Honorable Comisión (Vilma Nuñez) El deterioro de los derechos civiles y políticos en Nicaragua, se agravó con el pacto entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán en 1998, que con reformas a la Constitución y la ley electoral se asignaron cuotas de poder en los poderes del Estado, redujeron a un mínimo del 35%, el porcentaje de votos para la elección presidencial, lo que permitió que Ortega en 2006 ganara con un 38%. Desde entonces con esta destrucción de la institucionalidad, Ortega ha consolidado su poder autoritario, controlando el Poder Judicial, el Ejército y la Policía que utiliza como instrumento de represión. El Poder Judicial, sin independencia, no garantiza justicia para las víctimas, los recursos de protección constitucional se vuelven ineficaces y se arraiga la impunidad. Por ejemplo, graves crímenes como la muerte de tres personas en Pantasma Jinotega por la explosión de una bomba enviada en una mochila, donde los comunitarios responsabilizan al Ejército, que además ha militarizado las zonas rurales alegando la existencia de grupos delincuenciales. Pero distintos sectores de la población dicen que tienen motivaciones políticas. Como resultado de ello, han asesinado a varias personas, se han dado distintos enfrentamientos, en los que han muerto policías, miembros del Ejército y miembros de los presuntos grupos rearmados; sin ninguna investigación policial ni judicial. Los abusos de la Policía, típicos actos de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes cometidos contra detenidos ilegalmente como Francisco Ponce, que apareció ahorcado en la DAJ y su muerte como muchas otras, nunca fue investigada. En la masacre de Las Jaguitas, murieron una joven de 25 años y dos niños, luego de que el vehículo en que viajaban de la iglesia a su casa recibió más de
veinticinco balazos, disparados por policías que participaban en un operativo antidrogas contra una supuesta banda de narcotraficantes que nunca identificaron ni capturaron. La pena mínima impuesta a los policías responsables no se corresponde con la gravedad del delito y no se conoce si están efectivamente presos. Tampoco han sido investigados los abusos cometidos para reprimir protestas sociales como las ocurridas en Mina El limón y Chichigalpa donde un total de 22 personas fueron detenidas ilegalmente, trasladadas a la DAJ Nacional en Managua, negando su detención, a los familiares, abogados/as, ni defensores de derechos humanos. En ambos casos, luego de más de 70 días de detención ilegal y de haber sido acusados de una docena de delitos, fueron liberados por órdenes del Presidente Ortega, invadiendo funciones exclusivas del Poder Judicial. La Policía y las fuerzas de choque organizadas por el Gobierno han sido utilizadas para reprimir las protestas promovidas por el campesinado y otros sectores sociales que rechazan la concesión canalera. En la última marcha nacional, un total de catorce tipos de obstáculos fueron identificados, incluyendo agresiones físicas, una de ellas contra Darwin Jirón quien resultó con una fractura que ameritó cirujía. Esta y otras agresiones efectuadas en las 64 marchas organizadas por el Consejo de la Tierra, el agua y la soberanía permanecen impunes. Respecto de la situación penitenciaria, en los últimos seis años el CENIDH ha recibido casi cuatrocientas denuncias por incumplimiento de órdenes de libertad, malos tratos, agresiones físicas y sexuales y actos constitutivos de tortura. La dificultad para acceder a información representa un obstáculo para las organizaciones independientes. Al CENIDH desde hace siete años se impide el acceso a los centros penitenciarios.
Como ejemplo, presentamos dos casos emblemáticos, Marvin Vargas y Santos Sebastián Flores Castillo, este último ubicado en la galería 300 de máxima seguridad. Ambos han sido incomunicados, sometidos a procedimientos disciplinarios excepcionales, que pueden calificarse como tortura. A Vargas, por considerarlo líder peligroso de los desmovilizados del servicio militar, fue beneficiado con libertad condicional y de oficio revocada. En el caso de Flores Castillo, él, en esta carta dirigida al CENIDH desde la cárcel, afirma que su detención y múltiples torturas que describe se deben a una venganza por el reclamo sobre un hecho que involucra al Presidente Daniel Ortega, versión que confirma su madre doña Elpidia Castillo que huyendo de las amenazas ha tenido que venirse a vivir en el exilio a Estados Unidos. Recientemente, mientras centenares de internos/as enfermos o con orden de libertad de los jueces permanecen en prisión; se anunció que miles de privadas de libertad fueron liberadas entre 2013 y 2016. La medida, en violación de la ley, fue decidida por el Ejecutivo sin evidencia que la autoridad judicial haya intervenido en esta controversial decisión. RESPECTO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS, el modelo impuesto desde que volvió al poder Daniel Ortega sigue propiciando atropellos que alejan la posibilidad que las elecciones previstas para este año sean libres y transparentes para que restablezcan la democracia. En la demanda por elecciones libres y transparentes El 8 de julio de 2015, la policía reprimió a los participantes en los denominados “Miércoles de Protesta”, lesionando a una veintena de ellos, resultaron heridos diputados de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano. El 26 de febrero, Carlos Bonilla, Coordinador Nacional del
Movimiento
Democrático Nicaragüense (MDN) y su esposa María Gabriela García
fueron
brutalmente agredidos por cinco personas, cuando se disponían a divulgar los resultados de una encuesta sobre la labor del Consejo Supremo Electoral. Bonilla recibió dos estocadas en el pecho y estómago que pusieron en riesgo su vida y a Gabriela una herida en el cráneo. A la fecha, las autoridades no informan si hay investigaciones a pesar de que dos de los autores fueron capturados por los vecinos en la escena del crimen y entregados a la policía. Una elección más podría darse en Nicaragua este año, sin observación nacional ni internacional y sin que se restablezca la personería jurídica al Movimiento Renovador Sandinista. El amparo interpuesto desde 2008 sobre su exclusión sigue esperando que la Corte dicte sentencia y esta Comisión emita informe de admisibilidad. Todas estas situaciones, que a manera de ejemplo presentamos son parte de la realidad de los derechos humanos en Nicaragua, todas estas violaciones, tienen rostros, nombres y apellidos de víctimas que esperan que esta Honorable Comisión atienda las denuncias planteadas.
1. Situación de los Pueblos indígenas (Lottie)
Desde el año 2005 existen conflictos y actos de violencia entre indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua y “colonos” o “terceros”, quienes son personas naturales o jurídicas no indígenas que ocupan tierras de los pueblos indígenas de manera ilegal. Esto se debe a que la etapa del saneamiento de los territorios indígenas, lo cual supone la dilucidación de los derechos de las comunidades indígenas frente a colonos para garantizar una tenencia efectiva del territorio, sigue sin cumplirse. El Estado de Nicaragua se ha negado a concluir este proceso, ignorando las invasiones a los territorios y la amenaza que las mismas representan. Las
omisiones del Estado han llevado a que actualmente el nivel de conflictividad adquiera proporciones alarmantes en más de 50 comunidades indígenas, registrándose los hechos más graves en 12 de estas comunidades, de los Territorios de Wangki Twi Tasba Raya, Li Aubra y Lilamni, precisamente esta situación ameritó que esta Ilustre Comisión otorgue medidas cautelares a favor de estas comunidades. Estas personas viven bajo una situación permanente de violencia caracterizada por ataques, asesinatos, secuestros, desplazamiento forzado, quema de cultivos y amenazas. El Estado, en algunas ocasiones, ha pretendido justificar su inacción en una falta de “denuncias” formales, lo cual, además de ser falso, ignora su obligación de proteger los derechos humanos de los indígenas frente a amenazas y riesgos de violación de los mismos sobre los que tenga conocimiento, independientemente de la existencia de denuncias formales. A partir del 2015, ha recrudecido el conflicto entre indígenas y colonos con manifestaciones violentas cada vez más habituales para los habitantes de la zona. La violencia en las comunidades indígenas ha ocasionado el desplazamiento forzado de 3008 personas de las cuales la mayoría son mujeres y niñas/os que se encuentran refugiados en algunas comunidades vecinas, Puerto Cabezas, Waspam y Honduras. Durante los ataques a las comunidades 28 personas han sido asesinados, 38 heridos, y 18 secuestrados. Por ello, la Relatora
sobre los derechos de los pueblos indígenas de la
ONU,solicito a las autoridades de Nicaragua a “establecer de inmediato un diálogo y a iniciar “el proceso de saneamiento priorizando los territorios en conflicto, para proceder al traslado de los colonos a sus lugares de origen o a su reubicación”. En este sentido, lamentamos y condenamos la inasistencia del Estado en la reunión de trabajo convocada por la CIDH.
Por otro lado, esta Comisión ya ha recibido
información relacionada a la
afectación de los megaproyectos sobre los pueblos indígenas, especialmente proyectos de minería, hidroeléctrica y el del canal interoceánico el cual en el pacifico de Nicaragua se impactará a 5 comunidades indígenas y en el Atlántico el territorio rama y Kriol, así como el territorio de la Comunidad Negra Creol Indígena de Blufields. El 52% de la ruta afecta territorios indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe. Las omisiones del Estado en materia de consulta a pueblos indígenas y afrodescendientes, desconocen la relación de nuestros territorios y estructuras sociales,
violando
nuestros
derechos
territoriales,
participación
y
autodeterminación. 2. El derecho a defender derechos humanos (Patricia)
En relación a la libertad de expresión existe una política estatal de exclusión e intimidación contra medios y periodistas independientes. Un acelerado proceso de concentración de la propiedad de medios electrónicos y la asignación discrecional de licencias de radio y televisión, dan paso a un duopolio de propiedad de la televisión, que controla 9 de los 10 canales de TV abierta, cuyos propietarios son la familia presidencial y el mexicano Ángel González. La Ley de Acceso a la información pública, tiene eficacia limitada. Es prácticamente imposible obtener información sensible. La intimidación ha generado autocensura en la población y medios independientes. La reciente Ley de Seguridad Soberana eleva -de forma discrecional- a secreto de Estado acciones públicas que deberían ser conocidas. Defensores y defensoras de derechos humanos encuentran mayores obstáculos para su labor. La política de “Unidad y Armonía Familiar” refuerza enfoques conservadores hacia las mujeres en aras de las familias; y es aplicada
por líderes comunitarios partidarios, quienes promueven conciliaciones familiares, desestimulan la denuncia y bloquean la ayuda para centros de mujeres. Estas estructuras
son
artífices
de
ataques
contra
defensoras,
limitándolas
y
obstaculizándolas en actividades comunitarias y en el acceso a beneficios. Seis de cada diez defensoras han vivido algún tipo de riesgo. Los principales mecanismos usados son el desprestigio y las amenazas. Sus agresores son sobre todo funcionarios públicos y del partido de gobierno. El desprestigio incluye exposición en medios y redes sociales, sitios virtuales afines al gobierno, que atacan la integridad de defensoras y organizaciones civiles. Se les ha relacionado con conspiraciones, por manipulación de documentos, hackeos a cuentas de correo o redes sociales. Se arriesga su seguridad al publicar fotografías y datos personales. La desprotección se incrementa cuando se denuncia personas con poder gubernamental; y en ataques de agresores o sus familiares. Hay una campaña de estigmatización y desprestigio contra defensoras, organizaciones de mujeres y Cenidh. NicaLeaks, publicación digital afín al gobierno, difundió 37 artículos entre 2015 y 2016, descalificando al CENIDH y a otras organizaciones. Desde 2008 la CIDH mantiene medidas cautelares en pro de Vilma Núñez y el equipo del Cenidh. La Comisión recordó al Estado de Nicaragua evitar discursos que elevaran riegos para la defensa de DDHH. Las publicaciones difamatorias han continuado. La hostilidad se evidenció también cuando Henry Ruiz, del Consejo de Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, fue agredido luego de regresar de la audiencia ante la CIDH sobre el canal interoceánico, marzo 2015. Las y los defensores de este Consejo han recibido amenazas de muerte y las defensoras han sido particularmente desprestigiadas, entre otras violaciones.
En la Costa Caribe Norte, las y los defensores están en riesgo. Autoridades estatales les criminalizan e intimidan, removiéndolos de sus cargos tradicionales y de elección popular, para ubicar personas afines. Han recibido amenazas, difamación, amenazas de asesinato, hostigamiento, particularmente contra Lottie Cunningham y el equipo de CEJUDHCAN. La deportación de Carlos Ponce, Director de Freedom House para Latinoamérica, febrero 2016, evidencia el recrudecimiento de la política estatal contra las y los defensores. No podemos dejar de recordar y subrayar que en mayo 2015, Luis Carlos Buob y Marta González, defensores de derechos humanos integrantes de CEJIL, hoy aquí presentes, también fueron expulsados ilegalmente y agredidos por autoridades migratorias. La defensoría se realiza en permanente peligro y provoca lesiones sicológicas, aunque no logran hacerles retroceder. 3. Situación de los derechos humanos de las mujeres (Azahalea)
Nicaragua se publicita como un país seguro en el cual las mujeres participan y están en cargos de decisión. La realidad es otra. En reiteradas ocasiones hemos comparecido ante esta Comisión para exponer la exclusión, discriminación y falta de acceso a la justicia que viven las mujeres. 53 mujeres murieron por femicidio durante el 2105. Como lo hemos denunciado una y otra vez, Nicaragua es un país donde está absolutamente prohibido el aborto, aun para salvar la vida. Han aumentado las muertes obstétricas indirectas y entre los años 2012 y 2013, el 47% de las muertes maternas se dieron en mujeres que habrían tenido mayores
posibilidades de sobrevivir, si se les hubiera permitido una interrupción del embarazo. Estos datos se conocen debido al trabajo de los colectivos y centros de mujeres, porque el país en términos de datos anda a ciegas. Asimismo, la ley contra la violencia hacia las mujeres, la que por la via de un reglamento ejecutivo se reformo en aspectos sustantivos, a tal punto que ante una amenaza de violencia no se puede acudir de inmediato a la policía y debe irse primero a las consejerías familiares, estructuras creadas por dicho reglamento. Por su parte, las Comisarias de las Mujeres cuyo objetivo es dar atención integral a las mujeres víctimas de violencia, están desapareciendo por decisión administrativa. Ya desde hace un tiempo, el derecho protegido no era la vida y la integridad personal de las mujeres, sino que su prioridad es “la unidad familiar”, aunque eso signifique que en el camino las mujeres sufran torturas o pierdan la vida. Nicaragua se dice, tiene altos índices de mujeres en cargos públicos y que hay normas que obligan a que haya un 50 % de mujeres en cargos públicos. A la par, se omite que, se derogaron de la Constitución, la protección contra toda forma de explotación, discriminación y exclusión. Además que en la práctica la condición de subordinación de género no ha variado, pese al aumento en número de mujeres en cargos públicos. Por ello, podemos afirmar que todavía existe desigualdad y exclusión por cuestiones de género. Minimización de la violencia, falta de acceso a la justicia, banalización de los riesgos para la vida de las mujeres, falta de dialogo estado sociedad, ausencia de información pública, un contradictorio marco jurídico y una práctica que desvaloriza la vida de las mujeres. Ese es el panorama. Pese a ello, hacemos uso de
los
mecanismos
institucionales
e
interponemos
recursos
por
inconstitucionalidad contra las leyes violatorias de derechos. Pero el estado no
responde. Solo aquí tenemos la oportunidad de verles la cara y de que nos den alguna respuesta. Recordemos que desde el 2007 la CSJ tiene pendiente decidir el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma que prohibió en todas sus formas el aborto en Nicaragua. 4. Sobre los Derechos de la Niñez (Ana Quiroz)
Un problema central de la niñez es el embarazo en adolescentes y niñas que según el Ministerio de Salud es entre 22 y 25% del total de los partos. Muchos de ésos son producto de violencia sexual. Las niñas y adolescentes no tienen acceso a educación sexual, ni a métodos anticonceptivos porque no hay programas gubernamentales dirigidos a ellas. La penalización absoluta del aborto, les obliga a parir.
Nicaragua ocupa el segundo lugar en América en embarazos en
adolescentes. El abuso sexual y las violaciones a niñas y adolescentes son extremadamente frecuentes en el país. De acuerdo al Instituto de Medicina Legal – donde llegan sólo casos denunciados e investigados, para el 2014, se reportó 5,220 valoraciones por violencia sexual (es decir 14 violaciones diarias), 83% de menores de 17 años y 64% de ellos niñas entre 0 y 13 años. De éstos, son pocos los hechores condenados y que guardan prisión. En el caso de niñas embarazadas, el Ministerio de Salud no reporta la situación, ni busca que se investigue aunque es un delito grave1. Han aumentado los casos de ciberacoso y de utilización del internet para la pornografía infantil y de adolescentes, de niñas, niños y jóvenes engañadas que son mostradas en el ciberespacio.
1 Ver Diagnóstico sobre la situación y causas de embarazo en adolescentes en Chontales en http://www.ieepp.org/index.php/descargas/?did=232
Las autoridades asumen que los delitos no ocurren ni hay daños y por ende no hay una respuesta institucional, dejando en la impunidad a los abusadores. 5. Sobre los derechos de las personas LGTBI
Las personas LGTBI siguen sufriendo discriminación y marginación en leyes y programas gubernamentales. Un ejemplo es el Código de Familia que entró en vigencia hace apenas un año. Los legisladores se negaron a escuchar y a incluir las propuestas de la comunidad LGTBI. Se ignora los derechos de las familias formadas por personas del mismo sexo o de identidades diversas. Los actos de violencia no se investigan adecuadamente. La Policía y los operadores de justicia ignoran de forma sistemática las denuncias de agresión y violencia de las personas LGTBI, y por ello, muchas terminan abandonando los procesos. En febrero 2015, un jefe policial fue denunciado de violación a una joven lesbiana. A pesar de muchas gestiones y protestas, el caso fue desestimado por la misma Policía misma se autoinvestigó. Desde 2010 a la fecha se han denunciado en distintos lugares crímenes de odio que incluyen: asesinatos con saña, homicidios culposos, “suicidios sin investigar”, personas brutalmente golpeadas pero a ninguno se le ha seguido el proceso, y los agresores, asesinos y cómplices siguen libres a pesar de ser conocidos. Muchas personas LGTBI prefieren no denunciar los atropellos y abusos policiales y de los operadores de justicia porque serán revictimizadas. Cierre (CEJIL)