Informe regional sobre el examen de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing...
Capítulo II
candidatas a diputadas de un 19,3% en 2013 a un 41,3% en 2017; y de un 17,91% en 2013 a un 40,9% en 2017 de candidatas a senadoras. Con ello, a raíz de la nueva legislación el porcentaje de mujeres en el Congreso pasó del 15% al 23%. Además, se modificó la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos: se fijó un criterio de paridad de género en la composición de sus cuerpos colegiados, con lo que se garantizó un mínimo de un 40% de mujeres. También en el Caribe se han producido avances en la participación política de las mujeres. En Guyana, se ha revisado la ley de gobierno local que exige a los partidos políticos presentar una lista de candidaturas compuesta por al menos 25 mujeres habilitadas; además, se modificó la legislación nacional, estableciendo una cuota de un tercio de las mujeres en las listas de candidatas para las elecciones nacionales y locales. En Granada, las mujeres representan el 47% de la representación parlamentaria desde las elecciones generales de 2018, y además ocupan los cargos de Gobernadora General (que es la Jefa de Estado y la primera mujer en ocupar este cargo), Secretaria del Gabinete, Contadora General y Defensora del Pueblo. En Suriname, durante las elecciones generales de 2015 la Asamblea Nacional impulsó actividades dirigidas a aumentar el número de mujeres en el parlamento, entre ellas el proyecto Más Mujeres en la Toma de Decisiones con el objetivo de movilizar el compromiso de los partidos políticos para nominar a más mujeres como candidatas al parlamento.
E. Sociedades pacíficas e inclusivas La Plataforma de Acción de Beijing reconoce “que el logro y el mantenimiento de la paz y la seguridad son requisitos previos indispensables para el progreso económico y social” y agrega que la plena participación de las mujeres “en la adopción de decisiones, la prevención y resolución de conflictos y todas las demás iniciativas orientadas a la paz resulta esencial para la consecución de una paz duradera” (Naciones Unidas, 1995, párrafo 23). El análisis de las tendencias a largo plazo indica que los países que no procuran establecer sistemas sólidos de seguridad y justicia en un marco de respeto de los derechos humanos tienen más probabilidades de verse atrapados en una espiral de violencia crónica e inseguridad (UNODC, 2019). Entre las iniciativas de los Gobiernos en este período destaca en particular los avances realizados en Colombia. Atendiendo a la resolución núm. 1325 de 2000 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se implementaron cuatro líneas de acción relacionadas con la prevención de violencia, el incremento de la participación y representación, la promoción y protección de derechos, y la atención de las necesidades y prioridades en situaciones de socorro y recuperación. Además, en la Mesa de Conversaciones de La Habana se contó con mujeres negociadoras del Gobierno de Colombia y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y se conformó la Subcomisión de Género, única en su tipo, encargada de la inclusión del enfoque en todo el Acuerdo de Paz y de dictar las medidas diferenciadas para atender las afectaciones particulares de que fueron objeto las personas por razón de género. El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera que resulta de esas negociaciones fue firmado por el Gobierno Nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) en noviembre de 2016 y estableció la necesidad de garantizar medidas afirmativas para promover la equidad de género, la participación activa de las mujeres y sus organizaciones en la construcción de la paz y el reconocimiento de la victimización de las mujeres por causa del conflicto. Además, en 2016 en Colombia se creó la Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de los Derechos Humanos. En 2017 se puso en marcha en el Brasil un Plan de Acción Nacional con el objetivo de implementar a nivel nacional la resolución núm. 1325 de 2000 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Al adoptar un plan de acción sobre las mujeres, la paz y la seguridad, el Gobierno del Brasil reafirmó su compromiso con la promoción de la paz y la seguridad internacional, así como con la promoción de la igualdad y la participación de las mujeres en dichas iniciativas, en particular las de defensa y relaciones exteriores. Por su parte, en El Salvador se creó el Comité Nacional de Implementación de la Resolución núm. 1325 de 2000, que en 2016 formuló del Plan de Acción Nacional “Mujeres, Paz y Seguridad” 2017-2022. Asimismo, en Guatemala, se presentó en 2017 el Plan de Acción Nacional 1325, que busca transformar la condición y la posición de las mujeres en un contexto de posconflicto.
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