la sobrevivencia, en donde la cotidianidad de la población y las luchas sociales fueron por agua; (2) en los años noventa las luchas siguieron siendo por En

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agua, la legalización de los barrios y el alto costo de la tarifa del servicios públicos del agua; y (3) en los primeros años del 2000, en donde apareció una reflexión consciente en torno al territorio, con la que se construyó una mirada sobre las fuentes hídricas, se preguntó por la cuenca hidrográfica y se reconoció el territorio como base de construcción social. La legalización del barrio se constituía en un ejercicio de negociación política definido en la lucha por el agua, el factor de contradicción no era la búsqueda del suelo o la vivienda, la gente no se movilizaba por este tipo de reivindicaciones, sino por el acceso al agua; no habían negociaciones con el Distrito por suelo, pero sí fue permanente e intensa la negociación por el acceso al agua; entonces surge la pregunta ¿por qué el Distrito no negoció el suelo y sí estuvo dispuesto a negociar el agua? El problema es que en relación con el suelo el Distrito lo dejó en manos de los especuladores tanto legales como ilegales. Entonces se puede observar que la búsqueda del agua fue determinante en la vida de

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la población y el único factor capaz de reunir y movilizar a la comunidad y de convocar el ejercicio de negociación con el Distrito. Mientras se resolvía el acceso al agua la ciudad informal seguía creciendo con la anuencia de la ciudad formal ante la incapacidad institucional debrindar soluciones reales a la población más pobre, entonces el distrito le facilitó el negocio al urbanizador pirata el cual ofrecía suelo caro, con algún tipo de afectación por riesgo, que tendría que ser sometido a un largo proceso de desarrollo progresivo hasta lograr su regularización, pero era suelo accesible, lo cual resultaba eficiente para las familias que lo podían pagar por cuotas, con electrodomésticos y sin codeudores. El Distrito ofrecía suelo urbanizado, con una unidad básica o terminada, pero era inaccesible, porque quien deseaba este tipo de solución debía tener un ahorro programado, la cuota inicial y un empleo para sustentar su capacidad de pago. La pregunta sería ¿quién es más eficiente el Estado o el pirata?

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Anexos

ANEXO MARCO DE REFERENCIA CAPITULO 2

Tabla 4 - Crecimiento Asentamientos Urbanos Informales. Bogotá D.C. (1950 - 2000)

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ANEXOS CAPÍTULO SOCIO ECONÓMICO Cuadro 19 - Población Total Censada (por sexo y grupos de edad). Expansión del Sur de Bogotá (Localidad de Usme) - (1993 - 2005)

Fuente: DANE (Censos Nacional de Población y Vivienda de 1993 y 2005)

Cuadro 20 - Población Total Censada (por sexo y grupos de edad) - (participación y variación %). Expansión del Sur de Bogotá (Localidad de Usme) - (1993 - 2005)

Fuente: DANE (Censos Nacional de Población y Vivienda de 1993 y 2005) 163 A s e n t a m i e n t o s

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Cuadro 21 - Población Total Censada (por sexo y grupos de edad). Expansión del Sur de Bogotá (Localidad de Ciudad Bolívar) - (1993 - 2005)

Fuente: DANE (Censos Nacional de Población y Vivienda de 1993 y 2005) Cuadro 22 - Población Total Censada (por sexo y grupos de edad) - (participación y variación %). Expansión del Sur de Bogotá (Localidad de Ciudad Bolívar) - (1993 - 2005)

Fuente: DANE (Censos Nacional de Población y Vivienda de 1993 y 2005)

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Cuadro 23 - Población Total Censada (por sexo y grupos de edad). Expansión del Sur de Bogotá (Municipio de Soacha) - (2005)

Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda de 2005 Cuadro 24 - Población Total Censada (por sexo y grupos de edad). Expansión del Sur de Cuadro 13 - Bogotá (Municipio de Soacha - Localidad 4) - (2005)

Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda de 2005 165 A s e n t a m i e n t o s

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Cuadro 25 - Población Total Censada (por sexo y grupos de edad). Expansión del Sur de Bogotá (Municipio de Soacha - Localidad 6) - (2005)

Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda de 2005

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NORMATIVA (acuerdos, decretos, leyes, resoluciones y planes de desarrollo) Acuerdos: ACUERDO 20 DE 1972. Colombia, El Concejo del Distrito Especial de Bogotá (1972, 6 de octubre), “Acuerdo 20 de 1972. Por el cual se modifica el numeral 4 del artículo 13 del Acuerdo 65 de 1967 y 172 A s e n t a m i e n t o s

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tal, para el período 1993 de 1995. Registro Distrital 719 del 5 de Enero de 1993, Bogotá. ACUERDO 6 DE 1998. Colombia, El Concejo de Santafé de Bogotá (1998, 8 de junio) “Acuerdo 6 de 1998. Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Santa Fe de Bogotá D.C. 1998-2001 –Por la Bogotá que Queremos–”. 8 de junio de 1998, Bogotá. ACUERDO 79 DE 2003. Colombia, El Concejo de Bogotá, D.C. (2003, 20 de enero), “Acuerdo 79 de 2003. Por el cual se expide el Código de Policía de Bogotá D.C.” Registro Distrital No. 2799 de enero 20 de 2003, Bogotá. ACUERDO 119 DE 2004. Colombia, El Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. (2004, 3 de junio), “Acuerdo 119 de 2004. Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y Obras Públicas Bogotá D.C. 2004-2008”. 3 de junio de 2004, Bogotá. Decretos: DECRETO 2489 DE 1980. Colombia, El Alcalde Mayor de Bogotá, Distrito Especial (1980, 4 de diciembre), “Decreto 2489 de 1980. Por medio del cual se reglamenta el Proceso de Urbanización por Desarrollo Progresivo”. Registro Distrital 322 de diciembre 23 de 1980, Bogotá. DECRETO 914 DE 1983. Colombia, El Presidente de la República de Colombia (1983, 28 de marzo), “Decreto 914 de 1983. Por el cual se adiciona el Decreto número 1510 de 1944”. Diario Oficial, 28 de marzo de 1983, Bogotá. DECRETO 890 DE 1984. Colombia, El Alcalde Mayor de Bogotá, Distrito Especial (1984, 11 de junio), “Decreto 890 de 1984. Por el cual se definen las acciones administrativas tendientes a dirigir, coordinar y ejecutar el Proyecto Ciudad Bolívar, previsto en el Acuerdo 11 de 1983 del Honorable Concejo Distrital”. Registro Distrital 360 de febrero 28 de 1984, Bogotá. DECRETO 1191 DE 1985. Colombia, El Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá (1985, 22 de julio), “Decreto 1191 de 1985. Por el cual se definen las gestiones administrativas tendientes a dirigir, coordinar, programar, ejecutar y evaluar el Proyecto de Desarrollo Integral de Asentamientos Populares Urbanos de Bogotá, D.E.” 22 de julio de 1985, Bogotá. DECRETO 751 DE 1987. Colombia, El Alcalde Mayor de Bogotá D.E. (1981, 27 de Febrero), “DECRETO 751 DE 1987. Por el cual se reglamenta la expedición de las licencias de construcción en el Distrito Especial de Bogotá”. Registro Distrital 394 de julio 10 de 1987, Bogotá. 173 A s e n t a m i e n t o s

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Bogotá

to 992 de 1996. Por el cual se reglamenta el capítulo IV del decreto extraordinario 2150 de 1995”. 4 de junio de 1996, Bogotá. DECRETO 668 DE 1996. Colombia, El Alcalde Mayor de Santafé De Bogotá (1996, 28 de octubre) “Decreto 668 de 1996. Por el cual se suprime una dependencia de la estructura orgánica de la Secretaría de Obras Públicas y se suprimen unos cargos”. Registro Distrital 1280 de octubre 28 de 1996, Bogotá. DECRETO 689 DE 1996. Colombia, El Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá (1996, 6 de noviembre), “Decreto 689 de 1996. Por el cual se ordena el reconocimiento oficial de unos desarrollos, asentamientos o barrios localizados al interior del Área Urbana del Distrito Capital”. 6 de noviembre de 1996, Bogotá. DECRETO 1063 DE 1998. Colombia, El Alcalde Mayor de Santafé Bogotá (1998, 17 de diciembre), “Decreto 1063 de 1998. Por el cual se ordena la legalización de algunos asentamientos y barrios de Santa Fe de Bogotá D.C., ubicados en las Localidades No. 01 de Usaquén, 05 de Usme, 07 de Bosa, 11 de Suba y 19 de Ciudad Bolívar”. 17 de diciembre de 1998, Bogotá. DECRETO 177 DE 2000. Colombia, El Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá D.C. (2000, 9 de marzo), “Decreto 177 de 2000. Por el cual se ordena la legalización de algunos asentamientos y barrios Santa Fe de Bogota, D. c., ubicados en las Loca1idades No.04 de San Cristóbal No.05 de Usme, No. 07 de Bosa, No.08 de Kennedy, No.10 de Vengativa, No.11 de Sub8: No. 18 de Rafael Uribe y 19 de Ciudad Bolívar”. Registro Distrital 2104 del 9 de marzo de 2000, Bogotá. DECRETO 970 DE 2000. Colombia, El Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. (2000, 7 de noviembre), “Decreto 970 de 2000. Por el cual se ordena la legalización de algunos asentamientos y barrios de Bogotá, D.C., ubicados en las Localidades No. 01 Usaquén, No. 04 de San Cristóbal, No. 05 de Usme, No. 07 de Bosa, No. 08 Kennedy, No. 09 de Fontibón, No. 10 de Engativá, No. 11 de Suba, No. 18 de Rafael Uribe y No. 19 de Ciudad Bolívar”. Registro Distrital 2265 del 7 de noviembre de 2000, Bogotá. DECRETO 440 DE 2001. Colombia, El Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. (2001), “Decreto 440 de 2001. Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas”. Bogotá, D.C., 20012004. DECRETO 1379 DE 2002. Colombia, El Presidente de la República de Colombia (2002, 5 de julio), “Decreto 1379 de 2002. Por el cual se modifica parcialmente

“Decreto 700 de 1991. Por el cual se reglamenta el procedimiento para tramitar la legalización urbanística, la prestación provisional de los servicios públicos, y el reconocimiento de existencia de inmuebles determinados”. Registro Distrital 658 del 31 de octubre de 1991, Bogotá. DECRETO 558 DE 1992. Colombia, El Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá, Distrito Capital (1992, 11 de septiembre), “Decreto 558 de 1992. Por el cual se crea el Sistema Distrital de Vivienda de Interés Social”. Registro Distrital 726 de febrero 5 de 1993, Bogotá. DECRETO 2056 DE 1992. Colombia, Presidente de la República de Colombia (1992, 22 de diciembre), “Decreto 2056 de 1992. Por medio del cual se reglamenta parcialmente el artículo 44 de la Ley 9ª de 1989 modificado por el artículo 3° de la Ley 2ª de 1991”. Diario Oficial, año CXXVIII. N. 40697. 24, diciembre, 1992, p. 14, Bogotá. DECRETO 1319 DE 1993. Colombia, El Presidente de la República de Colombia (1993, 9 de julio), “Decreto 1319 de 1993. Por el cual se reglamenta la expedición de Licencias de Construcción, Urbanización y Parcelación y de los Permisos de que trata el Capítulo VI de la Ley 9a. de 1989”. Diario Oficial No. 40.946, del 13 de julio de 1993, Bogotá. DECRETO 734 DE 1993. Colombia, El Alcalde Mayor de Santafé De Bogotá, D.C. (1993, 23 de noviembre), “Decreto 734 de 1993. Por el cual se reglamenta el Proceso de Desarrollo por Urbanización en las Áreas Urbanas de Santa Fe de Bogotá, D.C.” Registro Distrital 804 de noviembre 23 de 1993, Bogotá. DECRETO 633 DE 1995. Colombia, El Presidente de la República (1995, 7 de abril) “Decreto 633 de 1995. Por el cual se reglamenta la Ley 9a. de 1989”. Diario Oficial No. 41.827, del 28 de abril de 1995, Bogotá. DECRETO 295 DE 1995. Colombia, El Alcalde Mayor de Santafé De Bogotá (1995, 1 de junio), “Decreto 295 de 1995. Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo, Social y de Obras Públicas para Santa Fe de Bogotá D.C. 1995-1998, Formar Ciudad”. 1 de junio de 1995, Bogotá. DECRETO 1168 DE 1996. Colombia, El Presidente de la República (1996, 28 de junio), “Decreto 1168 de 1996, “Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 3a de 1991 y la Ley 60 de 1993, en materia de subsidios municipales para vivienda de interés social”. Diario Oficial No. 42.824 de julio 5 de 1996, Bogotá. DECRETO 992 DE 1996. Colombia, El Presidente de la República de Colombia (1996, 4 de junio), “Decre174 A s e n t a m i e n t o s

humanos, agua y territorio.

el proceso de expansión del sur de

Bogotá

DECRETO 122 DE 2006. Colombia, El Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. (2006, 4 de abril), “Decreto 122 de 2006. Por el cual se adoptan medidas de defensa y protección de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá”. 4 de abril de 2006, Bogotá. RESOLUCIÓN 0194 DE 2007. Colombia, El Gerente General de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, E. S. P. (2007, 8 de marzo), “Resolución 0194 de 2007. Por la cual se establece la forma de cobro del suministro provisional de acueducto a usuarios irregulares agrupados”. Registro Distrital 3721 de marzo 09 de 2007, Bogotá. DECRETO 271 DE 2007. Colombia, El Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. (2007, 26 de junio), “Decreto 271 de 2007. Por medio del cual se adopta la estructura organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital del Hábitat”. Registro Distrital 3787 de junio 26 de 2007, Bogotá.

el Decreto 1052 de 1998”. Diario Oficial 44862 del 11 de julio de 2002, Bogotá. DECRETO 328 DE 2003. Colombia, El Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. (2003, 30 de septiembre), “Decreto 328 de 2003. Por el cual se crea la red interinstitucional para la prevención y control de los desarrollos ilegales en el Distrito Capital”. Registro Distrital 2957 de Septiembre 30 de 2003, Bogotá. DECRETO 469 DE 2003. Colombia, El Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. (2003, diciembre), “Decreto 469 de 2003. Por el cual se revisa el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.”. Registro Distrital 3013 del 23 de diciembre de 2003, Bogotá. DECRETO 190 DE 2004. Colombia, El Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. (2004, 22 de junio), “Decreto 190 de 2004. Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003”. Registro Distrital 3122 de junio 22 de 2004, Bogotá. Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. DECRETO 327 DE 2004. Colombia, El Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. (2004, 11 de octubre), “Decreto 327 de 2004. Por el cual se reglamenta el Tratamiento de Desarrollo Urbanístico en el Distrito Capital”. Registro Distrital de 2004, Bogotá. DECRETO 1600 DE 2005. Colombia, El Presidente de la República de Colombia (2005, 20 de mayo), “Decreto 1600 de 2005. Por el cual se reglamentan las disposiciones sobre licencias urbanísticas, reconocimiento de edificaciones y legalización de asentamientos humanos”. Diario Oficial 45917 de mayo 23 de 2005, Bogotá. DECRETO 367 DE 2005. Colombia, El Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. (2005, 4 de octubre), “Decreto 367 de 2005. Por el cual se reglamenta el procedimiento y demás requisitos para la legalización de los desarrollos humanos realizados clandestinamente, de conformidad con el artículo 458 del Decreto Distrital 190 de 2004”. Registro Distrital 3411 de octubre 04 de 2005, Bogotá. DECRETO 564 DE 2006. Colombia, El Presidente de la República de Colombia (2006, 24 de febrero), “Decreto 564 de 2006. Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos; a la legalización de asentamientos humanos constituidos por viviendas de Interés Social, y se expiden otras disposiciones”. 24 de febrero de 2006, Bogotá.

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humanos, agua y territorio.

Leyes: LEY 9 DE 1989. Colombia, El Congreso de Colombia (1989, 11 de enero), “Ley 9 de 1989. Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”. Diario Oficial, año CXXV, No. 38650. 11, enero, 1989, p. 1, Bogotá. LEY 142 DEL 11 DE JULIO DE 1994. Colombia, El Congreso de Colombia (1994, 11 de julio), “Ley 142 del 11 de julio de 1994. Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”. 11 de julio de 1994, Bogotá. LEY 308 DE 1996. Colombia, El Congreso de Colombia (1996, 5 de agosto), “Ley 308 de 1996. Por la cual se modifica parcialmente el artículo 367 del Código Penal y se tipifica con conducta delictiva la del Urbanizador Ilegal”. Diario Oficial No. 42.852, de 9 de agosto de 1996, Bogotá. LEY 373 DE 1997. Colombia, El Congreso de la República (1997, 6 de junio), “Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua”. Diario Oficial No. 43.058 de 11 de junio de 1997, Bogotá. LEY 810 DE 2003. Por Colombia, El Congreso de Colombia (2003, 13 de junio), “Ley 810 de 2003. Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones”. 13 de junio de 2003, Bogotá.

el proceso de expansión del sur de

Bogotá

Asamblea General en su Resolución 2542 (XXIV) del 11 de diciembre de 1969. NACIONES UNIDAS (1979). Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General en su Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979. NACIONES UNIDAS (1989). Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General en su Resolución 44/25, de 20 de diciembre de 1989. NACIONES UNIDAS (1990). Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General No. 3, relativa a la índole de las obligaciones de los Estados Partes, 5º período de sesiones, 1990. E/1991/23. NACIONES UNIDAS (1991). Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General No. 4, relativa al derecho a una vivienda adecuada, 6º período de sesiones, 1991. E/1992/23. NACIONES UNIDAS (1994). Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General No. 5, relativa a los derechos de las personas con discapacidad, 11º período de sesiones, 1994. E/1995/22. NACIONES UNIDAS (1995). Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General No. 6, relativa a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las personas mayores. 13º período de sesiones, 1995. E/1996/22. NACIONES UNIDAS (1999). Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General No.13, relativa al derecho a la educación, 21º período de sesiones, 1999. E/C.12/1999/10. NACIONES UNIDAS (2000). Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General No. 14, relativa al derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, 22º período de sesiones, 2000. E/C.12/2000/4. NACIONES UNIDAS (2003). Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General No. 15 relativa al derecho al agua, 29 período de sesiones, 2003. E/C.12/2002/11. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (2007). Seminario Procesos urbanos en hábitat, vivienda e informalidad. Maestría en Hábitat, Bogotá, Colombia. Sin publicar.

Resoluciones: RESOLUCIÓN 287 DE 2004. Colombia, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA (2004, 25 de mayo), “Resolución 287 de 2004. Por la cual se establece la metodología tarifaria para regular el cálculo de los costos de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado”. Diario Oficial 45573 de junio 8 de 2004, Bogotá. RESOLUCIÓN 0194 DE 2007. Colombia, El Gerente General de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, E. S. P. (2007, 8 de marzo), “Resolución 0194 de 2007. Por la cual se establece la forma de cobro del suministro provisional de acueducto a usuarios irregulares agrupados”. Registro Distrital 3721 de marzo 09 de 2007, Bogotá. Planes de desarrollo: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ; CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Plan de Desarrollo de Bogotá 1986-1988. Bogotá. OTRAS FUENTES GILBERT, A. (2007). “Agua para todos: ¿Cómo combinar la administración pública con las prácticas comerciales para el beneficio de los pobres?” En: Seminario internacional La globalización neoliberal y la planeación urbana-regional: Perspectiva para América Latina, Medellín, Colombia, 23 y 24 agosto 2007. NACIONES UNIDAS (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptados y proclamada por la Asamblea General en su Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. NACIONES UNIDAS (1965). Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, adoptada por la Asamblea General en su Resolución 2106 A (XX), de 21 de diciembre de 1965. NACIONES UNIDAS (1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General en la Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. NACIONES UNIDAS (1966). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General en su Resolución 2000 A (XXI) de 16 de diciembre de 1966. NACIONES UNIDAS (1969). Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social, aprobada por la

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humanos, agua y territorio.

el proceso de expansión del sur de

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ENTREVISTAS CON LÍDERES SOCIALES Y FUNCIONARIOS Localidad o entidad USME

CIUDAD BOLÍVAR

MUNICIPIO DE SOACHA

EAAB

No.

Barrio

Líder o funcionario

Rol desempeñado

Danubio Azul

Nelson Velasco

Líder comunitario del barrio Danubio Azul, Edil de localidad 5, Usme

El Triángulo (Comuna Alfonso López)

Hugo Villamil

Líder Comunitario de la Comuna Alfonso López. Anteriormente Edil de la Localidad 5, Usme

Villa Anita III

José Aranzazo

Líder comunitario de barrios como Los Sucres y Villa Anita III. Anteriormente edil de la Localidad 5, Usme

JerusalénPotosí

Leonidas Ospina

Líder de comunitario del barrio JerusalénPotosí. Profesor del colegio ICES.

El Paraíso

Álvaro Gómez

Líder de comunitario del barrio El Paraíso, presidente de la J.A.C.

Caracolí

Jaime Rojas, Nilson Culma, Eucaris Moreno

Líderes comunitarios del barrio Caracolí, lideran la J.A.C.

Verbenal Quiba

Esperanza González

Líder comunitario del barrio Verbenal Quiba. Perteneciente a la J.A.C.

Cazucá (Altos de Cazucá)

Humberto Medellín

Líder comunitario del municipio de Soacha.

Los Olivos III

Eduardo Martínez

Líder comunitario del barrio Olivos III, presidente de J.A.C. del barrio.

Caserío El Manzano

Amín Díaz

Líder comunitario del caserío El Manzano.

Fernando Fandiño

Ex funcionario de EAAB

Hugo Ariza

Ex funcionario de EAAB

José Sarmiento

Funcionario actual, conductor de la EAAB

Javier Pava

Ex funcionario de EAAB

Luis Carlos Morales

Funcionario actual de la EAAB

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DISTRITAL

Juan de Dios Martínez

Funcionario actual de la Secretaría de Planeación Distrital

OTROS (en conversatorios)

Luis Carlos Jiménez

Profesor de la Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá. Ex director de Planeación Distrital.

Carlos Alberto Ángel

Biólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Consultor e investigador

Carlos Alberto Torres

Profesos asociado, Universidad Nacional de Colombia

María Mercedes Maldonado

Profesora Universidad Nacional de Colombia

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