Honorable Comisión (Vilma Nuñez) El deterioro de los derechos civiles y políticos en Nicaragua, se agravó con el pacto entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán en 1998, que con reformas a la Constitución y la ley electoral se asignaron cuotas de poder en los poderes del Estado, redujeron a un mínimo del 35%, el porcentaje de votos para la elección presidencial, lo que permitió que Ortega en 2006 ganara con un 38%. Desde entonces con esta destrucción de la institucionalidad, Ortega ha consolidado su poder autoritario, controlando el Poder Judicial, el Ejército y la Policía que utiliza como instrumento de represión. El Poder Judicial, sin independencia, no garantiza justicia para las víctimas, los recursos de protección constitucional se vuelven ineficaces y se arraiga la impunidad. Por ejemplo, graves crímenes como la muerte de tres personas en Pantasma Jinotega por la explosión de una bomba enviada en una mochila, donde los comunitarios responsabilizan al Ejército, que además ha militarizado las zonas rurales alegando la existencia de grupos delincuenciales. Pero distintos sectores de la población dicen que tienen motivaciones políticas. Como resultado de ello, han asesinado a varias personas, se han dado distintos enfrentamientos, en los que han muerto policías, miembros del Ejército y miembros de los presuntos grupos rearmados; sin ninguna investigación policial ni judicial. Los abusos de la Policía, típicos actos de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes cometidos contra detenidos ilegalmente como Francisco Ponce, que apareció ahorcado en la DAJ y su muerte como muchas otras, nunca fue investigada. En la masacre de Las Jaguitas, murieron una joven de 25 años y dos niños, luego de que el vehículo en que viajaban de la iglesia a su casa recibió más de
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