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ACTUALIDAD

Déficit de ciudadanía Una interpretación del sondeo de opinión pública UCA-ERIC ISMAEL MORENO (SJ)*

El descalabro nacional y la percepción que la sociedad hondureña tiene de su país, de sus instituciones y de sí misma son terreno fértil para los autoritarismos y los liderazgos mesiánicos, así como para una irrupción, con nuevos bríos, del militarismo y los fundamentalismos religiosos.

Pero también puede ser una espléndida oportunidad para empezar a construir una ciudadanía comprometida con su propio destino.

Vamos a los datos.

E

n el sondeo de opinión realizado a fines de 2010 por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA1 de San Salvador y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) de Honduras, en 16 de los 18 departamentos del país, con una muestra de 1548 personas encuestadas, la institucionalidad hondureña queda en franca precariedad, pues ninguna de las instituciones alcanza el 40% de reconocimiento.

Dicho de una vez: aunque este sondeo se hizo tomando en cuenta el comportamiento de gobiernos y actores políticos y sociales en el año 2010, sus resultados senten*

1

Director de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ).

Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador, institución educativa de la Compañía de Jesús.

cian un comportamiento histórico acumulativo. No fue sólo a Lobo Sosa a quien se evaluó y calificó, ni sólo a los empresarios, políticos y policías de una coyuntura, sino a todo el modelo de desarrollo y la lógica que lo sustenta. Es decir, se trata de una percepción histórica que la sociedad hondureña tiene de sí misma, no sólo en un año, sino situada desde un año. Por tanto, es una sentencia acumulada referida a varias décadas.

DESESPERANZA Y DEPRESIÓN COLECTIVA De acuerdo con los resultados obtenidos, la sociedad hondureña se define por su pesimismo, su desconfianza y su esperanza en harapos.

La carga de la crisis política junto con el desempleo, que en conjunto superan el 60% de agobio, añadido a la percepción de que la violencia, la delincuencia y el narcotráfico

han aumentado en más del 80% en relación con 2009, hacen que nuestra sociedad comience la segunda década del siglo veintiuno con el mayor de los pesimismos y una depresión colectiva.

El 85% de quienes respondieron la encuesta no duda en decir que la corrupción de los políticos y empresarios está igual o peor que el año anterior; y en un porcentaje similar, se ubica la percepción sobre la violación a los derechos humanos, mientras que la aplicación de la justicia está descreditada para el 79% de la ciudadanía entrevistada. La gente prefiere callar y no denunciar las acciones de la delincuencia común ni las violaciones a los derechos humanos, porque más del 60% no se siente nada segura con la policía y, en una mayoría que supera el 50%, existe la percepción de que la policía está involucrada en la delincuencia.

1 marzo 2011

ACTUALIDAD “NOS NEGAMOS A SEGUIR CONTANDO MUERTAS…” Durante los dos primeros meses de este año, en promedio, una hondureña ha sido asesinada diariamente. La gravedad de los femicidios no sólo se refleja en el aumento de los casos año con año, sino también en el grado de violencia y ensañamiento que se ejerce contra las víctimas.

La violación sexual, la tortura y hasta mutilaciones constituyen la huella del odio en estos crímenes, cuyo costo social y humano es incalculable. Uno de los impactos más dolorosos es la orfandad de más de cinco mil niños y niñas.

La Tribuna de Mujeres contra los Femicidios, una coalición integrada por organizaciones no gubernamentales y de base, ante la indiferencia e inoperancia del sistema de justicia, lanzó el 8 marzo, Día Internacional de la Mujer, la Campaña Nacional Contra los Femicidios.

Estas organizaciones exigen a las instancias públicas responsables de tutelar los derechos humanos, entre otras demandas, que asuman su responsabilidad investigando y judicializando los cientos de casos que se encuentran impunes, y que ejecuten medidas integrales para combatir las causas de los femicidios en Honduras, porque “nos negamos a seguir contando muertas sin obtener respuesta y medidas que frenen esta realidad de inseguridad, vulneración y violencia sistemática”.

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PESIMISMO Y DESCONFIANZA GENERALIZADA La sociedad hondureña desconfía de casi todo, pero de manera especial de las instituciones y de quienes las dirigen. Es cierto que la gente responde que tiene esperanza y que prefiere quedarse en el país; sin embargo, al contrastar estos sentimientos con el conjunto de las respuestas, ese optimismo no tiene asideros. Mientras más del 60% piensa que la situación económica está igual o peor que en 2009, más del 50% considera que el presente año será igual o peor que 2010.

Para la inmensa mayoría “vamos de mal en peor”, porque la situación no sólo está peor que antes, sino que lo peor está aún por llegar. ¿A qué se vincula el pesimismo? Sin duda, a la pérdida de confianza hacia los demás, pero, especialmente, hacia la institucionalidad detrás de la cual se identifica a las personas y grupos directamente responsables de sus penurias.

El empresariado aparece en esta encuesta como el sector que goza de la mayor desconfianza de la ciudadanía, superando el 84% del rechazo, seguido por los políticos, que superan el 80% del descrédito ante la población. Pero la desconfianza no es sólo respecto de empresarios, políticos y policías; más bien abarca a toda la institucionalidad: más de siete de cada diez personas desconfían de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público y de los funcionarios que dirigen estas instituciones, en tanto que ocho de cada diez desconfían por igual de los partidos políticos, del Congreso Nacional y sus diputados, así como del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).

La desconfianza se extiende hasta la jerarquía de la Iglesia católica, institución a la que los entrevistados otorgan la mayor confianza, con el 39.5%. No obstante, en el reverso de la moneda, el 47.9% expresó ninguna o poca confianza en la misma. Por tanto, cada dato de este sondeo de opinión debe situarse en el conjunto, puesto que una lectura aislada ofrece una espléndida oportunidad para manipular y distorsionar la información.

Cuando decimos, por ejemplo, que la jerarquía de la Iglesia católica goza de mayor credibilidad, esto ha de relativizarse, puesto que se sitúa en el contexto de una sociedad que desconfía, de manera alarmante, de toda institucionalidad.

LOS HILOS ETÉREOS DE LA ESPERANZA Frente a una sociedad que se retuerce entre el pesimismo y la desconfianza, salen al paso los riesgos y las amenazas de caer bajo la influencia de caudillos con propuestas mesiánicas o ante propuestas de corte autoritario que incitan a la concentración del poder en aquellos que lo deciden todo desde la ley del más fuerte. Ahora estamos ante tal peligro y los resultados de esta encuesta dejan abiertos estos escenarios.

Un pesimismo y una desconfianza tan grandes difícilmente pueden sostenerse de manera indefinida; tendrán que decantarse. El mayor signo de que algunos datos se apartan del pesimismo y la desconfianza se vislumbra en el hecho de que siete de cada diez entrevistados ven el futuro con esperanza. ¿Cómo puede la gente, que en los hechos no cree en casi nadie y

ACTUALIDAD que ve el año 2011 con el mayor de los pesimismos, afirmar simultáneamente y con entusiasmo que tiene esperanza en el futuro? Sólo lo puede hacer si, en lugar de tener confianza en sí misma, se dedica a buscar confianza en otros lugares, sectores y personas. Si así fuese, es interesante destacar que, tanto el 39.5% como el 31.5% de los entrevistados depositó su confianza en la Iglesia católica y las iglesias evangélicas, respectivamente.

Así los datos, existen razones y fundamentos para aventurar la hipótesis de que, ante la desconfianza en sí misma y hacia la institucionalidad secular, política y jurídica, la gente reafirma su expectativa de seguridad en el providencialismo; en este caso, en las salidas religiosas a la crisis política, considerada por los entrevistados como una de las principales causas del incremento del costo de vida.

Según estos datos, la gente estaría prefiriendo dejar la solución a sus problemas no en su propia capacidad transformadora o en las instituciones seculares, sino en la respuesta providencial de sus iglesias. Si crece la desconfianza hacia determinada jerarquía religiosa, la opinión pública se desliza hacia otras ofertas religiosas, como es evidente en los resultados de este sondeo, que reflejan el crecimiento de las iglesias evangélicas, en menoscabo de la membresía y fuerza que la Iglesia católica ha perdido.

LA CONFIANZA ENAJENADA Frente a la situación de anomia que se observa en la sociedad hondureña, esta no sólo afirma su optimismo en el futuro, sino que siete de cada diez personas afirman

que prefieren quedarse en el país en lugar de emigrar. Sin embargo, una vez que deciden quedarse, prefieren —en medio de una desconfianza que supera el 50%—, seguir viendo, escuchando y leyendo la información que le ofrecen los medios masivos de comunicación.

ILSE IVANIA VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ El 18 de marzo fue un día de duelo. La profesora Ilse Ivania Velásquez Rodríguez (59 años),

Y es que, después del porcentaje de confianza otorgado a las iglesias, la encuesta coloca en segundo lugar a los medios de comunicación, con un 46.6%, entre aquellos a los que se les tiene alguna o mucha confianza. Sin duda, la televisión, seguida por la radio y la prensa escrita, son los principales formadores de opinión pública; por tanto, el pesimismo y la desconfianza tienen mucho que ver con la información y las imágenes que estos medios difunden diariamente, casi siempre saturadas de sangre, violencia y crueldad; además de presentar a los más altos personajes de la política y la economía como honorables propietarios del Estado y del país.

Una vez más, como en el caso de la confianza puesta en el providencialismo religioso, esta encuesta sitúa las esperanzas de la sociedad fuera de sí misma y le atribuye a los medios de comunicación un poder casi mítico, extraño e intocable al que se le puede manifestar desconfianza, pero no desafiar. Por ello, la poca confianza que le queda a la gente es depositada en esos extraños y misteriosos medios de comunicación que configuran sus vidas y sus opiniones.

subdirectora de la escuela República de Argentina, murió en Tegucigalpa en el contexto de la represión policial ejercida contra la manifestación que llevaban a cabo los docentes.

La maestra perdió el conocimiento y se derrumbó sobre la calle a causa del humo tóxico de las bombas lacrimógenas que lanzaban los antimotines.

Momentos después y en medio de la confusión, fue atropellada por un vehículo perteneciente a un medio de comunicación, lo que le ocasionó graves golpes internos.

Aunque fue auxiliada por los manifestantes que la llevaron a un hospital cercano, falleció mientras era atendida de emergencia.

Ilse Ivania era hermana de Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez, detenido-desaparecido el 12 de septiembre de 1981, por lo que ella, junto a su familia, fue una de las impulsoras del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras, COFADEH. El caso de Manfredo Velásquez fue el primero en su tipo que conoció la

LO MÁS CERCANO SIEMPRE PESA En el caso de las municipalidades, la desconfianza es patente: casi seis de cada diez encuestados

Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por el que el Estado de Honduras fue condenado en julio de 1988.

3 marzo 2011

ACTUALIDAD

REFORMAS CONSTITUCIONALES El 7 de marzo, al ser publicadas en el Diario Oficial La Gaceta, entraron en vigencia las reformas a siete artículos de la Constitución de la República, las cuales constituyen un indicador de la agenda del actual gobierno.

Los artículos reformados son el Art. 5, relacionado con el plebiscito, el referéndum y la iniciativa de ley ciudadana; el Art. 213, que determina que tendrán iniciativa de ley al menos 3000 ciudadanos bajo la iniciativa de ley ciudadana. Los artículos 304 y 329, que regulan el establecimiento de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), más conocidas como “ciudades modelo”.

El Congreso Nacional también

respondieron tener poca o ninguna confianza en ellas. No obstante, las municipalidades se ubicaron, en el marco de la reducida confianza que aún queda, en el tercer lugar, con un 41.2%. La relativa confianza depositada en las municipalidades contribuye a que la gente ponga un pie en su propia realidad, por ser ésta la institucionalidad más cercana a su vida cotidiana.

Y si la gente vive agobiada por la inseguridad, la violencia, el desempleo y el alto costo de vida; y si solo mira un empeoramiento de su situación, acabará buscando en el caudillo político local y en el pastor religioso la esperanza que dice tener en el futuro, que en los hechos significa desconfianza hacia su propia capacidad transformadora.

El municipio se convierte así en un factor decisivo para fortalecer el autoritarismo de los caudillos y de las sectas fundamentalistas, particularmente las de corte pentecostal, que se afirman y sostienen en el individualismo del pastor y en las salidas intimistas a una crisis que no se resuelve en los cauces normales de la institucionalidad secular.

reformó los artículos 313 y 317, referentes a la creación del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial y su funcionamiento, así como el Art. 249, cuya novedad es que establece como requisito, para ser Secretario o Subsecretario de Estado, ser mayor de 25 años, cuando antes se requería ser mayor de 30 años.

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UN TRISTE PANORAMA Finalmente, un cuarto actor, las Fuerzas Armadas, en medio de la desconfianza predominante, recibió el 38.4% de credibilidad, muy por encima del 26.6% que se le adjudicó a la policía. A pesar de que más del 50% expresó desconfianza en las Fuerzas Armadas, el hecho de situarlas en el cuarto lugar de credibilidad nos pone ante un triste panorama: la confianza de la sociedad es compartida por los caudillos y sus mesianismos, la alienación de los medios de comunicación de

masas y el autoritarismo de los militares.

Si a estos datos agregamos el impulso promovido por un sector muy conservador de pastores evangélicos para que el Estado laico sucumba ante el fundamentalismo religioso, no sería extraño que el pesimismo y la desconfianza que pesan sobre nuestra sociedad se conviertan en caldo de cultivo para el surgimiento de partidos políticos de corte religioso y fundamentalista, que se constituyan en aliados políticos de los militares en el contexto de la “democracia autoritaria”, por la que apuestan los sectores fundamentalistas de Estados Unidos y otros países del continente.

LA SUPERVIVENCIA POR ENCIMA DE TODO El conjunto del sondeo destaca el interés de una población que, agobiada por la violencia, la inseguridad y la crisis económica, busca con afán priorizar las respuestas que solucionen sus problemas más graves e inmediatos, por encima de los grandes desafíos políticos.

Es verdad que la gente le atribuye un peso importante a la crisis política como causa vinculada al aumento del costo de vida y al deterioro de su situación económica. Sin embargo, a la hora de buscar soluciones, se contradice entre un estar a favor de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y un dejar en manos de los mismos de siempre esta convocatoria, reflejando así la mentalidad conservadora o de supervivencia predominante, particularmente entre los sectores con menor índice de escolaridad.

ACTUALIDAD Cuando la encuesta destaca que la gente identifica como mayor logro de la administración Lobo Sosa la entrega de un bono de diez mil lempiras, a la vez que esperaría que el gobierno le resuelva sus problemas más urgentes, surge una hipótesis preocupante: la colectividad hondureña estaría construida a partir de unos hilos sociales, políticos y culturales muy rotos que dejan a la ciudadanía con bajos niveles de conciencia respecto de su responsabilidad ante los asuntos públicos y frente a sus propios desafíos y problemas. Al final de cuentas, se llama a que sean otros los que, desde arriba, resuelvan los problemas, mientras la sociedad opta por sumergirse en la supervivencia, consumirse en sus propias calamidades y refugiarse en el “sálvese quien pueda”.

EL FNRP: UNA MENCIÓN APARTE Aunque para los más entusiastas resulte un escándalo, o en el mejor de los casos una sorpresa inesperada, la notable antipatía de las hondureñas y hondureños hacia el Frente Nacional de Resistencia Popular merece mención aparte. Las tres cuartas partes de la población entrevistada manifestaron tener muy poca o ninguna confianza en esta agrupación política, mientras que sólo el 12.9% —emparejado con el puntaje que recibió el Poder Ejecutivo— manifestó tener mucha confianza en esta organización que nació como fuerza opositora al golpe de Estado.

Leyendo entre líneas, se descubre una hipótesis que facilitaría la lectura de estos datos; esta podría situarse entre el deseo de cambio que expresa más de la mitad de los entrevistados, que ven con buenos

ojos la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, y la desconfianza hacia el sujeto conductor del cambio, que sería el FNRP, equiparado a los partidos políticos. A lo anterior se suma el hecho de que la gente afirmó, por igual, que la destitución del presidente Zelaya fue un golpe de Estado, pero que fue una medida necesaria; paradójicamente, el mismo porcentaje, superior al 50%, apoya que el ex presidente regrese al país como condición para la reconciliación nacional.

Los datos sobre la simpatía hacia la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y, al mismo tiempo, la antipatía hacia el FNRP, se podrían interpretar de dos modos. Por un lado, se relacionan con el papel de moldeadores de opinión y de conciencias que juegan los pocos medios de comunicación con cobertura nacional, propiedad de un reducido sector oligopólico.

Y, por otro, tendrían que ver con un fenómeno propio de la Resistencia, que no se agota en lo absoluto en ninguna institucionalidad política, organizativa o partidaria.

La Resistencia nació con fuerza en los meses siguientes al golpe de Estado y ha sido la expresión de mucha gente de diversos colores y sectores, con una característica muy propia de indignación ante las imposiciones y la violencia. Cuando la Resistencia avanza hacia un proceso de institucionalización, lo hace más conforme a la lógica del embudo que a la del abanico. En la institucionalización caben los gremios y los sectores organizados tradicionales, y se quedan al margen los sectores que no tienen voz y organización propia. La indignación popular no estructurada orgánicamente se va quedando al

SE AGUDIZA LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL Marzo ha sido un mes candente.

De nuevo, el conflicto permanente entre el gremio magisterial y el gobierno de turno ha sido la chispa que detonó, a partir del 8 de marzo, las manifestaciones, las tomas de vías públicas y la represión policial, especialmente en Tegucigalpa.

Los maestros, que siempre acompañan sus reclamos con la suspensión de labores, protestan, entre otras cosas, por la bancarrota en que se encuentra el Instituto de Previsión Magisterial y de la cual culpan al gobierno, por la desindexación temporal del Estatuto del Docente del salario mínimo y, sobre todo, por la propuesta de la Ley de Incentivo a la Participación Comunitaria para el Mejoramiento de la Calidad Educativa cuyo objetivo, aseguran, es privatizar y municipalizar la educación pública.

La incapacidad del gobierno de negociar y de resolver conflictos sin hacer uso de la fuerza policial, a lo que se suma la inflexibilidad del gremio docente, se han combinado para generar un clima de temor y violencia muy parecido al de los días posteriores al golpe de Estado.

Para colmo, el 23 de marzo, efectivos de la policía invadieron los predios universitarios, en busca de manifestantes. Lanzaron bombas lacrimógenas hasta que se les agotaron y golpearon a estudiantes y trabajadores universitarios.

5 marzo 2011

ACTUALIDAD DÍA INTERNACIONAL CONTRA LAS REPRESAS El 14 de marzo, Día Internacional contra las Represas, pobladores del valle de Leán, al norte del país, aglutinados en la Red de Organizaciones por la Defensa de los Recursos Naturales y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, protestaron por la concesión masiva de los ríos de la zona con marchas y un plantón frente a la municipalidad de Arizona, Atlántida.

Los pobladores también exteriorizaron su rechazo a las autoridades municipales que permiten la construcción de represas hidroeléctricas sin

margen. Y la gente identifica a esta nueva estructura como un partido político más, en la que se insertan los liderazgos tradicionales del movimiento popular y de los liberales leales a Zelaya Rosales, que buscan capitalizar dicha estructura para intereses proselitistas inmediatos.

De igual manera, esa institucionalización está íntimamente vinculada con la figura y el liderazgo indiscutible de Zelaya Rosales, tanto así que el FNRP se fue decantando con el correr de los meses no sólo en una estructura bajo el liderazgo de una persona, sino que, además, tal estructura política e ideológica se puede definir como personalista, en la medida que José Manuel Zelaya define tanto las ideas como las decisiones que dan identidad a la Resistencia institucionalizada.

ningún control ambiental y sin contar con el consentimiento de las comunidades.

Joaquín López, de la comunidad el Hicaque en Arizona, destacó que en ningún momento se les ha preguntado si están de acuerdo o no con la construcción de represas, y que los empresarios ofrecen “migajas” a los pobladores a cambio de que den el visto bueno a la ejecución de estos millonarios proyectos.

Un estudio realizado por el MADJ

¿UN SALVADOR O UN OBSTÁCULO? Como se sabe, Zelaya Rosales es un personaje polémico. No sólo es motivo de contradicciones y confrontaciones entre los responsables del golpe de Estado. Es también factor de debate interno en los sectores que conforman la Resistencia misma. Para unos es el salvador, sin el cual la Resistencia no tendría razón de ser; para otros, se trata de un mesías que hace mucho daño al propio FNRP. Para muestra, dos opiniones de miembros de la Resistencia. Uno escribe así:

revela que esta zona es una de las más ricas del país en producción de agua, pues se han registrado 73 cuencas hidrográficas; de ahí que los empresarios pretendan desarrollar sus proyectos en esta región, lo que podría afectar los ocho municipios del departamento de Atlántida.

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…el retorno de Manuel Zelaya Rosales constituye para el pueblo hondureño el motor principal, la dirección apropiada, la vanguardia directriz, la bandera de lucha con la cual se logrará satisfacer la meta establecida desde su gobierno: la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente y la redacción

de la nueva Carta Fundamental de la hondureñidad. Y en este propósito conducente hacia el reintegro insoslayable al territorio patrio del Comandante Zelaya Rosales, no deben existir dudas, engaños y dilaciones de ninguna de las partes que configuran el conflicto político que padece la nación… Si no es Manuel Zelaya Rosales no hay quien más nos pueda conducir a la infalibilidad de la meta que el pueblo ha introyectado en su conciencia política con la figura, la palabra, el pensamiento, y la acción del ex presidente más carismático de los últimos 50 años de historia política catracha. Porque si ello no fuera de ese modo significa entonces que es una falacia haberlo electo como el coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular.

Otro miembro de la Resistencia responde con otro punto de vista: El problema con escritos como este es que lejos de beneficiar al compañero Zelaya, le perjudican. Porque una de las grandes motivaciones en esta lucha es terminar con los caudillismos y divinidades. Cuando se genuflexa tanto en culto a un nombre o a una persona, lo único que se logra es que se empañen las intenciones y el papel que juega esta persona. En el caso del compañero Zelaya, tanto culto a su persona y tanta invisibilización de las demás cosas que nos tienen en lucha, finalmente, hacen que el líder se convierta en obstáculo de nuestra propia liberación.

Esta encuesta de opinión parece recoger el sentir de una población que identifica la situación polémica y polarizada hacia la que se deslizó progresivamente el FNRP, hasta acabar bajo el liderazgo incuestionable de Zelaya Rosales. Esto

ACTUALIDAD inserta al FNRP en el sistema de partidos políticos y sus liderazgos tradicionales que representan, junto con los empresarios, a los sectores que gozan de la menor confianza y aceptación en la población.

El culto despertado en un sector de la Resistencia hacia la figura y el liderazgo de Zelaya Rosales ratifica lo que la población expresa en la encuesta: ante su pesimismo y desconfianza, deposita sus esperanzas en alguien a quien le atribuye cualidades míticas o mesiánicas, actitudes propias del pensamiento y las concepciones fundamentalistas en el ámbito religioso o el ámbito político-ideológico.

PELIGROS A LA VISTA: AUTORITARISMO Y MESIANISMO En el cuadro que nos deja este sondeo, la realidad y la sociedad hondureñas son carne de cañón para un autoritarismo basado en los militares, con un protagonismo que podría crecer a niveles parecidos a los observados en las peores décadas de la segunda mitad del siglo veinte.

El ingrediente principal de este autoritarismo sería la necesidad de sofocar la alta conflictividad social y política mediante una alianza externa, con el sector más fundamentalista del militarismo norteamericano, para proseguir el modelo colombiano; y mediante una alianza interna, con los sectores más agudos y audaces del crimen organizado, con el fin de repartirse cuotas de poder y el control de territorios, en una amalgama política y económica que convertiría a Honduras, una vez más, en un paradigma del mal para otros países latinoamericanos.

Junto con la amenaza del autoritarismo se yergue el mesianismo, que sería una variante del primero, puesto que implica la irrupción de un mesías, proveniente del mundo fundamentalista religioso o del mundo fundamentalista político secular.

Las sectas evangélicas están agazapadas para atacar en el momento oportuno, y serían fieles aliadas de los sectores más extremistas del militarismo en la concepción de un Estado policíaco; de los sectores empresariales locales más dogmáticos y del capital oligopólico multinacional.

MÁS DE 800 MILLONES DE LEMPIRAS DEJÓ DE PERCIBIR EL PAÍS POR EXONERACIONES A casi 801 millones de lempiras (unos US$ 42 millones) ascendió la exoneración del impuesto sobre ventas a empresas que fueron beneficiadas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) en 2010 que, por considerarlas

¿QUÉ ES LO FUNDAMENTAL AQUÍ Y AHORA? En este escenario, donde destaca una sociedad atrapada en su propia depresión y pesimismo ante lo humano y lo social, el reto más profundo es construir ciudadanía para generar confianza en su propia capacidad de desarrollar propuestas. Una ciudadanía que logre desmontar sus ilusionismos y sitúe en la dimensión que corresponde los fracasos y problemas del país, así como los diversos liderazgos, con sus aciertos y limitaciones.

En el caso hondureño, al iniciarse la segunda década del siglo veintiuno, la disyuntiva no radica en si la derecha sigue mandando o si la izquierda logra tomar el poder. Lo fundamental es buscar soluciones que tengan como base una sociedad y un país capaces de apostar por consensos mínimos, desde los cuales se construya un sujeto político y social a tono con una ciudadanía capaz de asumir el liderazgo y tomar sus propias decisiones. Sin embargo, no hay señales claras que adviertan de un cambio de rumbo en la clase política atrincherada en el bipartidismo. Por el contrario, la

parte del proceso productivo del país, se acogen al Régimen de Importación Temporal (RIT).

Dentro de las diez empresas más favorecidas destacan la Standard Fruit, con más de L 516 millones; la Agropecuaria Montelibano, con casi L 90 millones; Camaronera El Faro, con cerca de L 70 millones; y Comercial Internacional de Granos de Honduras, con más de L 56 millones.

Según la explicación que la DEI brindó a Revistazo.com, todas las empresas que se dedican a la producción y exportación de café, banano, jugo de naranja, piñas, camarones y tabaco deben ser auxiliadas con la exoneración del 12% de impuestos sobre ventas porque se amparan en el RIT, régimen que establece la “suspensión temporal del pago de impuestos y de otros cargos a la importación de materias primas, bienes intermedios y bienes de capital”.

7 marzo 2011

ACTUALIDAD crisis generacional se resuelve con el traspaso de vicios y prácticas tradicionales de los viejos líderes hacia sus descendientes, debilitando aún más la institucionalidad del país.

Nuestra institucionalidad cayó en tal precariedad, que perdió capacidad para enfrentar la conflictividad social, particularmente ante el fenómeno de las pandillas juveniles y del crimen organizado. Y esto deja al descubierto la débil jurisdicción del Estado sobre el territorio nacional, que queda así expuesto al control de grupos ligados al narcotráfico y al delito transnacional.

Tras el golpe de Estado ya no se puede hablar de maduración de la democracia, sino de un retroceso de la democracia y su institucionalidad; es un panorama involutivo caracterizado por un deterioro continuo.

La inseguridad y la ola de violencia reavivan la presencia militar en los espacios públicos, marcando una probable tendencia para los próximos años, determinada por la ausencia de una auténtica institucionalidad democrática. Mientras, la clase política ha sido incapaz de reconocer los conflictos que genera y, mucho menos, entender la institucionalización de la democracia como un proceso, por encima de los privilegios personales y grupales.

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LOS RIESGOS DE NO ENCARAR LOS DESAFÍOS La lucha contra el narcotráfico y el desbordamiento de la violencia en México está repercutiendo negativamente en los países centroamericanos, particularmente en Guatemala y Honduras. La propuesta del gobierno de Estados Unidos es avanzar hacia una regionalización del modelo colombiano, entendiendo la democracia a partir de un apoyo fuerte al ejército y la policía. En otras palabras, imponer una democracia autoritaria.

Las consecuencias de la militarización son suficientemente conocidas en Honduras, lo mismo que el aumento de la privatización de la seguridad, que genera una pérdida creciente del control estatal sobre las acciones de los actores irregulares como de los funcionarios a cargo de la seguridad pública.

De igual manera, y no obstante que este sondeo de opinión establece que la mayoría de los encuestados prefiere quedarse en su país, los estudios especializados en flujos migratorios indican un ascenso de este fenómeno para los próximos años.

Honduras todavía no es calificada como un Estado fallido, como ocurre con Somalia o como podría ser el caso de Haití. Sin embargo, ya comienzan a reconocerse áreas

fallidas en determinados territorios como en el valle del Bajo Aguán y algunos municipios de la región occidental, donde el control territorial es detentado, primordialmente, por actores no reconocidos por el Estado. Un ingrediente adicional es la conflictividad social, que lejos de disminuir puede aumentar, promovida por la inequidad social y una baja cohesión de la sociedad.

Los resultados que arroja esta consulta realizada por la UCA y el ERIC describen características determinantes del contexto político, económico y social de la coyuntura por la que Honduras atraviesa actualmente, y demuestran la urgente necesidad de pensar y proponer un nuevo modelo de desarrollo que reemplace y supere al modelo neoliberal que ha colapsado.

No encarar este reto desde los consensos mínimos que el presente exige, podría facilitar la imposición de autoritarismos y mesianismos de distinto signo, siempre al acecho, en lugar de construir la ciudadanía que hace falta para transformar positivamente el país. Ante estos peligros, el país entero, con sus derechas e izquierdas, será conducido hacia un auténtico Estado fallido si no construimos la ciudadanía que pueda impedirlo.

ACTUALIDAD

Reflexiones sobre la construcción de una estrategia de poder para la transformación democrática de Honduras GUSTAVO IRÍAS*

Remitiéndose a las lecciones del pasado, aquí se plantea que solo en democracia y radicalizando esa democracia es posible avanzar hacia la construcción de una sociedad más justa e incluyente. La reflexión es obligada, ineludible. De lo contrario, la continuidad del estatus quo estará asegurada bajo el ropaje de reformas y cambios no sustantivos que han caracterizado la historia de Honduras de los últimos años. ¿Cómo enfrentar tal desafío?

Volver a empezar no es volver hacia atrás, no es rasgar y dividir hasta el infinito los episodios de la vida, no es descansar sobre el pasado.

Es redescubrir el origen.

Toni Negri

P

or lo menos en los últimos cuarenta años, Honduras ha guardado una característica muy particular en relación con sus países vecinos: la capacidad de la elite dominante de procesar los conflictos políticos y sociales a su favor, manteniendo el estatus quo, y teniendo como contrapartida un movimiento social y político de izquierda con grandes dificultades para conectarse con el imaginario de las mayorías y desplegar estrategias viables para el cambio social. En los años 70 y 80 del siglo pasado, con similares condiciones de pobreza y desigualdad que El Salvador, Nicaragua y Guatemala, la sociedad hondureña no fue sacudida a profundidad por la dinámica del conflicto político y militar que marcó a la sociedad centroamericana en esos años.

*

Economista y analista político.

CUADRO 1

Población en estado de pobreza en Centroamérica, 1980 (porcentaje de la población total) Total

Urbano

Rural

Costa Rica

24.8

13.6

34.2

El Salvador

68.1

57.6

76.4

Guatemala

71.1

47.0

83.7

Honduras

68.2

43.9

80.2

Nicaragua

61.5

45.6

80.0

Centroamérica

58.7

41.5

70.9

Fuente: OIT/PREALC, tomado de Carlos Vilas, op. cit.

Esta situación instaló en el mundo de las ciencias sociales centroamericanas de finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, la siguiente interrogante: ¿Por qué en Honduras no se desarrolló un movimiento revolucionario con posibilidades de transformar la sociedad? Aportando a la solución de esta pregunta, el cientista político Carlos Vilas llegó a la conclusión de que Honduras tuvo la posibilidad de mantener abiertos mecanismos institucionales para procesar y dar respuestas a las demandas de un dinámico y combativo movimiento campesino (sólo comparable en América Latina con la fuerza de la organización campesina de Bolivia). Esto, debido a la instalación de un régimen militar (1972) “con una cierta perfomance reformista 9 marzo 2011

ACTUALIDAD muy poco frecuente en la historia de Centroamérica”.

Esta situación fue favorecida con “la existencia de condiciones materiales” (disponibilidad de una amplia frontera agrícola) que permitieron “satisfacer parcialmente esas demandas sin tensionar significativamente las relaciones con los terratenientes” (Vilas, 1989: 30-37).

Tenemos entonces que, aparte de las voluntades, capacidades e incapacidades políticas de los actores claves confrontados, en los años 70 y 80 se registraron condiciones objetivas estructurales que favorecieron el mantenimiento del estatus quo a favor de la elite dominante. Y, en última instancia, esas condiciones explican la inviabilidad histórica de los proyectos de transformación revolucionaria planteados en esa época.

De manera complementaria, la “estabilidad política” hondureña de los años 80 no es posible entenderla sin cuatro factores adicionales: i) La cuantiosa ayuda económica y militar del gobierno estadounidense a los gobiernos de Honduras, que aseguró los balances macroeconómicos necesarios para el funcionamiento de la economía, y otorgó márgenes de maniobra en la aplicación de los extremos más duros del modelo neoliberal. ii) La reapertura de la democracia electoral, sustentada en el centenario bipartidismo que, para neutralizar sus históricas disputas, pactó, en la Constitución de 1982, la alternabilidad en el poder, la no reelección y el blindaje del sistema a la participación popular. iii) Un fragmentado movimiento político de oposición, carente de una estrategia política única, un programa de transformaciones viables, una amplia política de alianzas y una consistente base social de apoyo, preventivamente desactivada por la política de los militares reformistas.

Y, iv) La implementación de una poderosa estrategia contrainsurgente, desproporcionada a la fuerza del incipiente movimiento insurgente hondureño.

A pesar de esta “estabilidad” de los años ochenta, los problemas de fondo como la baja productividad y el limitado crecimiento económico, la mezquina redistribución de sus beneficios y, de manera especial, el grave problema de la pobreza, no fueron resueltos.

1. CUARENTA AÑOS DE ACUMULACIÓN DE EXCLUSIONES Y EL GOLPE DE ESTADO DE JUNIO DE 2009 En las postrimerías de la primera década del siglo XXI las frías estadísticas indicaban que, entre 1990 y 2008, la economía hondureña apenas creció en promedio un 4.08% del PIB, manteniendo niveles de pobreza de más del 70%, y un precario incremento del ingreso per cápita del 1.08% (inferior al crecimiento anual de 10 envío

la población, que alcanzó el 2.5% en el mismo período).

De entrada, esto nos retrata una sociedad con graves fracturas económicas y sociales. Es decir, con fuertes déficits en el acceso a servicios básicos de calidad, empleos dignos e ingresos suficientes para tener una vida decente. Además, nos indica la existencia de un país con altos niveles de desigualdad, en el que solo un pequeño grupo se beneficia del crecimiento económico.

La situación de Honduras se había deteriorado al extremo de que sus indicadores sociales (sobre todo de la pobreza y sus consecuencias) eran peores que los de sus países vecinos. Esto, a pesar de que Honduras no fue afectada por los terribles costos de la intensa y cruel guerra civil de los años 80. Así, tenemos que al inicio del siglo XXI, la situación era la indicada en el cuadro 2.

CUADRO 2

Ciudadanía social: desigualdad y pobreza en Centroamérica, 1999 y 2001 Porcentaje de la Desigualdad: población bajo línea Coeficiente Gini, 1999 de pobreza, 2001 Costa Rica

0,473

21,7

El Salvador

0,518

49,9

Guatemala

0, 582

60,4

Honduras

0,564

79,1

Nicaragua

0,584

67,4

Fuente: CEPAL, tomado de PNUD, La democracia en América Latina, 2004.

Lo anterior se complementaba con la creciente y sostenida frustración ciudadana ante los resultados entregados por el sistema político y su liderazgo, expresadas en periódicas mediciones de la satisfacción con la democracia, como se aprecia en el cuadro siguiente:

CUADRO 3

Honduras: Grado de satisfacción con la democracia (“muy satisfecho” y “más bien satisfecho”), en porcentajes 2002 62

2003 37

2004 30

2005 26

2006 34

2007 31

2008 24

Fuente: Latinobarómetro 2002-2008.

La coincidencia del deterioro de las condiciones materiales de existencia de la población con su abierta insatisfacción por el funcionamiento de la democracia,

ACTUALIDAD caracteriza una situación de precrisis de la democracia hondureña. En este marco de acumulación de la enorme deuda social y de frustración ciudadana con el sistema político, se desarrolló el gobierno liberal de Manuel Zelaya Rosales quien, desde sus primeros días de gestión, impulsó un estilo de gobierno que rompió con el esquema tradicional de los presidentes hondureños, encerrados y protegidos tras los muros de la Casa Presidencial. Puso en práctica su concepción del “poder ciudadano”, una mezcla de populismo y reformismo social, y recorrió casi todo el país participando y animando las asambleas ciudadanas, coordinadas con los gobiernos locales y organizaciones ciudadanas orientadas a resolver los problemas más urgentes de sus comunidades.

Gradualmente, el discurso de Zelaya fue ganando el respaldo de un desconfiado movimiento social. Pero esto fue un proceso y comenzó por el reconocimiento público del propio Zelaya de que quien gobernaba el país no era el Presidente de la República, sino “los grupos de poder”, a los que calificó como “los verdaderos dueños del país” que “actúan en una triangulación muy fuerte entre propietarios de medios de comunicación, grupos de poder económico y grupos de poder político” (Proceso Digital, 6 de mayo de 2007). Hasta llegar a proclamar la necesidad de la “instalación de la Tercera República” y del giro social e ideológico de su gobierno hacia la izquierda y hacia un “liberalismo socialista para que los beneficios del sistema vayan a los que más lo necesitan” (La Prensa, 25/8/08).

La alianza de Zelaya con el movimiento social histórico se selló con la adhesión del gobierno hondureño a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), el 28 de agosto de 2008. De esta manera se fue articulando un incipiente sujeto político-social con mayor fuerza y capacidad de cuestionamiento al sistema imperante. Luego, esta alianza se extendió con vista a la instalación de una Cuarta urna. Este proceso generó una amplia discusión nacional, conspiraciones y contra conspiraciones, confrontación entre los principales poderes del Estado y una fuerte polarización política entre sectores de la población, pero lo más importante fue una nueva reconfiguración de fuerzas políticas y sociales. Su saldo final fue el golpe de Estado promovido por los sectores más conservadores, el 28 de junio de 2009, que dejó en claro el temor de la elite tradicional a reformas del sistema político fuera de su control, y su férrea voluntad de defender sus privilegios, incluso llegando a la ruptura constitucional.

2. EL GOLPE DE ESTADO Y

LA DINÁMICA SOCIAL Honduras es un país que, excepto los últimos treinta años de democracia electoral, se ha caracterizado por la inestabilidad política motivada, entre otras, por tres razones principales: i) las pugnas permanentes entre los grupos dominantes, desde la constitución de Honduras en República (1824), motivadas por la captura de cuotas de poder a favor de determinado caudillo o grupo de caudillos; ii) el papel estimulante de estas pugnas por parte de fuerzas extranjeras (compañías bananeras estadounidenses y gobiernos vecinos); y, iii) por el rol de árbitro de estas “pugnas de los de arriba” y de guardián del sistema político de las Fuerzas Armadas, por lo menos desde su constitución en 1954, en el marco del Tratado de Asistencia Militar con el gobierno de los Estados Unidos.

De tal suerte, que el golpe de Estado de 2009 no es el primero en la historia del país. Un recuento de los golpes de Estado ocurridos en Honduras, en los últimos cincuenta años, se aprecia en el cuadro de la siguiente página.

A estas rupturas constitucionales se suman incontables “golpes de barraca”; es decir, interrupciones cruentas e incruentas en el mando de las Fuerzas Armadas, al margen de su Ley Constitutiva y de la Constitución de la República. Cabe resaltar que, en todas estas rupturas, la elite dominante tuvo la capacidad de resolver las crisis en el corto plazo, sin mayores riesgos para el cuestionamiento de las “reglas del juego” del sistema. Es más, las rupturas constitucionales de 1956 y 1972 contaron con el tácito respaldo del movimiento social hondureño.

El golpe de Estado del 28 de junio de 2009, pensado como una rápida operación quirúrgica que —con la expatriación del presidente Manuel Zelaya y la canciller Patricia Rodas— controlaría rápidamente la situación del país, ha resultado ser uno de los mayores errores políticos de la elite y de sus Fuerzas Armadas, que carecieron de una adecuada lectura del contexto latinoamericano, caracterizado por una geopolítica de signo progresista y la consolidación de una cultura democrática.

Tampoco tuvieron presente las modificaciones políticas y sociales que, al interior de Honduras, se estaban produciendo sobre una matriz de precrisis de la democracia, tanto de su modelo económico como político.

Muy bien lo reseñó en ese momento la canciller Patricia Rodas al indicar que: “los golpistas nunca entendieron lo que estaba pasando. Se equivocaron de Presidente. Se 11 marzo 2011

ACTUALIDAD equivocaron de pueblo. Se equivocaron de comunidad internacional”. Pensaron: “esto se acomoda rápido El hondureño olvida, como ocurrió en el pasado” (CubaDebate, La Habana, 17 de diciembre de 2009).

Golpes de Estado en Honduras, antes de 2009 Fecha

Características principales

21 de octubre Presidente derrocado: Julio Lozano Díaz de 1956 Contexto del golpe: Sectores medios y populares insurreccionados contra el gobierno ilegítimo de Lozano Díaz. Inestabilidad política.

Naturaleza: Incruento. Objetivo del golpe: restablecer la estabilidad, mediante la convocatoria a nuevas elecciones. Fuerzas Armadas constituidas en garantes de los resultados de las elecciones de 1957.

Presidente derrocado: Ramón Villeda Morales, pre3 de octubre sidente legítimo surgido de las elecciones tuteladas de 1963 por los militares en 1957.

Contexto del golpe: Triunfo de la revolución cubana (1959). Naciente movimiento campesino (FENACH) constituido en actor clave de la lucha por la tierra, afectando las propiedades de las compañías bananeras. Tímido proceso de reforma agraria impulsado por los liberales reformistas.

Naturaleza: Cruento y fuertemente represivo.

Objetivo del golpe: destruir el naciente movimiento campesino y neutralizar la lucha popular por la profundización de las reformas iniciadas por el gobierno villedista, el primero surgido de una consulta electoral democrática, una vez concluida la dictadura de Tiburcio Carías Andino (1933-1949).

4 de diciembre Presidente derrocado: Ramón Ernesto Cruz, prede 1972 sidente legítimo surgido de las elecciones de 1970.

Contexto del golpe: Signos en Centroamérica del crecimiento de la organización y lucha guerrillera (Nicaragua y Guatemala). En Honduras: ascenso de las luchas populares, especialmente por el derecho a la tierra, que adquirió un carácter preinsurreccional, basándose en la unidad de las organizaciones campesinas y en la toma masiva de tierras como forma de lucha fundamental.

Naturaleza: Incruento y con simpatía popular.

Objetivo del golpe: Neutralizar la lucha popular, especialmente la campesina, percibida como un alto riesgo a la estabilidad del sistema. A diferencia de 1963, en este caso resultaban más efectivas las reformas que la represión. Es un hecho que los militares impulsaron el proceso de reforma agraria más profundo que se conoce hasta la fecha en la historia del país, logrando sumar a su causa a las más significativas organizaciones campesinas y centrales sindicales.

12 envío

En otro trabajo he indicado que la ruptura constitucional “no atenuó sino que profundizó la polarización política” gestada en el contexto de la Cuarta urna, “produciendo una reconfiguración de los actores estratégicos. En este punto hay dos hechos claves a destacar: i) La conversión de la elite política tradicional en un sólido grupo político-militar-empresarial cohesionado ideológicamente en torno a un enfoque anticomunista de guerra fría, donde convergen “viejos” cuadros de los dos partidos tradicionales con un rol destacado en la represión contrainsurgente de los años ochenta. De ahí que no sean casuales sus posiciones duras para negociar. Además, a su alrededor han logrado agrupar a una apreciable base social de respaldo de sectores de clase media, religiosos (especialmente evangélicos y fundamentalistas del Opus Dei) y de la militancia conservadora de los partidos tradicionales. Y, ii) La rearticulación del movimiento social en un amplio y unitario Frente de Resistencia al golpe, en torno de dos objetivos comunes: el restablecimiento del presidente Zelaya y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que redefina las “reglas del juego” (…) Nunca antes en la historia nacional moderna los sectores progresistas (liberales y de izquierda) habían logrado construir tan amplia alianza y mantenerse movilizados en las calles por tanto tiempo, a pesar de la represión militar y de una intensa guerra sicológica” (Irías, 2009: 5).

Desde el golpe de Estado, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) ha atravesado, al menos, por tres fases principales: a) La lucha por la restauración del orden constitucional, la reintegración al poder de Manuel Zelaya y la convocatoria inmediata a una Asamblea Nacional Constituyente (28 de junio de 2009-noviembre de 2009). Esta se caracteriza por una intensa movilización social de carácter cívico, diverso y nacional; el repertorio de las formas de lucha puesto en práctica es coherente con el acumulado histórico del movimiento social y político hondureño. Eso explica su carácter cívico y pacífico. Esta lucha contó con la decidida solidaridad de la comunidad internacional.

Sin embargo, las fuerzas de la derecha internacional conspiraron por una salida democrática a la ruptura constitucional, y no fue posible revertir el golpe de Estado. b) La lucha contra la realización de las elecciones de noviembre de 2009. Esto, con el respaldo activo o bien la “neutralidad” de un alto porcentaje de la comunidad internacional. La posición final del

ACTUALIDAD FNRP fue llamar a “no asistir a las urnas” y no al boicot activo como se pensó en algún momento.

Esta decisión ratificó el carácter pacífico y cívico de este movimiento social y político. c) La lucha por el retorno del expresidente Zelaya con todos sus derechos políticos y por una Asamblea Nacional Constituyente (noviembre de 2009 hasta la fecha). En esta fase han aflorado marcadas diferencias sobre el rumbo táctico y estratégico a imprimirle a la lucha. Sobre la mesa se han colocado las históricas falencias de la izquierda y, en general, de los sectores progresistas de pactar acuerdos básicos y viables, así como de tejer amplias alianzas políticas y sociales.

3. EL DEBATE POR LA ESTRATEGIA PARA LA TRANSFORMACIÓN DEMOCRÁTICA En una encuesta nacional realizada por el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), en septiembre de 2010, se estableció la existencia de tres enfoques internos sobre la estrategia política del FNRP que se expresaban así: i) Constituirse en partido político o formar parte de un frente amplio para participar en las próximas elecciones; ii) su único propósito debe ser luchar por la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente; y, iii) debe mantenerse como una coordinadora de las organizaciones populares, sin participar en elecciones. En la gráfica siguiente se puede apreciar el peso representativo de cada una de estas posiciones.

Porcentajes

Gráfica # 2 ¿Cuál debería ser la estrategia del FNRP? 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

36

45

19 Debe mantenerse como una Su único propósito debe ser coordinadora de las luchar por la convocatoria a organizaciones populares, sin una Asamblea Nacional participar en elecciones Constituyente

Debe constituirse en partido político o formar parte de un frente amplio para participar en las próximas elecciones

En los días previos a la Asamblea General del 26 de febrero de 2011, estas diferencias se resumían en dos posiciones: i) La necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente originaria “autoconvocada”, que refunde el país y redacte una nueva Constitución y Ley Electoral; y, ii) La necesidad urgente de construir un “instrumento político” que permita viabilizar, desde el FNRP, la participación en la lucha electoral.

En este marco de confrontación, la carta del coordinador general del FNRP, Manuel Zelaya Rosales, en vísperas de la mencionada Asamblea General, marcó los debates neutralizando los grados de confrontación entre las dos posiciones antes indicadas. La misiva de Zelaya subraya que: “Los procesos electorales en cualquier sociedad latinoamericana son virtualmente ineludibles para los pueblos en vías de liberación; nosotros no somos la excepción, pero eso no debe tomarse como una obligación, sino como una misión más. Está claro que en este momento nuestra participación en elecciones tendría efectos más destructivos que positivos; no existen condiciones, y el control de los golpistas sobre todos los organismos de aplicación de justicia, hacen inviable por ahora esta posibilidad” (las cursivas son nuestras). Y agrega: “La auto convocatoria constituyente es una propuesta que formulamos desde el mes de agosto del 2010, y debemos avanzar en ella hasta elaborar la nueva Constitución donde estén todos nuestros derechos soberanos”.

De ahí que no es casual que los acuerdos más importantes de esta Asamblea hayan apuntado a tres aspectos principales: 1) En este momento no hay condiciones para participar en un proceso electoral; 2) Organizar y realizar un Paro Cívico Nacional para el mes de marzo, exigiendo el retorno de Mel Zelaya y demás expatriados con todos sus derechos políticos; y, 3) Autoconvocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para el 28 de junio de este año.

Este conjunto de acuerdos aseguró mantener la unidad del diverso conglomerado social y político agrupado en el FNRP, en una Asamblea General que agrupó a más de 1200 delegados provenientes de diferentes puntos del país, lo que representa un hecho de gran relevancia histórica en un país marcado por más de cien años de bipartidismo político de primera generación.

Sin embargo, ese conjunto de acuerdos no resolvió los asuntos de fondo del FNRP sobre su identidad y estrategia de poder, por lo que queda la legítima duda de si éste será capaz de avanzar hacia su conformación en una fuerza política electoral con la capacidad de romper con el centenario bipartidismo, responsable de las graves fracturas económicas, sociales y políticas que hoy polarizan el país. Un hecho real es que el tiempo político se está agotando y las elecciones de 2013 marcarán, independientemente de la voluntad de los actores en pugna, el futuro político inmediato y mediato de Honduras.

13 marzo 2011

ACTUALIDAD 4. LA NECESIDAD DE TRANSFORMAR EL IMAGINARIO DE LA DEMOCRACIA Y DEL CAMBIO SOCIAL En el fondo del debate dentro del FNRP perviven dos miradas. La primera, la de la “revolución total” o sustitución del actual Estado oligárquico por una Asamblea Nacional Constituyente que dé lugar a un Estado de obreros, campesinos y comunidades organizadas. La segunda, la concepción de un Estado y una democracia en disputa entre las fuerzas defensoras del estatus quo y las fuerzas propugnadoras de la transformación democrática en democracia; todo esto dentro del juego de la competencia electoral.

Para ambas miradas es fundamental el fortalecimiento de las organizaciones sociales y territoriales, con la capacidad de ejercer el “poder desde abajo” y ser partícipes activas en la toma de decisiones tanto en los espacios nacionales como locales, así como en el control social de quienes dirigen los poderes estatales.

En tal sentido, la Asamblea General del 26 de febrero fue un primer ensayo en el ejercicio de la democracia “desde abajo”. La Asamblea Intermedia, resultado de esta Asamblea General, es concebida como un espacio para democratizar la toma de decisiones dentro del mismo FNRP. Si nos remitimos a la experiencia histórica de los últimos cincuenta años, es posible concluir que la estrategia más viable es la transformación democrática con más democracia y dentro de la democracia. Esta no excluye ejercicios de poder “desde abajo” y aporta viabilidad a la convocatoria y constitución de una Asamblea Nacional Constituyente como espacio para construir un nuevo pacto social y como una forma concreta de avanzar hacia la modificación de los desbalances de poder que históricamente han favorecido a la elite dominante. Como afirma Edelberto Torres Rivas “La alternativa ya no es enfrentar al sistema para sustituirlo; sino enfrentarlo para modificarlo hasta transformarlo” (Torres, 2007: 22).

Es por ello que en la realidad hondureña, desde la oposición política, el camino más sensato es avanzar hacia la construcción de un Frente Amplio que aglutine a todas las fuerzas agrupadas en la Resistencia Popular, en la Resistencia Liberal, en Unificación Democrática (UD) y en la diversidad de ciudadanos y ciudadanas que, sin organización, se opone a la actual democracia excluyente y negadora de derechos.

14 envío

Los próximos meses de 2011 serán decisivos para determinar si los sectores progresistas hondureños han sido capaces de romper con su tradicional tendencia a la fácil división, a la falta de conexión con el imaginario popular y a la incapacidad de tejer amplias alianzas hacia la conquista del poder político. Estamos en el siglo XXI. Las lecciones del pasado nos indican que solo en democracia y radicalizando esa democracia es posible avanzar hacia la construcción de una sociedad más justa e incluyente. De lo contrario, la continuidad del estatus quo estará asegurada bajo el ropaje de reformas y cambios no sustantivos que han caracterizado la historia de Honduras de los últimos años.

BIBLIOGRAFÍA CESPAD, Encuesta Nacional sobre el estado de la opinión ciudadana sobre la crisis política en Honduras, septiembre de 2010.

CEPALSTAT, Estadísticas e indicadores sociales. http:// websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp Varias organizaciones, “Declaración de La Esperanza”, 21 de diciembre de 2010.

González, Luis y Gonzalo Kmaid, Honduras 2008-2009.

Desafíos, Riesgos y Oportunidades, PAPEP, ASDI/ PNUD, Tegucigalpa, 2008.

Irías, Gustavo, “Cincuenta años de lucha política y social en Honduras: ¿Cuáles son las lecciones aprendidas?”, Revista Envío-Honduras, núm. 20, Tegucigalpa, diciembre de 2008. _____, “¿Es posible una salida democrática a la actual crisis política en Honduras? Escenarios de corto plazo”, mimeografiado, Tegucigalpa, agosto de 2009.

Latinobarómetro. Informes anuales de 2002 a 2008.

Torres Rivas, Edelberto, ¿Qué significa ser de izquierda en el siglo XXI?, FLACSO, Cuadernos de Ciencias Sociales, San José, 2007.

Vilas, Carlos, Transición desde el subdesarrollo. Revolución y reforma en la periferia, Editorial Nueva Sociedad, Caracas, 1989.

Zelaya Rosales, Manuel, “La Resistencia es la nueva fuerza beligerante en Honduras”, del escritorio del señor Presidente, Tegucigalpa, 7 de diciembre de 2009.

DEBATE

Desconfianza y mediocridad: una calificación justa para un país y un gobierno sin rumbo MARVIN BARAHONA*

En Honduras cada día se torna más complejo distinguir entre lo coyuntural y lo estructural, dada la magnitud de los problemas acumulados y nunca resueltos. Así lo demuestra este artículo a partir de dos referencias separadas en el tiempo, pero coincidentes en las prioridades y problemas señalados, no obstante las novedades introducidas por el golpe de Estado. Un buen ejercicio para repensar las raíces de la mediocridad y la desconfianza en un país sin rumbo.

La construcción de una nación fuerte exige el fortalecimiento de las instituciones del Estado. Estas se debilitan por el populismo y la politización de las mismas; por los altos índices de corrupción que provocan la incredulidad y permanente desconfianza de la población hacia las instituciones y las personas que las dirigen; por la impunidad que debilita todo Estado de derecho, colocando la ley al servicio de intereses privados y quitándole su principal cometido que consiste en garantizar y asegurar la convivencia en la comunidad local, regional y nacional; por la violencia física que aumenta la inseguridad de la población y demuestra que la vida no es valorada ni respetada1.

INTRODUCCIÓN Como en pocas ocasiones, cuando de un sondeo de opinión se trata, los datos y las cifras recabadas por la encuesta de opinión pública llevada a cabo por el IU*

1

Doctor en Ciencias Sociales, autor de Honduras en el siglo XX. Hacia una síntesis histórica (Guaymuras, 2004) y de otras obras de contenido histórico; coeditor de la revista Envío-Honduras.

Carta Pastoral “Por los caminos de la esperanza. A los gobernantes hondureños, a los partidos políticos y a todos los miembros de la sociedad civil, sobre la situación social del país”, Conferencia Episcopal de Honduras, Tegucigalpa, 1 de marzo de 2006, p. 4.

DOP2 y el ERIC-SJ3 revelan una realidad irrefutable, al alcance de quien quiera verla, aunque muchas veces se oculte tras una cortina de humo que nos impide percibirla con claridad y de cuerpo entero.

Pese a tratarse de un sondeo para indagar la percepción de la opinión pública sobre el desempeño del gobierno presidido por Porfirio Lobo Sosa desde fines de enero de 2010, esta encuesta va más allá y toca una serie de temas que, con el paso del tiempo, se han convertido en problemas de orden estructural, que amenazan con permanecer en la sociedad hondureña.

Por tal razón —y no para eximir de responsabilidad al gobierno actual—, se debe situar los resultados de este sondeo en un contexto y un periodo más amplios.

A ello contribuye la Carta Pastoral “Por los caminos de la esperanza”, emitida por la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) el 1 de marzo de 2006 y difundida como un aporte de la jerarquía de la Iglesia Católica al gobierno que iniciaba su gestión bajo la dirección del presidente Zelaya Rosales.

2

3

Instituto Universitario de Opinión Pública, adscrito a la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) de El Salvador, obra educativa de la Compañía de Jesús.

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, obra del Apostolado Social Centroamericano de la Compañía de Jesús en Honduras.

15 marzo 2011

DEBATE Pese a los casi cinco años transcurridos entre la fecha de emisión de la Carta y el sondeo de opinión efectuado en los últimos meses de 2010, los problemas y las prioridades señaladas por la CEH y la población encuestada son similares, no obstante las novedades introducidas por el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

Esta similitud no sólo indica que la CEH y los encuestados son conscientes de los problemas que más aquejan a Honduras, sino también que la durabilidad y profundización de éstos los convierten en un hilo conductor válido para analizar lo esencial de la coyuntura política hondureña de los últimos cinco años.

Por tanto, estos “apuntes” sobre el sondeo de opinión efectuado por el IUDOP y el ERIC-SJ no se proponen examinar cada uno de los campos indagados por la encuesta, sino más bien articular sus resultados con una situación precedente y comparar las prioridades identificadas por la Carta Pastoral de 2006 con los principales problemas señalados por los encuestados por el sondeo a fines de 2010.

1. LAS PRIORIDADES DE

ORDEN ECONÓMICO En marzo de 2006, la Carta Pastoral de la CEH afirmaba con pesimismo y certeza: “Son muchas las desilusiones que se van incubando en el alma de nuestro pueblo; situación muy peligrosa porque aumentan paulatinamente las frustraciones individuales y colectivas que impiden una verdadera solución de los problemas por caminos pacíficos y generan reacciones violentas”4.

Por ello, afirmaba que los nuevos dirigentes del país “no pueden construir una nación justa si no son capaces primero de dirigir una mirada profunda a la realidad actual de nuestro pueblo. En nuestra experiencia cotidiana vamos recogiendo el lamento y los anhelos de justicia, trabajo, alimento, educación y salud de los pobres. Cuando recorremos barrios, aldeas y montañas constatamos la profundidad de esta situación de pobreza y miseria. La estabilidad macroeconómica no puede hacernos olvidar ni ocultar esta realidad que los distintos organismos internacionales y el mismo gobierno expresan o muestran en cifras alarmantes”5.

De hecho, las cuatro primeras prioridades de la Carta Pastoral eran de índole económica y social, con 4 5

Carta Pastoral “Por los caminos de la esperanza…”, op. cit., p. 2.

Ibíd., pp. 3-4.

16 envío

un claro predominio de lo económico. La primera era la erradicación de la pobreza, seguida por la necesidad de impulsar una economía social, la resolución de la cuestión agraria y el logro de un desarrollo económico equitativo.

Aunque esos temas ocupaban los lugares más prominentes entre las prioridades de aquel momento, la CEH agregó otros que completaban el sombrío panorama económico, al vincular los obstáculos para superar la pobreza y encontrar la senda del desarrollo con barreras infranqueables como: “la inequidad en la generación y en la distribución de la riqueza; la baja calidad e insuficiente cobertura de la educación; la deficiente atención de los servicios de salud; la explotación irracional y el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales; la corrupción generalizada; el robo de los bienes del Estado; el olvido del bien común, de la justicia, de la solidaridad y la pérdida del valor sagrado de la vida. Todos ellos no sólo causan un continuo empobrecimiento de nuestra población, sino que producen un flujo constante de hondureños hacia el exterior en busca de mejores condiciones de vida”6.

El sondeo de opinión que comentamos no se aleja de esta realidad al concluir que: “Los aspectos asociados a la economía, seguidos de la delincuencia e inseguridad constituyen las principales fuentes de preocupación pública”7. Los datos obtenidos en 17 departamentos del país y los 1548 entrevistados que constituyeron el universo de su muestra sustentan cifras que no dejan dudas al respecto: El sondeo revela que el 41 por ciento de la población piensa que la economía nacional empeoró con el actual gobierno, el 43.2 por ciento que sigue igual, y el 15.8 por ciento opina que ha mejorado. Al ser consultados sobre la economía familiar, más de la mitad (51.6 por ciento) cree que siguió igual, seguido del 34.3 por ciento que señala que empeoró. Sólo el 14.1 por ciento de la gente asegura que su economía doméstica ha mejorado. Siempre en materia económica, el 55 por ciento de los hondureños y hondureñas sostienen que la pobreza aumentó durante 2010, el 36 por ciento piensa que siguió igual, mientras que sólo el 9 por ciento cree que disminuyó8.

El pesimismo de la población frente a la crisis económica refleja, además del descontento popular ante 6 7 8

Ibíd., p. 4.

Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), Boletín de prensa, año XXV, No. 1, p. 3.

Ibíd., p. 4.

DEBATE sus condiciones de vida, lo que el Estado y sucesivos gobiernos no han hecho por tener la mirada puesta en temas menos prioritarios. Sin embargo, esta negligencia en la atención de la demanda social no se debe al desconocimiento o la falta de información, sino a la carencia de voluntad política. Como lo señaló la Carta Pastoral de 2006: El país debe pedir y apoyar como política prioritaria del Estado la erradicación de la pobreza. Las políticas y la inversión social deben ir en consonancia para que la población tenga acceso a los servicios básicos: vivienda, salud, educación y, sobre todo, empleo. La inversión social debe ser una forma concreta de redistribuir la riqueza nacional, sustentada en impuestos justos y equitativos.

No se puede tolerar que los que más tienen sean los que menos aportan al erario nacional; tampoco podemos seguir aceptando como normal que nuestro pueblo siga viviendo en condiciones de pobreza y hasta de indigencia9.

En este contexto, el sondeo reitera, con mayor agudeza, lo dicho por la CEH. Así, en materia económica, la calificación que se desprende de esta consulta, para los distintos gobiernos, corresponde a la de alumnos negligentes, carentes de voluntad de superación e indiferentes ante los resultados que obtienen.

El conflicto agrario ocupó la tercera posición entre las prioridades destacadas por la Carta Pastoral de 2006, que señalaba: En este orden, es urgente replantear la cuestión agraria, rescatar el mundo rural como generador de empleo, de alimentos, de vida, de dignidad para las personas. Esto implica la revisión del uso y tenencia de la tierra y de las políticas agrarias, de modo que impulsen procesos de desarrollo agrícola. El campo debe ser una de las principales fuentes de riqueza. Ahí está una gran mayoría de la población, pero también la mayor pobreza y abandono.

Sin inversión productiva, sin conocimientos tecnológicos, sin seguridad en la tenencia de la tierra, ni garantías en la comercialización, difícilmente lograremos erradicar la pobreza y evitar la migración del campo a la ciudad y hacia fuera del país10.

Al respecto, la encuesta formuló una pregunta clave: ¿Cuál es la principal razón por la que están surgiendo conflictos por la tierra en el país? El 64.2% de 9 Ibíd., pp. 11-12.

10 Ibíd., p. 12.

los encuestados respondió que se debe a la escasez de viviendas, al acaparamiento de tierras y a la falta de una reforma agraria. Aunque un importante 32.1% se concentró en una respuesta: “el irrespeto a la propiedad privada y las invasiones de tierras”11.

Queda en claro pues, que el tema agrario sigue constituyendo una preocupación nacional, que sus efectos son reconocidos por la población, y que dos terceras partes de los encuestados encuentran causas racionales, vinculadas a la ineficiencia y la falta de voluntad política del Estado, para explicar la continuidad del conflicto.

La cuarta prioridad identificada por la Carta Pastoral era “Lograr un desarrollo económico equitativo”, la cual se vincula estrechamente con la segunda prioridad: “Impulsar una economía social”. De ésta, el documento emitido por la CEH apuntó que: Corresponde al Estado establecer políticas y emprender acciones precisas para fortalecer la economía solidaria, verdadera alternativa para disminuir el desempleo, mejorar el nivel de ingresos y garantizar la cobertura de las necesidades básicas. Esta ha sido y sigue siendo una verdadera forma de ir superando la pobreza por parte de la población pobre y humilde. Así lo demuestran diversas experiencias en microempresas, cooperativas, redes solidarias, etc. Por consiguiente, es necesario un programa de incentivos en este campo con asistencia técnica, crediticia y tecnológica12.

Los resultados obtenidos por el sondeo reflejan no sólo la falta de políticas efectivas para erradicar la pobreza, la ausencia de una economía solidaria y la falta de desarrollo económico equitativo, sino también la conversión de estas carencias en conflictos agrarios, malestar social e inconformidad económica.

2. LAS PRIORIDADES DE ORDEN SOCIAL Las prioridades sociales, representadas por la educación y la salud, ocuparon las posiciones quinta y sexta de la lista definida por la CEH en 2006. La primera era un llamado a superar el déficit educativo, y la segunda una exhortación a mejorar los servicios de salud para todos. La superación del déficit educativo fue propuesta en los términos siguientes: La cuestión educativa es tarea de primer orden en la lucha contra la pobreza. Es inaplazable alcanzar la calidad 11 Véase la tabla 47 del sondeo.

12 Carta Pastoral, op. cit., p. 12.

17 marzo 2011

DEBATE y la eficiencia en nuestro sistema educativo, educar para la responsabilidad, el servicio y el trabajo bien hecho, desarrollar las actitudes de solidaridad y las disposiciones para el bien común y elevar la autoestima y la capacidad analítica y crítica. (…) Los padres de familia, el Estado y los maestros son los principales responsables de alcanzar resultados satisfactorios13.

Aunque la encuesta no evaluó directamente este aspecto, al relacionarlo con otras respuestas, se puede deducir que el Estado, los maestros y los padres de familia resultan deficitarios, altamente irresponsables y ninguno percibe la educación como su principal prioridad.

En cuanto al Estado, se preguntó: ¿Podría mencionar el principal logro de Porfirio Lobo en este primer año de gestión? Los encuestados dieron diferentes respuestas, pero le otorgaron la puntuación más baja a los logros educativos (1.2%) que, además, es el mismo porcentaje otorgado a la gestión de la reducción de la pobreza14. Pero, cuando se consultó sobre el principal fracaso del actual gobierno, la educación también apareció entre los últimos (1.6%), lo que indica que la educación tampoco es una prioridad para los entrevistados, entre los cuales había padres y madres de familia y maestros de diferentes niveles.

Los servicios de salud tampoco fueron evaluados, pero, de haberlo hecho, se habría encontrado un panorama igualmente desolador por la escasa cobertura del sistema, la falta de medicamentos en los centros hospitalarios, las huelgas del personal sanitario y la indiferencia estatal ante la problemática del sector.

En cualquier caso, la salud no fue mencionada por los encuestados como un logro importante del gobierno actual.

3. LAS PRIORIDADES DE ORDEN POLÍTICO Las prioridades políticas ocuparon, en marzo de 2006, las posiciones séptima y octava entre las identificadas por la CEH, que propuso consolidar la democracia y la gobernabilidad, con suficiente antelación a su naufragio del 28 de junio de 2009.

En el sondeo, estos indicadores aparecen entre los resultados obtenidos en torno al tema de la confianza hacia las instituciones, ninguna de las cuales recibió una puntuación aprobatoria; por el contrario, fue repro13 Ibíd., p. 13.

14 Véase la tabla 10 del sondeo.

18 envío

bado el desempeño de la democracia y la gobernabilidad, no solo por lo que ha seguido al golpe de Estado, sino también por la displicencia, indecisión y falta de rumbo del gobierno actual ante las prioridades del momento.

La consolidación de la democracia pasa por la solidez y credibilidad pública de sus instituciones, afianzadas por el acatamiento de su autoridad por la ciudadanía. No obstante, los resultados del sondeo demuestran que la falta de confianza en las instituciones resquebraja su credibilidad y erosiona su legitimidad.

Al ser consultados sobre cuánta confianza le atribuyeron a los tres poderes del Estado en el año 2010, el 44.5% aseguró no tener ninguna confianza en el Congreso Nacional; el 39.8% no tuvo ninguna confianza en la Corte Suprema de Justicia, y el 32.4% no manifestó ninguna confianza hacia el Poder Ejecutivo15.

Otras instituciones del Estado, llamadas a garantizar su credibilidad al mantener un vínculo directo con todos los estratos de la población, recibieron una puntuación igualmente baja. El 34.4% respondió no tener ninguna confianza en el Ministerio Público; igual puntuación recibieron la Policía Nacional y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos; y el 31.4% aseguró no tener ninguna confianza en las Fuerzas Armadas. Las municipalidades salieron mejor libradas, pero por escaso margen, ya que el 27% no confía en sus autoridades municipales.

Los peor calificados fueron los partidos políticos, puesto que el 51.8% no tiene ninguna confianza en éstos, a lo que se agrega un 54.8% de encuestados que no deposita ninguna confianza en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) que, sin haberse constituido formalmente en partido político, es percibido como tal al representar a diversos sectores de la oposición política, la mayoría seguidores del depuesto presidente José Manuel Zelaya. El Tribunal Supremo Electoral no se queda atrás, pues el 40.1% afirmó no confiar en este organismo.

La situación de la gobernabilidad puede medirse por las respuestas a la pregunta sobre los principales fracasos del gobierno actual, entre los cuales destaca la inseguridad y la violencia (13.4%); mientras que el 53% considera que el gobernante no está cumpliendo sus promesas de campaña. Un elevado 55.2% percibe que el presidente es manipulado por otros sectores, identificados por un 45.7% como los “ricos y poderosos del país”. Otro elevado 45.5% considera que el país está peor en el actual gobierno, y apenas el 3.7% considera 15 Véanse las tablas 48, 50 y 53 del sondeo.

DEBATE que el gobierno ha hecho algo para lograr la unidad nacional, tema crítico en la gobernabilidad posgolpe de Estado16.

A lo anterior se agrega que el 26.3% considera que la violación a los derechos humanos ha empeorado, y una porción similar percibe que los derechos específicos de las mujeres también ha empeorado, aludiendo probablemente al notorio aumento de los femicidios en el último año17.

En suma, la percepción que la población encuestada tiene de las instituciones democráticas del país es negativa. La mayoría fue reprobada por más de un tercio de las personas consultadas, y por más de la mitad en el caso de los partidos políticos y el FNRP. Estos resultados, además de expresar el descontento, el malestar y la desaprobación de la ciudadanía, restan legitimidad y autoridad a las instituciones estatales para garantizar la gobernabilidad democrática.

Al respecto, la Carta Pastoral indicó en 2006 que: La consolidación de la democracia es tarea de todos, especialmente de los partidos políticos. Son necesarias nuevas reformas y prácticas participativas. Debemos terminar lo más pronto posible con la politización de los entes estatales que utilizan la democracia para intereses sectarios y el enriquecimiento personal. Esto constituye una deformación de lo político y es una negación de la misma democracia18.

4. JUSTICIA Y CORRUPCIÓN La transformación del sistema de justicia y la erradicación de la corrupción eran la novena y décima prioridad identificadas por la Carta Pastoral, dos problemas que, al igual que los anteriores, se deterioraron a niveles alarmantes en estos últimos años, hasta convertirse en los nuevos árbitros del mantenimiento del estatus quo.

En 2006, la CEH afirmaba que: “Es una imperiosa tarea recuperar la credibilidad, tanto a nivel nacional como internacional, mediante la correcta, transparente y ágil aplicación de la justicia. Se necesita realizar cambios profundos en las conciencias, en la legislación y en el ejercicio de la justicia”. Y agregaba que: “Además de otras tareas, es impostergable despolitizar el poder judicial y frenar el tráfico de influencias económicas para lograr su total independencia; establecer los 16 Véanse las tablas de la 10 a la 16 del sondeo.

17 Véanse las tablas 32 y 33 del sondeo.

18 Carta Pastoral, op. cit., p. 14.

procedimientos adecuados para la pronta aplicación equitativa de las distintas leyes; recuperar los valores morales, especialmente el amor a la verdad”19.

A finales de 2010, la puntuación obtenida por los órganos de justicia en el sondeo de opinión que comentamos, fue negativa. Cuando se les consultó sobre la situación de la aplicación de justicia, los encuestados respondieron que había empeorado (25.6%) o que se mantenía igual (53.4%)20; es decir, bastante mal, como ha sido su comportamiento en los últimos treinta años.

El descrédito de los órganos de justicia, comenzando por su cabeza, la Corte Suprema, es evidente además en la respuesta que los encuestados dieron a la pregunta sobre el organismo que debía conducir la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en caso de que tal decisión se produjera. La Corte Suprema obtuvo la menor puntuación (5.1%), muy por debajo del 19.3% obtenido por el Poder Ejecutivo y el 14.6% otorgado a las iglesias, que ocuparon los dos primeros lugares21.

Esto muestra deterioro y descrédito, pérdida de legitimidad y debilitamiento de la institucionalidad de los órganos de justicia.

La prioridad siguiente, la erradicación de la corrupción, vinculada estrechamente con la anterior, era percibida por la CEH en los términos siguientes: La corrupción es como un cáncer que insensibiliza la conciencia moral, corroe la vida de la sociedad y de sus instituciones y hace crecer la desconfianza en la gestión pública. Las principales garantías contra la corrupción son el ejercicio de la justicia con transparencia, veracidad, apego a la ley, profesionalidad e independencia de cualquier tipo de poder; la institucionalización de la rendición de cuentas y el acceso a la información en las distintas áreas de la administración pública…22.

Aunque la corrupción ocupaba el décimo lugar entre las prioridades identificadas por la CEH en 2006, en el sondeo pasó a ocupar la sexta posición entre los principales problemas de Honduras, superada únicamente por los problemas vinculados a la supervivencia: la delincuencia y la inseguridad ciudadana, la economía, la pobreza, el desempleo y la crisis política.

La puntuación obtenida por la corrupción entre los principales problemas nacionales fue del 5%, notoria19 20 21 22

Ibíd., p. 15.

Véase la tabla 37 del sondeo.

Véase la tabla 71 del sondeo.

Carta Pastoral, op. cit., p. 15.

19 marzo 2011

DEBATE mente inferior que el 25.4% obtenido por la delincuencia y la inseguridad ciudadana, los primeros en la lista23.

No obstante, obtuvo un promedio del interés público por encima de problemas tan relevantes como el alto costo de vida, la violencia, la política y los políticos, que también fueron mencionados entre los problemas nacionales más importantes.

La percepción sobre el comportamiento de la corrupción durante 2010, al igual que el tema de la justicia, se ubicó negativamente. El 43% opinó que ha aumentado en el gobierno actual, superando así al 42.1% que consideró que se ha mantenido igual24; es decir, un proceso de permanente empeoramiento.

La corrupción ocupó también una posición destacada entre las principales tareas que los consultados asignaron al gobierno actual, pues se ubicó en la cuarta posición, con un 12.9%, superada únicamente por la creación de fuentes de empleo, el combate a la delincuencia y la mejora de la economía; y, a la vez, por encima de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que sólo recibió el 3.4%25.

Lo anterior indica que el cáncer de la corrupción está haciendo metástasis en el cuerpo social, y que el enfermo ha empezado a preocuparse por combatir la enfermedad, al mencionarla entre los problemas nacionales más destacados y entre las tareas que merecen mayor atención por parte del gobierno central.

nacional de seguridad no puede reducirse a la represión y al castigo penal del delito, sino que debe desarrollar una serie de estrategias y acciones para la prevención del delito y para la rehabilitación y reinserción social del delincuente26.

Lo que no se hizo en los últimos años generó tanto la acumulación como la multiplicación de los problemas relacionados con la seguridad pública, hasta convertirlo en un fenómeno multidimensional, extendido a todos los rincones del territorio nacional, y cuyas consecuencias abarcan a todos los sectores de la sociedad, la vida cotidiana y la existencia colectiva e individual.

Según el sondeo de opinión, Los aspectos asociados a la economía, seguidos de la delincuencia e inseguridad, constituyen las principales fuentes de preocupación pública. Sin embargo, a la hora de valorar cada uno de estos aspectos, es el estado de la delincuencia la que reúne las apreciaciones más críticas.

Dos terceras partes de los hondureños y hondureñas (63.4 por ciento) creen que la delincuencia aumentó durante el año que recién finaliza; una cuarta parte asegura que siguió igual (25.2 por ciento), mientras que sólo una décima parte de la gente (11.4 por ciento) opina que ha disminuido en 2010. (…) A su vez, el 23.4 por ciento de la ciudadanía reveló haber sido víctima directa de un hecho delincuencial en el transcurso del año pasado27.

5. LA INSEGURIDAD CIUDADANA

Y LA DELINCUENCIA Garantizar la seguridad ciudadana era la undécima prioridad en la Carta Pastoral; sin embargo, el sondeo de fines de 2010 la ubicó en la primera posición, demostrando así el acelerado crecimiento de este fenómeno.

La explicación de la espiral de violencia, delincuencia e inseguridad que afecta a todo el tejido social se encuentra, en parte, en lo dicho en 2006 por la CEH y que no parece haber tenido eco en las decisiones estatales:

Estas percepciones, traducidas en cifras, confirman lo antes dicho sobre las características asumidas por este fenómeno en los últimos años, a lo que se añade otro ingrediente: la inseguridad ciudadana tiende a ser percibida como irreversible cuando los datos relativos a la delincuencia se combinan con la percepción sobre instituciones como la policía, el Ministerio Público y otras responsables de la prevención, combate y castigo de este flagelo.

Al respecto, el sondeo afirma que:

Necesitamos una política de seguridad ciudadana enmarcada en el cuadro más amplio del desarrollo humano integral. Esta política solamente será acertada en sus propuestas y eficaz en sus resultados si parte de un diagnóstico de las múltiples causas de la violencia. Un plan

Un dato revelador relacionado con la imagen de las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública es que la mitad de los entrevistados (50.8 por ciento) cree que la policía está involucrada con la delincuencia, mientras que sólo un poco más de la quinta parte (22.9 por ciento) considera que la policía protege a los ciudadanos

23 Véase la tabla 8 del sondeo.

24 Véase la tabla 36 del sondeo.

25 Véase la tabla 45 del sondeo.

20 envío

26 Carta Pastoral, op. cit., p. 16.

27 Boletín sondeo de opinión, op. cit., p. 3.

DEBATE frente a los delincuentes. El 18.9 por ciento opina que algunos miembros de la policía protegen y otros están involucrados con el crimen. (…) Consultados directamente sobre qué tan seguros se sienten los ciudadanos ante la presencia de miembros de la policía, el 61.9 por ciento asegura sentirse poco o nada seguro, frente al 38.1 por ciento que señala sentirse o algo o muy seguro28.

El carácter multifacético de este fenómeno incluye otros factores a considerar atentamente, tanto por su incidencia en los centros de poder como en la opinión y la conciencia públicas; es el caso del narcotráfico que, según la consulta, ha aumentado para un poco más de la mitad de los entrevistados (51.7%).

Esta percepción actualizada sobre este fenómeno sólo confirma lo dicho por la CEH, cuando afirmaba que: “El crimen organizado y el narcotráfico están creciendo de manera alarmante y van dañando paulatinamente los cimientos de la sociedad con la violencia, los sobornos y el consumo de drogas. Es necesaria una política de Estado que afronte este gravísimo problema con valentía, con eficacia y con radicalidad”29. Lo que cinco años después no se ha hecho y tampoco parece ser una prioridad para el Estado y la sociedad.

6. LA PROTECCIÓN Y USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES La duodécima prioridad de la Carta Pastoral de 2006 era “Proteger y racionalizar el uso de los recursos naturales”, cuya sola mención representa actualmente una consigna de supervivencia para muchas comunidades rurales, asaltadas por proyectos de explotación de sus recursos, cuya ejecución resulta inaceptable cuando sólo genera beneficios para el explotador y escombros para las comunidades.

En 2006, la CEH llamaba a las comunidades municipales y a la comunidad nacional a “conservar, proteger y utilizar racionalmente los recursos naturales: tierra, agua, bosques y minas; ya que tenemos poblaciones afectadas por la falta de agua, la depredación del bosque y el mal uso de la tierra de que disponemos”.

Además, afirmaba que: “Las explotaciones mineras deben dejar una mayor ganancia a Honduras y tutelar el equilibrio ecológico para el bien de las generaciones actuales y venideras. Para ello, es necesario reformar las leyes existentes o sustituirlas por otras más justas 28 Ídem.

29 Carta Pastoral, op. cit., p. 16.

y adecuadas que tengan ante todo en consideración el bien común y no el enriquecimiento de unos pocos”30.

En el sondeo de 2010, los consultados (42.7%) afirmaron que la explotación de los recursos naturales de sus comunidades seguía igual y el 37.3% sostuvo que ha aumentado31. La suma de estos resultados arroja un elevado 80% de personas que considera que los recursos naturales están siendo explotados irracionalmente y que carecen de la protección adecuada.

Un significativo 39.2% se manifestó nada de acuerdo o poco de acuerdo cuando se le consultó sobre la concesión de los ríos y otras fuentes de agua para construir represas hidroeléctricas. Sin embargo, la mayoría (58.8%) estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con tales concesiones32.

ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LA CONTINUIDAD Y LO COYUNTURAL En conclusión, de este ordenamiento de datos y cifras obtenidas por el sondeo de opinión pública realizado por el IUDOP y el ERIC-SJ, y teniendo como referencia principal la lista de prioridades nacionales establecidas por la CEH en su Carta Pastoral de marzo de 2006, se deducen varias perspectivas y certezas que debieran permitirnos captar la realidad hondureña en un periodo que, salvo las valoraciones específicas sobre el gobierno actual, se insertan en una continuidad que supera lo estrictamente coyuntural.

El retrato que nos presenta este sondeo sobre la realidad nacional es una imagen precisa del modelo de sociedad que se ha venido construyendo en nuestro país desde la transición a los gobiernos civiles a inicios de la década de 1980. Esta imagen se concreta en los fenómenos más relevantes incubados en la historia nacional en las últimas tres décadas, la mayoría cargados de consecuencias negativas y estrechamente vinculados al modelo político bipartidista gobernante. De esta manera, expresa la concatenación que se ha venido fraguando entre los factores de orden político y los de orden económico y social.

Desde esta perspectiva, la pobreza y la crisis económica, la inseguridad ciudadana y los elevados índices de violencia y criminalidad, los conflictos agrarios, el déficit educativo, la consolidación de la democracia y de la gobernabilidad, las debilidades de los órganos de 30 Ibíd., pp. 16-17.

31 Véase la tabla 34 del sondeo.

32 Véase la tabla 46 del sondeo.

21 marzo 2011

DEBATE justicia, el incremento de la corrupción, o el abandono y la explotación irracional de los recursos naturales, representan tanto las prioridades del momento como los rasgos más significativos de la incompetencia del bipartidismo para generar las políticas públicas y las decisiones que resuelvan la problemática acumulada en las tres últimas décadas.

En este sentido, la crisis política iniciada tras el golpe de Estado sólo expresó, con el dramatismo consiguiente, la profunda descomposición que abate al bipartidismo, evidente en su probada incompetencia para mejorar la economía, consolidar la democracia, asegurar la gobernabilidad, proteger y utilizar racionalmente los recursos naturales, consolidar y hacer eficientes las instituciones del Estado que, como las de justicia y rendición de cuentas, constituyen actualmente parte del problema y no de la solución a los grandes problemas nacionales.

Por otra parte, asumiendo la perspectiva coyuntural, el sondeo de opinión refleja el incremento de todas las tendencias identificadas por el documento de la CEH, traducidas en 2006 en prioridades a resolver. Sin embargo, es de destacar que un hallazgo importante del sondeo es la expansión de los factores más negativos de tales tendencias, como es el caso de la inseguridad ciudadana, la desconfianza en las instituciones y sus funcionarios, y la conflictividad social en torno del control y la explotación de los recursos naturales.

Si se buscan otros parámetros de comparación, la situación del país, según esta consulta de opinión, es similar al panorama devastador que el embate de la naturaleza dejó en Honduras con el huracán Mitch (1998), cuando la fragilidad del territorio nacional y de su población quedó al descubierto y nos mostró lo que pasaría cuando otras fragilidades —como ahora la política y la institucionalidad del Estado— quedaran al

22 envío

desnudo, como evidencias de las torceduras del camino recorrido.

Sin embargo, estos apuntes no han enfatizado en los factores de orden político, aun tratándose de un sondeo de opinión cuyo propósito principal fue conocer la percepción ciudadana sobre el desempeño del actual gobierno. Ello se explica en la medida que, actualmente, los factores políticos no determinan aisladamente el curso de los acontecimientos. Los hechos que determinan la realidad hondureña en el presente forman parte de una compleja red de relaciones que conecta la política con la economía, las relaciones exteriores, la institucionalidad, la cultura política y los poderes ilegítimos, entre otros factores, articulados entre sí.

Esta perspectiva no invalida el hecho de que hayan sido la política y los políticos, junto con el desempeño de las instituciones estatales, los que recibieron las cifras de aceptación más bajas y las calificaciones de reprobación más altas. Esto indica la necesidad de transformar profundamente nuestro sistema político, de fortalecer la democracia y el desempeño de sus instituciones, de asegurar la gobernabilidad, de erradicar el clientelismo político y la corrupción pública y, en general, de renovar la sociedad civil y los movimientos sociales dotándoles de nuevos liderazgos locales y nacionales.

Honduras debe darle una nueva oportunidad a la política, cuando al frente de ésta se encuentren políticos con visión de estadistas que sean capaces de responder a la demanda social de cambios, que rompan con la concepción vigente según la cual el Estado debe estar al servicio de la corrupción y de las minorías que lo explotan a beneficio propio. Mientras esto no ocurra, la desconfianza y la mediocridad en todos los ámbitos seguirán siendo dos calificativos justos para un país y un gobierno sin rumbo.

DEBATE

Opinión ciudadana, mafias y legitimidad del gobierno de Lobo Sosa EUGENIO SOSA*

Todo indica que, en opinión de la ciudadanía, la legitimidad del actual gobierno no pasa la prueba. Pero no solo es un asunto de opinión, sino de hechos: la profundización del modelo neoliberal y la política de negociaciónrepresión con que se aborda la conflictividad social, son dos rasgos que reafirman la incapacidad de la administración Lobo Sosa para enrumbar al país hacia una salida democrática de la crisis política.

L

a legitimidad es un factor fundamental en una sociedad democrática. De manera general, la legitimidad es “el atributo del Estado que consiste en la existencia, en una parte relevante de la población, de un grado de consenso tal que asegure la obediencia sin que sea necesario, salvo en casos marginales, recurrir a la fuerza”1.

Analíticamente, la legitimidad puede ser observada por niveles: Estado, régimen y gobierno. Simplificando las cosas, podría afirmarse que el Estado está referido a “un conjunto de instituciones y de relaciones sociales que normalmente penetra y controla el territorio y los habitantes…”; el régimen son “los patrones que determinan los canales de acceso a las principales posiciones de gobierno”; y, el gobier-

no, “son las posiciones en la cúpula del Estado”2. Se espera que en una sociedad democrática el Estado, el régimen y el gobierno actúen democráticamente.

Los gobiernos pueden ser evaluados en su legitimidad de origen, por la forma en que son electos o por el tipo de régimen que surge, como en su legitimidad de desempeño; es decir, por las decisiones y actuaciones en el ejercicio del gobierno.

LA ESCURRIDIZA LEGITIMIDAD Los gobiernos hondureños han venido presentando problemas de legitimidad por la forma en que 2

* Sociólogo.

1 Bobbio, Norberto y Mateteucci, Nicola (1982). Diccionario de Política L-Z, Siglo Veintiuno Editores, México, p.

892.

O´Donnel, Guillermo (2003). “Democracia, desarrollo humano y derechos humanos”, en: Guillermo O´Donnel, Osvaldo Iazzeta y Jorge Vargas Cullell (compiladores), Democracia, desarrollo humano y ciudadanía, PNUD y ediciones Homo Sapiens, Santa Fe, Argentina, pp. 34-37.

son electos y por la forma como gobiernan. Las elecciones, tanto las primarias en los partidos, como las generales en la sociedad, son permanentemente cuestionadas y enfrentan denuncias reiteradas de irregularidades y manipulación de los resultados.

Pero es el gobierno de Porfirio Lobo Sosa el que ha recibido más cuestionamientos e impugnaciones en su legitimidad de origen, como producto del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y su surgimiento en el marco de un régimen de facto.

A ello hay que agregar que las elecciones generales del 29 de noviembre de 2009 se realizaron sin el reconocimiento de la gran mayoría de países del mundo, y en un ambiente de militarización y represión política. En resumen, las elecciones no contaron con los requisitos mínimos básicos de la democracia electoral: libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de movimiento, acceso a información alternativa, garantía del derecho a competir por los cargos

23 marzo 2011

DEBATE públicos y, en general, elecciones libres y limpias3.

NO TODO EMPEZÓ EL 28 DE JUNIO DE 2009 El malestar de los hondureños y las hondureñas con la democracia ha venido creciendo de manera sostenida. En los últimos trece años la satisfacción de la ciudadanía con la democracia se ha derrumbado. En 1997 el 50% de los hondureños se sentía muy satisfecho y satisfecho con la democracia; en 2005 cayó al 26%; en 2008 al 24% y, en 2010, apenas llegaba a 17%4.

Esto evidencia claramente que el deterioro de la democracia no se inició con el golpe de Estado, pero éste lo profundizó significativamente. Reconocerlo es importante para librarse del mito de que todo empezó el 28 de junio de 2009.

La pobreza y desigualdad socioeconómica, la corrupción, la inseguridad, el desempleo, el narcotráfico, la captura del Estado por los grupos de poder y el clientelismo político son, entre otros problemas, los que han estado minando la democracia hondureña. Cada gobierno hereda viejos problemas y crea nuevos, sin resolver ninguno.

Ahora hemos llegado al punto en que bien podríamos preguntarnos qué problemas agudizará cada gobierno y no tanto qué problemas solucionará.

Según la encuesta del Cespad5, el 50% de la ciudadanía considera 3 O´Donnel, op. cit., p. 37; y, PNUD (2004), La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas, Buenos Aires.

4 Para los años de 1997, 2005 y 2008 los datos provienen de Latinobarómetro; y, los datos de 2010, del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad).

5 Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), 2010. “Informe de análisis 24 envío

que nuestra democracia se encuentra en crisis; y, el 21.4%, de manera más radical, considera que en Honduras no hay democracia. Es decir, el 71.4% impugna el régimen político gobernante. ¿CÓMO LEGITIMARSE CON TAN POBRE DESEMPEÑO? Así como la legitimidad de origen del gobierno de Lobo Sosa se encuentra cuestionada, también lo está su desempeño. La ciudadanía no percibe un logro relevante en su gestión gubernamental. Según otra encuesta, llevada a cabo por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA, de El Salvador), el 38.2% de los hondureños y hondureñas opina que el gobierno de Lobo no tiene ningún logro y que lo más visible de su gestión es la entrega de bonos (23.6%), ubicado por la ciudadanía como su principal logro6.

Lo del bono es comprensible, puesto que Lobo Sosa se moviliza por el territorio nacional, junto a alcaldes, ministros y diputados, entregando el Bono Diez Mil 7 a

6

7

político prospectivo. Crisis política en Honduras. Escenarios posibles a diciembre de 2011”, p. 19.

IUDOP/ERIC-SJ, enero 2011, “Encuesta de evaluación del primer año de gestión de Porfirio Lobo y sobre la situación política en Honduras. Consulta de opinión pública de noviembre y diciembre de 2010”. Serie de Informes, Honduras 1, San Salvador, El Salvador.

El Bono Diez Mil es una política de transferencia condicionada a familias pobres. Se le llama así porque en el transcurso de un año se les entrega a las familias seleccionadas la suma de diez mil lempiras, en cuotas mensuales de 800 lempiras.

familias en situación de pobreza.

Al margen del bono, la ciudadanía no percibe otros logros relevantes.

Pequeñas porciones de la opinión pública, que van de 1.2% a 4.5%, consideran algunos logros en temas como el combate a la delincuencia, el reconocimiento internacional, la unidad nacional, la mejora de la economía, el control de la crisis política, la mejora de la educación y la reducción de la pobreza8.

Al asumir el gobierno, en un contexto de continuidad de la crisis política, uno de los desafíos principales de Lobo Sosa era encontrarle salidas a la misma. Sin embargo, el país sigue con niveles altos de polarización. Esto permite comprender por qué apenas un 3.7% de la ciudadanía considera la unidad nacional como uno de los principales logros de su gobierno; y, solamente el 2.2%, opina que el control de la crisis política es uno de sus principales logros9.

EL AUMENTO DE LA VIOLENCIA O EL FRACASO ROTUNDO Al “darle vuelta a la moneda” y observar la cara de los fracasos, en los primeros lugares se encuentra el problema de la inseguridad pública. El 13.4% de la ciudadanía entrevistada considera que el principal fracaso de Lobo Sosa es que en su gestión hay mayor inseguridad pública. Los niveles de violencia se han generalizado.

A la inseguridad creciente de los últimos años se suma ahora la violencia política, incrementada con el golpe de Estado y la protesta social. Como resultado, un 5.4% de los encuestados opina que la violencia política constituye uno de los prin8 IUDOP/ERIC-SJ, op. cit.

9 Ibíd.

DEBATE cipales fracasos del gobierno actual.

Asimismo, los asesinatos, amenazas y número de personas que se ven obligadas a abandonar el país por la persecución política están a la orden del día en el gobierno de Lobo Sosa.

La violación sistemática a los derechos humanos ha continuado en el gobierno actual. En diciembre de 2010, la organización internacional de derechos humanos, Human Rights Watch, publicó su informe “Después del golpe de Estado: Continúan la violencia, la intimidación y la impunidad en Honduras”. En éste se documentan graves violaciones a los derechos humanos, como 47 casos de amenazas y ataques, incluidos 18 asesinatos. Tales violaciones han ocurrido después de que Lobo Sosa asumiera el poder, y sus víctimas han sido periodistas, defensores de derechos humanos, activistas de los movimientos sociales y del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).

OTROS HILOS Y LÓGICAS MARCAN EL RUMBO La criminalidad, la violencia y las mafias están devorando a la sociedad hondureña. Honduras no puede ser entendida como sociedad sólo a partir de la institucionalidad formal porque, de manera paralela, superpuesta o subterránea, se mueven otros hilos y lógicas que marcan su destino. Entre lo institucional y lo no institucional existe una “zona gris”, cuyos límites y fronteras no son precisos. Para comprender el actual momento de la realidad hondureña necesitamos romper con las dicotomías demasiado rígidas y engañosas10.

10 Auyero, Javier (2007). La zona gris: violencia colectiva y política partidaria

Para el caso, sobre el tema de la violencia y la criminalidad se requieren análisis que contribuyan a develar el “área borrosa, donde los límites normativos se disuelven, los actores del Estado y las elites políticas promocionan o activamente toleran o participan en la producción de los daños”11.

Esta reflexión nos lleva a otra pregunta: ¿Hasta qué punto el Estado y las elites de poder están tolerando o participando en actos de violencia política, en los femicidios, en los crímenes contra personas de orientación sexual diversa y la criminalidad en general? Al respecto no hay investigaciones profundas, pero existen suficientes indicios de que algo de eso está pasando en Honduras.

han institucionalizado a través de su influencia en la institucionalidad estatal?

Guillermo O'Donnel nos invita a imaginar un mapa de cada país “en el que las áreas de color azul designarían aquellas zonas en las que hay un alto grado de presencia del Estado (expresado en forma de un grupo de burocracias razonablemente eficaces y de la eficacia de una legalidad adecuadamente sancionada), tanto funcional como territorialmente; el color verde indicaría un alto grado de penetración territorial y una presencia significativamente más baja en términos funcionales y de clase; y, el color marrón, un nivel muy bajo o nulo en ambas dimensiones”12.

LA TERCERIZACIÓN DE LA ECONOMÍA DE LA VIOLENCIA ¿Hasta qué punto el sicariato, una de las principales modalidades de la criminalidad, forma parte del surgimiento de los “empresarios de la violencia”? Es decir, de actos de violencia y criminalidad estimulados por el Estado y las elites de poder, pero ejecutados por terceros como un servicio más, que tiene su propia oferta y demanda. Estamos ante una tercerización de la economía de la violencia.

Quizás esta es la razón fundamental para explicar los altos índices de impunidad imperantes, pues parte del pago por el servicio, además del dinero en efectivo, es la garantía de impunidad a través de redes de influencia y poder existentes en todos los operadores de justicia. ¿Hasta qué grado las prácticas ilegales y del crimen organizado se

EL TERRITORIO HONDUREÑO ES DE COLOR MARRÓN ¿Qué son las áreas de color marrón? Son zonas capturadas por las mafias y “regiones neofeudalizadas”. Son regiones sin Estado o con un Estado al servicio de los intereses de las mafias y los grupos de poder.

“En estas áreas las organizaciones públicas se convierten en parte de un circuito de poder privatizado, la dimensión pública del Estado desaparece. En estas áreas los partidos son maquinarias personalistas, dominados por el nepotismo, el prebendarismo o el clientelismo”13. ¿Tiene Honduras narcomunicipios? ¿Cuántos? ¿Cuáles son? Sobre estas preguntas sólo se murmura, pero nadie se atreve a investigar y elevar su voz, porque la implantación del miedo y el terror es otra forma de callar la crítica ciudadana.

Las regiones de color marrón es posible encontrarlas no sólo en

en la Argentina contemporánea, Siglo XXI Editores, Buenos Aires.

11 Ibíd., pp. 53-54.

12 Citado por Auyero, op. cit., pp. 75-76.

13 Ídem.

25 marzo 2011

DEBATE el mapa territorial, sino también en el mapa institucional del Estado. O, ¿no coinciden las características de estas zonas con la forma en que actúa el sistema de Justicia: Corte Suprema, Ministerio Público y otros?

Los más afectados siguen siendo los sectores populares y los pobres, tratados de manera desigual, con parcialismo y discriminación cuando acuden a cortes y juzgados.

La ciudadanía identifica la ausencia o complicidad del Estado con el clima de inseguridad y violencia.

Un 63.4% de las personas consultadas opina que la delincuencia aumentó en 2010; un 51.7% piensa que el narcotráfico también aumentó; y, lo que es aún peor, el 50.8% considera que la policía protege o está involucrada con la delincuencia14. ¿QUIÉN GOBIERNA AQUÍ?

Las mafias y las elites de poder, dentro y fuera del Estado, debilitan la capacidad estatal para responder a los intereses comunes de la nación. Por tanto, no es casual que la ciudadanía perciba que los gobiernos no mandan o que carecen de suficiente poder de decisión. En este caso, el 52.2% considera que el gobierno no controla sus decisiones y que éstas son manipuladas15.

Un 66% de los encuestados considera que el actual “es un gobierno que tiene las manos atadas por los empresarios, las Fuerzas Armadas y los organismos internacionales”.

Ante la pregunta ¿Quién cree usted que gobierna Honduras?, la respuesta de los consultados fue como sigue: el presidente Lobo (25%), los grandes empresarios (24%), las Fuerzas Armadas (19%), las mafias y el narcotráfico (14%), los partidos políticos (7%), la embajada de Estados Unidos (6%), los medios de comuni14 IUDOP/ERIC-SJ, op. cit.

15 Ibíd.

26 envío

cación (5%). Nótese que el 70% de las decisiones del gobierno, según esta encuesta, estarían influenciadas por intereses y poderes fácticos16.

LA CONFIANZA SE ESFUMÓ Estos resultados demuestran un crecimiento sostenido de la desconfianza ciudadana hacia la institucionalidad estatal. Según el sondeo de opinión efectuado por el IUDOP/ ERIC-SJ, el 39.8% de encuestados afirmó no tener ninguna confianza en la Corte Suprema de Justicia; el 34.4% ninguna confianza en el Ministerio Público; el 44.5% ninguna confianza en el Congreso Nacional y los diputados; el 34.3% ninguna confianza en la Policía Nacional; el 34.2% ninguna confianza en el gobierno central; el 51.8% ninguna confianza en los partidos políticos; el 40.1% ninguna confianza en el Tribunal Supremo Electoral; el 31.4% ninguna confianza en las Fuerzas Armadas; y, el 34.8% ninguna confianza en el Comisionado Nacional de Derechos Humanos.

En suma, más de un tercio expresó plena desconfianza en la institucionalidad estatal más relevante por sus funciones y relación con la población, manifestando así un creciente desencanto hacia la política y la democracia tal y como se practican en Honduras.

QUÉ EROSIONA LA LEGITIMIDAD DEL ACTUAL GOBIERNO Más allá de las percepciones ciudadanas sobre el desempeño del gobierno de Porfirio Lobo Sosa, es clara su demostrada incapacidad para enrumbar el país hacia una salida democrática de la crisis polí16 Cespad. Encuesta nacional, septiembre de 2010.

tica. Dos características marcan su gestión gubernamental.

La primera es la profundización del modelo neoliberal, concretada en su Visión de País y Plan de Nación, la Ley de Empleo Temporal, las concesiones de ríos y otros recursos naturales para instalar empresas hidroeléctricas, y la promoción de “ciudades-modelo” para desarrollar enclaves de inversión extranjera.

La segunda, la política de negociación-represión con que se aborda la conflictividad social y el incremento de la violencia política. El ejemplo más claro de esta política se expresa en el valle del Bajo Aguán, en el departamento nororiental de Colón, donde el gobierno firmó un acuerdo con los campesinos, pero simultáneamente los reprimió, desalojó, militarizó y asesinó.

Un aspecto de esta característica es la creación de la Ley contra el Financiamiento del Terrorismo, Decreto No. 241-2010, que criminaliza la protesta social y legaliza la persecución de las ONG y las fundaciones solidarias con los movimientos sociales17. Estas características del actual gobierno contribuyen a erosionar aún más su precaria legitimidad política y se suman a otros indicadores negativos de su gestión al frente del país.

17 El capítulo XIII de esta Ley, también conocida como “Ley Antiterrorista”, está destinado a las asociaciones u organizaciones sin fines de lucro. Por otro lado, la definición de “Delito de Terrorismo”, establecida en el artículo 335, es excesivamente amplia y ambigua al considerar como actos o eventos terroristas cuando el propósito “por su naturaleza o contexto, sea el de intimidar a la población o de obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar o abstenerse de realizar cualquier acto”.

DEBATE

¿Qué hacer con la transición a la democracia agotada?

MANUEL TORRES CALDERÓN*

Luego de siete elecciones generales y de miles de millones de lempiras invertidos, el saldo de la transición que inició en 1982 es un Estado sin derecho, frágil, secuestrado, tatuado por comportamientos autoritarios y una cultura de valores antagónicos. De ahí la importancia de analizar el fracaso, de enderezar el camino torcido y de preguntarse con más honestidad que pasión: ¿Qué demanda la transición a la democracia en la Honduras de hoy?

L

a transición a la democracia iniciada en 1982 no da para más; su agotamiento lo marca el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Eso no significa que el Estado dejó de existir o que la transición fue reemplazada por otra. En este caso no se trata de muerto el Rey, viva el Rey. Tampoco es una vacante que se asigna temporalmente a un Camarlengo, capaz de lidiar con ángeles y demonios cuando se produce el fallecimiento o renuncia de un Papa y la elección del siguiente por el Cónclave. Lo que nos ocurrió como nación no tiene un procedimiento claro de solución. No está en los libros como una receta a seguir.

Una transición fallida como la nuestra es más compleja de reemplazar porque no se desploma o desaparece de una vez. Es una implosión más que una explosión.

El 28 de junio el proceso perdió su credibilidad, pero la institucionalidad y el sistema persisten.

Los maestros buscan un acuerdo con el gobierno para defender el Estatuto del Docente, los campesinos piden que se respete la legislación que les da derecho a la tierra, los familiares de las víctimas de la represión demandan justicia y castigo a los culpables, y a diario ocurren miles de transacciones entre la ciudadanía y el Estado. Si el desconocimiento al gobierno de Lobo fuese mayoritario, efectivo y radical, hace tiempo que hubiese sido derrocado por una revolución y entonces sí, los cambios se producirían de raíz. *

Periodista y analista político.

¿POR QUÉ SE PERDIÓ LA TRANSICIÓN? En Honduras no ha existido una revolución y, con la crisis de junio, no se trata de que haya un vacío de poder; el poder sigue en manos de quienes lo detentan.

Lo que tenemos es el fracaso estrepitoso del sistema de mediaciones entre la administración pública y la sociedad. Lo que salta a la vista es una administración pública que no responde a la sociedad como soberana y una sociedad que no se siente representada en sus genuinos intereses por la administración pública. Aquí nadie cree en nadie.

Esta transición se perdió porque su intención de origen no fue democratizar el país. Por eso se explica la incapacidad institucional y social de alcanzar consensos básicos para llegar a resultados aceptados por todos. El golpe confirmó que en Honduras no se crearon reglas del juego para todos y que los políticos conciben la política como una práctica sin límites o restricciones formales o éticas.

Por esa razón, todo lo que rodea o precipita la ruptura constitucional de junio, de una u otra parte, fue jurídicamente incoherente. Un “adefesio”, como suele llamarle el abogado Edmundo Orellana Mercado. Luego de siete elecciones generales consecutivas, de miles de millones de lempiras invertidos, el saldo de la transición es un Estado sin derecho, frágil, secuestrado, tatuado por comportamientos autoritarios y una cultura de valores antagónicos.

La transición debió ser un proceso de inclusión política, cultural, social y económica, pero ocurrió lo 27 marzo 2011

DEBATE contrario: se fomentó deliberadamente la exclusión y la marginación. Los políticos siempre supieron de la concentración de la riqueza en pocas manos, del empobrecimiento de la mayoría de la población, de la pérdida de recursos, destrucción del ambiente, fugas de capital, aumento de la deuda social, incremento de la criminalidad y crisis de legitimidad y representatividad de los liderazgos. Siempre lo supieron, por eso no pueden alegar ignorancia o inocencia.

Dicho en otras palabras: la transición iniciada en 1982 fue incapaz de edificar una casa común y lo que propició fueron condiciones para segregar más profundamente a Honduras. Así llegamos a un punto en el cual lo que impera en el espacio público no es el diálogo con objetivos nacionales, sino el mercadeo entre intereses contrapuestos. ¿QUÉ TUVIMOS COMO TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA? En 1982 hubo una mezcla de varios tipos de transición a la democracia, pero en general se impuso la “transición por transacción” (una especie de dando y dando), que favoreció la continuidad de las estructuras tradicionales, de las elites y de sus prácticas políticas.

La ciudadanía nunca se apropió realmente de la transición por considerarla ajena, en manos de otros y casi inalcanzable. Más que protagonista, se percibió a sí misma como víctima.

En resumen, tuvimos una transición desprovista de identidad ciudadana y que fue tutelada por la diplomacia de EEUU en el contexto del conflicto centroamericano.

Los militares negociaron la entrega formal de las riendas del Estado a cambio de conservar el poder decisivo y, además, una cuota importante de la administración pública. En ese sentido, el destino de la transición a la democracia y las Fuerzas Armadas tiene una relación muy estrecha. Siempre que la transición estuvo supeditada a los intereses de los militares se debilitó el Estado de Derecho. Así se registra entre 1980-1992 y a partir del golpe de 2009.

Cuando la institucionalidad civil tuvo primacía sobre el militarismo fue cuando la ciudadanía avanzó en el fortalecimiento de la transición, pero éste nunca fue un proceso sostenido. A cada reforma le surgía de inmediato una contrarreforma. Los políticos se volvieron especialistas en un doble lenguaje: el público, donde se hacían las promesas, y el privado, donde se desvanecían. El cáncer central que afectó a la transición fue que la clase política partidarista, los militares y los 28 envío

grupos influyentes del poder económico construyeron pactos de gobernabilidad a partir de la “corrupción”, no del cumplimiento de las expectativas democráticas y de acatar las leyes.

Lo que se consolidó con los años fue un Estado patrimonial, clientelar y asistencialista, extremadamente lucrativo para quienes, desde posiciones de poder, lo administraron en beneficio de pocos. El Estado patrimonial favorece el centralismo en la toma de decisiones, con escasa o nula transparencia, e impone una manera de pensar en la cual la corrupción o el tráfico de influencias se proyectan como inevitables e impunes. Que tengamos una maquinaria burocrática pesada e ineficiente es consecuencia lógica de esa manera de actuar.

NO TOMAMOS EL CAMINO ADECUADO Es obvio que una transición no es una línea recta.

En su diario vivir es susceptible de coyunturas que la hacen progresar o retroceder, pero su orientación sí tiene que estar definida e imponerse. Debe haber conciencia del modelo de sociedad que se espera dejar atrás y también a la que se busca llegar. Una transición a la democracia no tiene fecha de caducidad, no se cronometra, pero tampoco es infinita o eterna. Parodiando una frase de Ghandi: no hay un camino para llegar a la democracia; la democracia es el camino. En ese sentido, el golpe reveló con crudeza que no tomamos el camino adecuado. ¿Cómo se pueden resumir las principales debilidades de la transición a la democracia en Honduras? En lo político la democracia representativa, encarnada en el protagonismo de conservadores y corruptos, siempre bloqueó cualquier intento de democracia participativa.

Los políticos construyeron un reino para sí mismos y sus representados. Se impuso aquella máxima famosa en México: “para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley”.

Derivado de lo anterior, el país no tuvo una transición económica y social democrática, sino una acumulación de excesivo poder en un sector minoritario de la población. El Estado fue secuestrado o cooptado por los llamados poderes fácticos, con sus intereses protegidos por un entramado de leyes secundarias que contradicen los principios de la Constitución, por un sistema mediático que desnaturalizó el Derecho a la Información y por las armas de un ejército creado para servirles.

DEBATE EL ESTADO-BOTÍN Y EL ESTADO-PATRÓN De manera perversa y siniestra, la caracterización del Estado se deformó. Políticos, militares y empresarios lo vieron como un “botín”, mientras que las organizaciones sociales lo consideraron como un “patrón”.

Los que lo vieron como “botín” hicieron crecer sus capitales bajo el amparo desmedido del presupuesto público y la ausencia de transparencia y rendición de cuentas, y quienes lo consideraron como “patrón”, impusieron una agenda gremial orientada a sacarle el máximo de beneficios posibles, aunque a menudo sus conquistas sectoriales chocaran con los derechos del resto de la sociedad.

Las demandas nacionales con enfoque de derechos sociales y ciudadanos, que superan los reclamos económicos y sociales para un sector específico, han sido escasas y poco acompañadas. Eso impidió que entre los gremios y el resto de la ciudadanía existiera un puente sólido de comunicación y defensa de los derechos colectivos.

En treinta años nunca hubo una huelga magisterial que propusiera una mejora sustancial de la calidad de la educación. Los grandes temas, como una verdadera reforma de la justicia o la lucha contra la corrupción, siempre fueron postergados y sólo se levantaron banderas temporales, rápidamente plegadas ante la represión, la intransigencia, o cuando se consumaban los acuerdos debajo de la mesa. El bipartidismo se volvió un experto en mediatizar las protestas.

Reiniciar el proceso democrático después de la ruptura de junio demanda una revisión “crítica” de las inconsistencias de la transición y, en consecuencia, implica una verdadera reforma del Estado (no sólo jurídica) sino una reforma de la sociedad civil y los movimientos sociales. Las estructuras a derribar no sólo están afuera, en la institucionalidad corroída o en los instrumentos de mediación fracasados, sino que también están dentro de la propia ciudadanía.

¿QUÉ DEBE DEJARSE ATRÁS EN UNA MUDANZA DEMOCRÁTICA? Pasar de una transición a la democracia a una transición democrática no es un proceso automático, ni se da de la noche a la mañana. No se trata de sumas acumulativas o totalmente predecibles. Es producto de una lucha histórica y social constante, en la cual cada conquista debe afianzarse para alcanzar otras.

La idea de gobernabilidad y, en particular, la de gobernabilidad democrática, está en la base de estos pro-

cesos y debe ser progresiva. Precisamente la expresión gobernabilidad democrática se acuña en los períodos de transición a la democracia de los años ochenta y tiene un contenido político, social y económico amplio. Si la gobernabilidad es la capacidad de un sistema político de resolver conflictos mediante reglas aceptadas por todos, la gobernabilidad democrática es aquella que lo hace a través de reglas democráticas.

Democracia es un adjetivo que aparece en el escenario hondureño como opuesto al autoritarismo propio de los regímenes militares; sin embargo, toda su carga simbólica se muestra hoy devaluada, al grado que la identidad autoritaria gana terreno mientras que la democrática lo pierde. En estos tiempos cuesta hablar de democracia sin que entre el auditorio se vea fruncir ceños o arquear cejas.

En la batalla ideológica (y semántica), una de las consecuencias más graves del golpe de Estado es precisamente la manipulación o tergiversación de conceptos tan importantes como “democracia”, “sociedad civil”, “izquierda”, “justicia”, “derechos humanos” y otros similares. Cuando una organización como la Unión Cívica Democrática (UCD) se presenta a sí misma como “sociedad civil”, lo que hace es vaciar de contenido el concepto y promover el desapego ciudadano.

En una sociedad de escaso debate nadie, desde la oposición organizada, aclara la situación. Incluso hay dirigentes populares que se muestran complacidos con el descrédito, porque nunca entendieron el significado de “sociedad civil”. No toda organización civil es sociedad civil, así como no todo movimiento social es popular.

Aun delimitando conceptos, resulta difícil defender en la plaza pública lo que se denomina el modelo democrático de sociedad cuando sus resultados hablan de pobreza, marginalidad, desigualdad y represión. El problema es que a la derecha le conviene la incredulidad y el desapego ciudadano respecto a la democracia. La arbitrariedad encuentra tierra fértil en la ausencia de un Estado de derecho. Mientras más se es víctima de la desigualdad, más lejana se vuelve la percepción de la igualdad.

UN RIESGO: TROPEZAR CON LA MISMA PIEDRA Bajo esas circunstancias, el riesgo de intentar una nueva mudanza democrática es repetir los errores del pasado y que a la sociedad se le prepare para “aceptar” la democracia, no para defenderla. De hecho, si el país reinicia una transición, habrá que comenzar por devol29 marzo 2011

DEBATE ver a esos conceptos estratégicos su contenido y credibilidad. No podría haber una refundación democrática de Honduras carente de una ideología democrática que la impulse.

Para reiniciar la transición se debe reconocer de entrada la complejidad de su escenario y las limitaciones propias de nuestro entorno. Han sido demasiados años de conservadurismo como para soñar que no tuvo efectos. El trayecto fracasado ha sido prolongado: tres décadas, más de una generación.

Es un período en el cual surgieron y declinaron instituciones. Nacieron y murieron liderazgos. Sin duda, el análisis de los protagonistas y de las tendencias debe ser realista y contextualizado. Un proceso de transición a la democracia, fallido o exitoso, tiene repercusiones personales y sociales inimaginables. Condiciona tanto la realidad como los sueños.

Reiniciar un proceso con una expectativa ciudadana distinta implica aclarar ¿cuáles son los cambios necesarios para empezar a corregir los desaciertos históricos acumulados? Muchas lecciones pueden derivarse del golpe de Estado; una es contundente: la construcción de una institucionalidad civil sin fortalecimiento de la ciudadanía y sin equidad social, hace imposible el desarrollo democrático de la transición. ¿POR QUÉ ANALIZAR EL FRACASO? La importancia de analizar el fracaso estriba precisamente en las implicaciones de políticas públicas que del mismo pueden derivarse, clave para dar respuesta a demandas crecientes y distintas que surgen como consecuencia del desarrollo en campos como la salud pública, el sistema educativo, el empleo, la seguridad social, la vivienda y otros requerimientos individuales, familiares y comunitarios.

El punto de partida de la transición en 1982 no tomó en cuenta la necesidad de enfrentar desafíos como la superación de la exclusión social y política y la modernización integral del Estado, definiendo la clase de Estado que el país necesitaba, la reforma políticoelectoral que requería (para hacerlo menos excluyente y, consecuentemente, más democrático) y los mecanismos para prevenir y combatir la corrupción, estimular la participación ciudadana, promover el fortalecimiento local, combatir la pobreza y reducir la vulnerabilidad ambiental.

El proceso de construcción de la institucionalidad democrática y la ejecución del proceso de desarrollo son dos momentos de un único proceso que, por lo tanto, 30 envío

se encuentran mutuamente condicionados. No pueden seguir separados. Es imposible avanzar en el desarrollo sin profundizar la democracia, como tampoco se puede democratizar sin generar cambios en la cultura, la economía y el ambiente. ¿QUÉ DEMANDA REINICIAR LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA? Cuando se lucha y se habla de la refundación de Honduras, hay que estar preparados para responder a preguntas claves: ¿Cómo reducir el alto índice de pobreza, la exclusión y la marginalidad que tiene nuestra nación? ¿Cómo lograr la transformación del sistema productivo y la adaptación e innovación tecnológica para fortalecerlo? ¿Cómo reconstruir el país, aprovechando los recursos disponibles y las potencialidades nacionales y regionales? ¿Cómo fortalecer las instancias organizativas de los sectores más representativos de la sociedad civil, para estimular la participación ciudadana en el desarrollo económico sostenible y la consolidación de la democracia como forma de gobierno y de vida? ¿Cómo definir e implantar una estrategia educativa, que garantice una población con capacidad y aptitudes suficientes para encontrar respuestas positivas a sus necesidades y a los retos de una sociedad globalizada? ¿Cómo lograr alianzas estratégicas con los países que integran la región centroamericana y latinoamericana, para establecer formas de cooperación recíproca y conformación de bloques regionales?

Retomar la transición demanda respeto y ampliación de la democracia para volverla lo más participativa posible, así como la legitimación y el fortalecimiento de los valores democráticos. Hay necesidad urgente de una nueva cultura democrática, asumida por la nación entera. Un cambio cultural que erradique o disminuya los valores, actitudes y creencias autoritarias y excluyentes vigentes.

Un nuevo discurso político y social debe promover la solidaridad o conciencia de co-responsabilidad de cada uno en el destino de todos, la esperanza en que el esfuerzo colectivo conducirá a la nación entera a mejorar su calidad de vida, el respeto a la diversidad y el compromiso en la asunción de actitudes y cumplimiento de tareas que corresponden a cada sector y a cada ciudadano y ciudadana, en el marco de un proyecto compartido y asumido por todos y todas. El debate, en realidad, apenas inicia.

REFLEXIÓN

Golpe de Estado y responsabilidad penal internacional JOAQUÍN A. MEJÍA R.*

A partir de los desafíos y las oportunidades que surgen con el examen preliminar iniciado por la Corte Penal Internacional sobre Honduras, aquí se plantea la urgencia de que el movimiento de derechos humanos emprenda un trabajo coordinado que impulse la investigación sobre los delitos internacionales cometidos por los altos mandos militares, civiles y policiales en el contexto del golpe de Estado. Así, se anima el debate en torno de la aplicación de la justicia penal internacional, que puede significar el inicio de un proceso inédito para erradicar la impunidad en Honduras.

INTRODUCCIÓN En enero de 2002, la Corte Suprema de Justicia de Honduras, invocando las palabras del Papa Juan Pablo II, declaraba: […] quien viola los derechos humanos, ofende la conciencia humana en cuanto tal y ofende a la humanidad misma. El deber de tutelar tales derechos trasciende, pues, los confines geográficos y políticos dentro de los que son conculcados. Los crímenes contra la humanidad no pueden ser considerados asuntos internos de una nación […] Tenemos que dar gracias a Dios que siga creciendo, en la conciencia de los pueblos y las naciones, la convicción de que los derechos humanos, universales e indivisibles, no tienen fronteras1.

Siete años después, se produjo en Honduras el primer golpe de Estado del siglo XXI y con éste la situación de los derechos humanos se deterioró a niveles alarmantes y su violación generalizada se enmarcó en una política de Estado ejecutada de forma sistemática. *

1

Doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos y Doctor (c) en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales.

Investigador del ERIC-SJ. Polo Gálvez, Luis Felipe, “Procesos constitucionales para la ratificación del Estatuto de Roma en los países latinoamericanos”, en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, N° 2002, Montevideo, 2002, pp. 444-445.

Ante esta situación, se esperaba que al menos la Corte Suprema de Justicia actuara en consonancia con la declaración anterior. Sin embargo, al igual que todas las instituciones clave del sector justicia, como el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, defendió el rompimiento del orden constitucional y avaló las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, policías y paramilitares2.

El resultado es de todos conocido y está suficientemente documentado: muertes violentas, estados de excepción arbitrarios, represión de manifestaciones pacíficas mediante el uso desproporcionado de la fuerza, criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y malas condiciones de detención, militarización del territorio, aumento de las situaciones de discriminación racial, violaciones a los derechos de las mujeres, serias restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de expresión y graves vulneraciones a los derechos políticos3.

2 OACNUDH, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009, Consejo de Derechos Humanos, 3 de marzo de 2010, p. 19, párr. 83.

3 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Honduras: Derechos humanos y golpe de Estado, 30 de diciembre de 2009, pp. 2 y 146-147, párr. 6 y 551.

31 marzo 2011

REFLEXIÓN A pesar de la gravedad de la situación, hasta el momento no hay ninguna persona condenada penalmente por estos abusos, lo cual ha generado un clima de terror e impunidad generalizado que socava el ejercicio de las libertades básicas y permite la repetición crónica de este tipo de hechos. Por ello, casi dos años después del golpe de Estado, continúan las amenazas, ataques, asesinatos, detenciones arbitrarias, restricciones ilegales al derecho a la libertad de expresión y de reunión contra periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos, y el uso excesivo de la fuerza contra manifestaciones pacíficas4.

Evidentemente, esta repetición crónica es el resultado directo de la impunidad que ha amparado a los violadores de derechos humanos desde los años 80, algunos de los cuales son los mismos que planificaron, apoyaron y ejecutaron el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, y que ha sido promovida y facilitada por un Estado que ha dejado en total indefensión a las víctimas y sus familiares5.

A pesar de que el Estado hondureño está obligado a investigar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales de las violaciones a derechos humanos, (a) se han realizado procedimientos con el objetivo de sustraer a los responsables de su responsabilidad penal o sin las características de independencia e imparcialidad requeridas; es el caso, entre otros, del juicio contra los miembros de la Junta de Comandantes que fueron sobreseídos; y (b) se ha decretado una ley de amnistía cuya ambigüedad facilita la obstrucción del esclarecimiento, enjuiciamiento y sanción de los responsables por las graves violaciones a los derechos humanos, dejándolas en total impunidad6.

Precisamente para evitar que un Estado recurra a este tipo de recursos para cubrir los crímenes perpetrados, en las últimas dos décadas, sobre todo, se 4

5

6

Human Rights Watch, Después del golpe de Estado: Continúan la violencia, la intimidación y la impunidad en Honduras, Human Rights Watch, Nueva York, diciembre de 2010.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos entiende por impunidad “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos […]”, en: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala. Sentencia de 08 de marzo de 1998, párr. 173.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH manifiesta preocupación por Decreto de Amnistía en Honduras, Comunicado N° 14/10, Washington, 03 de febrero de 2010.

32 envío

ha fomentado la erosión de los vínculos tradicionales de territorialidad y nacionalidad en la aplicación del derecho penal “para desnacionalizar en determinadas circunstancias la administración de la justicia penal y satisfacer los intereses legítimos de la comunidad internacional en esta materia”7 .

Por tal razón, el 17 de noviembre de 2010 el Fiscal de la Corte Penal Internacional (en adelante la CPI), Luis Moreno Ocampo, anunció que llevaría a cabo un examen preliminar sobre Honduras para comprobar si los crímenes cometidos en el marco del golpe de Estado son competencia del tribunal penal internacional. A pesar de la trascendencia de este anuncio, las reacciones han sido bastante tímidas por parte de algunos sectores interesados.

Por un lado, los potenciales investigados y los sectores afines al golpismo le han restado importancia, lo cual puede deberse a la falta de información sobre las implicaciones políticas y jurídicas que conllevan el examen preliminar por parte del Fiscal de la CPI ante la posible apertura de una investigación formal; o a la ceguera que les provoca el sentirse intocables, sin tomar en cuenta que las graves violaciones a los derechos humanos pueden ser consideradas crímenes internacionales frente a los cuales la comunidad internacional tiene la obligación de reaccionar.

Y por otro lado, el movimiento de derechos humanos, con excepción de ciertas acciones puntuales e individuales de algunas organizaciones, no ha establecido espacios permanentes de reflexión y trabajo coordinado que ayuden a concretar una estrategia orientada a aportar a la Oficina del Fiscal de la CPI los insumos necesarios para concluir que existe fundamento suficiente para abrir una investigación sobre la responsabilidad penal internacional de los principales responsables del gobierno de facto y otros actores. En parte, ello se debe a la inexistencia de un trabajo estratégico articulado nacionalmente, que proponga luchar por los derechos humanos más allá de los proyectos y de las agendas institucionales propias.

El presente artículo pretende animar el debate alrededor de la aplicación de la justicia penal internacional que, en el caso de Honduras, puede significar el inicio de un importante proceso para erradicar la impunidad reinante; asimismo, plantear los desafíos y las oportu7

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Almonacid Orellana y otros vs. Chile (Excepciones preliminares, fondo y reparaciones). Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Voto razonado del juez A. A. Cançado Trindade, p. 6, párr. 19, nota 18.

REFLEXIÓN nidades que surgen con el examen preliminar iniciado por la CPI sobre Honduras, especialmente para las víctimas y las organizaciones de derechos humanos; y, finalmente, insistir en la necesidad de llevar a cabo un trabajo coordinado del movimiento de derechos humanos ante el impulso de una investigación sobre los delitos internacionales cometidos por los altos mandos militares, civiles y policiales hondureños desde el golpe de Estado.

1. LA PROTECCIÓN DE LOS DDHH

MÁS ALLÁ DE LAS F RONTERAS NACIONALES A partir de la segunda mitad del siglo XX se dio un proceso de humanización y socialización del derecho internacional clásico mediante el reconocimiento de la dignidad humana, que propició las condiciones favorables para considerar a las personas sujetos de derecho internacional como portadoras de unos derechos que los Estados deben proteger y garantizar.

Dicho proceso ha tenido dos implicaciones esenciales para el derecho internacional contemporáneo.

Primero, el reconocimiento de los derechos humanos que, al generar obligaciones erga omnes, faculta a todos los Estados a exigir su observancia y, en su defecto, la responsabilidad internacional del Estado que no los garantice.

En otras palabras, un Estado ya no puede tratar arbitrariamente a quienes están bajo su jurisdicción, pues, la protección de los derechos humanos es un asunto que concierne a toda la comunidad internacional8. Segundo, el reconocimiento al individuo de subjetividad activa para denunciar ante un órgano judicial o cuasi-judicial a un Estado que viole sus derechos humanos, y de subjetividad pasiva para responder ante un tribunal internacional por transgredir las normas internacionales.

Así, la irrupción de los derechos humanos como valores superiores al poder del Estado presenta la novedad de que (a) las personas pasan a ser sujetos de derecho internacional; (b) los tratados de derechos humanos establecen unos estándares internacionales a los que el derecho interno y los poderes públicos nacionales deben adaptarse; y (c) estos tratados establecen mecanismos u órganos de vigilancia del cumplimiento de sus disposiciones por parte de los Estados y los individuos9.

8 9

Truyol y Serra, Antonio, Los derechos humanos, Tecnos, Madrid, 1984, p. 29.

Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, “La interpretación de los tratados internacionales de derechos humanos por los órga-

En este sentido, para hacer frente a las graves violaciones a los derechos humanos, los Estados, tanto a nivel interno como internacional, han establecido distintos mecanismos para perseguir tales crímenes y contribuir a erradicar la impunidad. Por un lado, un importante número de ellos ha reconocido el principio de jurisdicción universal, en virtud del cual tribunales nacionales distintos a los hondureños pueden procesar a los responsables de cometer violaciones a los derechos humanos consideradas crímenes internacionales, que, por su gravedad, constituyen un atentado contra la humanidad10.

El propio Código Penal hondureño reconoce este principio al señalar que: Artículo 5.- Los Tribunales hondureños conocerán, asimismo, de los delitos cometidos en el extranjero cuando el imputado se halle en Honduras y concurra alguna de las situaciones siguientes: […] 5) Cuando de conformidad con las convenciones internacionales de que Honduras forme parte, el delito se encuentre sometido a la ley penal hondureña por razones distintas de las mencionadas en los numerales precedentes o lesione gravemente los derechos humanos universalmente reconocidos […] (El subrayado es agregado).

Por otro lado, y en el marco del reconocimiento de la subjetividad pasiva del individuo, el 17 de julio de 1998 se estableció la CPI con facultades judiciales para determinar la responsabilidad penal individual de los responsables de la comisión de graves crímenes de trascendencia internacional, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión11.

El 11 de abril de 2002 se alcanzó el número de 60 ratificaciones necesarias para la entrada en vigor del Estatuto de Roma que crea la CPI. El Estado de Honnos internos: El caso de las obligaciones estatales en materia de derechos económicos, sociales y culturales”, en: Cantón, Octavio y Corcuera, Santiago (Coord.), Derechos económicos, sociales y culturales. Ensayos y materiales, Porrúa, México, 2004, p. 16.

10 Al respecto puede consultarse, García Arán, Mercedes y López Garrido, Diego (Coord.), Crimen internacional y jurisdicción universal. El caso Pinochet, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.

11 Para un análisis sobre los antecedentes de la justicia penal internacional véase: Corcuera, Santiago y Guevara, José Antonio (Comp.), Justicia penal internacional, Universidad Iberoamericana, México, 2001.

33 marzo 2011

REFLEXIÓN duras firmó dicho instrumento el 7 de octubre de 1998 y lo ratificó el 1 de julio de 2002; por tanto, a partir de ese momento, los graves crímenes internacionales cometidos en nuestra jurisdicción pueden ser juzgados por la CPI. Y, al ratificar este instrumento, el Estado hondureño no solo manifestó su voluntad de admitir la persecución penal internacional de los crímenes más graves de trascendencia internacional, sino que también aceptó la persecución de estos crímenes como tarea nacional de máxima prioridad12.

No obstante, la activación de la competencia de la CPI está condicionada por el principio de complementariedad, en el sentido de que solo puede actuar cuando un Estado no cumple con su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de ese tipo de crímenes. Por tanto, en virtud de este principio, existe una presunción a favor de las jurisdiccionales nacionales de que perseguirán eficazmente los crímenes internacionales señalados en el Estatuto de Roma, con lo cual se desactiva la competencia de la CPI. Pero tal presunción puede ser invertida si el tribunal penal internacional valora que la jurisdicción nacional carece de voluntad o capacidad para actuar en un caso determinado13.

Bajo estas premisas, el principio de complementariedad juega un rol fundamental para la aplicación de la justicia penal internacional en su interrelación con la justicia penal nacional, dado que parte de la idea de que (a) los crímenes internacionales deben castigarse; (b) el Estado tiene la obligación de garantizar que no queden en la impunidad; y, (c) en caso de que la persecución penal nacional sea insuficiente por causas jurídicas o fácticas, la CPI puede perseguir a los responsables de tales crímenes para evitar su impunidad14.

12 Grammer, Christoph, “El sistema del Estatuto de Roma como fuerza motriz del derecho penal internacional. El inesperado éxito del Estatuto de Roma en América Latina”, en: Ambos, Kai, Malarino, Ezequiel y Woischnik, Jan (Ed.), Temas actuales del Derecho Penal Internacional. Contribuciones de América Latina, Alemania y España, Fundación Konrad Adenauer, Montevideo, 2005, p. 44.

13 Flores Aguirre, Xavier Andrés, “La responsabilidad penal del individuo y su complementariedad con la Corte Penal Internacional: Perspectivas desde el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”, en American University International Law Review, Vol. 20, Nº 1, 2004, pp. 206-207.

14 Grammer, Christoph, “El sistema del Estatuto de Roma como fuerza motriz del derecho penal internacional. El inesperado éxito del Estatuto de Roma en América Latina”… op. cit., p. 43.

34 envío

2. ASPECTOS INSTITUCIONALES

Y PROCESALES DE LA JUSTICIA

PENAL INTERNACIONAL La CPI es un tribunal independiente que está integrado por cuatro órganos principales: la Presidencia, la División Judicial, la Oficinal del Fiscal y la Secretaría.

La Presidencia está compuesta por tres jueces electos por un término de tres años y es la responsable de la administración de la CPI, con excepción de la Oficina del Fiscal. La División Judicial está integrada por 18 jueces organizados en: (a) la División de Cuestiones Preliminares, (b) la División de Primera Instancia y (c) la División de Apelaciones, cada una de las cuales se encarga de desarrollar las actuaciones de la CPI en diferentes etapas del procedimiento.

La Oficina del Fiscal es la encargada de recibir remisiones e información sobre crímenes de la competencia de la CPI para examinarlas y realizar investigaciones y actuaciones judiciales ante el tribunal penal. La Secretaría se encarga de los aspectos no judiciales de la administración y prestación de servicios de la CPI; está dirigida por un secretario que es el principal funcionario administrativo del tribunal, y que ejerce sus funciones bajo la autoridad del Presidente15.

El derecho que aplica la CPI está constituido por (a) el Estatuto de Roma; (b) los Elementos de los Crímenes y las Reglas de Procedimiento y Prueba; (c) los tratados aplicables y los principios y normas del derecho internacional; y (d) los principios generales del derecho que derive la CPI del derecho interno de los sistemas jurídicos del mundo, siempre que no sean incompatibles con el Estatuto de Roma ni con el derecho internacional ni las normas y estándares internacionalmente reconocidos.

En términos de competencias, la CPI es competente ratione materiae (competencia material) para conocer sobre la comisión del crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y, cuando se determine su definición, el crimen de agresión. Respecto a la ratione temporis (competencia temporal), la CPI es competente para juzgar los crímenes cometidos después del uno de julio de 2002, fecha en que entró en vigor el Estatuto de Roma.

En relación con la ratione personae (competencia personal), la CPI es competente para juzgar los crímenes cometidos por (a) el nacional de un Estado Parte 15 También forman parte de la CPI (a) la Oficina del Defensor Público para las Víctimas; (b) la Oficina del Defensor Público para la Defensa; y (c) el Fondo Fiduciario.

REFLEXIÓN que es acusado de uno los crímenes internacionales; (b) el nacional de un Estado que no es Parte, pero que ha formulado una declaración ad hoc aceptando su jurisdicción; y (c) cuando el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (en adelante la ONU) remite una situación a la CPI, cuya competencia es determinada por los términos de dicha remisión y, por tanto, no se limita a los nacionales y al territorio de los Estados Parte.

Finalmente, la CPI es competente ratione loci (competencia territorial) para juzgar los crímenes cometidos (a) en el territorio de un Estado Parte del Estatuto de Roma, independientemente de la nacionalidad del autor; (b) en el territorio de un Estado que ha hecho una declaración ad hoc de reconocimiento de la jurisdicción de la CPI; y (c) cuando el Consejo de Seguridad le envíe una situación en la que determine los términos de la remisión.

Una investigación sobre crímenes de competencia de la CPI puede iniciarse cuando: (a) un Estado Parte remite una situación a la Oficina del Fiscal en la cual parezca haberse cometido uno o varios de los crímenes sujetos a su competencia, como sucedió en los casos enviados por Uganda, República Democrática del Congo y República Centroafricana; (b) el Consejo de Seguridad remite a la Oficina del Fiscal una situación, como en el caso de Darfur, Sudán y actualmente en el de Libia; (c) el Fiscal inicie una investigación de oficio o motu propio, previa autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares, con base en información recibida de cualquier fuente confiable; y (d) un Estado que no es Parte en el Estatuto de Roma remite una situación si deposita una declaración ad hoc aceptando la jurisdicción de la CPI, como sucedió en el caso de la República de Costa de Marfil.

Todo lo anterior evidencia el nexo intrínseco que existe entre el derecho penal internacional y los derechos humanos, el cual se construye a través de la impunidad universal de las graves violaciones a los derechos humanos, en tanto que ésta conduce a un vacío de punibilidad fáctica, cuyo fin o disminución, a través del castigo a sus autores intelectuales y materiales, es el objetivo más elemental del derecho internacional penal y de su instrumento más importante, el Estatuto de Roma16.

16 Ambos, Kai, Derecho y proceso penal internacional. Ensayos críticos, Fontamara, México, 2008, pp. 25 y 45.

3. LAS VIOLACIONES A LOS DDHH

EN EL MARCO DEL GOLPE DE ESTADO: DE DELITOS COMUNES A CRÍMENES

DE LESA HUMANIDAD Desde hace más de un año distintas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos comenzaron a remitir comunicaciones a la Oficina del Fiscal de la CPI en las que denuncian que las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por policías, militares y civiles hondureños reúnen los elementos para ser consideradas crímenes de lesa humanidad.

De acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de Roma, los crímenes de lesa humanidad son todos aquellos actos inhumanos que se cometan, como parte de un ataque generalizado o sistemático, contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque; entre tales actos están el asesinato; el exterminio; la esclavitud; la deportación o traslado forzoso; la encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; la tortura; la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable.

También se incluyen en esta categoría de crímenes la persecución de un grupo o colectividad fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables en el derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado anteriormente; la desaparición forzada de personas; el crimen de apartheid; y, otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

Para que estos actos puedan ser clasificados dentro de la definición de crímenes de lesa humanidad, es necesario que: (a) se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático; (b) se dirijan contra una población civil; y, (c) se cometan de conformidad con la política de un Estado o de una organización, lo cual implica que pueden cometerlos agentes del Estado o personas que actúen a incitación suya o con su consentimiento o beneplácito, como los grupos paramilitares. Es importante resaltar que los crímenes de lesa humanidad pueden ser perpetrados tanto en tiempos de paz como de guerra, y que el autor de los mismos debe tener conocimiento del ataque en relación con el contexto más amplio en que se cometen.

En este sentido, el crimen de lesa humanidad está constituido por dos elementos estructurales, a saber, (a) el elemento material o tipo objetivo del crimen (actus 35 marzo 2011

REFLEXIÓN reus) que describe la conducta típica, las consecuencias resultantes y las circunstancias externas que deben producirse; y (b) el elemento subjetivo (mens rea) que exige que se lleve a cabo con conocimiento e intención; es decir, el autor debe saber lo que hace y que su conducta no es tolerada por el derecho internacional.

Pero, además de la conducta típica, deben concurrir dos particularidades específicas; es decir, que se realice en el marco de un ataque generalizado o sistemático y que sea contra un sujeto pasivo con características concretas: la población civil17.

Por tanto, las circunstancias en las que se desarrolla la conducta delictiva —un ataque generalizado o sistemático contra la población civil— son las que determinan la gravedad de las violaciones a los derechos humanos para considerarlas crímenes internacionales, las cuales deben ser tratadas como tales en el ámbito interno o, en su defecto, en el ámbito internacional. En otros términos, para que un acto delictivo se constituya en crimen internacional debe realizarse en conexión con un contexto específico que, en el caso de Honduras, ha sido el golpe de Estado y la posterior militarización del país.

En este esquema, (a) la conducta delictiva la constituyen los asesinatos, torturas, detenciones ilegales, agresiones sexuales, tratos crueles inhumanos y degradantes, persecuciones por motivos políticos y otras graves violaciones a los derechos humanos ocurridas a partir del 28 de junio de 2009; (b) la consecuencia o resultado ha sido la severa privación a miles de personas de sus derechos humanos en contravención con el derecho internacional; y (c) las circunstancias en que se ha desarrollado la conducta delictiva corresponden al contexto del golpe de Estado.

Retomando la idea del principio de complementariedad, desde el momento en que comenzaron tales conductas, la justicia penal hondureña debió cumplir con su obligación de perseguirlas efectivamente, dado que dicho principio implica una relación de subsidiariedad entre la CPI y la justicia nacional, la cual es una permanente invitación a los jueces y juezas nacionales a ejercer su jurisdicción sobre los crímenes internacionales cometidos en su territorio, “ya que de no hacerlo, o de hacerlo sin observar la supremacía del

17 Liñán Lafuente, Alfredo, “La tipificación del crimen de persecución en el Estatuto de Roma y su primera aplicación en el Tribunal Híbrido Internacional de Timor Oriental”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, N° 10, Granada, 2008, p. 2. Accesible en: http://criminet.ugr.es/recpc/ 36 envío

derecho internacional sustrayendo a un individuo de su responsabilidad, se estaría activando la jurisdicción de la CPI”18.

Además, la relación de subsidiariedad se basa en el presupuesto de que el Estado en cuya jurisdicción se comete un crimen internacional tiene la voluntad y la capacidad de perseguirlo penalmente y de castigar a los responsables. Tener voluntad implica la existencia de una política criminal o judicial; tener capacidad implica la existencia de una normatividad adecuada para perseguir tales crímenes19.

De conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma, no hay disposición o voluntad de actuar si (a) se inicia un procedimiento o se toma una decisión con la intención de sustraer a los supuestos responsables de crímenes internacionales de su responsabilidad penal; (b) se demora injustificadamente la comparecencia de los responsables ante la justicia; y (c) se inicia un procedimiento sin las características de independencia e imparcialidad o sin la intención de hacer comparecer a los responsables ante la justicia. Del mismo modo, no hay capacidad si (a) existe un colapso total o sustancial del sistema de administración nacional de justicia; (b) no se puede hacer comparecer a los responsables ante la justicia; (c) no se dispone de las pruebas o testimonios necesarios; y (d) no se está por otras razones en condiciones de llevar a cabo el juicio.

Al trasladar este marco teórico-normativo al caso hondureño, se evidencia que el Estado no ha actuado en consecuencia con el Estatuto de Roma en tanto no ha cumplido con su obligación de perseguir penalmente las posibles conductas delictivas consideradas lesivas internacionalmente, pues, inexcusablemente, a partir del golpe de Estado (a) los recursos judiciales han sido ineficaces20; (b) la falta de independencia del Poder Judicial y la aplicación e interpretación desiguales y discriminatorias de la ley han sido evidentes; y (c) la Fiscalía, los jueces y la Corte Suprema de Justicia en general, han respaldado al gobierno de facto defendien18 Collantes, Jorge Luis, “La Corte Penal Internacional. El impacto del Estatuto de Roma en la jurisdicción sobre crímenes internacionales”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, N° 4, Granada, 2002, pp. 4-5. Accesible en: http:// criminet.ugr.es/recpc/ 19 Ambos, Kai, Derecho y proceso penal internacional…. op. cit., pp. 97-98.

20 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Honduras: Derechos humanos y golpe de Estado… op. cit., pp. 2 y 146-148, párr. 6 y 551, 558-559.

REFLEXIÓN do medidas restrictivas a costa de la protección de los derechos humanos y del respeto del Estado de derecho21.

Sumado a ello, el Estado de Honduras tampoco ha realizado acciones concretas encaminadas a cumplir con su obligación internacional de modificar y adaptar la legislación interna a las disposiciones del Estatuto de Roma. Si bien algunos de los actos delictivos individuales que forman parte de los crímenes de lesa humanidad se encuentran contemplados en la legislación hondureña, como por ejemplo, el asesinato, las lesiones, las detenciones arbitrarias, la violación y otros abusos sexuales, etc., éstos no contienen el elemento internacional que los convierte en crímenes internacionales, es decir, su comisión sistemática o generalizada contra una población civil22.

Por tanto, el Estado hondureño ha demostrado fehacientemente su falta de voluntad y capacidad para vencer los obstáculos jurídicos y fácticos que le permitan perseguir penalmente y castigar a los responsables de los supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos desde el golpe de Estado, con lo cual abre la puerta para que la CPI pueda asumir la jurisdicción de los casos que se denuncian en las diversas comunicaciones que se han remitido a la Oficina del Fiscal de dicho tribunal.

4. LA RESPONSABILIDAD PENAL

INTERNACIONAL DE LOS ALTOS

RESPONSABLES DEL GOBIERNO

DE FACTO Y OTROS ACTORES La determinación de la responsabilidad penal internacional parte de la hipótesis de que ningún sistema judicial en el mundo tiene la capacidad de perseguir todos los delitos y castigar a todos los culpables. Por ello, se ha establecido una política de persecución selectiva que limita la obligación de persecución ratione personae de la justicia penal internacional, lo cual implica perseguir y sancionar penalmente solo a las cúpulas, líderes o altos responsables de los Estados u otras organizaciones23.

En virtud del artículo 25 del Estatuto de Roma, la CPI ejerce su competencia no solo sobre los autores materiales de un crimen de lesa humanidad, sino tam21 OACNUDH, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras… op. cit., p. 16, párr. 68.

22 Ambos, Kai, Derecho y proceso penal internacional…. op. cit., p. 98.

23 Ibíd., p. 37.

bién sobre quienes lo hayan ordenado deliberadamente, incitado a otras personas a cometerlos, o proporcionado los medios para ejecutarlos.

Por tanto, en el ámbito de la competencia de la CPI, puede ser penalmente responsable quien (a) cometa un crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro, sea éste o no penalmente responsable; (b) ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa; (c) sea cómplice o encubridor, o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de comisión del crimen, incluso suministrando los medios para su ejecución; o (d) contribuya intencionalmente de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común.

De esta manera, las disposiciones del Estatuto de Roma son aplicables por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial; en consecuencia, el cargo oficial de una persona, sea jefe de Estado o de gobierno, miembro de un gobierno o parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.

Algo muy importante es que los jefes militares oficiales o de facto son responsables penalmente por los crímenes de lesa humanidad cometidos por fuerzas bajo su mando o autoridad y control efectivo; esta responsabilidad penal se extiende a los superiores civiles por los actos de los subordinados que estén bajo su autoridad y control efectivo.

Así las cosas, el artículo 28 de dicho instrumento establece un parámetro de responsabilidad penal de superiores civiles por actos de sus subalternos (a) cuando hubieren tenido conocimiento de la comisión o del planeamiento de crímenes de lesa humanidad o hubieren, deliberadamente, hecho caso omiso de dicha información cuando sea claramente indicativa; (b) cuando tales crímenes guarden relación con actividades bajo su responsabilidad y control efectivo; y (c) cuando no hubieren adoptado todas las medidas necesarias y razonables para evitarlos, reprimirlos o denunciarlos.

En virtud de lo anterior, no se requiere probar que el jefe militar o el que actúa como tal haya impartido una orden específica de cometer un crimen de lesa humanidad, ya que puede ser responsable aun por actos de sus subordinados que él no haya conocido pero que, dadas las circunstancias del caso, haya debido conocer, impedir, reprimir o denunciar24.

24 El artículo 28 es de suma importancia pues parte de una relación fáctica y considera como superior a aquel que posee autoridad y

37 marzo 2011

REFLEXIÓN De lo anterior se desprende que para determinar la responsabilidad del superior es necesaria la concurrencia de ciertos requisitos que deben ser analizados desde un punto de vista objetivo y subjetivo. Desde el punto de vista objetivo, (a) el autor es el jefe militar (de hecho) u otro jefe de tropas o de otros subordinados, cuya relación esté caracterizada por la autoridad y el control efectivo; (b) el mando y control o bien la autoridad y control sobre los subordinados debe ser efectivo, y en caso del superior no militar debe poseer, además, responsabilidad y control efectivo sobre las acciones de los subordinados que conducen a los crímenes; (c) los crímenes de los subordinados deben ser el resultado de la ausencia de control del superior; (d) el superior omite la realización de las contramedidas necesarias y razonables a su alcance; y, (e) las contramedidas deben prevenir o reprimir la comisión de los crímenes, o el superior debe poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento25.

Desde el punto de vista subjetivo, (a) el superior militar y no militar sabía o tenía el conocimiento efectivo de los crímenes; (b) el superior militar hubiere debido saber de los crímenes; y, (c) el superior no militar, deliberadamente, hace caso omiso de información que indicase claramente la existencia de los crímenes.

En el contexto del golpe de Estado, los crímenes cometidos eran tan notorios y generalizados, que es imposible argumentar que los altos responsables civiles y militares del gobierno de facto no tenían conocimiento de ellos. En este sentido, resulta evidente que: (a) existía información, de la cual resultaba claramente un riesgo significativo de que sus subordinados estaban cometiendo o se proponían cometer tales crímenes; (b) esa información estaba a disposición de los altos mandos; y (c) no se ocuparon profundamente de esa información, aunque conocían su existencia26.

De los informes ya conocidos de organizaciones nacionales e internacionales se puede deducir que los altos mandos militares, policiales y civiles planificaron, ordenaron, apoyaron y consintieron la actividad control efectivo sobre sus subordinados, lo cual permite incluir en la categoría de responsables penalmente a quienes controlan grupos armados, como los que actúan en el valle del Bajo Aguán.

25 Ambos, Kai, La parte general del derecho penal internacional.

Bases para una elaboración dogmática, trad. de Ezequiel Malarino, Fundación Konrad Adenauer, Montevideo, 2005, pp.

333-334.

26 Ibíd.

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criminal de sus subordinados; y, aun si no fuera de esa manera, tenían el doble deber de: (a) saber que en el contexto del golpe de Estado podían ocurrir graves violaciones a los derechos humanos y, (b) conocer los delitos cometidos por sus subordinados, frente a los cuales, aun teniendo posibilidad de intervención, no emprendieron ninguna medida. Con ello, incumplieron con la obligación de control, protección y vigilancia que tenían en su posición de garantes.

5. DESAFÍOS EN LA LUCHA

CONTRA LA IMPUNIDAD El proceso para activar la competencia de la CPI comienza con la remisión de información a la Oficina del Fiscal, quien analizará su veracidad y podrá recabar más información de los Estados, los órganos de la ONU, las organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales, u otras fuentes fidedignas que considere apropiadas, y podrá recibir testimonios escritos u orales en la sede de la CPI, y realizar misiones in loco para reunirse con las partes involucradas.

Si considera que existe fundamento suficiente para abrir una investigación, presentará a la Sala de Cuestiones Preliminares una petición de autorización para ello, junto con la documentación justificativa que haya reunido. Las víctimas pueden presentar sus observaciones ante esta Sala, que toma la decisión final de autorizar al Fiscal el inicio de la investigación.

En el caso hondureño, el Fiscal de la CPI manifestó que su Oficina ha recibido muchas comunicaciones relacionadas con las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del golpe de Estado. Se conoce que una de esas comunicaciones fue remitida por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), en la cual se pide que se investigue a los altos responsables del gobierno de facto y a los propietarios de medios masivos de comunicación y autoridades religiosas por la comisión y apología de crímenes de lesa humanidad.

Sólo por mencionar a algunos, entre los posibles investigados se encuentran: (a) Roberto Micheletti y demás miembros del gobierno de facto; (b) el general Romeo Vásquez Velásquez y demás jefes y ex jefes de la cúpula militar, aérea y naval; (c) Salomón de Jesús Escoto Salinas, director general de la Policía y demás comandantes; (d) Billy Joya Améndola, asesor de Seguridad del gobierno de facto; (e) Jorge Alberto Rivera Avilés, presidente de la Corte Suprema de Justicia; (f)

REFLEXIÓN Luis Alberto Rubí Ávila, Fiscal General del Estado; (g) José Alfredo Saavedra Paz, ex presidente del Congreso Nacional, y demás diputados que impulsaron el golpe de Estado; (h) Carlos Roberto Flores Facussé, propietario del diario La Tribuna; (i) Jorge Canahuati Larach, propietario de los diarios El Heraldo y La Prensa; (j) José Rafael Ferrari, propietario de Emisoras Unidas y Televicentro, entre otros27.

Es importante destacar que: (a) los denunciados no pueden alegar que no dieron orden a sus subordinados para cometer el crimen de persecución política, ya que son responsables aun por actos de sus subordinados que no hayan conocido pero que, dadas las circunstancias del caso, hayan debido conocer, impedir, reprimir o denunciar; (b) los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles; y, (c) las penas aplicables van desde los 30 años de reclusión a cadena perpetua, además de multas y decomisos de las especies que sean propiedad de los posibles condenados.

No se puede ignorar que la apertura de una investigación por parte de la Oficina del Fiscal de la CPI no es fácil ya que, entre otras cosas, tiene pocos recursos y debe priorizar las situaciones más graves ante la gran cantidad de comunicaciones que recibe cada año. Lo que sí es claro es que, en el caso de Honduras, después de que el Fiscal recibió las comunicaciones, realizó una evaluación inicial mediante la cual determinó que los hechos denunciados debían ser examinados con mayor profundidad.

En tal sentido, los criterios que guían el proceder del Fiscal para determinar si hay base suficiente para iniciar una investigación son: (a) la complementariedad, en virtud de la cual establece si se han realizado o si se están llevando a cabo procedimientos en el ámbito nacional por los mismos crímenes y en relación con los mismos responsables; (b) la gravedad, lo que implica una evaluación de la forma, el grado, la naturaleza y el impacto de los presuntos crímenes cometidos; y, (c) el interés de la justicia, que implica valorar si una investigación no aportará a tal interés, a pesar de la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas.

Aunque no existe una norma que establezca un plazo para que la Oficina del Fiscal decida iniciar una investigación, las posibilidades existentes son: (a) que determine que un examen preliminar no cumple con las exigencias necesarias para iniciarla; (b) que determine la necesidad de continuar monitoreando los procedi-

mientos nacionales y recopilando más información por un período indefinido, con el fin de articular los elementos fácticos y jurídicos para tomar una decisión; y, (c) que determine iniciar una investigación.

Las tres posibilidades anteriores presentan desafíos para las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, pues, antes de tomar una decisión, el Fiscal debe garantizar que tanto el Estado hondureño como cualquier otra parte interesada tengan la oportunidad de proveer toda la información relevante.

La primera no necesariamente cierra las puertas a la justicia penal internacional, ya que el Fiscal puede examinar, a la luz de nuevos hechos y pruebas, otra información que reciba en relación con la misma situación, lo cual reviste gran importancia ahora que, con el régimen actual, se presume que se ha puesto en marcha una política de Estado de represión selectiva, cuyas violaciones a derechos humanos es preciso continuar documentando de forma sistemática.

Lo mismo sucede con la segunda posibilidad, ante la cual las organizaciones deben ir más allá de la mera documentación y, si es posible, debieran constituir un equipo técnico multidisciplinario y nacional que analice y profundice en los tipos delictivos para que la recopilación y actualización de las pruebas, testimonios, documentos, etc. estén enfocadas a encajar en los elementos objetivos y subjetivos de las conductas que puedan constituir crímenes internacionales.

La tercera posibilidad es el escenario ideal en la lucha contra la impunidad pues, si la investigación de la Oficina del Fiscal lo lleva a solicitar el libramiento de órdenes de búsqueda y captura contra los imputados, puede funcionar como un poderoso elemento disuasorio y preventivo para la comisión de futuros crímenes de este tipo, lo cual se da en una doble dimensión.

En primer lugar, mediante (a) la prevención general positiva que consiste en garantizar la aplicación del derecho penal internacional y reforzar los bienes jurídicos que protege, y (b) la prevención general negativa que resulta de transmitir a la clase dirigente mundial el mensaje de que aquellos que incurran en delitos atroces no quedarán impunes. En segundo lugar, a través de la intervención oportuna en situaciones en las que existan amenazas concretas de futuros crímenes internacionales o en las que este tipo de delitos ya se están cometiendo28.

27 Los nombres de los posibles investigados se encuentran en una de las comunicaciones enviada por la APDHE y la FIDH.

28 Olásolo, Héctor, La función de la Corte Penal Internacional en la prevención de delitos atroces mediante su intervención oportuna: 39 marzo 2011

REFLEXIÓN En conclusión, es urgente que las organizaciones nacionales promuevan acuerdos mínimos para impulsar un trabajo coordinado que les permita dotar a la Oficina del Fiscal de la CPI de los insumos necesarios para que ésta llegue a la conclusión de que existe fundamento suficiente para abrir una investigación en torno de la responsabilidad penal internacional de los altos respon-

sables del gobierno de facto y otros actores y, a partir de ahí, elaborar y desarrollar una estrategia que combine (a) actuaciones judiciales, (b) acompañamiento a las víctimas, (c) coordinaciones y relaciones internacionales, (d) campañas de sensibilización y formación, y (e) actividades de información y debate público.

De la doctrina de la intervención humanitaria y de las instituciones judiciales ex post facto al concepto de responsabilidad para proteger la función preventiva de la Corte Penal Internacional.

Lección Inaugural como Catedrático de Derecho Penal Internacional y Derecho Procesal Internacional de la Universidad de Utrecht, dictada el 18 de octubre de 2010 en el Aula Magna del Edificio Académico de la Universidad de Utrecht, pp.4-5.

A veces la verdad histórica es más fascinante que la leyenda Así lo confirma este libro de Rina Villars sobre la vida del hondureño Juan Pablo Wainwright Nuila, uno de los fundadores del movimiento comunista centroamericano, ejecutado en Guatemala en 1932 por la dictadura de Jorge Ubico.

Como afirma Marvin Barahona en el prólogo, una de las facetas más destacadas de esta obra es que «se mece entre la biografía individual del personaje y la biografía colectiva de la sociedad…».

Sin duda, en sus páginas hay mucho que aprender.

De venta en las principales librerías del país.

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