11. Acciones de prevención y acceso a la justicia

desarrollen procesos de diálogos intergeneracionales y brinden atención y seguimiento a casos de mutilación genital femenina, y otra que apunta a la elaboración de pautas concertadas para la atención y promoción de la salud sexual y reproductiva. En cuanto a la violencia obstétrica, en El Salvador, el proyecto de acceso a la justicia a mujeres que enfrentan procesos penales por casos de interrupción de embarazo o emergencias obstétricas promovió la creación de un proceso formativo especializado dirigido al personal de Defensoría Pública con el fin de contar con herramientas para realizar una defensa efectiva de mujeres acusadas de homicidio agravado en casos de interrupciones de embarazo o emergencia obstétrica.

En este período el Perú ha puesto en marcha la Estrategia de Prevención, Atención y Protección frente a la Violencia Familiar y Sexual en Zonas Rurales, con el objetivo de promover el acceso de la población de las zonas rurales y más alejadas a los servicios. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha incorporado a defensores públicos que hablan bien las lenguas indígenas de la zona donde se brinda el servicio y ha participado en la elaboración del Protocolo de Atención y Orientación Legal con un enfoque intercultural dirigido a funcionarios del sistema de justicia.

Entre las nuevas manifestaciones de violencia que se han tipificado están las referidas al acoso callejero. Entre los países que han dictado una normativa específica que lo tipifica se encuentra el caso de la Argentina (Ley núm. 27.501 de 2019), Chile (Ley núm. 21.153 de 2019) y el Perú (Ley núm. 30.314 de 2015). Igualmente, en referencia a leyes específicas que dan cuenta de otras formas de violencia aún no tipificadas en la mayoría de los países, el Brasil informa de avances tras la aprobación de la Ley núm.13.642 de 2018, que delega a la Policía Federal el mandato de investigar los delitos asociados con la difusión de mensajes de contenido misógino a través de Internet. Por su parte, en 2018 Antigua y Barbuda introdujo una enmienda a la Ley de Delitos Electrónicos en 2018 para proteger a las mujeres y niñas del acoso digital.

11. Acciones de prevención y acceso a la justicia

En cuanto a prevención y acceso de las mujeres víctimas de violencia a la justicia, se informa de avances a lo largo de la región. Se considera que este tema seguirá adquiriendo prioridad en los próximos cinco años, por lo que sigue suponiendo un desafío importante para la mayor parte de los países.

En 2019 el Gobierno de México presentó el Plan Emergente para Garantizar la Integridad, la Seguridad y la Vida de las Mujeres y las Niñas en México, en el que se contempla una reforma integral en materia de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, haciendo énfasis en la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y en la adopción de un código penal único que permita homologar todos los delitos que se cometen en contra de las mujeres y las niñas en el país. Para garantizar el acceso a la justicia de quienes son víctimas de la violencia de género en México se han establecido 43 Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM).

Guatemala aprobó en 2018 la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer. Entre 2014 y 2017 se registraron, en promedio, 212 denuncias por el delito de femicidio, mientras que se informó de 58.175 casos en el Ministerio Público por violencia contra las mujeres. Nicaragua ha priorizado el acceso a la justicia, en especial de mujeres, niñas, niños y adolescentes, para lo cual creó 29 nuevos juzgados especializados en familia, violencia y adolescencia; el Sistema de Facilitadores Judiciales y el Instituto de Medicina Legal (IML) con sus Clínicas de la Mujer y Niñez. En 2014 se promulgó la Ley núm. 870 del Código de Familia y se realizó un proceso de fortalecimiento de las capacidades institucionales, garantizando el acceso de las familias a una justicia especializada, oral, ágil, gratuita y sencilla que tutele sus derechos.

En mayo de 2019, el Estado Plurinacional de Bolivia aprobó la Ley núm. 1173 de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, lo que supuso un avance en el derecho de acceso a una justicia imparcial, pronta y efectiva. A partir de las propuestas de la Agenda de Despatriarcalización para Vivir Bien, se creó el Gabinete Especial de Lucha contra la Violencia Hacia la Mujer y la Niñez y el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización “Ana María Romero”. En paralelo, el artículo 18 de la Ley núm. 348 establece que las autoridades indígena originario campesinas y afrobolivianas deben adoptar, en las comunidades en que ejercen sus funciones, las medidas de prevención que consideren más adecuadas para evitar todo acto de violencia contra las mujeres.