BORRADOR
DOCUMENTO RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE PARA LA DEMOCRACIA OEA – ABRIL 2015 “PROSPERIDAD CON EQUIDAD: EL DESAFÍO DE LA COOPERACIÓN EN LAS AMÉRICAS” La Red Latinoamérica y del Caribe para la Democracia (RedLad), es una plataforma de diálogo e incidencia en la que participan más de 400 organizaciones sociales que trabajamos en todos los países por más participación ciudadana, igualdad de oportunidades en todos los ámbitos y democracia plena. RedLad ve en la VII Cumbre de las Américas una nueva instancia de debate regional donde la Sociedad Civil puede presentar las líneas de acción en pos del respeto a los Derechos Humanos. Los temas de agenda en esta Cumbre brindan la oportunidad de presentar aportes desde el trabajo territorial que la sociedad civil, con su mirada crítica y constructora, puede realizar en pos de los derechos de la ciudadanía.
“PROSPERIDAD con EQUIDAD: EL DESAFÍO DE LA COOPERACIÓN EN LAS AMÉRICAS” MANDATOS PARA LA ACCIÓN Educación Según datos de UNESCO - En América Latina y en el Caribe, unos 35 millones de niñas y niños entre 3 y 18 años no van a la escuela (casi el gran total de la población de Colombia). Así mismo, 30 millones de adolescentes en edad escolar no están inscritos en la escuela, lo cual equivale a uno de cada tres adolescentes en edad escolar secundaria. En Perú, uno de cada cuatro adolescentes afrodescendientes sale de la escuela debido a la falta de recursos. Aproximadamente 25% de los/as jóvenes/adolescentes de la región están desempleados/as y no asisten a la escuela. Además 30 millones de jóvenes/adolescentes trabajan de manera informal y en condiciones difíciles. Considerando la Educación como un derecho fundamental de todo ser humano y compartiendo los mandatos sobre la educación la Redlad considera importante mantener los esfuerzos realizados en la región para aumentar la cobertura de la educación primaria y DOCUMENTO RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE PARA LA DEMOCRACIA OEA – ABRIL 2015 “PROSPERIDAD CON EQUIDAD: EL DESAFÍO DE LA COOPERACIÓN EN LAS AMÉRICAS”
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básica, pero indica que se requieren mayores acciones en lo que respecta a la educación para la primera infancia y la educación media y superior. Según datos de la UNESCO (2012) “en América Latina y el Caribe hay aún 2,7 millones de niños excluidos de la enseñanza primaria y 1,7 millones de adolescentes sin escolaridad secundaria. Unos ocho millones de jóvenes de entre 15 y 24 años, es decir, uno de cada doce, ni siquiera han llegado a terminar sus estudios primarios (…) en el caso de la educación superior, solo un 18 por ciento cuenta con estudios universitarios, mientras que 20 millones de jóvenes ni estudia ni trabaja” (El Colombiano, 2012).
Ahora, Redlad considera que aún, en toda la región, se requieren urgentes esfuerzos para hacer una mejora en la calidad y pertinencia de la educación. Adicionalmente, es necesario reducir la brecha que existe entre la calidad y cobertura de la educación privada y pública, y la que recibe la población rural y las minorías étnicas. Especial atención, además, debe prestarse a las inequidades de género en el acceso a la educación ya que en la región “el 6,5% de los varones de entre 15 y 24 años no estudia ni trabaja, mientras que entre las mujeres esta proporción supera al 23,4%” (SITEAL, 2013). Redlad reconoce que existen muy diversos factores que afectan, positiva o negativamente, la calidad de la educación. Entre estos queremos resaltar las condiciones laborales de los y las maestros/as de educación primaria así como la de profesores/as de secundaria. Entre éstas se encuentra su capacitación, tecnificación y evaluación, así como su remuneración, que sigue siendo insuficiente para quienes educan a las presentes y nuevas generaciones. Es una realidad que en muchos países de América Latina y el Caribe, los presupuestos destinados a la Educación son insuficientes, a pesar de los esfuerzos continuos de los últimos años por aumentarlos. Es necesario llamar la atención de países como Ecuador, El Salvador, Bolivia, Guatemala, Panamá y Nicaragua, que son los países que menos han aumentado sus presupuestos educativos (ECOSOC, 2011). Asegurar el acceso a la educación es responsabilidad de los Estados y acordamos con el mandato de la obligatoriedad del sistema educativo hasta el bachillerato que incluya a toda la población en igualdad de condiciones. Partiendo además del análisis que la obligatoriedad intenta la permanencia de los/as estudiantes, se deben generar métodos que los y las alienten y resulten gratificantes a la hora del aprendizaje. El cambio de modelo de sistema educativo se está orientando a una educación homogenizante y centralizada en detrimento de una educación que no recoge las diversidades culturales, especialmente del sistema de educación bilingüe para los pueblos indígenas. DOCUMENTO RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE PARA LA DEMOCRACIA OEA – ABRIL 2015 “PROSPERIDAD CON EQUIDAD: EL DESAFÍO DE LA COOPERACIÓN EN LAS AMÉRICAS”
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En Ecuador, por ejemplo, se han cerrado escuelas en el sector rural debido a lógicas de planificación territorial desde algunos gobiernos, sin revisar los contextos geográficos y culturales, lo que está limitando el acceso y permanencia de niños y niñas a las Escuelas del Milenio, creadas en las cabeceras de los cantones, distantes de las comunidades rurales, sin asegurar transporte y seguridad. Hemos notado que en algunos países se han generado problemas graves para asegurar a futuro contar con recursos profesionales, debido a que muchos/as jóvenes bachilleres no acceden a la universidad. Una de las más importantes razones es la dificultad para alcanzar el puntaje establecido en el examen de ingreso; si bien se han generado mecanismos para superar esta situación, no se ha enfrentado el problema medular que es una brecha entre los estándares de educación básica y los requerimientos para el acceso universitario. Se requiere, además, aportar tecnología1 al sistema educativo la reducción de las brechas digitales generando una educación inclusiva e igualitaria en el acceso al aprendizaje y a la información a través de una herramienta didáctica en una nueva era. 2 En general, la Redlad acoge las recomendaciones que expertos han hecho para lograr una educación con equidad en la región (ECOSOC, 2011): 1. Extensión de la cobertura en la enseñanza inicial. 2. Extensión de la jornada, en especial en el nivel primario. 3. Incorporación de la tecnología digital en la educación como una oportunidad de frontera
frente a la batalla de la equidad. 4. Apoyo a las familias por vía de los programas de transferencias condicionadas.
Compatibilizar la calidad formativa del sistema de educación superior con expansión del acceso a sectores excluidos. Salud En su informe Estado de la Población Mundial 2013 dedicado a “La maternidad en la niñez" el Fondo de Población (Unfa) de la ONU indica la necesidad enfrentar el reto del embarazo adolescente, ya que los gobiernos centrales no han atendido de forma suficiente el crecimiento del índice según cifras de la Organización Panamericana de la Salud 3 e informe de CEPAL. América Latina es la segunda región en el mundo con cerca del 20% de adolescentes madres o en embarazo y se estima que la cifra seguirá en aumento hasta el año 2030. 1 Plan Ceibal Uruguay http://www.ceibal.edu.uy 2 http://www.cepal.org 3 http://www.cepal.org/mujer/noticias/noticias/0/33810/embarazoadolescente.pdf DOCUMENTO RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE PARA LA DEMOCRACIA OEA – ABRIL 2015 “PROSPERIDAD CON EQUIDAD: EL DESAFÍO DE LA COOPERACIÓN EN LAS AMÉRICAS”
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En América Latina y el Caribe, la primera causa de muerte para las mujeres entre los 15 y 19 años está relacionada con el embarazo. Además la ausencia o mala dotación de centros de salud para brindar la atención que requiere una madre gestante, es un factor que incide de manera preocupante. Este informe indica que la mitad de los abortos ocurren en situaciones de riesgo de vida para la madre. En América Latina se cree que el número anual de abortos inseguros entre las adolescentes de 15 a 19 años, alcanza un número de 670 mil. Nos alarma además que en América Latina y el Caribe se siga registrando como la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes del mundo, donde además un promedio de 38% de las mujeres de la región se embarazan antes de cumplir los 20 años. Casi el 20% de nacimientos vivos en la región son de madres adolescentes.4 A esto se suma que en el Caribe, el 82% de hombres jóvenes y el 52% de mujeres adolescentes de entre 10 y 18 dicen haber comenzado a tener relaciones sexuales a los 13 años y muchos dicen que su primera experiencia sexual fue forzada. Asimismo la mortalidad materna, una de las mayores causas de muerte entre las adolescentes de la región, está relacionada con la disparidad entre géneros, el embarazo prematuro, el aborto, y los servicios de control de la natalidad inadecuados. Las niñas menores de 15 años tienen mayores posibilidades de morir en el alumbramiento que las mujeres mayores de 20 años. La economía impacta también ya que los porcentajes de embarazo son de tres a cinco veces más altos entre adolescentes de escasos recursos. La planificación familiar así como la educación en derechos sexuales y reproductivos en escuelas y en secundaria debe de estar incluida en los planes nacionales y locales de políticas públicas con una visión laica que asegure acciones de prevención y atención. La inclusión reciente del acceso universal a la salud reproductiva como una nueva meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) reafirma la importancia de este tema en la promoción del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza a nivel mundial. Sin embargo, muchas especificidades del comportamiento y de la salud reproductiva y su atención en América Latina y el Caribe imponen retos para su cumplimiento en la región. Las mejoras en la salud reproductiva no han sido suficientes para eliminar las disparidades históricas entre grupos sociales y económicos, en términos de acceso y uso de anticonceptivos y servicios de salud reproductiva: particularmente según los niveles socioeconómicos, la etnicidad y el área de residencia. 5 4 http://www.unicef.org 5 http://www.cepal.org/es/publicaciones/7132-una-mirada-desde-america-latina-y-el-caribe-al-objetivo-dedesarrollo-del-milenio DOCUMENTO RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE PARA LA DEMOCRACIA OEA – ABRIL 2015 “PROSPERIDAD CON EQUIDAD: EL DESAFÍO DE LA COOPERACIÓN EN LAS AMÉRICAS”
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Sigue vigentes el déficit de respuesta estatal tanto en los hospitales de salud pública, como en los del Seguridad Social, donde los Estados deben de prestar atención a otro derecho fundamental que se han comprometido a cumplir. El documento Población y salud en América Latina y el Caribe: “Retos pendientes y nuevos desafíos” arroja datos en su estudio que indican que la región ha realizado importantes progresos con respecto a la esperanza de vida, la mortalidad infantil y la atención del VIH/SIDA. A pesar de los desalentadores resultados en materia de mortalidad materna y fecundidad mencionados anteriormente. De igual forma, la realización del ODM 4 "reducir mortalidad de los niños" y en particular la meta 4A "reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños menores de 5 años" está lejos de ser alcanzada. El mayor problema que enfrenta la región es el alto nivel de inequidad en materia de salud que varía de acuerdo al país, las áreas geográficas, los grupos sociales, el origen étnico y el nivel educativo. De esta forma, el principal reto de la región es "la reducción y la eliminación de las inequidades de acceso a los servicios integrales de salud y a la salud sexual reproductiva, que representan un menoscabo permanente del ejercicio de los derechos de las poblaciones excluidas, entre las cuales se cuentan las personas residentes en zonas rurales, los de menor educación formal, las poblaciones indígenas y afrodescendientes," indica el estudio. Por otro lado a nivel integral de salud, consideramos que el Plan Nacional de Cuidados 6 que se aprobará en Uruguay debería ser un ejemplo a emular por otros Estados, ya que contempla la atención de personas adultas mayores que viven sin contención ni cuidados. La atención integral de las personas con discapacidad física y mental así como aquellas con discapacidades diferentes deben tener un acceso total a la salud. Exhortamos a los Estados poner especial énfasis en las instituciones responsables de las personas con enfermedades mentales y el respeto por posibles abusos y maltratos en las mismas. Generar acciones para la atención digna a personas transexuales y sensibilizar a través de la capacitación al personal de salud en la atención de estas personas. Monitorear la relación de edades y género de suicidios y buscar a través de acciones concretas de prevención. Guyana, Uruguay y Chile son los países que muestran las mayores tasas de suicidios en América Latina de acuerdo al índice World Health Rankings- World Life Expectancy. Los siguen muy cerca, Cuba y El Salvador. 6 http://www.sistemadecuidados.gub.uy DOCUMENTO RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE PARA LA DEMOCRACIA OEA – ABRIL 2015 “PROSPERIDAD CON EQUIDAD: EL DESAFÍO DE LA COOPERACIÓN EN LAS AMÉRICAS”
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Tomando conocimiento de varios informes no gubernamentales 7 así como del trabajo de en los países donde se desempeñan varios de nuestros miembros de RedLad, consideramos alarmante la tasa de suicidios de la población latinoamericana y caribeña. La lista elaborada con de WHO, World Bank, Unesco y datos públicos de cada país, indica que Guyana lidera a nivel mundial el tema con una tasa de suicidios de 32,5. Uruguay ocupa el sitio 34 con 14,0 y Chile está ubicado en la casilla 59 con un tasa de 10,7. Cuba está en el lugar 61 con 10,5, igual que El Salvador. Nicaragua se observa en el lugar 73 con una tasa de 9,6. Estos países se ubican en la parte media alta de la tabla. Deseamos hacer un llamado a los Estados con medidas de acción urgentes sobre este tema y con especial énfasis en los suicidios de adolescentes, donde consideramos se debe pensar en generar mayor y real acceso: a la educación, atención integral y prevención del consumo de drogas, así como oportunidades laborales sustentables. Un flagelo como el SIDA impacta por la falta de información y prevención en la vida de aproximadamente 420,000 adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años que viven en América Latina y el Caribe. Por su parte, en Barbados y el Caribe Oriental se reporta una incidencia de VIH seis veces más alta entre las mujeres de 15 y 24 años que entre los hombres de la misma edad, generando una feminización del VIH.8 Por otro lado, consideramos que descentralizar policlínicas de atención en salud debe de ser otra de las acciones que se debe impulsar, llevando a cubrir el territorio de un país con acceso a la salud de toda la población. Haciendo un énfasis importante en la mejora en el acceso a los servicios de salud para los adolescentes y jóvenes, que sigue siendo inadecuado. Hacemos un llamado a los Estados para que la atención de los temas antes mencionados en cumplimiento del acceso a la salud de la población latinoamericana y del Caribe. Medio Ambiente Nos alarma que el enfoque de la matriz productiva de muchos gobiernos estén orientados hacia los en temas de minería, hidrocarburos principalmente, lo cual define la pérdida de bosques y está estrechamente vinculado al tema del cambio climático. La desforestación en América Latina queda clara ante la crítica situación del Amazonas, pero también la menos conocida y dramática tala de árboles se encuentra en países como Paraguay, Bolivia, Perú y las provincias del centro y norte de Argentina 9. Consideramos que 7 http://americaeconomia.com/politica-sociedad/sociedad/guyana-uruguay-y-chile-son-los-paises-que-tienenmas-altas-tasas-de-suicidos 8 http://www.unicef.org/lac/Fast_facts_SP%281%29.pdf 9 http://www.infobae.com/2013/11/15/1523937-mapa-satelital-desnuda-la-brutal-deforestacion-americalatina DOCUMENTO RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE PARA LA DEMOCRACIA OEA – ABRIL 2015 “PROSPERIDAD CON EQUIDAD: EL DESAFÍO DE LA COOPERACIÓN EN LAS AMÉRICAS”
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los Estados deben marcar pautas claras y de regulación por tala de árboles de forma indiscriminada producto de razones de mercado y sin respeto por el planeta en que habitamos. A su vez compartimos las opiniones realizadas en el Proyecto Cambio Climático en América Latina y el Caribe 10 donde se analiza el problema del cambio climático y la atención particularmente de los ecologistas y de algunos Estados, “que se tradujo en movilizaciones internacionales para para concertar acciones destinadas a mitigarlo, en un dinamismo en materia de innovación tecnológica para contar con las herramientas que permitan paliar sus causas y en una preocupación creciente por sus posibles consecuencias negativas sobre el desarrollo de los países”. RedLad es consciente que este tema ha pasado incluso a integrar la agenda de prioridades del Secretario General de las Naciones Unidas junto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. “Hasta el momento, el régimen internacional acordado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Protocolo de Kyoto solo regula la emisión de gases de efecto invernadero de los países desarrollados. Esto hace que se regule parcialmente el uso de la atmósfera como sumidero de los gases de efecto invernadero antropogénicos y que se esté lejos de tutelar la seguridad climática”. Dignificar las condiciones de trabajo de personas recolectoras de residuos debe de ser otro de los temas que se debe abordar, generando fuentes de empleos rompiendo con la cadena de trabajo infantil en este sector que se convierte en una forma cultural- laboral que no ofrece posibilidades de cambio de vida a las nuevas generaciones. Si bien no existen estadísticas ni datos concretos que den cuenta de la situación del número de hurgadores 11 en las ciudades y países de la Región, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que, existen cientos de miles de personas vinculadas a estas actividades, entre adultos, jóvenes y niños. Erradicar los asentamientos urbanos y la acumulación de basurales donde cohabitan hombres, mujeres, niños y niñas debe ser otro de los ejes centrales que abarca la salud y el impacto medioambiental. En pocos países de América Latina se han efectuado iniciativas para cambiar la situación de trabajo infantil vinculada al manejo de residuos. Sin embargo existen varias experiencias desarrolladas para ordenar las actividades y cambiar las condiciones de trabajo y/o vida de segregadores informales y, en consecuencia, sus familias. Lamentablemente, no se ha identificado en ninguna de ellas un monitoreo que haya
10 http://www.unicef.org/lac/cambio_climatico_y_desarrollo_en_ALC.pdf 11 Segregadores, cirujas, cartoneros, excavador, reciclador (nombres que varían según el país) DOCUMENTO RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE PARA LA DEMOCRACIA OEA – ABRIL 2015 “PROSPERIDAD CON EQUIDAD: EL DESAFÍO DE LA COOPERACIÓN EN LAS AMÉRICAS”
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cuantificado el impacto de los cambios introducidos 12 y la mejora de ingreso y condiciones de trabajo, sobre el trabajo infantil y situación de los hijos/as de los/as reclicladores/as. Asimismo instamos a los Estados a brindar mayor educación a su ciudadanía buscando la responsabilidad y la pertenencia en el cuidado de las ciudades y de los espacios públicos donde habita. Migración En la actualidad se vive un nuevo proceso migratorio de gran envergadura que comenzó a partir de mediados del siglo XX y que consiste en la existencia de un gran número de migrantes que abandonan sus países en busca de oportunidades laborales sin ser conscientes que son exiliados económicos. Este fenómeno viene preocupando a las autoridades de los países afectados, debido al impacto en diversas áreas sociales como la incidencia en las fuentes laborales, sistema de salud, economía, pero particularmente en relación a la vulnerabilidad de ciertos grupos (mujeres, niños/as que en general desconocen el idioma local) y que pueden verse atrapados en situaciones de explotación sexual o laboral. En otros casos la falta de oportunidades para insertarse en el medio social, genera condiciones que pueden derivar en comportamientos delictivos. Ello a su vez puede “contaminar” aspectos culturales delincuenciales, engendrando nuevas formas de violencia o comisión de delitos. La migración externa principalmente de población colombiana requiere un mayor ordenamiento en lo jurídico y respuesta de cooperación bilateral entre Ecuador y Colombia. Uruguay ha recibido en los últimos dos años, grandes contingentes de ciudadanos/as de origen dominicano, que han formado parte de engaños y ha derivado en varios casos de trata de personas en especial mujeres hacia la explotación sexual. Consideramos que la situación de personas migrantes – que incluyen niños y niñas - aplicada a través de leyes de expulsión masiva - como en EEUU, a pesar de la sensibilidad de acciones del Presidente Obama - se agrava con el tratamiento inhumano y degradante durante el trayecto y forma de ingreso a diferentes países. La situación de personas haitianas y descendientes que residen en República Dominica y que viven en situación de pobreza, siguen siendo víctimas de la violación de sus derechos humanos por acción. La Corte Suprema de Justicia ha dictado una resolución de quita de la identidad a aquellas personas descendientes de haitianos a partir del año 1929 violando de manera explícita un derecho humano. Solicitamos por este medio que la OEA realice un llamado de atención a esta violación de derechos humanos y exhortamos a la creación de
12 Uruguay, a través de Censo en Montevideo arrojó una cifra de 3.000 clasificadores, cifra que hasta el momento sigue siendo controversial. DOCUMENTO RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE PARA LA DEMOCRACIA OEA – ABRIL 2015 “PROSPERIDAD CON EQUIDAD: EL DESAFÍO DE LA COOPERACIÓN EN LAS AMÉRICAS”
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políticas públicas que erradiquen la xenofobia y el tratamiento inhumano así como las condiciones de vida de los y las migrantes de Haití. Los Estados con mayor cantidad de inmigrantes deben tomar acciones hacia su propia población con el cumplimiento de los derechos humanos. Seguridad Ciudadana Acordando con los puntos que contiene el documento de Mandatos hacia los Estados en esta Cumbre de las Américas, deseamos mencionar algunos temas de importancia sobre la seguridad ciudadana en la región. En lo que va del año 2015 los datos de muertes de mujeres basados en violencia doméstica, violaciones y asesinatos en espacios públicos siguen creciendo. Solamente en Uruguay a marzo del año en curso, con una población de tres millones y medio de habitantes, contabiliza 13 mujeres asesinadas en manos de sus parejas o ex parejas. Consideramos que si los Estados han firmado y ratificado instrumentos para la erradicación de la violencia contra la mujer, los efectos podrían medirse en el aumento de las denuncias. En muy pocos países de nuestras Américas el tema comienza a visualizarse como algo público y no privado, pero insistimos que es un comienzo. La falta de atención a los victimarios por parte de las instituciones gubernamentales, mantiene la reproducción de la violencia del agresor con una nueva víctima. Por ello exhortamos que se tome como una política pública la atención integral a agresores, la protección de la víctima y la educación desde temprana edad a niños y niñas en las escuelas y centro de educación. Es alarmante que según informa Unicef en el año 2013, que cerca de 220 niños/as y adolescentes menores de 18 años mueren todos los días víctimas de la violencia doméstica lo que el equivalente a 80,000 niños/as por año. Los varones adolescentes en están en más alto riesgo de ser golpeados en casa o en la escuela, mientras que las niñas adolescentes tienen alto riesgo de acoso sexual y abuso por parte de un adulto en la familia, la escuela o el lugar de trabajo. Consideramos que si la OEA se plantea el tratamiento de la prosperidad para la equidad, los Estados deben ser conscientes de las políticas públicas y económicas para llevar adelante hacia la prevención y eliminación de la violencia en pos de la seguridad ciudadana. Otro punto que deseamos desarrollar muy brevemente es la generación de políticas que apunten al desarrollo y mayores oportunidades hacia la juventud. Cuando mencionamos oportunidades, hacemos referencia a trabajo, a la educación, la vivienda, al acceso a la salud y a los deportes entre otros. Los Estados deben difundir de manera masiva las propuestas de aquellas políticas públicas que sean impulsadas pero que las mismas sean accesibles a todas las capas sociales. Sin oportunidades, sin educación, solo se genera exclusión y se fomenta una cultura social de violencia, indiferencia y falta de pertenencia social. DOCUMENTO RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE PARA LA DEMOCRACIA OEA – ABRIL 2015 “PROSPERIDAD CON EQUIDAD: EL DESAFÍO DE LA COOPERACIÓN EN LAS AMÉRICAS”
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No deseamos que la juventud termine siendo juzgada como un factor central de inseguridad ciudadana. En algunos países se ha reducido la edad de imputabilidad violando la Convención del Niño/a y Adolescentes, esto debe revisarse. Finalmente generar acciones de reinserción social a personas liberadas debe ser un objetivo central de atención. Las cárceles deben seguir siendo monitoreadas y no mantenerlas como un depósito humano13. Brindar educación y trabajo solamente puede generar nuevas oportunidades y reinserción social en pos de mayor convivencia ciudadana. Participación Ciudadana La participación ciudadana es un eje central que involucra a la población en ser sujeto de derecho y va mucho más allá de la participación política expresada en la mera acción del voto para la elección de representantes en el Poder Ejecutivo, Legislativo y gobiernos locales. Toda participación debe contener un espacio de contralor y aportes a las políticas públicas y al cumplimiento del estado de derecho. No debe contar con la exclusión o limitación por ideología. En Ecuador la participación ciudadana si bien es derecho constitucional, está limitada por argumentos de seguridad desde el gobierno central, y se ha tipificado como delito el realizar expresiones ciudadanas que tengan una demanda de orden política al gobierno. En el tema de la organización para la participación ciudadana se limita desde la regulación al generar normas que impiden y/o limitan la organización y participación como es el Decreto 16 que tiene demanda de inconstitucionalidad. Vemos con suma preocupación la escalada de violencia en Venezuela, fundamentada en posibles golpes de Estado, donde se ha apresado a miembros opositores al gobierno. El miedo y la resignación de la población venezolana se incrementan y se están violando de manera sistemática el derecho de asociación, de libertad de expresión y la gran parte de la población recibe amenazas a través de la fuerza militar, policial y comandos sin identificación. Gran cantidad de estudiantes han sido apaleados, detenidos, presos y tres asesinados en las calles. Nuestra mayor preocupación es la democracia del país y la violación de los derechos humanos donde la comunidad internacional debe mirar con más atención y pronunciamientos en pos de la reconciliación así como el clima de paz en el país. Argentina por otro lado se debate en una ciudadanía divida a favor del gobierno y otra de oposición, donde la búsqueda de un equilibrio de división de poderes es permanente. Gobernabilidad Democrática
13 Reglas Mínimas para el Tratamiento de Personas Privadas de Libertad.
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/TreatmentOfPrisoners.aspx DOCUMENTO RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE PARA LA DEMOCRACIA OEA – ABRIL 2015 “PROSPERIDAD CON EQUIDAD: EL DESAFÍO DE LA COOPERACIÓN EN LAS AMÉRICAS”
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Nuestros continentes americanos se encuentran con elecciones periódicas – salvo Haití que no cuenta con fecha aún de próxima elecciones y con un parlamento disuelto por decreto presidencial14 – pero no deja de mantenernos alerta ya que lo mencionado con anterioridad demuestra que la gobernabilidad democrática está en permanente construcción y en algunos países notamos en términos generales retrocesos en el ejercicio de la ciudadanía en cuanto a los derechos humanos. La eliminación de actores políticos y las restricciones y censuras a los medios de comunicación son un hecho que amenaza gravemente la apertura política, el derecho a la libre opinión y la posibilidad de los ciudadanos de recibir la información suficiente para tomar sus decisiones cívicas y políticas. En algunos países los organismos del Estado han sido secuestrados por una sola fuerza política lo que ha generado un déficit democrático por falta de pluralidad política en su integración, lo que conlleva a un comportamiento corporativista que impide el control de sus actuaciones, favorece el encubrimiento de los abusos de poder y las prácticas corruptivas, liquidando de ese modo la escasa institucionalidad existente. En otros países, como Colombia, se reconocen gobiernos locales cooptados por poderes económicos legales e ilegales. La participación política de las mujeres en algunos de los países es más que insuficiente y los partidos políticos mantienen la resistencia de modificar conductas patriarcales que hacen inviable la participación femenina. Por otro lado las fuerzas políticas, sectores y ciudadanos/as en general no representados en las instituciones no poseen ningún mecanismo de defensa de sus derechos, y ni siquiera pueden contar con información que facilite su acción de resistencia. La separación de poderes sigue siendo un gran debe para todos los Estados y los métodos de elección de los mismos deben de ser revisados a vista de la ciudadanía. Las elecciones y la designación de autoridades constituyen en algunos países un objetivo supremo del gobierno para mantener el modelo creado que les obliga a contar con cuerpos colegiados totalmente obsecuentes, por lo que promueve la captación total del poder en organismos como es el Consejo Nacional Electoral, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, buscando unanimidad que permita encubrir las grandes violaciones del sistema jurídico y de los derechos. Estas acciones deben ser revisadas permitiendo el ejercicio real de la democracia así como la transparencia gubernamental. Consideramos que los Estados deben darse un debate profundo y analizar detenidamente los compromisos que asumen y sincerarse más allá de los gobiernos y sus ideologías las acciones que contribuyan a la defensa de los derechos humanos del pueblo. 14 Por la Carta Magna del país puede gobernar por Decreto y se aplica desde el 13 de enero de 2015. DOCUMENTO RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE PARA LA DEMOCRACIA OEA – ABRIL 2015 “PROSPERIDAD CON EQUIDAD: EL DESAFÍO DE LA COOPERACIÓN EN LAS AMÉRICAS”
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Para terminar, es importante indicar que aunque la Redlad reconoce la necesidad de actuar para reducir la inequidad en la región, que está entre las más altas del mundo, aún se deben adelantar muchas acciones para reducir la pobreza. Ésta, en vez de reducir, ha aumentado “la pobreza en la región se mantuvo estable entre 2012 y 2013, cuando afectó en ambos años a 28,1% de la población. Para el 2014 se mantuvo en 28%, lo que unido al crecimiento demográfico, se tradujo en un aumento en números absolutos hasta alcanzar a 167 millones de personas” (Viva la ciudadanía, 2015).
Así mismo, la indigencia no ha reducido, se incrementó del 11.3% en el 2012 al y 12% en el 2014 lo cual representa a 71 millones de personas (Viva la ciudadanía, 2015). La Red celebra los esfuerzos exitosos de países como Paraguay, El Salvador, Colombia, Perú y Chile que lograron reducir la pobreza de sus ciudadanos en porcentajes importantes; pero conmina a los demás países a atender a los millones de personas que no tienen una vida digna. Una atención prioritaria, en todos los aspectos mencionados en el presente documento, debe ser brindada a los derechos y el desarrollo de los jóvenes. Las políticas públicas de juventud, tanto directas como indirectas, deben (Corporación Ocasa y Youth Policy, 2015): •
Partir de una voluntad política real que se vuelva efectiva en una adecuada locación de recursos. Ahora bien, la voluntad política no sólo está relacionada con la rama ejecutiva y los gobiernos locales, las otras ramas del sector público y la población en general deben llegar a un consenso sobre el desarrollo de políticas que permitan el alcance de una vida digna para los jóvenes.
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Es fundamental el posicionamiento adecuado y fortalecimiento institucional de las oficinas encargadas de temas de juventud, que en su mayoría deberían funcionar como organismos de transversalización, planeación y control del impacto que tiene en la juventud las acciones sectoriales estatales.
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La cooperación internacional y el sector privado deben unir esfuerzos con la sociedad civil y los gobiernos para mejorar las condiciones de vida de los jóvenes. Pero estos esfuerzos deben ser sostenidos en el tiempo y deben generar capacidad instalada en los territorios para que una vez terminen o disminuyan en importancia no desaparezcan los posibles impactos positivos que puedan generar.
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Tanto en la política pública como en la cooperación intersectorial es necesario garantizar una participación e incidencia real de los jóvenes y sus organizaciones; para esto es indispensable crear capacidades en los jóvenes de empoderamiento, comprensión de realidades complejas y acción política y ciudanana no violenta, desde esquemas educativos tanto formales como no formales, así como desde acciones de fortalecimiento del tejido social juvenil.
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En todo el ciclo de la política pública de juventud, bien sea sectorial o desde su aproximación poblacional, es necesario garantizar: líneas de base actualizadas y con comparables históricos e indicadores de impacto que faciliten el monitoreo de los avances y la evaluación de resultados.
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Además, se requiere una adecuada coordinación intersectorial que: permita una mejor utilización de los recursos totales asignados para jóvenes y una apuesta territorial compartida que permita el alcance conjuntos de avances concretos de las metas de desarrollo juvenil compartidas entre sectores y niveles territoriales. Muy importante, a su vez, es lograr una visión nacional conjunta, con la participación de los jóvenes, pero que reconozca las necesidades territoriales y de grupos de jóvenes más vulnerables, como las minorías étnicas.
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Se necesitan crear mecanismos para la participación efectiva de los jóvenes que no promuevan el tokenismo y fomenten y creen espacios de liderazgo y decisión para los jóvenes en diálogo intergeneracional. Especial atención debe prestarse a la participación en la alocación de presupuestos para jóvenes, así como mecanismos de inspección, vigilancia y control (accountability) para que los recursos que se destinan a jóvenes efectivamente les lleguen (en su totalidad).
Por todo lo expuesto y siendo conscientes de las acciones que los Estados realizan en la mejora de la calidad de vida en pos de los derechos humanos de toda la población, notamos que los avances no son suficientes. Por ello exhortamos a los Estados a aunar los esfuerzos en cambios reales y profundos que lleven definitivamente a erradicar la desigualdad de nuestros continentes.
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