Honduras acepta su responsabilidad internacional y se compromete a reparar las El Estado de Honduras se comprometió hoy a cumplir con las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó por las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio del ambientalista Carlos Escaleras Mejía y sus familiares. Ante la familia Escaleras y los abogados del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), representantes de la víctima, se firmó hoy el acuerdo de cumplimiento. En julio de 2014 la Comisión concluyó que el Estado de Honduras es responsable por la violación de los derechos a la vida, libertad de asociación y derechos políticos en perjuicio de Carlos Escaleras; así como los derechos a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial, en perjuicio de su madre, esposa, hijos y hermanos. Ante este fallo, la Comisión recomendó al Estado de Honduras reparar dichas violaciones de derechos humanos, así como reivindicar la labor de Carlos Escaleras. Para cumplir con este objetivo, entre varias acciones, el Estado elaborará y difundirá un documental televisivo sobre la problemática ambiental en Honduras y la labor que desarrolló el señor Escaleras como activista, dicha producción audiovisual se transmitirá en cadena nacional de radio y televisión. Además, el Estado de Honduras cambiará el nombre del “Parque Nacional Montaña de Botaderos” para denominarlo “Carlos Escaleras Mejía” y se remodelará la Plaza del Centro de Tocoa la cual pasará a llamarse “Plaza Carlos Alfonso Escaleras Mejía”, donde se colocará un busto en su honor. Para inaugurar la remodelación de la Plaza se hará un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en el cual estarán presentes las más altas autoridades del Estado. De igual forma, la CIDH estableció que el Estado debe efectuar una investigación judicial para establecer las circunstancias en que resultó muerto el señor Escaleras y ejecutar las medidas disciplinarias o penales frente a los funcionarios que contribuyeron
a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos. Asimismo se ordenó al Estado adoptar medidas para reducir el riesgo que enfrentan las defensoras y defensores de derechos humanos, incluyendo ambientalistas y ecologistas, elaborando protocolos de investigación que permitan combatir el patrón de impunidad frente a casos de amenazas y muertes de defensoras y defensores. Al respecto, Honduras se comprometió a continuar con las investigaciones sobre el caso y a aprobar un protocolo de investigación para los crímenes en contra de defensores y defensoras de derechos humanos. Además, el Estado permitirá la participación efectiva de los defensores y defensoras de derechos humanos y la sociedad civil en el diseño y adopción de todos los reglamentos y protocolos que se desarrollen para la implementación de la “Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia”, recientemente aprobada CEJIL y el ERIC instan al Estado Hondureño a cumplir cada uno de los compromisos que de buena fe ha adquirido hoy con el fin de reparar las violaciones cometidas contra el señor Escaleras y su familia. El cumplimiento de dichas obligaciones permitirá corroborar si existe un verdadero compromiso de las autoridades con el derecho internacional y con violaciones en perjuicio de Carlos Escaleras y sus familiares la situación de riesgo que enfrentan las defensoras y defensores de derechos humanos en el país. Las partes acordaron que la CIDH evaluará en doce meses el acatamiento de todo lo establecido en el acuerdo amistoso, momento en que el Estado, CEJIL y el ERICSJ deberán presentar información sobre el cumplimiento de cada uno de los compromisos. La Comisión evaluará dicha documentación y determinará si envía el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por incumplimientos del Estado. Carlos Escaleras Mejía fue un destacado defensor del derecho al ambiente en las comunidades del Aguán. Fue asesinado el 18 de octubre de 1997.