Epílogo

La información y los análisis presentados en este libro son claros: el mundo vive una emergencia ambiental. La evidencia muestra ampliamente el alcance del proceso de calentamiento global y su estrecha dependencia de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por las actividades humanas, en particular el uso de combustibles fósiles, la generación de energía basada en hidrocarburos y los cambios en el uso del suelo que aceleran la deforestación. El alcance de la emergencia es mundial, como también lo son sus determinantes y sus consecuencias. Esto no debe, sin embargo, invisibilizar el hecho de que las dimensiones local y territorial son con frecuencia las que afectan directamente la calidad de vida y la salud de la población. Un ejemplo notorio es la estrecha dependencia que hay entre la creciente contaminación de las ciudades y el patrón de consumo de movilidad basado en vehículos con motores que utilizan combustibles fósiles. Un fenómeno adicional ha sido la casi segura subestimación de la velocidad a la que aumenta la temperatura y su correlato directo en el derretimiento de los hielos árticos y la subida del nivel del mar. Ello ha llevado al progresivo reconocimiento de que el mundo ha transitado desde una situación de crisis climática que ha transcurrido a lo largo de muchos decenios hacia una emergencia ambiental que ya está destruyendo la biodiversidad y aumentando la frecuencia y la intensidad de los fenómenos climáticos extremos. En este contexto, el ritmo de respuesta de la comunidad internacional es insuficiente, idea que se ha generalizado sobre todo entre las generaciones más jóvenes, que perciben que los efectos del cambio climático los alcanzarán en su edad madura. El Acuerdo de París de 2015 fue un paso adelante, pero rápidamente ha aumentado la convicción de que sus metas, y los consiguientes

compromisos determinados a nivel nacional, no permitirán contener el proceso de calentamiento global. Las metas deben ser más ambiciosas, en particular las que están condicionadas a la colaboración internacional. Frente a esta dinámica, la situación de América Latina y el Caribe es paradojal. En la región se produce solo el 8,3% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo —porcentaje similar al peso que tiene en la población y la economía mundiales—, pero se sufren de forma desproporcionada los costos humanos y materiales del cambio climático. En última instancia, la inequidad histórica entre el mundo desarrollado y los países en desarrollo se mantiene, o incluso se fortalece, en la dimensión ambiental. Los países más desarrollados han sido y son los que están agotando el presupuesto mundial de carbono y los que continúan sin apoyar con recursos significativos los procesos de mitigación y adaptación en los países más pobres. Aún no hay un reconocimiento que produzca efectos reales de que las responsabilidades son compartidas pero desiguales, y de que los daños causados ameritan ser compensados. En este libro se pone un énfasis particular en el análisis de dos casos en que esta inequidad se manifiesta de forma extrema: Centroamérica y el Caribe. En ambas subregiones se sufren periódicamente los efectos devastadores de los fenómenos climáticos extremos, que conllevan un costo elevado y largos períodos de recuperación. El caso de los países caribeños es particularmente preocupante por el costo adicional que impone una situación insostenible de endeudamiento que debe superarse con mecanismos que reduzcan la carga de la deuda y al mismo tiempo impulsen programas significativos de adaptación. En el nivel subnacional y sectorial de los países de la región, la emergencia ambiental tiene alcances heterogéneos. Si bien en la mayoría de los territorios los efectos son y continuarán siendo negativos, la intensidad de estos varía mucho e incluso en algunos casos (los menos) podría haber ventajas en términos económicos. Esta heterogeneidad es particularmente grave en el caso de la producción agrícola, que depende en gran medida de las condiciones climáticas. Eso es así no solo por el gran peso que la actividad agropecuaria tiene en la producción y las exportaciones de numerosos países de la región, sino sobre todo por el hecho de que, en muchos de ellos, la población que se dedica a las tareas agrícolas suele ser la más pobre y la más vulnerable a la reducción de la productividad de las tierras cultivadas. En este sentido, el cambio climático es un obstáculo adicional a la lucha contra la pobreza extrema, como ocurre en el corredor seco de los países del norte de Centroamérica. Como respuesta a este amplio diagnóstico, este libro se concluye con dos capítulos en que se sugieren estrategias, políticas y acciones para enfrentar los efectos de la crisis ambiental. La primera proposición estratégica

es que, pese a las relaciones y sinergias entre las medidas de mitigación y adaptación, es posible que en la región se deban priorizar estas últimas, que no solo son inevitables, sino que pueden dar lugar a beneficios económicos que superen ampliamente los costos involucrados. Realismo, rentabilidad y eficiencia se combinan en un amplio espectro de medidas de adaptación. En particular, resaltan las potencialidades del desarrollo o fortalecimiento de los ecosistemas naturales, que pueden concretarse mediante el pago adecuado de los servicios ambientales y por medio de una estructura eficaz de gobernanza local. La necesidad y la urgencia de las acciones de adaptación se ponen de manifiesto más que nada en las crecientes corrientes migratorias impulsadas por el cambio del clima, sobre todo en las que provienen de zonas agrícolas de baja productividad. Esta es una muestra notoria de la estrecha relación entre las dinámicas ambientales, sociales y económicas, y de cómo los problemas se transmiten entre ellas. En la segunda proposición se sugiere la necesidad de adoptar una visión integral a la hora de formular y sobre todo implementar las políticas ambientales, lo que abarca también los mecanismos para su puesta en marcha. En el libro se examina una amplia variedad de instrumentos vinculados tanto a señales de precio como a regulaciones directas. Y las conclusiones son similares: no hay ningún instrumento que por sí solo permita lograr los resultados deseados, sino que es necesario poner en práctica paquetes integrados de intervención. Además, los temas ambientales se deben incorporar eficazmente en el sistema de políticas públicas, pese a las dificultades que ello implica. Esta perspectiva holística de las políticas también debe permear la visión sobre la emergencia ambiental. En la región se enfrenta una crisis ambiental, pero también una de desigualdad y de crecimiento lento e insuficiente para generar el empleo que permita reducir el desempleo y la informalidad, y absorber a las personas que se incorporan a la fuerza de trabajo. Más aún, sin cambios estructurales en el patrón de producción y consumo no se podrá expandir el ya reducido espacio de compatibilidad entre crecimiento del empleo, reducción de la pobreza y sostenibilidad. Según esta visión, el crecimiento, la igualdad y la sostenibilidad son inseparables en América Latina y el Caribe. No solo los objetivos y los instrumentos de política interactúan en esas tres dimensiones, sino que también lo hacen los problemas. En particular, destaca la miopía o el cortoplacismo de los responsables de adoptar decisiones públicas y privadas: la emergencia ambiental no se reconoce en su debida dimensión, ni se reconoce la urgencia de atenderla; hay esperanzas infundadas de que el aumento del consumo ocultará la desigualdad basada en la cultura del privilegio, y las decisiones de inversión muchas veces están desligadas de la necesidad de lograr el crecimiento y el empleo mediante el progreso técnico y la diversificación de las estructuras productivas.

Ante esta realidad, la respuesta que se brinda en este libro, que sintetiza la visión de la CEPAL, es crecer con igualdad y sostenibilidad. Para lograrlo se necesita un cambio estructural progresivo basado en un gran impulso ambiental. Los esfuerzos de adaptación, que son sinérgicos con respecto a los de mitigación, desempeñan un papel central en esta estrategia. Esto se debe concretar mediante acciones en los sectores que promueven la descarbonización: las energías renovables (sobre todo las no convencionales), la electromovilidad urbana y de larga distancia, la digitalización, la agricultura con bajas emisiones de carbono y otras soluciones basadas en la naturaleza y la economía circular. El fomento y la coordinación de medidas e inversiones públicas y privadas destinadas a cambiar la matriz energética y los patrones de producción y consumo es un camino que permitirá ir superando un estilo de desarrollo insostenible que no ha cumplido ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo ambiental.