E. Sociedades pacíficas e inclusivas

candidatas a diputadas de un 19,3% en 2013 a un 41,3% en 2017; y de un 17,91% en 2013 a un 40,9% en 2017 de candidatas a senadoras. Con ello, a raíz de la nueva legislación el porcentaje de mujeres en el Congreso pasó del 15% al 23%. Además, se modificó la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos: se fijó un criterio de paridad de género en la composición de sus cuerpos colegiados, con lo que se garantizó un mínimo de un 40% de mujeres.

También en el Caribe se han producido avances en la participación política de las mujeres. En Guyana, se ha revisado la ley de gobierno local que exige a los partidos políticos presentar una lista de candidaturas compuesta por al menos 25 mujeres habilitadas; además, se modificó la legislación nacional, estableciendo una cuota de un tercio de las mujeres en las listas de candidatas para las elecciones nacionales y locales. En Granada, las mujeres representan el 47% de la representación parlamentaria desde las elecciones generales de 2018, y además ocupan los cargos de Gobernadora General (que es la Jefa de Estado y la primera mujer en ocupar este cargo), Secretaria del Gabinete, Contadora General y Defensora del Pueblo. En Suriname, durante las elecciones generales de 2015 la Asamblea Nacional impulsó actividades dirigidas a aumentar el número de mujeres en el parlamento, entre ellas el proyecto Más Mujeres en la Toma de Decisiones con el objetivo de movilizar el compromiso de los partidos políticos para nominar a más mujeres como candidatas al parlamento.

La Plataforma de Acción de Beijing reconoce “que el logro y el mantenimiento de la paz y la seguridad son requisitos previos indispensables para el progreso económico y social” y agrega que la plena participación de las mujeres “en la adopción de decisiones, la prevención y resolución de conflictos y todas las demás iniciativas orientadas a la paz resulta esencial para la consecución de una paz duradera” (Naciones Unidas, 1995, párrafo 23). El análisis de las tendencias a largo plazo indica que los países que no procuran establecer sistemas sólidos de seguridad y justicia en un marco de respeto de los derechos humanos tienen más probabilidades de verse atrapados en una espiral de violencia crónica e inseguridad (UNODC, 2019).

Entre las iniciativas de los Gobiernos en este período destaca en particular los avances realizados en Colombia. Atendiendo a la resolución núm. 1325 de 2000 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se implementaron cuatro líneas de acción relacionadas con la prevención de violencia, el incremento de la participación y representación, la promoción y protección de derechos, y la atención de las necesidades y prioridades en situaciones de socorro y recuperación. Además, en la Mesa de Conversaciones de La Habana se contó con mujeres negociadoras del Gobierno de Colombia y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y se conformó la Subcomisión de Género, única en su tipo, encargada de la inclusión del enfoque en todo el Acuerdo de Paz y de dictar las medidas diferenciadas para atender las afectaciones particulares de que fueron objeto las personas por razón de género. El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera que resulta de esas negociaciones fue firmado por el Gobierno Nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) en noviembre de 2016 y estableció la necesidad de garantizar medidas afirmativas para promover la equidad de género, la participación activa de las mujeres y sus organizaciones en la construcción de la paz y el reconocimiento de la victimización de las mujeres por causa del conflicto. Además, en 2016 en Colombia se creó la Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de los Derechos Humanos.

En 2017 se puso en marcha en el Brasil un Plan de Acción Nacional con el objetivo de implementar a nivel nacional la resolución núm. 1325 de 2000 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Al adoptar un plan de acción sobre las mujeres, la paz y la seguridad, el Gobierno del Brasil reafirmó su compromiso con la promoción de la paz y la seguridad internacional, así como con la promoción de la igualdad y la participación de las mujeres en dichas iniciativas, en particular las de defensa y relaciones exteriores. Por su parte, en El Salvador se creó el Comité Nacional de Implementación de la Resolución núm. 1325 de 2000, que en 2016 formuló del Plan de Acción Nacional “Mujeres, Paz y Seguridad” 2017-2022. Asimismo, en Guatemala, se presentó en 2017 el Plan de Acción Nacional 1325, que busca transformar la condición y la posición de las mujeres en un contexto de posconflicto.

Para la región, el fenómeno de la migración constituye un desafío. En 12 países de la región (Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de)) las leyes que regulan la migración contienen referencias a mujeres migrantes, lo que es relevante en la medida en que se trata de normas que regulan ingresos, salidas, organismos responsables y que reconocen derechos y protección a las personas migrantes. Además, 5 países (Brasil, Chile, Colombia, Perú, y República Dominicana) también incorporan a las mujeres migrantes, pero lo hacen en normas de rango inferior que regulan la migración, mientras que Cuba, Haití, el Paraguay y Puerto Rico lo hacen solo en normas conexas. También algunos países han incorporado a las mujeres migrantes en sus legislaciones sobre violencia: por ejemplo Chile, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá y el Perú. En cuanto al principio de no discriminación, 9 países (Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Uruguay) tienen leyes con formulaciones similares a las de los tratados de derechos humanos, que otorgan protección directa a las mujeres y niñas migrantes. Aunque en la mayoría de los países que regulan la trata y tráfico y establecen medidas de protección la cláusula suele ser abierta, hay algunos países que han ido más allá y han incorporado la condición migratoria (Brasil, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Panamá) (Fries Monleón, 2019).

Reviste particular importancia lograr el acceso pleno de las mujeres migrantes, refugiadas y desplazadas a las oportunidades económicas. A pesar de los esfuerzos desplegados, se trata de un reto que está lejos de ser superado y que, en algunos casos, se relaciona con los fenómenos de trata de mujeres y niñas.

Desde la adopción del Protocolo contra la Trata de Personas de las Naciones Unidas en 2003 (Protocolo de Palermo) los Estados de América Latina y el Caribe han realizado esfuerzos relevantes para generar información, investigar y sancionar este crimen. En este sentido, en el último quinquenio algunos países han aprobado leyes o impulsado reformas legales para abordar el tema de la trata y tráfico de personas. Un número relevante de estos instrumentos legales establece que en la atención a las víctimas se ha de tener en cuenta, entre otros aspectos, la edad, sexo y género. Así sucede, por ejemplo, en las leyes de trata y tráfico de personas vigentes en el Brasil, Haití, México y el Perú (Fries Monleón, 2019).

Algunas de las principales medidas legales aprobadas en América Latina desde el 2014 han sido la Ley Orgánica de Movilidad Humana del Ecuador (2017), la Ley Especial contra la Trata de Personas en El Salvador (2014), la Ley núm. 896 contra la Trata de Personas, en Nicaragua (2015) y la Ley núm. 19.643 de Prevención y Combate de la Trata de Personas en el Uruguay (2018).

Los informes del Estado Plurinacional de Bolivia y del Ecuador destacan la firma de acuerdos bilaterales con otros países de la región para la prevención, atención y protección, persecución, y sanción penal, así como para la repatriación de víctimas de trata y tráfico de personas. El Estado Plurinacional de Bolivia, en particular, también da cuenta de un Protocolo de Repatriación de Víctimas de Trata y Tráfico de Personas de Nacionalidad Boliviana en el Exterior. En este sentido, en el informe del Brasil se da cuenta de que el país está desplegando esfuerzos para la implementación de un protocolo sobre la atención de la mujer en situación de trata internacional, en el marco de la Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer del MERCOSUR. El Estado Plurinacional de Bolivia también cuenta con un Protocolo de Repatriación de Víctimas de Trata y Tráfico de Personas de Nacionalidad Boliviana en el Exterior.

En el Caribe, Antigua y Barbuda promovió en 2018 la reforma de la Ley de Prevención de la Trata de Personas, instituyendo penas más severas para quienes incurran en este crimen. En Barbados, la aprobación de la Ley de Prevención de la Trata de Personas (2016) hizo efectivo el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Asimismo, en las Islas Turcas y Caicos se promulgó en 2016 la Ordenanza sobre Prevención de la Trata de Personas y, en Granada, la Ley sobre el tráfico de personas (2014). En Suriname se ha reformado el Código Penal en materia de trata y tráfico de personas, de manera de ampliar el ámbito de aplicación de la ley también a los ciudadanos del país que incurran en este crimen en el exterior y tipificarlo para los casos de tráfico para trabajos forzados y remoción de órganos.

Junto con las medidas legales, los países de la región han avanzado en la generación de mecanismos interinstitucionales de coordinación para la formulación, implementación y seguimiento de políticas públicas de prevención, investigación, atención y protección a las víctimas de la trata y tráfico de personas, así como el