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COYUNTURA
En marcha
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auditoría a tratados y arbitrajes internacionales i la petrolera estadounidense Chevron ganaría el arbitraje que mantiene en la Corte de La Haya contra el Estado ecuatoriano, por supuesta negación de justicia y amparado en un Tratado Bilateral de Inversiones (TIB), “podría quebrar” al país con un arbitraje “írrito”. Ese es el escenario que dibujó el jueves pasado el presidente Rafael Correa en Guayaquil. Chevron fue condenada en Ecuador a pagar $ 9 500 millones por daños ambientales causados en la Amazonía por Texaco (empresa que Chevron compró en 2001) y busca que el Estado se haga responsable de ese pago
esperando que La Haya condene al país. Las sospechas sobre la conveniencia de esos tratados y sobre las instancias de arbitraje -generalmente con sede en países desarrollados y que fallan a favor de las empresas- a las que Ecuador está sometido, llevaron al Gobierno a crear en mayo la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (Caitisa). La semana pasada, ese grupo se reunió en Quito para estructurar la me-
todología de trabajo y avanzar en el análisis exhaustivo de 26 tratados internacionales firmados entre 1990 y 2006, así como 36 arbitrajes internacionales en los que Ecuador está involucrado. El grupo de alto nivel, conformado en octubre, está comandado por el expresidente de la Corte Constitucional de Colombia y excandidato presidencial en 2002 por la izquierda, Carlos Gaviria y está integrado por otros 7 expertos, 6 internacionales y 1 nacional, así como por 4 autoridades gubernamentales. Gaviria confirmó que la Caitisa tiene previsto presentar su informe final en junio. El plazo puede extenderse por 8 meses más. Esa Comisión recuerda a la que trabajó en el análisis de la deuda externa del país y que derivó, tras un informe presentado en 2008, en la decisión de Correa de no pagar la deuda considerada “ilegítima”. “Es evidente que cuando un estado poderoso y un estado débil celebran tratados, como cuando 2 partes contratan, la parte más fuerte lleva las de ganar. Por tanto, ordinariamente, son convenios o tratados asimétricos”, anticipó Gaviria. Los comisionados están examinando los TBI, los casos en los tribunales internacionales, los dictámenes de las instancias de arbitraje contra Ecuador y también la relación existente entre el modelo de desarrollo y la inversión extranjera. Con el informe final, el Gobierno tomará una resolución. Según Pabel Muñoz, quien está al frente de la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades), entidad que coordina la Comisión, las opciones serán “mantener los TBI, que seguramente no aplicaremos, la denuncia o la opción de renegociación de los tratados”. Explicó que la tendencia de las empresas de denunciar a los Estados se produce cuando llegan gobiernos que buscan cambios. “El 70% del total de demandas registradas entre 2001 y 2012 se presentó en el Gobierno del presidente Correa”, afirmó Muñoz. Aunque el primer TBI se firmó en 1968 con Suiza, la Comisión decidió acotar su trabajo al período 1990-2006 porque en ese momento hubo una “efervescencia para la firma de TBI, que es la época neoliberal” en la que las transnacionales buscaban “protegerse” de la “famosa inseguridad jurídica” de la que acusaban a los Estados, sostuvo. Amparado en el TBI con Estados Unidos de 1997, la petrolera estadounidense Occidental