¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA LUCHA POPULAR! A nivel internacional se desenvuelve un proceso de criminalización de la lucha popular por medio del cual se busca impedir que los pueblos defiendan sus derechos fundamentales y principalmente el derecho por excelencia de luchar por un mundo mejor, luchar por la revolución. El Estado en todas partes es la organización de las clases dominantes para defender su orden establecido. Su columna vertebral son las fuerzas armadas y policiales. Su Derecho y sus leyes no son sino la expresión jurídica de la dominación de clase. En particular, desde los sucesos del 11 de setiembre del 2001, encabezado por los Estados Unidos, se impulsa a nivel mundial el proceso de criminalización de la lucha popular, lucha que califican de “terrorista” para desprestigiarla y aplastarla. Ante el descontento, la protesta, la lucha de las masas contra el capitalismo y el imperialismo, en especial en la actual crisis que condena a la desocupación y la miseria a millones de personas, los Estados implementan mecanismos cubiertos de legalidad para igualar la lucha popular con la acción delincuencial y poderla reprimir con violencia amparado en sus normas legales. Así, por ejemplo, las tomas de locales y carreteras son definidos como “actos terroristas”, se prohíbe las huelgas en diversos sectores tras que son “servicios básicos”, se da facultades a los ejércitos para reprimir movilizaciones populares garantizándoles impunidad, se persigue y sataniza a los revolucionarios llamándoles “terroristas” concibiéndolos como subhumanos o no personas y a sus organizaciones se les tilda de “organizaciones terroristas”, se niega la libertad de expresión, caso del Perú donde con un proyecto de ley de negacionismo se prohíbe interpretar la guerra vivida en los años 80. Esto a más de sus mecanismos ilegales que practican como detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos extrajudiciales, desapariciones como por ejemplo en Colombia y otros lugares. En América Latina, las campañas contra la criminalización se han expresado en diversos países como Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Méjico, Perú, Brasil, etc., países donde la represión estatal ha cobrado en los últimos años centenares de vidas de los más pobres que luchan por la defensa de derechos fundamentales del pueblo, contra el saqueo de sus tierras y sus aguas por la gran minería, contra la explotación del capitalismo que oprime y hunde en la miseria a los obreros y trabajadores. En el Perú, pese a que el conflicto armado interno iniciado en 1980 terminó hace 20 años, se sigue aplicando una legislación antiterrorista y un conjunto de medidas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Perú, como las propuestas de ley del “negacionismo”, “muerte civil”, “medidas de seguridad y de custodia”, abusivos embargos a los pocos bienes de los familiares y abogados de los prisioneros políticos; medidas que muestran la existencia de una campaña de persecución política contra los comunistas, los verdaderos demócratas y que extienden al pueblo. Buscan contener la lucha del pueblo por la defensa y restitución de sus derechos, beneficios, conquistas y libertades democráticas, por lo que nadie que se llame demócrata puede permitir que en un estado de derecho puedan imponerse medidas de esta naturaleza. Así, con la propuesta de la llamada ley del negacionismo se quiere imponer como verdad única la versión estatal que llama “terrorista” a todo el proceso de guerra interna que vivió el Perú, persiguiendo penalmente a quienes opinen distinto, atentando contra el derecho
a la libertad de pensamiento, opinión, expresión, el derecho a conocer la verdad histórica de la guerra interna, el derecho de investigar, informar, opinar, y difundir libremente las diversas posiciones y opiniones que existen, derechos que han sido reconocidos en la propia Constitución política del Perú y en las leyes internacionales. Son posiciones reaccionarias que sirven a la política del imperialismo norteamericano en su combate contra el llamado “terrorismo” que criminaliza las luchas de los revolucionarios y de los pueblos y naciones oprimidas en el mundo y exculpa la represión y acción realmente terrorista de sus Estados. En el Perú sirve a ocultar la siniestra línea genocida del Estado peruano causante de decenas de miles de muertos y desaparecidos en la guerra interna. A partir del 2001, en el gobierno de Alejandro Toledo fueron 15 los asesinados por las fuerzas de seguridad en las protestas sociales. Con Alan García fueron 191 los muertos, principalmente campesinos, obreros, trabajadores, estudiantes. Y ya van más de 20 muertos bajo el gobierno derechista de Ollanta Humala que desenvuelve la persecución política a quienes cuestionan el sistema capitalista. Frente a este proceso de criminalización de la lucha popular en el Perú y el mundo, los organismos y personalidades realmente democráticos salen al frente en defensa de los derechos fundamentales del pueblo que están siendo conculcados, la libertad de opinión, de expresión, de investigación, de organizarse políticamente, de sindicalización, de movilización, de estabilidad laboral, de negociación colectiva, de huelga, de protesta, contra la persecución política y social, la impunidad de la represión, los asesinatos extrajudiciales, las desapariciones. Es en esta situación que en el Perú, los estudiantes y profesionales de Derecho agrupados en el Instituto de Asesoría e Investigación Jurídica Ratio Iuris, hemos decidido llevar adelante un Foro Internacional Sobre la Criminalización de la Lucha Popular en el Perú y el Mundo a llevarse a cabo los días 21 y 22 de noviembre del 2013 que tiene como objetivo elevar la toma de conciencia en la opinión pública nacional e internacional de la necesidad de enfrentar la criminalización de la lucha popular, defender los derechos fundamentales del pueblo y organizarse para ello. Contando con la participación y el apoyo de las organizaciones y personalidades defensoras de los derechos fundamentales, esperamos llevar adelante y rematar con éxito este Foro Internacional. ¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA LUCHA POPULAR! ¡DEFENDER LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL PUEBLO!
Lima, julio del 2013