Informe 2010 DESCA by Jorge Cruz

DESCA Derechos Econ贸micos, Sociales, Culturales y Ambientales

INFORME

INFORME ANUAL sobre la Situaci贸n de los Derechos Econ贸micos, Sociales, Culturales y Ambientales en M茅xico, 2009-2010.

Índice

Créditos

Presentación

Capítulo 1. El derecho a la alimentación

Capítulo 2. El derecho a la salud

Capítulo 3. Derechos laborales

Capítulo 4. Derecho a la educación

Capítulo 5. Derecho a la vivienda digna

Capítulo 6. El derecho a un medio ambiente sano

Créditos Coordinadora del proyecto: Investigadoras:

Mtra. Ana Luisa Nerio Monroy Salomé Almaraz Reyes (Salud y Vivienda)

Angélica Gay Arellano (Derechos Laborales y Medio Ambiente)

Ana Luisa Nerio Monroy (Alimentación y Educación)

Casos a cargo del Área Jurídica: Agradecemos el apoyo de:

Diseño de portada e interiores: Impresión:

Alfonso García Castillo Victoria Beltrán Camacho Guadalupe Hernández Hernández Liliana Hidalgo Villegas Mónica Mendoza Rojas José de Jesús Méndez Torres Tania Muñoz Fernández Alberto Soto Aguilar María de la Paz Mújica Guarneros Jorge Cruz C. Creativa Impresores

Presentación Como cada año desde el 2003, el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C, tiene el gusto de presentar su Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales 2009-2010, (Informe DESCA 2010). En éste damos cuenta de la situación que guardan seis derechos humanos: alimentación, salud, vivienda, derechos laborales, medio ambiente y educación. Durante un año el Área de Investigación de este Centro se dio a la tarea de recopilar información que posteriormente se seleccionó, sistematizó y analizó, con la finalidad de verificar los avances y retrocesos que en materia de derechos humanos se presentan en nuestro país. En cada capítulo estudiamos el marco normativo (internacional, regional y nacional) que protege cada derecho, así como las políticas públicas que el Estado mexicano implementa en materia de DESCA. Uno de los ejes de nuestra reflexión para este Informe DESCA 2010 es la conmemoración del Centenario de la Revolución Mexicana. Los ideales revolucionarios de justicia social, fueron entre otros, los motivos que dieron origen al movimiento armado que inició formalmente en 1910. Estos ideales tuvieron una de sus expresiones más acabadas y vanguardistas para su tiempo en la Constitución Política de 1917. Así, a la luz de las luchas sociales de las primeras décadas del siglo pasado que buscaban terminar con la pobreza, el hambre, la enfermedad, la ignorancia, la explotación

laboral y la desigualdad social y económica, en este informe revisamos la situación actual del país en materia de los DESCA. En esta investigación el lector encontrará información sobre temas actuales como el problema de salud pública que significa el sobrepeso y obesidad infantil; la siembra experimental de maíz transgénico, y la pérdida de soberanía alimentaria del país. Se aborda la situación en materia de acceso y goce del derecho a la salud de grupos de población discriminados como personas que viven con VIH/ Sida, y las deficiencias de programas de salud como el Seguro Popular. Se estudia también el impacto del Cambio Climático en el disfrute y ejercicio del derecho al medio ambiente sano, y los resultados de la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático celebrada en México en diciembre de 2010. Respecto a los derechos laborales, se revisan violaciones tales como el desempleo, la precarización del empleo y la vulneración a los derechos sindicales y actualizamos la información sobre la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC). La propiedad de la tierra, el territorio, la vivienda en zonas de riesgo y los desalojos, son otros de los temas analizados. En materia educativa se abordan aspectos como la calidad de la educación, la exclusión educativa de grupos como personas con discapacidad y de las juventudes. Como en los Informes DESCA 2008 y 2009, este año incluimos algunos de los casos que litiga nuestra Área Jurídica. Consideramos que 5

la documentación de estos casos contribuye al análisis de las estrategias jurídicas, aún poco exploradas en México, para hacer justiciables los DESCA. En ese sentido, deseamos agradecer a nuestros abogados, Victoria Beltrán Camacho y Alfonso García Castillo por colaborar en la elaboración de esta investigación. El Centro Vitoria desea reconocer y agradecer el trabajo realizado para este informe de sus investigadoras: Salomé Almaraz Reyes, Angélica Gay Arellano, y de la Mtra. Ana Luisa Nerio Monroy. Finalmente, deseamos agradecer a la Fundación John D. and Catherine T. MacArthur su apoyo para la publicación de esta investigación, así como al resto del equipo de colaboradoras y colaboradores del CDHFFV porque este trabajo es también producto de un compromiso compartido. Dr. Miguel Concha Malo, Director del CDHFFV Marzo de 2011

El derecho a la alimentación

Introducción

Entre los diversos objetivos del movimiento revolucionario que inició formalmente en 1910, se encontraban la erradicación de la pobreza que aquejaba al país; y elevar la calidad de vida de la población, lo que a su vez implicaba acabar con el hambre, la enfermedad y el analfabetismo. Una lucha prioritaria era el reparto agrario. Lemas como “La tierra es de quien la trabaja” y “Tierra y libertad”, sintetizaban en unas cuantas palabras una realidad llena de injusticia, concentración de la tierra y de la riqueza, así como un largo historial de maltratos, abusos y explotación en contra de campesinas y campesinos, y el sector obrero. A cien años de la Revolución Mexicana, la primera revolución social del Siglo XX, no todos los ideales revolucionarios se han cumplido a cabalidad. Aún hay mucha pobreza y una gran desigualdad económica y social en el país. Hoy, los derechos sociales son derechos humanos altamente violentados. Ninguno es realmente respetado, garantizado y protegido por el Estado mexicano. En este capítulo abordaremos el derecho a la alimentación, un derecho humano de carácter social. Para el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C., es de gran importancia analizar a la alimentación como un derecho humano y no limitarla a su aspecto nutricional. El derecho a la alimentación está vinculado con la producción de alimentos y la situación del campo. Por ello, hablamos también de soberanía alimentaria. México es un país en verdadero riesgo de perder su soberanía alimentaria. El campo está cada vez más abandonado y nuestra dependencia de las importaciones de alimentos se incrementa peligrosamente. A este panorama hay que sumar la siembra de maíz transgénico que pone en peligro a las semillas criollas del país. En materia nutricional la situación no es muy halagüeña. Tenemos la población infantil y adulta más obesa del Mundo. Y como si esto no fuera grave, la venta de comida chatarra en escuelas se mantiene, aunque disfrazada con empaques más pequeños, productos bajos en calorías (no recomendados para menores de edad en otros países) o botanas supuestamente “nutritivas o equilibradas”. De todo esto y más se trata este capítulo.

1. El derecho a la alimentación El derecho a la alimentación es aquél que poseemos todas las personas de tener acceso físico y económico, individual o colectivamente, de manera regular y permanente, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, y a los medios necesarios para producirla, de forma que se corresponda con las tradiciones culturales de cada población y que garantice una vida física y psíquica satisfactoria y digna.1 La alimentación es un derecho humano indispensable para la reproducción de la vida y para el disfrute y ejercicio del resto de los derechos. El derecho a la alimentación “es también inseparable a la justicia social, pues requiere de la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas en los planos nacional e internacional, orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute por todos de los derechos humanos”2. Características y componentes del derecho a la alimentación

La Observación General 12 (OG 12) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señala que la alimentación debe ser suficiente para aportar una combinación de productos nutritivos que satisfagan las necesidades humanas de crecimiento físico y mental; de desarrollo, de mantenimiento y de actividad física, en todas las etapas del ciclo vital y de acuerdo con el sexo y la ocupación. Debe ser adecuada a las condiciones sociales, económicas, culturales, climáticas, ecológicas y de otro tipo, imperantes en un espacio y en un tiempo determinado. Su sostenibilidad depende del acceso a los alimentos por parte de las generaciones presentes y futuras. Los alimentos tendrán que ser inocuos, o sea, carecer de sustancias nocivas. Asimismo los alimentos deben ser aceptables para una cultura o unos consumidores determinados. Esto se logra tomando en cuenta los valores no relacionados con la nutrición que se asocian a los alimentos y su consumo. Los alimentos deben estar disponibles mediante la explotación de la tierra productiva u otras fuentes naturales de alimentos; o por medio de sistemas de distribución, elaboración y de comercialización que trasladen los alimentos desde el lugar de producción a donde sea necesario según la demanda. Los alimentos deben ser accesibles económica y físicamente. En el primer caso, los costos financieros personales o familiares asociados con la adquisición de los alimentos deben estar a un nivel tal que no se vean amenazados o en peligro la provisión y la satisfacción de otras necesidades básicas de las personas. En el segundo, los alimentos adecuados deben ser accesibles a todos, en todo momento y circunstancia. 1 Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Jean Ziegler, Informe del Relator Especial E/CN.4/2004/10, 9 de febrero del 2004. 2 DECA Equipo Pueblo, A.C - Comisión de Derechos Humano del Distrito Federal (CNDHDF), Manual sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Guía didáctica de educación, México, 2004, p.64.

2. Marco jurídico que protege el

derecho a la alimentación: situación, avances y retrocesos. El derecho internacional establece el derecho de todas las personas a una alimentación adecuada, así como el derecho fundamental a vivir sin pasar hambre. Entre los instrumentos internacionales que reconocen y protegen este derecho se encuentra por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos (art.25) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que reconoce el derecho a la alimentación en el artículo 11. En el nivel regional, el derecho a la alimentación se encuentra en el artículo 12 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia DESC, conocido como “Protocolo de San Salvador”, que entró en vigor en México el 16 de noviembre de 1999. En al ámbito nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) no reconoce de manera explícita el derecho a la alimentación, y sólo lo menciona en el artículo cuarto que señala: “Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación...” A pesar de que desde la década de los noventa del siglo pasado existe un movimiento a favor del reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación, esto no se ha logrado. Inclusive entre 2003 y 2004 parecía que un dictamen que adicionaba al artículo cuarto constitucional un párrafo que reconocía este derecho, pasaría. No fue así y dado que la reforma constitucional en materia de derechos humanos está bastante estancada, no vemos de momento posibilidades de que la situación cambie. Cabe señalar que la

ONU, que vigila el cumplimiento del PIDESC por medio del Comité DESC insistió en 1999 en que los países debían legislar para proteger el derecho a la alimentación. En materia legislativa, durante 2010 se presentó un avance positivo ya que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 368 votos reformas a los artículos 65 y 66 de la Ley General de Salud que permitirán combatir la obesidad infantil, eliminar la comida chatarra en las escuelas, e introducir de manera obligatoria 30 minutos diarios de ejercicio físico dentro de los planteles. Sin embargo, este avance se vio opacado debido a las decisiones tomadas por la Secretaría de Salud (SS) y la Secretaría de Educación Pública (SEP). La reforma al artículo 66 indica que “en materia de higiene escolar, corresponde a las autoridades sanitarias establecer las normas oficiales mexicanas para proteger la salud del educando y de la comunidad escolar, procurando que los alimentos expendidos en las escuelas tengan un mayor aporte nutrimental, evitando los alimentos procesados altos en grasas y azucares simples; las autoridades educativas y sanitarias se coordinarán para la aplicación de las mismas.” Así, fueron la SS y la SEP quienes emitieron los reglamentos y lineamientos para la venta de alimentos en las tiendas y cooperativas escolares. Estos reglamentos resultaron muy relajados en comparación del problema de obesidad y sobrepeso infantil que tiene México. De acuerdo a organizaciones civiles expertas en el tema de alimentación como El Poder del Consumidor y el Centro de Orientación Ali9

mentaria, los lineamientos anunciados por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud en torno a la venta de alimentos en las escuelas, son buenos pero insuficientes para atender la gravedad del problema. Se requiere una estrategia integral que incluya desde la regulación de la publicidad, del etiquetado de los productos, la promoción de una cultura alimentaria saludable, del ejercicio y deporte; así como la recuperación de una dieta tradicional mexicana. Los lineamientos prohíben la venta de alimentos con contenidos altos de azúcar, sales y grasas, pero no establecen procedimientos para regular la publicidad que ha fomentado durante años el consumo de alimentos que fomentan el sobrepeso y la obesidad. Además los lineamientos no contemplan regulación de la publicidad y venta de alimentos chatarra en lugares frecuentados por niñas y niños como museos y espacios recreativos.

3. Situación del derecho a la

alimentación en México: algunos temas y problemas

3.1.Estado nutricional de la población

El estado nutricional de la población es uno de los componentes del derecho a la alimentación pues nos da cuenta de su ejercicio efectivo. Cuando hay pobreza o desigualdad económica y social, el acceso físico, pero sobre todo el acceso económico a los alimentos de calidad y en cantidad suficiente, no existe. En México el sobrepeso y la obesidad se han convertido en problemas de salud pública que urge atender con políticas públicas integrales y eficientes.

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 (Ensanut 2006) • La baja talla o retraso en el crecimiento (desmedro), generado por una mala alimentación, favorece que las niñas y niños sean más vulnerables a enfermedades infecciosas, presenten retraso en el desarrollo mental y mayores tasas de deserción escolar. • La desnutrición (en sus distintos grados), ha disminuido en los últimos 20 años. • El 12.7 de los niños y las niñas menores de 5 años, y el 10.4 por ciento de los niños y 9.5 por ciento de las niñas entre 6 y 11 años, presentan baja talla para su edad. • El 11.8 por ciento de la población entre cero y 14 años viven en municipios con riesgo nutricional alto y 19.3 por ciento en riesgo nutricional muy alto o extremo. • La desnutrición en zonas urbanas no ha sufrido modificaciones significativas en los últimos 15 años, a diferencia de las zonas rurales en donde se aprecian descensos importantes en el sur y en el norte, y descensos modestos en el centro del país. • 1.8 millones de niños en edad preescolar padecen anemia en todo el país, y cerca de 645 mil niños están en riesgo de padecerla. • La anemia tiene mayor prevalencia en 11 entidades federativas: Baja California, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Sonora, Puebla, Tabasco, Veracruz, Hidalgo, Michoacán y Yucatán.

Debemos recordar que ante el grave problema de salud pública que representa el sobrepeso y obesidad infantil y adulta, el Gobierno Federal diseñó y presentó el 25 de enero de 2010, el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria. Una estrategia contra el sobrepeso y la obesidad, que plantea tres metas: 1) Revertir en los niños de dos a cinco años el crecimiento explosivo que tiene la prevalencia del sobrepeso y la obesidad; 2) Detener en la población entre los cinco y los 19 años el avance acelerado de la prevalencia de sobrepeso y obesidad; 3) Desacelerar el crecimiento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los adultos. Esta estrategia incluyó la realización de foros de discusión entre sociedad, gobierno y la industria de los alimentos. Hay un órgano de evaluación y seguimiento de los compromisos establecidos, y de los resultados de los foros denominado Consejo Nacional para la Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas no Transmisible. El acuerdo fue firmado en Los Pinos por los secretarios de Salud, de Educación, de Hacienda, de Economía, del Trabajo, de Marina, de Defensa y de la Reforma Agraria, y por los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).3 Curiosamente el Gobierno Federal se contradice y mientras por un lado señala la gravedad del problema de sobrepeso y obesidad en el país, “la versión final de la regulación de alimentos y bebidas en las escuelas, entrega

a las empresas un mercado cautivo manteniendo el deterioro de los hábitos alimentarios de los niños, alejándolos del consumo de los alimentos naturales y la hidratación con agua, y exponiéndolos a un nuevo riesgo en salud: las bebidas y alimentos con edulcorantes no calóricos. De esta manera, se actúa en contra de los objetivos de los lineamientos originales y del propio Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria que se centraban en la promoción del consumo de frutas y verduras y en la hidratación a través de agua.”4 *El Secretario de Salud. José Ángel Córdoba señaló que como unos de los efectos de la obesidad infantil, en 2009 se registraron más de 700 niños con diabetes mellitus, enfermedad que sólo se veía en los adultos mayores de 40 años, lo que significa que en 15 años, si no se tiene un control, podrían tener complicaciones invalidantes. *El 72 por ciento de las mujeres en el país y el 66 por ciento de los hombres mayores de 20 años, así como el 26 por ciento de niños en edad escolar, padecen obesidad, es decir, casi 43 millones de personas. *El Secretario de Salud del Distrito Federal, Armando Ahued señaló que para esta entidad el problema es aún más grave, pues el 75.4 por ciento de las mujeres, el 69.8 por ciento de los hombres mayores de 20 años (cuatro millones de personas) y el 35 por ciento de los niños (medio millón), tienen sobrepeso u obesidad. Fuente: Segundo Foro Nacional de Salud Alimentaria región Centro.

3 Centro de Derechos Humanos “fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México, 2008-2009. (Informe DESCA 2009). CDHFFV-Fundación John and Catherine MacArthur, abril 2010. 4 El Poder del Consumidor, Boletín de prensa, octubre 2010.

1.1. Acceso económico a los alimentos y pobreza El Comité DESC de de la ONU señala que la pobreza es la negación de los derechos humanos que “se caracteriza por la sostenida y crónica privación de recursos, capacidades, opciones, seguridad y poder necesarios para el disfrute de un nivel de vida adecuado y otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales”. Se puede concluir que el hambre es una de las expresiones más crueles de la pobreza y una violación a los derechos humanos de impacto devastador en el desarrollo de las personas y por lo tanto de los pueblos y países. El Comité Técnico para la Medición de la Pobreza (CTMP), define a la pobreza alimentaria como la incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible del hogar para comprarla.

En 2008, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH), del total de la población del país 18.2 por ciento se encontraba en pobreza alimentaria. Es decir: más de 3 millones 800 mil hogares no cuentan con el ingreso suficiente para comprar los bienes de la canasta básica. Las entidades que presentan mayores porcentajes de su población total población en pobreza alimentaria (datos de 2005) son Chiapas (47 por ciento), Guerrero (42 por ciento) y Oaxaca (38 por ciento).

Diversos estudios muestran que la población con menores ingresos invierte un mayor porcentaje de éstos en alimentos. Por lo tanto, una crisis alimentaria o el alza de precios de los productos alimentarios, tiene un impacto negativo y considerable en el ejercicio de su derecho a la alimentación. De acuerdo con el informe del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), “Dimensiones de la Seguridad Alimentaria: Evaluación estratégica de Nutrición y el Abasto” (2010), “con base en los resultados de la ENIGH 2008, 34 por ciento del total del gasto de los hogares mexicanos se destinó a la compra de alimentos. El porcentaje de gasto en alimentos para la población rural de las noventa localidades analizadas en la Encuesta Nacional de Abasto, Alimentación y Estado Nutricio en el Medio Rural (ENAAEN) fue de 50.4 por ciento. La información de la ENIGH muestra que el porcentaje promedio del gasto en alimentos de la población del primer decil es de 52 por ciento, mientras que el porcentaje para la población del último decil es de 23 por ciento. Para las familias de la ENAAEN, los porcentajes de gasto en alimentos son de 58.2 y 7.4 por ciento para el primer y último decil, respectivamente. Estos resultados hacen evidente una mayor dependencia y vulnerabilidad de los hogares de menores ingresos ante un alza de precios de los alimentos, aunque es indispensable señalar que los hogares de los primeros deciles también presentan un mayor autoconsumo respecto al gasto corriente no monetario”5. 12

La vinculación producción, apoyo al campo, políticas públicas y derecho a la alimentación puede verse al revisar el programa de apoyo a la cadena maíz-tortilla que tuvo una reducción considerable pues mientras en 2009 fue de 900 millones de pesos en 2010 descendió a 90 millones. Este subsidio lo otorga el gobierno federal por tratarse de una industria de alto impacto económico ya que el maíz y la tortilla son un alimento básico para los mexicanos. El apoyo se entregó en la segunda mitad del año con la finalidad de mantener los precios de la masa y la tortilla entre 8.50 y 9 pesos por kilo.6 Es evidente que en el caso de maíz, que los apoyos del estado a la actividad agrícola no redundan en beneficios sólo para los productores sino para los consumidores finales y que al reducir este tipo de apoyos, se afecta también a las familias y su derecho a la alimentación. Informe sobre avances del derecho a la alimentación en México (Fundación Ayuda en Acción y FAO) La pobreza es una de las características que distinguen al sector rural, de ahí que al hablar de las condiciones de los habitantes del medio rural se tiende a pensar en bajos ingresos, desnutrición y condiciones de vida más extremas en comparación con las de áreas urbanas. • De los 18.1 millones de personas que viven en los municipios considerados de muy alta y alta marginación, 80.6 por ciento corresponde a población rural. • De los 2.8 millones de personas ocupadas en los municipios netamente rurales, los que no reciben ingresos o hasta un salario mínimo representan 55.6 por ciento y en la Población Económicamente Activa (PEA) primaria, 74.3 por ciento. La proporción de la población que no recibe ingresos o recibe sólo un salario mínimo, tanto para la PEA total como para la PEA primaria, aumenta en la medida en que los municipios son cada vez más rurales. • En los municipios rurales el PIB per cápita asciende a 2.310 dólares anuales (6,30 dólares/día), vale decir, seis veces menor que el que se obtiene en municipios urbanos. • Las áreas rurales para satisfacer sus necesidades básicas requieren en promedio hasta 20 años, mientras que los municipios urbanos sólo 11.4 años. Para superar los rezagos, hay municipios rurales que requieren de 86.5 años para disponer de agua al interior de la vivienda; 27.2 años en drenaje, 48.9 para superar el hacinamiento y 36.6 años para contar con pisos de tierra. Fuente: Fundación Ayuda en Acción, International Food Security Network, Action Aids e Iniciativa America Latina y Caribe sin hambre, “Informe sobre avances en el derecho a la alimentación, México, 2009.

5 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Dimensiones de la Seguridad Alimentaria: Evaluación estratégica de Nutrición y el Abasto, México, Coneval 2010. Página 32. 6 Ivette Saldaña, “Aún o aterrizan los apoyos para la cadena maíz-tortilla”, El Financiero, 6 de julio de 2010. P. 11.

3.2. Crisis alimentaria y Cambio Climático

El Cambio Climático y sus consecuencias en la producción de alimentos fue más que evidente en la crisis alimentaria de 2008. Hoy el riesgo no está superado y organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y el Banco Mundial (BM), ya han señalado la importancia de que los países fortalezcan y mejoren sus capacidades internas para producir alimentos. Esto no pasa en México donde desde hace ya varias décadas el campo ha sufrido del abandono del Estado. Actualmente México no goza de soberanía alimentaria. La actividad agrícola ha sido golpeada por la ausencia de políticas públicas eficaces, el clientelismo de las dependencias gubernamentales ligadas a este sector económico y a las prácticas caciquiles que lo creamos o no, como en los viejos tiempos del Porfiriato y la post Revolución Mexicana, existen y concentran un gran poder político y económico. Existe un fuerte peligro de que la crisis de los alimentos de 2008 se repita en los próximos años a consecuencia del Cambio Climático, ya que éste ha afectado la producción de granos en países como China, Rusia y Francia. Las sequías o inundaciones en estos países han obligado a reducir sus exportaciones. Por ejemplo, Rusia, el cuarto productor de trigo a nivel mundial, ha decidido reducir sus exportaciones previniendo desabasto en el futuro próximo. Por su parte, China, víctima de inundaciones también generadas por el Cambio Climático, también se está replanteando su estrategia de exportación de granos. Cabe destacar que al encarecerse el trigo, sube de precio el maíz ya que muchos consumidores sustituyen al primero con maíz, incrementándose su demanda.8 El Cambio Climático (CC), de acuerdo a especialistas como el Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Víctor Villalos, tendrá un impacto importante en la producción agrícola del Mundo. México será un país afectados por el CC sobre todo en el cultivo del maíz. El setenta por ciento del agua utilizada en la agricultura es dulce, por lo que es necesario pensar 7 Guillermo Knochenhauer,” Soberanía alimentaria”, El financiero, p. 29. 8 Clara Zepeda Hurtado, “Precios de granos se disparan por violento cambio climático”, El financiero, 9 de agosto de 201 0.

en métodos de cultivo en los que no se desperdicie este líquido vital. Villalobos señaló que “Resulta fundamental desarrollar nuevas tecnologías, producir de manera armónica con el medio ambiente y atender el aspecto de seguridad alimentaria…”9 3.2. Soberanía alimentaria y situación del campo

Para disfrutar del derecho a la alimentación se debe garantizar la seguridad alimentaria, la cual significa que todas las personas deben tener acceso físico y económico a suficientes alimentos, inocuos y nutritivos, para satisfacer sus necesidades alimentarias y de nutrición, y llevar una vida sana. Seguridad y soberanía alimentaria están muy vinculadas. Mientras la primera implica el acceso a los alimentos, la segunda se refiere a la capacidad de un Estado para producirlos. En México, desafortunadamente contamos con una cada vez más limitada soberanía alimentaria, consecuencia de que el gobierno no ha logrado diseñar y concretar una política de largo plazo que garantice la producción agrícola nacional. Durante el mes de abril del 2010, la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social (Unimos) señalaron su preocupación por que la sequía y la falta de fertilización en el 40 por ciento del total de las hectáreas que se siembran en el país, ponían en riesgo el abasto de alimentos. Al faltar producción, se incrementan los precios de granos, forrajes y verduras.10 Esto a su vez tiene un fuerte impacto en el bolsillo de los consumidores, particularmente de los de bajos ingresos. México sigue importando grandes cantidades de granos. De hecho la sequía de 2009 generó la pérdida de 700 mil hectáreas de alimentos y causó un incremento del 1 por ciento en las importaciones de granos y oleaginosas en 2010. De continuar esta tendencia, inves-

tigadores señalan que para el 2012, México dependerá en más del 80 por ciento de las importaciones de granos y oleaginosas, principalmente de Estados Unidos. Hay incremento sobre todo en las importaciones de maíz, arroz, semilla de canola, avena y frijol. Por otra parte los precios internacionales se han mantenido a los niveles de los años de la crisis, lo que implica que son caros. En materia de soberanía alimentaria, resulta preocupante que los productores nacionales estén en una situación tan vulnerable. De acuerdo con la Confederación Nacional de Productores de Arroz de México (CNPAM), las ventas de arroz nacional se desplomaron un 40 por ciento en 2010 y señalaron que de continuar así, México dependerá en un 80 por ciento de las importaciones de este grano bá-

9 Leticia Rodríguez López, “México, uno de los perdedores con el cambio climático”. El Financiero, 13 de septiembre de 2010, p. 14. 10 Héctor A. Chávez Maya, El Financiero, “Sin freno, alza en los precios de alimentos; afecta bolsillo de las familias, 26 de marzo 2010. 11 Héctor A. Chávez Maya, “En riesgo, productores nacionales de arroz”, El Financiero, 30 de julio 2010, p. 16.

sico. De acuerdo a la CNPAN, las importaciones de arroz están afectando a los productores nacionales que tienen toneladas de este grano en bodegas ya que no puede competir con el precio de las importaciones que está en 7 pesos kilo, mientras el arroz nacional está en 7.50 (precios de agosto de 2010) y que termina comercializado en 22 pesos. Los productores nacionales de arroz han señalado que están trabajando en planes para aumentar la producción nacional y bajar la dependencia que se tiene de otros países. 11 Otro de los problemas que se presenta es la incapacidad de los productores para contar con los insumos para realizar sus actividades. Actualmente el gobierno federal tiene como política el incremento de ocho centavos cada mes al precio de los energéticos, lo que afecta o minimiza los beneficios del subsidio de dos pesos al diesel agropecuario aprobado por la Cámara de Diputados para los productores del campo en el presupuesto de 2010. El constante aumento en el precio de los combustibles impacta en la actividad agrícola debido a su uso en maquinarias y transportes utilizados por los agricultores. Por otra parte, la actividad agrícola ha dejado de ser atractiva y el campo ya no es una opción de vida. Las campesinas y campesinos se enfrenten a un deterioro constante de su calidad de vida, de falta de acceso a servicios de salud, agua potable, vivienda digna y a la pobreza. En su informe del primer año de trabajo, el Coordinador de los Diputados Federales de la Confederación Nacional Campesina (CNC), señaló que “durante los últimos tres años se ha deteriorado en un 44 por ciento el nivel de vida de los campesinos mexicanos. Así, sólo

tres millones 954 mil pueden adquirir los productos de la canasta básica, mientras que al menos 28 millones 280 mil están imposibilitados para hacerlo con sus ingresos actuales”. 12 3.4. Políticas públicas para el campo

Existe discusión acerca de si en México se apoya o invierte lo suficiente en el campo. Se acusa a las y los campesinos mexicanos de ser poco productivos e ineficientes. Sin embargo existen ejercicios exitosos como los que Víctor Supárez, director de la Asociación nacional de empresas Comercializadoras de Productos del Campo (ANEC), ha señalado. Suárez ha documentado que cuando los campesinos están bien organizados y logran vincularse de manera eficiente con el mercado pueden ser muy productivos y altamente competitivos frente a los grandes productores agroindustriales. Y es que en México sí se destinan bastantes recursos públicos al campo, el problema es que de éstos sólo el 15 por ciento se dedica al fomento productivo y el resto es para programas de tipo social (por ejemplo Oportunidades) y estímulos productivos que se destinan a personas en específico, los que si bien son necesarios y en muchos casos útiles no están cambiando problemas estructurales. Esto se refleja en la baja productividad del campo pues hay un crecimiento promedio de 2.5 por ciento, mientras en países como Chile, este crecimiento es del 6 por ciento.

12 Héctor a. Chávez, Cae 44 % el nivel de vida de campesinos”, El financiero, 23 de julio, p. 15.

13 Héctor A. Chávez, “Necesario, revisar el Procampo: senadores”, El fiinanaciero, 8 de abril de 2010, p. 11.

En 2009 el secretario de agricultura, Francisco Mayorga Castañeda, fue señalado por recibir apoyos de programas públicos, para sus empresas de producción y comercialización de alimentos. Entre tales programas se ubica Procampo, el cual fue defendido por Mayorga ante los cuestionamientos que en abril de 2010, los senadores de diferentes partidos políticos le realizaron por el incumplimiento del mismo. Apuntaron que este programa no está logrando generar mayor competitividad, a lo que Mayorga aseguró que Procampo, sirve de plataforma para operar otros subsidios como el de la comercialización, el diesel y la agricultura por contrato. Según el funcionario, la depuración que se realiza a Procampo, tiene como objetivo mejorarlo, hacerlo más eficiente y así permitir que los recursos lleguen a quienes sí trabajan la tierra, y no a quienes la han dejado en el abandono. Otro programa importante para apoyar al campo, y que se encuentra en revisión, es el Programa Especial Concurrente (PEC). El secretario de agricultura, Francisco Mayorga Castañeda presentó una propuesta de reingeniería presupuestal que busca mejorar el PEC. “La idea es mejorar la eficiencia en la aplicación de los recursos debido a que de 2000 a la fecha se ha triplicado el presupuesto que el gobierno federal destina al campo por medio de la Secretaría de Agricultura (SA) al pasar de 24 mil 713 millones de pesos a 72 mil 908. 5 millones, sin que ello se refleje en el incremento de la producción de alimentos.”14 El PEC y la SA fueron muy cuestionados por las Comisiones Unidas para el Campo de la Cámara de Diputados que en 2010 manifestaron su preocupación porque cada año se destinan más recursos al PEC, pero no es un verdadero motor de la productividad en el campo. Analistas han señalado

que este programa carece de viabilidad, no tiene metas ni indicadores y existe una gran dispersión de apoyos gubernamentales para el sector. Tampoco ha funcionado como mecanismo de coordinación de los programas de gasto para el desarrollo rural pues los apoyos se dan por separado. La idea y necesidad de simplificar y hacer más eficaces los programas gubernamentales para el campo, buscan atender recomendaciones internacionales pues “la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estima que de 85 programas y proyectos federales, tomando como referente de análisis a los ocho programas-eje de la Sagarpa, 52 presentan duplicidad de apoyos, entre ellos 15 relacionados con activos productivos y 23 con instrumentos de soporte” 15 3.5. Soberanía alimentaria y Orga-

nismos Genéticamente Modificados (OGM)

La protección de las semillas es parte importante de la soberanía alimentaria. Actualmente existe una fuerte discusión sobre el uso de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), o conocidos también como transgénicos. La ciencia ha permitido que la información genética contenida en el ADN pueda ser artificialmente modificada y en el caso de los OGM, genes que no se mezclarían de manera natural, lo hacen. Diversas empresas trasnacionales han encontrado en la producción de semillas transgénicas una forma de obtener altas ganancias. Entre éstas encontramos a Monsanto, Dupont/Pioneer, Syngenta (Novartis y AstraZeneca), Aventis, DOw Agroscience, Bayer y BASF.16

14 Héctor A. Chávez Maya, “Urge reingeniería presupuestal en el campo” El Financiero, 6 de agosto de 2010. 15 Héctor A. Chávez Maya, “Urge reingeniería presupuestal en el campo” El Financiero, 6 de agosto de 2010.

Nuestro país es el centro de origen del maíz y también el país con el mayor número de variedades de esta semilla. Esta riqueza se encuentra en peligro con la siembra experimental de transgénicos. Las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), aprobaron la realización de siembras experimentales de maíz transgénico en 2009. Diversos expertos en alimentación, producción agrícola, organizaciones civiles ambientalistas y de derechos humanos, así como movimientos campesinos, han manifestado su rechazo a la siembra de maíz transgénico por los riesgos que ello implica para la producción de esta semilla, la cual es originaria de Méxi-

co. Ya existen cultivos de maíz transgénico en Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua y La Comarca Lagunera, Coahuila. En ese sentido el Centro Vitoria junto con Greenpeace y organizaciones de productores, denunciaron a principios del 2010 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Secretaría de Agricultura, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Procuraduría General de la República (PGR), por la falta de investigación sobre la entrada ilegal de semillas y maíces transgénicos al estado de Chihuahua, antes de la aprobación de la regulación de 2009.

¿Por qué nos oponemos a las siembras experimentales de semillas transgénicas y particularmente del maíz? 1) Reducción de la biodiversidad agrícola y la pérdida de soberanía alimentaria. 2) Riesgo de que poblaciones tanto silvestres como cultivadas, para las que no fueron diseñadas las modificaciones genéticas, se contaminen por transgenes. Además se generan plagas o maleza resistentes a los herbicidas y plaguicidas. 3) No se puede asegurar la inocuidad de los alimentos y semillas genéticamente modificadas, esto lo dice la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), que además señaló que existen dudas sobre la rigurosidad de las pruebas hechas a estos alimentos y semillas. 4) Los efectos nocivos para la salud humana se ha observado varios años después del consumo de los OGM. En Japón y Estados Unidos ya ha sido probado esto. El Estado debe aplicar el principio precautorio y poner por encima de los intereses de las trasnacionales de la biotecnología y la agroindustria, la salud y vida humana. 5) El maíz es una planta de polinización abierta, es decir una planta poliniza a otra. Por lo que existe el riesgo de que puedan mezclarse variedades nativas con las genéticamente modificadas, acabando con la biodiversidad nacional. 6) Las y los campesinos están expuestos a tener que pagar por uso de patentes si sus siembras se contaminan de OGM. Además pueden sufrir, como ya ha pasado en otros países de acoso, investigación y demandas por supuestas violaciones al derecho a la propiedad intelectual.

4. La defensa Jurídica de los DES-

CA: seguimiento al caso Organismos Genéticamente Modificados (Maíz) Desde el 2008 el Área Jurídica del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C., ha trabajado, junto con otras organizaciones, para denunciar la siembra ilegal de maíz transgénico en el país. Con la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), que no protege al maíz nacional se violan los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), en cuanto a seguridad jurídica y acceso a la justicia, toda vez que los ilícitos denunciados no han sido investigados adecuadamente. A más de 3 años de la interposición de las denuncias no se han resuelto las averiguaciones previas a pesar de existir constancia de la contaminación por maíz transgénico. El Centro señala que este caso se violan los siguientes preceptos jurídicos:

• Artículo 25 de la Convención Americana, al no existir un recurso efectivo para combatir el marco normativo que permite la siembra de maíz transgénico en México; • Artículo 13 de la CADH en lo referente al acceso a la información, ya que el marco normativo que regula la siembra de maíz transgénico no garantiza que los agricultores identifiquen el tipo de maíz que están sembrando (afrontando posteriormente consecuencias por sembrar maíz transgénico sin su conocimiento), ni garantiza información a los consumidores. • Artículo 21 de la CADH referente al derecho a la propiedad, toda vez que a falta de regulación y la falta de investigación tiene como consecuencia que se contaminen los cultivos, lo que puede acarrear demandas por parte de las empresas que poseen las patentes de las semillas transgénicas. • Artículo 24 de igualdad ante la ley, toda vez que las disposiciones que permiten la siembra de transgénicos, no establecen protección suficiente ante la posible contaminación, favoreciendo a las empresas productoras de transgénicos frente al grueso de la población. • Artículo 4 de la CADH, toda vez que al permitirse la introducción de maíz genéticamente modificado, se ha pasado por alto el principio precautorio que debe de imperar en este tipo de decisiones y que ordena que donde haya amenaza de daño serio o irreversible, la falta de total certeza científica no deberá ser usada como una razón para posponer medidas costoefectivas para prevenir la degradación ambiental. La contaminación derivada de la inactividad del Estado y su impulso a estas siembras atenta con el carácter preventivo que deben tener sus acciones, existiendo con ello un riesgo real para la salud de la población. 16 MARIELLE Catherine, Coordinadora, La Contaminación transgénica del maíz en México, luchas civiles en defensa del maíz y de la soberanía alimentaria, Grupo de Estudios Ambientales A.C. 17 HERNÁNDEZ MORÓN Leticia, “Monsanto avanza hacia el comercio de semilla genéticamente modificada”, El financiero, 10 de febrero de 2010, p.

• De igual forma se violenta el derecho a la vida en cuanto que el maíz transgénico atenta en contra del modo de vida de poblaciones enteras cuya existencia gira en torno a la siembra de maíz no modificado. Este cúmulo de violaciones afectan los dispuesto en cuanto al desarrollo progresivo para lograr la efectividad de las normas que regulan derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos los derechos a la salud, la cultura, alimentación y medio ambiente sano, contemplados en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económico, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” en sus artículos 10, 11, 12 y 14 entre otros. Consideramos un logro el trabajo de articulación que significó este asunto con organizaciones y movimientos con diferentes temas tales como ambientalistas, campesinas, así como una comunidad indígena. El caso plantea una problemática poco explorada en el Sistema Interamericano debido a la falta de exigibilidad de los derechos económicos sociales y culturales en el sistema, razón por la cual se hizo la relación con derechos como acceso a la justicia e información a fin de poder hacerlos exigibles. Conclusiones: En México la falta de reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación ha limitado su protección y la garantía de su ejercicio para toda la población. A cien años de la Revolución Mexicana, un derecho básico ligado a la justicia social como es la alimentación, enfrenta obstáculos diversos que tienen que ver con una concepción errónea de los derechos humanos, de las políticas públicas y del desarrollo económico. No se ha entendido que la alimentación, como el resto de los derechos humanos, es un derecho integral y complejo. Su complejidad, como señalamos en el Informe DESCA 2009, radica en que no se reduce a evitar que la gente tenga hambre; implica la producción de alimentos, la soberanía alimentaria, el apoyo al campo; la protección de las semillas (frente a los transgénicos), el acceso físico pero también económico a los alimentos y el respeto a las tradiciones culturales y modos de alimentación de la población que tienen un importante componente cultural. Por otra parte los apoyos al campo aunque representen una suma importante de dinero, no están cambiando problemas estructurales y entre la población se sabe de prácticas de “coyotaje” o de revendedores que compran el producto agrícola barato a los campesinos y lo comercializan más caro. Los apoyos no llegan a quienes lo necesitan y no se brinda capacitación a los productores. 20

En materia nutricional, México ostenta el vergonzoso primer lugar en obesidad y sobrepeso infantil y adulto. Aunque el gobierno federal y algunos estatales han emprendido acciones para revertir este problema de salud pública, las acciones aún carecen de la contundencia necesaria para logar abatir esta situación. Aún falta articulación entre las dependencias más relacionadas con el tema como lo son la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública. La regulación para la venta de alimentos y bebidas en escuelas ha resultado un engaño pues sólo se reducen las porciones de los alimentos vendidos e inclusive se permite la venta de bebidas edulcoradas, lo que va en contra de cualquier recomendación médica o nutricional para menores de edad. La presión que hicieron empresas de alimentos para que este reglamente no tuviera los alcances que originalmente se planteaban, es una pequeña muestra de la debilidad del estado y de la corrupción y falta de visión de largo plazo de nuestras autoridades. En cuanto a la siembra experimental de maíz transgénico y la entrada de semillas y otros productos modificados genéticamente, el Gobierno Federal sigue empecinado en no dar marcha atrás a estas siembras. Esto a pesar de que se han dado argumentos que señalan que, como medida precautoria y para salvaguardar la soberanía alimentaria del país, es necesario continuar con la moratoria. Recomendaciones: Elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación. • Elaborar políticas públicas con perspectiva de derechos humanos que atiendan de manera integral la exigencia social y ética de garantizar y proteger el derecho a la alimentación de la población. • Verificar y evaluar el impacto de programas sociales destinados a apoyar el campo con miras a que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesitan. • Revisar, adecuar y mejorar el reglamento para la venta de alimentos y bebidas en las escuelas a fin de incentivar el consumo de alimentos naturales y agua pura; prohibir la venta en las tiendas y cooperativas escolares de bebidas edulcoradas a niños y niñas en escuelas; eliminar de la lista de alimentos permitidos todo tipo de pasteles, caramelos, frituras y bebidas endulzadas. • Realizar una campaña nacional, con acciones educativas en escuelas, museos, centros de diversión sobre buenos hábitos alimentarios; trabajar con docentes, autoridades escolares, padres y madres de familia, así como con los alumnos en la concientización acerca de la importancia de la nutrición y su efecto en la salud. 21

Bibliografía • Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. El Derecho a la Alimentación, la Soberanía Alimentaria y la Mujer en México, 2003-2006. Con apoyo de el Instituto Nacional de Desarrollo Social. México 2006, 99 pp. • Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México, 2008-2009. Con apoyo de la Fundación John and Catherine MacArthur. México, 2010. • Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL Los mapas de pobreza en México. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. México, 2007. • Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Dimensiones de la Seguridad Alimentaria: Evaluación estratégica de Nutrición y el Abasto, México, D. Coneval 2010. • DECA Equipo Pueblo, A.C - Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CNDHDF), Manual sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Guía didáctica de educación, México, 2004, p.64. • Fundación Ayuda en Acción, International Food Security Network, Action Aids e Iniciativa America Latina y Caribe sin hambre, “Informe sobre avances en el derecho a la alimentación, México, 2009. • Marielle Catherine, Coordinadora, La Contaminación transgénica del maíz en México, luchas civiles en defensa del maíz y de la soberanía alimentaria, Grupo de Estudios Ambientales A.C. • Olaiz-Fernández G. Rivera-Dommarco et.a.el, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 (Ensanut 2006), México, 2006. Instituto Nacional de Salud Pública y Secretaría de Salud. • Programa de Cooperación sobre Derechos Humanos México-Comisión Europea, Derechos Humanos. Instrumentos de Protección Internacional (Compilación), 2004. • Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Jean Ziegler, Informe del Relator Especial E/CN.4/2004/10, 9 de febrero del 2004. Hemerografía • • •

El Financiero, enero a diciembre de 2010. Reforma, enero a diciembre de 2010. La Jornada, enero a diciembre de 2010.

El derecho a la salud en México

Introducción

El derecho humano al más alto nivel de salud física y mental tiene un carácter inclusivo e integral. Por ejemplo, otros derechos como la vida y la libertad de decidir sobre el cuerpo se vinculan a él. Desde la perspectiva de los derechos humanos los Estado tiene la obligación de garantizar todos los derechos humanos, la salud incluida, mediante normas y acciones que permitan su plena efectividad para todas y todos. La Observación General Número 14 (OG14) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) señala en su párrafo 1 que “la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. La efectividad del derecho a la salud se puede alcanzar mediante numerosos procedimientos complementarios, como la formulación de políticas en materia de salud”. En México la salud era, y aún es, un derecho humano muy vulnerado. A principios del Siglo XX la mayor parte de la población vivía en medio de la pobreza, en condiciones insalubres, sin servicios como agua potable, drenaje o alcantarillado. Esto, aunado a la ignorancia, el analfabetismo, el hambre y la explotación de grupos de la población como campesinos, pueblos y comunidades indígenas y obreros, generaba altas tasas de mortalidad y enfermedades vinculadas a la pobreza. Además, no existían los avances médicos que existen hoy y mucho menos la cobertura en servicios médicos con los que en la actualidad contamos. A cien años de la Revolución Mexicana, la población cuenta con más y mejores servicios, la esperanza de vida al nacer se ha incrementado considerablemente y existen grandes descubrimientos científicos y médicos que han mejorado la calidad de vida de la población. Sin embargo, la salud no es un derecho universal y de acceso gratuito, los servicios médicos aún son insuficientes y la atención a los enfermos y pacientes no es de calidad. En conclusión, el derecho social a la salud aún es violado y el Estado mexicano aun tiene tareas pendientes por resolver. 23

En este capítulo abordaremos los avances y retrocesos que en materia de salud se han dado durante 2010 en nuestro país. Revisamos la situación de grupos de población como las mujeres y las personas que viven con VIH/ Sida. También estudiamos el marco jurídico internacional y local, así como los principales programas de gobierno que atienden el derecho a la salud de la población. 1. Marco Jurídico 1.1. Internacional México ha firmado diversos instrumentos internacionales que definen las obligaciones de Estado en referencia al derecho a la salud. Entre los instrumentos de los que México se ha hecho signatario podemos mencionar: • Párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que señala que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. •Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) que señala en el artículo 12 que los Estados Partes reconocen “el derecho de toda persona al

disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” • Convención sobre la eliminación de Todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer artículo 10 h) y 11 f) • Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación Racial artículos Art 5 IV) • Convención sobre los derechos de los Niños artículo Art. 24 • Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares Artículos 25, 28, 43 e) y 45 c)

1.2. Nacional La obligación de cumplir implica que los Estados reconocen el derecho a la salud en sus ordenamientos jurídicos nacionales, de preferencia mediante la aplicación de leyes. El Estado debe contar con instrumentos que reconozcan y protejan a la salud como derecho humano y 24

llevar a cabo todos los esfuerzos posibles para promover su desarrollo en programas públicos. En México este reconocimiento jurídico tiene base en la Constitución Política de los Esta-

dos Unidos Mexicanos (en adelante CPEUM), cuyo Articulo 4, párrafo tercero, garantiza el derecho a la protección de la salud. Además, la Carta Magna impone la obligación al Poder Legislativo de definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios, y disponer la concurrencia entre los distintos niveles de gobierno en materia de salud.

Otros de los instrumentos jurídicos a nivel nacional que protegen el derecho son: • Ley General de Salud • Ley de los Institutos Nacionales de Salud • Ley del Seguro Social • Ley Federal del Trabajo • La Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Una de las reformas importantes que durante el 2010 se dieron en materia del derecho a la salud fue hecha a la Ley General de Salud, la cual en su artículo 1º, reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona, y establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativa en materia de salubridad general. Se realizaron al Artículo 464 Ter. en materia de medicamentos, señala principalmente que se considera como delito adulterar, falsificar, contaminar o alterar medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos e información de sus envases finales para uso o consumo humanos. Igualmente considera como delito vender, comercializar, distribuir o transportar este tipo de medicamentos. El documento señala también las penas a las que serán acreedores quienes incurran en estas faltas. 18

1.3. Leyes Estatales En México, aún cuando contamos con un marco normativo federal amplio, la puesta en práctica de la normativa estatal vigente presenta atrasos considerables que afectan el ejercicio del derecho a la salud y debilitan su exigibilidad. Por ejemplo, están todas aquellas constituciones locales que ponen en riesgo a miles de mujeres y las criminalizan por la interrupción de embarazos:

• Reforma al Código de Procedimientos Penales del Estado de Tamaulipas el 23/12/10 • Reforma al Código de Procedimientos Penales del Estado de Quintana Roo el 22/10/10 • Reforma al Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca el 28/08/10

18 Congreso de la Unión. La Ley General de Salud, DECRETO por el que se reforma el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud. DOF. 27 de abril de 2010.

No obstante, no podemos negar que durante 2010 existieron algunos avances en materia de protección de las mujeres como: • El Acuerdo No. 279 para el procedimiento y medidas de atención y protección de las víctimas por los delitos de violación e inseminación artificial no consentida en el estado de Chihuahua (2/10/10) • Los Lineamientos para la prestación de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el estado de Guerrero (10/09/10) En materia de violencia hacia las mujeres, hecho que se vincula directamente con la falta de mecanismos jurídicos para la protección del más alto nivel de salud física y mental posible, se obtuvieron avances legislativos por ejemplo, en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes (última reforma publicada en el periódico oficial del estado el 2 de agosto de 2010, señala en el artículo 26 que las órdenes de protección tienen como propósito prevenir, interrumpir o impedir la consumación de un delito o que se actualice un supuesto en materia civil o familiar que implique violencia contra las mujeres, a través de la emisión de una orden dictada por la autoridad judicial competente. 19 También el Distrito Federal tuvo cambios legislativos. En un decreto se reforma el Artículo 18 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal donde se señala que la Secretaría de Salud del Distrito Federal deberá elaborar informes semestrales de las acciones realizadas en el cumplimiento de la NOM-046-SSA2-2005 “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención” y las demás Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud para las mujeres. 20

2. Política Pública Si bien el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 sigue siendo el eje rector de las acciones gubernamentales en general, este año en el seguimiento en la política pública que pretende dar cumplimiento a las obligaciones del Estado con respecto al derecho a la salud encontramos de relevancia dos programas a los cuales procuraremos un pequeño análisis.

19 Estado de Aguascalientes. Ley De Acceso De Las Mujeres A Una Vida Libre De Violencia Para El Estado De Aguascalientes (última reforma publicada en el periódico oficial del estado El 2 de agosto de 2010) Periódico Oficial del Estado (POE) de Aguascalientes. 2 DE AGOSTO DE 2010, DECRETO 432 20 Asamblea Legislativa del Distrito Federal; Decreto por el que se Reforma el Artículo 18 de La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia del Distrito Federal. Publicado en la Gaceta Oficial Del Distrito Federal. 29 de julio de 2010.

Programa Nacional de Derechos Humanos 2.1.

El Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) fue creado con la intención de dotar de un mecanismo programático que de cumplimiento a las obligaciones del Estado en la materia. Fue pensado también como un eje que permita diseñar y realizar acciones que en cuestión de salud permitan a toda la población verlo realizado plenamente su derecho. En este sentido, en los últimos años el PNDH (2008-2009) destaca la participación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien “en cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, y la implementación de las recomendaciones hechas a México por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) en el Sector Salud” reporta los siguientes avances:21

• Para garantizar la confidencialidad durante la atención médica, los datos y registros que constan en el expediente clínico electrónico son confidenciales y la revelación de los mismos a terceros ajenos al Instituto requiere autorización expresa. • El Instituto Mexicano del Seguro Social ha diseñado e implantado la estrategia de Programas Integrados de Salud PREVENIMSS, que desde el 2002 da respuesta a la acelerada transición epidemiológica y demográfica de la población derechohabiente y consolida la protección a la salud de mujeres y hombres, desde el nacimiento hasta la vejez, al llevar a cabo un conjunto de acciones de promoción y protección a la salud por grupo de edad, sexo y factores de riesgo.

A pesar de que el PNDH pone como sus principales logros en materia de salud la incorporación de protocolos de Atención preventiva a niños y niñas menores de 10 años, adolescentes22 y adultos mayores, las acciones y las directrices de éste no se han hecho sentir de manera contundente en la programación y realización de la política pública que permita el pleno cumplimiento del derecho a la salud para toda la población.

21 Secretaría de Gobernación. IFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 2008-2012, Agosto2008Septiembre 2009. México 2009. pp.6-7. [ref. el 27 de diciembre de 2010]. Información disponible en Web: http://www.derechoshumanos.gob. mx/archivos/anexos/informe_de_implementacion_2009.pdf 22 Cabe resaltar que el PNDH habla de “adolescentes” y no de “jóvenes” situación que sigue negando la existencia de este sector como sujeto de derechos y que principalmente afecta cuestiones de toma de decisión y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.

2.2. Seguro Popular 23 El Sistema de Protección Social en Salud, mejor conocido como el Seguro Popular (SP), es para las autoridades el programa estrella de atención a la salud. Su intención es brindar servicios médicos a toda aquella población que no se encuentra afiliada a un sistema de seguridad social como el Instituto Mexicano para la Seguridad Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Actualmente su padrón ubica, al cierre de 2009, 31 millones de afiliados. Poder ingresar a este programa depende de un costo de inscripción que en teoría da acceso a 275 claves de atención que se encuentran en su Catálogo Universal de servicios de Salud. En comparación a los recursos que recibe el SP, éste presenta muchas insuficiencias. En varias ocasiones, funcionarios del gobierno federal han destacado que los recursos para el Seguro Popular se triplicaron. Si en 2006 recibió 18 mil millones de pesos, para 2010 fueron 52 mil millones. Incluso, a finales de marzo, el Banco Mundial aprobó un préstamo por mil 250 millones de dólares a México para que el Seguro Popular “sea más eficiente en su administración” y llegue a más población, aunque en la realidad esto no se dé. La Investigación en Salud y Demografía, encargada por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval), señala que el programa no tiene planes estratégicos y un sistema de evaluación que permita ver qué tanta efectividad e impacto tiene. Denuncia también que los altos índices de satisfacción presentados por el SP se deben a trampa metodológica, pues los resultados ex-

plotan la satisfacción de los usuarios que sí fueron atendidos. El programa que a principios de sexenio fue presentado como “la solución” a la falta de accesibilidad física y económica a los servicios de salud, no ha logrado cumplir con las expectativas. A pesar de las enormes cantidades que se le asignan, no se ha logrado crear un sistema que transforme en servicios de salud de calidad a sus afiliados, tal y cómo veremos más adelante. Pareciera que las acciones que ha tomado el ejecutivo no pretenden complementar el actual sistema de salud, sino que pretenden sustituir el actual por uno dónde las personas deban pagar para poder acceder a una atención médica. La política pública de la actual administración sigue sin diseñarse e implementarse desde la perspectiva de derechos humanos, lo cual afecta el pleno ejercicio de este derecho para toda la población y el derecho de todas las personas a que los gobiernos adopten políticas de salud en forma adecuada. 23 GÓMEZ DURÁN THELMA; “Seguro Popular, Derroche Sin Resultados” El Universal 12 de abril de 2010[ref. el 17 de enero de 2010. Disponible en Web. http://www.eluniversal.com.mx/notas/672074.html 24 Secretaría de Salud. “Se triplicó el presupuesto del Seguro Popular en tres años: FCH”. Comunicado de Prensa,, 5 de enero de 2010. ref. el 12 de noviembre de 2010]. Información disponible en Web: http://www.seguro-popular.salud.gob.mx/index.php?option=com_ content&view=article&id=107:se-triplico-el-presupuesto-de-seguropopular-en-tres-anos-fch&catid=5:comunicados&Itemid=46 25 GÓMEZ DURÁN THELMA; “La decepción del Seguro Popular”; EL UNIVERSAL 12 de abril de 2010 [ref. el 27 de diciembre de 2010]. Información disponible en Web:

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/176907.html

3. Presupuesto Uno de los indicadores más relevantes para medir el avance del cumplimiento en las obligaciones del Estado en materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), es la inversión que se hace en cada uno de ellos. En México la inversión para garantizar el derecho a la salud si bien ha aumentado según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pasó de 4.4 por ciento del Productor Interno Bruto (PIB) en el 2000 a 5.9 por ciento en 2007, este índice está muy por debajo de países como Polonia que invierte 6.4 por ciento de su PIB. 26

El cuarto informe de gobierno de la administración actual a cargo de Felipe Calderón señala que “al mes de junio de 2010, el gasto ejercido en salud ascendió a 127 mil 421.6 millones de pesos, lo que significó un incremento real de 9.5 por ciento real respecto al mismo periodo del año anterior. Como proporción del gasto destinado a desarrollo social, presento el 19.1 por ciento” que lleva por objetivo asegurar recursos humanos, equipamiento, infraestructura y tecnologías de la salud eficientes, oportunas y acordes con las necesidades de la población.

Gasto en Salud por institución Concepto

Meta 2010 (Millones de pesos)

Total

352.811.9

Instituciones que cubr e a la población no asegurada

140.388.7

SS Ramo 33 (FASSA) Instituciones que cubr en a la población asegurada

215.517.9

Aportación ISSSTE, subsidios y transferencias de entidades de control direc to

3.094.7

26 GÓMEZ DURÁN THELMA; “Seguro Popular, Derroche Sin Resultados” El Universal 12 de abril de 2010[ref. el 17 de enero de 2010. Disponible en Web. http://www.eluniversal.com.mx/notas/672074.html

El desglose indica que las dos principales instituciones de salud beneficiadas fueron el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Por porcentajes el IMSS obtuvo 73.4 por ciento, mientras que el ISSSTE recibió 19.8 por ciento. El resto del presupuesto, alrededor de 6.8 por ciento, se concentró en la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR) y el Ramo 19 (Aportaciones a Seguridad Social). 27 Por su parte la inversión realizada a la construcción y mantenimiento de instalaciones y equipamiento de infraestructura para los servicios de salud ascendió a 6 mil 342 millones de pesos, lo que representa un retroceso en el cumplimiento del derecho ya que en comparación con el año pasado, representa 24 por ciento menos. Nuevamente quienes más recursos obtuvieron fueron el IMSS y el ISSSTE con 65 por ciento de los recursos (4.120 millones de pesos) divididos en 48.1 por ciento para el IMSS y 16.9 por ciento para el ISSSTE. 28 En 2010 las autoridades en salud destacaron que el IMSS realizó una inversión histórica por 5 mil millones de pesos, para equipar las unidades médicas; con este presupuesto se adquirirán Unidades Radiológicas y Fluoroscópicas, Tomógrafos, Máquinas de Anestesia, Cámaras de Centelleo y Mastógrafos, entre otros. Además con este equipo se abatirá el rezago en cirugías programadas y se sustituirán el equipo obsoleto, lo que repercutirá en una mejor atención a los derechohabientes.29 No obstante no especifican cuántas unidades se compraron y

en que centros de salud se encuentran, es decir a qué población está beneficiando. El aumento que registra el sector salud se debe en gran medida a los recursos destinados al Seguro Popular, pero no significa un avance el la calidad de los servicios. La gran derogación que hace el Estado en salud no ha tenido un impacto en todas las familias. A pesar de los grandes discursos, el Estado mexicano no consigue cumplir con una medida exigida por el PIDESC: establecer el máximo de recursos disponibles. Los recursos para las instituciones de salud y programas de atención a la salud son insuficientes. 4. Situación que guarda el derecho La OG-14 referente al derecho al más alto nivel de salud física y mental posible señala los siguientes elementos esenciales e interrelacionados, cuya aplicación dependerá de las condiciones prevalecientes en un determinado Estado Parte: disponibilidad y accesibilidad (la cual incluye los principios de no discriminación, accesibilidad física y accesibilidad económica), y acceso a la información; aceptabilidad y; aalidad. Dichos indicadores nos informan que tanto el Estado mexicano garantiza, respeta y protege el derecho a la salud de sus habitantes y si está plenamente satisfecho. 27 Presidencia de la República. Cuarto Informe de Gobierno. México. 2010. pp. 427. [ref. el 27 de diciembre de 2010]. Información disponible en Web: http://www.informe.gob.mx/informe-de-gobierno/ 28 Idem. 29 Idem.

4.1. Accesibilidad 4.1.1. Acceso a servicios públicos El sistema de salud en México no ha variado desde inicios de la administración actual a cargo del Presidente. Felipe Calderón. El sistema se considera fragmentado por la diversidad de instituciones que lo conforman y la población a la que atienden siendo tres instituciones, las que concentran la atención médica: • Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Trabajadores con empleo formal y prestaciones sociales. • Instituto de Seguridad y Servicios de Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Trabajadores a cargo de instituciones gubernamentales. • Y las clínicas de salubridad de la Secretaría de Salud (Ssa). Población abierta. Este método no permite aprovechar de forma adecuada los recursos designados y ocasiona un excesivo gasto que se diluye en funciones burocráticas.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (Comité DESC), señala como indispensable contar con un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para la realización de este derecho. En la OG14 se establece que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios. Pero los datos demuestras que tanto las condiciones sociales, económicas e institucionales no lo permiten. En primer lugar mencionemos que del total de la Población Económicamente Activa (PEA), existe un índice de desempleo de 5.9 por ciento; por su parte, del 94.4 por ciento de la PEA ocupada, (sin importar el tipo de trabajo formal o informal) sólo el 59.7 por ciento tiene prestaciones sociales.30 Esto indica que muy pocas personas pueden acceder al IMSS o ISSSTE que son los dos organismos que brindan servicios de salud a la población con un trabajo formal con prestaciones.

INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 30 INEGI. Encuesta Trimestre de Empleo. tabulado “Población mayor 14 años Por: Entidad federativa y Clasificación de la PEA y PNEA

Igualmente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que 56.3 por ciento de la Población Ocupada no está protegida. Esta población está ocupada en el sector informal, trabajo doméstico remunerado, agricultura de auto subsistencia, trabajadores subordinados y remunerados que no cuentan con acceso a las instituciones de salud; así como trabajadores por cuenta propia en actividades agropecuarias orientadas al mercado y que no tienen acceso a las instituciones de salud. Esta cifra varía de acuerdo a la zona. Mientras las zonas urbanas muestran 44.4 por ciento de población no protegida, en las rurales alcanzan hasta 80.2 por ciento. Para atender a toda la población abierta el Estado mexicano cuenta con las clínicas de la Secretaría de Salud, específicamente con el “Seguro Popular”, del que ya hablamos anteriormente en este capítulo. Agregaremos que para mucha gente es una buena posibilidad de contar con el acceso a un sistema de salud y ello se refleja en que el programa cuenta con los índices más altos de satisfacción de usuarios. Empero, quienes han tenido la oportunidad de constatar sus prestaciones denuncian que la eficacia, la atención y medicamentos gratuitos para sus afiliados que este ofrece, dista mucho de los servicios médicos de calidad que presume.

Seguro Popular y mal servicio Como ejemplo baste señalar el caso de Kevin, un niño que después de haber sufrido quemaduras no fue atendido oportunamente debido a que en la clínica faltaba el pediatra. Además durante el tiempo en que permaneció ahí no recibió la atención de calidad y fue dado de alta con la indicación de los doctores que debía el niño ser trasladado al Distrito Federal. (Gómez Durán Thelma; “La decepción del Seguro Popular”; E UNIVERSAL 12 de abril de 2010) Otro caso más es el de Lucía Ramos Castañeda, de 21 años, quien acudió al Hospital Materno Infantil Inguarán cuando ya había cumplido nueve meses de embarazo, pero la atención le fue negada hasta que tuvo que acudir a un hospital privado dónde dio a luz y su bebé quedó internado por presentar una infección ocasionada por la falta de atención. .(Sin Autor. “Como si fuera un favor”; El Universal.; 12 de abril de 2010) En ambos casos, a pesar de estar bajo el esquema del SP las familias debieron hacer un gasto de entre 5 mil y 15 mil pesos en otras instituciones para poder ser atendidos. A pesar de los grandes discursos de las autoridades sobre el programa como uno de los mejores a nivel mundial, estos casos son un ejemplo que el SP no brinda los servicios que le solicitan (y las autoridades se comprometieron en brindar) ya sea porque no hay personal o infraestructura. Esto pone en riesgo la vida de los pacientes y violenta su derecho a una atención oportuna y de calidad.

De manera general, los usuarios de este programa reportan falta de personal médico y medicamentos; una infraestructura deteriorada o sin los equipos necesarios para prestar servicios de calidad. Igualmente el SP presenta grandes deficiencias en cuanto a que no brinda un acceso oportuno a medicamentos, e incluso en muchas ocasiones las medicinas que brindan están caducas. La Auditoría Superior de la Federación señala que en Chiapas, 60.7 por ciento de los afiliados compraron sus medicinas. “Desde 2007, una evaluación elaborada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) resaltaba que los asegurados al Seguro Popular “tienen el derecho de reembolso si no se consiguen los medicamentos en el lugar de atención”, pero reconoce que “es muy difícil que el usuario lo obtenga, dados los obstáculos burocráticos. Otro problema es que no saben que tienen ese derecho y no lo reclaman”. Las autoridades mexicanas violan el derecho de todas las personas a medicamentos esenciales ya que “entre las obligaciones básicas de los Estados figuran, como mínimo facilitar medicamentos esenciales, según las definiciones periódicas que figuran en el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud” (OG14). También es común que los afiliados al SP no puedan acceder a los servicios que este brinda si no se encuentran en la localidad dónde se afiliaron, ello a pesar del Convenio de Portabilidad que se firmó en Los Pinos el 23 de octubre de 2009 que permite a todas y todos los afiliados recibir atención en cualquier clínica sin importar el lugar de inscripción. 4.1.2. Accesibilidad física: infraestructura Hospitalaria del Sector Salud

El contenido mínimo del derecho a la salud, de acuerdo con el Comité DESC, indica que cada Estado Parte deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes, servicios públicos y centros de atención de la salud, así como de programas. Para ello las autoridades mexicanas deben destinar recursos para la construcción de la infraestructura necesaria. Según el Cuarto Informe de Gobierno, esta acción tuvo avances durante 2010 y sólo entre el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud a junio de 2010 se lograron construir 769 unidades médicas nuevas. Asimismo se han ampliado o remodelado 893 más y han realizado 134 trabajos de sustitución. Así, el total de las acciones de obras concluidas durante esta administración es de mil 796.

31 GÓMEZ DURÁN THELMA; “La decepción del Seguro Popular”; EL UNIVERSAL 12 de abril de 2010 [ref. el 27 de diciembre de 2010]. Información disponible en Web: h t t p : / / w w w. e l u n i v e r s a l . c o m . m x / nacion/176907.html 32 Presidencia de la República. Cuarto Informe de Gobierno… pp. 428

Total de Unidades Médicas Construidas por la Secretaría de Salud. 2007-2010

Fuente: Cuarto Informe de Gobierno

Por su parte la unidades médicas del IMSS, reportan (2010) un total de 98 acciones de obra para unidades de medicina familiar hecho que pretende dar avance al acceso físico a centros de salud y con ello garantizar la atención oportuna y eficaz. “Con la determinación de estas obras se prevé incrementar la capacidad instalada del IMSS en 474 camas de hospitalización y 126 consultorios de medicina familiar, lo que beneficiará a 3 millones 499 mil 422 derechohabientes.33

Unidades Médicas Construidas por el IMSS e ISSSTE, 2007-2010

Fuente: Presidencia de la República. 4º Informe de Gobierno.

4.1.3. Calidad

Aún cuando es un avance la construcción de nuevas unidades médicas y de atención a la salud, no es suficiente. El contenido mínimo del derecho a la salud indica que tanto los centros de salud como los servicios que prestan deben contar con el principio de calidad, es decir, además de aceptables desde el punto de vista cultural, los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser también apropiados 34

desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. Ello requiere, entre otras cosas, personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas. A pesar de las cifras, la realidad es que la

infraestructura de atención a la salud presenta un déficit importante. Quienes asisten a alguno de estos servicios e incluso quienes trabajan ahí, consideran que los centros no son suficientes para atender la demanda de usuarios. A ello se suman las constantes denuncias de escasez de materiales, insumos y personal especializado. Para dar cumplimiento a su obligación de garantizar y respetar que los centros de salud sean de calidad el Gobierno Federal creó y pone en acción a través de la Ssa el Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS) con el fin de atender las fallas que en el sistema nacional de salud se presentan. Para junio de 2010, el INDICAS reporta que se han instalado 567 gestores de calidad en unidades hospitalarias y 248 jurisdiccionales, con un acumulado a la fecha de 815 gestores. En los avances durante los primeros cuatro meses de 2010 el INDICAS registró 8 mil 598 unidades médicas de la SS, ISSSTE, IMSS–Oportunidades, y Secretaría de Marina (SEMAR), entre otras Instituciones, que reportaron resultados de indicadores de calidad. 34

Lo satisfactorio de este programa es que el Estado por fin tiene un mecanismo para medir si las diferentes instituciones de salud cumplen con la obligación de crear condiciones que aseguren a todos y todas, asistencia y servicios médicos en caso de enfermedad. Con todo, su función será pasiva hasta que dicha información sirva para crear acciones que resuelvan esta problemática, y así cumplir con la obligación de garantizar al proporcionar y facilitar los medios para satisfacer las necesidades de las personas y comunidades para disfrutar el derecho a la salud, en particular cuando éstas no están en condiciones para hacerlo por ellas mismas.

4.1.4. Exigibilidad del derecho

En México, a pesar de contar con diversas leyes que regulan el acceso a los servicios de salud, no contamos con un mecanismo de exigibilidad del derecho. Uno de los obstáculos es la falta de perspectiva de derechos humanos que persiste en muchas autoridades, más aún cuando se presentan diversas violaciones que no son vistas como tales, pri-

mordialmente aquellas que tiene relacionadas con política pública o presupuesto. Hoy en día, en nuestro país el único mecanismo para la sanción y reparación del daño en materia de atención médica es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), el cual funciona más entre particulares y no re-

33 Idem. 34 Presidencia de la República. Cuarto Informe de Gobierno… pp. 422

suelve en términos de derechos humanos, sino que esta más ligado a la sanción de la llamada mala practica o negligencia médica. El último informe de gobierno señala que esta Comisión atendió 12 mil 186 asuntos de usuarios de servicios de salud de todo el país en el lapso de septiembre de 2009 a agosto de 2010, lo que representa 9.1 por ciento menos a los del lapso previo. Sin embargo esto no necesariamente refleja una mejora en la calidad de atención médica en el país ya que la desconfianza y reserva ante el organismo hace que muchos de los casos no lleguen a ser presentados.35 Por su parte, la CONAMED tiene documentado que en los tres años recientes se presentaron mil 896 casos de demandas civiles y penales en contra de personal médico de la Secretaría de Salud.36 4.1.5. Morbilidad y mortalidad La esperanza de vida al nacimiento (EVN) es uno de los indicadores más utilizados para valorar el nivel de salud y bienestar de un país. En este tenor, el gobierno mexicano ha informado que la EVN ha mantenido una tendencia creciente, alcanzando un valor de 75.4 años en 2010, lo que representa un incremento de 0.5 por ciento con respecto a los 75 años de 2007 y de 0.1 con respecto a los 75.3 años de 2009. 37 Por su parte la tasa de mortalidad ha aumentado. En sólo cinco años ha pasado de cuatro defunciones por cada mil habitantes en el año 2000, a cinco defunciones por cada mil habitantes para el 2010. Los analistas dicen que este incremento es consecuencia, básicamente, de la llamada transición demográfica, la cual consiste en el aumento de la proporción de personas mayores dentro de la población. 38

El Estado mexicano tiene obligaciones de protección de los derechos humanos de las personas, protegiéndolas de las malas acciones del personal o de las instituciones médicas. Corresponde al Estado realizar aquellas acciones para garantizar que terceros no violenten o interfieran en el cumplimiento del derecho. La existencia de la CONAMED si bien no garantiza la plena protección y reparación del daño cuando existe una violación al derecho, es un organismo importante ya que es el único medio para defender a las víctimas ante malas prácticas que hayan afectado su derecho a la salud. No obstante, hacen faltan más mecanismos para que las personas puedan defender y exigir este derecho.

Ahora bien, no todos enferman por las mismas causas, y en cuestión de edad esto es muy significativo para identificar las principales causas de mortalidad en menores. Los datos proporcionados por las autoridades señalan que entre las causas de muerte más frecuentes en menores de cinco años de edad se encuentran las enfermedades infecciosas e intestinales, deficiencias de la nutrición, e infecciones respiratorias. Se puede considerar como un avance en materia del cumplimiento del derecho a la salud el que estas causas de muerte tengan una tendencia hacia la baja. Se estima que en 2010 se alcanzarán tasas de 10.9, 22.7 y 6.6, para las enfermedades diarreicas, respiratorias y nutricionales, respectivamente. 39

35 Presidencia de la República. Cuarto Informe de Gobierno… pp. 425 36 MENDÉZ Alfredo; “Documenta la CONAMED mil 869 casos contra la SSA en tres años”; Sociedad y Justicia en La Jornada; México. 19 de enero de 2011; pp. 41 37 Presidencia de la República. Cuarto Informe de Gobierno… pp. 420

38 Idem / 39 Idem.

Aún así en México es preocupante el aumento de mortalidad por enfermedades crónico degenerativas. Para el caso de niños, jóvenes y adultos las primeras causas de mortalidad y morbilidad lo ocupan el cáncer, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y las cardiopatías, entre otros. Lo más grave es que el 70.5 por ciento de la población atendida corresponde a los tres niveles socioeconómicos más bajos,40 es decir, gente que no cuenta con los recursos económicos suficientes para poder hacer frente a los gastos tan elevados que el cuidado y atención de estos padecimientos requieren. 5. Grupos en Situación de discriminación Es obligación del Estado que su sistema e instituciones que prestan los servicios de atención médica lo hagan sin discriminación alguna. En nuestro país existen grupos como las mujeres o las personas que viven con VIH/SIDA que por su situación o condición han visto comprometido o violentado su derecho a la salud. Es por tanto obligación del Estado el proporcionar a estos grupos la continuidad, integralidad y adecuación de la atención médica que sus necesidades individuales y colectivas requieren a lo largo de cada etapa de su vida. 5.1. Mujeres

Particularmente el sector de la población conformado por las mujeres ha sido históricamente marginado. Ello también impacta en el derecho al más alto nivel de salud física y mental posible. A lo largo del 2010 se hicieron notar quejas por diversos aspectos que conllevan una mala atención en materia de salud hacia las mujeres; ya sea por negligencia médica en la atención del embarazo y parto, indebida prestación de servicios, entre otras causas.

40 Idem.

5.1.1. Violencia hacia la mujer.

En lo cultural, los roles de género ponen a las mujeres en riesgo, Datos oficiales señalan que en nuestro país 67 por ciento de las mujeres ha sufrido en algún momento de su vida un tipo de agresión; una de cada tres mujeres sufre de hostigamiento o discriminación al día.41 Dentro de las violaciones al derecho a la salud encontramos que a un año de la publicación de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM46), sobre la asistencia médica a mujeres que han sido víctimas de violencia familiar o sexual, las secretarías de salud estatales no están suministrando la anticoncepción de emergencia a quienes la solicitan, argumentan carencia de la pastilla y desconocen los procesos de im-

41 Miriam de Regil- “Han sufrido agresiones 7 de cada 10 mujeres”. Sociedad. El Financiero. 08 de marzo de 2010. Pág. 31.

plementación y sus contenidos, tal y como denunció el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).42 Alrededor de la mitad de las chicas que iniciaron su vida sexual entre los 13 y los 16 años no querían hacerlo a esa edad, pero aceptaron bajo alguna forma de presión, “desde la violación hasta la amenaza de terminar (una relación)”43 . Pero la violencia hacia la mujer es más grave cuando cobra la vida de las víctimas. En México se ha dado un alza de la violencia que se tiene en contra de la mujer, así mismo un incremento de muertes violentas. Aunque cada día se visibilizan más asesinatos dolosos contra mujeres cometidos “por misoginia y discriminación”, en México y Centroamérica la inmensa mayoría de los casos siguen sin resolverse.44 5.1.2. Cáncer

Las estadísticas nacionales, específicamente la información del Seguro Popular, señalan que de los 3 mil 59 casos de tumor que se registraron en 2009, 553 corresponden a mujeres de entre uno y 39 años. En nuestro país casi la mitad de las mujeres que desarrolla tumores malignos de mama son menores de 49 años, y no todas tienen la posibilidad económica de acudir a realizarse estudios privados; es decir no pueden hacer valer por sí mismas su derecho a la atención a la salud. A escala nacional, se reportaron 8 mil 309 egresos hospitalarios de pacientes con cáncer mamario, las cuales seguían el mismo patrón en cuanto a edad: 4 mil 38 eran menores de 50 años.45

El Estado mexicano tiene un mecanismo jurídico que protege a las mujeres y les reconoce el derecho a una vida libre de violencia, aun así en nuestro país los altos índices de violencia hacia las mujeres persisten. Esto, en términos de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, es una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra este grupo de la población. La OG14 señala que para suprimir la discriminación hacia la mujer en materia de salud se debe prever en particular las intervenciones con miras a la prevención y el tratamiento de las enfermedades que afectan a la mujer. No obstante, la pretensión por parte de las autoridades con la actualización de de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 04146 y con ello elevar la edad a 50 años para que las mujeres puedan acceder a los estudios de detección de cáncer violentaría el principio de No Discriminación que hace referencia al hecho de que los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles, de hecho y de derecho, a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos. Si llegase a probarse dicha reforma sería una regresión del derecho a la salud y pondría en riesgo a millones de mujeres que no podrían acceder a una atención oportuna. Con esta acción las autoridades guberna-

42 Sin auto; “Secretarías de Salud incumplen la NOM 046”. La Jornada. 25 de junio de 2010. Pág. 37. 43 Sin autor- “Violencia, fuerza invisible detrás del VIH entre las mujeres”. Opinión. La Jornada. 04 de abril de 2010. Pág. 04. 44 José Reveles- “Al alza, la violencia contra de las mujeres”. Sociedad. El Financiero. 16-07-20101 Pág. 27. 45 ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ; Insiste la Ssa que los estudios para detectar cáncer sean a partir de los 50 años edad. La Jornada; México, 19 de enero de 20100; pp. 42

46 El anteproyecto de NOM (publicado el 19 de noviembre de 2010 en el Diario Oficial de la Federación)

mentales estarían incumpliendo la obligación de respetar, pues la acción tomada contravendría el derecho de acceso a los bienes y servicios de salud para las mujeres menores de 50 años que requieren estudios. 5.1.3. Mortalidad Materna

Un número desproporcionadamente elevado de mujeres pobres, indígenas, comúnmente aquellas que viven en zonas rurales, son quienes con mayor frecuencia no disfrutan plenamente de sus derechos humanos respecto al acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva; al igual carecen de adecuada atención de la salud materna, y cuyos efectos logran cobrar la vida de miles de mujeres. Sin índices recientes sobre mortalidad materna, los únicos datos disponibles provienen de la Ssa de 2008 donde se registraron mil 167 muertes maternas, siendo las principales causas: el aborto, enfermedad hipertensiva del embarazo; hemorragia del embarazo, parto y puerperio; Otras complicaciones principalmente del embarazo y parto; Sepsis y otras infecciones puerperales y; complicaciones venosas en el embarazo, parto y puerperio. 47 Con el fin de solucionar esta problemática las autoridades han implementado el funcionamiento integral de una red de servicios que implica no sólo acciones de infraestructura en unidades médicas, sino una serie de propuestas de fortalecimiento para los insumos y sobre todo, el recurso humano que necesitan para la atención de las emergencias [Plan Maestro Sectorial de Recursos para la Salud]48 aunque no cuenta con la perspectiva de derechos humanos se puede decir que este programa pretende garantizar la protec-

ción del derecho a la integridad de las mujeres en el acceso a servicios de salud materna en condiciones de igualdad. Por su parte la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer señala que es obligación de los Estados adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia. En este aspecto, un tema muy debatido es el acceso de las mujeres a la interrupción de su embarazo, sin que ello signifique la penalización del acto. Organizaciones civiles pro derechos de la mujer señalan que las recientes leyes “antiaborto” en 18 estados significan una violación al derecho a la salud.50

47 SINAIS. Principales causas de mortalidad materna en México, 2005-2007. [ref. el 27 de diciembre de 2010]. Información disponible en Web http://www. sinais.salud.gob.mx/descargas/xls/Princip_CausasMM_2005-2007.xls 48 Presidencia de la República. Cuarto Informe de Gobierno… pp. 426 49 Artículo 12. Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer/1981 50 Karina Avilés- “Leyes antiaborto, evidencia de la debilidad del Estado, alerta la AMC”. Sociedad y Justicia, La Jornada- 06 de enero de 2010 Pág. 30

Criminalización del derecho a la salud de las mujeres • En Tlaxcala gracias a la lucha de la sociedad civil, la iniciativa a la penalización del aborto con el fin de proteger la vida del ser humano desde la concepción no pasó a falta de dos votos. • Estados como Veracruz si cuentan con penalización de la mujer por la interrupción del embarazo. En éste estado nueve mujeres fueron sometidas a proceso judicial por abortar, en algunos casos de forma no intencional, ocho de ellas están en prisión acusadas de homicidio calificado, informó el Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM).(La Jornada, “Ocho mujeres de Veracruz, presas por abortar; las procesaron por homicidio”, 28 de enero de 2010) • Otro caso del avance de la lucha por las mujeres en cuestión del derecho a la salud se presentó en Guanajuato. En el mes de septiembre fueron liberadas las mujeres María Araceli Camargo Juárez, Ofelia Segura Frías, Yolanda Martínez Montoya, Liliana Morales Moreno, Ana Rosa Padrón Alarcón y Susana Dueñas Rocha. Todas contaban con una condena de más de 25 años de prisión. Par amuchas activistas de derechos humanos, se les aplicó una sanción anacrónica, como la denominación misma del delito que se les imputó: homicidio por razón de parentesco, con el que se castiga, entre otras conductas, la de quien priva de la vida al producto de la gestación. Su liberación es el resultado de una pelea constante de las mujeres por hacer valer ante las autoridades su obligación de “respetar”. Como resultados se realizó una reforma legal que, si bien es considerada insuficiente, ha servido para revertir la penalización excesiva de conductas que se resumen en el derecho de las mujeres a disponer de su cuerpo (Miguel Ángel Granados Chapa- “Libres: no son asesinas”. Opinión. Reforma. 07 de septiembre de 2010. Pág. 09.) Las mujeres han sido discriminadas para que gocen de un acceso efectivo a una atención adecuada a la salud durante el embarazo, el parto y el período inmediatamente posterior. Las barreras que limitan a las mujeres el acceso a estos servicios están relacionadas con factores estructurales de los servicios de salud, con leyes y políticas que regulan estos servicios, así como con prácticas, actitudes y estereotipos, tanto al interior de la familia y la comunidad, así como del personal que trabaja en los establecimientos de salud. 5.2. VIH/SIDA

Algunos datos indican que hay 144 mil casos acumulados de Sida; 3 mil 644 diagnosticados en 2010.51 Especialistas como Carlos García de León, director de Prevención del Centro Nacional para el Control del VIH/Sida (Censida) afirman que cada 14 minutos ocurre una nueva

infección de VIH en México, la mayoría entre jóvenes menores de 20 años de edad, a diferencia de lo que ocurría hace cinco años, cuando la transmisión del virus se daba entre individuos de 25 años o más.52 Se reporta que 80 mil mexicanos desconocen que

51 Centro Nacional para el Control del VIH/sida (Censada). [ref. el 27 de diciembre de 2010]. Información disponible en Web http://www.censida.salud.gob.mx/ descargas/2010/15nov2010/casos_acumulados.pdf

52 Ángeles Cruz Martínez- “Son cada vez más jóvenes los infectados con VIH, dice Censida”. Sociedad y Justicia. La Jornada. 30-04-2010. Pág. 39.

son portadores del virus.53 En lo cultural, los roles de género ponen a las mujeres en riesgo al favorecer, por ejemplo, la iniciación sexual temprana. Este tipo de situaciones evidencia la falta de control de las mujeres sobre su sexualidad y su consecuente falta de habilidad para negociar el uso del condón, práctica que podría salvar miles de vidas al impedir el contagio. Un avance del gobierno federal es el establecimiento de los Centros Ambulatorios para la Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), que hasta agosto de 2010 contaban con 64 unidades a través de las cuales operan los programas de prevención, atención médica integral, promoción social, y vigilancia epidemiológica del VIH-SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en todo el país. 54 Con respecto al abasto de medicamentos, se indica que entre el 1 de septiembre de 2009 y el 31 de agosto de 2010, 7 mil personas que viven con VIH/SIDA recibieron por primera vez tratamiento antirretroviral con recursos federales. Empero el acceso a medicamentos aún no está garantizado para esta población. Desde hace varios años se ha denunciado el desabasto “generalizado” de medicinas para el control del VIH en varios estados de la República, hecho que volvió a presentarse durante 2010 y que fue denunciado por la organización Derechohabientes Viviendo con VIH/SIDA del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien solicitó audiencia con el director del organismo, Daniel Karam Toumeh.55 El problema afecta de manera particular a enti-

dades con la mayor cantidad de seropositivos en tratamiento, entre ellas el Distrito Federal, estado de México y Jalisco. Esto se originó por la decisión de la Secretaría de Salud (Ssa) de no realizar la compra de antirretrovirales56 para este año hasta que se determinaran con exactitud las cantidades de fármacos requeridos. La falta de medicamentos indispensables para la vida, que esta población requiere, es una violación a la obligación de garantizar el acceso físico a medicamentos, además de que los altos costos de estos afectan también el acceso económico. Lo más grave es que en lugar de resolver el problema las autoridades intenten minimizar el problema u ocultarlo. En reiteradas ocasiones, Censida57 ha negado que exista desabasto de medicamentos para personas seropositivas; sin embargo, varios de los programas estatales están a punto de colapsar debido a que desde diciembre pasado las entregas de los fármacos han sido totalmente irregulares y a cuentagotas. Es indispensable, que permanezca la continuidad en los tratamientos, los casos nuevos, los cambios de esquema y las terapias profilácticas para embarazadas, recién nacidos, accidentes laborales y víctimas de violencia sexual.58 Asimismo el que en México se carezca de política pública que permita la producción de medicamentos genéricos y, que por el contrario, beneficie el proceso de privatización, constituyen una violación al derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Algunas de los obstáculos para garantizar el acceso oportuno, no sólo a medicamentos

53 Rosalía Servín Magaña- “Ignoran 80 mil mexicanos que tienen VIH/Sida”. Sociedad. El Financiero. 01-12-2010. Pág. 24. 54 Presidencia de la República. Cuarto Informe de Gobierno… 55 Ángeles Cruz Martínez- “Desabasto de medicina para controlas el VIH, en aumento”. Sociedad y Justicia. La Jornada. 27-01-2010. Pág. 38. 56 Ángeles Cruz Martínez- “Faltan fármacos para 32 mil portadores de VIH: Censida”. Sociedad y Justicia. La Jornada. 06-05-2010. Pág. 35. 57 Ángeles Cruz Martínez- “Enfrentan graves problemas programas contra el VIH por desabasto de fármacos”. Sociedad y Justicia. La Jornada. 22-03-2010. Pág. 40. 58 Ángeles Cruz Martínez- “Exigen abasto de fármacos contra VIH”. Sociedad y Justicia. La Jornada. 27-05-2010. Pág. 43.

sino a una atención oportuna y de calidad para las personas que viven con VIH/SIDA ha sido la falta de recurso. Hasta hace pocos años el presupuesto para VIH/SIDA comenzó a destinar una partida para estrategias de prevención. Hasta ahora, el monto ha sido insuficiente. Para allegarse de recursos, México presentó una propuesta al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, con lo que obtuvo 67 millones de dólares que deberán ser ejercidos en cinco años. Nunca antes se había destinado tal cantidad para prevenir nuevas infecciones y reducir el impacto de la epidemia en grupos de alta vulnerabilidad, como los hombres que tienen sexo con hombres, los trabajadores del sexo comercial y las personas que usan drogas inyectables. A través de un complejo mecanismo de operación y supervisión, México deberá reportar constantemente sus avances, de lo contrario, el Fondo puede retirar sus recursos, aun sin haber concluido el proyecto59. Las autoridades deben tomar en cuenta al momento de atender a la población que vive con VIH/SIDA que el Estado mexicano está obliga-

do a adoptar medidas que regulen los bienes, servicios e información relacionados con el VIH, de modo que haya suficientes medidas y servicios de prevención, adecuada información para la prevención y atención de los casos de VIH y medicación inocua y eficaz a precios asequibles. Las autoridades mexicanas deben tomar también las medidas necesarias para asegurar a todas las personas el suministro de la terapia con antirretrovirales y otros medicamentos, pruebas diagnósticas y tecnologías relacionadas seguras; la accesibilidad a bienes de calida, igualmente, todo tipo de servicios e información para la prevención, tratamiento para todo tipo de enfermedades que se relacionan con el VIH/SIDA, incluyendo la prevención y atención infecciones oportunistas y de las enfermedades conexas. Ello sin dejar de crear medidas para que la atención que se imparta en los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser sea bajo el principio de No discriminación, accesibilidad y con énfasis en sectores más desprotegidos como son niñez y mujeres.

Conclusiones La existencia de discriminación en el acceso a la salud, sobre todo con respecto a las mujeres y a las personas que viven con VIH/sida y los altos índices de pobreza y pobreza extrema en las que vive un gran número de la población, demuestran que en nuestro país el derecho el más alto nivel de salud física y mental no esta plenamente satisfecho por toda la población. A pesar de disponer de toda una gama de instituciones e infraestructura para la vigilancia de enfermedades y contar con datos y estadísticas actualizadas, la información proporcionada por las autoridades es parcial, no sólo sobre la situación de la morbilidad y mortalidad de la población mexicana, sino igualmente sobre la calidad de los servicios y seguimiento de la situación de los indicadores de salud. Con respecto a la infraestructura se puede decir que el Estado no cumple su obligación de garantizar un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, cuestión que se demuestra con los altos índices de saturación que pre42

59 Sin autor- “Llega a México el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida”. Informe Especial. La Jornada. 02-12-2010. Pág. 6.

sentan los centros de atención. Otro aspecto de este problema es la lejanía de las zonas rurales a los centros hospitalarios, hecho que impacta en el derecho de las personas al acceso físico a los centros y unidades de atención de salud. Desde la ubicación geográfica hasta los mismos servicios médicos y los factores determinantes básicos de la salud se violentan cuando la población no puede acceder al sistema público y cuyos ingresos no les permite acudir al sistema privado. La calidad de los programas gubernamentales ha ido en deterioro y su principal programa el Seguro Popular, no es considerado, por todos los que están inscritos, como adecuado. Las quejas de los afiliados también señalan que los establecimientos, bienes y servicios de salud de este programa no son apropiados y falta personal médico capacitado, medicamentos e incluso equipo hospitalario, pues el existente no se encuentra en buen estado. Además ante la falta de atención oportuna y de calidad las familias se ven obligadas a hacer grandes gastos lo que, desde la perspectiva del derecho a la salud violenta los principios de accesibilidad económica y equidad, ya que los pagos realizados merman la economía de las familias. Recomendaciones • Resolver la falta de asignación adecuada en el presupuesto destinado al derecho a la salud. • Asignar el presupuesto nacional de acuerdo con las metas de universalidad, protección y equidad que corresponden a una perspectiva integral de derechos humanos. • Crear un proceso de sistematización continuo y abierto de los indicadores de la salud de los mexicanos de tal manera que se tenga información más actual sobre la situación del derecho. • Contar con una política pública que parta de una perspectiva integral del derecho a la salud. • Promover acciones y programas que desarrollen la mayor capacidad de los sistemas de salud. • salud.

Garantizar la atención pronta y de calidad en los servicios de

• Garantizar la accesibilidad al derecho en zonas urbanas y rurales a través de la disponibilidad, asequibilidad y suficiencia de unidades de atención médica y personal en los tres niveles. 43

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El derecho a la educación

Introducción

La educación es un derecho eminentemente social porque permite a las personas y pueblos superar la pobreza, la marginación y la exclusión económica y social. Es al mismo tiempo un derecho político porque al ejercerse crea ciudadanía; personas más educadas y con mayor información y capacidad para analizarla, tomarán mejores decisiones para sus vidas, las de sus familias y su comunidad. Serán también personas con mayores elementos éticos y civiles. Al momento de estallar la Revolución Mexicana la mayoría de la población del país era analfabeta. Para lograr abatir la pobreza y desigualdad social, los primeros gobiernos post revolucionarios sabían que era fundamental invertir en la educación del país. Así, hoy en día en México existe una cobertura de casi el 100 por ciento; el analfabetismos es bajo y la educación es una obligación del Estado quien de manera gratuita la proporciona desde el preescolar hasta el nivel secundaria. A pesar de sus buenos o aceptables indicadores educativos, México se enfrenta a la mala calidad de la educación que brinda el Estado y a la exclusión a la que son sometidos muchas niñas, niños y jóvenes en el sistema educativo. Pareciera que hay una tendencia a dar una pobre educación para los pobres. La educación que brinda el Estado no tiene la calidad que exige el mercado laboral actual y mucho menos está pensada para ser una educación que dignifique al ser humano y no lo convierta en mera mano de obra calificada, barata y poco crítica. A nuestros gobernantes les ha faltado visión e interés por invertir en el sistema educativo a fin de contar con una población educada, competitiva, productiva y pensante, que contribuya a fortalecer un Estado democrático, de derecho y respetuoso de los derechos humanos. En el presente capítulo abordaremos qué es el derecho a la educación, el marco jurídico internacional y nacional que lo protege y sus principales características. Estudiaremos sus principales indicadores y su situación general en México para entender algunos de los 47

retos que se presentan en el Sistema Educativo Nacional (SEN). Revisaremos la situación de algunos grupos de población, respecto a este derecho,como las personas con discapacidad y las juventudes. Todo esto con la finalidad de brindar un panorama general del estado que guarda este derecho humano en el país y poder generar algunas propuestas de mejora. 1. El derecho a la educación: características y componentes La educación es un derecho universal, es decir, debe ser disfrutado por todas las personas, sin distinción alguna. Es un medio indispensable para realizar otros derechos humanos y para relacionarnos y cooperar con otros.60 Su finalidad más noble es fomentar el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, así como fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.61 La educación contribuye a formar la identidad individual y colectiva de las personas y las dota de las herramientas necesarias para evitar ser marginados de la vida económica. De acuerdo a la Observación General número 13 del Comité Derechos Económicos Sociales y Culturales (Comité DESC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre el derecho a la educación, estos son sus componentes y características:

60 Observación número 13, El derecho a la educación. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas. 61 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), artículo número 13.

• Disponibilidad.- Debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado Parte, con infraestructura elemental y personal para su funcionamiento. • Accesibilidad.-Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a todos, sin discriminación, en el ámbito del Estado Parte. La accesibilidad consta de tres dimensiones que son: a) La No discriminación, que significa que la educación debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos mas vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación por ninguno de los motivos; b) La accesibilidad material que implica que la educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su localización geográfica de acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) o por medio de la tecnología moderna (mediante el acceso a programas de educación a distancia) y; La accesibilidad económica, que significa que la educación ha de estar al alcance de todos en el nivel básico. Se pide a los Estados Partes que implanten gradualmente la enseñanza secundaria y superior gratuita. • Aceptabilidad.- La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes y, cuando proceda, los padres. • Adaptabilidad.- La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados. 2. Marco jurídico que reconoce y protege el derecho a la educación.

3. Situación del derecho a la educación y algunos de sus indicadores Durante su visita a México en febrero de 2010 el Relator Especial sobre el Derecho a la Educación de la Organización de las Naciones Unidas, Dr. Vernor Muñoz, señaló como un avance muy positivo que exista una cobertura nacional del 98 por ciento en primaria y del 92 por ciento en educación secundaria. Asimismo destacó como algo favorable el compromiso asumido constitucionalmente por garantizar la obligatoriedad y gratuidad en la educación preescolar. Pero también destacó que “a pesar de estos avances, México enfrenta dos grandes retos en materia de educación: abatir la exclusión que genera el propio sistema educativo y elevar la calidad educativa para todos los niveles y grupos de la población.”62 Efectivamente, aunque en México los indicadores de educación han mejorado y en algunos casos parecieran muy buenos, como la cobertura escolar que es prácticamente del 100 por ciento, existen aún importantes rezagos. La educación resulta trascendental en el desarrollo de las personas pues es un medio para salir de la pobreza y la marginación. Sin embargo, la desigualdad de oportunidades, la desigualdad de género, las circunstancias socioeconómicas y culturales, influyen en los resultados educativos. En nuestro país el 18.2 por ciento de la población sufre de pobreza extrema y el 24.7 por ciento tiene un nivel de pobreza que le impide invertir en su educación y salud. 63 a) Sistema Educativo: situación general

toda la población, a pesar de ello, revisaremos su situación en el apartado de juventudes.

El Sistema Educativo Nacional (SEN) está compuesto por la educación básica, la media superior y la superior. Como hemos señalado en otros informes, el Centro Vitoria aborda particularmente la situación de la educación básica (preescolar, primaria y secundaria) por ser ésta una obligación del Estado. En el caso de la educación media superior y superior, el Estado sólo está obligado a promoverla y progresivamente facilitar el acceso a ésta de

El SEN es en su mayor porcentaje de carácter público. En México 9 de cada diez alumnos (90.7 por ciento) de educación básica asisten a escuelas públicas. De estas escuelas públicas el 70 por ciento son administradas por los gobiernos estatales y el resto por el gobierno federal.64 Dada la importancia de la educación pública en el país, es necesario insistir en que su calidad se incremente. “En más de la mitad de los países que participaron en 2006

62 Organización de las Naciones Unidas (ONU), Comunicado de prensa, Relator Especial sobre el Derecho a la Educación de las Naciones Unidas, 18 de febrero 2010. 63 Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2005, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, México, 2006. 64 INEE, Panorama Educativo 2009.

en la prueba PISA, que incluye a los 30 miembros de la Organización para la Cooperación económica y el Desarrollo (OCDE) y a otras 27 naciones, no existen las escuelas administradas y/o financiadas de forma privada o a ellas asiste sólo 3 por ciento o menos de los jóvenes de 15 años.” Esto desmiente la idea que en los países más ricos o con mayor desarrollo, la educación se encuentra en manos del sector privado. El sistema educativo de numerosos países, sobre todo en el nivel básico, es administrado por el Estado y es éste quien determina qué tan estratégico y prioritario es el sector, para dar impulso a su desarrollo económico, político y social. En México falta visión de Estado sobre la importancia de la educación como motor del país y se permite que el capital privado invierta, sobre todo en la educación media y superior, sin cumplir con los criterios de calidad necesarios. Datos de Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), señalan que la educación básica concentran la mayor proporción de la población matriculada pues cuenta con 25.6 millones de alumnos (76.2 por ciento). Dentro de la educación básica, (modalidad general y escolarizada) el nivel primaria es el de mayor tamaño pues cuenta con 14.8 millones de alumnos (57.9 por ciento) del total de este nivel.

El preescolar tiene 18.1. por ciento, y la secundaria el 24.0 por ciento, de la matrícula. De los tres tipos de escuelas en las que se ofrece educación preescolar y primaria, las generales son las que concentraron los mayores volúmenes de alumnos. El tipo de servicio general tanto de preescolar como de primaria atiende predominantemente a poblaciones urbanas e indígenas; en el comunitario se concentra más a poblaciones rurales. Así, del total de escuelas generales en preescolar y primaria, 63 y 52 por ciento, respectivamente, se asientan en entornos urbanos para atender 82 y 79 por ciento del alumnado total de este tipo de escuelas. El 84 y 89 por ciento de las preescolares y primarias indígenas respectivamente, se ubican en zonas rurales y en ellas se atiende a 71 y 77 por ciento de la matrícula indígena en los niveles educativos correspondientes. Similarmente, en el entorno rural se concentra 94 y 92 por ciento de las escuelas comunitarias de preescolar y primaria.

b) Cobertura y alfabetización Para el ciclo escolar 2008/2009, 26 de las 32 entidades presentan tasas de cobertura del 100 por ciento, lo cual implicaría una cobertura universal. Quintana Roo, Aguascalientes, Yucatán, Campeche, Colima y Chihuahua conforman las seis entidades que presentan tasas por debajo del 100 por ciento, sin embargo, ninguna es inferior a 95 por ciento. En el nivel secundaria la cobertura nacional es del 82.4 por ciento y

en preescolar de 77. 6 por ciento. En el caso de preescolar la baja tasa de cobertura se puede explicar por tratarse del nivel de más reciente integración al sistema educativo obligatorio y por las deficiencias que se presentaron en su aplicación, como la falta de infraestructura y de suficientes docentes que atendieran este nivel.67

65 Fundación Este País, “El regreso de la Escuela pública” Revista Este País, número 228, abril de 2010. P.9. 66 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Panorama Educativo 2009. 67 Ibidem.

En México el promedio nacional de escolaridad es de 7.9 años; en el Distrito Federal es de diez años pero en Chiapas es de 5.6 años. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de analfabetismo del país es del 9.5 por ciento de la población. En el Distrito Federal esta tasa es sólo del 2.9 por ciento mientras que en Chiapas es del 22.9 por ciento. 68 El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) reporta que en México hay casi siete millones de personas analfabetas. Cincuenta por ciento del total de la población en algunas comunidades indígenas es analfabeta, lo que muestra que este grupo de la población sigue siendo discriminado y excluido del ejercicio de sus derechos humanos, entre ellos, la educación. Cabe destacar que la situación de las mujeres respecto a este indicador es peor que la de los hombres. Para los sectores que conforman los grupos de edad de 15 años o más, el nivel de mujeres alfabetizadas se localiza alrededor de 49.4 por ciento; un porcentaje excesivamente bajo en comparación con el de los hombres, que alcanza 71 por ciento. Estos porcentajes aumentan considerablemente para las zonas

b) La cobertura en educación primaria es casi universal. Sin embargo, aún permanecen1.2 millones de niños y niñas entre los 5 y 14 años fuera de la escuela. (Unicef, 2009).

urbanas, dónde las mujeres con posibilidades de estudiar son de 66.5 por ciento, aunque un índice bajo si se compara con el de los hombres, que se encuentra en 83 por ciento. El INEA recibe pocos recursos (suman cerca del uno por ciento del presupuesto de la SEP), lo que implica serias limitantes para atender de manera adecuada, eficaz y con calidad a la población en situación de analfabetismo. Esto es preocupante pues se requieren mayores recursos para lograr más efectividad en sus tareas de alfabetización. En materia de educación para personas adultas, 34 millones de personas mayores de 15 años de edad, se encuentran con rezago educativo y de éstas, sólo 2.4 millones son atendidas por el INEA. Del 1.5 millones de personas indígenas en condición de analfabetismo y rezago, sólo 66 mil son atendidas por esta institución.”69

c) Rezago escolar Cuando un estudiante no transita de un grado a otro, es decir, que se queda rezagado en el sistema escolar y por lo tanto su edad normativa no corresponde al grado escolar que cursa o debería cursar, hablamos de rezago escolar. Entre las causas que dan origen al rezago escolar están la pobreza y la marginación que existen en el país, y que se presentan de manera más aguda entre ciertas entidades. Chiapas, Guerrero y Oaxaca, encabezan la lista de los estados con mayores rezagos 52

educativos en los tres niveles de la educación básica. Coahuila, Nuevo León, Tlaxcala y el Distrito Federal son las entidades con las tasas de rezago más bajas. 68 Banegas González Israel y Blanco Bosco Emilio, Políticas y Sistemas de Evaluación Educativa en México. Avances, logros y Desafíos. Informe para la Reunión Ministerial del Grupo E-9 (UNESCO), México, 13-15 de febrero de 2006, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, México, 2006. 69 Comunicado de prensa Relator Especial sobre el Derecho a la Educación de las Naciones Unidas, 22 de febrero 2010.

De acuerdo al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), “al poco tiempo del ingreso a la escuela primaria, es decir a los 7 y 8 años de edad, comienza a reducirse el porcentaje de niños que avanza de acuerdo con la edad reglamentaria hasta representar ya un 75 y 66 por ciento respectivamente. A los 12 años solamente 61 estudiantes de 100 se encuentran estudiando el primer año de secundaria y 4 han dejado la escuela; esta dinámica empeora de manera tal que a los 15 años, sólo

42 por ciento cursa el año que normativamente le corresponde, esto es, el primer año de bachillerato y casi la cuarta parte del total se encuentra fuera de la escuela. Es innegable que un sistema educativo que da estos resultados no está funcionando satisfactoriamente y, por lo tanto, no se está garantizando el derecho a la educación para todas y todos.”70

d) Resultados de la educación Las pruebas escolares en donde los alumnos de primaria y secundaria muestran resultados apenas suficientes en materias como español y matemáticas son desde hace años preocupantes y alertan sobre un problema complejo. No hay calidad, no se actualizan contenidos ni métodos educativos y la educación y los alumnos, no son el centro de interés ni de las autoridades educativas ni de los líderes sindicales. De acuerdo con los resultados de los Exámenes de la Calidad y el Logro Educativos (Excale) 2009, elaborados por el INEE, se mantienen los pro-

blemas de aprendizaje de los alumnos del tercer grado de secundaria, particularmente en 18 entidades en donde se presentan carencias preocupantes de conocimientos, habilidades y destrezas escolares, en materias como español y matemáticas. Estas entidades son: Baja California, Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. El estudio evaluó a 80 mil 525 estudiantes, de tres mil 304 secundarias de todas las modalidades de la República mexicana.

Aunque estas pruebas pueden ser útiles (refiriéndose a las pruebas Enlace, Excale y PISA), al ser estandarizadas no necesariamente atienden la diversidad, la variedad de expresiones sociales y culturales ni consideran la multiplicidad de matices comunitarios. En la práctica las pruebas han tenido un efecto problemático, pues han proyectado injustamente una mala imagen de los maestros y maestras, haciendo creer que los problemas de la eficiencia escolar les son achacables exclusivamente a ellos y ellas y no a un sistema educativo que ha resultado moroso en la ejecución de políticas públicas consistentes. (Sr. Vernor Muñoz, Relator Especial sobre el Derecho a la Educación de la ONU. En visita a México, febrero 2010)

El estudio indica que el 36 por ciento de los estudiantes evaluados está por debajo de los resultados esperados en español; un 22 por ciento se ubica en el nivel medio y sólo un 6 por ciento en el avanzado. La modalidad de Telesecundaria es la que presenta los resultados más bajos. En matemáticas que el 52 por ciento de los estudiantes se encuentra en el nivel por debajo del básico y un 27 por ciento en el básico.

Es decir, ocho de cada diez estudiantes no cuentan con los conocimientos necesarios en esta materia. De acuerdo al Centro de estudios Económicos del Sector Privado, en la última década México ha descendido 18 lugares en el índice global de competitividad y ahora China y Brasil, le llevan la delantera. Señala que Brasil está mejor colocado en los índices que México, en educación superior, eficiencia laboral, tecnología y tamaño del mercado.

70 Observatorio Ciudadano de la Educación, “El Derecho a la educación en México. Situación y perspectivas, Revista Este país, agosto de 2010, p.29. 71 Rosalía Servín Magaña, Alumnos de tercero de secundaria, reprobados en matemáticas y español, El Financiero, 26 de marzo de 2010, p 28. 72 Isabel Becerril, México se rezaga en la lista de competitividad, El Financiero, 8 de febrero de 2010, Economía, p. 14.

e) Presupuesto para la educación En el 2006 el presupuesto destinado a la educación en México fue de 645 mil 722 millones de pesos, lo que representó el 6.49 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Para el 2009 este presupuesto ascendió a 791 mil 675 millones de pesos. Este incremento de más de 100 mil millones pareciera aceptable. Sin embargo, el incremento real de esta inversión es deficitaria si se toma en cuenta la inflación y el valor real, es decir, lo que se puede comprar con un peso hoy, comparado con hace 3, 6 o diez años. El INEE señala que comparado con el precio real del 2003, el presupuesto para educación del 2009 decreció un -0.7 por ciento.73 4. Grupos de población discriminados en el goce y ejercicio de su derecho a la educación a) Mujeres y niñas indígenas: exclusión y discriminación El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) reportó que en las zonas rurales de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y la Sierra de Puebla, las niñas viven una mayor discriminación de parte de sus familias, pues son éstas quienes les impiden asistir a la escuela.74 A nivel general el índice feminidad en zonas rurales, según datos disponibles (2004) era de 95.4, es decir que por cada cien niños que asistían a la escuela lo hacían 95 niñas. Sin embargo por grupos de edad nos encontramos que el ausentismo por parte de las niñas en el medio rural alcanza el 7.3 por ciento de las niñas de 6 a 12 años, éste porcentaje aumenta con forme avanza la edad pues ya para el grupo de las adolescentes de 13 a 15 años llega a 36.7 por ciento. La violación al derecho a recibir una educación escolarizada se grava entre las comunidades indígenas dónde los niveles de asistencia escolar de las niñas indígenas de 6

a 14 años que viven en comunidades rurales, se ubica alrededor del 82 por ciento. Sólo el 69.8 por ciento de las niñas indígenas de 6 a 14 años en comunidades rurales saben leer y escribir, una tasa baja si la comparamos con localidades urbanas, donde el porcentaje de éste sector aumenta a 77.7 por ciento.75 El Observatorio Ciudadano de la Educación apunta que “la política educativa vigente ha colocado en los márgenes del sistema a las modalidades y programas educativos que atienden a los adultos, a los grupos llamados vulnerables y a los indígenas. Con muy poco dinero y con figuras docentes mal pagadas y mal preparadas no es factible que se resuelvan las carencias educativas de estos grupos. Por ello es necesario presionar para exigir un cambio de rumbo e insistir en la inconveniencia de perpetuar la “relación atípica” vigente entre el gobierno y el sindicato. 76

73 INEE, op.cit. 74 Centro de Derechos humanos “Fray Francisco de vitoria O.P.” A.C., Informe anual sobre la Situación de los derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México, 2002-2003. México. Indesol-CDHFFV. 75 Secretaría de Educación Pública. Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto, citado en CEPAL: Las metas del Milenio y la Igualdad de Género. El caso de México. 76 Observatorio Ciudadano de la Educación, “El Derecho a la educación en México. Situación y perspectivas, Revista Este país, agosto de 2010, p.30.

*En México 8 de 10 indígenas no cuentan con educación básica. *Sigue existiendo un presupuesto muy limitado para cubrir las necesidades de los pueblos y comunidades indígenas. *El modelo educativo se torna insuficiente para el rescate y la potenciación de las culturas y las lenguas indígenas, falta capacitación docente y es común que los maestros y maestras no conozcan las lenguas de los estudiantes a quienes educan. *En el caso de las poblaciones indígenas, ni el 1 por ciento que ingresa en primaria, logra entrar en la universidad, a diferencia del 17 por ciento de la población nacional. Existen 9 universidades interculturales que apuntan a la formación de jóvenes indígenas, bajo un esquema de educación pertinente para la realidad que viven en sus comunidades.

(Relator sobre el Derecho a la Educación de la ONU, 2010)

b) Personas con discapacidad. En cuanto a las personas con discapacidad, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI) reporta que en México (datos del 2000), hay poco más de 814 mil personas con alguna discapacidad motriz. Un gran porcentaje de la discapacidad motriz está ligada al proceso de envejecimiento ya que la mitad de la población con este tipo discapacidad (50.4 por ciento), es mayor de 60 años. Alrededor de 467 mil personas tienen discapacidad visual; otras 290 mil personas viven con discapacidad mental y 281 mil con discapacidad auditiva. El INEGI da cuenta que un cuarto de la población de cada uno de estas discapacidades se ubica en zonas rurales, donde existen pocos centros educativos y de salud que les brinden atención especializada. Aproximadamente 2.4 por ciento de las personas con discapacidad son niñas y niños de ente cero y 4 años; y 4.9 por ciento son niñas y niños entre 5 y 9 años de edad.

un paradigma reconocido y aceptado bajo cuyos lineamientos se diseñen las políticas públicas en México. No existen datos muy actualizados sobre la situación de este grupo de población, pero con la información que contamos sabemos que en México hay más de 2 millones de niños con algún tipo de discapacidad, de los cuales el sistema educativo atiende a 400 mil. Solamente el 42 por ciento de los municipios tienen algún servicio de apoyo para la educación especial; únicamente 53 normales de un total de 457 imparten la licenciatura en el área y sólo hay 45 mil maestros para atender a estos alumnos. Existen 53 normales (datos de 2006) que ofrecen la licenciatura en educación especial y hay 45 mil miembros del personal no administrativo (docentes, directores, sicólogos y trabajadores sociales) que atienden a esta población.77

Las personas con discapacidad ven violentado su derecho a la educación de manera cotidiana. La educación inclusiva, que busca que todas las personas, independientemente de su condición o diferencia, aprendan juntos, no es

Hoy en día la niñez con capacidades distintas son atendidos dentro de las dos opciones que ofrece nuestro sistema educativo: los Centros de Atención Múltiple (CAM) que atienden a escolares con diferentes dis-

77 www.sep.gob.mx

capacidades, y las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER), que dan asesoría a las escuelas regulares a donde asisten estos menores. Tanto los CAM como las USAER no reciben suficientes apoyos económicos para atender las necesidades de la población que atienden. Deseamos finalizar este apartado retomando lo que señaló el Relator Especial sobre el Derecho a la Educación de la ONU con motivo de su visita a nuestro país en febrero de 2010: “en cuanto a la inclusión de niñas y niños con discapacidad en el sistema educativo, el Re-

• Las personas con discapacidad son aquellas que presentan una deficiencia física, intelectual, mental o sensorial, ya sea de manera permanente o temporal, que limita su capacidad para realizar una o varias actividades esenciales para la vida diaria y que puede ser agravada por el entorno económico y social. • De acuerdo con la ONU, en el Mundo existen 650 millones de personas con discapacidad, es decir, el 10 por ciento de la población. • De cada 100 personas con discapacidad en nuestro país, 19 la adquirieron por herencia, durante el embarazo o al nacer.

lator Especial se ha percatado de que existen dos estrategias que no terminan de armonizarse; una integradora y otra de educación especial. También nota grandes disparidades entre entidades federativas. Para avanzar más decididamente, es necesario traducir los compromisos establecidos en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en normas locales, incorporar maestros y maestras con discapacidad en el servicio educativo regular y desarrollar una estadística confiable sobre inclusión educativa, que permita desarrollar políticas públicas eficaces.”78

• Dentro del marco jurídico que protege a las personas con discapacidad están: la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU) y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las personas con Discapacidad. Si hablamos de niñas y niños con discapacidad no debemos dejar de mencionar la Convención de los Derechos del Niño. • A nivel nacional tenemos: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 1); la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; y la Ley General de personas con Discapacidad.

78 Organización de la Naciones Unidas, Boletín de prensa con motivo de la visita a México del Relator Especial sobre el Derecho a la Educación, Dr. Vernor

56 Muñoz, 18 de febrero de 2010. México.

c) Las juventudes y la educación media superior y superior Distintos estudios muestran que a mayor escolaridad y mejor educación, existe una calidad de vida más alta para la población. La calidad de vida tiene que ver no sólo con un mayor ingreso económico sino con una formación ética, la participación política, los valores civiles, la democracia y el respeto a los derechos humanos, por citar algunos ejemplos. En el caso de las poblaciones juveniles, se observa que “a mayor nivel educativo alcanzado menor probabilidad de que un joven se encuentre en inactividad tanto económica como escolar”.79 Con la educación hay menos probabilidad de que las juventudes se ubique en ese término que se ha puesto de moda pero que pudiera ser ofensivo, el de “nini”, es decir, joven que ni estudia ni trabaja. En México hay 107.6 millones de habitantes (datos de 2009). De éstos 27.2 por ciento son jóvenes y del total de jóvenes en nuestro país 35.9 por ciento tienen de 15 a 19 años de edad;

33.3 por ciento 20 a 24 años y; 30.8 por ciento 25 a 29 años.80 De los jóvenes de 15 a 17 años, el 65.8 por ciento estudia y el 18 por ciento sólo trabaja. En el rango de edad de 18 a 29 años, el 19 por ciento estudia y 55.8 por ciento sólo trabaja. Conforme aumenta la edad también se incrementa la tendencia a ingresar al mercado laboral y abandonar los estudios. El 24 por ciento de los jóvenes no estudian ni trabajan. El 60. 4 por ciento de los jóvenes de 15 a 17 años que se dedican exclusivamente a estudiar son mujeres mientras esta cifra baja en los hombres al 52.7 por ciento.81 Se observa que existe una mayor participación de los hombres que de las mujeres jóvenes en el mercado laboral. Esto muy probablemente como resultado de los roles de género por los que se asume que los hombres son los naturales “proveedores del hogar” y que las mujeres deben dedicarse a las tareas domésticas.

Conclusiones La educación es un derecho social que permite a las personas vivir con dignidad y mejorar su calidad de vida. Contribuye de manera importante a salir de la pobreza y la marginación. Por ello, la Revolución Mexicana y los gobiernos que le siguieron se propusieron, al menos en el discurso, brindar educación a toda la población. Y en cierta forma lo consiguieron pues existen evidentes avances si comparamos la situación actual con la de 1910. La cobertura es casi total, el analfabetismo ha disminuido de manera considerable y la educación básica, compuesta de tres niveles, es pública, gratuita y laica. Sin embargo, aún existe un rezago escolar preocupante entre la población indígena y la rural, y exclusión de grupos de población como personas con 79 Robles Vázquez Héctor, (coordinador), Panorama Educativo de México, Indicadores del Sistema Educativo Nacional 2008, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Primera Edición, México 2008, p. 63. 80 “Estadísticas a propósito del día internacional de la juventud, Datos Nacionales”, INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México, D.F., 12 de Agosto de 2009, pág. 1

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/estadisticas/2009/juventud09.

asp?s=inegi&c=2736&ep=19 81 Robles Vázquez Héctor, Op. Cit., p. 63.

discapacidad y las y los jóvenes. Asimismo, la inequidad de género sigue presente en todo el sistema educativo. Faltan aún políticas públicas diseñadas bajo la perspectiva de derechos humanos que retomen no sólo la importancia del derecho a la educación como un derecho social sino como un derecho político que cree ciudadanía. No existe visión de Estado sobre la importancia de la educación como motor de la economía y del desarrollo del país. Se invierte aún de manera deficiente en la educación pública y, a pesar de lo que nos desean hacer creer, ésta es una de las inversiones más importantes que hacen países desarrollados, por ejemplo los miembros de la OCDE. Recomendaciones: • Mejorara la calidad de la educación mediante la actualización de los contenidos curriculares y as metodologías de la enseñanza. • Incluir la educación en derechos humanos como parte de la formación de la población. • Incrementar el presupuesto público para la educación de manera que se corresponda con los precios reales vigentes y se tome en cuenta la inflación. • Atender las necesidades específicas de grupos de población en situación de vulnerabilidad y exclusión, como pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, mujeres y niñas, juventudes, entre otros.

Bibliografía • Centro de Derechos humanos “Fray Francisco de vitoria O.P.” A.C., Informe anual sobre la Situación de los derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México, 20022003. México. Indesol-CDHFFV. • Centro de Derechos humanos “Fray Francisco de vitoria O.P.” A.C., Informe anual sobre la Situación de los derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México, 20082009. México. Fundación MacArthur-CDHFFV. • Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2005, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, México, 2006. • INEE, Panorama Educativo 2009. • Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Panorama Educativo 2009. • Banegas González Israel y Blanco Bosco Emilio, Políticas y Sistemas de Evaluación Educativa en México. Avances, logros y Desafíos. Informe para la Reunión Ministerial del Grupo E-9 (UNESCO), México, 13-15 de febrero de 2006, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, México, 2006. • Secretaría de Educación Pública. Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto, citado en CEPAL: Las metas del Milenio y la Igualdad de Género. El caso de México. • Robles Vázquez Héctor, (coordinador), Panorama Educativo de México, Indicadores del Sistema Educativo Nacional 2008, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Primera Edición, México 2008. • “Estadísticas a propósito del día internacional de la juventud, Datos Nacionales”, INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México, D.F., 12 de Agosto de 2009, pág. 1 http:// www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/estadisticas/2009/juventud09.asp?s=inegi&c=2736&ep=19 Documentos • Observación número 13, El derecho a la educación. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas. • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), artículo número 13. • Organización de las Naciones Unidas (ONU), Comunicado de prensa, Relator Especial sobre el Derecho a la Educación de las Naciones Unidas, 18 de febrero 2010.

Hemerografía: • AVILÉS Karina, “Unos 10 millones de jóvenes truncan sus estudios por carencias económicas”, La Jornada, 4 de enero de 2010, p. 31 • Fundación Este País, “El regreso de la Escuela pública” Revista Este País, número 228, abril de 2010. P.9. • Observatorio Ciudadano de la Educación, “El Derecho a la educación en México. Situación y perspectivas, Revista Este país, agosto de 2010, p.29. • Rosalía Servín Magaña, Alumnos de tercero de secundaria, reprobados en matemáticas y español, El Financiero, 26 de marzo de 2010, p 28. • Isabel Becerril, México se rezaga en la lista de competitividad, El Financiero, 8 de febrero de 2010, Economía, p. 14. Páginas web •

www.sep.gob.m

Derechos laborales en México

Introducción

En el marco del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución es pertinente preguntarnos ¿Para qué nos sirve el pasado? Sobre todo cuando los impactos de la crisis mundial y del empleo muestran una preocupante profundización de la desigualdad y la pobreza. Entonces, reafirmamos que en el análisis histórico podemos encontrar claves para las acciones presentes y futuras. Los derechos humanos, desde su origen, han gozado de un carácter eminentemente popular. Su sentido lleva implícito transformaciones sociales y profundas, productos de luchas que iniciaron hace cientos de años. La Revolución Mexicana como proceso “revolucionario” quedó inconclusa. Sin embargo, también dejó tras de sí grandes avances. Uno de ellos fue el reconocimiento de los derechos sociales y de los derechos laborales en el marco jurídico nacional. Inclusive, entre las demandas que se recogieron, tanto en el imaginario social como en la Constitución Mexicana, fueron precisamente las laborales; producto de las inolvidables huelgas de Cananea y Rio Blanco. No obstante, el gobierno mexicano ha hecho de las conquistas un uso demagógico y utilitarista manifestado en discursos bajo los cuales se esconde el derroche innecesario de recursos económicos y la indiferencia ante problemas verdaderamente graves como el desempleo, la pérdida del poder adquisitivo de la población y la creciente desigualdad. El hacer un balance a 100 años de la Revolución Mexicana abre la oportunidad de reflexionar si el modelo de país y nación que a lo largo de este tiempo se ha construido responde a las necesidades de las personas y garantiza sus derechos humanos. En caso contrario, es tiempo de generar las transformaciones que conduzcan hacia ese ideal. Este capítulo muestra algunas de las diversas realidades de los derechos laborales en el México de hoy, desde su reconocimiento jurídico hasta la situación que guardan. Al final, se presenta un pequeño

apartado sobre el caso de la desaparición de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LyFC), y un análisis de las condiciones del grupo social juvenil e infantil. 1.

Marco Jurídico

1.1.

Marco Jurídico Internacional

El derecho al trabajo es uno de los derechos económicos y sociales de mayor elaboración en cuanto a contenido normativo. Son varios los instrumentos que lo reconocen: la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales (PIDESC); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Protocolo de San Salvador; así como diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se desarrolló la Observación General número 18 adoptada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC). El documento es relevante debido a las precisiones que hace en relación a los elementos mínimos a considerar para garantizar el derecho al trabajo y los derechos laborales: disponibilidad; accesibilidad sin discriminación, física y de información; aceptabilidad y calidad. También clarifica el contenido de las obligaciones de respetar, proteger, promover, proporcionar y facilitar. En suma, amplía el marco normativo que facilita crear legislación y políticas públicas encaminadas a garantizar el derecho al empleo para todos y todas, a erradicar la discriminación laboral y la desigualdad, poniendo especial atención a los diversos grupos en situación de pobreza. Si bien es comúnmente aceptado que la responsabilidad de garantizar los derechos humanos es del Estado, a la vez que se reconoce que quién los viola es únicamente este actor; la agudización del fenómeno de globalización ha orillado a plantear en discusiones recientes que la responsabilidad puede ser adjudicada a terceros actores que desempeñan un papel preponderante en la generación y protección al empleo tanto en territorio nacional como fuera de sus fronteras. En ese sentido la Observación General 18, señala que las empresas privadas deben actuar de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos. La Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas 62

aprobó, en 2003, las Normas sobre las Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y otras Empresas Comerciales de Promover y Proteger los Derechos Humanos. En materia de derechos laborales les prohíbe recurrir al trabajo forzoso u obligatorio; los insta a respetar los derechos de los y las niñas, a proporcionar un entorno seguro a sus trabajadores, a pagar una remuneración suficiente para tener una vida adecuada para la persona empleada y para sus familias y a garantizar la libertad de asociación y la negociación colectiva. 82 Por otro lado, desde 1999 a escala internacional, la OIT promueve la Agenda Mundial por el Trabajo Decente junto con jefes de Estado y de gobierno, quienes han dado su respaldo a la iniciativa de fomentar la generación de trabajo decente. Éste se estructura a partir de cinco pilares estratégicos: 1. 2. 3. 4. 5.

Oportunidades de empleo productivo. Empleo en condiciones de libertad. Empleo en condiciones de equidad. Empleo en condiciones de seguridad. Empleo en condiciones de dignidad. 83

Con base en información de la OIT, el Gobierno Mexicano ha ratificado 78 convenios en el marco de esta organización, de los cuales 67 han entrado en vigor.84 No obstante, sigue sin ratificar el Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva y el Convenio 138 sobre la edad mínima; temas entorno a los cuales se observan graves conflictos sociales.

82 Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos; “Normas sobre las Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y otras Empresas Comerciales de Promover y Proteger los Derechos Humanos”. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [En línea] Web: http://www.unhchr.ch/Huridocda/ Huridoca.nsf/0/a389702baa023990c1256d59004814a4?Opendocument 83 Si se desea conocer con mayor profundidad el marco normativo internacional de los derechos humanos laborales consulte: Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P:” A.C.; Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México, 2008-2009. CDHFV. Con el apoyo de Fundación MacArthur, México, 2009, 159 pp. 84 OIT. Oficina de Países de la OIT para México y Cuba . [En línea] 20 de Noviembre de 2010. [Citado el: 20 de noviembre de 2010.] http://www.oit.org.mx/convmex.htm#top.

1.2. Marco Jurídico Nacional La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) es el principal texto normativo que reconoce los derechos laborales en los artículos 1, 5, 6, 8, 9, 14, 16, 17, 103, 107 y 123, algunos de manera directa y otros de forma indirecta. Por su parte, la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado amplían el contenido de tales derechos, regulan las condiciones mínimas de trabajo y determinan cuál es la responsabilidad concreta de las instituciones y los patrones. Estos instrumentos conforman el marco general de los derechos humanos laborales en México.85 Durante 2010 no hubo cambios relevantes en ninguna de las normatividades mencionadas. Pese a que no hubo modificaciones relevantes, es importante señalar que la reforma a la LFT sigue pendiente. La propuesta se presentó ante la Cámara de Diputados el 18 de marzo de 2010 por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN). Esta propone actualizar 419 de los 1 mil 10 artículos de LFT vigentes.86 Una de sus principales promotoras ha sido la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). En un artículo publicado en el periódico El Universal, el actual secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, recalca que en los últimos doce años 332 iniciativas se han presentado ante el Congreso de la Unión.87 El contenido de la reforma fue sintetizado en cinco ejes. Aquí mencionaré las propuestas que resultan preocupantes para el cumplimiento de los derechos laborales:88

85 Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P:” A.C.; Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales Nov. 2003 – Nov. 2004. CDHFV, México, p.186. 86 Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); Cuarto Informe de Labores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. [En línea] México, 2010. [Citado el: 4 de noviembre de 2010] Web: http://www.stps.gob.mx/bicentenario_ plantilla/4to_info/4o_Informe_version_digital.pdf 87 Alarcón, Javier Lozano. La Reforma Laboral. Artículo Publicado por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, en el Periódico El Universal. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.. [En línea] 29 de marzo de 2010. [Citado el: 18 de noviembre de 2010.] http://www.stps.gob.mx/bp/micrositios/reforma_laboral/archivos/ html/articulo_completo.html. 88 Para una revisión exhaustiva del documento completo consulte: GGPAN; Proyecto de Reforma Laboral presentada por el GGPAN. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. [En línea] 18 de marzo de 2010. [Citado el: 18 de noviembre

de 2010] http://www.stps.gob.mx/REFORMA_LABORAL/index.htm

Eje

Contenido

1. Facilitar el acceso al mercado laboral y a la creación de empleos.

• Se promueve la incorporación de un esquema individual de contratación que anula el ejercicio de los derechos colectivos, seguridad social y derecho a huelga. • Se otorgan facilidades a los patrones y a las empresas en caso de conflicto laboral al limitar el plazo de los salarios vencidos. • Se integrarían en la legislación distintos modos de contratación, periodos de prueba y contrataciones temporales que bajo el objetivo de promover la capacitación eximen al patrón del costo que implicaría establecer una relación laboral. • Ante situaciones de despido, los patrones no tendrían la obligación de reinstalar a los trabajadores si éstos no cumplen con el requisito de tener, por lo menos, tres años de antigüedad. Sin embargo, los bajos índices de empleo formal, el alto número de subcontratación y de empleos eventuales, impiden que los y las trabajadoras acumulen antigüedad. • Se fomenta la productividad a través del desarrollo de competencias y multihabilidades encaminadas a cubrir las necesidades de los patrones y no a desarrollar las capacidades de las personas.

2. Promover la equidad de género, la inclusión, la no discriminación en las relaciones laborales, y la protección de derechos.

• Las medidas tendientes a facilitar el acceso y permanencia de las mujeres en el empleo representan un avance, no obstante, la flexibilización del trabajo obstaculiza su cumplimiento.

Eje

Contenido

3. Fortalecer la procuración e impartición de justicia laboral.

• Se propone incorporar requisitos y trámites administrativos a los emplazamientos a huelga, los que podrían no sólo obstaculizar las negociaciones y contrataciones colectivas, sino limitar el derecho a huelga, es decir, se limitaría el ejercicio de los derechos colectivos. • Se fortalece el derecho de propiedad por encima de los derechos laborales colectivos de los trabajadores afectados en caso de un diferendo laboral, y se promueve la resolución individual en caso de conflictos en materia de seguridad social.

4. Fortalecer la transparencia y la democracia sindical.

• Con las nuevas obligaciones que se impondrían a los sindicatos se corre el riesgo de que auditores externos intervengan en las decisiones internas que le corresponden a los gremios. Asimismo, se ha observado que los sindicatos a los que se monitorea son seleccionados de forma discrecional.

5. Fortalecer las facultades normativas, de vigilancia y sancionadoras de las autoridades del trabajo.

• Si bien la ampliación de facultades legislativas es un avance, como la necesaria regulación del outsourcing o la tipificación como delito del trabajo infantil; existen numerosos ejemplos que demuestran que el problema no sólo está en las normas existentes sino en la impartición de justicia. En México ésta se aplica de forma desigual. Además, la ampliación del catálogo de restricciones y sanciones no garantiza que el comportamiento de los patrones y de las autoridades cambie, mientras no se combata la corrupción. Para resolver los problemas que se pretenden regular en este apartado se deben atender las razones que orillan a las personas a emplearse en condiciones indignas de trabajo.

La reforma también promueve la incorporación de la noción de trabajo decente en la LFT, aunque, en la práctica, quedaría obsoleto frente a las medidas que conducirían al mercado laboral hacia la flexibilización del trabajo.

Ley de Fomento al Primer Empleo La Ley de Fomento al Primer Empleo busca contrarrestar la alta tasa de desempleo juvenil por medio de incentivos fiscales a las empresas que generen nuevos puestos de trabajo, siempre y cuando éstos sean ocupados por personas que no hayan estado dadas de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La Ley, propuesta por el Senador Manlio Fabio Beltrones, fue aprobada por el Congreso de la Unión el 26 de octubre de 2010 y está en espera a ser publicada por el Poder Ejecutivo Federal en el Diario Oficial de la Federación para empezar a regir en todo el territorio nacional. El beneficio a las empresas consiste en una deducción porcentual adicional (que no podrá ser mayor a 8 veces el salario mínimo mensual vigente) al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), tanto en los pagos provisionales como en el ejercicio fiscal de que se trate, para que los empleadores puedan soportar los gastos de seguridad social destinados al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), al IMSS y a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Al respecto, Enrique Ramírez Figueroa, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, aseguró que el tope de ocho salarios mínimos es criticable porque los empleos generados serán mal pagados.89

exista un impacto desfavorable en las finanzas públicas y sustenta el beneficio fiscal de conformidad a la recaudación esperada para satisfacer el gasto público. La vigencia del incentivo fiscal (el cual conllevó modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta) es de máximo tres años por cada puesto de trabajo que se cree, siempre y cuando dure, por lo menos, año y medio. Para los puestos creados durante el primer año de vigencia de la Ley la deducción será del 40% y para los creados en el segundo año será del 25%.90 Por lo anterior, se espera que la generación de empleos tenga un numeroso impacto durante el primer año de vigencia de la Ley. La Ley no supone carga fiscal alguna al Estado, puesto que, aunque la deducción fiscal a las empresas implica una reducción en los ingresos estatales durante la duración de la medida, se estarán generando nuevos puestos de trabajo que permitirán un incremento en la productividad de las empresas beneficiadas y un aumento en los ingresos para el gobierno y el IMSS, en una cantidad mayor al monto de la deducción fiscal.91

89 Gonzalo Soto; “Critican estímulo del primer empleo”. Reforma. 20 de enero de 2011, México, p.2. 90 María del Pilar Martínez y Lilia González; “Listas, nuevas reglas para emplear

La deducción busca que las empresas eviten realizar trámites que desalienten la generación de nuevos empleos, sin embargo, se les establece un monto máximo que impide que

a jóvenes”. El Economista. 10 de enero de 2011, en http://eleconomista.com. mx/industrias/2011/01/10/listas-nuevas-reglas-emplear-jovenes. 91http://www.senadorbeltrones.com/ley-de-fomento-al-primer-empleo/ preguntas-y-respuestas [consulta: 26 de enero de 2011]

Desde la clase empresarial se critica a la Ley de: no contemplar un apoyo para el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), conllevar el riesgo de contraer multas y recargos por no cumplir con los 18 meses mínimos de duración del nuevo empleo y no incluir modificaciones que reduzcan la carga administrativa en las empresas. 92 En cambio, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales (ANTAD) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señalan que el primer empleo tiene mucha rotación, la mayor parte de los trabajadores no dura ni tres meses en un empleo y si un trabajador

no cumple con las exigencias y requerimientos de la empresa, éste se vuelve una carga económica en detrimento de la compañía que lo contrató. La Ley de Fomento al Primer Empleo contempla que en caso de que al trabajador del primer empleo le sea rescindido su contrato, en términos del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, el patrón no perderá el beneficio concedido siempre que lo sustituya por otro trabajador de primer empleo y conserve el puesto de nueva creación durante el periodo de 36 meses.

2. Política Pública De la Revolución Mexicana heredamos un orden institucional, un Estado, fundado en aquellas conquistas de carácter social que costaron numerosas vidas y batallas. Éste, a la postre, se volvió proteccionista y regulador de las empresas públicas. Eran los tiempos de la bonanza económica mundial, los salarios más altos, bajos niveles de desocupación y mejor protección institucional. En la década de los ochenta, esas políticas fueron modificadas adecuándose al Consenso de Washington y a los lineamientos del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Así se construyó un nuevo mundo laboral que tiende a promover la flexibilización y precarización del trabajo, la descentralización de las actividades laborales y la privatización de la seguridad social. Frente a estas circunstancias, las políticas de fomento al empleo aplicadas en América Latina han sido clasificadas en activas y pasivas. Las primeras intentan incidir en la demanda de trabajo mediante incentivos fiscales, generación de nuevos empleos y capacitación. Mientras que las pasivas buscan brindar apoyo a las personas sin empleo. El gobierno mexicano aplica tanto políticas laborales activas como pasivas. Sus ejes de trabajo están plasmados en el Programa Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 que enuncia las metas de la política social que rigen la administración actual. Con estas directrices la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) elaboró el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012. El objetivo cuatro de este último documento es el que se refiere a: 68

“Promover condiciones en el mercado laboral que incentiven la eficiente articulación entre la oferta y la demanda, así como la creación de empleos de calidad en el sector formal: […] Mediante la promoción de las

políticas de estado que fomenten la productividad en las relaciones laborales y la competitividad de la economía nacional, a fin de atraer inversiones que generen empleos formales y de calidad, además de incentivar la entrada de jóvenes al mercado laboral formal. Para tal efecto, se coordinarán a nivel nacional todos los programas de impulso al empleo y con ello se facilitará la posibilidad de colocación y cobertura de vacantes, mediante el Servicio Nacional de Empleo (SNE).”94 Pese a ser el principal programa de la po- tampoco ofrecen oportunidades dignas para lítica laboral en México, el SNE opera úni- los jóvenes.97 Para escolaridad licenciatura, camente como un programa que facilita la por ejemplo, se ofrece un puesto de asesor de empleabilidad pero que no genera empleos, ventas de tiempo completo, de 9 a 17 hrs. con con excepción del autoempleo en el caso de un salario de mil 795 pesos al mes. los proyectos productivos; brinda servicios de orientación e información ocupacional así En cuanto a las políticas pasivas tenemos al como asistencia técnica en los gobiernos de Programa de Apoyo al Empleo (PAE), el Progralas 31 entidades de la República Mexicana y ma de Empleo Temporal, Apoyo a la Reinseren el Distrito Federal. Son 15 los subprogra- ción laboral de los ex trabajadores de la extinta mas que lo conforman, entre ellos: ferias del Luz y Fuerza del Centro y, en general, aquellas empleo, programa de trabajadores agrícolas medidas que intentan contrarrestar los efectemporales México-Canadá, Bécate y fomen- tos de la crisis económica. El PAE consiste en to al autoempleo. cinco subprogramas: becas de capacitación para el trabajo (bécate), fomento al autoemDurante 2009 y 2010, el SNE, se ha visto re- pleo, compensación a la ocupación temporal, basado por la demanda del creciente número movilidad laboral interna y repatriados trabade desempleados. Del primero de septiembre jando. En el cuarto informe de labores de la de 2009 al 31 de julio de 2010 se han atendido más de 3.5 millones de personas, aproxi- 94 Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Programa Sectorial de Trabajo y madamente 500 mil personas95 más que el Previsión Social 2007-2012. [En línea] Web: http://www.stps.gob.mx/prograaño anterior. Sin embargo, durante 2009 sólo ma%20sectorial%20STPS.pdf [Consulta: junio de 2010] pudieron colocar al 17 por ciento en un em- 95 Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Cuarto Informe de Labores de la pleo.96 Además, los empleos que se ofrecen Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). [En línea] Web: http://www. en el portal del empleo, uno de los mecanis- stps.gob.mx/bp/index.html mos de vinculación del SNE, y que el gobier- 96 Zenyazen Flores; “Servicio Nacional de Empleo, mucho ruido y pocas nueno promueve, son precarios y mal pagados y ces”. El Financiero, 4 de febrero 2010, México, p. 13. 97 Se puede visitar el portal de empleo en: http://www.empleo.gob.mx/wb/ BANEM/BANE_por_escolaridad 98 Zenyazen, op. cit.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se señala que del primero de septiembre al 31 de julio de 2010 se atendieron a 389 mil 279 personas, llegando a una tasa de colocación de 50.5 por ciento. No obstante, fuentes periodísticas afirman que durante 2009 sólo se pudo colocar en un empleo al 12 por ciento. 98 En el caso del programa para los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, se afirma que 1 mil 940 trabajadores han sido contratados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tomando en cuenta que fueron 44 mil personas las que se quedaron sin empleo. En el mismo sentido, la STyPS se vincula con la estrategia “Todos somos Juárez, Reconstruyamos la Ciu-

dad”, pero las actividades no han detenido la violencia generalizada que existe en la ciudad y que no permite que las personas las aprovechen. Probablemente una de las acciones que va en un sentido diferente al resto de la política laboral es la mesa tripartita trabajo digno. Una mesa que a la fecha ha realizado ocho reuniones de trabajo entre septiembre 2009 y julio 2010, con el objetivo de impulsar medidas de carácter legislativo, social, educativo y laboral que contribuyan a la inclusión laboral de la población en condiciones de trabajo decente, aunque todavía no reportan acciones concretas de incidencia.

3. Situación que guarda el derecho El reconocimiento de los derechos laborales fue uno de los motores que impulsó la Revolución Mexicana. Entre las exigencias se encontraban: jornadas de trabajo de ocho horas, salarios justos, igualdad de condiciones frente a los trabajadores extranjeros, no discriminación, responsabilidad de los patrones en caso de accidentes, libertad sindical y seguridad social; demandas que quedaron plasmadas en el artículo 123 constitucional. Desde entonces, el fenómeno de la globalización modificó las políticas económicas mundiales, por ende, las relaciones laborales entre empleaLos Derechos Laborales en Cifras De 2008 a 2009 la Población Económicamente Activa (PEA) aumentó en 1 millón 596 mil 70 personas, pero en el mismo periodo sólo se han generado 200 mil empleos formales. 70

El 22.54 de los jefes del hogar laboran en el sector de comercio, hotelería y restaurantes.

En las zonas rurales, el 68.7 por ciento de las personas ocupadas no tiene acceso a la salud.

El total de personas en edad de trabajar ascendió a 44 millones 388 mil 913 personas al tercer trimestre de 2010.

dores y empleados. En las condiciones actuales predomina el fomento a la productividad y México compite a nivel mundial ofreciendo mano de obra barata y facilidades de operación a las empresas extranjeras en territorio mexicano. En este contexto los derechos laborales, tanto individuales como colectivos, han sido negados. Su grave deterioro se advierte como consecuencia de la implementación de políticas económicas que van en sentido contrario al cumplimiento de los derechos humanos. A las condiciones anteriores se suman los efectos de la crisis económica de 2008. México, a diferencia de otros países de América Latina como Uruguay o Argentina, ha sufrido un decrecimiento del PIB en 2009 estableciéndose en menos 6 por ciento.100 Esto afecta la generación de empleos y el nivel de bienestar de las personas. 3.1.

Derecho al trabajo

Art. 7 Protocolo de San Salvador Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo. Remuneración digna. Derecho a la vocación. Derecho al ascenso y a la promoción. Estabilidad en el empleo.

Durante 2010 se pudo observar que la fuerza de trabajo sigue en aumento. De 2008 a 2010, la Población Económicamente Activa (PEA) aumentó en 1 millón 596 mil 70 personas. La gran cantidad de personas que se suman a la fuerza de trabajo y los pocos empleos generados impide que todas puedan colocarse en uno, violando su derecho a un empleo. Habría que recordar que Felipe Calderón en su campaña rumbo a la presidencia prometió la creación de 800 mil empleos anuales y sólo se han podido generar, de 2008 a 2010, 200 mil empleos formales.

La estructura del mercado laboral ha influido en los sectores productivos en los que se abren oportunidades de empleo. En México, la presencia de empresas transnacionales, mediante la globalización, es cada vez más evidente. La actividad del comercio, la hotelería y los restaurantes ha aumentado, por lo que se ha convertido en un sector de oportunidades, principalmente para las clases medias. El 22.54 por ciento de los jefes de hogar laboran en este sector, mientras que el área de transporte, construcción y comunicaciones le sigue con el 21 por ciento.103

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Perspectivas económicas de América Latina 2011. En qué medida es clase media América Latina. OCDE, 2010, p.17. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Web: www.inegi.org.mx Roberto González Amador; “En dos años el empleo formal en México subió sólo 200 mil plazas”. La Jornada, 9 de diciembre 2010, México, p. 29. OCDE; op. cit., p. 66.

Por otro lado, no todos los empleos cumplen con los requisitos de ser empleos dignos. La competencia de la mano de obra mexicana a nivel internacional ha ocasionado que las personas se empleen en condiciones desventajosas. Todo ello aunado a los impactos negativos de la crisis económica genera temor e inseguridad en las personas, lo que facilita que acepten la pérdida de beneficios. De la población ocupada no protegida, es decir, que no tiene acceso a las instituciones de salud, observamos que en las zonas más urbanizadas asciende a 44.4 por ciento. Y la situación es más grave en las zonas rurales, ya que ésta asciende a 68.7 por ciento.104 Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha señalado que alrededor del 67 por ciento de la población en edad de trabajar no contribuye al sistema de pensiones ni cuenta con una 1.1.

adecuada seguridad social.105 Al respecto, el organismo internacional sugiere que se considere: extender las pensiones sociales, la afiliación obligatoria para trabajadores independientes profesionales, mayor flexibilidad con respecto a los contribuyentes al fondo de pensiones e incentivar el ahorro voluntario. 106 Lo anterior sucede en los casos en que las personas se han podido colocar en un empleo, aunque también las personas se emplean en el sector no estructurado, es decir, en la informalidad. Eso significa que no cuentan ni con un salario estable ni con seguridad social, lo cual pone en riesgo el cumplimiento de otros DESCA. En 2008 (segundo trimestre) la tasa del sector informal era de 27.5 por ciento y para el mismo trimestre, pero de 2010, ésta ascendió a 28.7 por ciento.

Desempleo

Frente a la crisis económica y a la no generación de empleos, el Estado tiene la obligación de responder con medidas que protegan a la población de las vicisitudes del mercado y que, al menos, se mantengan los empleos existentes así como las condiciones mínimas de seguridad y estabilidad para quienes trabajan. No obstante, de 2009 a 2010 más de 700 mil personas se quedaron sin empleo. La tasa de desempleo quedó en 5.62 por ciento al tercer trimestre de 2010. En términos porcentuales disminuyó 0.6, en comparación con 2009, pero en términos reales aumentó. Al primer trimestre de 2010, 14 millones 488 mil 267 personas habían abandonado su empleo, más del 63 por ciento fueron mujeres. Los motivos, en orden de importancia, fueron: pensión, jubilación o retiro; búsqueda por superarse y en tercer lugar, el que las condiciones laborales se hayan deteriorado. Asimismo, de los 2 millones 947 mil 306 que perdieron su empleo, el 33.5 por ciento fueron mujeres, siendo el recorte de personal el segundo motivo.

3.2.

Derecho a un salario digno

El reconocimiento de este derecho se refiere a un pago igual por trabajo igual y a una jornada máxima de trabajo de ocho horas. Desde hace algunos años en México, la contención salarial ha llevado el aumento de los salarios a la baja.

Como se puede observar en la tabla, el incremento del salario mínimo, en términos reales, no ha sido significativo. El salario mínimo es de poco más de 1 mil 700 pesos al mes. Y el porcentaje de la población que trabaja, pero que percibe menos de 3 salarios mínimos, es del 61 por ciento, es decir, sus ingresos al mes no superan los 5 mil pesos. Este es uno de los reflejos de que la desigualdad y la pobreza en el México actual continúan en aumento. Inclusive, disminuyó el número de personas cuyos ingresos ascienden a más de cinco salarios mínimos, mientras que el grupo que más creció fue el de trabajadores que reciben más de un salario mínimo y hasta dos.108 Asimismo, la OCDE señala que el nulo crecimiento de los empleos ha afectado negativamente a la clase media, cuyos ingresos ahora se encuentran cerca de la línea de pobreza. Por su parte, la OIT en su Informe Mundial sobre salarios 2010-2011, políticas salariales en tiempos de crisis coloca a México como uno de los países de menor crecimiento en el salario mínimo. Esto también impacta socialmente en el aumento de la tensión y el desánimo. 3.3.

Derechos colectivos

Posterior al periodo revolucionario, los sindicatos comenzaron a promover mejores condiciones de vida para sus agremiados, ejerciendo derechos colectivos como la libertad y autonomía sindical, o la negociación entorno a contratos colectivos y mejores condiciones de vida para las y los trabajadores. Estos derechos son una de las conquistas que ha sido gravemente mermada porque los sindicatos, en los últimos años, han sido víctimas de violaciones a sus derechos, lo cual ha debilitado su capacidad de negociación. Entre los elementos que rodean al sindicalismo mexicano en la actualidad, se encuentran: la falta de representatividad de las organizaciones de trabajadores, las relaciones de trabajo precarias, la injerencia del Estado en los asuntos internos de los agremiados, la disminución de las 108 ENOE, op. cit.

contrataciones colectivas así como el aumento de las contrataciones por honorarios. En conjunto con el derecho a fundar, y a afiliarse a, sindicatos encontramos el derecho a huelga. En México, el deterioro de las condiciones laborales y el hecho de que la administración actual haya golpeado sistemáticamente a los sindicatos, como ejemplo basta mencionar el conflicto en torno a la paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), son dos de las causas que probablemente han disparado los emplazamientos a huelga:

4. Seguimiento a casos

4.1. Pasta de Conchos y Cananea

La minería fue una de las actividades que avivó el movimiento de la revolución mexicana hace 100 años. Las condiciones no han mejorado para los mineros. La explosión en Pasta de Conchos y el estallamiento de la huelga en Cananera, ambas mineras pertenecientes al Grupo México, son casos emblemáticos de violaciones a los derechos laborales. El 19 de febrero de 2010 se cumplieron cuatro años de la explosión de la mina de carbón de Pasta de Conchos, Coahuila. Familiares presentaron una demanda en una corte federal de Estados Unidos contra Grupo México y sus compañías asociadas por “daños y perjuicios”. La demanda fue presentada por la Unión de Trabajadores del Acero en una corte de distrito de Phoenix, en nombre de tres viudas cuyos maridos estaban entre los 65 mineros muertos, y en ella se alega que Grupo México y otros demandados se negaron a tomar las medidas necesarias para prevenir el desastre, aun cuando conocían que la mina presentaba riesgos para la vida de los trabajadores. 74

El 20 de abril, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) dio entrada a la denuncia interpuesta por familiares de los mineros que fallecieron en Pasta de Conchos, quienes esperan que el organismo internacional acepte el caso y en breve inicie la investigación y deslinde responsabilidades. No obstante, en junio 2010, el gobierno federal desalojó a los trabajadores de las minas de Cananea y Pasta de Conchos, propiedad de Grupo Minero México. Con este tipo de decisiones, organizaciones de derechos humanos afirmaron: “el gobierno fede-

ral confirma sus acciones autoritarias y represivas en contra de la clase trabajadora y en favor de los grupos de poder económico”.109 Se iniciaron las obras para sellar Pasta de Conchos, mientras que los familiares, que afirman han sido víctimas de extorsión, siguen buscando justicia. En el caso de Cananea, a mediados de 2010, elementos federales tomaron por la fuerza el control de las instalaciones de Mexicana de Cananea tras desalojar a los trabajadores de la Sección 65 del Sindicato Minero quienes llevaban casi tres años en poder de ellas con un paro de labores para exigir mejores condiciones de seguridad. Las autoridades federales les pidieron comenzar su proceso de liquidación puesto que se piensa reestructurar la mina para aumentar la producción. En febrero de 2010, El sindicato minero denunció al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, Estados Unidos, bajo cargos de violación al debido proceso legal y en perjuicio de mil 100 mineros de Cananea. No obstante, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dio por terminadas las relaciones de trabajo y el contrato colectivo en la minera. Posteriormente, en abril 2010, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que no hay un problema de constitucionalidad en la resolución del segundo tribunal colegiado en materia del trabajo, que en febrero pasado, negó un amparo al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.

derecho de huelga, a la revisión contractual, y finalmente, al derecho al trabajo. No se han tomado como base de la negociación los principios que el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha emitido para casos parecidos ni las medidas adecuadas que garanticen la pronta solución del conflicto, basadas en el diálogo y la negociación, y dentro del marco legal tanto nacional como internacional de protección a los Derechos Humanos Laborales. El Estado Mexicano tiene la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de las y los trabajadores del país, así como de impulsar una política de respeto al ejercicio legítimo de los trabajadores a ejercer su derecho a la huelga de manera pacífica y organizada como un medio para alcanzar mejores condiciones de trabajo para ellos y mejores condiciones de vida para sus familias.

Así es como en Cananea queda negado el 109 Vïctor Ballinas, “Reprueban ONG desalojo en Cananea y Pasta de Conchos”. La Jornada, 8 de junio 2010, México, p.11.

4.2.Breve actualización sobre la extinción de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LyFC) Ha pasado más de un año del decreto de extinción de la compañía paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LyFC). No sólo se violentó el derecho al empleo de 44 mil trabajadores sino también el derecho de acceso a la información pública. A través del Instituto Federal de Acceso a la Información, la presidencia de la República informó que no posee en sus archivos ningún documento sobre el proceso mediante el cual Felipe Calderón elaboró el decreto. Tampoco tiene los nombres de los juristas que participaron en la fundamentación legal ni de los momentos en que el mandatario tomó la decisión. Asimismo, se mantienen las protestas y el uso de medios jurisdiccionales para combatir las violaciones a los derechos de los trabajadores. La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso y ha resuelto acerca de la inconstitucionalidad del decreto presidencial; en julio, del presente año, determinó por unanimidad la constitucionalidad del decreto de extinción de LyFC al validar las facultades del presidente Felipe Calderón para emitir el acto administrativo que desapareció ese organismo descentralizado. Por otra parte, ratificó los derechos de los trabajadores y del SME de representar sus intereses ante todas las autoridades.110 No obstante lo anterior, juristas, académicos y analistas políticos advirtieron que el decreto de extinción de LFC es inconstitucional y llamaron a respaldar al Sindicato Mexicano de Electricistas

(SME), ya que la lucha debe seguir aún si el fallo de la Suprema Corte es adverso.111 Los trabajadores del SME también han recurrido a instancias internacionales, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar la “persecución y represión” contra integrantes del sindicato y sus familias por parte de la Policía Federal y del Ejército.112 Al respecto, el Tribunal Internacional de Libertad Sindical señaló que el sistema mexicano es incompatible con la jurisprudencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Un sindicato se constituye libremente, y lo es a partir de que se conforma y no a partir del reconocimiento del gobierno. La toma de nota es una forma de intervención y viola el Convenio 87 de la OIT que dice que el Estado no puede tener injerencia en la vida interna de un sindicato”.113 El tribunal determinó que el gobierno mexicano es responsable de la violación a los derechos humanos y laborales de los trabajadores de LFC, por lo que está obligado a restituirlos en su empleo y, por ende, a anular el “cierre arbitrario” y el decreto de extinción de la empresa. La nueva estrategia jurídica interna de los trabajadores del SME es que se les reconozca la figura del patrón sustituto, ya que la SCJN dejó abierta la puerta legal al SME para que demande a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la reinstalación de los trabajadores no liquidados. Además reconoció la personalidad jurídica del SME, no determinó la extinción de este sindicato

110 Jesús Aranda, “La SCJN avala la extinción de Luz y Fuerza del Centro”. La Jornada, 6 de julio de 2010, México, p. 2. 111 Andrea Becerril, “El Presidente, avalado por la cúpula del PRI, ha llevado al país al borde del colapso, dice Bartlett”. La Jornada, 30 de junio de 2010, México, p. 19. 112 Ídem. 113 Carolina Gómez Mena. “Estiman que el Tribunal Internacional de Libertad Sindical dará fallo adverso”. La Jornada, 30 de abril 2010, p. 42.

114 Patricia Muñoz Rios, “Detona otra bomba el robo de materia de trabajo por el SUTERM: Esparza”. La Jornada, 5 de julio de 2010, México, p. 3.

y, sobre todo, dejó en claro en la resolución emitida que no se afectarán los derechos de los sindicalizados. Así lo aseguró el líder de este gremio: Martín Esparza Flores114. No obstante, la Secretaría de Gobernación afirmó, frente a esas declaraciones, que jurídica y económicamente no es posible dar respuesta a la petición del SME para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) los asuma como patrón sustituto. “Si a partir de un convenio político se reconoce la obligación de la CFE de actuar como patrón con respecto a quienes no se han liquidado, automáticamente reconoce la obligación frente a los que ya se liquidaron”, señaló Roberto Gil, subsecretario de Gobierno, al concluir la reunión de dos horas con el dirigente del SME, Martín Esparza. 115 Sin darle trascendencia a este suceso tan importante en la vida del país el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, sostuvo que el sector sindical “no estaba acostumbrado a que se manejaran con firmeza los asuntos, como lo hace este gobierno”; desechó los señalamientos de dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) de que ha golpeado y agredido a los asalariados, y afirmó que lo tienen sin cuidado los comentarios de algunos líderes, como el de los electricistas, también señaló que “no hay huelgas, hay paz laboral, hay transparencia; se cumple con la Ley Federal del Trabajo y se apoya la reinserción laboral” de los integrantes del SME despedidos de Luz y Fuerza del Centro.116

Por otra parte, en un foro y en una fecha distinta, el subsecretario de Gobernación, Roberto Gil Zuarth, reconoció ante diputados federales que el gobierno de Felipe Calderón sólo contrata en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “a los trabajadores que cooperaron y asumieron una decisión difícil, pero necesaria”, de aceptar su liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC),117 lo que evidencia una falta de sustento jurídico y de congruencia en las decisiones tomadas por el ejecutivo, ya que claramente se están violando los artículos 6, 7 y 8 del Protocolo de San Salvador; el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, y el artículo 22. 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se está utilizando un medio de presión política para menoscabar las garantías de los trabajadores del SME, pues sólo se favorece a un grupo de trabajadores y no se da certeza jurídica. A últimas fechas, el SME señaló que se iniciarán reuniones entre representantes de los trabajadores y la Comisión de Energía de la Cámara, para que se emita el dictamen de la iniciativa presentada para crear la nueva Comisión de Electricidad del Centro. El líder del gremio manifestó que los legisladores señalaron que lo fundamental es tener el dictamen de esta iniciativa que propone crear una nueva empresa para dar el servicio de energía eléctrica a la zona centro del país; para regularizar el servicio; terminar con los accidentes mortales de trabajadores que desconocen la red;

115 Sonia Del Valle, “Descarta Segob patrón sustituto para el SME”. Reforma, 20 de julio 2010, México, p. 2. 116 Patricia Muñoz Rios. “Hay paz laboral; los conflictos minero y SME, casos aislados”. La Jornada, 2 de septiembre 2010, México, p. 15.

normalizar los cobros y a la vez, dar empleo a los 16 mil 300 trabajadores del SME que no se han liquidado. 118

5. Grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación: infancia y Juventud

Cabe mencionar que un problema alterno y consecuencia de la violación de los derechos laborales lo es también el deterioro de salud y la falta de protección de integridad física de los cerca de 62 trabajadores y trabajadoras en huelga de hambre. Los manifestantes que participan en el ayuno masivo advierten que continúan las agresiones en su contra por parte de grupos que no han identificado, arrojándoles diversos objetos.119 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó a los secretarios de Gobernación, Francisco Blake Mora, y del Gobierno del Distrito Federal, José Ángel Ávila, la adopción de medidas cautelares por tiempo indefinido para preservar el derecho a la vida de los integrantes del SME que se encuentran en huelga de hambre.

Los jóvenes, de la misma forma que los demás grupos de la sociedad, buscan empleos que representen verdaderas oportunidades de desarrollo. Sin embargo, en México, es uno de los grupos menos favorecidos. El gobierno mexicano ha firmado numerosos pactos en relación con juventud, entre ellos, de la OIT y de la ONU. En el marco de este último organismo, promovió y fue sede de la Conferencia Mundial de Juventud durante 2010. Pero todo ello contrasta con el hecho de que existen muy pocas oportunidades para este grupo de la población. Además, México sigue sin ratificar la Convención Iberoamericana de los Jóvenes y tampoco cuenta con una Ley Nacional de Juventud.

Por separado, el organismo que encabeza Raúl Plascencia Villanueva pide a los funcionarios referidos que privilegien el diálogo y la negociación política, a fin de construir acuerdos y lograr una solución al conflicto en la legalidad y sin afectar a terceros. Al respecto, el gobierno federal informó que, en atención a la solicitud de la CNDH, reforzaría la presencia de una ambulancia en el Zócalo con una unidad médica especializada y con ello daría cumplimiento a las medidas cautelares solicitadas.

Inclusive, en el Informe Trabajo Decente y Juventud en América Latina120, de la OIT, se observa como México está ausente cuando se habla de los programas de empleo juvenil y de promoción del trabajo decente. En cambio, sí promueve la creación de grupos empresariales, de jóvenes emprendedores, lo cual no es una medida contraria al desarrollo. El problema radica en que parten de la desigualdad existente y la siguen reproduciendo puesto que no todos los jóvenes pueden tener acceso, ya sea porque son discriminatorios o porque se adscriben a una corriente partidista.

117 Enrique Méndez, “CFE sólo contrata a electricistas que cobraron su liquidación: Gil Zuarth”. La Jornada, 23 de abril 2010, México, p. 15. 118 Patricia Muñoz Rios, “Esta semana se iniciarán reuniones del SME con la Comisión de Energía de San Lázaro”. La Jornada, 17 de noviembre 2010, México, p.23. 119 Patricia Muñoz Rios, “Al menos 13 de los electricistas en huelga de hambre presentan grave deterioro en su salud”. La Jornada, 27 de mayo 2010, México, p. 18.

120 OIT; Trabajo Decente y Juventud en América Latina [Archivo de computadora]

Aunado a estos vacíos legales, la situación laboral de las y los jóvenes es preocupante. El grupo de población de los 14 a los 29 años, sin trabajos formales y sin acceso a instituciones de salud provenientes de su trabajo ascendió de 59.7 por ciento del total de jóvenes ocupados, en 2008, a 62.4 por ciento en 2010. En ese mismo rango de edad se han registrado 96 mil 950 desempleados, en contraste con que la población que desea trabajar asciende a 15 millones 752 mil 158 jóvenes. Entre los jóvenes de 15 a 29 años de edad, la tasa de desempleo asciende a 9.5 por ciento, mientras que la tasa promedio es de 5.27 por ciento. Es decir, que el desempleo se concentra en los jóvenes más que en los adultos. Además, los jóvenes de 14 a 17 años son quienes más obstáculos enfrentan por no tener experiencia. El Informe de la OIT también resalta las desigualdades que existen entre los jóvenes en zonas urbanas y los jóvenes en zonas rurales. En las zonas rurales, en la que se concentra el 21.6 por ciento de la población juvenil, la tasa de desempleo es mayor, por lo que tienen pocas oportunidades de desarrollarse laboralmente. Por otro lado, otro de los grupos más discriminados en el tema laboral son los niños y niñas que son obligados a trabajar. Un documento informativo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) señala que existen aproximadamente 3.6 millones de menores que trabajan en México. Esta información salió a la luz en junio de 2010. No obstante, para enero 2011, la STPS infor-

La diferencia entre jóvenes urbanos y rurales que tienen ingresos mayores a 10 USD diarios, en el caso de México, es amplia: 56.8% jóvenes urbanos, frente a 34.6% de jóvenes rurales. Fuente: Informe Trabajo Decente y Juventud en América Latina

La diferencia entre jóvenes urbanos y rurales que tienen acceso a seguridad social en salud, en el caso de México, es: 40.7% jóvenes urbanos frente a 18.7% de jóvenes rurales. Fuente: Informe Trabajo Decente y Juventud en América Latina

mó que, de 2007 a 2009, el grupo de niños y niñas de 5 a 17 años había descendido a 3 millones. 121 El trabajo infantil tiene severas consecuencias para la propia niñez, ya que se truncan sus oportunidades de acceder a la educación, pero en muchas familias se ve como necesario por su situación de pobreza. Los más discriminados son los niños y niñas, migrantes, indígenas y en situación de calle. En las zonas rurales los niños y niñas trabajan en los campos agrícolas y en minas de carbón. La STPS se pronunció como incompetente para conocer de estos asuntos, ya que el campo no es de competencia federal. Lo único que pudieron hacer fue turnar los casos que detectaron a las autoridades locales para que sean ellas las que sancionen a los patrones. El Estado se deslinda, así, de sus obligaciones.

121 Enrique Mendez; “Disminuyó 17.3% el número de menores de edad que trabaja en México: STPS”. La Jornada, 10 de enero 2011, México, p. 14.

Conclusiones Haciendo un balance general de los avances y retrocesos en el cumplimiento de las obligaciones del Estado con respecto a los derechos laborales, vemos con suma preocupación y tristeza que las violaciones al derecho al trabajo, a un empleo estable, a un salario digno o a la sindicalización se han nulificado en la vida cotidiana de las personas. Esto se observa en el plano legislativo, político y social. También concluimos que no ha sido suficiente su reconocimiento formal porque esto no garantiza que el cumplimiento sea sustancial. Pese a que los ejes de la Reforma a la LFT se establecen bajo los objetivos de “facilitar”, “promover” y “fortalecer”, sus propuestas avanzan hacia un sentido contrario al cumplimiento de los derechos laborales. La aprobación de esta reforma significaría un retroceso para las y los trabajadores en estos tiempos de crisis económica mundial y de precarización y flexibilización del trabajo. Por otro lado, la política pública laboral resulta asistencialista y poco eficiente frente a las vicisitudes del mercado y de las políticas macroeconómicas. Al respecto, la OIT y la ONU señalaron que estas políticas en territorio latinoamericano han resultado poco eficientes para cumplir con los criterios de trabajo decente. La situación que guarda el derecho refleja, justamente, que todavía no se alcanza una mejora en la vida cotidiana de las personas; por el contario, se observa poca voluntad del Estado para destinar los recursos suficientes a la operación de las políticas públicas e irregularidades en la garantía del derecho al acceso a la justicia en materia laboral. El problema no es sólo la generación de empleos, sino quién es el responsable de generarlos o a quién se le delega esa responsabilidad, y en esos casos, el Estado tiene la obligación de velar porque a las personas empleadas se les cumplan sus derechos laborales, sin corrupción, ni evasiones. Sin embargo, es el propio Estado quién violenta los derechos laborales, sobre todo colectivos en el caso de los sindicatos y las huelgas. Asimismo, existen grupos de la población que siguen siendo los más desfavorecidos, entre ellos los jóvenes y las y los niños, a quienes se les ofrecen nulas oportunidades de desarrollo. Todo ello repercutirá en el desarrollo del país a largo plazo.

Recomendaciones al Estado Mexicano: • Se le exige la ratificación de la Convención Iberoamericana de los Jóvenes. • La creación de una Ley Nacional de Juventud acorde con los estándares internacionales y con los principios de derechos humanos. • Vigilar que los empleos que ofrecen las empresas cumplan con los estándares internacionales en materia laboral. • Vigilar que los empleos que se promueven a través del portal del empleo sean de calidad. • Proteger y fomentar la negociación colectiva de los trabajadores y trabajadoras. Bibliografía: - Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P:” A.C.; Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México, 20082009. CDHFV. Con el apoyo de Fundación MacArthur, México, 2009, 159 pp. - Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P:” A.C.; Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales Nov. 2003 – Nov. 2004. CDHFV, México, 2004, 186 pp. Documentos: - Declaración Universal de los Derechos Humanos. - Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. - Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales (PIDESC). - Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”. - Observación General 18. El derecho al trabajo, Comité DESC, E/C.12/GC/18, 6 de febrero de 2006. - Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras Empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos. - Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. - Ley Federal del Trabajo (LFT). - Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. - Proyecto de Reforma Laboral presentada por el GGPAN. - “La Reforma Laboral aumentará el empleo informal para jóvenes: Benito Mirón”. Comunicado de Prensa. Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. 81

- Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Diario Oficial de los Estados Unidos Mexicanos. México. Viernes 31 de diciembre de 2010. - Programa Sectorial de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 2007-2012. - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Perspectivas económicas de América Latina 2011. En qué medida es clase media América Latina. - Organización Internacional del Trabajo (OIT). Informe Mundial sobre salarios 2010-2011, políticas salariales en tiempos de crisis. - OIT; Trabajo Decente y Juventud en América Latina Hemerografía: - Gonzalo Soto; “Critican estímulo del primer empleo”. Reforma. 20 de enero de 2011. [Citado el 28 de enero de 2011] - Lilia González Velázquez; “Ley de apoyo al empleo, muerta”. El Economista. [En línea] 26 de octubre de 2010. [Consultado el 26 de enero de 2011]. http://eleconomista.com.mx/ industrias/2010/10/26/ley-apoyo-empleo-muerta - Lourdes Abadía Velazco y Carlos M. de la Fuente Aguirre; “Ley de Fomento al Primer Empleo”. Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) [En línea] 8 de diciembre de 2010. [Consultado el 26 de enero de 2011]. http://www.imcp.org.mx/spip.php?article4470 - María del Pilar Martínez y Lilia González; “Listas, nuevas reglas para emplear a jóvenes”. El Economista. [En línea]. 10 de enero de 2011. [Citado el 26 de enero de 2011]. http://eleconomista.com.mx/industrias/2011/01/10/listas-nuevas-reglas-emplear-jovenes - IDC Asesor Jurídico y Fiscal; “Programa de fomento al primer empleo”. [En línea] 25 de octubre de 2010. [Consultado el 1 de febrero de 2011]. http://www.idconline.com.mx/ fiscal/2010/10/25/programa-de-fomento-al-primer-empleo Páginas Web: - - -

Organización Internacional del Trabajo: http://www.oit.org.mx/ Secretaría del Trabajo y Previsión Social: http://stps.gob.mx Manlio Fabio Beltrones: http://www.senadorbeltrones.com/

El derecho a la vivienda digna

Introducción

La lucha por el derecho a la vivienda digna en nuestro país tiene un gran arraigo histórico. Durante la Revolución mexicana los elementos que constituyeron la demanda de tierra fueron la restitución de ejidos, el fraccionamiento de latifundios y la confiscación de todas las tierras de aquellos que se opusieran al plan de reparto agrario. Los reclamos por este derecho durante la Revolución de 1910 ven sus primeros frutos en la Constitución de 1917 que regulaba la propiedad. Ya en la Constitución de 1927, en su artículo 123, fracción XII, se estableció la obligación de los patrones de proporcionar a sus trabajadores viviendas cómodas e higiénicas. Del mismo modo las demandas por la tenencia de la tierra de alguna manera se plasmaron en el artículo 7 de la Constitución de 1927. El 2010 es un año significativo en materia de derechos sociales y económicos en nuestro país debido a la celebración del Centenario de la Revolución Mexicana. Por tal motivo en este apartado no sólo señalaremos algunos aspectos que dan cuenta de la situación que guarda el derecho a la vivienda en nuestro país, sino que del mismo modo en los apartados de mujer e indígenas haremos un pequeño balance del derecho en el marco del Centenario, ya que en este aspecto la comunión entre tierra y vivienda es de mayor relevancia para estos grupos, principalmente en lo que se refiere al acceso a la propiedad de tierras comunales y ejidales. También en la parte jurídica haremos un recuento de cómo las reformas constitucionales han afectado el derecho de acceso a la tierra para las poblaciones indígenas y campesinas, significando un incumplimiento del Estado en su obligaciones de respetar y garantizar el derecho a una vivienda digna.

Marco Jurídico 6.1. Internacional

El Estado mexicano al signar y ratificar diversos instrumentos que reconocen el derecho humano a la vivienda (DHV) ha adquirido obligaciones de promoverlo, facilitarlo y garantizarlo. Entre estos documentos que respaldan el DHV se encuentran aquellos que pertenecen tanto al sistema de Naciones Unidas (ONU), como a la Organización de Estados Americanos (OEA), de los cuales podemos mencionar: • La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). Art. 25. Párrafo 1; • El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). Art. 11; • La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Art. 5. Párrafo “e”; • La Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (1979). Art. 14. Párrafo “h”; Convención sobre los Derechos del Niño (1989). Art. 27 (3); • La Convención Internacional sobre la protección de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Art. 43 • El Convenio de la Organización Internacional del Trabajo número 169, sobre pueblos Indígenas y tribales en países independientes 1989. Principio 2. “c”; • La Declaración de Estambul- Cumbre de las Ciudades – Hábitat II, 1996.

6.2.

Nacional

Actualmente, el marco jurídico nacional que hace referencia a la vivienda en nuestro país no ha sufrido ninguna modificación durante el 2010. De este modo podemos señalar que las principales normas que reconocen y regulan el acceso a la vivienda son:

Fuente: Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C.; ABC DESCA: Manual de educación y promoción. “Módulo sobre el Derecho a la Vivienda Digna”. CDHFV - Indesol - CDHDF. México, 2010. pág. 79-80.

No obstante, llegar a este marco jurídico nacional es el resultado de diversos cambios que en muchas ocasiones han ido en detrimento del acceso a la propiedad y a las tierras comunales y ejidales, principalmente para las comunidades indígenas y campesinas. Según las resoluciones presidenciales de dotación de tierras, a partir de la publicación de la Constitución Política de 1917 y hasta las reformas realizadas en 1992; se entregaron aproximadamente más de 100 millones de hectáreas de tierras, equivalentes a la mitad del territorio de México y a cerca de las dos terceras partes de la propiedad rústica total del país, con los que se establecieron cerca de 30 mil ejidos y comunidades que comprendieron más de 3 millones de jefes de familia, aunque según el último Censo Agropecuario de 1991 se consideraron como ejidatarios y comuneros 3,5 millones de los individuos encuestados. Afines del siglo XX, la propiedad social comprendía el 70 por ciento de los casi 5 millones de propietarios rústicos y la mayoría de los productores agropecuarios de México .122 A casi cien años de la primera Constitución, las reformas con respecto propiedad de la tierra ha tenido diversos efectos en las comunidades indígenas y campesinas como son: a) Suspender el reparto agrario; esto es, suprimir el derecho el derecho de los campesinos a ser dotados de tierra; b) Privatizar una gran cantidad de tierras ejidales y comunales; c) Permitir que las corporaciones puedan adquirir en propiedad tierra para cultivo o para aprovechamiento ganadero y pesquero; d) Crear nuevas formas de asociación en el campo que permitan la participación de capitalistas en los ejidos y en las comunidades (tanto para financiar la producción como para apoderarse de las tierras); e) Reconocer a la pequeña propiedad forestal con un límite de 800 hectáreas, que podrá ser vendida, rentada, etc., a los terratenientes; f) Creación de las sociedades mercantiles, que será la forma legal que adquirirá la participación y apropiación de la tierra por el capital privado; g) Otorgar la propiedad de la tierra a ejidatarios y comuneros, para que éstos puedan libremente venderla o rentarla; h) Crear nuevos latifundios, legalizar los disimulados y acrecentar algunos de los ya existentes; y i) Permitir la inversión y la compra de tierra al capital extranjero. 122 Warman Arturo, “De la incorporación subordinada a la concertación en el campo mexicano”, en Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1987, año 2, núm. 6, septiembre-diciembre.

Por otro lado, las reformas al párrafo tercero y la derogación de la fracción X (que establecía la obligación gubernamental de dotar de tierras y aguas a los núcleos que carecieran de ellas) conllevan en la práctica poner fin a la reforma agraria, y al establecimiento legal (al defender jurídicamente) de los latifundios, al quedar protegidos por la nueva ley agraria ante cualquier posible intento de afectación. Esto es, las modificaciones constitucionales legalizan los latifundios hoy existentes y la formación de nuevos, mediante la compra de tierras ejidales y comunales, al eliminarse la prohibición para que el capital extranjero pueda comprar las que desee. 6.3.

Las reformas además, violan derechos de las comunidades indígenas, al aplicarles la misma normatividad jurídica que a los ejidatarios, pero también son violatorios a aspectos del “Convenio 169” de la Organización Internacional del Trabajo (“Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribunales 1989”), en lo que se refiere al derecho de las comunidades indígenas a la tierra, a los recursos naturales que se encuentran en su territorio, así como al beneficio del aprovechamiento de dichos recursos naturales, suscrito por el gobierno mexicano, el 3 de agosto de 1990. 123

Leyes Estatales

Un indicador cuantitativo sobre el avance o retroceso de los derechos humanos es la adopción de marcos normativos que permitan su reconocimiento y su exigibilidad. Durante 2010 en México se mostró un avance en la materia gracias a que diversos Estados de la Republica adoptaron leyes locales en la materia. Los Estados que establecieron en sus marcos normativos una ley de vivienda fueron: Estado de México, Guanajuato, Nayarit y Oaxaca. A continuación desglosamos algunos puntos generales sobre el contenido de cada una de ellas. Ley de Vivienda del Estado de México Dicha norma establece en su texto principios de equidad y de inclusión social, y de ningún tipo de discriminación, para que toda la gente que habita en el estado pueda gozar del derecho constitucional de vivienda (art. 1, 4). Según dicha ley, el programa estatal de vivienda tendrá por objeto orientar y dar integralidad a las acciones de las instancias gubernamentales en materia de vivienda, para atender las necesidades de las personas, preferentemente en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, a efecto de que puedan acceder a una vivienda digna y decorosa; el programa de vivienda social, tendrá por objeto la producción y mejoramiento de vivienda social y el aprovechamiento del suelo, así como la definición de instrumentos y apoyos para la atención de la demanda y; los programas municipales de vivienda, 123 Domínguez Yáñez J. Guillermo, “Las Reformas al Artículo 27 Constitucional”, Vinculo Jurídico, 1993, revista 14, abril-junio, ver en: http://www.

uaz.edu.mx/vinculo/webrvj/rev14-6.htm

tendrán por objeto orientar y dar integralidad a las acciones en materia de vivienda, para atender las necesidades de las personas preferentemente en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad (art. 17 al 20). La ley contempla dar prioridad a la vivienda a las poblaciones de bajos recursos, (art 8); Cabe destacar que la ley reconoce a la vivienda como un derecho y la ubica como un sector de primera necesidad, parte de la política estatal (art. 16). Del mismo modo destaca que la política de vivienda debe preservar un medio ambiente y social de calidad, así como establecer acciones para que toda persona pueda acceder a una vivienda digna y decorosa. Ley de Vivienda para el Estado de Guanajuato En su artículo 2º señala que la ley se fundamentará sobre los principios de equidad e inclusión social, además del derecho constitucional de ejercerlo por parte de los habitantes del Estado. De los aspectos más destacables de dicha norma es que en ella se establece la creación de la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato como un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo; con personalidad jurídica y patrimonio propios; responsable de la ejecución, promoción y control de las acciones de vivienda y suelo para vivienda del Gobierno del Estado. La ley establece en su artículo 28 que cada municipio deberá elaborar su Programa Municipal de Vivienda junto con un diagnóstico, objetivos y metas que se pretendan; definiciones de indicadores y mecanismos de evaluación de avances así como la publicación y obligatoriedad de los programas (art. 29) que se materializará con gastos, subsidios, créditos de inversión directa del gobierno del estado, organismos e instituciones legalmente establecidos para tal fin. (Art. 38 al 43). Los beneficiarios básicamente son los habitantes de la entidad que no cuenten con otra vivienda dentro del programa de vivienda. Los habitantes que ya tengan una solamente podrán solicitar créditos para reparación ampliación y mejoramiento de la misma. Además, la población de más bajos recursos será considerada como sujeto de subsidio y de ayuda social (Art. 46 al 48). 87

Ley de Vivienda para el Estado de Nayarit Por su parte el Estado de Nayarit establece la aplicación de la ley bajo los principios de equidad e inclusión social y la no discriminación (art. 3). A diferencia de las Leyes de Vivienda del Estado de México y de Guanajuato, no menciona expresamente la vivienda como un derecho elevado a rango constitucional. Dentro de su política estatal de vivienda establece la promoción de mayores oportunidades de acceso a la vivienda dando prioridad a los grupos en situación de vulnerabilidad, (art. 7 fcc II) y fomentar la calidad de la vivienda, entre otras. Artículo 8.- La programación en materia de vivienda se establecerá en: el Programa Estatal de Vivienda.; El Programa Operativo Anual de Vivienda, mismo que regirá la ejecución de acciones específicas; los programas especiales y regionales de vivienda; los programas institucionales de las entidades de la Administración Pública del Estado en materia de Vivienda; los Programas Municipales de Vivienda. En esta ley se instituye que el programa estatal de vivienda se formule con el objeto de articular el desarrollo ordenado de los programas, las acciones y la producción habitacional en la entidad, con la participación de los sectores público, privado y social (Art. 9). El programa operativo anual de vivienda tendrá la finalidad de determinar el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley y la congruencia con el Programa Estatal de Vivienda y su vinculación con la Política Nacional (Art 13). La ley crea el Instituto Promotor de Vivienda de Nayarit, lo que es un avance ya que se contaría con un órgano cuya función sería garantizar y promover el derecho al establecer las bases para formular y aplicar los planes y programas públicos en materia de vivienda, acrecentar la reserva territorial para ello y coadyuvar al ordenamiento territorial en el Estado (Arts. 24 y 25). Con respecto al financiamiento, el Gobierno del Estado tiene la responsabilidad de apoyar preferentemente a la población más vulnerable, por lo que diseñará, definirá y operará un conjunto de mecanismos y acciones para captar y destinar ahorros, subsidios, fi88

nanciamientos y otras aportaciones para los programas de vivienda que respondan a las necesidades de vivienda de los distintos sectores de la población (Art. 43). Aunque aún no existe un programa o lineamiento que especifique cuáles serán estos mecanismos y acciones. A pesar de existir una amplia gama de instrumentos jurídicos que protegen la vivienda, esto no se ha traducido en una política pública o acciones que garanticen este derecho. Cómo veremos más adelante, un amplio sector de la población no accede a los créditos y financiamientos a pesar de que la administración actual ha desplegado un extenso número de programas. 7.

Política Pública 7.1. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010

El eje rector de la Política Pública sigue siendo el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 (PND) que a través de la estrategia Economía competitiva y generadora de empleos específicamente en el apartado 2.13 “Construcción y vivienda” delinea las principales acciones del ejecutivo en la materia. El PND prevé la necesidad de realizar mejoras o ampliaciones a más de un millón de viviendas que lo requieren, entre viviendas nuevas y mejoradas. Con estos lineamientos, el gobierno actual pretende atender la demanda de hogares nuevos que se ubica en un promedio de 650 mil por año a través de su programa estrella Esta es tu Casa.

7.2.

Programan Nacional de Vivienda124

En 2008 el jefe del ejecutivo, Felipe Calderón, anunció que en su Programa Nacional de Vivienda (PNV) la prioridad sería atender la demanda de vivienda en los sectores más discriminados. A pesar de que el programa define como propósito el establecimiento y consolidación de mecanismos para facilitar el acceso a una Vivienda Digna, priorizando a la población de menores ingresos, la realidad es que la actual política de vivienda beneficia más a la industria de la construcción. Pero estos lineamientos tienen limitaciones para responder a la problemática habitacional del país, al no considerar sistemas complementarios para la provisión de infraestructura de servicios básicos y prestación de asistencia técnica y de apoyo a los procesos de producción social de la vivienda. 124 Presidencia de la República, Programa Nacional de Vivienda 2008-2012: Hacia un Desarrollo Habitacional Sustentable, DOF, 30-12- 2008 (versión ejecutiva) Comisión Nacional de Vivienda. Comisión Nacional de Vivienda. [ref. el 27 de Diciembre de 2010]. Información disponible en Web: http://www.conaviles.gob.mx

7.3.

Programa Hábitat125

Este programa tiene por objetivo contribuir a superar la pobreza y mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas urbano-marginadas, fortaleciendo y mejorando la organización y participación social, así como el entorno urbano de dichos asentamientos. Las estrategias aplicadas son el financiamiento de proyectos sociales para el combate a la pobreza urbana, así como financiamiento a proyectos sociales en materia de: investigación, capacitación, fortalecimiento institucional, política pública, diversidad sexual, violencia hacia las mujeres y niñas y niños, atención a población vulnerable, difusión y comunicación alternativa, para acompañar el proceso de la obra de infraestructura.

El gobierno federal indica que al mes de septiembre, y a través de las tres modalidades del Programa, se realizan 12 mil 455 proyectos financiados con 5 mil 899 millones de pesos, de los cuales 54 por ciento corresponden a subsidios federales y 46 por ciento a las aportaciones de los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y de los beneficiarios”. SEDESOL; Tercer Informe Trimestral 2010 H. Cámara de Diputados. Programa de Subsidios del Ramo Administrativo 20. Desarrollo Social; México. Octubre 2010. pág. 140

7.4. Programa Ésta es tu Casa Su objetivo es mejorar las condiciones de vida de la población que vive en pobreza patrimonial mediante el otorgamiento de un subsidio federal y municipal, para adquirir, edificar, terminar, ampliar o mejorar su vivienda. Tiene como estrategias el apoyar de manera económica gracias al otorgamiento de un subsidio a la población en situación de pobreza patrimonial, propiciando su desarrollo social y económico, a través de la adquisición, terminación, edificación, ampliación o el mejoramiento de su vivienda. Además de propiciar la participación de los beneficiarios y de los sectores privado y social, promueven el desarrollo y mejoramiento de la vivienda. Finalmente, las autoridades reportaron que de la meta establecida en 2010 para el programa, al 5 de diciembre éste logró llevar a cabo 194 mil 557 acciones con una inversión de 5 mil 360 millones de pesos, lo que implica un avance de 92.1 por ciento en recursos y de 98.2 por ciento en cuanto a acciones realizadas.126 125 SEDESOL. [ref. el 27 de diciembre de 2010]. Información disponible en Web: http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=30 ; Presidencia de la República http://www.presidencia.gob.mx/programas/?contenido=34626 126 Asociación mexicana de profesionales Inmobiliarios. “Sector vivienda consolidó recuperación en el 2010”. 14 de enero de 2011. [ref. el 15 de Enero 2011]. Información disponible en Web: http://www.ampi.org/es/articulos/categoria/noticias-nacionales/sector-vivienda-consolido-

recuperacion-en-el-2010/index49.html

7.5. Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) Debido a las constantes tragedias que se han presentado en el territorio nacional, la administración ha creado el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), el cual es un programa federal que otorga recursos en forma complementaria y subsidiaria en caso de que alguna región sea afectada por fenómenos naturales. Para que una comunidad pueda recibir financiamiento es necesario que los Estados y las Instancias Federales justifiquen que el desastre natural supera su capacidad financiera para atender los daños ocasionados. Otro de los problemas estructurales que presenta el FONDEN son los limitados recursos que se le asignan. A pesar de ser una iniciativa que pretende atender casos extremos dónde las familias vean perdido su patrimonio, la poca asignación de recursos, la burocracia, la politización y la corrupción en su manejo han impedido que la ayuda llegue a tiempo o sea suficiente para atender las necesidades de la población afectada. Un ejemplo de ello es lo sucedido durante el primer trimestre de 2010 cuando fueron agotados todos los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales presupuestados para todo el año, dejando a los municipios sin presupuesto para enfrentar una emergencia. Incluso la ONU se refirió a este programa y consideró que los recursos asignados resultan insuficientes, además de que no sólo debería ir dirigido a la recuperación de infraestructura sino también a la prevención.127 A pesar de que la idea original de tener un fondo que ayude a las familias a recuperar su patrimonio y ver garantizado su derecho a la vivienda es un avance en el cumplimiento del derecho, las deficiencias en el manejo del

programa son indicativo de que las autoridades incumplen su obligación de garantizar el máximo de recursos necesarios que permitan la efectiva realización del derecho humano a la vivienda para la población que ve perdido su patrimonio. De manera general podemos decir que, en teoría, la política de vivienda tiene un “sentido preponderantemente social”, es decir, se enfoca en ampliar el acceso físico a una vivienda para las familias de menores recursos. No obstante, la política pública se ha catalogado más como una serie de buenas intenciones que no se pretenden cumplir. La realidad demuestra que las acciones y programas de gobierno no han logrado cumplir con su obligación de garantizar una vivienda digna para toda la población. A pesar de los constantes anuncios de ser la administración con mayores recursos destinados y créditos otorgados, el gobierno del presidente Felipe Calderón no ha logrado el cumplimiento de las necesidades de vivienda que se presentan. Igualmente, en los programas el discurso de derechos existe, pero se ve opacado por el enfoque de mercado caracterizado por la oferta de programas y proyectos de vivienda con financiamiento subsidiado, pero no necesariamente articulados a la producción de vivienda social. Al final, la falta de una política pública adecuada y sostenida para garantizar a todas las mexicanas y mexicanos una vivienda digna impacta en la calidad y el ejercicio que la población tiene sobre este derecho. Al igual, una de las grandes fallas de la política pública es que no toma en cuenta a la población al momento de elaborar las políticas y programas que afectan el derecho a la vivienda. 127 Daniela Barquet. El Fonden “ya no da para más”, advierte la ONU. Milenio. [ref. el 25 de Enero 2011]. Información disponible en Web: http://impreso.milenio.com/node/8857930

8. Situación que guarda el derecho Como mencionamos anteriormente intentaremos en este apartado hacer una pequeña reflexión del derecho a la vivienda a la luz de la celebración de “El Centenario”. A cien años del inicio de la Revolución Mexicana la población se ha multiplicado siete veces, la dinámica ha variado en gran medida y cada día se forman nuevas familias que requieren de una vivienda tanto en zonas urbanas como rurales. De acuerdo al INEGI las cifras son: Años censales de 1910 a 2005 y Censo 2010

Los datos preliminares del Censo de Población y Vivienda 2010 señalan que nuestro país cuenta con un total de 28 millones 617 mil 843 de viviendas habitadas.128 El Documento señala que no sólo se enumeraron todas las viviendas particulares y las colectivas sino a todo tipo de alojamientos tales como asilos, reclusorios, orfanatorios, conventos, hospitales, entre otros.

Sin embargo, la falta de oportunidades en el campo y en las zonas rurales obliga a miles de familias a la migración interna y externa, lo cual facilitan que las ciudades crezcan de manera explosiva, desordenada y sin planificación. 128 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Comunicado de Prensa sobre los resultados preliminares del XII Censo General de

Población y Vivienda, 2010. [ref. el 25 de Enero 2011]. Información disponible en Web: www.inegi.org.mx

Fuente: INEGI, resultados preliminares del XII Censo General de Población y Vivienda, 2010

El cuadro anterior nos demuestra el crecimiento de algunas entidades y las disparidades de ocupación territorial prevalecientes. Los datos señalan que los procesos de urbanización no han tenido el mismo ritmo de crecimiento manteniéndose grandes centros como el Estado de México, el Distrito Federal, Puebla y Nuevo León, dónde miles familias no pueden hacer valer por sí mismas su derecho ya que ven violentado la parte de accesibilidad económica del derecho, mientras que no existen planes y programas públicos que les garanticen la accesibilidad física a una vivienda. 8.1.

Accesibilidad Física y Económica 8.1.1. Déficit habitacional

Cómo ya mencionamos, no toda la población pueda ver garantizado su derecho acceder físicamente a una vivienda o a un crédit. De acuerdo con datos del informe Estado Actual de la Vivienda en México, en 2010 el déficit cuantitativo es estimado en cerca de 8.9 millones de hogares129, al que se añade cada año 650 mil nuevos hogares que demandan un lugar donde vivir. Parte de este déficit podría ser resuelto fomentando el acceso a la vivienda vía mecanismos seguros de alquiler y priorizando los planes y créditos dirigidos a la vivienda social. No obstante la política pública no permite que quienes más necesitan acceder a una vivienda lo hagan. La falta de acceso a físico a una vivienda propia obliga a muchas familias a vivir en hacinamien129 Fundación CIDOC y Sociedad Hipotecaria Federal; Estado actual de la vivienda en México 2010, Sedesol - SHCP, México, 2010.

to, el cual está definido por la densidad de personas que habitan en un dormitorio o una habitación (este indicador representa los niveles de privacidad existente en el hogar y de espacios disponibles para el descanso). Al final el déficit habitacional no sólo violenta el derecho de cada persona o familia de tener una vivienda propia sino que se afecta el derecho en tanto no existe una adecuada calidad de habitabilidad, de este modo mientras exista un mayor déficit de vivienda significará un número mayor de hogares que vivan en hacinamiento. 8.1.2. Accesibilidad económica y el ingreso salarial La Observación General No.4 (OG4) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) señala que la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos. No obstante, con las crisis de los últimos años el derecho a la vivienda de los mexicanos se ha visto vulnerado. Uno de los factores que incide de manera importante en el desarrollo de los programas de vivienda en México es el ingreso familiar. Cómo se menciona en el capítulo sobre derechos laborales, existe una gran disparidad en los ingresos que percibe la población ocupada, y que junto con los altos índices de desempleo o empleo precario impiden a miles de personas y familias acceder a los mecanismos de crédito social. Esto significa que más de la mitad de los trabajadores mexicanos enfrentan limitantes económicas para poder acceder a un financiamiento para la adquisición de una vivienda. La CONAVI reporta que el gobierno del Presidente Calderón es ya el de mayor apoyo histórico a la vivienda, con más de 3 millones 100 mil créditos para vivienda otorgados en su gestión: 650 mil subsidios para vivienda popular sin financiamiento, a través de Fonhapo, y 700 mil créditos con subsidio al frente, para anticipo de vivienda, con el programa “Esta es tu casa” Oferta y demanda de viviendas (número de viviendas)

Fuente: Ernst & Young. México. Análisis de la Industria. Panorama general de la industria de la vivienda en México. México. 2011

Es por ello que resulta de gran importancia que un Estado cuente con efectivos sistemas de crédito social para atender la demanda de vivienda. En este caso nuestro sistema federal contempla diversas opciones de financiamiento principalmente a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), el Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), Nacional Financiera (NAFIN) y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), así como la capacitación a desarrolladores de las pequeñas y media94

nas empresas. Al cierre de septiembre de 2010 la CONAVI reportó un millón 32 mil 88 créditos otorgados con una inversión de 162 millones 823 mil pesos. El cuadro anterior nos demuestra que para diciembre de 2010 no se habían n cumplido las metas propuestas originalmente, por lo que sigue existiendo un déficit de atención en la población, dónde son los sectores más discriminados son los que menos oportunidades tiene de adquirir una vivienda digna. Muchas familias se ven fuera de cualquier sistema social de financiamiento, ya que en muchas ocasiones los requisitos para poder acceder a un crédito hipotecario resultan ser discriminatorios para quienes más necesitan acceder a una vivienda digna, especialmente aquellos grupos que por su condición de edad, antigüedad laboral o nivel de ingresos se ven fuera de los esquemas privados o públicos. Ante tal situación el panorama indica que de los 8 millones de hogares que viven en rezago habitacional, sólo 2.8 satisfacen los requisitos para acceder a un crédito hipotecario 130. 8.1.3. Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles) Las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles), que son aprobadas por la Secretaría de Hacienda, representan una oferta de financiamiento subsidiado. No obstante su operación está ligada a diversos mecanismos de mercado y sectores financieros (banca comercial) que privilegian la participación de empresas constructoras con fines de lucro y que reciben a cambio altas expectativas de rentabilidad131. Por tal motivo los sectores que más requieren de ver realizado su derecho a una vivienda son quienes más discriminados se ven de esta forma de financiamientos. La tendencia de ciertos operadores financieros y empresas constructoras ha sido ver los acuerdos y apoyos a la vivienda social como un espacio sólo de generación de utilidades. Sin la perspectiva de derechos humanos las empresas de construcción de vivienda no parecen realmente contribuir al objetivo de enfrentar el problema habitacional del país. La convergencia entre los actores del sector vivienda (constructoras y financiadoras) y el gobierno no debería ser únicamente con el fin de generar ganancias, sino incorporar más a las productoras sociales de modo que se creen las condiciones para viabilizar el cumplimiento del DHV en el país

130 Fundación CIDOC y Sociedad Hipotecaria Federal. O.p. cit. 131 El trabajo de las Sofoles se basa en captar recursos públicos a través de la colocación de instrumentos inscritos en el Registro y, así, otorgar créditos. Sus principales fuentes de financiamiento son los créditos obtenidos de la Sociedad Hipotecaria Federeal (SHF), la emisión de papel comercial y la bursatilización de hipotecas, porque les permite transformarlos en valores y poder generar otras hipotecas o afrontar a los pasivos a corto plazo. Por otra parte, los pasivos, están representados por los préstamos bancarios y de otro tipo de organismos en un 60 por ciento

8.2.

Desalojos

El Comité DESC ha señalado en la OG4 que toda persona debe gozar seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Es por tanto obligación de las autoridades garantizar y promover en sus planes de ordenamiento territorial y los programas de uso de suelo el acceso legal a la vivenda a aquellos grupos que por su situación no ven realizado su derecho, evitando así asentamientos irregulares en zonas de riesgo físico o ambiental. 8.2.1. Bursatilización y desalojos En nuestro país la falta de estabilidad económica ha dado lugar al incremento de los desalojos por juicios hipotecarios, debido a que muchas familias han perdido su capacidad de pago por el aumento de los costos o la pérdida de su trabajo. Ante la falta de pagos las financiadoras han optado por la bursatilización de las carteras hipotecarias. La Bursatilización es un proceso financiero que también es conocido como mercado secundario de hipotecas ya que la instancia inicial que otorga el crédito, con el propósito de obtener recursos adicionales, coloca en diversos mercados (bolsa de valores) su cartera de hipotecas y la ofrece al mejor postor. Para las financiadoras este resulta un negocio muy rentable, por ello sólo al 30 de septiembre de 2010 se habían colocado 24 mil 143 millones de pesos por concepto de bursatilización de hipotecas; monto que corresponde a los programas de Infonavit y Fovissste, y a una operación de BBVA Bancomer132. El coordinador de la oficina de atención a deudores de la Unión Zapatista, David González Rojas, ha señalado que en Veracruz ha habido desalojos de viviendas por adeudos con el Infonavit. El representante de la organización también ha señalado que con esta operación el Instituto vende los créditos por 20 mil pesos a las empresas, mientras que éstas los revenden a la gente en cerca de 300 mil y hasta 500 mil pesos133. Para la Unión, las deudas hipotecarias, tanto con instituciones federales como con bancos, tiene su mayor incremento por el manejo de éstas en las Unidades de Inversión (UDIS) que se utilizan en los créditos de vivienda, y es por ello que el costo de una casa pasa de 220 mil pesos a 480 mil pesos en sólo cuatro años convirtiendo un sueño en una pesadilla.134

132 Sin autor. “Sector vivienda consolidó recuperación en el 2010”. [ref. el 30 de Enero 2011]. Información disponible en Web: http://www.ampi.org/ es/articulos/categoria/noticias-nacionales/sector-vivienda-consolido-recuperacion-en-el-2010/index49.html 133 Verónica Carbajal G; “Temen deudores perder viviendas” EL MUNDO DE ORIZABA. [ref. el 30 de Enero 2011]. Información disponible en Web: http://www.elmundodeorizaba.com/index.php?option=com_content&view=article&id=619339:OLP6N1&catid=211:principal&Itemid=70 02 Agosto 2010

134 Ibidem.

El gobierno mexicano incumple su obligación de proteger al permitir que las compañías priven de su derecho a una vivienda a las familias que por razones económicas no pueden hacer frente a los gastos hipotecarios. Igualmente incumple su obligación garantizar y respetar el cumplimiento del derecho en cuanto las familias que ante gozaban de su derecho a una vivienda lo pierden, lo cual es, desde la perspectiva de derechos humanos, una regresión en el cumplimiento del derecho. Además de ello la OG4 señala expresamente que “a pesar de los problemas causados externamente, las obligaciones dimanantes del Pacto continúan aplicándose y son quizás más pertinentes durante tiempos de contracción económica. Por consiguiente, parece al Comité que un deterioro general en las condiciones de vida y vivienda, que sería directamente atribuible a las decisiones de política general y a las medidas legislativas de los Estados Partes, y a falta de medidas compensatorias concomitantes, contradiría las obligaciones dimanantes del Pacto”135. 8.2.2. Accesibilidad al suelo, asentamientos irregulares y desalojos La falta de vivienda social asequible ha hecho que muchas familias se asienten en zonas irregulares o en áreas naturales protegidas. En nuestro país es común observar la ocupación de tierras públicas y privadas, principalmente en áreas ecológicas o de gran riesgo como son cerca de ríos y barrancas, lo que pone en peligro el patrimonio y la vida de quienes ahí habitan, además de no tener seguridad jurídica que los proteja ante un posible desalojo lo que en muchas ocasiones termina en enfrentamientos violentos. Estas viviendas están localizadas generalmente en los asentamientos periurbanos de las ciudades donde la población vive sin servicios básicos, en hacinamiento, con inseguridad jurídica, precariedad constructiva por los materiales de mala calidad, riesgos físicos y/o medioambientales que son determinantes en la baja calidad de vida de la población. Hay que tomar en cuenta que este tipo de asentamientos en lugar de recibir el apoyo de las autoridades son constantemente amena-

zados y desprovistos de los servicios básicos como agua, luz, transporte, hospitales, escuelas, es decir, no ven realizados su derecho en lo referente a la accesibilidad física a servicios básicos. Pero el gobierno también incumple su obligación de respetar al tomar acciones directas que van en detrimento del derecho, como lo es la participación directa de miembros del ejército en los desalojos y no querer dar información sobre ello. “El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) avaló una declaración de inexistencia de información con la cual la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) respondió a un particular que pidió referencias de la presunta participación del Ejército Mexicano en desalojar de campesinos que invadieron predios en Veracruz durante los 20 años recientes. Por conducto del estado mayor, la Sedena respondió que no localizó en sus archivos documento alguno sobre los lugares de los desalojos ni del número de militares participantes. El solicitante interpuso un recurso de revisión ante el IFAI y argumentó que existen referencias periodísticas de esos hechos”136.

135 Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas. Observación General No.4 (OG4) “El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto)” 136 ALFREDO MÉNDEZ; “Ocultan intervención militar en desalojos”; La Jornada. 10 de diciembre de 2010, p. 37 [ref. 31 de enero 2011] Disponible en Web: http://www.jornada.unam.mx/2010/12/10/index.php?section=estados&article=037n4est

Grupos en Situación de discriminación 9.1. Jóvenes

Gracias al crecimiento poblacional actualmente existe una estructura de población por edad, “joven”. Según los datos disponibles, 20.3 millones de personas tienen entre 15 y 24 años, mientras que 38.2 millones corresponden al rango de entre 14 y 35 años de edad. Es decir, 107 millones 873 mil 24 personas de 14 a 35 años representan uno de los sectores que más ven vulnerado su derecho a una vivienda digna. Un porcentaje de la población en este rango de edad en los siguientes años considerará vivir solo o conformar un hogar, por consiguiente requerirán de una vivienda digna. Sin , bajo los actuales esquemas de financiamiento el Estado no les podrá proporcionar las herramientas ni medidas necesarias para que hagan efectivo su derecho, ya que de inicio muchos de ellos no cuentan con un empleo o trabajan empleos precarios y, los pocos que cuentan con un empleo formal, se ven obstaculizados por los requisitos de edad, ingreso y antigüedad laboral. 137 9.2. Indígenas Tierras comunales y ejidales

ya sea por la falta de tierras disponibles o por los altos costos de ésta.

Si analizamos la reforma agraria por sus resultados se puede afirmar que ésta ha sido un fracaso en México porque sólo un reducido sector neolatifundista138 con rasgos capitalistas se ha consolidado. Existen actualmente más de tres millones de campesinos sin tierras y que las reclaman. Existen resoluciones presidenciales sin ejecutar, y con ello no se ha entregado la tierra a los campesinos, al mismo tiempo que cerca de 50 por ciento de predios del país tienen algún problema relacionado con la tenencia de la tierra.139

De acuerdo con el estudio Situación del campo en México; Pobreza, Marginación, Explotación y Exclusión, realizado por investigadores del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) y la facultad de Economía de México de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), durante el primer año de gobierno de Felipe Calderón las familias rurales han visto deteriorado su nivel de vida 44 por ciento, consecuencia de los incrementos en los costos de alimentos y bienes de consumo. A lo anterior se le puede sumar las precarias condiciones debido a la carencia de servicios básicos como energía eléctrica, drenaje, y agua potable. Las cifras del INEGI señalan que apenas 38.2 por ciento de los habitantes del sector

Del mismo modo, la especulación de la tierra ha ocasionado que las mejores tierras se concentren en unos cuantos propietarios. Esto obstaculiza el acceso a suelo con seguridad jurídica

137 Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C.; DERECHOS HUMANOS DE LAS JUVENTUDES EN MÉXICO 2010.. Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C., México, 201º. pp. 23-24 138 (forma de explotación capitalista en una gran extensión de las mejores tierras, con técnicas avanzadas y altas tasas de producción) 139 Centro de Investigaciones Agrarias (Mexico City, Mexico), Inter-American Committee for Agricultural Development, Estructura agraria y desarrollo agrícola en México, Centro de Investigaciones Agrarias, 1970, Universidad de Texas. 140 Ramírez Erika, “Situación del Campo en México; Pobreza, Marginación, Explotación y Exclusión”,

Contralínea, Febrero 2008, ver en: http://www.economia.unam.mx/cam/pdfs/rep75.pdf

rural tiene el servicio de drenaje y solo el 68.7 por ciento de las comunidades agrarias goza de agua potable140. *19 millones 325 mil mujeres y 18 millones 545 mil 724 hombres son jóvenes entre 14 y 35 años que pertenecen a la Población Económicamente Activa (48 por ciento de la PEA), *Sólo 20 millones del total tienen un empleo *65.2 por ciento de total de desempleados son jóvenes. Los investigadores del CAM indican que hasta septiembre de 2007 el acceso a los servicios básicos se encuentra más acotado a partir del incremento en el cobro de impuestos. En tan solo tres años descendió 11.5 por ciento y ahora el campo tiene el acceso a los servicios como en el año de 1933. La tierra, tan ligada a la actividad agrícola se convierte en un derecho no garantizado, por lo cual el campo mexicano se convierte en un continuo expulsor de migrantes. Según el estudio del CAM, la migración en las comunidades rurales se ha incrementado en 40 por ciento en los últimos seis años.

La privatización de “la propiedad social, registrada en 2004 fue mas de mil 800 núcleos agrarios. El 4.9 por ciento del total de tierras, que representan una extensión de 829 mil hectáreas. En 2006 esta cifra creció al 12 por ciento más”. Al incrementarse el empobrecimiento de las familias en el campo también aumento el número de tierras ejidales y comunales que han entrado en cesión de derechos para su renta o bien como incorporación al cambio de dominio. Quienes más han aprovechado el cambio de dominio, o bien, lo han usado para explotar los recursos son las cadenas hoteleras.

Orillados a la venta de sus tierras, luego de que las reformas constitucionales lo permitieran, miles de campesinos ahora se han quedado sin espacios de cultivo para la sobrevivencia. El análisis de la UNAM indica que un “22 por ciento de tierras ejidales y comunales se encuentra en proceso de cambio de dominio, para ser propiedad de empresas transnacionales que no quieren la totalidad de la tierra, sino solamente aquellas que resulten rentables, como las zonas forestales y aquellas bastas en recursos naturales, con posibilidades de ser explotadas”141. 141 Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la facultad de Economía de México de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Situación del campo en México; Pobreza, Marginación, Explotación y Exclusión, UNAM. México. [ref. 31 de enero 2011] Disponible en Web: http:// www.economia.unam.mx/cam/pdfs/rep75.pdf

Por si fuera poco, en los últimos años se han presentado situaciones de desalojos forzosos, especialmente en la zona de Guerrero y Chiapas en favor de concesiones mineras y madereras, o bajo el pretexto de crear zonas de reservas ecológicas, tal y como sucede el caso de Montes Azules, Chiapas. Si bien las acciones emprendidas por el Estado en el discurso dicen que se respaldan a estos grupos, la realidad es que se requieren medidas para responder adecuadamente a la demanda de tierra y vivienda de las comunidades afectadas142. 9.3.

Mujeres y su derecho a la propiedad de la tierra

La propiedad de la tierra siempre había sido contemplada para uso exclusivo del hombre campesino; siendo los hombres sujetos de dotación agraria, y sólo sus viudas podían ser titulares de tierras. Pese a esta restricción jurídica, las mujeres constituían, por herencia y por otros mecanismos, casi la quinta parte del total de los ejidatarios titulares en la década de 1990. La reforma de 1992 no estableció distinción de género en materia de propiedad agraria143 . El creciente proceso de feminización de la agricultura minifundista (los varones encontraban empleo como peones u obreros fuera del predio familiar) ha incrementado la proporción de mujeres dotadas de derechos agrarios, en la medida en que las leyes ya no impedían o penalizaban dicho proceso. Desde 1993, el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) ha expedido a los ejidos y a cada uno de los parceleros unos certificados que son conformes a los requisitos de calidad jurídica y cartográfica. Hasta el año 2000, el Programa había logrado la certificación de casi el 80 por ciento de los ejidos del país144 , pero a nivel regional los progresos seguían siendo desiguales. En México existen 12.3 millones de mujeres en zonas rurales145 , lo que representa más de la mitad de la población rural total, quienes diariamente trabajan más de 12 horas para proveer la alimentación y subsistencia de sus familias. Estas mujeres, además de dedicarse

a las labores del hogar y el cuidado de la familia –actividades no registradas en las estadísticas económicas- , contribuyen con el 40 por ciento de la oferta agrícola en el mercado interno146. Sus parcelas agrícolas constituyen con frecuencia el único medio para diversificar la alimentación familiar. 143 Sin autor disponible, “Food and Agriculture Organization of the United Nations”, Land reform, land settlement and cooperatives, Número 3, Universidad de Michigan, 2003, p 93. 144 Registro Agrario Nacional, ver en: http://www.ran.gob.mx/ Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Segundo Conteo de Población y Vivienda, 2005, INEGI. [ref. 20 de enero 2011] Disponible en Web: www.inegi. org.mx 145 González Domínguez María del Refugio, “Introducción”, Las Mujeres Rurales en México. estrategias para su Desarrollo, Secretaría de Relaciones Exteriores/ UNIFEM/

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PNUD, México, 2006, p 9.

El Código de 1940 exceptuaba trabajar personalmente la tierra a las mujeres con familia a su cargo, incapacitadas por sus labores domésticas y la atención de los hijos menores que de ella dependan. Posteriormente el Código de 1942 reitera como capacidad agraria, el ser mexicano por nacimiento, varón mayor de 16 años si es soltero o de cualquier edad si es casado; o mujer soltera o viuda si tiene familia a su cargo. También a la mujer campesina se le adjudicaba la parcela por sanción y en algunos casos el producto de la parcela se dedicaba al sostenimiento del grupo familiar que económicamente dependía del adjudicatario. Las limitantes para la mujer era que si se casaba perdía al derecho de adquirir y conservar la parcela, es decir, el cambio de estado civil la perjudicaba. 147 Más adelante la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971 trató de contribuir a mejorar la condición jurídica de la mujer en el campo. Empero, el artículo 78 prohibía el acaparamiento de unidades de dotación para una sola persona.148 Quizás lo más importante de ésta legislación sea el establecimiento de la unidad agrícola industrial de la mujer campesina. Igualmente el documento instauraba la edad promedio para el establecimiento de la unidad agrícola (47.9 años para el hombre y 56.6 para la mujer).149 Lo cual muestra que usualmente la mujer accede al usufructo de la tierra y a la titularidad de los derechos agrarios es a través de la herencia, principalmente del cónyuge. Debido a que las mujeres se convierten en ejidatarias a una edad avanzada, se presenta una situación en la que se reduce el tiempo disponible para que éstas la trabajen, por lo que la abandonan u ofrecen mediante algún trato agrario, por lo tanto puede considerarse que ellas son sólo un paso intermedio, temporal o de corta duración hacia los hijos o hijas a quienes nombrarán como herederos de la tierra. El artículo 12 de la Reforma Agraria de 1992 específica que son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos agrarios. En materia de sucesión el ejidatario tiene la facultad de designar a quien debe sucederle en sus derechos sobre su parcela, para ello podrá designar al cónyuge o a la concubina en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona. Lo anterior representa una preocupación, ya que en la anterior ley se garantizaba el sostenimiento económico de la mujer y los hijos, aun cuando el ejidatario no los hubiere designado en la sucesión, baste recordar el artículo 83 que obligaba al heredero a sostener con los productos de la unidad de dotación a los hijos menores que dependían económicamente del ejidatario fallecido, hasta que cumplieran 16 años, salvo que estuvieran totalmente incapacitados física y mentalmente para trabajar y a la mujer legítima hasta su muerte o cambio de estado civil.150 Lo anterior significa un retroceso para las mujeres en cuanto al goce del derecho a la tierra. Además el Estado está incumpliendo obligaciones de respetar al tomar medidas que afectan este derecho. 148 Ley Federal de Reforma Agraria de 1971, [ref. 20 de enero 2011] [ref. 20 de enero 2011] Disponible en Web:: http://www.ran.gob.mx/ran/ dgaj/Normateca/leyes_abrogadas.html 149 de León Aldaba Marnay, “Situación de la mujer campesina”, CODHEM, [ref. 7 de enero 2011] Disponible en Web:: http://www.juridicas.unam. mx/publica/librev/rev/derhum/cont/35/pr/pr22.pdf 150 Ibidem

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Si bien la ley reconoce a la mujer los mismos derechos para tener acceso a la tierra, el capital y la tecnología agraria, en la práctica estos derechos se vuelven inoperantes por valores culturales que predominan en el ambiente rural de nuestro país, siendo una realidad que sólo el 15 por ciento de los posesionarios de tierras ejidales o comunales son mujeres, y un mínimo porcentaje tienen acceso a la representatividad de los ejidos y comunidades, además que en la ley agraria de 1992 se da un retroceso en cuanto al derecho patrimonial sobre la parcela familiar y sobre la obligatoriedad para que cada núcleo agrario asigne una porción de tierra para las unidades agrícolas industriales de la mujer, toda vez que la ley es vaga e imprecisa.

La Secretaría de la Reforma Agraria reportó en 1996 un total de 6 mil 573 unidades agrícolas industriales para la mujer de las cuales 3 mil 458 estaban activas con un número de 64,149 socias y sólo 1,760 inscritas en el registro agrario nacional. Secretaria de la Reforma Agraria www.sra.gob.mx

El acceso de las mujeres a la tierra ha venido dándose lentamente, ya sea por los procesos migratorios masculinos o bien por muerte del propietario que han incrementado el número de ejidatarias y posesionarias. Como parte de las demandas de las mujeres de hacer efectivo su derecho humano de acceso a la tierra, el gobierno mexicano ha creado diversos programas como el Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG), el cual al mes de septiembre de 2007 aprobó 1 mil 879 proyectos, beneficiando con ello a 14 mil 950 mujeres rurales, ejidatarias, comuneras, posesionarias y avecindadas reconocidas en sus núcleos agrarios. 151 Por su parte esta lucha ha ido dando algunos frutos. La Procuraduría Agraria informa que según las condiciones del campo mexicano y su relación con las mujeres rurales, en nuestro país existen poco más de 30 mil núcleos agrarios, distribuidos en 2 mil 445 municipios en el territorio nacional.152

151 Dirección General de Política y Planeación Agraria, SRA. 152 VENOSA PEÑA Nicolás Edmundo y Laura Gabriela Cortés Ruiz; El empoderamiento de las mujeres rurales: retos y perspectivas; [ref. 20 de enero

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2010] Disponible en Web: http://www.pa.gob.mx/publica/rev_36/Nicol%C3%A1s%20Edmundo%20Venosa%20Pe%C3%B1a.pdf

• Se han certificado derechos sobre 93 millones 150mil 94 hectáreas, de esta superficie a las mujeres les pertenece, según su tipo: • El total de mujeres que cuenta con certificado que avale estas superficies es de 767 mil 621 con derecho a la tierra. Las ejidatarias poseen en promedio 9.2 hectáreas de superficie parcelada. En cuanto al tamaño de la superficie, tienen en promedio menos que los hombres; del total de mujeres, 53 por ciento posee superficies menores a cinco hectáreas.

Fuente: Dirección General de Estudios y Publicaciones, a partir de la base de datos del RAN, mayo 2007

Finalmente y de acuerdo con el cálculo realizado sobre la información de 2007, del total de titulares con derechos ejidales de nuestro país, 19.8 por ciento corresponde a mujeres ejidatarias con derechos sobre la propiedad de la tierra, además con derecho a participar con voz y voto en asambleas al interior de los núcleos agrarios. El derecho humano de las mujeres en cuanto a una vivienda digna, y su relación con la propiedad de la tierra, aún no está plenamente garantizado, sin embargo no podemos negar que la lucha de este sector ha logrado ir abriendo importante espacios de participación en algún cargo de los órganos de representación y vigilancia en los núcleos agrarios, jugando un papel clave en las decisiones y finanzas participan 36 mil 329 mujeres,153 se trata de mujeres que toman decisiones sobre el presente y futuro de sus núcleos agrarios.

153 Censo Nacional de Órganos de Representación y Vigilancia, agosto de 2007

Desde el inicio de la Revolución mexicana hasta nuestros días, la mujer en el campo aún no puede ver plenamente realizado su derecho a la propiedad de la tierra a pesar de que son las mujeres quienes viven más ligadas a la tierra. Según la presidenta de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, María Esther Terán, actualmente cerca del 40 por ciento de la tierra está a cargo del trabajo de las mujeres, y en 10 años el 80 por ciento estará en sus manos.

103

Conclusiones Las violaciones al derecho a la vivienda en nuestro país son el resultado de una política pública que no ha sido capaz de resolver las demandas de la población. Los programas y acciones federales han tenido un impacto en un sector muy limitado por lo que resultan insuficientes. Las autoridades federales encargadas de la ordenación del territorio y del desarrollo urbano parecen atender más a los intereses de la iniciativa privada. Los contextos de crisis económica han dejado al descubierto, a pesar de los discursos oficiales, que la vivienda no es considera como un derecho. Por el contrario, se ha convertido en un sector dónde muy pocos consiguen grandes beneficios a corto plazo y dónde no existen mecanismos suficientes y adecuados que posibiliten la participación de la sociedad civil en el diseño de políticas públicas. En lo referente al contenido del derecho, la falta de “acceso al suelo” impide el acceso seguro a una vivienda de calidad y representa, para las zonas metropolitanas, que el derecho a la ciudad no se ve garantizado; mientras que para las zonas rurales significa la falta de accesibilidad a la tierra. En tanto el Estado no implemente efectivos programas y mecanismos de planificación territorial, al mismo tiempo que incorpore los instrumentos necesarios para la gestión democrática y equitativa del territorio, no podrá cumplir con sus obligaciones de garantizar, promover y respetar el derecho a una vivienda digna. De igual forma, es imperante que se construya y consolide un sistema efectivo de vivienda social, pues el actual sigue dejando al margen el apoyo a los sectores que en forma individual o colectiva encaran procesos de producción social de la vivienda bajo modalidades autogestionarias no lucrativas. Las autoridades no han podido crear una verdadera política pública que cuente con mecanismos de participación democrática y mecanismos financieros, normativos e institucionales que permitan cumplir las obligaciones aqueridas tras la firma de tratados internacionales, principalmente el PIDESC. Por otro lado, atender todas las violaciones que existen alrededor del derecho a la vivienda requiere de información actualizada constantemente. Esperemos que la ausencia de estadísticas adecuadas con respecto a la vivienda sea resuelta a partir de la publicación de los resultados del último conteo nacional de población y vivienda realizado en 2010. El actuar del Estado en materia del derecho humano a una vivienda digna continuará siendo limitado en cuanto no se incorporen las perspectivas de género, no discriminación y derechos humanos en las acciones gubernamentales. El Plan Nacional de Desarrollo, no ha podido traducir sus estrategias y acciones en un pleno cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia del derecho a una vivienda digna; igualmente se ha visto rebasado y sin no poder superar los obstáculos que permitan a toda la población el pleno ejercicio del derecho. 104

Recomendaciones • El Estado mexicano debe de generar y orientar acciones que cumplan con su obligación de garantizar a toda la población el acceso a fuentes de financiamiento para la adquisición de vivienda o suelo. • Las autoridades deben generar acciones que garanticen la seguridad en la tenencia. • Se deben de asegurar la infraestructura comunitaria y servicios básicos a todas las comunidades del país. • La creación e implementación de los programas habitacionales deben considerar los principios establecidos en la OG4 del Comité DESC • Las acciones de la política habitacional deben enfocarse a una perspectiva de derechos humanos y no en la resolución de la problemática al mercado especulativo con la burzatilización de la cartera hipotecaria. • Reconocer y fortalecer el trabajo exitoso de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil en la producción social de vivienda para implementar nuevas formas de gestión social de la vivienda. • Integrar a la sociedad civil en las etapas de planificación, ejecución y evaluación de políticas públicas y programas de vivienda para fortalecer la participación democrática. Bibliografía • Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la facultad de Economía de México de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Situación del campo en México; Pobreza, Marginación, Explotación y Exclusión, UNAM. México. [ref. 31 de enero 2011] Disponible en Web: http://www.economia.unam.mx/cam/pdfs/rep75.pdf • Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C.; DERECHOS HUMANOS DE LAS JUVENTUDES EN MÉXICO 2010.. Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C., México, 201º. • Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C.; Informe Anual sobre la situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México 20072008. Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C., México, 2009 • Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C.; Informe Anual sobre la situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México 2009. Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C., México, 2010 • Centro de Investigaciones Agrarias (Mexico City, Mexico), Inter-American Committee for Agricultural Development, Estructura agraria y desarrollo agrícola en México, Centro de Investigaciones Agrarias, 1970, Universidad de Texas. • Fuente: Ernst & Young. México. Análisis de la Industria. Panorama general de la industria de la vivienda en México. México. 2011 • Fundación CIDOC y Sociedad Hipotecaria Federal; Estado actual de la vivienda en México

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• Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática www.inegi.org.mx • Sociedad Hipotecaria Federal www.shf.gob.mx • Registro Agrario Nacional, ver en: www.ran.gob.mx/ • Dirección General de Política y Planeación Agraria, SRA.

Derecho a un medio ambiente sano

Introducción

Como producto de la Revolución Mexicana se sentaron las bases para un desarrollo económico nacional que priorizó la propiedad privada e individual por encima de la comunal. Desde entonces y hasta ahora, la propiedad social continúa en la indefinición jurídica. Otra de las constantes en la historia de México ha sido el despojo. Esto continúa ocurriendo pero con otros mecanismos y estrategias; se desarrolla en un contexto en el que las formas sociales de producción y la administración de los espacios territoriales también se han transformado. El problema, entonces, tenía y tiene que ver con la propiedad, en ese caso, de las tierras. Así fue que se abordaba un debate que se mantiene vigente: la propiedad de los recursos naturales ¿social o individual? El medio ambiente sano como un derecho humano y bien común se promovió a partir de la década de los sesenta. Su construcción y contenido es bastante extenso puesto que abarca todos los elementos que conciernen al hábitat del ser humano y que no siempre se abordan desde un enfoque de derechos humanos. En este apartado se presenta un panorama general sobre la situación en la que se encuentra el derecho a un medio ambiente sano en relación con las obligaciones del Estado. El tema que por su trascendencia genera mayor preocupación es el Cambio Climático. El impacto al medio ambiente y a los seres humanos será irreversible y pone en riesgo la supervivencia humana y la calidad de vida de millones de personas. Por otro lado, resalta la participación de las empresas como actores clave en un modelo de desarrollo que se basa en las externalidades ambientales para expandirse.

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1. ¿Qué es el derecho a un medio ambiente sano? Significa que toda persona tiene derecho a la libertad, la igualdad y el disfrute de las condiciones de vida adecuadas en un medio que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, asimismo, tiene la responsabilidad de proteger y mejorar el ambiente para las generaciones presentes y futuras. El medio ambiente se relaciona, generalmente, con las características biológicas y físicas de la naturaleza, pero lleva intrínseca la necesaria relación que existe entre la naturaleza y los seres humanos. Es a través de esta relación que los seres humanos la hemos transformado a tal punto que ya se evidencian daños irreversibles. Asimismo, el derecho a un medio ambiente sano no puede desasociarse de otros derechos sociales, como la salud y el agua. Es un derecho que tiene poco tiempo de ser reconocido y por eso, sus características son tema de numerosas discusiones. Es un derecho de carácter: • Individual y colectivo: Considera al individuo no de forma aislada, sino como parte de un todo, la humanidad. Desde esta perspectiva amplia y social, se definen y abordan las necesidades de las personas en relación con el medio ambiente. • Integral: Cuando no se cumple con el derecho a un medio ambiente sano se vulneran, al mismo tiempo, otros derechos. • Universal: El derecho a un medio ambiente sano considera a todos los recursos naturales que hay en el planeta como un derecho para todos y todas las personas en el mundo. 2. Marco Jurídico 2.1. Marco Jurídico Internacional A nivel internacional se ha desarrollado una amplia discusión acerca de las condiciones medioambientales mundiales y de éstas como un derecho humano. El primer documento que menciona al medio ambiente en relación con el derecho a la salud pero no como un derecho humano en sí mismo es el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), de 1966. En 1988 se aprobó el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos conocido como Protocolo de San Salvador. En el artículo 11 se reconoce el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente 110

sano y a contar con servicios públicos básicos. Es el primer instrumento que lo reconoce como parte de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). En la Conferencia, la de Río en 1992 se evaluaron los avances de la Conferencia de Estocolmo de 1972, en donde ya se reconocía la importancia del medio ambiente para la vida humana. Veinte años habían pasado, sin embargo, las exigencias seguían siendo las mismas. Señalaban la necesidad de erradicar la pobreza y de modificar los patrones de consumo y producción que resultarían ambientalmente insostenibles. Asimismo, reconocieron la especial situación de los países en desarrollo e hicieron explícito el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas fundamentado en las distintas contribuciones a la degradación ambiental global. En ese mismo año, se aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y la Convención sobre Diversidad Biológica. Como parte del combate al cambio climático se establecieron compromisos en el Protocolo de Kyoto en 1997. Todos fueron firmados en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Existen otros instrumentos de derechos humanos que reconocen el derecho a un medio ambiente sano de grupos en situación de discriminación: el artículo 24 y 29 de la Convención de los Derechos del Niño y los artículos 4, 7 y 32 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 2.2. Marco Jurídico Nacional En 1999, a través de una reforma constitucional, se incluyó en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el reconocimiento al derecho a un medio ambiente sano: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”.154 En el mismo sentido, el artículo 25 establece que al Estado le corresponde la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable; y el artículo 27 complementa la regulación medioambiental al referirse a la propiedad y conservación de la tierra y el agua. Con todo ello se abrió la puerta a la justiciabilidad del derecho.

154 México. Artículo 4. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ediciones Luciana, 2003.

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También se cuenta con la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) como principal instrumento nacional de regulación ambiental. De ella se desprende la política ambiental que dirige las acciones para preservar, restaurar el equilibrio ecológico y racionalizar los recursos naturales.

Ley General de Vida Silvestre

Tiene como objeto el establecer la concurrencia del Gobierno Federal, de los Gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respec tivas competencias, relativa a la conser vación y aprove chamiento sustentable de la visa silvestre y su hábi tat en el territorio de la República Mexicana.

3. Política Pública En los últimos años, el tema medioambiental se ha vuelto una prioridad para los gobiernos de todo el mundo, al menos de manera enunciativa. Se ha vuelto políticamente correcto comprometerse por la conservación y preservación de los recursos naturales. México estableció como uno de los objetivos y eje rector del Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 la sustentabilidad ambiental: “[…] México enfrenta grandes retos en todos los aspectos de la agenda ambiental. Esta agenda comprende temas fundamentales como la conciliación de la protección del medio ambiente (la mitigación del cambio climático, la reforestación de bosques y selvas, la conservación y uso del agua y del suelo, la preservación de la biodiversidad, el ordenamiento ecológico y la gestión ambiental) con la competitividad de los sectores productivos y con el desarrollo social.”155 112

155 México. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Disponible en web: http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/sustentabilidad-ambiental.html

El propósito central es colocar al medio ambiente como eje transversal de toda la agenda pública. Para efectos de la puesta en marcha de esta agenda, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PSMARN) 2007-2012, traza el marco general. Programas vinculados al Programa Sectorial • Programa Nacional Hídrico • Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas • Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos • Programa Especial de Cambio Climático (PECC) • Programa de Derechos Humanos del Sector Ambiental (PDHSA) • Programa de Jóvenes Hacia la Sustentabilidad Ambiental 20092012 • Programa de los Pueblos Indígenas y Medio Ambiente 2007-2012 • Programa Hacia la igualdad de género y la sustentabilidad ambiental 2007-2012 • Programas que otorgan apoyos y subsidios: • Programa de Desarrollo Institucional Ambiental • Programa de Empleo Temporal Para cumplir con la Agenda Azul (PSMARN), la Comisión Nacional del Agua, participa como responsable de la conducción del Programa Nacional Hídrico 2007-2012 (PNH). A través de éste se desarrollan las obras de infraestructura necesarias para incorporar 160 mil nuevas hectáreas de riego y de temporal tecnificado, a la vez que se modernizarán 1.2 millones de hectáreas en distritos y unidades de riego.156 Por otro lado, de acuerdo al tercer informe de labores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y en el marco del Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas: “Durante los primeros cuatro años de la presente administración, se han decretado 16 Áreas Naturales Protegidas, con lo que se llegó a un acumulado de 174 Áreas Naturales Protegidas con una extensión total de 25 millones 384 mil 800 hectáreas, que representan el 12.9 por ciento del territorio nacional; superando en 118 por ciento la meta establecida en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012.” 157

156 SEMARNAT; Tercer Informe de Labores. 2009. [En línea] p. 136. Disponible en web: http://www.semarnat.gob.mx/transparencia/rendicioncuentas/Documents/documentos%20pdia/3er_informe/Tercer_Informe_de_Labores.pdf [Consultado el 3 de febrero de 2011] 157 Íbid.

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Asimismo, “el 14 de abril de 2009 fue presentado el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 20092012 (PNPGIR), el cual define la política ambiental en materia de residuos con base en modelos de producción, consumo y manejo que fomentan la prevención y gestión integral de los mismos. De igual manera, establece líneas de acción, indicadores y metas para residuos sólidos urbanos, así como residuos de manejo especial, peligrosos y minero-metalúrgicos.”158 Actualmente, el Programa está en proceso de publicación en el Diario Oficial de la Federación por lo que se desconocen sus alcances. En los programas anteriores se observa un vacío en cuanto a la incorporación del enfoque de derechos humanos. Aunque se debe reconocer que existe un Programa de Derechos Humanos del Sector Ambiental (PDHSA) cuyo objetivo apunta al interior de la estructura pública. El Secretario de Medio Ambiente, el ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, afirma que el PDHSA es el primero en su tipo en toda la Administración Pública Federal; constituye un esfuerzo estratégico para cumplir cabalmente el Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH), profundizar sus alcances, así como representa un compromiso adicional a favor de los derechos humanos, con la implementación de acciones diversas. “Su objetivo general de largo plazo es asegurar que las y los servidores públicos del sector ambiental respeten, protejan y cumplan de manera integral todos los derechos fundamentales relacionados con el ámbito de sus atribuciones, en coordinación con los organismos públicos autónomos de protección y defensa de los derechos humanos, así como con los diferentes poderes y órdenes de gobierno y con la participación de la sociedad civil, para contar con una política ambiental sensible a las necesidades y aspiraciones de la población.”159 El programa más importante de la administración federal es ProÁrbol. Consiste en el otorgamiento de estímulos a los poseedores y propietarios de terrenos en el sector forestal para realizar acciones encaminadas a proteger, conservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos en bosques, selvas y zonas áridas de México. Es un programa que ha favorecido la incorporación de superficies a esquemas de conservación y desarrollo forestal comunitario a través del pago por servicios ambientales y el manejo técnico, el apoyo para el establecimiento de proyectos de plantacio158 Íbid, p.97.

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159 Íbid, p. 221.

nes forestales comerciales, la protección contra incendios, plagas y enfermedades forestales, la restauración de ecosistemas a través de la recuperación de superficies forestales deterioradas con obras de conservación de suelos y la reforestación, así como para incrementar la competitividad de las actividades silvícolas. Su presupuesto ha crecido cinco veces en comparación con la administración federal anterior. Sin embargo, pese a que el actual Presidente de la República presume los resultados del programa, informando que se han plantado 650 millones en el país; éste ha sido fuertemente criticado por los expertos forestales. La Auditoría Superior de la Federación confirmó irregularidades, manipulación de cifras y discrecionalidad en su aplicación en 2007. Los técnicos han documentado malas prácticas en el manejo, cuidado y mantenimiento de ProÁrbol, y siembra de especies exóticas. Las organizaciones campesinas han denunciado cómo se destinan cuantiosos subsidios a plantaciones forestales comerciales, en manos de grandes empresarios.160 4. Situación que guarda el Derecho “El hombre no teje la red de la vida, es sólo un hilo; cualquier cosa que haga repercutirá en sí mismo” Cartel realizado por activistas durante la COP 16 La sustentabilidad ambiental es un tema de preocupación mundial. Los mandatarios estatales en sus discursos hacen referencia a la responsabilidad de todos y todas de proteger y conservar el medio ambiente. No obstante, debemos recordar que el Estado tiene la obligación de proteger, respetar, garantizar y promover el derecho a un medio ambiente sano, es decir, a generar las condiciones para que todos y todas puedan desarrollarse plenamente en su medio. El cumplimiento de este derecho está siendo amenazado no sólo por la falta de voluntad política de colocar el tema de derechos humanos como prioridad en la agenda política, sino por la actuación de terceros actores, principalmente de empresas transnacionales. El Estado les permite actuar con libertad, bajo el argumento de que se aprovecha la oportunidad de otorgar concesiones que implican un aparente beneficio económico para el país, a cambio, flexibiliza los criterios ecológicos, lo cual resulta en violaciones al derecho a un medio ambiente sano. 160 Luis Hernández Navarro; “Denuncian países de AL reuniones en lo oscurito promovidas por México”. La Jornada, 9 de diciembre de 2010, México, p 47.

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El tema del Cambio Climático, por su trascendencia, es el tema más importante en la agenda ecológica, tanto política como social. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático161, en 2007, coincidió sobre el inequívoco calentamiento del sistema climático a causa de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), resultado de las actividades humanas. México contribuye con el 1.5 por ciento de emisiones de GEI y ocupa el lugar número 13 entre los mayores emisores del mundo. 162

Las afectaciones ocasionadas por el fenómeno del Cambio Climático son preocupantes: se espera que la temperatura del planeta aumente entre 1.8 y cuatro grados centígrados en los próximos años, aumento del nivel del mar, olas de calor, tormentas e inundaciones. Rajendra K. Pachauri, Presidente del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, señala que México, de la misma forma que el resto del mundo, registrará afectaciones en la agricultura y en la disponibilidad de recursos hídricos. Además, el nivel del mar en zonas como Veracruz, Tabasco y Campeche aumentará a causa del incremento del nivel del mar. Durante 2010 ya se han registrado fuertes inundaciones que afectaron gravemente a la población, sobre todo aquella en situación de pobreza. Por otro lado, en regiones como el Valle de México y la zona fronteriza de los ríos Colorado y Bravo padecerán de una severa escasez de agua. El costo que implica realizar las actividades de adaptación y de reparación de los daños ocasionados por el aumento de la temperatura del clima aumentará hasta alcanzar entre 3.5 y 4.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, señaló Rafael Elvira Quesada, titular de la Semarnat.163 161 Conocido con el acrónimo en inglés IPCC, El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático se creó en 1988 con el objetivo de analizar información científica, técnica y socioeconómica relevante para comprender el cambio climático de origen antropogénico. 162 México. Cuarta Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Instituto Nacional de Ecología-Semarnat, México, 2009, p. 18.

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163 Héctor A. Chávez; “Costaría a México hasta 4.2% del PIB no combatir cambio climático”. El Financiero, 21 de mayo 2010, México, p. 28.

Los más afectados serán los grupos que de por sí ya se encuentran en situación de pobreza, condición que los coloca en mayor vulnerabilidad en comparación con el resto de la sociedad. Se calcula que en México y en países en desarrollo, 25 por ciento de las muertes están relacionadas con la degradación ambiental, mientras que en las naciones desarrolladas es de 17 por ciento.164 Los grupos sociales con menor poder adquisitivo son quienes reciben directamente los efectos del cambio climático, sobre todo por no tener la capacidad de respuesta inmediata y solvente para evitar los impactos sobre la disponibilidad de recursos básicos, como agua y alimentos, servicios públicos y sobre la degradación de su territorio y de su propia salud. Los efectos negativos son mayores en las zonas que cuentan con poca infraestructura para trasladarse y de servicios públicos, ya que ello obstaculiza poder proveer ayuda en situaciones de emergencia. Asimismo, el aumento en los desastres naturales se convierte, a su vez, en un factor constitutivo de pobreza.

4.1.1. La 16 Conferencia de las Partes

Para contrarrestar la crisis de Cambio Climático, el gobierno mexicano firmó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en 1992 y el Protocolo de Kyoto en 1997. Sin embargo, es a partir de 1995 que se inician una serie de Conferencias de las Partes (COP) que dan paso a una institucionalidad compleja que regula las negociaciones entre los diversos gobiernos con el objetivo de generar políticas que reduzcan las emisiones de GEI. La COP 15 se llevó a cabo en Copenhague, Dinamarca, en diciembre de 2009. No se llegó a consensar la Declaración Final, por lo que se guardaron las expectativas para la COP 16 que se llevó a cabo en diciembre 2010 en Cancún, México. Durante la COP 16 se vislumbró una enorme diversidad de intereses entre los países y actores que estuvieron presentes. Ello ha complicado y obstaculizado el curso de las negociaciones y el establecimiento de obligaciones. Son varios los compromisos frente a los cuales se genera confrontación: los objetivos y fechas para la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, los mecanismos financieros, la transferencia de tecnología, el establecimiento de responsabilidades “comunes pero diferenciadas” de los países desarrollados y en desarrollo, la inequidad en los compromisos según el nivel de industrialización y el nivel de emi164 Angélica Enciso; “Cambio climático afecta más a los más pobres: Greenpeace”. La Jornada, 28 de junio 2010, México, p. 44.

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sión de gases, las dificultades para la medición de las emisiones netas, la asunción de compromisos que para los países más pobres representan limitaciones para las políticas de desarrollo y de reducción de la pobreza, el involucramiento de sectores que son estratégicos para los países (petróleo, forestal) en las medidas de reducción de gases de efecto invernadero, la insuficiencia de recursos para su implementación, los mecanismos para la mitigación, los fondos de financiamiento y su asignación, entre otros. 165 Durante el encuentro, que convocó a 194 países y cientos de activistas y organizaciones de la sociedad civil. Se contemplaba en la agenda de discusión las cuestiones sobre: las reducciones a las emisiones de GEI que los países desarrollados estarían dispuestos a emprender (mitigación), las acciones que los países en desarrollo podrían efectuar (adaptación), el financiamiento a la transferencia de tecnología y la administración de dicho financiamiento. La cumbre concluyó sin grandes avances, pese a la urgencia del problema. Se anunció que se creará un Fondo Verde contra el cambio climático, pero no se definió quién lo administrará y quién otorgará los recursos para su creación. También los países desarrollados reconocieron la necesidad de reducir sus emisiones entre 25 y 40 por ciento para 2020, pero no se establecieron acuerdos concretos. Al respecto, el Presidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó su rechazo al documento final, pues aseguró que el denominado acuerdo de Cancún que surgió de la Conferencia se impuso sin consenso, lo cual viola los procedimientos establecidos en la Convención Marco sobre Cambio Climático. 4.1.2. Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) Existen diversos mecanismos para reducir las emisiones de GEI. Uno de ellos es el mercado de carbono, establecido en el Protocolo de Kyoto, que consiste en que los países desarrollados pueden cumplir con la reducción de sus emisiones a través de la compra de bonos de carbono a otros países. Éste fue criticado por eximir y desdibujar las responsabilidades de los países industrializados, ya que se fomentan los incentivos económicos pero no climáticos. Otra de las opciones de reducción de emisiones, que además es la 165 Mujer y Medio Ambiente, A.C.; Género y Cambio Climático en México: En dónde está el debate. Heinrich Böll Stiftung. México, Centroamérica

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y el Caribe, México, 2010, pp. 8-9.

más importante, fue presentada y discutida durante la COP 16: la Reducción de emisiones por degradación y deforestación, REDD y REDDplus. Ésta consiste en una forma de pago a los países en desarrollo o a determinadas comunidades dentro de ellos para que conserven sus bosques. Las críticas han señalado que el mecanismo REDD corre el riesgo de convertirse en un esquema más de mercado si en éste no se toma en cuenta a los propietarios colectivos de los bosques en las discusiones y toma de decisiones. Por otro lado, Vía Campesina, movimiento campesino internacional integrado por organizaciones campesinas, pequeños y medianos productores, mujeres rurales, comunidades indígenas y trabajadores agrícolas; advirtió que el REDD es un mecanismo de mercado que pretende vender la naturaleza desplazando a las comunidades indígenas y campesinas. Al respecto, organizaciones ambientalistas resaltaron: “la necesidad de que en la construcción del mecanismo plus de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación se reconozca el valor que tienen las comunidades forestales en la conservación de los bosques y el combate el cambio climático” 166 4.1.3. Género y Cambio Climático Al abordar la crisis de cambio climático, generalmente no se habla sobre las cuestiones de género. Estos vacíos únicamente refuerzan las desventajas de las mujeres. Cuando observamos las afectaciones del Cambio Climático en México, podemos dar cuenta de que las mujeres son altamente vulnerables, sobre todo por la estrecha interacción de éstas con el medio ambiente. El observar las realidades desde una perspectiva de género permite diferenciar que el Cambio Climático afecta de manera diferente a hombres y mujeres, que las diferencias se deben a razones de género, que las diferencias de género se expresan en desigualdades entre mujeres y hombres, en las que la mujer tiene desventaja en el acceso a la tierra, al crédito y la toma de decisiones. Como ejemplo tenemos lo señalado por Magdy Martínez, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, en un foro internacional: “alrededor del 75 por ciento de los afectados por los efectos del cambio climático son 166 Angélica Enciso; “El Protocolo de Kyoto ya ha sido rebasado”. La Jornada, 24 de noviembre de 2010, México, p. 43.

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mujeres; tan sólo del total de hogares afectados por el ciclón Stan, en Chiapas, eran encabezados por ellas”167. Asimismo, las inundaciones aumentan la probabilidad de que jefas de hogar se queden sin vivienda. Es importante tomar en cuenta que la participación enfocada en actividades de género, que incluya la administración del agua y energía, educación ambiental, seguridad alimentaria, reducción del riesgo por desastres, entre otros, creará oportunidades económicas, reducirá la vulnerabilidad y empoderará a las poblaciones. 4.2.

Empresas y medio ambiente “Es una lucha difícil porque llegan las empresas y nos ciegan con sus ofertas de salario diario –el cual no hay en esas regiones–, de centros de salud y escuelas. Pero hemos visto que se trata de una estrategia de los grandes corporativos para hacer lo que quieren; destruyen la naturaleza y la cultura campesina.” Mujer Indígena guatemalteca presente en la COP 16

Las empresas han cobrado vital relevancia en lo que se refiere a medio ambiente y a derechos humanos, puesto que son quienes invierten en los proyectos turísticos, ecoturísticos, en la operación y construcción de obras de infraestructura, en la instalación de rellenos sanitarios, en el acaparamiento de las fuentes de agua, etc; o también son las principales contaminadoras de los recursos naturales. Es por ello que actualmente son las protagonistas de numerosas violaciones a los derechos humanos y de conflictos sociales a lo largo y ancho del país.

4.2.1. Derecho humano al Agua El derecho humano al agua atribuye a toda persona el derecho a tener acceso a agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y adquirible para el uso personal y doméstico. Una cantidad adecuada de agua salubre es necesaria para prevenir la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con el agua y para ser proporcionada para el consumo, los alimentos, y los requerimientos de higiene personales y domésticos. Observación General 15 Comité DESC

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167 Ibídem.

El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. México actualmente vive una crisis de agua debido a sus problemas de desabasto, mala calidad del líquido, sobrecarga de acuíferos, inundaciones e ineficiencia agrícola. Es por ello que será el primer país juzgado por el Tribunal Latinoamericano del Agua, una instancia internacional autónoma e independiente de justicia ambiental. La acusación será por colapso hídrico, debido a los casos de contaminación, destrucción de ríos y desplazamiento de poblaciones. Otro de los problemas que limita el acceso al agua potable es la contaminación y el acaparamiento. De todas las personas que no tienen acceso al recurso, muchas viven cerca de un cuerpo de agua, pero no pueden acceder a él por su nivel de contaminación. Pedro Arrojo, premio Goldman 2003, especialista en la materia, afirma que el problema no es de escasez sino de calidad, puesto que se ha quebrantado la salud de los acuíferos.168 En el Estado de México, se observa un caso similar. En 2004 apareció un conjunto de mujeres que se hacía llamar Ejército de Mujeres Zapatistas en Defensa del Agua. Esto ocurrió en la entrada de la planta potabilizadora Los Berros. Armadas con rifles de madera dieron a conocer sus argumentos: viviendo a un lado de la presa del sistema Cutzamala (abastece el 25 por ciento del agua potable de la zona metropolitana) sus comunidades carecían del servicio. Han pasado seis años y aún no obtienen respuesta. “Empezamos a defender los derechos humanos, los recursos naturales. Estamos a unos metros de las presas y de la planta de Berros. No tenemos agua, tenemos que esperar a que llegue un rato cada tercer día para almacenarla. No somos comunidades aisladas para que no nos llegue el líquido, como muchas veces dice el gobierno que por eso no hay agua en estos lugares.” Victoria Martínez, líder mazahua. 4.2.2 British Petroleum y el derrame en el Golfo de México El 20 de abril del 2010, la Plataforma de Perforación Mar Adentro Deepwater Horizon (frente a las costas del estado de Luisiana en EU), 168 Angélica Enciso; “México, juzgado en un tribunal de AL por ‘colapso hídrico’ “. La Jornada, 19 de abril 2010, México, p. 45.

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propiedad de la compañía petrolera British Petroleum (BP) explotó. Dos días después, alrededor de las 10:00 de la mañana, la plataforma se hundió desencadenando el derrame de hidrocarburos del pozo MC252 en el Golfo de México que dejó a su paso un saldo de once muertos. Estimaciones revelan que el pozo podría haber arrojado hasta 76 millones de litros de crudo.169 Después de 87 días, British Petroleum logró cerrar la fuga del pozo averiado y asumió el compromiso de pagar los costos de limpieza superiores a los 75 millones de dólares. La respuesta de México se basó en el Plan Nacional de Contingencias para Combatir y Controlar Derrames de Hidrocarburos y otras Substancias Nocivas en el Mar, implementado a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Humanos, la Secretaría de Marina-Armada de México y PEMEX. Mediante éste se le dio seguimiento a la trayectoria de la mancha de crudo, se capacitó al personal del sector ambiental, a las comunidades del Golfo de México y a organizaciones civiles; por último, a través de PEMEX se llevaron a cabo actividades de prevención y limpieza. Se estima que la mancha principal alcanzaba una extensión de 2 mil 374 hectáreas y se localizaba a 690 kilómetros de Quintana Roo y a 810 de Tamaulipas. Cuatro variedades de tortugas, en peligro de extinción, mamíferos y aves estuvieron en riesgo ante el derrame. También se calcula que pesquerías de camarón, sardinas y atunes se verán afectados. Sin embargo, los impactos medioambientales finales aún se desconocen. El titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Luis Fueyo Mac Donald, afirmó que los daños se extenderán hasta 20 años. Es por ello que Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Yucatán interpondrán de manera conjunta una demanda en contra de BP por el desastre ambiental. 4.2.3. Residuos sólidos Para cumplir con su obligación de administrar y reciclar los residuos sólidos, el Estado Mexicano recurre al otorgamiento de concesiones a empresas para que sean ellas quienes instalen los rellenos sanitarios y se ocupen de todo el proceso que implica la recolección de residuos. Sin embargo, muchas de estas empresas no cumplen con todos los requisitos ambientales que les solicitan ni respetan los derechos humanos de la población que habita en la zona donde pretenden instalarse. 169 BBC Mundo; “El derrame de Golfo de México en cifras”. Disponible en web: http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/06/100602_de-

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rrame_petroleo_bp_cifras_golfo_mexico_amab.shtml

Por otro lado, en México no predomina la cultura del reciclaje. Los países desarrollados reciclan entre 35 y 60 por ciento de la basura que generan, mientras que nuestro país reutiliza sólo el 12 por ciento. Además, el 60 por ciento de los residuos se depositan en rellenos sanitarios y el 40 por ciento restante se va a tiraderos que no cumplen con los requisitos formales.170 Defensa Jurídica de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA): caso defendido por el Área Jurídica del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P:” A.C. Relleno sanitario en Jilotzingo: violación al derecho a un medio ambiente sano

Jilotzingo es un municipio del Estado de México ubicado en una zona boscosa en medio de grandes desarrollos inmobiliarios de lujo. Los habitantes de la zona han sido víctimas de la extorsión de grupos que pretenden dividirlos y obligarlos a vender sus tierras sin que ellos tengan información sobre el valor de las mismas o sobre su destino. En medio de este conflicto se le otorgó una autorización a la empresa Confinam, en 2006, para instalar un relleno sanitario de residuos no peligrosos en la comunidad. Para la instalación de este confinamiento no se consultó a las comunidades, quienes se oponen a este tiradero por estar situado a metros de un arroyo que surte de agua a una presa cercana, la presa Madín, que a su vez establece de agua potable a los municipios de Tlalnepantla, Naucalpan y Atizapán. El permiso había sido negado varias veces, sin embargo, en 1997 se le otorgó licencia incumpliendo varias disposiciones legales. El proyecto incumple con el ordenamiento de la NOM-083 -Semarnat-2003. Además, mediante peritajes y denuncias, se pudo acreditar que se estaban tirando allí desechos biológicos de hospitales, por lo que actualmente se encuentra inactivo, pero se sabe que la empresa tiene intenciones de reabrirlo. Además de la violación al derecho a un medio ambiente sano, ha habido agresiones directas a defensores ambientales que se oponen al relleno sanitario, violando los artículos 6, 14, 22 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el 4, 8, 13, 16, 17, 21, 24, 25 y 26 de la Convención Americana; los artículos 11, 12 y 15 del PIDESC, así como los artículos 11, 14 y 15 del Protocolo de San Salvador. También se sigue violentando el derecho a la consulta que derivó en agresiones directas a Jesús Sánchez de la Barquera González, quién fue herido por arma de fuego el 29 de septiembre de 2009. 170 Juan Carlos Miranda; “México recicla sólo 12% de la basura que genera: Semarnat”. La Jornada, 13 de mayo 2010, México, p. 43.

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5. Conclusiones El derecho a un medio ambiente termina contraponiéndose a los muchos intereses económicos que existen detrás del usufructo de los recursos naturales. Al respecto, se mantienen dos posturas: lucrar por la conservación ecológica o garantizarla como un derecho humano, lo cual implicaría: 1) modificar patrones de producción y consumo; o 2) incorporarla al sistema de producción basado en el capital como una mercancía más. Para entender el deterioro actual del medio ambiente es fundamental tomar en cuenta la participación de las empresas nacionales y transnacionales. Se han convertido en los protagonistas de conflictos sociales, contaminación y violaciones al derecho a un medio ambiente sano. Otro de los fenómenos clave para entender la situación actual del derecho a un medio ambiente sano, es el Cambio Climático. La preocupación mundial que ha generado radica en sus impactos biológicos, económicos y sociales. México sufrirá graves afectaciones en la agricultura y en la disponibilidad de agua, por lo que el costo para reparar los daños también se incrementará. Las discusiones acerca de cómo contener las consecuencias negativas se están dirimiendo en encuentros internacionales, como las Conferencias de las Partes, en los que participan aproximadamente 194 países y amplios sectores de la sociedad civil. Asimismo, la pobreza tiene una relación estrecha con el cambio climático, la deforestación y la contaminación. Estar en esta situación hace más vulnerable a quienes la padecen. Es así que el Estado tiene frente a sí enormes retos medioambientales que resolver. Recomendaciones • Incorporar la perspectiva de género en los análisis sobre los efectos del cambio climático. • Generar indicadores bajo en enfoque de derechos humanos que den cuenta de los resultados de las Políticas Públicas del sector ambiental. • Rendir cuentas sobre los presupuestos asignados a través del programa ProÁrbol. Bibliografía • Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P:” A.C.; Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México, 20082009. CDHFV. Con el apoyo de Fundación MacArthur, México, 2009, 159 pp. • Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P:” A.C.; Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales Nov. 2003 – Nov. 2004. CDHFV, México, 2004, p.186. • Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P:” A.C.; ABC de los DESCA. Ma-

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Páginas web • • • •

www.greenpeace.org http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx www.semarnat.gob.mx www.bbc.co.uk

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS “FRAY FRANCISCO DE VITORIA, O.P.”A.C. Director Dr. Miguel Concha Malo miguelconcha@derechoshumanos.org.mx Coordinadora General Mtra. Ana Luisa Nerio Monroy coordinacion@derechoshumanos.org.mx Educación, Promoción y Difusión Clara Meyra Segura edupromo1@derechoshumanos.org.mx Investigación Salomé Almaraz Reyes investigacion@derechoshumanos.org.mx Angélica Gay Arellano angelica@derechoshumanos.org.mx Jurídico Alfonso García Castillo juridico@derechoshumanos.org.mx Victoria Beltrán Camacho victoria@derechoshumanos.org.mx Administración María Guadalupe Hernández Hernández recepción@derechoshumanos.org.mx C.P. Juventino Alcántara Venegas Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.” A.C. Odontología 35 Col. Copilco Universidad, Delegación Coyoacán C.P. 04360, México D.F. Tel. 56 59 67 97 ext 227 www.derechoshumanos.org.mx