ANÁLISIS DE LA AGENDA DE IGUALDAD EN RELACIÓN A LOS CUATRO GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE SANTO DOMINGO

Dirección de Postgrados

ANÁLISIS DE LA AGENDA DE IGUALDAD EN RELACIÓN A LOS CUATRO GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y DE MAYOR RIESGO EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO, AÑO 2021 Trabajo de Titulación previo a la obtención del título de Magíster en Comunicación Política con mención en Transparencia Institucional Modalidad Tesis de maestría-MCPTI

Línea de Investigación: Derecho, participación, gobernanza, regímenes políticos e institucionalidad.

Autoras:

MERY LILIANA CABRERA REASCOS XIMENA JANETH TORO AREVALO

Directora:

Mg. MARÍA CRISTINA ULLOA BOADA

Santo Domingo – Ecuador Marzo, 2021

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE SANTO DOMINGO

Dirección de Postgrados

HOJA DE APROBACIÓN ANÁLISIS DE LA AGENDA DE IGUALDAD EN RELACIÓN A LOS CUATRO GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y DE MAYOR RIESGO EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO, AÑO 2021

Línea de Investigación: Derecho, participación, gobernanza, regímenes políticos e institucionalidad.

Autoras:

MERY LILIANA CABRERA REASCOS XIMENA JANETH TORO AREVALO

María Cristina Ulloa Boada, Mg. DIRECTORA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN Adriana Graciela Segura Mariño, PhD. CALIFICADOR Hisochy Delgado Mendoza, PhD. CALIFICADOR Yullio Cano de la Cruz, PhD. DIRECTOR DE POSTGRADOS

Santo Domingo – Ecuador Marzo, 2021

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DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD Y RESPONSABILIDAD MERY LILIANA CABRERA REASCOS portadora de la cédula de ciudadanía No. 1720952855 y XIMENA JANETH TORO AREVALO, portadora de la cédula de ciudadanía No.1714314315; declaramos que los resultados obtenidos en la investigación que presento como informe final, previo la obtención del Título de Magíster en Comunicación Política con mención en Transparencia Institucional son absolutamente originales, auténticos y personales.

En tal virtud, declaramos que el contenido, las conclusiones y los efectos legales y académicos que se desprenden del trabajo propuesto de investigación y luego de la redacción de este documento son y serán de mi sola y exclusiva responsabilidad legal y académica.

Igualmente declaramos que todo resultado académico que se desprenda de esta investigación y que se difunda, tendrá como filiación la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Santo Domingo, reconociendo en las autorías a la directora de Titulación y demás profesores que amerita. Estas publicaciones presentarán el siguiente orden de aparición en cuanto a los autores y coautores: en primer lugar, a los estudiantes autores de la investigación; en segundo lugar, al director del trabajo de titulación y, por último, siempre que se justifique, otros colaboradores en la publicación y trabajo de titulación.

Mery Liliana Cabrera Reascos

Ximena Janeth Toro Arévalo

CI.: 1720952855

CI.: 1714314315

iv INFORME DE TRABAJO DE TITULACIÓN ESCRITO DE POSTGRADO

Yullio Cano de la Cruz, PhD. Dirección de Postgrados Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo De mi consideración, Por medio del presente informe en calidad del director/a del Trabajo de Titulación de Postgrado de MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN POLÍTICA CON MENCIÓN EN TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, titulado ANÁLISIS DE LA AGENDA DE IGUALDAD EN RELACIÓN A LOS CUATRO GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y DE MAYOR RIESGO EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO, AÑO 2021; realizado por las maestrantes: MERY LILIANA CABRERA REASCOS con cédula: No 1720952835 y XIMENA JANETH TORO AREVALO con cédula: No 1714314315, previo a la obtención del Título de Magíster en Comunicación Política con mención en Transparencia Institucional, informo que el presente trabajo de titulación escrito se encuentra finalizado conforme a la guía y el formato de la Sede vigente.

Santo Domingo, 12 de marzo de 2021.

Atentamente,

María Cristina Ulloa Boada, Mg. Profesor Titular Auxiliar I

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AGRADECIMIENTOS

A Dios porque sus planes son perfectos y nos permitió junto a mis compañeros y maestros culminar está etapa de estudios. A mi familia y amigos por el apoyo y entender las ausencias, en especial a mi hija Ahinoa y a Marco por confiar en mi capacidad y motivarme a superarme cada día más.

Mery Cabrera Reascos

Mi agradecimiento a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Santo Domingo, por alentar el conocimiento, la reflexión e investigación sobre los temas relevantes en materia de derechos humanos en nuestra ciudad. También agradezco a las autoridades del Gobierno Municipal de Santo Domingo y al Consejo Cantonal de Protección de Derechos de nuestro Cantón, así como a los colectivos y personas de los grupos de atención prioritaria por sumarse de forma comprometida a la evaluación sobre los resultados de la Agenda de Igualdad.

Ximena Toro Arévalo

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DEDICATORIA

A la memoria de mi tío Polito y Espíritu Cabrera, quienes partieron mientras desarrollaba este proyecto. A mi ejemplo de amor, mi incondicional, madre y abuela Milita Benítez, quien también partió al llamado de Dios hace dos meses, por ustedes tíos, por ti mamita y por mi familia es y será siempre todo mi esfuerzo.

Mery Cabrera Reascos

Dedico este esfuerzo a mi madre, Lidia Arévalo Benavides. Aunque no estás físicamente a mi lado, cada camino que he transitado, cada paso, cada triunfo y recompensa al trabajo bien hecho, te lo debo a ti, la mejor madre y mujer que conoceré jamás. Y a mis hijos, Zuanny, Ariana y Arturo, fuente de mi inspiración y el motivo de salir adelante con fe, firmeza y fuerza, hasta el último día y el aliento final.

Ximena Toro Arévalo

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RESUMEN Esta investigación abordó el análisis de la Agenda de Igualdad del cantón Santo Domingo (2015-2019) y el cumplimiento de las propuestas dirigidas para la protección de los derechos de cuatro grupos de atención prioritaria, considerados como los de mayor riesgo: niños, niñas y adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, durante el confinamiento por COVID-19. Se identificaron las necesidades de las personas vulnerables y las acciones, que, desde el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos, se realizaron en beneficio de los sujetos de estudio. También, se presentan propuestas puntuales para la actualización de la agenda. La metodología corresponde a la aplicación del enfoque cualitativo, de tipo estudio de casos. Se aplicaron las técnicas: observación y entrevista, para la recolección de datos. Las principales necesidades detectadas tienen que ver con: acceso a las TIC, escasez de recursos económicos, acceso al sistema de salud, problemas intrafamiliares, violencia e inestabilidad laboral. Durante el confinamiento, el Gobierno Municipal de Santo Domingo cumplió parcialmente las acciones contempladas en la Agenda de Igualdad a favor de los cuatro grupos. Entre las propuestas más significativas, derivadas del estudio, se hace latente la necesidad de actualización de la agenda con proyectos más concretos para salvaguardar los derechos de los grupos de atención. Se concluye que la situación de riesgo se da a partir de la exclusión, pobreza, inseguridad y vulnerabilidad que los representa. El aislamiento agravó sus necesidades, debido a la falta de un plan de contingencia para enfrentar la emergencia sanitaria.

Palabras clave: igualdad de oportunidades; igualdad social; derechos de grupos especiales; aislamiento social; pandemia; política interna; bienestar social.

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ABSTRACT This research addressed the analysis of the Equality Agenda from Santo Domingo City (2015-2019), and the fulfillment of the proposals made for the protection of rights for four priority care groups who are considered in high risk. These groups are: kids, youngsters, elderly people, woman, and people with disabilities, during the confinement by Covid-19. Their highest necessities were found and actions from Cantonal Council for the protection of rights were made in benefit of the affected population. Specific proposals for updating the agenda are also presented. The methodology corresponds to the application of the qualitative focus in the different study types cases. Observation and interview techniques were used for data collection.

The main needs identified are related to: access to ICTs, scarcity of economic resources, access to the health system, intra-family problems, violence and job instability. During the confinement, the Municipal Government of Santo Domingo partially fulfilled the actions contemplated in the Equality Agenda in favor of the four priority care groups. Among the most significant proposals derived from the study, there is a latent need to update the agenda with more concrete projects to safeguard the rights of the target’s groups. It is concluded that the situation of risk arises from the exclusion, poverty, insecurity and vulnerability that represents them. Isolation aggravated their needs, due to the lack of a contingency plan to deal with the sanitary emergency.

Keywords: equal opportunity; social equality; rights of special groups; social isolation; pandemic; domestic policy; social welfare.

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ÍNDICE DE CONTENIDOS 1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................... 1 1.1. Antecedentes..................................................................................................................... 1 1.2. Delimitación del problema ............................................................................................... 3 1.3. Formulación y sistematización del problema ................................................................... 4 1.3.1. Formulación del problema ................................................................................................ 4 1.3.2. Sistematización del problema. Preguntas específicas ...................................................... 5 1.4. Justificación de la investigación ....................................................................................... 5 1.5. Objetivos de la investigación............................................................................................ 6 1.5.1. Objetivo general ............................................................................................................... 6 1.5.2. Objetivos específicos. ....................................................................................................... 6 2. REVISIÓN DE LA LITERATURA .................................................................................. 8 2.1. Fundamentos teóricos ....................................................................................................... 8 2.1.1. Las Agendas como herramientas de planificación ........................................................... 8 2.1.2. Grupos de atención prioritaria en el Ecuador ................................................................. 15 2.1.3. Enfoque de Derechos de los Grupos de Atención Prioritaria ........................................ 19 2.1.4. Enfoques de Igualdad .................................................................................................... 22 2.1.5. COVID-19 y sus efectos en los derechos de los grupos de atención prioritaria ............ 25 2.2. Predicción científica ....................................................................................................... 28 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................... 29 3.1. Enfoque, diseño y tipo de investigación ........................................................................... 29 3.2. Población y muestra .......................................................................................................... 29 3.3. Técnicas e instrumentos de recogida de datos .................................................................. 30 4. RESULTADOS .................................................................................................................. 33 4.1. Resultado 1........................................................................................................................ 33 4.2. Resultado 2: .................................................................................................................... 42

x 4.3. Resultado 3........................................................................................................................ 51 5. DISCUSIÓN....................................................................................................................... 58 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................. 61 7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................ 64 8. ANEXOS ............................................................................................................................ 70

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ÍNDICE DE FIGURAS Figura 1. Necesidades de niñas, niños y adolescentes. ........................................................... 34 Figura 2. Necesidades de personas adultas mayores ............................................................... 36 Figura 3. Necesidades mujeres. ............................................................................................... 38 Figura 4. Necesidades personas con discapacidad . ................................................................ 38

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INDICE DE ANEXOS Anexo 1. Constancia de Validación de instrumento de recolección de datos ......................... 70 Anexo 2. Entrevista realizada al grupo de mujeres.................................................................. 71 Anexo 3. Entrevista realizada al grupo de mujeres.................................................................. 72 Anexo 4. Entrevista realizada al grupo de mujeres.................................................................. 73 Anexo 5. Entrevista realizada al grupo de mujeres.................................................................. 74 Anexo 6. Entrevista realizada al grupo de personas con discapacidad .................................... 75 Anexo 7. Entrevista realizada al grupo de personas con discapacidad .................................... 76 Anexo 8. Entrevista realizada al grupo de personas con discapacidad .................................... 77 Anexo 9. Entrevista realizada al grupo de personas con discapacidad .................................... 78 Anexo 10. Entrevista realizada al grupo de personas con discapacidad ................................. 79 Anexo 11. Entrevista realizada al grupo de personas con discapacidad .................................. 80 Anexo 12. Entrevista realizada al grupo de personas con discapacidad .................................. 81 Anexo 13. Entrevista realizada al grupo de personas con discapacidad .................................. 82

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1. INTRODUCCIÓN 1.1.

Antecedentes Actualmente, existe un consenso internacional respecto a la necesidad de generar

condiciones favorables que permitan a los habitantes del mundo, alcanzar una vida digna, así como asegurar el progreso de la sociedad, mediante la promoción y protección de los treinta derechos asentados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales derivados.

Para el efecto, los Estados suscriptores de la Declaración tienen tres responsabilidades específicas: a) respetar; b) garantizar; y, c) reparar los daños causados por acción, omisión o errores de sus instituciones. Ecuador ha suscrito casi todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, por lo que está obligado a cumplir con tales responsabilidades.

En nuestro país, la obligación de garantizar se cumple mediante la planificación, considerada en el Ecuador como política de Estado. En el ámbito nacional, la planificación se diseña y ejecuta a través del Plan Nacional de Desarrollo y las agendas de igualdad en materia de género, étnicas, intergeneracionales, movilidad humana y discapacidades. En lo local, se realiza por medio de los planes provinciales y cantonales, así como las agendas de igualdad territoriales, de conformidad con lo señalado por el Código de Planificación y la Ley de Participación Ciudadana.

Sobre las agendas de planificación, en el ámbito internacional existen experiencias en los organismos que conforman el sistema de Naciones Unidas. Por ejemplo, la Agenda 2030 establece los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), misma que es obligatoria para los países suscriptores.

De igual forma, Bidegain (2017), desarrolló un estudio que analiza la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a la luz de los desafíos y prioridades para la igualdad de género y los derechos y la autonomía de las mujeres en América Latina y el Caribe. En el estudio, la autora concluye que “la Agenda Regional de Género constituye una hoja de ruta para lograr los ODS en América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas públicas que vinculen las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible y contribuyan a erradicar las desigualdades de género y las desigualdades en los países y entre ellos” (p.5).

2 Otra investigación sobre la importancia de las agendas de derechos humanos es la desarrollada por Herrera (2015), quien considera que estas herramientas otorgan mayor legitimidad y consensos entre el Estado y la sociedad. Para que cumplan este fin, el autor propone que dichas agendas sean inclusivas y orientadas a los sujetos de derechos.

Por su parte, Bárcena, Cimoli, García-Buchaca, Castillo y Pérez (2019), evaluaron los avances realizados para lograr mayores niveles de igualdad de género y autonomía de las mujeres, así como el progreso significativo de algunos países, a partir de la construcción de Agendas de Igualdad, las cuales han permitido hacer frente a la violencia y conseguir una mayor participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones.

Céspedes y Robles (2016), analizaron un panorama sobre las desigualdades que experimentan las niñas y las adolescentes de la región. Su aporte permite la discusión sobre políticas que busquen eliminar todas las formas de discriminación contra este grupo social.

Según los autores, las políticas públicas deben considerar una perspectiva enfocada en las vulnerabilidades específicas que niñas y adolescentes enfrentan, reconociendo la diversidad de sus identidades e identificando las barreras que es necesario derribar.

En el ámbito nacional, Quintana (2015), analizó la Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género (2014-2017) y propuso intervenciones públicas para la superación de las brechas de desigualdad. Para este autor, las Agendas son herramientas técnico-políticas que tienen como objetivo principal, efectivizar el cumplimiento de los derechos y la transversalización de los enfoques de igualdad, a través de la vinculación del mecanismo especializado con las entidades rectoras y ejecutoras de la institucionalidad pública, mediante un elenco de políticas de igualdad que se orienten a la acción pública intersectorial, sectorial y territorial en un horizonte de mediano plazo de ejecución y cumplimiento.

Asimismo, los ecuatorianos Dany Alcívar y Helen Arteaga (2018), detallan las complicaciones que tienen la arquitectura moderna en cuanto a la creación de espacios públicos o medio físico con accesibilidad universal; teniendo como premisa de diseño a las personas con algún tipo de discapacidad con el fin de entender la importancia de diseñar para ellos y sus necesidades.

En el caso de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, además del PDOT 2030, este cantón cuenta con la Agenda de Igualdad Santo Domingo 2015-2019, misma que se encuentra orientada a proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes,

3 jóvenes, personas mayores, mujeres, comunidad LGBTI, migrantes retornados y personas refugiadas, nacionalidades y pueblos, personas con discapacidad, personas que viven con VIH/SIDA, personas con enfermedades catastróficas, y víctimas de trata.

El objetivo de esta Agenda fue proponer planes, programas y proyectos para la protección de derechos de los grupos de atención prioritaria, los cuales deben ejecutarse por los diferentes niveles de gobierno que se encuentran en el cantón, desde una perspectiva de derechos humanos, enfoques de igualdad y garantía de no discriminación.

No obstante, el confinamiento producto de la Pandemia por el virus COVID-19 se presentó como un desafío para los tomadores de decisión, dada la excepcionalidad de las circunstancias y el advenimiento de una nueva normalidad, también en las políticas públicas.

Por todo esto, se hace necesario analizar si la planificación y ejecución de la Agenda en condiciones regulares, permite proteger a los grupos de atención prioritaria en escenarios de crisis como el actual, caso contrario, proponer adecuaciones en las políticas.

1.2.

Delimitación del problema La Agenda de Igualdad Santo Domingo 2015-2019, tuvo como fin alimentar el Plan de

Desarrollo y Ordenamiento Territorial Santo Domingo 2030, desde los enfoques de derechos humanos e igualdad de género, movilidad, discapacidad, étnicos e intergeneracionales. Para el efecto, dicha Agenda “contiene propuestas, programas y proyectos que pretenden disminuir la desigualdad existente en los grupos de atención prioritaria y en condición de vulnerabilidad del cantón Santo Domingo, a través de un modelo de gestión y presupuesto plurianual”. (Agenda de Igualdad, 2015, p.2).

En el año 2015, el Gobierno Municipal otorgó a la Agenda un total presupuestario de 22’425.000 dólares, de los cuales existen rubros sustanciales a proyectos para niñas, niños y adolescentes en un 15,92%, para mujeres 7.8%, personas mayores 6,51%, y discapacidades 22,30%.

En ese contexto, es importante dar seguimiento a los resultados de la Agenda de Igualdad, en los grupos sociales antes descritos, tomando en consideración las circunstancias excepcionales del año 2020, caracterizado por una crisis sanitaria y económica profundizada por la pandemia asociada al virus COVID-19.

4 En el caso de las personas adultas mayores, la carencia de servicios básicos de salud, los altos niveles de pobreza y pobreza extrema (57.4% según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador (2010) y la falta de alternativas para generar recursos económicos, hacen que este grupo sea uno de los más afectados por el virus SARS-19.

Por su parte, las mujeres, de acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA, 2020), la crisis del COVID-19 ha profundizado las desigualdades existentes con anterioridad, tanto en los hogares como fuera de estos, en los hospitales, centros sanitarios, en el trabajo y en la política. En ellas recaen las responsabilidades del cuidado, el aislamiento social las vuelve vulnerables. Por ejemplo, los 112 femicidios sólo en 2020 dan cuenta de una afectación específica de la crisis y la pandemia, por razón de su género.

Con respecto a las personas con discapacidad, la Organización de Naciones Unidas (ONU) señala que estas son más vulnerables en medio del contexto de pandemia, por la situación de pobreza, violencia, discriminación, abandono y abuso. (Agencia de Noticias EFE, 2020) Las niñas, niños y adolescentes, según datos de Ayuda en Acción (2020), durante la pandemia estuvieron expuestos a situaciones de violencia y abuso, ciberacoso, pobreza infantil, falta de acceso a servicios sanitarios, obesidad, falta de acceso a la educación, al esparcimiento, participación, comunicación e información.

En consecuencia, la Agenda de Igualdad debe cumplir las recomendaciones de la ONU (2020) sobre la formulación de políticas públicas. Es decir, incorporar el enfoque de derechos humanos y presupuestos prioritarios para proteger en especial a estos cuatro grupos sociales, por lo que es vital una revisión y análisis de los resultados que nos permita conocer y recomendar mejoras.

1.3.

Formulación y sistematización del problema

1.3.1. Formulación del problema ¿Cómo se ha ejecutado la Agenda de Igualdad de Santo Domingo 2015-2019 en el cumplimiento de los derechos de las niñas y niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres, durante el confinamiento iniciado desde el 16 de marzo hasta el 13 de septiembre en el contexto de la pandemia COVID-19?

5 1.3.2. Sistematización del problema. Preguntas específicas ¿Cuáles fueron las necesidades a las que se enfrentaron las niñas, niños y adolescentes, los adultos mayores, las personas con discapacidad y las mujeres del cantón Santo Domingo, durante el confinamiento, a partir del 16 marzo hasta el 13 de septiembre? ¿Qué proyectos se han cumplido a través de la Agenda de Igualdad, con relación a los cuatro grupos de atención prioritaria, durante el confinamiento, a partir del 16 marzo hasta el 13 de septiembre? ¿Qué medidas debe adoptar el Estado a través del Gobierno Municipal, para garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y mujeres del cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, ¿en el contexto de la nueva normalidad?

1.4.

Justificación de la investigación El presente trabajo permitió conocer la situación de los derechos humanos de cuatro

grupos de atención prioritaria que residen en el cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas: mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores, en el contexto de confinamiento obligatorio dispuesto por las autoridades nacionales y locales, entre el 16 de marzo y el 13 de septiembre de 2021.

Desde lo normativo, la investigación se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo titulado “Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 Toda una Vida”, en el Eje 1 “Derechos para todos durante toda la vida”, Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas; y, el Eje 3 “Más Sociedad, Mejor Estado” y su Objetivo 1: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía. Estos ejes y sus respectivos objetivos constituyen los lineamientos nacionales de base para el diseño y ejecución de las agendas de igualdad territoriales. Asimismo, guarda concordancia con la Ordenanza Municipal No. M-055-VQM que contiene el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Santo Domingo 2030, actualmente vigente.

También se adecúa a las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), efectuadas el 9 de abril de 2020, con respecto a la necesidad de que, en periodos de confinamiento, los Estados, en todos sus niveles, adopten medidas y políticas

6 públicas encaminadas a garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las ciudadanas y ciudadanos que conforman el sistema interamericano de derechos humanos, sin discriminación, así como los derechos de las personas que se encuentran en mayor vulnerabilidad, tales como niñas, niños, personas con discapacidad, personas mayores, trabajadores informales, población de zonas de habitación precaria, en situación de calle, entre otras.

Finalmente, este trabajo reviste de importancia social, pues los resultados obtenidos serán un insumo para el diseño y ejecución de las políticas públicas municipales, en particular la Agenda de Igualdad, con el objeto de proteger y garantizar derechos en circunstancias de excepción como es el caso de la pandemia COVID-19 y el periodo post-pandemia; situaciones que ameritan un tratamiento diferente por parte del Estado, al tratarse de escenarios de nueva normalidad.

1.5.

Objetivos de la investigación

1.5.1. Objetivo general Analizar la ejecución de la Agenda de Igualdad en relación a los cuatro grupos de atención prioritaria y de mayor riesgo: niños, niñas, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores en el cantón Santo Domingo, durante el confinamiento iniciado desde el 16 de marzo hasta el 13 de septiembre en el contexto de la pandemia COVID-19.

1.5.2. Objetivos específicos. o

Identificar las necesidades que enfrentaron los cuatro grupos de atención prioritaria: Niños, Niñas, Mujeres, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, durante el confinamiento a partir del 16 de marzo hasta el 13 de septiembre.

o

Diagnosticar el cumplimiento de la Agenda de Igualdad en relación a los cuatro grupos de atención prioritaria: Niños, Niñas, Mujeres, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, a partir de las necesidades identificadas.

o

Definir las acciones a considerarse, para la satisfacción de las necesidades de los cuatro grupos de atención prioritaria en el contexto de la crisis sanitaria.

7 El presente trabajo de titulación está estructurado, además del capítulo introductorio, por la revisión de la bibliografía, la metodología utilizada en la investigación la cual se sustenta en un enfoque cualitativo; los tres resultados obtenidos y su discusión, así como las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y los respectivos anexos.

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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 2.1.

Fundamentos teóricos

2.1.1. Las Agendas como herramientas de planificación Como lo señala el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (GNUDS, 2021), las agendas de derechos humanos e igualdad son instrumentos de planificación que tienen su origen en los años noventa, concretamente en el año 1997. Nacen en el marco de las reformas al Sistema de Naciones Unidas, con el fin de que sus organismos suscriban una Carta de Entendimiento para adoptar el enfoque basado en derechos humanos, en todas las acciones de cooperación.

No obstante, planificar el desarrollo es una idea anterior a la reforma de las Naciones Unidas. Tiene sus orígenes en el inicio mismo de la civilización. Para Baptista (2020), la planificación es una cualidad humana innata, asociada a la capacidad transformadora que tenemos históricamente las personas para vencer a la muerte y crear condiciones favorables de vida.

Fiallos (2017) indica que existen indicios de planificación en las formas de vida de la comunidad primitiva, cuando los primeros habitantes ya planificaban la producción y la distribución de los alimentos. Las civilizaciones originarias tenían la certeza de que un plan (aunque rudimentario), junto a la acción colectiva, igualitaria y participativa, aseguraban la supervivencia de cada uno de los miembros de la comunidad.

En el florecimiento del Estado moderno, la planificación se aplica como herramienta para administrar la crisis producida por las dos guerras mundiales y sus posguerras, así como para gestionar, de forma eficiente y racional, la incipiente demanda en la producción y distribución de bienes y servicios industrializados. (Lopera-Medina, 2014).

La Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2009), señala la existencia de dos paradigmas teóricos y metodológicos, de la planificación: normativo y estratégico, los cuales se explican a continuación.

9 2.1.1.1. Paradigmas de la planificación 2.1.1.1.1. Paradigma normativo Es un modelo que nace en los años treinta y se consolida como hegemónico, hasta entrados los años sesenta del siglo pasado. Para la profesora colombiana Mónica LoperaMedina (2014), este modelo de planificación tiene una connotación tecnocrática, debido a sus características rígidas y desconectadas de la realidad sociopolítica.

El modelo normativo, según lo explica la profesora Baptista (2020), se fundamenta en el método científico, tiene una caracterización positivista, vertical, y está orientado a alcanzar los objetivos de desarrollo fijados desde arriba, basados en técnicas e instrumentos matemáticos y económicos que no toman en consideración los aspectos políticos, a los que consideran subjetivos.

La planificación normativa aparece inicialmente en Estados Unidos, para gestionar la bonanza económica producto de la Primera Guerra Mundial y luego administrar la crisis producida por ‘La Gran Depresión’ de 1929. También surge en Rusia, con el fin de gestionar el modelo económico socialista. En el resto de Europa, la planificación permitió organizar y administrar el apoyo recibido por Norteamérica para recuperarse de los daños de la posguerra.

(Lopera, 2014) Como lo señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL, 2009) tras el éxito en Europa, el modelo normativo fue introducido en América Latina en los años cincuenta, a través de los lineamientos de esta Comisión. Para entonces, este organismo estaba interesado en replicar el modelo de bienestar europeo en la región sudamericana.

Por aquellos tiempos, América Latina vivía procesos de transición. En lo económico, Argentina y Chile dejaron atrás las importaciones para dar paso al desarrollo de sus mercados internos. En lo político, la región también experimentó las tensiones de la Guerra Fría, así como conflictos sociopolíticos internos, producto de una distribución inequitativa de los beneficios industriales. En esa línea, la intervención de la CEPAL tuvo como fin reducir dichas tensiones y consolidar los regímenes de la democracia liberal en América del Sur, a través de un modelo de planificación alineado a los objetivos del Plan Marshall.

10 Para los años setenta, la elevada conflictividad social entre el Estado y los ciudadanos, centra los cuestionamientos políticos hacia la ineficiencia de la planificación normativa en la garantía de derechos de los sectores sociales excluidos. Señalan al modelo como insuficiente, arbitrario, impreciso e incapaz de administrar los conflictos y lograr consensos sociales, lo que pone en riesgo el Estado de Bienestar.

La experiencia de países del cono sur, en particular Argentina, Chile y Uruguay, ofrece en cambio un panorama contrastante. En 1950 estas naciones eran las más industrializadas de América Latina en términos de producción manufacturera per cápita. Posteriormente experimentaron tasas más lentas de crecimiento industrial. Tras los golpes militares de los setentas, estas naciones adoptaron políticas que fomentaron la desindustrialización mediante el abaratamiento de las importaciones, entre otras medidas. Esta tendencia fue muy marcada en Argentina y Chile. Inspiradas en la crítica neoliberal del modelo de sustitución de importaciones, la depreciación de las tasas de cambio y los altos intereses bancarios en los mercados domésticos provocaron el cierre de plantas industriales, elevando el desempleo y haciendo que declinara la producción industrial. (Reyes, 2020, p.3)

Así, el modelo de planificación racionalista de Keynes entró en crisis, por no dar respuestas en condiciones de escasez y conflictividad. En su lugar se adoptó un modelo de planificación minimalista y austera, basado en el Consenso de Washington, mismo que definió el futuro económico, social y político de nuestra región durante las próximas tres décadas.

En cuanto a la garantía de derechos humanos, el modelo normativo tiene sus limitaciones en cuanto a la identificación de riesgos y vulneraciones que afectan la vida digna.

Como lo señala (Echegoyemberry et al., 2017), esta planificación no toma en consideración la condición de titulares y sujetos de derechos de los ciudadanos, sino que los vuelve objetos de cuidado y tutela. (p.25). Igual opinión comparten (Ospina et al., 2018), quienes sostienen que las políticas públicas deben ser capaces de identificar las vulnerabilidades sociales a partir del análisis de causas para la caída del bienestar, auge de la pobreza y capacidad para enfrentar y superar las amenazas y daños, lo que no ocurre con este modelo.

2.1.1.1.2. Planificación Estratégica Testa, citado por Lopera-Medina (2014), señala que la planificación estratégica es un proceso permanente de discusión y análisis de los problemas sociales, en entornos de conflicto y presión de grupos de interés, cuyos consensos se alcanzan a través de la mediación del poder.

11 A diferencia de la planificación normativa, la planificación estratégica tiene como fundamento la participación social, desde la base hasta los ejecutores de las decisiones colectivas. Por la diversidad de actores y grupos, cada uno con distintas reivindicaciones e intereses, su principal característica es el debate y la deliberación pública, orientada a lograr acuerdos que en lo posterior se convertirán en políticas públicas a ejecutarse por parte del Estado. Si bien este modelo no se aparta del todo de los elementos racionalistas predominantes en el paradigma normativo, la planificación estratégica adicionalmente incorpora los intereses y demandas de la sociedad, los cuales constituyen la base de la política.

La estrategia, como elemento de mayor valor en este modelo de planificación, es incorporada al proceso aproximadamente desde los años noventa, pero tiene sus orígenes en la antigua Grecia. Viene del griego strategos que se refiere a la persona que tomaba decisiones en el gobierno o militares dentro del Estado. También se la asocia con strategia o el arte de dirigir ejércitos.

Hoy en día, tal como lo señala Friedman (2017), la estrategia es “el arte de crear poder”, mediante la relación Estado-ciudadanos, desde abajo hacia arriba, de tal manera que las certezas con respecto a la satisfacción de necesidades, distribución de bienes y servicios, y legitimidad de las políticas públicas, se definan de forma participativa.

Como lo expresa Lopera-Medina (2014): No existe una forma única de planificación estratégica, lo que hace estratégico el proceso está determinado por la capacidad de conocer los contextos y configurar los componentes y recursos que resulten apropiados a diversos marcos valorativos que responden a los fines, objetivos y orientaciones particulares en dicho espacio poblacional. Ello implica interactuar con actores sociales en conflicto y por tanto requiere altas dosis de creatividad y flexibilidad (p.40).

Es decir, adoptar prácticas que va más allá de la revisión de datos numéricos, lo cual no implica no considerarlos, sino combinarlos, compararlos e interpretarlos en función de las necesidades y contextos socioeconómicos y sociopolíticos, así como también sobre la base de consensos que otorguen validación y efectividad a las políticas públicas.

Pimentel, citado por Quirós (2019), explica la importancia de la planificación estratégica y sus beneficios, pues permite identificar oportunidades y amenazas del entorno y

12 de esta forma, orientar de mejor manera los objetivos de la política. En esto coincide Taborda (2017), autor que considera que preparar estrategias permite prevenir daños, actuar con mayor efectividad, ejercer liderazgo y minimizar las incertidumbres. En definitiva, saber qué hacer.

Igual que la planificación normativa, el modelo estratégico permite a los tomadores de decisión, adoptar políticas públicas que les permitan cumplir con los objetivos de las instituciones que dirigen. Sin embargo, en el caso de la planificación estratégica, su metodología hace posible mayor legitimidad y liderazgo, debido a la posición democrática y participativa que precisa el análisis de los entornos.

Uno de los elementos importantes en este tipo de planificación es su enfoque de transformación, pues el elemento constitutivo más importante en la definición de objetivos y estrategias es la gestión del cambio. Para el efecto, según lo indica Soriano (2016), la política debe mirarse como un sistema que genera valor para los ciudadanos.

Es decir, debe apuntar siempre a los incentivos intangibles que desde el poder político se otorgan a los ciudadanos, tales como la vida digna y la certidumbre de que “un mundo mejor, fundado en la solidaridad y la cooperación, siempre es posible” (Flores, 2015, p. 365).

Desde esta perspectiva, el sistema de Naciones Unidas ha promovido la planificación estratégica, con el fin de mantener la plena vigencia de las libertades y derechos de los ciudadanos que habitan en los Estados suscriptores.

Como se menciona en párrafos anteriores, para hacer frente a la crisis de los Estados occidentales, en los años noventa, las Naciones Unidas iniciaron un proceso de reforma interna.

Como resultado, en el año 2003 suscribieron una Carta de Entendimiento para diseñar agendas programáticas de cooperación que incorporen el enfoque basado en los derechos humanos, con énfasis en los titulares de derechos.

Desde entonces, los Estados que requieren apoyo de Naciones Unidas están obligados a desarrollar políticas públicas participativas y con enfoque de derechos humanos e igualdad; para lo cual, la planificación estratégica se constituye en un mecanismo posible para cumplir con este requerimiento del Sistema ONU. En esa línea, si bien la planificación estratégica aún depende de la voluntad política de los gobernantes, las legislaciones nacionales van incorporando poco a poco estos criterios como una obligación legal.

13 2.1.1.1.3 Planificación en los gobiernos seccionales Como se indicó anteriormente, la planificación en el Ecuador es una política de Estado que debe cumplirse en todos los niveles de gobierno, sobre la base del Plan Nacional de Desarrollo vigente. En ese sentido, la Secretaría Nacional de Planificación ha desarrollado una Guía para las instituciones públicas, que se basa en los principios de la planificación estratégica, la cual involucra: definición de los objetivos de desarrollo a mediano y largo plazo, diagnóstico, análisis de problemas y estrategias de solución.

En cuanto al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial cantonal (PDOT), la Secretaría de Planificación, Planifica Ecuador (2019) lo define así: Un PDOT cantonal es un instrumento de planificación fundamental para la gestión territorial de los GAD (Copfp, 2019, art. 41). Orienta y determina las acciones e intervenciones del sector público y privado en el nivel local, y su cumplimiento promueve el desarrollo sostenible. Se circunscribe en la totalidad del territorio del cantón, incluyendo las áreas urbanas y rurales. (...) La elaboración del PDOT parte del conocimiento y análisis de las características de cada territorio, de los intereses y necesidades de su población; se complementa con la propuesta de las autoridades electas, contenida en su plan de trabajo (p.10).

A diferencia de la planificación normativa cuya visión estaba definida para el largo plazo, la planificación estratégica puede realizarse a corto y mediano plazo, por ejemplo, cuatro años que usualmente es lo que dura un periodo de gestión en los cargos de elección popular.

Esto no significa de ninguna manera, que por eso sea cortoplacista, sino más bien que goza de flexibilidad para actualizarse en función de los cambios económicos, sociales o políticos.

Por esta misma razón, en la Guía trabajada por Planifica Ecuador para la construcción de Planes de Desarrollo cantonales, se establecen directrices para la evaluación de los Planes locales de desarrollo vigentes, como punto de partida para una nueva planificación, metodología que también permite realizar evaluaciones para revisar el cumplimiento de los derechos humanos, pues parte de analizar las metas, programas y proyectos, identificar su cumplimiento y desarrollar una nueva propuesta, de ser el caso.

2.1.1.1.4. Enfoques de igualdad en la planificación local En este apartado se aborda la obligación del Estado de garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación contra sus habitantes, por razones de edad, estado civil, lugar de

14 origen, sexo, identidad de género, orientación sexual, etnia, estado de salud, portar VIH, o cualquier otra distinción injustificada que menoscabe o restrinja el ejercicio de sus derechos constitucionales.

Esta garantía, conforme lo señala el Art. 85 de la Constitución de la República, se realiza a través de políticas públicas y prestación de bienes y servicios públicos accesibles, asequibles, de calidad y sin discriminación. Para el efecto, la Carta Magna obliga a las entidades públicas, incluidos los gobiernos autónomos descentralizados, a incorporar los enfoques de igualdad en sus planes, programas y proyectos.

Planifica Ecuador (2019), en su Guía sobre los enfoques de igualdad para la planificación local, señala: En el ámbito de sus competencias y territorialidad, los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) se constituyen en actores centrales para garantizar los derechos humanos y, particularmente, el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Mediante la formulación e implementación de sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) pueden orientar de manera integral el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, con base en el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y la proyección espacial de las políticas sociales, económicas y ambientales. En este sentido, a partir de sus agendas, los Consejos Nacionales para la Igualdad (CNI) emiten lineamientos para la elaboración e implementación de políticas públicas locales con enfoques de igualdad, que deben ser incorporados de manera obligatoria en los PDOT. (p.7)

En ese sentido, las Agendas de Igualdad tienen como finalidad desarrollar planes y proyectos encaminados a desarrollar las capacidades de los sujetos de derecho, en cinco enfoques específicos: género, intergeneracional, interculturalidad y plurinacionalidad, discapacidades y movilidad humana, de tal suerte que estos enfoques se vinculen con las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

La metodología para construir las agendas de igualdad es similar a los lineamientos para la elaboración y actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT); al igual que este instrumento, dichas agendas se fundamentan en los principios de la planificación estratégica. Presenta tres grandes momentos: políticas, estrategias y lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, diagnóstico estratégico y validación ciudadana.

15 2.1.2. Grupos de atención prioritaria en el Ecuador Los grupos de atención prioritaria son una categoría diseñada en la Constitución de la República del año 2008, para redefinir el estatus de los grupos vulnerables, es decir, aquellos históricamente excluidos y en situación de desigualdad social, los cuales se encuentran expuestos a amenazas naturales y sociales, debido a sus diferencias y especificidades.

La redefinición como grupos de atención prioritaria por parte del constituyente tiene una finalidad: crear las condiciones materiales necesarias que permitan a estos grupos ejercer como titulares de derechos de igual forma que quienes no se encuentran en tales condiciones de vulnerabilidad o riesgo.

Por ello la atención prioritaria se constituye en medidas de acción afirmativa que aseguren igualdad de oportunidades, independientemente de su edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, entre otros elementos que los sitúan en desventaja.

En relación al concepto de vulnerabilidad social, si bien este no cuenta con una teoría delimitada, forma parte de diversos estudios en las ramas de las ciencias sociales, la geografía, la política y la ingeniería.

En ese sentido, Wisner, citado por Ruiz Rivera (2012), define a la vulnerabilidad como “las características de una persona o grupo y su situación, que influencian su capacidad de anticipar, lidiar, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza” (p.65) Como lo señalan Sánchez y Egea (2011), este concepto tiene su origen a partir de los estudios y metodologías para evaluar riesgos naturales; sin embargo, recientemente también se incorpora este principio a los riesgos y amenazas producidas por desigualdades sociales. Sin embargo, Chambers, citado por Ramos (2019), indica que “la vulnerabilidad no es lo mismo que la pobreza. Es decir, el factor que determina la vulnerabilidad no se define desde las necesidades insatisfechas, sino por la incapacidad de las personas para resolver tales carencias.

La vulnerabilidad desde la perspectiva de la desigualdad social se relaciona de forma directa con el enfoque basado en derechos humanos; y, en el Ecuador, la condición de vulnerable se determina, además, desde la capacidad o carencia de las personas para alcanzar el Buen Vivir.

16 Es decir, está asociada a las carencias y limitaciones de orden multidimensional que ponen en situación de amenaza o riesgo a los ciudadanos, de tal suerte que sus derechos constitucionales se ven menoscabados, restringidos o anulados, al punto que la vida digna se torna inalcanzable.

En esa línea, desde el año 2008 en el Ecuador se definen 14 grupos vulnerables: niñas, niños y adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, víctimas de violencia doméstica y sexual, nacionalidades y pueblos, personas con discapacidades, personas de orientación sexual e identidad de género diversa, personas que viven con VIH/Sida, personas con enfermedades catastróficas, víctimas de trata de personas, personas en situación de movilidad humana, y personas privadas de libertad.

De estos grupos vulnerables se exceptúan como de atención prioritaria a los pueblos y nacionalidades, las personas de diversa orientación sexual e identidad de género, las personas en situación de pobreza, y se incluyen las personas expuestas a riesgos y desastres naturales y sociales.

En el caso de niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas mayores, estas se encuentran expuestas a mayores vulnerabilidades y riesgos, debido a que sus características tales como la edad, sexo, o las discapacidades físicas y mentales, limitan su autonomía para ejercer como titulares de derechos, sumado a que en muchos casos las limitaciones se suman y convierten a estos grupos de doble e incluso triplemente vulnerables.

2.1.2.1.

Niñas, Niños y Adolescentes

Según datos del Ministerio de Salud de Colombia (2021), el ciclo de vida de las niñas, niños y adolescentes se divide en tres etapas: primera infancia (0-5 años), Infancia (6-11 años) y adolescencia (12-18 años). En ese periodo, este grupo etario se encuentra en el desarrollo de su personalidad, así como preparándose académica y socialmente para su vida adulta. En ese sentido, su desarrollo amerita la garantía de los siguientes derechos específicos: derecho a la vida, protección contra el abuso, violencia o explotación laboral y sexual, cuidados sanitarios, recursos para su crecimiento físico, mental y social, derecho a la identidad, nacionalidad, libertad de expresión y acceso a la información.

Sin embargo, según datos de Amnistía Internacional, más de 110 millones de niños en todo el mundo no van a la escuela, existen 25 millones de refugiados y desplazados. (Amnistía

17 España, 2021). En América Latina, 73 millones de niños y niñas viven en condiciones de pobreza, 187 mil niños y niñas mueren en la región cada año, 2.7 millones menores de 5 años no están registrados. (Unicef, 2021).

En el caso de Ecuador, según los datos del Observatorio Social del Ecuador, OSE (2019), si bien las condiciones de vulnerabilidad en niñas, niños y adolescentes se han reducido, aún existen brechas para el cumplimiento de la Agenda 2030.

Esto significa que aún hace falta la construcción de políticas públicas nacionales, desde la planificación estatal, que recojan las necesidades de este grupo social de atención prioritaria, de tal suerte que el cumplimiento de sus derechos sea posible en los términos de los objetivos mínimos de desarrollo sostenible, de cara a la próxima década.

2.1.2.2.

Personas Mayores

Desde la perspectiva del ciclo de vida, el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (2011) señala que las personas mayores comprenden el grupo que va desde los 65 años en adelante. En tal sentido, los derechos específicos de las personas mayores son: derecho a la igualdad y no discriminación, salud e integridad física, psicológica y sexual, derecho a la vida y una muerte digna, a la personalidad y capacidad jurídica, protección en situaciones de detención o prisión, derecho a la participación, a la vivienda y entorno saludable, al trabajo, a la seguridad social, entre otros.

Según la OMS (2021), a nivel mundial, en los años 2000 y 2050, la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando del 11% al 22%. En números absolutos, este grupo de edad pasará de 605 millones a 2000 millones en el transcurso de medio siglo.

Frente a esta situación, en lo que respecta a América Latina, la CEPAL en el año 2001 advirtió la necesidad de que los Estados adopten políticas públicas que permitan enfrentar el envejecimiento, con el fin de asegurar condiciones de vida digna para las personas mayores.

Estas políticas son: 

Incentivos para la participación política, social y económica.

18 

Políticas de empleo y acceso al mercado laboral en condiciones de dignidad y no precarización.



Políticas para la incorporación de las personas mayores a una jubilación y pensione dignas.



Fortalecimiento de las capacidades nacionales públicas y privadas de cuidado, atención y sustento de las mayores.



Políticas que recuperen el bienestar físico, psíquico y cultural de este grupo, apuntando a su integración social y a revertir la desvalorización social. (CEPAL, p. 18)

En el caso ecuatoriano, el INEC (2019) señala que, a finales de 2020, nuestro país cuenta con 1.3 millones de personas mayores. Es decir, 23 adultos mayores por cada 100 niños menores de 5 años. (Primicias, 2019).

En esa línea, los desafíos a los que se enfrenta este grupo social son el empobrecimiento extremo, desempleo, discriminación, abandono y exclusión social, por lo que políticas asociadas a este sector de atención prioritaria son fundamentales.

2.1.2.3. Mujeres La cuestión de las mujeres, sin duda es uno de los temas de mayor abordaje en materia de vulnerabilidades físicas, sociales y en el pleno ejercicio de derechos humanos, ya que este grupo que comprende la mitad de población, es además la mayor víctima de violencia y discriminación asociada a su sexo y género, por lo que, desde la academia y la política, las discusiones con respecto a la necesidad de erradicar estas formas de exclusión son abundantes.

Sin embargo, la desigualdad y vulnerabilidad de género se repite por décadas.

En esa línea, los Estados están llamados a garantizar los siguientes derechos específicos de las mujeres: garantía de derechos sexuales y reproductivos, derechos de trabajadoras a estabilidad y licencia por maternidad y lactancia, divorcio, capacidad jurídica, custodia compartida, no violencia asociada a su género, igualdad y no discriminación.

En el Ecuador, a pesar de la existencia de una Ley que protege a las mujeres de la violencia, esta se encuentra actualmente desfinanciada, lo que trae como resultado una ausencia

19 de políticas de protección que han concluido en un incremento a casi el doble de femicidios durante el año 2020.

2.1.2.4. Personas con Discapacidad En el caso de este grupo social, la OMS (2017) señala que “más de 1000 millones de personas en el mundo tienen algún tipo de discapacidad”. De acuerdo con el organismo internacional, la discapacidad afecta de mayor forma a los países con menor desarrollo, por lo que las personas con discapacidad no suelen recibir la atención en salud oportuna.

En tal sentido, los derechos que les asisten de forma específica a las personas con discapacidad son el derecho a la igualdad y no discriminación basada en su discapacidad física o mental, igualdad de oportunidades, acceso a la salud, tratamientos médicos y psicológicos, rehabilitación médica y el derecho al trabajo.

En Ecuador, según datos del Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS; 415.500 personas cuentan con algún tipo de discapacidad. De ellos, el 46,78% tiene discapacidad física, el 22,54% intelectual, el 12,87% auditiva, el 11,85% visual y el 1,33 de lenguaje. (El Telégrafo, 2017) Este grupo vulnerable enfrenta varias necesidades. En nuestro país está vigente la Ley Orgánica de Discapacidades, así como medidas de acción afirmativa para la compra de vehículos, reducción en las tarifas de servicios básicos, jubilación anticipada, atención prioritaria en la prestación de servicios, entre otras, a través del carné de discapacidad que otorga el Ministerio de Salud Pública.

Sin embargo, en los últimos años, la corrupción asociada al otorgamiento de dicho carné, así como los engorrosos trámites para obtenerlo, hacen que este beneficio para las personas con discapacidad sea inaccesible y con poco alcance. (Diario La Hora, 2020) 2.1.3. Enfoque de Derechos de los Grupos de Atención Prioritaria Los Estados suscriptores o Estados parte de los instrumentos internacionales derivados de la Declaración Universal de Derechos Humanos, tienen que cumplir lo que en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados se denomina pactum in servanda, lo que significa que tienen tres responsabilidades específicas, a lo interno y en el concierto de la comunidad de

20 naciones. Estas responsabilidades son respetar y garantizar la plena vigencia de estos derechos; y, reparar los daños causados cuando se vulneran por acción u omisión estatal.

En ese contexto, el Ecuador es signatario de casi todos los instrumentos del derecho internacional e interamericano de derechos humanos, por lo que es su responsabilizar garantizar estas normas internaciones, a través de la normativa, las políticas públicas y los servicios públicos, así como asegurar que estos sean exigibles de forma oportuna y efectiva por parte de la administración de justicia ecuatoriana.

Al suscribir estos tratados, el Estado ecuatoriano se comprometió a incorporar el enfoque de derechos en sus actuaciones y decisiones, en los distintos niveles de gobierno. En el primer caso, la obligación de respetar implica abstenerse de realizar cualquier acción que tenga por objeto o resultado el menoscabo de las libertades de las personas, tales como libre circulación, libre expresión, libre empresa, trabajo de libre elección, entre otras.

En el segundo caso, el Estado tiene que asegurarse, a través de todas las medidas que sean necesarias, de que los ciudadanos ejerzan de forma efectiva sus derechos a la salud, educación, vivienda o alimentación, en condiciones de igualdad material y no discriminación.

Para el efecto, en las medidas de sus posibilidades, las instituciones deberán elaborar políticas públicas y asignar recursos presupuestarios orientados a financiar la garantía de estos derechos.

Finalmente, en cuanto a la reparación de daños, esto tiene que ver con la restitución, por parte del Estado, de los derechos humanos vulnerados por acción u omisión. En ese sentido, las reparaciones se producen cuando las obligaciones anteriores no se han cumplido, y pueden ser de tipo material (indemnizaciones de orden económico o patrimonial), e inmaterial (disculpas públicas, sitios de memoria, y otras medidas que tengan como finalidad resarcir el honor, honra, libertad, intimidad o la salud física y mental).

Sobre el enfoque de derechos, Abramovich (2004) señala: La idea esencial subyacente a la adopción de un enfoque de derechos humanos con relación al desarrollo y la reducción de la pobreza es que las políticas e instituciones que tienen por finalidad impulsar estrategias en esa dirección se deben basar explícitamente en normas y principios establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos. (…) la razón fundamental de la reducción de la pobreza ya no procede simplemente del hecho de que ciertos sectores sociales tienen necesidades, sino

21 también de que tienen derechos, atribuciones que dan origen a obligaciones jurídicas de parte de otros y por consiguiente al establecimiento de mecanismos de tutela, garantía o responsabilidad. (p.10-11).

Por lo tanto, de acuerdo con Abramovich (2020), la aplicación del enfoque de derechos en las políticas públicas y la cooperación deja de ser una prerrogativa o depender de la voluntad política de los tomadores de decisión para convertirse en una obligación ética. Es un giro de paradigma que implica dejar atrás la mirada asistencialista y vertical de ‘ayuda’ a los necesitados, para asumir una posición vertical en la relación Estado-ciudadanos, relación en la que el Estado tiene responsabilidad exigible en la garantía de los derechos.

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2018) considera: Se busca fomentar que los Estados no entiendan a los derechos humanos de manera complementaria o ajena a la elaboración de políticas públicas, sino precisamente como el eje central de todo proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las mismas. En esa línea, la CIDH afirma que el enfoque de derechos humanos insta a los Estados a adoptar como marco referencial de su actuación a los principios y las normas que reconocen los derechos fundamentales plasmados tanto en instrumentos internacionales, como en las constituciones y normas nacionales. (p. 22)

Es decir, aplicar el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas pasa por abandonar la ortodoxa visión matemática sobre el desarrollo, propia de los años cincuenta, pues no resuelve las brechas de desigualdad social o la vulneración de derechos, sino que las amplía.

Con esta nueva perspectiva, las Naciones Unidas vieron posible avanzar hacia un nuevo modelo de gestión pública, donde impere la ética pública, la participación ciudadana, la legitimidad democrática y la gobernanza, como mecanismos de buen gobierno y liderazgo político.

Como lo menciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe 2018, contar con enfoque de derechos humanos no es únicamente tener un Ministerio, una dirección administrativa o un Consejo de Protección, sino que este enfoque debe permear toda la institucionalidad pública, en los diferentes niveles de gobierno y funciones del Estado, incluidos los gobiernos autónomos descentralizados.

Esto es posible únicamente con la planificación del desarrollo enfocada a proteger libertades (obligación de abstenerse), pero además, asegurar que los derechos económicos, sociales y culturales se cumplan, que el catálogo de treinta derechos, desarrollados en instrumentos internacionales como la Convención Interamericana, el Pacto de libertades o el

22 Pacto de derechos sociales se apliquen de forma interdependiente, de tal suerte que la plena vigencia de estos derechos signifique para los grupos más vulnerables, condiciones materiales efectivas que aseguren su vida digna.

2.1.4. Enfoques de Igualdad Los enfoques de igualdad son un concepto que se encuentra vinculado al principio de igualdad y no discriminación, que adicionalmente constituye la base del enfoque basado en derechos humanos.

Este surge de las discusiones de la posguerra, entre los regímenes capitalista y socialista, con respecto a la necesidad de asegurar no solamente libertades para los ciudadanos en el nuevo orden mundial, sino también las condiciones materiales para ejercer tales libertades, sin que la pobreza y exclusión social, consecuencia del proceso de industrialización, sea un impedimento para el ejercicio de la autonomía y la vida digna. Como valor, la igualdad se considera el principal cimiento del Estado de Bienestar y el Estado social.

Sánchez (2007), señala: El valor de la igualdad se proyecta en el sistema desde el punto de vista subjetivo como garantía general de un trato igual y no discriminatorio de las personas por parte de los poderes públicos (principio de igualdad) y a la vez como derecho particular de cada individuo que debe ser protegido [el derecho fundamental a la igualdad] (p.1).

Así pues, como lo señala la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la igualdad comprende la consideración principal de que las personas son iguales en dignidad y derechos, por el solo hecho de pertenecer a raza humana.

Por tanto, todas las personas somos iguales y los Estados deben asegurar un trato igualitario e incluso prioritario en los casos pertinentes, independientemente de la condición social, étnica, sexo/genérica, de salud, edad, entre otras.

2.1.4.1. Igualdad Formal e Igualdad Material El concepto de igualdad tiene su origen en el siglo XVII, como uno de los tres fundamentos de la revolución francesa: (libertad-igualdad y fraternidad). En aquella época, este principio tenía como finalidad irrumpir en la estructura monárquico-despótica y dar paso a la

23 filosofía liberal, a partir de la cual, todas las personas son iguales, independientemente de la existencia de títulos nobiliarios.

Surge entonces el concepto de igualdad ante la ley, vinculado a la idea de garantías de protección, tales como el debido proceso, la seguridad jurídica, el derecho a la defensa, libertad de comercio, entre otros elementos que configuran el Estado moderno industrial.

Sin embargo, para el siglo XX, tras vivir dos guerras mundiales, así como producto de la tensión entre el este y occidente en la guerra fría, el concepto de igualdad se dividió en dos bifurcaciones, las cuales además han servido de sustento en el enfoque de derechos civiles, pero también como base de lo que desde los años 70 se denominaría, derechos económicos, sociales y culturales.

En ese contexto, para lograr la suscripción de la Declaración Universal de Derechos Humanos por todos los países que conforman el sistema de Naciones Unidas, incluida la ex Unión Soviética, hubo que incorporar no solo el principio de igualdad ante la ley, o igualdad formal; sino también los principios de igualdad material, o lo que es lo mismo, la obligación de los Estados de crear las condiciones necesarias para que los ciudadanos excluidos puedan ejercer sus derechos, en condiciones de autonomía y dignidad.

Más adelante, en 1977, las Naciones Unidas suscriben de forma simultánea los dos Pactos que, conjuntamente con la Declaración de 1948, constituyen la Carta Internacional de Naciones Unidas: el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que aborda el concepto de igualdad formal; y, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el cual se desarrolla ampliamente el principio de igualdad material.

En el caso de los enfoques de igualdad, estos tienen que ver con el principio de igualdad material y no discriminación, el cual se enfoca no solo en garantizar igualdad ante la ley, sino crear las condiciones materiales necesarias que permitan a los grupos vulnerables, alcanzar un nivel máximo en su calidad de vida, así como ejercer con autonomía y libertad sus derechos humanos.

2.1.4.2. El Derecho a la Igualdad en Ecuador La Constitución de la República, en el Art. 11 numeral 2, establece el derecho de las personas a la igualdad y no discriminación, por motivos étnicos, de género, estado de salud,

24 condición económico-social, estatus migratorio, edad, entre otras formas injustificadas de distinción, cuyo objeto o resultado sea el menoscabo o exclusión en la garantía de derechos constitucionales.

En ese sentido, el constituyente diseñó la garantía de igualdad, como un mecanismo de reconocimiento y tutela de la igualdad formal. Pero, también para desarrollar condiciones materiales hacia un efectivo goce de derechos humanos y la vida digna de las personas de atención prioritaria y en histórica situación de desigualdad.

En esa línea, en el Art. 276 de la Constitución (2008), se establecen siete objetivos nacionales de desarrollo, entre otros, los siguientes: 

Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de la población.



Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable.



Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las diversas identidades y promoción de su representación equitativa, en todas las fases de la gestión del poder público.



Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule las actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado.



Para el efecto, el Estado tiene la obligación de garantizar (responsabilidad de hacer), a fin de que los grupos en histórica situación de desigualdad puedan beneficiarse de los objetivos nacionales del desarrollo.

A la luz de estos preceptos, el Art. 156 de la norma suprema describe cinco enfoques de igualdad, los cuales deben ser transversalizados en las políticas públicas de orden nacional, Plan Nacional de Desarrollo; y, en lo local, Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

De igual forma, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD), en el Art. 249 señala la obligación de los Gobiernos

25 Autónomos Descentralizados, de destinar al menos el 10% del presupuesto total, para el financiamiento y ejecución de programas sociales para la atención de grupos de atención prioritaria.

Para el efecto, los Consejos Nacionales para la Igualdad y los Consejos cantonales de protección de derechos, tienen el desafío de proponer Agendas de Igualdad como herramientas que alimenten la planificación con estos enfoques.

Dichas Agendas, adicionalmente, deben ser trabajadas con la participación de la ciudadanía, a fin de integrar a los ciudadanos, bajo el principio de corresponsabilidad. Esto significa levantar necesidades sobre la base de sus realidades, cultura y proyectos de vida, analizar las capacidades y brechas en el ejercicio de sus derechos, construir conjuntamente con ellos las soluciones, definir a los responsables y corresponsables, establecer las metas y los resultados esperados. Por ello, la construcción de Agendas estratégicas implica un ejercicio de debate y deliberación con los diferentes grupos de interés, a fin de que las reivindicaciones y derechos de estos grupos puedan incorporarse en las diferentes políticas públicas.

Así construidas, las Agendas garantizan la calidad de inversión pública, e involucran a las comunidades como protagonistas de su historia y proyección futura, garantizando de esta manera su derecho al desarrollo y la participación social.

2.1.5. COVID-19 y sus efectos en los derechos de los grupos de atención prioritaria En el mes de diciembre de 2019, la noticia de que Wuhan, capital de Hubei, en la zona central de China, era el epicentro de una nueva variante del Síndrome Agudo Respiratorio Severo, SARS, debido a una mutación altamente contagiosa de los coronavirus causantes de la gripe, y que podrían provocar una pandemia mundial.

El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró al COVID19 una emergencia sanitaria de preocupación internacional. En marzo de 2020, este organismo determina que el virus puede caracterizarse como una pandemia.

En el caso ecuatoriano, la primera manifestación de COVID-19 se produjo a finales del mes de febrero. La paciente cero, oriunda de la provincia de Los Ríos, llegó al Ecuador a inicios de este mes, desde España.

26 Con la presencia de este y otros casos, con fallecidos inclusive, tanto en la familia de la paciente cero, como en otras personas que ingresaron al país en esos días, el 12 de marzo de 2020, la Ministra de Salud Pública declara emergencia sanitaria a nivel nacional; y, el 17 de marzo del mismo año, el presidente de la República, Lenín Moreno decreta Estado de Excepción, a través del Decreto Ejecutivo 1017.

En los artículos 3 y 4, este Decreto establece la suspensión de la libertad de tránsito y movilización, así como un periodo de confinamiento, el cual se mantuvo hasta el 13 de septiembre de 2020.

Durante ese periodo, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, levantó 4204 alertas de violaciones a derechos humanos, sobre derecho a la salud, falta de levantamiento de cadáveres, contagio de COVID-19 en los miembros de la fuerza pública y servidores públicos, falta de atención en salud, falta de insumos para el personal médico, despidos injustificados, suspensión de cuentas bancarias por procesos coactivos, suspensión de servicios básicos domiciliarios, especulación de precios en alimentos, medicinas e insumos médicos, desalojo de viviendas, entre otros. (DPE, 2020).

Por otra parte, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 reportó que, del 12 de marzo al 26 de abril, se registraron 10695 llamadas por violencia intrafamiliar. Es decir que, aproximadamente, se recibieron 235 llamadas por día. (GK, 2020). De igual forma, organizaciones de mujeres, en octubre de 2019 indicaron que, de enero a octubre de ese año, en Ecuador se registraron 81 femicidios. (El Comercio, 2020) De acuerdo con el Consejo de Protección de Derechos de Quito, durante el confinamiento y la emergencia sanitaria se produjeron 10 infanticidios y 10 suicidios de niñas, niños y adolescentes, en todo el país. (Primicias, 20202) Esto da cuenta del impacto que el confinamiento ha provocado en la garantía de los derechos humanos de los grupos de atención prioritarias, quienes han estado fundamentalmente expuestos al empobrecimiento y violencia física, psicológica y sexual, a extremos de que el riesgo compromete su propia existencia.

En esa línea, las Naciones Unidas han hecho un llamado a los países, para que estos incorporen el Enfoque Basado en Derechos Humanos, en las políticas públicas para prevenir contagios, contener la enfermedad y garantizar derechos de sus ciudadanos.

27 Al respecto, Dubravka Simonovic, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer señala: Es muy probable que aumenten los casos de violencia doméstica generalizada, como ya sugieren los informes de la policía y de las líneas directas. El hogar puede ser un sitio de miedo y maltrato para muchas mujeres, niñas y niños. La situación empeora considerablemente en casos de aislamiento como las cuarentenas impuestas durante la pandemia. Todos los estados deben tomar medidas para combatir el COVID-19, pero no deben dejar atrás a las mujeres y los niños que sufren violencia doméstica. (Naciones Unidas, 2020)

Y es que, sin duda, las medidas de confinamiento para frenar la pandemia fueron determinadas desde un enfoque de prevención del contacto físico, de tal suerte que se prevenga el contagio. Sin embargo, estas medidas, ni desde la OMS, ni desde los Estados. Igual que en los años 30s del siglo anterior, desde un enfoque tecnócrata, autoritario y lejano a la realidad sociopolítica, lo que trajo como consecuencia la falta de legitimidad en las decisiones de los Estados, así como una sistemática violación de derechos a los grupos que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad desde antes de la pandemia.

En esa línea, vistos los resultados de las medidas adoptadas, tales como el confinamiento y el distanciamiento social, es fundamental que los Estados abandonen la visión positivista aplicada para enfrentar la pandemia, fundamentada en el conteo de casos y número de fallecidos; con la finalidad de contener no solo el contagio, sino también las consecuencias derivadas, que no solo son sanitarias, sino que cruzan todo el entramado de derechos de los grupos de atención prioritaria.

Por tales consideraciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH (2020), adoptó algunas medidas que deben considerar los Estados que forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para enfrentar la pandemia COVID-19.

La propuesta de la CIDH tiene que ver con la necesidad de incorporar los DESCA (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) a las políticas públicas nacionales. De igual forma, medidas como los confinamientos tienen que ser atemporales, y ajustarse a los principios pro persona. (CIDH, 2020) En el caso ecuatoriano, desafortunadamente ha existido una visión restringida con respecto a las garantías del cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos, en especial los DESCA, que se expresa en un prolongado confinamiento de medio año, el cual

28 no consideró la situación de vulnerabilidad e indefensión de los grupos de atención prioritaria como personas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, entre otros.

En adelante, urge retomar la construcción de Planes y agendas participativas, que enfrenten la post-pandemia desde la política, el debate y la deliberación, de tal suerte que los intereses y necesidades de los sectores excluidos se cumplan, y no como ahora, cuando en pandemia fueron las principales víctimas de medidas de contención alejadas de su realidad.

2.2.

Predicción científica H1: La Agenda de Igualdad de Santo Domingo 2015-2018 sí se ejecutó durante el

confinamiento iniciado desde el 16 de marzo hasta el 13 de septiembre en el contexto de la pandemia COVID-19, debido a que el Gobierno Municipal y el Consejo Cantonal de Protección de Derechos sí realizaron los proyectos de dicha Agenda para la protección de los derechos de los cuatro grupos de mayor riesgo: niñas y niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres durante la cuarentena.

H2: La Agenda de Igualdad de Santo Domingo (2015-2019) no se ejecutó durante el confinamiento iniciado desde el 16 de marzo hasta el 13 de septiembre en el contexto de la pandemia COVID-19, debido a que el Gobierno Municipal y el Consejo Cantonal de Protección de Derechos no realizaron los proyectos de dicha Agenda para la protección de los derechos de los cuatro grupos de mayor riesgo: niñas y niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres durante la cuarentena.

H3: La Agenda de Igualdad (2015-2019) para cumplir los derechos de los cuatro grupos de mayor riesgo: niñas y niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres, se ejecutó parcialmente durante el confinamiento entre marzo-septiembre de 2010, debido a que los proyectos ejecutados por el Gobierno Municipal y el Consejo Cantonal de Protección de Derechos no fueron suficientes en cantidad, disponibilidad y accesibilidad para las niñas y niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres, durante la cuarentena.

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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 3.1. Enfoque, diseño y tipo de investigación Para Herrera (2017), la investigación cualitativa es una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que toman forma a través de entrevistas, narraciones, notas de campo, entre otras. Por su parte, (Bejarano, 2016) menciona que este enfoque se centra en “comprender y profundizar los fenómenos, analizándolos desde el punto de vista de los participantes en su ambiente y en relación con los aspectos que los rodean” (p.3).

Rivadeneira (2015), señala que el objetivo de la investigación cualitativa es identificar los aspectos contextuales, ambientales, culturales o vivenciales que rodean al objeto de estudio, con la finalidad de obtener datos integrales y completos sobre el mismo, a través de la recolección de distintos tipos de datos, con el apoyo de herramientas como esquemas, matrices, mapas, entrevistas, documentos, discurso, etc.

A partir de aquello, el presente trabajo se diseñó desde el enfoque cualitativo, empleando técnicas como el análisis de contenido y entrevistas semiestructuradas, mismas que fueron realizadas a los titulares de derechos de los cuatro grupos de atención prioritaria seleccionados.

Además, se aplicó la técnica de análisis del contenido de Agenda de Igualdad Santo (Domingo 2015-2019) y concretamente los proyectos diseñados para niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres, así como si estos fueron ejecutados durante el confinamiento iniciado desde el 16 de marzo hasta el 13 de septiembre de 2020.

3.2. Población y muestra La población seleccionada pertenece a cuatro grupos de atención prioritaria: niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, mujeres y personas con discapacidad que son usuarios del sistema de protección de derechos del concejo municipal del cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y que presentaron denuncias en la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Santo Domingo, durante el confinamiento cumplido entre marzo-septiembre 2020. También se consideraron personas adultas mayores

30 que habitan en hogares de ancianos, así como a los activistas del colectivo “Sin Paro” de esta localidad.

En esa línea, los casos totales investigados fueron: 845 denuncias de niños y niñas menores de 14 años, 215 denuncias de mujeres menores de 30 años de edad, 51 denuncias de personas adultas mayores y 26 personas con discapacidad.

De estos grupos se han seleccionado 5 casos de cada uno: 5 de mujeres, 5 de personas mayores, 5 de niñas, niños y adolescentes y 5 de personas con discapacidad, los cuales fueron escogidos por las investigadoras, sobre la base de criterios geográficos, concretamente personas que habitan en las cooperativas: Luz del Día, Che Guevara, Jorge Mahuad, El Proletariado, Cristo Vive, Laura Flores, Plan de Vivienda, Nueva República y Nuevo Santo Domingo. De igual forma, en las zonas rurales: recintos Las Mercedes, El Progreso y El Poste, y la parroquia Alluriquín, todos del cantón Santo Domingo. En el caso de las personas con discapacidad, fueron seleccionadas personas que habitan en el casco urbano del cantón Santo Domingo y que son activistas del colectivo “Sin Paro”.

También fueron seleccionados considerando sus condiciones de doble vulnerabilidad.

Es decir, personas que presentaban necesidades multidimensionales relacionadas con edad, sexo/género y situación socioeconómica. En el caso de niñas, niños y adolescentes, además se tomó en cuenta la autorización y participación voluntaria de los padres o representantes legales.

3.3. Técnicas e instrumentos de recogida de datos Para la recogida de datos se aplicaron técnicas como las entrevistas semiestructuradas.

Vargas (2017) opina de esta técnica como un mecanismo flexible para ampliar la respuesta de los entrevistados si el investigador lo considera en el transcurso de la investigación. Esta técnica fue propicia para la identificación de necesidades y vulnerabilidades de los cuatro grupos investigados, desde una perspectiva multidimensional.

Para la entrevista semiestructurada se elaboró un guion con preguntas comunes para los entrevistados, sobre un conjunto de categorías derivadas de la variable “derechos de grupos de atención prioritaria de mayor riesgo, el cual fue ampliado en el transcurso de las entrevistas para conocer mayores detalles sobre las necesidades de los entrevistados.

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3.4. Técnicas de análisis de datos Los datos obtenidos en las entrevistas fueron ingresados en la matriz denominada “Fichero de Información”, donde se identificaron y clasificaron como necesidades dentro de categorías diseñadas sobre la base de los ejes de intervención de la Agenda de Igualdad.

En el caso de niñas, niños y adolescentes, se seleccionaron y clasificaron necesidades en: educación, salud, vivienda, violencia, entorno geográfico, protección y entorno seguro, ambiente sano, recreación e identidad.

En el caso de las personas adultas mayores, las necesidades identificadas fueron incluidas en las categorías: salud, vivienda, seguridad social, entorno geográfico, situación laboral, violencia, movilidad urbana y pago de impuestos.

Las necesidades de las mujeres fueron clasificadas en: educación, salud, violencia, seguridad social, situación laboral, vivienda y servicios básicos, protección y entorno, participación social, recreación y uso del tiempo.

Finalmente, en el caso de las personas con discapacidad las necesidades se clasificaron en: educación, salud, violencia, seguridad social, vivienda, situación laboral, recreación, identidad y cultura.

En cuanto a la evaluación de las propuestas de la Agenda de Igualdad, en el primer grupo (niñas, niños y adolescentes), estas fueron analizadas mediante comparación entre las necesidades identificadas por ejes de intervención, y las acciones realizadas durante el periodo marzo-septiembre de 2020, desde el Gobierno Municipal, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos y entidades corresponsables.

En esa línea, se evaluaron las propuestas de educación de calidad, Unidades del Milenio, Centros del Buen Vivir, educación para todos, protección contra la impunidad, erradicación del trabajo infantil, salud y seguridad y espacios públicos inclusivos.

En el segundo grupo (personas mayores), las propuestas revisadas fueron: la creación de una instancia de protección de derechos, creación de la Casa Hogar, creación de ordenanza sin barreras arquitectónicas, atención integral y preferencial, reducción de impuestos, campaña de educación y sensibilización contra la violencia, capacitación y acompañamiento a las familias contra la violencia.

32 En el caso de las mujeres, las propuestas de la Agenda que fueron evaluadas son: la creación de una Casa de Refugio para víctimas de violencia, atención especializada para casos de violencia de género, campañas informativas sobre derechos de las mujeres, alianzas interinstitucionales para erradicar la violencia, alfabetización de mujeres adultas y adultas mayores, prevención de discapacidades en la etapa prenatal, creación del Instituto de Capacitación en temas de derechos de las mujeres, difusión en medios de derechos de las mujeres, ampliación de la oferta laboral para mujeres vinculadas al cuidado de terceros y participación ciudadana de las mujeres.

Finalmente, se revisaron las propuestas de la Agenda, destinadas a asegurar los derechos de personas con discapacidad: vida digna y feliz, atención prioritaria en salud, creación del centro integral de rehabilitación de las discapacidades, construcción del hospital regional para enfermedades mentales y apoyo a emprendimientos e inserción laboral para las personas con discapacidad y sus familias.

Por otra parte, también se realizó un análisis del contenido de la Agenda de Igualdad Santo Domingo (2015-2019), con respecto a los proyectos destinados en esta para el cumplimiento de derechos de la niñez, personas mayores, mujeres y personas con discapacidad, así como si estos fueron ejecutados en el periodo marzo-septiembre 2020.

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4. RESULTADOS 4.1. Resultado 1: Necesidades de los cuatro grupos de atención prioritaria identificadas en pandemia 4.1.1. Niñas, niños y adolescentes Con la finalidad de identificar las necesidades que enfrentaron los cuatro grupos de atención prioritaria, de conformidad con la metodología planteada, se desarrolló una entrevista semiestructurada, misma que fue aplicada a los padres de 5 niños y niñas que forman parte de los 845 denunciantes ante la Junta Cantonal de Protección de Derechos, entre el 16 de marzo al 19 de septiembre de 2020.

Las respuestas obtenidas en dichas entrevistas fueron cargadas a la matriz denominada “Fichero de información”, y clasificadas en nueve categorías diseñadas conforme los ejes de intervención de la Agenda de Igualdad Santo Domingo (2015-2019): educación, salud, vivienda, violencia, entorno geográfico, protección y entorno seguro, ambiente sano, recreación e identidad.

Las niñas, niñas y adolescentes escogidos para la entrevista forman parte de los grupos de usuarios del sistema cantonal de protección de derechos. Adicionalmente, son personas que habitan en zonas urbano-populares y rurales del cantón Santo Domingo. En la zona urbana, la cooperativa “Che Guevara”, cooperativa “Luz del Día” y cooperativa “Jorge Mahuad”. En la zona rural, el recinto “Santa Lucía'', vía a “Las Mercedes”. Además de su ubicación geográfica, otro de los criterios es que estos niños se encuentran en una situación de vulnerabilidad multidimensional, profundizada por las medidas de confinamiento a causa del COVID-19.

Por otra parte, son personas menores de catorce años de edad, cuyos padres han accedido a brindar información sensible, dado que existen informaciones que implican confidencialidad por razones de protección especial. En muchos de estos casos se han narrado episodios de violencia intrafamiliar y abuso sexual inclusive, hechos que han sido citados de

34 forma general en la siguiente tabla, la cual ha recogido la información más recurrente en las respuestas de los entrevistados, en cada una de las categorías. (Ver Figura 1)

Figura 1. Necesidades de niñas, niños y adolescentes del cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, registradas entre marzo-septiembre de 2020. Adaptado de la matriz “Fichero de información” de elaboración propia de las autoras., 2021.

Interpretación: De los hallazgos encontrados en la fase de levantamiento de datos, se evidencia que las vulnerabilidades de las niñas, niños y adolescentes, sujetos de esta investigación, existen desde antes del confinamiento que se produjo entre los meses de marzo-septiembre de 2020. De hecho, estas preexistencias han contribuido en el menoscabo de los derechos de niñas, niños y adolescentes, durante el mencionado aislamiento obligatorio.

En todas las zonas urbano-populares: Cooperativa Che Guevara y Cooperativa Jorge Mahuad, existen vulnerabilidades debido a la distancia física hasta las centralidades urbanas, lo que genera dinámicas aisladas de la institucionalidad, viviendas hacinadas, ubicadas en quebradas y sin legalizar, con falta de espacios de recreación, lo que incide en el surgimiento de ambientes de delincuencia, tráfico de drogas y femicidios. De los tres casos de femicidios reportados en el cantón durante el año 2020, uno de ellos se produjo en estos sectores.

En el caso del recinto Santa Lucía, vía a Las Mercedes; las condiciones de exclusión en la zona rural son similares a las áreas urbanas periféricas, sobre todo la falta de centros de salud cercanos, infraestructura de atención en casos de emergencia, cierre de Infocentros, dificultades para trasladarse a las ciudades y centros poblados y entidades educativas distantes.

35 En ese contexto, las brechas de desigualdad de las niñas, niños y adolescentes que forman parte de esta investigación, se profundizaron durante el confinamiento, lo cual derivó en exclusión de derechos, incluso de aquellos que eran ejercidos antes de la Pandemia por sarscov-19. Uno de ellos es el derecho a la educación, pues una de las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación entre marzo y septiembre de 2020, fue la suspensión de clases; y, posteriormente, la teleeducación a través de Internet.

Como lo señalan los entrevistados, una de las necesidades que se identificaron en los hallazgos fue la falta de Internet, computadoras y espacios físicos disponibles para cumplir con la jornada escolar en línea, lo que trajo como consecuencia, inasistencia y deserción escolar.

Sin asistir a clases, las niñas, niños y adolescentes se quedaron en casa con sus padres o familiares o bien los acompañaron a sus lugares de trabajo.

Chuchuca (2019), en su investigación sobre la vivienda en la Cooperativa Che Guevara menciona que las actividades laborales más relevantes son quehaceres domésticos, albañilería, seguridad, venta de periódico, recicladores y vendedores ambulantes. (p.34). Esto significa que los niños, niñas y adolescentes que no están en clases, se encuentran realizando trabajo no remunerado o ayudando a sus familias en las actividades antes descritas.

Otro de los elementos a destacar en los hallazgos es la situación de sus cuidadores, los mismos que, como se muestra en los datos, no cuentan con un empleo adecuado. En el caso de las mujeres, la sobrecarga en el uso del tiempo las expone a situaciones de estrés, pues tiene que generar recursos, cuidar a sus hijos que no están en clases, preparar los alimentos, y realizar trabajo doméstico no remunerado. Todo esto en contextos de violencia física, psicológica e incluso sexual, contra la mujer o miembros del núcleo familiar.

4.1.2. Personas Adultas Mayores Con la finalidad de identificar las necesidades que enfrentaron los cuatro grupos de atención prioritaria, de conformidad con la metodología planteada, se desarrolló una entrevista semiestructurada, aplicada a 5 personas de las 51 personas adultas mayores que presentaron denuncias en la Junta Cantonal de Protección de Derechos del cantón Santo Domingo.

Las personas adultas mayores escogidas para la entrevista forman parte de los grupos de usuarios del sistema cantonal de protección de derechos. Adicionalmente, son personas que habitan en ancianatos, así como en zonas urbano-populares y rurales del cantón Santo

36 Domingo, lo que los sitúa en una situación de vulnerabilidad multidimensional, profundizada por las medidas de confinamiento a causa del COVID-19.

Las respuestas obtenidas en dichas entrevistas fueron cargadas a la matriz denominada “Fichero de información”, mediante ocho categorías relacionadas con ejes de intervención de la Agenda de Igualdad (2015-2019): salud, vivienda, seguridad social, entorno geográfico, situación laboral, violencia, movilidad urbana y recreación, las cuales han sido codificadas para mejor análisis e interpretación.

En la siguiente figura, la cual ha recogido la información más recurrente en las respuestas de los entrevistados, en cada una de las categorías. (Ver Figura 2).

Figura 2. Necesidades de personas adultas mayores del cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, registradas entre marzo-septiembre de 2020. Adaptado de la matriz “Fichero de información” de elaboración propia de las autoras, 2021.

Interpretación Las personas adultas mayores que fueron entrevistadas para esta investigación se encuentran en una edad entre los 66 y los 85 años. Estas personas están conscientes de que son el grupo de mayor riesgo de contagio y muerte, a causa del virus SARS-COV-2.

En esa línea, la principal necesidad de las personas mayores, durante el confinamiento de marzo a septiembre de 2020, fue la atención prioritaria en el sistema de salud pública, la cual señalan fue deficiente, debido a saturación de los centros hospitalarios con pacientes COVID-19 en situación grave.

37 Otra de las dificultades en las personas mayores fue el propio confinamiento y la falta de habilidades para enfrentar aspectos emocionales como el duelo por la pérdida de sus amigos y familiares, la incertidumbre, restricciones al libre tránsito, el abandono de sus familiares y el temor a contagiarse; lo cual produce afectaciones en su salud psicológica y depresión. Los adultos mayores entrevistadas tampoco cuentan con habilidades digitales, las cuales permiten conectar con otras personas en medio del aislamiento, lo que profundiza su soledad y abandono.

En cuanto a su situación económica, tres de los cinco entrevistados viven exclusivamente de su jubilación. Dos de ellos no cuentan con otra actividad productiva. Jesús Villagómez Cuadrado, quien vive en el ancianato Santa Ana y San Joaquín, a sus 83 años de edad, aún trabaja como reciclador. Miguel Lugmaña, de 70 años de edad trabaja como agricultor y se beneficia del seguro campesino.

Lo anterior da cuenta que las personas mayores entrevistadas, hasta antes del confinamiento por COVID-19 se encargaban de su propio cuidado y supervivencia. Sin embargo, la falta de vivienda, el abandono de familiares y la pobreza, han generado condiciones vulnerabilidad durante el confinamiento. En esa línea, tres de los cinco entrevistados no cuenta con una vivienda propia; y, de estos, dos viven solos. En el caso de Jesús Villagómez, reciclador; durante tres meses vivió en situación de calle, hasta que el Consejo Cantonal de Protección de Derechos lo reubicó en el Hogar de Ancianos Santa Ana y San Joaquín.

En gran parte los adultos mayores considerados en esta muestra de estudio, aseguran haber sido víctimas de maltratos verbales y psicológicos por parte de un integrante de su familia. Se registraron también actos de odio, indigencia, violencia criminal y problemas intrafamiliares debido al mal uso del dinero proveniente del bono de desarrollo humano que genera el Estado.

4.1.2. Mujeres Con la finalidad de identificar las necesidades que enfrentaron los cuatro grupos de atención prioritaria, de conformidad con la metodología planteada, se desarrolló una entrevista semiestructurada, aplicada a 5 personas de las 215 que presentaron denuncias en la Junta Cantonal de Protección de Derechos del cantón Santo Domingo. Posteriormente, las respuestas obtenidas en dichas entrevistas fueron cargadas a la matriz denominada “Fichero de información”. En el mencionado fichero se ingresaron ocho categorías relacionadas con los derechos de los grupos de atención prioritaria que forman parte de la Agenda de Igualdad:

38 salud, vivienda, seguridad social, entorno geográfico, situación laboral, violencia, movilidad urbana y recreación.

Las mujeres escogidas para la entrevista forman parte de los grupos de usuarios del sistema cantonal de protección de derechos. Adicionalmente, son mujeres que habitan en ancianatos, así como en zonas urbano-populares y rurales del cantón Santo Domingo, lo que las sitúa en una situación de vulnerabilidad multidimensional, profundizada por las medidas de confinamiento a causa del COVID-19.

En la siguiente figura, la cual ha recogido la información más recurrente en las respuestas de los entrevistados, en cada una de las categorías. (Ver Figura 3)

Figura 3. Necesidades mujeres del cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, registradas entre marzo-septiembre de 2020. Adaptado de la matriz “Fichero de información” de elaboración propia de las autoras, 2021.

Figura 4. Necesidades personas con discapacidad del cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, registradas entre marzo-septiembre de 2020. Adaptado de la matriz “Fichero de información” de elaboración propia de las autoras, 2021.Figura 5. Necesidades mujeres del cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, registradas entre marzo-septiembre de 2020.

Adaptado de la matriz “Fichero de información” de elaboración propia de las autoras, 2021.

Interpretación: En el caso de las mujeres, en especial las más jóvenes, uno de los problemas recurrentes es la falta de estímulos para terminar sus estudios primarios o secundarios. Uno de las causas para la deserción escolar en el confinamiento, según señalan las entrevistadas, es la falta de acceso a Internet y computadoras, por lo que requieren acceso a Infocentros, educación y recursos tecnológicos asequibles para continuar con sus estudios.

39 En cuanto a la salud y seguridad, las entrevistadas señalaron no haber accedido a servicios de salud sexual y reproductiva, tales como asesoría sobre métodos anticonceptivos, atención ginecológica o información sobre enfermedades de transmisión sexual. La violencia de género física y psicológica, así como violencia intrafamiliar son otros factores señalados por las entrevistadas, que amenazan su seguridad.

En los hallazgos de las entrevistas destacan también las relaciones laborales de las mujeres, el uso del tiempo y el desempleo. En el primer aspecto, las mujeres entrevistadas, durante la pandemia estuvieron en condiciones de precariedad. Dos de ellas son amas de casa, una es comerciante, una es trabajadora ambulante y la última, agricultora. No cuentan con acceso a la seguridad social, ni beneficios sociales.

En cuanto al uso del tiempo, las mujeres entrevistadas afirmaron tener sobrecarga laboral distribuida entre el trabajo no remunerado, el cuidado de los hijos y la pareja y las actividades productivas. Es importante mencionar en este punto que, a pesar de ocupar su tiempo en estas actividades, su capacidad adquisitiva es eventual.

Dos elementos adicionales que destacan son la necesidad de empleo digno que incluye: no ser discriminadas en la selección de personal y protección frente al acoso laboral. De igual forma, destacan la necesidad de fortalecer los procesos de participación ciudadana de las mujeres, mediante la incorporación de enfoque de género en las instancias públicas, tales como conciliación de talleres, reuniones, eventos, con las actividades de cuidado y trabajo no remunerado de las mujeres.

Finalmente, cuatro de las cinco mujeres entrevistadas señaló sentirse desprotegidas por el Estado, toda vez que no cuentan con accesos oportunos a servicios de justicia, así como tampoco una Casa de Refugio en casos de inminente riesgo contra su vida.

4.1.4. Personas con Discapacidad Con la finalidad de identificar las necesidades que enfrentaron los cuatro grupos de atención prioritaria, de conformidad con la metodología planteada, se desarrolló una entrevista semiestructurada, aplicada a 5 personas de las 29 que forman parte del colectivo “Sin Paro”, y son usuarios del Sistema Cantonal de Protección de Derechos.

40 Posteriormente, las respuestas obtenidas en dichas entrevistas fueron cargadas a la matriz denominada “Fichero de información”, herramienta que fue validada por tres expertos académicos del área de investigación de la PUCE Santo Domingo.

En el mencionado fichero se ingresaron ocho categorías relacionadas con los derechos de los grupos de atención prioritaria que forman parte de la Agenda de Igualdad: salud, vivienda, seguridad social, entorno geográfico, situación laboral, violencia, movilidad urbana y recreación., las cuales han sido codificadas para mejor análisis e interpretación, de la siguiente forma: Las personas con discapacidad escogidas para la entrevista forman parte del colectivo Sin Paro. Se trata de un grupo de activistas de derechos de personas con discapacidad, con opinión calificada con respecto a las necesidades y derechos de este grupo de atención prioritaria.

En la siguiente figura, la cual ha recogido la información más recurrente en las respuestas de los entrevistados, en cada una de las categorías. (Ver Figura 2)

Figura 6. Necesidades personas con discapacidad del cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, registradas entre marzo-septiembre de 2020. Adaptado de la matriz “Fichero de información” de elaboración propia de las autoras, 2021.

Interpretación: En el caso de las personas con discapacidad, uno de los problemas más relevantes es la falta de oportunidades para continuar sus estudios, debido al poco acceso a educación de calidad y asequible que les permita continuar con sus estudios. Una de las expectativas de este

41 grupo es la posibilidad de que el Estado promueva una política de becas educativas, como medida de acción afirmativa para superar las brechas educativas que actualmente experimentan.

En cuanto a salud, las personas con discapacidad consideran que es necesaria la disponibilidad servicios de salud pública especializados en discapacidades físicas y cognitivas, tales como médicos especializados, rehabilitación pertinente y oportuna, y centros de investigación y atención de enfermedades mentales.

En la misma línea, otra de las necesidades que se mencionan en las entrevistas a personas con discapacidad es la eliminación de barreras físicas que impiden el acceso a los centros de salud, lugar de trabajo y espacios públicos, en cumplimiento de la Ordenanza M055-VQM, publicada en el Registro Oficial del 7 de junio del 2015.

De acuerdo con los hallazgos, las personas con discapacidad viven con familiares que se encargan de su cuidado. Sin embargo, esta situación genera dependencia en el orden patrimonial, así como su derecho a trabajar con libertad. Desde esta perspectiva, los entrevistados sienten que existen pocas oportunidades debido a estereotipos y creencias sobre las capacidades de este grupo de atención prioritaria.

Con respecto a las violencias, las evidencias indican que las personas con discapacidad son vulnerables a la violencia social. Esto es, descalificaciones, burlas, refuerzo de prejuicios y estereotipos asociados con la discapacidad, los cuales se empeoran si se trata de mujeres, jóvenes o personas adultas mayores.

Finalmente, el acceso a la justicia para protegerse de la violencia y discriminación en los ámbitos público, privado, laboral. En ese sentido, los entrevistados señalan que la administración de justicia mantiene barreras de carácter físicas, auditivas, tecnológicas, que impiden a las personas con discapacidad presentar denuncias, ser escuchado oportunamente, ejercer su derecho a la defensa, contradecir pruebas.

42

4.2. Resultado 2: Diagnóstico del cumplimiento de las propuestas que constan en la Agenda de Igualdad 2015 – 2019.

4.1.1. Niñas, Niños y Adolescentes A continuación, se muestran los proyectos desarrollados en la Agenda de Igualdad Santo Domingo 2015-2019, a favor de las niñas, niños y adolescentes, examinados a la luz de las necesidades actuales de este grupo de atención prioritaria.

Propuesta 1: Educación de calidad, Unidades del Milenio, Educación Inicial para Todas y Todos Las personas entrevistadas indican que no existen instituciones educativas en las zonas investigadas: Cooperativa Luz del Día, Recinto Santa Lucía o Cooperativa Che Guevara, así como tampoco Infocentros que permitan acceder a Internet durante el confinamiento entre el 16 de marzo al 30 de septiembre, con lo cual no pueden acceder a clases telemática. Esto último se respalda con reportes noticiosos como el de Diario La Hora, edición digital de fecha 15 de julio de 2020, donde se informa sobre la decisión del Ministerio de Telecomunicación de no financiar más Infocentros en el país.

Según el Municipio de Santo Domingo (2020) el alcalde del cantón, Ing. Wilson Erazo construyó 12 Infocentros, uno de ellos en la cooperativa Che Guevara, quedando ese a cargo del Gobierno Municipal, en cuanto al mantenimiento. Sin embargo, los facilitadores, el Internet y el acceso a los equipos están a cargo del Ministerio de Telecomunicaciones, por lo que la permanencia de los Infocentros aún está en riesgo.

Propuesta 2: Chilachito Impunidad Cero a Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes La propuesta de la Agenda de Igualdad Santo Domingo 2015-2019 en este ítem tiene que ver con la respuesta de las instituciones públicas en todos sus niveles, frente a hechos como violencia intrafamiliar, acoso escolar, trata de niñas, niños y adolescentes, maltrato físico, psicológico, institucional, acoso sexual, y falta de cuidado por parte de los padres y madres que les garantice un libre desarrollo de su personalidad.

En esa línea, de acuerdo con la información obtenida de las entrevistas, las niñas, niños y adolescentes enfrentan situaciones de conflictividad relacionada con alimentación, tenencia,

43 maltrato y abuso sexual, sin que hayan recibido por parte del Estado, atención oportuna como medidas de protección inmediatas o casas de refugio temporal para víctimas de violencia.

No obstante, según indica María Fernanda Betancourt, Directora Ejecutiva del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Santo Domingo, desde febrero a octubre de 2020 se han atendido 90 casos de mujeres y niñas víctimas de violencia de género, de los cuales 3 casos han concluido en femicidios. De igual manera, la servidora indica que las víctimas no denuncian por lo que se requiere mayor información y sensibilización. (Habla Ecuador, 2020) Por esta razón, en octubre de 2020 impulsaron la campaña “A mí sí me importa” para promover la no violencia de género en Santo Domingo.

Según la página del Municipio de Santo Domingo, (2021), el alcalde de la ciudad, Wilson Erazo, en coordinación con el Consejo Nacional de la Judicatura, implementó una ventanilla virtual para atención inmediata a víctimas de violencia intrafamiliar a ser ejecutado por el Concejo Cantonal de Protección de Derechos de Santo Domingo, con lo que se espera que las usuarias tengan mayor accesibilidad para la presentación y trámite de denuncias.

Con respecto a las casas de Acogida como Hogar Valle Feliz y Fundación Cáritas que amparan a niñas, niños y adolescentes, según nota del noticiero 24 horas de la estación televisiva Teleamazonas, difundido el 15 de mayo de 2020, estas Casas, durante el confinamiento, se encontraban en una situación económica insostenible, debido a la deuda del Ministerio de Inclusión Económica y Social que financia los centros. En cuanto a víctimas de violencia, al no existir infraestructura en la ciudad de Santo Domingo, este grupo es derivado a centros de refugio en otras ciudades.

Propuesta 3: Erradicación del trabajo infantil en Chilachito Esta propuesta de la Agenda de Igualdad tiene que ver con la necesidad de implementar infraestructura deportiva, segura y en buen estado, para la recreación y juego de niñas, niños y adolescentes y sus familias. Asimismo, erradicar el trabajo de este grupo etario que se realiza en las calles, mercados, trabajo agrícola, así como la eliminación de excesivas tareas escolares que les quitan tiempo para compartir con su familia.

En tal sentido, de las investigaciones realizadas se desprende que ninguno de los niños, niñas y adolescentes entrevistado realiza algún tipo de trabajo infantil.

44 Propuesta 4: Niñas, niños y adolescentes saludables, seguros y felices en Chilachito Esta propuesta de la Agenda se alinea con el acceso prioritario de niñas, niños y adolescentes, a servicios de salud oportunos, medicamentos, cuidado infantil, alimentación saludable y atención profesional.

En ese sentido, de las entrevistas realizadas a niñas, niños y adolescentes se desprende que este grupo no ha sido atendido de forma prioritaria en el sistema de salud pública, así como tampoco tuvo acceso a médicos especialistas. Con respecto a la seguridad ciudadana, la zona geográfica donde habitan los entrevistados no cuenta con Unidades de Policía Comunitaria (UPC) cercanos, a pesar de la existencia de bandas juveniles que operan en esas zonas.

En cuanto a la atención prioritaria en salud, la pandemia por COVID-19 provocó que los recursos de los gobiernos locales y nacional y concretamente la infraestructura hospitalaria sea empleada en la atención de la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19, especialmente en los casos más graves y población de riesgo como personas mayores de 70 años. En cuanto a la seguridad ciudadana, la policía nacional ha realizado controles y operativos interinstitucionales en zonas como Plan de Vivienda Municipal. (El Comercio, 2020) Propuesta 5: Espacios públicos, inclusivo, recreativos, ecológicos De acuerdo con los entrevistados, estos no cuentan con infraestructura deportiva adecuada, segura y en buen estado para realizar actividades de recreación para ellos y su familia. Según señalan, existen algunos, pero se encuentran descuidados.

En ese sentido vale mencionar que una de las medidas de restricción durante el confinamiento por COVID-19 desde el 16 de marzo al 13 de septiembre de 2021 fue impedir el acceso ciudadano al uso de parques, canchas y otros espacios públicos por parte de niñas, niños y adolescentes; no obstante de aquello, en el cantón Santo Domingo, con el apoyo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, el Consejo Consultivo de Jóvenes, la Red de Líderes Barriales y las Defensorías Comunitarias, desde la iniciativa ciudadana y la empresa privada, en agosto de 2020 se reactivaron espacios recreativos en los sectores urbano-populares de Plan de Vivienda y Nuevo Camino de este cantón.

45 Desde el Gobierno Municipal también se ha invertido en infraestructura de recreación tales como adecuación de parques y construcción de canchas deportivas.

4.1.2. Personas adultas mayores Propuesta 1: Organización Cantonal de Adultos Mayores unificada Con el fin de promover el cumplimiento de la Ley de Personas Adultas Mayores, la propuesta de la Agenda de Igualdad Santo Domingo 2015-2019 consiste en crear una organización cantonal de adultos mayores. En ese sentido, al consultar a los entrevistados sobre la existencia de esta instancia, ellos han señalado que no son parte de ninguna asociación que garantice el cumplimiento de sus derechos.

En esa línea, en cuanto a la instancia de protección y denuncia de casos para personas adultas mayores, esta unidad no existe en la provincia. Sin embargo, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos y la Defensoría del Pueblo son las entidades que atienden casos relacionados con la vulneración de la Ley de Personas Adultas Mayores.

Propuesta 2: Casa Hogar En relación a esta propuesta de la Agenda, los entrevistados señalan que Santo Domingo aún no cuenta con una casa hogar pública y totalmente gratuita que sirva como alojamiento de adultos mayores que carezcan de apoyo familiar y social.

En ese sentido, existe en la ciudad un Centro Gerontológico financiado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social que atiende a 175 personas mayores, en el marco de la misión Mis Mejores Años. Los beneficiarios de este centro son las personas que se encuentran en situación de pobreza extrema. De igual forma, el MIES realiza brigadas comunitarias para focalizar la atención de personas mayores en zonas de extrema pobreza. (El Telégrafo, 2019) Propuesta 3: Ordenanza “Ciudad sin Barreras Arquitectónicas” La Ordenanza, misma que contiene el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2020 del cantón Santo Domingo, en el Art. 252 señala la obligación de la autoridad municipal de suprimir las barreras urbanísticas y arquitectónicas que limitan la movilidad y accesibilidad de personas con discapacidad física y personas mayores, en los espacios públicos y privados de uso público.

46 En el año 2019, la Veeduría Ciudadana conformada para Vigilar el Cumplimiento de la Ordenanza Municipal No E-007-VZC, llegó a la conclusión de que dicha ordenanza no se cumple en su totalidad. Entre las recomendaciones, la Veeduría pide al GAD Municipal determine la forma legal de exigir a los propietarios de edificaciones de uso comercial cumplan con las normas INEN en relación a accesibilidad. (p.37) De igual manera, la Veeduría solicitó al GAD Municipal y al Consejo Cantonal de Protección de Derechos, que evalúe la posibilidad de reformar dicha ordenanza, a fin de que se incorpore al Consejo Cantonal de Protección de Derechos como entidad competente para la atención de denuncias por incumplimiento, así como también para incorporar requisitos en el cambio de uso de suelo de las edificaciones, de residencial a comercial.

Esto da cuenta de que la Ordenanza que regula la accesibilidad de personas con discapacidad y personas adultas mayores vigente no es del todo clara en cuanto a su aplicación.

Propuesta 4: Atención integral y preferencial En todos los casos investigados, excepto uno, las personas adultas mayores sí recibieron atención médica en los Centro de Salud Pública de Santo Domingo durante el confinamiento y su atención fue prioritaria, a pesar de la falta de un hospital especializado para Adultos Mayores en Santo Domingo. Se detectó un caso que no recibió atención, este vivía tres meses en situación de calle. Sin embargo, fue atendido por el Consejo Cantonal de Protección de Derechos y derivado a un ancianato de la localidad.

Propuesta 5: Reducción de impuestos y tarifas al 50% La mitad de las personas entrevistadas sí fueron beneficiadas con la reducción de impuestos y tarifas al 50%, de conformidad con el Art. 14 de la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores, en especial, en temas de impuesto predial. La otra mitad no accedió al beneficio al no tener propiedades ni realizar ninguna actividad económica que implique el pago de impuestos.

Propuesta 6: Campaña de Educación y sensibilización Con respecto a este punto, los entrevistados señalan que sus familiares desconocen de los derechos de personas adultas mayores, en muchos casos porque viven solos o en abandono.

Al respecto, los servicios por parte del Estado están enfocados a promover la eliminación de la

47 violencia contra mujeres, incluidas las mujeres adultas mayores; y, el Ministerio de Inclusión Económica y Social atiende a personas en situación de abandono a través de su Centro Gerontológico. Por su parte, la Defensoría del Pueblo tiene competencia para atender casos de personas mayores en cuanto al cumplimiento de la Ley de Personas Adultas Mayores.

Propuesta 7: Capacitación y acompañamiento a las familias - obtención de ingresos Con respecto a este punto, los entrevistados señalan que sus familiares no viven con ellos o se encuentran en situación de abandono. Al respecto, los servicios por parte del Estado están enfocados en atender a personas en situación de abandono a través de su Centro Gerontológico del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Por su parte, la Defensoría del Pueblo tiene competencia para atender casos de personas mayores en cuanto al cumplimiento de la Ley de Personas Adultas Mayores.

4.1.3. Mujeres Propuesta 1: Casa de Refugio/Acogida En la Agenda de Igualdad Santo Domingo 2015-2019 se contempla la necesidad de contar con una Casa de Acogimiento para Mujeres víctimas de violencia y sus familias, pero las mujeres entrevistadas para esta investigación señalan que no conocen sobre la existencia de lugares para refugio de víctimas de violencia contra las mujeres, centros de ayuda para mujeres con problemas con la justicia, ni centros de prevención para mujeres con problemas de adicción.

Existen casas de acogida para niñas, como es el caso del Hogar Valle Feliz; sin embargo, no existe aún un espacio de acogimiento para víctimas de violencia en la provincia, por lo que las mujeres que sufren esta condición son derivadas a centros de salud o casas de acogida de otros lugares. (Municipio de Santo Domingo, 2020).

Propuesta 2: Atención especializada a víctimas de violencia de género Las mujeres, en tanto cuidadoras, madres trabajadoras o víctimas de violencia y discriminación en los espacios públicos y privados tienen derechos específicos que deben ser amparados por la administración de justicia. Estos servicios son asesoría legal en materia de alimentos, tenencia de sus hijos e hijas y protección patrimonial, así como protección especializada en casos de violencia y discriminación.

48 No obstante, según lo mencionan las mujeres entrevistadas, ninguna tuvo ayuda psicológica ni acceso a profesionales de la salud, ni tampoco recibió apoyo, ni atención especializada por parte de instituciones del Estado o instituciones privadas.

Respecto a las acciones desde el Gobierno Municipal, en octubre de 2020, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos impulsó la campaña “A mí sí me importa” para promover la no violencia de género en Santo Domingo.

De igual forma, en el mes de enero de 2021, el alcalde de la ciudad, Wilson Erazo y el Consejo Nacional de la Judicatura implementaron una ventanilla virtual para atención inmediata a víctimas de violencia intrafamiliar a ser ejecutado por el Concejo Cantonal de Protección de Derechos de Santo Domingo.

Propuesta 3: Campañas informativas de derechos Según las entrevistadas, durante la pandemia no han recibido ninguna información sobre los derechos de las mujeres, sin embargo, en octubre de 2020, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos impulsó la campaña “A mí sí me importa” para promover la no violencia de género en Santo Domingo.

Propuesta 4: Alianzas interinstitucionales para erradicar la violencia Las mujeres entrevistadas mencionan que han recibido servicios aislados para protegerlas de la violencia de género, en particular del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Santo Domingo, así como del sacerdote de su lugar de residencia y de la empresa privada.

No obstante, en el mes de enero de 2021, el alcalde de la ciudad, Wilson Erazo y el Consejo Nacional de la Judicatura implementaron una ventanilla virtual para atención inmediata a víctimas de violencia intrafamiliar a ser ejecutado por el Concejo Cantonal de Protección de Derechos de Santo Domingo.

Propuesta 5: Creación del Instituto de capacitación en temas de derechos y género Las mujeres entrevistadas afirman no haber recibido ningún tipo de capacitación en el nivel de Instituto, en temas de derechos y género. En octubre de 2020, el Consejo Cantonal de

49 Protección de Derechos impulsó la campaña “A mí sí me importa” para promover la no violencia de género en Santo Domingo.

Propuesta 6: Coordinación institucional para inclusión productiva y laboral Las mujeres encuestadas afirman no haber recibido ningún tipo de capacitación en temas de emprendimiento, o haber sido convocadas para temas de inserción laboral. No obstante, instituciones como el Municipio de Santo Domingo, Prefectura y Ministerio de Inclusión Económica y Social organizaron eventos de capacitación, ferias de emprendimiento, talleres para emprendedoras y emprendedores.

Propuesta 7: Fomentar la participación ciudadana de las mujeres Las mujeres entrevistadas indican que no han participado en ningún espacio o instancia ciudadana. Desde el lado del Gobierno Municipal, las instancias de participación ciudadana que se encuentran activas son la Asamblea Ciudadana y la silla vacía. No existen evidencias de la incorporación del enfoque de género en la participación de las mujeres.

4.1.4. Personas con discapacidad Propuesta 1: Vida digna y feliz para las personas con discapacidad De acuerdo con la propuesta de la Agenda de Igualdad, la vida digna y feliz para las personas con discapacidad consistía reducir los niveles de violencia, las barreras arquitectónicas en instituciones, viviendas y espacio público de Santo Domingo, así como ampliar la difusión del lenguaje de señas y sistema braille. En tal sentido, al consultar a los entrevistados con respecto a los mencionados ítems, estos señalaron que estas barreras persisten.

Al respecto, la Ordenanza M-055-VQM publicada en el Registro Oficial del 7 de junio del 2015, misma que contiene el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2020 del cantón Santo Domingo, en el Art. 252 señala la obligación de la autoridad municipal de suprimir las barreras urbanísticas y arquitectónicas que limitan la movilidad y accesibilidad de personas con discapacidad física y personas mayores, en los espacios públicos y privados de uso público.

En el año 2019, la Veeduría Ciudadana conformada para “Vigilar el Cumplimiento de la Ordenanza Municipal No. E-007-VZC” llegó a la conclusión de que dicha ordenanza no se

50 cumple en su totalidad. Entre las recomendaciones, la Veeduría pide al GAD Municipal determine la forma legal de exigir a los propietarios de edificaciones de uso comercial cumplan con las normas INEN en relación a accesibilidad. (p.37) De igual manera, la Veeduría solicitó al GAD Municipal y al Consejo Cantonal de Protección de Derechos, que evalúe la posibilidad de reformar dicha ordenanza, a fin de que se incorpore al Consejo Cantonal de Protección de Derechos como entidad competente para la atención de denuncias por incumplimiento, así como también para incorporar requisitos en el cambio de uso de suelo de las edificaciones, de residencial a comercial.

Propuesta 2: Atención prioritaria en casas de Salud Según los entrevistados, estos no cuentan con atención prioritaria en salud, debido a que no cuentan con ningún tipo de seguro y los centros de salud son distantes de su residencia.

Esta situación se complica debido a la pandemia por COVID-19, la cual provocó que los recursos de los gobiernos locales y nacional, y concretamente la infraestructura hospitalaria sea empleada en la atención de la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19, especialmente en los casos más graves y población de riesgo como personas mayores de 70 años.

Propuesta 3. Creación del centro de rehabilitación integral de las discapacidades Según la Agenda de Igualdad, una de las formas de garantizar felicidad para las personas con discapacidad es la creación del Centro de Rehabilitación Integral de las Discapacidades, sin embargo, los encuestados señalan que no conocen un lugar como el señalado cercano a su lugar de domicilio, así como tampoco existen evidencias con respecto a la existencia de este centro en el cantón Santo Domingo.

Propuesta 4: Construcción de hospital regional para enfermedades mentales Según la Agenda de Igualdad, una de las formas de garantizar felicidad para las personas con discapacidad es la creación del Hospital regional para Enfermedades Mentales, sin embargo, los encuestados señalan que no conocen un lugar como el señalado cercano a su lugar de domicilio, así como tampoco existen evidencias con respecto a la existencia de este centro en el cantón Santo Domingo.

51 Propuesta 5: Apoyo a emprendimientos e inserción laboral La mayoría personas con discapacidad encuestadas afirman no haber recibido ningún tipo de capacitación en temas de emprendimiento, o haber sido convocadas para temas de inserción laboral. Uno de los entrevistados indica que recibió capacitación de la Prefectura, sin embargo, a la presente fecha se encuentra desempleado.

No obstante, instituciones como el Municipio de Santo Domingo, Prefectura y Ministerio de Inclusión Económica y Social organizaron eventos de capacitación, ferias de emprendimiento, talleres para emprendedoras y emprendedores.

4.3. Resultado 3: Acciones a considerarse para el cumplimiento de las necesidades de los cuatro grupos de atención prioritaria en el contexto de la crisis sanitaria.

4.3.1. Niñas, Niños y Adolescentes Eje 1: Educación de calidad, Unidades del Milenio, Educación Inicial para Todas y Todos De acuerdo con la Agenda de Igualdad, para el año 2019, el acceso de las niñas, niños y adolescentes del cantón Santo Domingo a Unidades Educativas del Milenio, Centros del Buen Vivir y educación inicial debió llegar a una cobertura del 70%. Sin embargo, la pandemia por COVID-19, de los datos obtenidos, ha generado deserción escolar por ausencia de Internet, computadoras, espacios adecuados y recursos para poder acceder a la teleducación pública y privada.

En esa línea, una de las primeras acciones a realizarse por parte de las autoridades competentes, es una línea base que permita conocer el número de niñas, niños y adolescentes que han desertado o en riesgo de desertar. Con esta información, se deberán actualizar las metas de acceso a la educación, desde una perspectiva de confinamiento y distanciamiento social.

Para el efecto, es importante tomar en cuenta que los espacios educativos en los contextos de confinamiento y distanciamiento social son los hogares y sus entornos, por lo que se debe tomar en cuenta la generación de nuevos ecosistemas online y físicos, tales como barrios digitales e Infocentros.

52 También es necesario trabajar en políticas de reinserción escolar; es decir, promover que las niñas, niños y adolescentes que dejaron sus estudios debido al confinamiento, quienes en la actualidad realizan otras actividades como trabajos no remunerados o en trabajo infantil, tengan las condiciones necesarias para retornar a clases, sea en modalidad física como online.

Eje 2: Chilachito: Impunidad Cero a Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes El segundo elemento clave para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida digna en contextos de confinamiento y post confinamiento, es la protección de la integridad y una vida libre de violencia.

En ese sentido, es necesario identificar a las niñas, niños y adolescentes del cantón, que han sufrido o están en riesgo de ser víctimas de violencias durante los años 2020 y 2021, a través de una línea base o registro público que incluya ubicación geográfica, identificación étnica, situación laboral, situación de discapacidad, situación de movilidad y condiciones del entorno.

Eje 3: Erradicación del trabajo infantil en Chilachito En este eje se propone la implementación de ecosistemas online y físicos para que niñas, niños y adolescentes accedan a la educación; a través de la construcción y financiamiento de Infocentros y espacios públicos como parques, plazas, áreas comunitarias con Wifi gratis, acceso a equipos de computación, smartphones y TIC para educación. De igual forma, la creación de espacios públicos seguros.

Además, se propone la creación de un proyecto de reinserción escolar de niñas, niños y adolescentes, que incluya un sistema de registro de los niños, niñas y adolescentes que realizan trabajo infantil, creación de incentivos en el sector privado para que adopten medidas de acción afirmativa que permitan empleo digno o incubadoras de emprendimientos sostenibles para sus cuidadores, y el fomento de la corresponsabilidad en el uso del tiempo dentro del núcleo familiar, a través de campañas de sensibilización con el apoyo de medios de comunicación.

Eje 4: Niñas, Niños y Adolescentes Saludables, Seguros y Felices en Chilachito En este punto, las variables salud, seguridad y felicidad de las niñas, niños y adolescentes del cantón Santo Domingo, en el marco de circunstancias de aislamiento y

53 distanciamiento social implican, en ese orden, acceso a servicios de salud física y psicológica, medicamentos, vacunas, servicios de cuidado infantil, alimentación saludable, prevención del embarazo adolescente, protección frente a la violencia intrafamiliar, acoso escolar, trata de personas, transporte y espacios públicos seguros.

Por lo tanto, con respecto a la salud, es fundamental que la Agenda de Igualdad incorpore proyectos relacionados con infraestructura hospitalaria, tales como un Hospital Materno-Infantil o de especialidades para niñas, niños y adolescentes, que incluya la atención de la salud física, pero también mental de este grupo social y sus cuidadores.

Asimismo, se debe asignar recursos para prevención del embarazo adolescente, en áreas como la entrega gratuita de anticonceptivos, educación para la sexualidad, atención ginecológica y prevención y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual.

Finalmente, es fundamental la eliminación de barreras y requisitos para acceder a los servicios de justicia, por parte de niñas, niños y adolescentes, en los aspectos relacionados al derecho de alimentos, tenencia y cuidado; así como protección especial y expedita en casos de violencia física, psicológica o sexual.

Eje 5: Espacios públicos, inclusivo, recreativos, ecológicos En este punto, además de lo expresado en la Agenda sobre la creación y mejoramiento de parques, áreas recreativas para niñas, niños y adolescentes, así como mecanismos que incentiven el distanciamiento social, es fundamental entender el papel que cumplen la tecnología de la información y comunicación TIC, y el nuevo orden en las relaciones sociales, como producto de la Pandemia.

En tales circunstancias, es necesario que la Agenda incorpore proyectos para sensibilizar y capacitar a los cuidadores y familiares de niñas, niños y adolescentes, en la contención de crisis emocionales, creación de rutinas positivas dentro de los hogares, así como para que animen a sus hijos, a la continuidad de vínculos con la familia ampliada y amigos.

También es importante desarrollar espacios de recreación virtuales, que permitan a niñas, niños y adolescentes, reducir el estrés, así como mantenerse informados de los aspectos relacionados con el COVID-19. Finalmente, promover metodologías de educación adecuadas a la pandemia y reducir las tareas excesivas.

54 4.3.2. Personas adultas mayores Eje 1: Organización Cantonal de Adultos Mayores unificada Dado que las personas adultas mayores son el grupo de mayor riesgo de contagiarse y que, de acuerdo con las estadísticas, 6 de cada 10 personas que han muerto por COVID-19 representan a este grupo de la población; es necesario que la Agenda de Igualdad incluya la identificación de personas adultas mayores víctimas de COVID-19, así como aquellas que se encuentran en situación de riesgo, en los términos que señalan los Arts. 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores vigente. Esto es, a través de un registro interconectado que incluya las personas jurídicas dedicadas a la atención de estas personas y rutas de protección en el ámbito local, de cara a la implementación del sistema cantonal de protección de derechos de las personas adultas mayores.

En este sistema deben incorporarse como componentes el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, la Junta Cantonal de Protección de Derechos, la Casa Hogar del Adulto Mayor. Entre sus funciones estará la promoción y protección de los derechos de las personas mayores, la propuesta de políticas públicas para la eliminación de barreras arquitectónicas, la defensa técnica en casos de violación de derechos y de la Ley de Personas adultas mayores, y la resolución de casos en sede administrativa que incluye la emisión de medidas urgentes para evitar daños irreparables.

Eje 2: Casa Hogar En relación a esta propuesta de la Agenda, es fundamental pensar en una Casa Hogar pública y totalmente gratuita que sirva como alojamiento, atención y protección de adultos mayores que carezcan de apoyo familiar y social, desde una perspectiva de atención a las vulnerabilidades y desarrollo de capacidades para ejercer de forma autónoma una vida digna.

Para el efecto, el Municipio, en coordinación con el Gobierno Nacional y aliados estratégicos asignará el presupuesto necesario, conforme lo señala actualmente la Agenda de Igualdad.

Eje 3: Ordenanza “Ciudad sin Barreras Arquitectónicas” En relación a este tema, el Gobierno Municipal de Santo Domingo, en el año 2015 aprobó la Ordenanza M-055-VQM; sin embargo, la misma es inaplicable debido a la falta de una autoridad competente que haga cumplir las disposiciones de la misma. Esa autoridad

55 competente debe ser la Junta Cantonal de Protección de Derechos, en el marco del sistema cantonal de protección de derechos. Adicionalmente, es necesario que la ordenanza desarrolle sanciones e incentivos para el sector privado, de tal suerte que las barreras en estos espacios también se cumplan.

Eje 4: Atención integral y preferencial En este contexto es fundamental que se garantice el derecho a la salud de las personas adultas mayores, a través de la disponibilidad hospitalaria, un centro gerontológico, pero, además, la prevención y atención de su salud mental. Al igual que con las niñas, niños y adolescentes, la Agenda debe incorporar proyectos que incentiven la corresponsabilidad social y de las familias.

En el primer caso, a través de la sensibilización para una cultura de respeto, solidaridad y no discriminación contra las personas adultas mayores, con el apoyo de los medios de comunicación social. Además, la Agenda debe incluir el desarrollo de estándares de calidad en la dotación de bienes y prestación de servicios cantonales y la protección prioritaria en situaciones que puedan poner en riesgo su vida.

En cuanto a la familia, la Agenda de Igualdad debe contemplar proyectos que promuevan entornos afectivos para las personas mayores, contribuyan a erradicar la violencia, proteger a las personas mayores del abandono y propiciar asistencia legal para el derecho a alimentos y subsistencia por parte de sus familiares.

Eje 5: Reducción de impuestos y tarifas al 50% En este punto es necesario fortalecer la Junta Cantonal de Protección de Derechos, a fin de constituirse en la autoridad competente para conocer y resolver sobre las denuncias contra la Ley de Personas Adultas Mayores, de forma efectiva. Todo esto dentro del Sistema cantonal de protección de derechos de personas adultas mayores.

4.3.3. Mujeres Eje 1: Casa de Refugio/Acogida La construcción de una Casa de Acogida para mujeres víctimas de violencia de género en Santo Domingo debe formar parte del sistema de protección de derechos de las mujeres y

56 las niñas, de conformidad con el Art. 38, literal e) de la Ley para la Erradicación de la violencia contra las mujeres. Para el efecto, el Gobierno Municipal de Santo Domingo debe incorporar un rubro en el Presupuesto 2021, de conformidad con lo señalado en la Agenda de Igualdad.

Eje 2: Campañas informativas de derechos Según las entrevistadas, durante la pandemia han recibido ninguna información sobre los derechos de las mujeres, sin embargo, en octubre de 2020, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos impulsó la campaña “A mí sí me importa” para promover la no violencia de género en Santo Domingo. Es fundamental llevar adelante este tipo de campañas, a través de canales estratégicos como los medios de comunicación social, redes sociales y espacios de organización social, de tal forma que lleguen a toda la población.

Eje 3: Fomentar la participación ciudadana de las mujeres Para fomentar la participación ciudadana de las mujeres para la toma de decisiones y el control social, es fundamental incorporar el enfoque de género en el sistema de participación ciudadana del Gobierno municipal. Esto implica un cambio de paradigma en la relación entre el Municipio y la ciudadanía para desarrollar una estructura de oportunidad política para las mujeres. Es decir, que el Concejo Cantonal, mediante ordenanza, desarrolle mecanismos de acción afirmativa que de apertura, acceso y apoyo a las lideresas. Así mismo, que los espacios de expresión y participación ciudadana consideren el uso del tiempo de las mujeres, alienten la corresponsabilidad de sus pares varones, y eliminen las prácticas que reproducen la división sexual del trabajo en la participación.

4.3.4. Personas con discapacidad Eje 1: Vida digna y feliz para personas con discapacidad En este eje, al igual que el caso de las personas adultas mayores, el Concejo Cantonal debe reformar la Ordenanza M-055-VQM, con el fin de asegurar entornos favorables para las personas con discapacidad, que incluyan los aspectos de la nueva normalidad, incorporar un sistema de atención y resolución de denuncias por violación de la Ley Orgánica de Discapacidad y que promueva incentivos y sanciones para el sector público y privado que incumpla con la Ley Orgánica de Discapacidades.

57 También es importante que la Agenda incorpore la realización de Convenios entre el Gobierno Municipal y el Consejo de la Judicatura, a fin de promover el acceso a la justicia a través de la eliminación de barreras físicas, auditivas o visuales que impidan a las personas con discapacidad presentar denuncias, asistir a audiencias, presentar y contradecir pruebas y recibir respuestas motivadas por parte de los jueces competentes.

Eje 2: Atención prioritaria y especializada en salud No aplican nuevas recomendaciones, sino que el Ministerio de Salud y el Gobierno municipal destinen recursos presupuestarios para la disponibilidad de servicios de salud especializados, debido a que la prestación de servicios de salud para este grupo de riesgo es ineficiente y con poca especialización, y no se han priorizado recursos suficientes para el efecto, hasta la presente fecha, debido a la precedencia presupuestaria para la atención de la emergencia sanitaria por Covid-19.

Eje 3: Inserción laboral Igual que en el Eje 1, urge un sistema de protección efectivo que conozca y resuelva las denuncias por incumplimiento de la Ley Orgánica de Discapacidades. Además, promover una Ordenanza que genere incentivos en el marco de las competencias del Gad Municipal, para que las empresas incorporen a personas con discapacidad a los espacios laborales, lo que implica no solo la contratación, sino el empleo adecuado, la eliminación de barreras físicas para el cumplimiento de su trabajo, el fomento de la inserción en el entorno laboral y la prevención y protección contra la discriminación y el acoso laboral.

58

5. DISCUSIÓN Respecto al objetivo uno, se lograron diagnosticar las necesidades de los cuatro grupos de atención prioritaria, de la siguiente forma: En el caso de las niñas, niños y adolescentes, las principales limitaciones para el ejercicio de sus derechos en el periodo marzo-septiembre del año 2020, fueron el acceso a Internet y equipos tecnológicos como computadoras que les permitan asistir y participar en las clases telemáticas. De igual forma, la falta de recursos económicos debido a la pérdida del empleo del proveedor o proveedora del hogar y falta de vivienda adecuada.

En cuanto a la violencia intrafamiliar, los resultados muestran que durante el periodo señalado hubo incidentes violentos, convivencia de sus padres con personas agresoras, falta de cuidado a las niñas, niños y adolescentes, maltratos verbales, físicos, actos de odio, intimidación, abuso psicológico e incluso sexual.

Estos hallazgos coinciden con los estudios realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo, en su informe realizado en el mes de mayo del año 2020, el cual menciona que “una crisis prolongada provocaría la disminución de la matrícula estudiantil en el sector público, especialmente en ciertos grupos poblacionales” (p.5) También coincide con el análisis de la Confederación Internacional para la reducción de la pobreza y la justicia social (CARE), en su informe realizado en el mes de septiembre de 2019, el cual señala que quienes desertaron a la fecha no estudian y se encuentran realizando trabajo no remunerado, tareas de cuidado o trabajan sin remuneración para terceros, a cambio de alimentos y albergues, y finalmente si no realizan ninguna de estas actividades, están acompañando a sus madres o padres en su lugar de trabajo.

En cuanto a la violencia, el informe de CARE confirma que el confinamiento por la pandemia COVID-19, tuvo como consecuencia el incremento de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, hecho que se complicó por la falta de acceso a la justicia, debido a la saturación de servicios de atención a violencia de género durante la pandemia, así como por la falta de respuesta del sistema de justicia a los incidentes presentados.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE, 2021) en el Informe Temático sobre vulneración de derechos humanos en Ecuador durante la pandemia COVID-19, realizado

59 conjuntamente con la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), afirma que solo el 41% de estudiantes en el Ecuador tiene acceso a una computadora para las clases en línea.

De igual forma, en cuanto a la violencia contra las mujeres y demás miembros de núcleo familiar, la DPE señala que, en el Ecuador, “desde el 16 de marzo hasta el 7 de junio de 2020, identificó 9508 alertas de personas afectadas en el contexto de la emergencia, cifras estimadas que pueden ser mayores pero que permiten evidenciar la vulneración de derechos” (p.106) Algunas de las necesidades que se identificaron en el grupo de adultos mayores durante el confinamiento por la pandemia del COVID – 19 desde el 16 de marzo hasta el 13 de septiembre fueron la falta de atención médica prioritaria en el sistema de Salud Pública, pobreza e indigencia, abandono de familiares, falta de vivienda adecuada, violencia física, psicológica, patrimonial y actos de odio.

Estos resultados coinciden con el Informe temático elaborado por la UTE y la DPE antes citado, el cual destaca la situación de vulnerabilidad en materia de salud de las personas mayores. De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud Pública de Ecuador (MSP) citadas por la Defensoría, 6 de cada diez personas que han fallecido en Ecuador, son adultos mayores. La Institución Nacional de Derechos Humanos también señala que, durante esta pandemia, “existieron dificultades para acceder a servicios sociosanitarios en igualdad de oportunidades y sin discriminación determinada por la edad” (p.53) Por otra parte, los hallazgos encontrados en esta investigación coinciden con lo indicado por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INRED, 2020) señala que 2975 adultos mayores viven en condición de pobreza y descuido, de los cuales casi la mitad viven en extrema pobreza. INRED señala que la violencia intrafamiliar y el desalojo de sus viviendas son casos que viven las personas mayores durante la pandemia. Además, el 95% sufre violencia psicológica, 85% recibe insultos por parte de sus familiares, 40% amenazas de muere y 48% es rechazado por familiares y amigos más cercanos.

En el caso de las mujeres, uno de los elementos más relevantes respecto a la pandemia es violencia de género física y psicológica, pérdida de sus viviendas debido a desalojos, desempleo, falta de vivienda adecuada y exclusión de la participación ciudadana.

Los resultados de la investigación coinciden con los trabajos de la Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres oficina Ecuador (ONU Mujeres Ecuador, 2020), entidad que

60 confirma que las medidas de confinamiento y distanciamiento social intensifican su aislamiento y el riesgo de ser agredidas, así como genera brechas en el acceso a servicios esenciales y de justicia.

Por su parte, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género (2020) en su Estudio de percepción de violencia de género contra las mujeres durante el confinamiento por la Covid19, de fecha 19 de julio de 2020, señala que el 66,81% de las encuestadas no sienten seguridad en su propio hogar; siendo la violencia psicológica la que más se ha incrementado debido a los conflictos con la pareja, sumados a la carga de trabajo, el desempleo, las tareas domésticas, de cuidado y crianza de sus hijas e hijos.

En el caso de las personas con discapacidad, en el contexto de la pandemia prevalecen dos elementos: la atención especializada en salud, apoyo en empleo y trabajo autónomo, protección frente a desalojos por la crisis económica o por riesgos y desastres naturales o sociales. Además, este grupo social requiere protección frente a la exclusión y discriminación basada en su condición de salud, por lo que necesitan una adecuación de los servicios públicos en el contexto de la emergencia sanitaria, acorde a sus necesidades específicas.

Este hallazgo coincide con lo expresado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en su Cuestionario conjunto de los titulares de mandato de Procedimientos Especiales de Naciones Unidas sobre derechos humanos realizado a Ecuador (2020) donde se menciona que las personas con discapacidad están en el grupo de mayor riesgo frente a la COVID-19, junto con mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y pueblos y nacionalidades.

En otro orden de ideas, de acuerdo a los resultados obtenidos en el desarrollo del objetivo dos, las propuestas de la agenda que se cumplieron fueron mínimas en comparación a las necesidades de las niñas, niños, y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres, debido a que la misma fue construida para atender las necesidades en situaciones anteriores a la pandemia.

Por su parte, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos durante el año 2020, lucha contra la violencia a las mujeres, a través de campañas de sensibilización. De igual forma, destaca la atención de casos a través de una ventanilla adicional del Consejo de la Judicatura en el Municipio de Santo Domingo para mayor acceso de denuncias en casos de violencia de género. No obstante, son procesos aislados que no forman parte de la Agenda de Igualdad.

61

6. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las principales necesidades que enfrentó el grupo de niños fue la falta de acceso a

internet, computadoras y espacios adecuados para asistir y participar a las actividades de educación en línea; distancia geográfica de los servicios públicos y privados como Infocentros, instituciones educativas, cibercafés, entre otros que hacen posible ejercer su derecho la educación; la falta de ingresos que por un lado les impide seguir sus estudios; y, por otro lado que los sitúa en riesgo de trabajo infantil; finalmente, la violencia física, psicológica y sexual durante el confinamiento por parte de sus padres o convivientes de estos. 

Los adultos mayores tuvieron dificultades para acceder a los servicios de salud en

igualdad de oportunidades y sin discriminación por edad, pobreza e indigencia, violencia física, psicológica y patrimonial, abandono y rechazo por parte de sus familiares y amigos.



Las mujeres estuvieron expuestas a violencia de género física, psicológica y

patrimonial, desempleo, falta de acceso a vivienda adecuada y exclusión en la participación ciudadana para la toma de decisiones en las instancias públicas.



Finalmente, las personas con discapacidad estuvieron expuestas a la falta de servicios

de salud especializados, desempleo, falta de acceso a espacios de recreación, discriminación, barreras físicas y administrativas en la prestación de servicios.



En cuanto al grupo prioritario niños niñas, las propuestas de la agenda fueron 5, de las

cuales, ninguna se cumplió en el año 2020, debido al cambio en la asignación de recursos del Presupuesto General del Estado y las condiciones de pandemia COVID-19 que obligan a los gobiernos municipales, a destinar recursos de forma prioritaria a la atención sanitaria en razón del antes citado virus.



Respecto al grupo 2 de personas adultas mayores, las propuestas de la Agenda de

Igualdad fueron 7, de las cuales se cumplieron parcialmente 2, relacionadas con la atención en salud y la exención de impuestos prediales. Una de las causas para el incumplimiento

62 tiene que ver con la falta de un sistema cantonal de protección de derechos que vigile el cumplimiento de los derechos y beneficios expresados en el Art. 3, 14 y 84 de la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores.



En el caso del grupo 3 de mujeres, la Agenda de Igualdad tuvo 11 propuestas, de las

cuales se cumplieron parcialmente 3, lo que evidencia una desarticulación de las instituciones responsables en la promoción de los derechos de las mujeres, en perjuicio de los derechos establecidos en los Arts. 9 y 28 de la Ley para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.



Respecto a las personas con discapacidad, grupo 4; la Agenda propuso 4 ejes, de los

cuales se ha cumplido parcialmente 1. Sin embargo, los entornos excluyentes que rodean a las personas con discapacidad persisten en los espacios públicos, privados y laborales que impiden a estas personas el desarrollo de sus capacidades para vivir dignamente, lo que vulnera los Arts. 3 y 58 de la Ley Orgánica de Discapacidades.



Se requiere del trabajo en actividades de sensibilización y capacitación para los niños

y niñas, la creación de ecosistemas digitales para el acceso a la educación telemática, la creación de empleo digno para los cuidadores, a fin de erradicar el trabajo infantil y el fortalecimiento de los sistemas de protección de derechos administrativos y judiciales para garantizar los derechos de este grupo a la alimentación, cuidado, una vida libre de violencia y ambiente sano.



En cuanto al grupo 2 es necesario establecer el sistema cantonal de protección para

personas adultas mayores, atención prioritaria y especializada en salud, que incluya salud mental, protección administrativa y judicial contra el abandono, así como asistencia legal para garantizar su derecho a alimentos, vivienda adecuada, vejez digna y no discriminación.



En el caso de las mujeres, es necesario el cumplimiento en lo local, de la Ley para la

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, a través de la implementación de casas de acogida y sensibilización sobre su derecho a una vida libre de violencia y no discriminación.

63 

En el caso de las personas con discapacidad, se requiere la adecuación de entornos

inclusivos en el ámbito público, en la prestación de servicios, acceso a la justicia, a fin de que puedan ejercer una ciudadanía plena, en condiciones de autonomía y sin discriminación.

Las recomendaciones a partir de los resultados alcanzados son: ● Recomendar a la sociedad cumplir con el principio de corresponsabilidad y participación ciudadana, establecido en el Art. 83 de la Constitución de la República, entre las cuales destacan respetar los derechos humanos de los grupos de atención prioritaria y exigir su cumplimiento, denunciar los actos de corrupción que afectan la ejecución de las políticas públicas a favor de los grupos vulnerables, promover la igualdad y no discriminación, y cuidar de las niñas, niños, adolescentes, personas mayores, mujeres víctimas de violencia y discriminación y personas con discapacidad.

● Recomendar al Gobierno Municipal del cantón Santo Domingo, la actualización de la Agenda de Igualdad Santo Domingo 2015-2019, a fin de que incorpore los contextos propios del confinamiento, así como proyectos y programas para atender las vulnerabilidades de los cuatro grupos de atención prioritaria investigados.

● Recomendar a la Academia, en función de las dificultades encontradas como autoras del proyecto, que se incorpore proyecto de vinculación con la comunidad que permitan un aporte significativo en la construcción de una Agenda de Igualdad en el cantón, en circunstancias de nueva normalidad.

64

7.

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de

70

8.

ANEXOS

Anexo 1. Constancia de Validación de instrumento de recolección de datos

71

Anexo 2. Entrevista realizada al grupo de mujeres

72

Anexo 3. Entrevista realizada al grupo de mujeres

73

Anexo 4. Entrevista realizada al grupo de mujeres

74

Anexo 5. Entrevista realizada al grupo de mujeres

75

Anexo 6. Entrevista realizada al grupo de personas con discapacidad

76

Anexo 7. Entrevista realizada al grupo de personas con discapacidad

77

Anexo 8. Entrevista realizada al grupo de personas con discapacidad

78

Anexo 9. Entrevista realizada al grupo de personas con discapacidad

79

Anexo 10. Entrevista realizada al grupo de personas con discapacidad

80

Anexo 11. Entrevista realizada al grupo de personas con discapacidad

81

Anexo 12. Entrevista realizada al grupo de personas con discapacidad

82

Anexo 13. Entrevista realizada al grupo de personas con discapacidad