Resoluciones del Comité Provincial

COMITÉ PROVINCIAL ORDINARIO Córdoba, 16 de febrero de 2013 1.- RESOLUCIÓN

UN ACUERDO POLÍTICO Y SOCIAL FRENTE AL DESEMPLEO MASIVO El partido socialista no va a permanecer pasivo ante el principal problema que afecta a los ciudadanos de nuestro país, de Andalucía y de nuestra provincia, EL PARO. Los socialistas no podemos obviar que la relación entre crecimiento económico y empleo experimentada en 2012 no solo es peor que la registrada durante el año anterior, sino que es la más negativa de toda la crisis, empeorando incluso los datos de 2009 (en dicho año, por cada punto de caída del PIB el empleo descendió en alrededor de 2 puntos, mientras que en 2012 el empleo descendió en más de tres puntos porcentuales por cada punto de reducción del PIB).

Por lo tanto, lejos de impulsar el rendimiento en términos de empleo del crecimiento económico, o aminorar la destrucción de empleo cuando el crecimiento es negativo, la reforma laboral de 2012 impuesta por el Partido Popular, ha alimentado de forma trascendental la intensidad en la destrucción de empleo de nuestra economía.

Circunstancia ésta que ha originado graves efectos en Córdoba, siendo la segunda provincia Andaluza donde más ha subido el desempleo durante el último año, sumando 13.454 desempleados más. Una situación que se viene repitiendo desde el mes de abril de 2012 y que nos sitúa ya al borde de las 100.000 personas desempleadas. De tal manera que, durante el último año, cada día han ingresado en las listas del paro 37 cordobeses/as.

Pero al incremento del paro, hemos de unir la destrucción de empleo y es que la provincia de Córdoba ha perdido 17.753 cotizantes a la Seguridad Social con respecto a enero de 2012. Tanto es así, que durante el último año se vienen destruyendo 2 empleos cada hora.

Lo mismo sucede en la capital, que ha sumado 5.567 desempleados más que hace un año, acercándose ya a los 50.000 parados.

Así que, tras el nefasto año 2012, los datos del primer mes del año apuntan a que durante el 2013 puede prolongarse la misma tendencia negativa. Y por más

que desde el Gobierno quieran pronosticar una mejoría de la situación, los datos no permiten avalar una evolución positiva ni de la economía ni del empleo.

Y es que lamentablemente nos encontremos con un Gobierno sin ningún tipo de credibilidad, que falla continuamente en sus previsiones económicas y financieras, y que ha incumplido todas sus promesas electorales.

Es necesario, por lo tanto, un giro radical en el planteamiento de las políticas económicas del Partido Popular, para que éstas se basen en el crecimiento económico y en el empleo y no en la reducción compulsiva por el déficit.

Es urgente un cambio de rumbo y pasar de los recortes al impulso de la contratación y del empleo. Lanzar un plan de empleo en el que participen todas las administraciones, estatal, autonómico y local, así como todos los interlocutores sociales.

Es urgente un plan de estímulo a la creación de empleo, con políticas que potencien la creación del mismo en determinados colectivos más desfavorecidos o con mayores dificultades de inserción o de reincorporación al mercado de trabajo.

Hemos de ser conscientes que hay alternativas si se cambia el objetivo de la política económica. Por eso hay que erradicar la idea de que esta es la única política posible porque no es cierto.

Hay que hacer políticas que favorezcan el mantenimiento y la creación de tejido industrial en sectores de mayor aportación de valor añadido y con mayores posibilidades de crecimiento duradero y sostenido.

Hay que procurar que los jóvenes tengan oportunidades, porque son el capital de futuro más valioso que tenemos.

Estos son los objetivos que hay que lograr, antes que la reducción del déficit y el abismo al que nos lleva.

Por eso, nuestra propuesta es que hay que impulsar planes de empleo para los jóvenes, pero también para los mayores de 45 años, para los desempleados de larga duración y para los desempleados en sectores con difícil recolocación.

Hay que impulsar el empleo a partir de la inversión y el estímulo de la actividad económica.

Por lo tanto, el Comité Provincial del PSOE-A de Córdoba exige al gobierno del Partido Popular que trate a los andaluces como al resto de los españoles y articule un Plan Especial de Empleo para Andalucía.

Asimismo, exigimos la dotación de un Programa de Fomento del Empleo Agrario Extraordinario para evitar la pérdida de rentas y de empleo de los hombres y mujeres del campo, así como la derogación de las 35 jornadas para acceder al Subsidio y a la Renta Agraria.

Y también exigimos un acuerdo político y social contra el desempleo masivo que está sufriendo la provincia de Córdoba.

2.- RESOLUCIÓN

DEMANDA DEL SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA El Comité Provincial del PSOE-A de Córdoba quiere expresar nuestro más enérgico rechazo a las actitudes que se están poniendo de manifiesto en contra el Sistema Público de Servicios Sociales y el implantado por la Ley39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, que no hacen más que generar precariedad en un sector que está siendo cruelmente vilipendiado por las extenuantes medidas de recorte puestas en marcha por el Gobierno Central, lesionando un derecho adquirido por la ciudadanía con dificultades para valerse por sí mismos/as y necesitan de la asistencia de otras personas para hacer su vida normal y a su vez, añadiendo desesperación a los y las trabajadores y trabajadoras que tan responsable, seria y comprometidamente desempeñan su labor día a día con el fin de lograr el máximo bienestar para sus usuarios.

Desde que se la llama ley de Dependencia en el año 2006, el crecimiento de los recursos y servicios destinados a la atención de las personas en situación de dependencia ha sido muy considerable, procurando una extensa, aunque insuficiente aún, red de recursos que inciden positivamente en el bienestar de las personas a las que se destinan y una necesaria descarga y reconocimiento a la dedicación de sus familiares y entorno más inmediato.

Asimismo, este sector ha sido capaz de continuar creando empleo estable, de calidad y no deslocalizable, incluso en épocas de crisis como esta, y generando unos retornos a las arcas públicas, más que considerables.

Pero, desde que en el pasado ejercicio, se aprobara el Decreto 20/2012, de 13 de julio, el sistema de Dependencia se ha visto maltratado, tras una gran batería de medidas de recorte que implantaba el Gobierno Central, como presunta respuesta a la situación de crisis. Con este decretazo, es con el que se daba la

estocada mortal al sistema público de servicios sociales y de dependencia, así como con la ley de presupuestos generales del estado para 2013, donde se asfixia más económicamente a la red básica de servicios sociales y de atención a las personas en situación de dependencia, con recortes presupuestarios de más del 40%.

En este sentido, Andalucía ha sido fuertemente perjudicada ya que desde el año 2012, dejará de percibir 214 millones de euros en Dependencia - 89 millones en 2012 y 125 para 2013- lo que provoca una gran merma en las cuentas destinadas a esta materia. Este hecho está provocando que las administraciones autonómicas y locales sufran un quebranto en las partidas para este concepto, pues la disminución de la aportación correspondiente desde el ejecutivo central, repercute negativamente, dificultando aun más, la capacidad de afrontar la sostenibilidad de los servicios.

De igual modo, el real decreto ley del Gobierno ha vulnerado directamente el derecho de los/as ciudadanos/as, recortándoles un 15% la prestación económica a las cuidadoras familiares, además, de suprimirles las cotizaciones a la Seguridad Social, cuya cobertura era una garantía hasta ahora. Las horas de ayuda a domicilio se han reducido, pasando de 90 a 70 al mes, en los casos de dependientes graves, y de 70 a 46 horas, en los demás casos, lo que provoca que no se atienda a las personas como se debe. Igualmente, se ha dictado la simplificación de los grados de reconocimiento, cuando no todos los casos son iguales, siendo los más perjudicados los de grado 1, que no se incorporan al sistema de ayudas hasta el año 2015, lo que impedirá que muchas personas mayores no puedan acceder a este derecho, puesto que en muchos casos, por edad, fallecerán antes de percibir el servicio.

Así, el Comité Provincial del PSOE-A de Córdoba insta a los poderes públicos y a las administraciones, Gobierno Central, Autonómico, Provinciales y Locales, en función de sus competencias correspondientes, a que se comprometan a la sostenibilidad del sistema a través de las medidas siguientes: • Velar por el respeto al derecho subjetivo reconocido, tras ser calificados en situación de dependencia, en los términos legalmente establecidos.

• Adquirir el compromiso de liquidar las deudas contraídas con el sector de sociosanitario, relacionado con los servicios sociales y atención a la dependencia, en tiempo razonable.

• Garantizar la inversión necesaria para el sostenimiento del sistema de Servicios Sociales y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

• Impulsar Planes Especiales de Empleo y acciones formativas, cuyo marco sea el ámbito de la atención sociosanitaria, al ser un nuevo yacimiento de empleo, lo que permitirá contar con personas más especializadas en este campo, cuyo efecto será positivo para el servicio, así como, se ganará en puestos de trabajo.

1. RESOLUCIÓN

SOBRE DESAHUCIOS El estancamiento del modelo de crecimiento económico, el estallido de la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis financiera y económica han dejado en España unas altísimas tasas de desempleo. La disminución de ingresos hace que muchos hogares que no puedan afrontar el pago de la hipoteca. Cuando esto ocurre el ordenamiento español prevé un procedimiento de ejecución hipotecaria que comporta no sólo la pérdida de la vivienda habitual, sino también la posibilidad de que se embarguen los salarios y otros bienes presentes y futuros.

Concretamente, la regulación actual implica que la entidad bancaria pueda adjudicarse la vivienda por tan sólo el 50% del valor de tasación y seguir exigiendo a la familia el monto restante, más los intereses generados y los gastos del procedimiento judicial. De tal manera que las personas que padecen un proceso de ejecución hipotecaria no sólo pierden sus viviendas habituales, sino que en muchas ocasiones, además, se quedan con buena parte de la deuda, con una condena de por vida que las excluye definitivamente de cualquier circuito financiero o crediticio.

Ante esta circunstancia, el Comité Provincial del PSOE de Córdoba apoya la Iniciativa Legislativa Popular de la Plataforma Stop Desahucios para: Que si el bien ejecutado fuese la vivienda habitual, el deudor pueda comparecer con anterioridad a la celebración de la subasta solicitando la entrega del bien hipotecado en pago de la deuda garantizada. En este caso, el Tribunal dictará resolución autorizando la entrega y acordando la adjudicación del inmueble al ejecutante en pago del total de la deuda garantizada, extinguiéndose la misma junto con los intereses y costas.

Que se de una nueva redacción al artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y cuando la ejecución se dirija exclusivamente contra bienes hipotecados o pignorados en garantía de una deuda dineraria se esté a lo dispuesto en el capítulo V de este Título. Si, subastados los bienes hipotecados o pignorados, su producto fuera insuficiente para cubrir el crédito, el ejecutante podrá pedir el embargo por la cantidad que falte y la ejecución proseguirá con arreglo a las normas ordinarias aplicables a toda ejecución. No obstante, en caso que el bien ejecutado sea la vivienda habitual del deudor, no se podrá iniciar la ejecución dineraria.

Que no se pueda acordar el lanzamiento del inmueble en el seno de la ejecución hipotecaria cuando se trate de la vivienda habitual del ejecutado y cuando el impago del préstamo hipotecario sea debido a motivos ajenos a su voluntad.

Que el ejecutado tenga derecho a seguir residiendo en la vivienda a título de arrendamiento por un periodo de 5 años desde la fecha de la adjudicación.

Que el importe de la renta mensual del arrendamiento no pueda ser superior al 30% de los ingresos mensuales del arrendatario.

Que a los procesos de ejecución hipotecaria tramitados de acuerdo con lo establecido en el Capítulo V del Título IV del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil en los que el bien hipotecado sea la vivienda habitual del deudor, si no se ha celebrado la subasta en la fecha de entrada en vigor de la presente ley, les sea de aplicación lo establecido en los artículos 693.4 y 579 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Que en los procesos de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual en los que se haya celebrado subasta en la fecha de entrada en vigor de la presente ley, el ejecutante no pueda pedir que se despache la ejecución dineraria. En caso de que ya se hubiese iniciado la ejecución dineraria en la fecha de entrada en vigor de la presente ley, el Secretario judicial dictará decreto dando por terminada la ejecución, quedando extinguida la deuda principal, junto con los intereses y costas.

4.- RESOLUCIÓN

POR EL EMPLEO JOVEN Debido a la desidia que durante más de un año los gobiernos del Partido Popular en distintos ayuntamientos de la provincia, en la misma Diputación Provincial de Córdoba y en el Gobierno Central llevan practicando en materia de empleo sin ningún tipo de resultado.

La tasa de desempleo juvenil se sitúa hoy en día por encima del 55%, no podemos consentir que la generación de jóvenes mejor formada y más preparada de la historia, siga teniendo que estar abocada al desempleo directamente al terminar sus periodos de formación y estudios.

Queremos el fin de los recortes en materia de empleo y que dejen de efectuarse políticas de empleo que solo llevan a facilitar el despido y los expedientes de regulación de empleo, los contratos basura y las medidas que dificultan la contratación.

No queremos estar obligados a emigrar. Ya no sólo de nuestros pueblos o ciudades, sino de nuestra propia Comunidad Autónoma e incluso del país para buscar suerte en otros países donde realmente se valora todo el trabajo que los jóvenes realizamos hoy en día.

Por eso desde Juventudes Socialistas de la provincia de Córdoba nos mostramos totalmente contrarios a esta formar de gobernar, y queremos demostrar que existe otra forma de aplicar políticas de empleo y obtener resultados que favorezcan la contratación, la inserción laboral y el trabajo estable.

Desde Juventudes Socialistas de Córdoba, pedimos que todos los cargos institucionales del PSOE-A de Córdoba en los distintos ámbitos (local, provincial, autonómico y estatal), ya sea desde nuestros propios Gobiernos o desde la oposición, realicen y exijan auténticas propuestas progresistas y socialistas en materia de empleo, y en especial por el fomento del empleo joven.

5.- RESOLUCIÓN

SOBRE LA PROPUESTA DEL PP DE NUEVA REGULACIÓN DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Desde la aprobación de la Constitución de 1978, con acuerdo, diálogo y consenso hemos construido y consolidado entre todos una España democrática. Éstos han sido los principios por los que se han acometido las reformas que afectaban a la estructura institucional del Estado.

Durante este tiempo hemos pasado por momentos difíciles en los que incluso nuestro modelo de convivencia democrática se ha puesto en juego, hemos afrontado juntos los efectos de las crisis económicas, y precisamente hemos vencido y superado esas dificultades gracias a los esfuerzos de toda la ciudadanía y de la unidad de los Grupos políticos.

Durante estos 32 años de Ayuntamientos democráticos, el ámbito local ha sido un buen ejemplo de cómo se puede gobernar, defendiendo los intereses de los vecinos, aunando voluntades políticas, buscando la colaboración y la cooperación, y los resultados han sido visibles en el progreso de nuestros pueblos y ciudades.

La autonomía local ha sido un referente avalado por la Constitución y por la Carta Europea como garantía de democracia, de cohesión social y de la vertebración de un país, históricamente desigual en lo social y en lo económico.

Entre todos hemos diseñado un modelo local capaz de dar más y mejores servicios a los ciudadanos, hemos conformado entidades locales que son ejemplo de participación, de convivencia y de solidaridad, contribuyendo a garantizar la cohesión social en todo el territorio a través de la gestión de servicios y prestaciones en el ámbito local, desde la cercanía y la proximidad.

Compartimos que las leyes que regulan el ámbito local necesitan de una revisión que aborde el reparto de competencias, la financiación, las retribuciones de los Alcaldes y Concejales (las de aquellos que las reciben), la simplificación administrativa, las funciones de las entidades locales intermedias y avanzar en la transparencia y la participación ciudadana.

Por nuestras convicciones democráticas, por respeto y coherencia a nuestra historia compartida durante estos años y sin duda por los vecinos a los que representamos, este trabajo se debe hacer desde el diálogo y desde el consenso para garantizar que nuestros ayuntamientos puedan seguir prestando los servicios que esperan de ellos los ciudadanos y para garantizar la democracia de nuestro país.

El Gobierno del Partido Popular tiene previsto ejecutar en este 2013 su estrategia de reforma del modelo local de nuestro país mediante la Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. De la misma manera, el poder local se verá modificado con los cambios anunciados en la Ley Electoral sobre recorte del número de concejales de las corporaciones locales.

La propuesta del Partido Popular pretende imponer un modelo que nace de una opción ideológica aprovechando la situación de crisis económica y el discurso dominante del adelgazamiento de la administración pública, aunque en este caso, se trata de una redefinición política del ámbito local, y por tanto, de la articulación del Estado.

Que el proyecto hable de racionalización y sostenibilidad, al hilo de las exigencia de estabilidad presupuestarias marcadas por la Unión Europea, ocultan los verdaderos objetivos de los cambios que pretende impulsar el documento, que se reforma las dos leyes fundamentales que configuran el ordenamiento jurídico local español (la ley de bases y la de haciendas locales).

A modo de sumario, estas son las conclusiones que pueden extraerse de la propuesta del Partido Popular: • Regreso a un Estado paternalista y centralista.

• Eliminación de la rentabilidad social de los servicios públicos municipales.

• Desmantelamiento del sector público, sea cual sea su objetivo, con la consiguiente privatización de servicios.

• Concentración de los centros de decisión al margen de los ayuntamientos y de los habitantes de los municipios.

• Deterioro de la calidad democrática en el ámbito local.

• Abrirá la brecha entre las grandes ciudades y los pequeños pueblos.

• Los ayuntamientos medianos y pequeños pierden en la práctica las competencias sobre desarrollo local y económico.

• La supresión de los ayuntamientos de los pequeños municipios.

• El recorte de la administración local, que aumentará el desempleo por el despido de plantillas laborales.

Los ayuntamientos, sus alcaldes y alcaldesas, van a ser simples ejecutores de los dictados del Gobierno, el cual establecerá técnicamente los parámetros y estándares de los servicios públicos municipales. El desarrollo económico de los pueblos y ciudades quedará, más que nunca, a expensas de las decisiones que se tomen en centros de poder cada vez más lejanos y ajenos, probablemente, a la realidad social y económica de los territorios.

Estamos, por tanto, ante un vaciado del poder local, de la capacidad de resolución de problemas por parte de los representantes democráticamente elegidos por los ciudadanos y ciudadanas, de su representatividad -llegado el caso de que las competencias pasen a ser gestionadas por las diputaciones, elegidas de manera indirecta- y de la calidad democrática en general.

El PSOE de Córdoba quiere expresar su rechazo a estas reformas planteadas del poder local tanto en el espíritu de la propuesta, como en el fondo.

Nuestra alternativa parte de dos premisas fundamentales: la reforma debe estar sujeta al debate territorial en su conjunto y la defensa del municipalismo.

Primero, la reforma local no puede ser una decisión aislada del debate territorial en general (Estado, autonomías, entes locales). Planteamos una reforma del modelo territorial en su conjunto para caminar hacia un modelo federal pluralista, cooperativo y social, que garantice la autonomía local.

Segundo, defendemos el municipalismo como fundamento de la democracia. Es el espacio de participación más directa –y a veces el único- de los ciudadanos y ciudadanas en la toma de decisiones. Si fortalecemos el municipalismo, fortalecemos la democracia.

La descentralización es sinónimo de empoderamiento local. Discurrir por el camino inverso, es alejar la política de la gente, porque se alejan las soluciones a sus problemas.

Por todo ello, el Comité Provincial del PSOE-A de Córdoba acuerda: 1. Reafirmar la importancia de las entidades locales, que en una realidad tan compleja, diversa y difícil, están contribuyendo de forma inequívoca a

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vertebrar el territorio, contribuir a la cohesión social, y prestar servicios esenciales y básicos, descentralizados y de proximidad para todos.

Rechazar cualquier reforma de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y de la Ley Electoral (LOREG) que venga a limitar la autonomía municipal, reconocida por la Constitución, y que pretenda restar capacidad de decisión a la ciudadanía sobre la administración local y sus representantes.

Defender la autonomía municipal como el más eficaz instrumento para hacer realidad el principio de igualdad de oportunidades, al mismo nivel de importancia que las otras administraciones públicas, y la necesidad de abordar en profundidad el debate sobre las necesarias competencias municipales y su financiación adecuada.

Transmitir a todos los ayuntamientos y a sus vecinos, especialmente a los municipios más pequeños, nuestro apoyo y reconocimiento por la labor que vienen haciendo para mantener el territorio rural y su población de forma equilibrada y sostenible para toda la sociedad.

Rechazar cualquier reforma que vaya en la línea de eliminar o fusionar municipios o ayuntamientos.

6.- RESOLUCIÓN

SOBRE LOS FONDOS MINER Con la llegada del PP al Gobierno de España, las comarcas mineras están sufriendo el total abandono por parte de la Administración Central, la cual ha eliminado el Plan de la Minería del Carbón. Esto supone un ataque en la línea de flotación de la supervivencia de las comarcas mineras de nuestro país y de nuestra provincia, afectando directamente a cinco municipios de la comarca del Guadiato.

No solo se eliminan las medidas puestas en marcha por el anterior gobierno socialista, sino que además se dejan de cumplir los compromisos adquiridos, suponiendo una pérdida de 24 millones de euros en nuestra provincia para el desarrollo de infraestructura generadoras de desarrollo económico.

Pero lo más grave es la eliminación de incentivos al establecimiento de iniciativas empresariales en un momento tan necesario, lo cual supone que se queden en el camino varios proyectos generadores de empleo.

Y es que el PP nunca ha apoyado al carbón. Fue el Gobierno socialista de Zapatero el que consiguió ampliar el plazo de ayudas al carbón español en la Unión Europea hasta 2018, ya que el Reglamento del año 2002, aprobado por el Gobierno de Aznar, limitaba ese plazo hasta el año 2010. El Gobierno socialista

también consiguió que la Comisión Europea aprobase el Real Decreto sobre el pago de ayudas al consumo del carbón autóctono, que el PP quiso boicotear.

Baste recordar que en 2009, Rajoy recriminó a Zapatero que no rebajase la producción de carbón en España, que Cristóbal Montoro afirmase que el PP rechazaría el decreto del Gobierno para incentivar el uso de carbón nacional, y que el vicepresidente del Parlamento Europeo y eurodiputado del PP, Alejo Vidal Quadras, pidió a la Comisión Europea que “mirara con lupa” el decreto de ayudas al carbón del Gobierno de España.

Además, durante 80 días los compañeros del PSOE de Belmez han estado defendiendo los intereses legítimos de su municipio en las inmediaciones de la Subdelegación del Gobierno, sufriendo el desprecio por parte del PP. Denunciamos el trato discriminatorio que hace el Gobierno de Rajoy en función del signo político que gobierna los ayuntamientos, ya que se le niega a Belmez un derecho por falta de partida presupuestaria, mientras que a municipios gobernados por el PP se les conceden privilegios.

Por ello, los socialistas cordobeses apostamos: 1. Por exigir a la Delegada del Gobierno de España Carmen Crespo a que pida disculpas a los habitantes de Belmez por el engaño al que ha sometido a todo un pueblo, al que promete lo que le niegan desde su Ministerio.

2. Por apoyar la defensa de los intereses de la comarca minera del Guadiato.

3. Por exigir al Gobierno de España el cumplimiento íntegro de los compromisos adquiridos en el II Plan de la Minería del Carbón.

4. Por exigir al Gobierno de España que negocie con las organizaciones sindicales un III Plan de la Minería del Carbón.

5. Por exigir al Gobierno de España un reparto justo de los fondos en función de la pérdida de empleo.