3.12 La trampa institucional en América Latina y el Caribe

Las demandas insatisfechas de un gran porcentaje de la población de ALC provocan una trampa institucional que pone en peligro la sostenibilidad del contrato social. El aumento de las aspiraciones sociales está imponiendo una presión adicional sobre las instituciones, que son incapaces de responder a las demandas cambiantes de los ciudadanos. Además, las debilidades institucionales y la incidencia de la captura de políticas son problemas importantes en ALC, como lo indican los altos niveles de percepción de corrupción y la desconfianza general en las instituciones expresada por los ciudadanos (OCDE/CAF/CEPAL, 2018). Todos estos elementos generan una desvinculación de la ciudadanía respecto de sus deberes cívicos, dado que ven poco valor en el cumplimiento de sus obligaciones sociales, como la de pagar impuestos. De esta forma, los ingresos fiscales se ven mermados, lo que limita los recursos disponibles para que las instituciones públicas suministren bienes y servicios de mejor calidad y respondan a las crecientes aspiraciones de la sociedad. Esta trampa institucional es un círculo vicioso (Gráfico 3.12) que tiene grandes implicaciones. Perpetúa las desigualdades y genera una fractura social que debilita el contrato social.

Gráfico 3.12. La trampa institucional en América Latina y el Caribe

Fuente: Elaboración propia.

Descomponiendo la trampa institucional

Los bajos niveles de satisfacción con los bienes públicos, aunados a la cada vez menor confianza en las instituciones públicas, han erosionado la “moral fiscal” en la región. La “moral fiscal” se refiere a la disposición de los ciudadanos a pagar impuestos, la cual ha disminuido en años recientes. De hecho, tras un periodo (de 2008 a 2011) en el que la moral fiscal aumentó, en 2016 el 53.4% de la población consideraba justificable no pagar impuestos, en comparación con el 46% en 2011 (Gráfico 3.13).

Una baja moral fiscal debilita la capacidad del Estado para aumentar los ingresos fiscales, que de por sí son escasos en ALC. Esto, a su vez, limita los recursos disponibles para mejorar los bienes y servicios públicos. En 2016, pese a un aumento sostenido desde los años 1990, los ingresos fiscales de ALC (22.7% del PIB) quedaron muy por debajo de la cifra correspondiente de la OCDE (34.3% del PIB). Sin embargo, existen grandes diferencias entre los países de ALC: desde el 12.6% en Guatemala hasta un 41.7% en Cuba (Gráfico 3.14) (OCDE/CEPAL/CIAT/BID, 2018). Esto ilustra los limitados recursos disponibles para mejorar los servicios públicos y el funcionamiento de las instituciones, y refuerza la importancia de infundir confianza y generar legitimidad fiscal para romper con la trampa institucional que existe en la región.