22OCT 2015 Cuando la comunidad elige la tecnología Con el apoyo de diversas instituciones, los pobladores de cuatro comunidades chaqueñas eligen qué tecnologías adoptar para mejorar su calidad de vida. Así, se busca generar capacidades de desarrollo local sostenibles en el tiempo. Vanina Lombardi
Agencia TSS – La adopción de tecnología no siempre genera los resultados esperados. En San Isidro, al noroeste de Salta, se instaló un aerogenerador en el mismo cerro donde está el cementerio. Tiempo
después, el artefacto apareció roto cuesta abajo por motivos que aún no quedan claros. En Amaicha del Valle, en Tucumán, se instalaron cocinas solares para un colegio, pero quedaron en desuso. Casos como estos se replican en todo el país. ¿Por qué fracasan algunas tecnologías pensadas para mejorar la calidad de vida de la población? En busca de un plan de acción que permita incorporar capacidades de desarrollo perdurables en el tiempo para poblaciones en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, profesionales de la Red de Tecnologías para la Inclusión Social Argentina (REDTISA), de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)– formaron un consorcio público-público financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través de un Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El proyecto, además, cuenta con la participación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de la ONG Ingeniería sin Fronteras (ISF) y trabaja en alianza con referentes territoriales como el Gobierno del Chaco, municipios y diversas asociaciones de productores de cada localidad. Desde principios de 2014, el consorcio (compuesto por alrededor de 30 profesionales, entre funcionarios y técnicos) está trabajando en un proyecto denominado Derecho de Acceso a Bienes: Agua para el Desarrollo (DAPED), a través del cual colaboran con cuatro comunidades chaqueñas de menos de 2000 habitantes y que presentan problemas de acceso al agua: colonia Aborigen, colonia El Cacique, El Jacarandá y Pampa del Zorro, adonde viven entre 60 y 70 familias por localidad (alrededor de 1200 personas en total).
Asesorados por ingenieros y profesionales, los vecinos de esta comunidad del Chaco aprenden haciendo, mientras construyen una cisterna de placa. “La idea era hablar de agua como excusa para poder hablar de desarrollo”, dice Paula Juarez, investigadora del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología de la UNQ (IESCT-UNQ) y coordinadora de Proyectos de Tecnología Inclusivos, y destaca que las problemáticas prioritarias se definen en conjunto con los pobladores locales, con quienes evalúan las posibles soluciones disponibles y eligen qué tecnologías prefieren adoptar para resolverlas. “Es fundamental que, desde el inicio, la población local participe en el diseño del problema y de la solución”, destaca Hernán Thomas, director del IESCT-UNQ, y explica: “Cómo lograrlo no figura en ningún manual de ciencias sociales, por eso tuvimos que empezar a plantear diferentes instrumentos para hacer en la práctica lo que decimos en la teoría. Además, una solución que funciona en un lugar puede no hacerlo en otro; criticamos el concepto de transferencia tecnológica en la teoría y en la práctica se verifica, ya que no todos los parajes a los que fuimos tienen el mismo problema de agua: algunos no tienen agua y otros sí, algunos tienen agua con arsénico, otros con arsénico y sal, y otros con bacterias”. De ese modo, el consorcio busca generar capacidades de desarrollo local que permitan que los proyectos no fracasen luego de que los funcionarios o investigadores que acuden al territorio concluyan sus trabajos. “No sabemos si tendremos el dinero y el tiempo para solucionar todos los problemas de las 60 familias de un paraje, pero generamos ciertas condiciones en términos de capacidad, no de capacitación, para que las
soluciones puedan ser auto generadas”, subraya Thomas, quien además es miembro titular de la Comisión Asesora de Desarrollo Tecnológico y Social y Proyectos Complejos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). “Por un lado, trabajamos en la formación de los funcionarios y técnicos; y por otro, apoyamos a la comunidad y a los agentes de desarrollo que hay en el territorio para que puedan diseñar e implementar todo el proceso. Nos interesa articular actores en el territorio y generar entramados, y que a su vez esos actores sepan cómo interactuar con otros que están fuera de su territorio pero que tienen otras capacidades y pueden colaborar”, explica Juarez y subraya que “esa dinámica es el corazón del proyecto: sentarse a discutir, ver, pensar y proponer formas de actuar”.
En paisajes como este, profesionales, técnicos y referentes de la comunidad analizan opciones tecnológicas para aprovechar mejor los recursos. Esta dinámica propone diversos desafíos, no solo en cuanto a la generación de confianza y el establecimiento de vínculos con las comunidades, sino también en la forma de sostener este tipo de proyectos a nivel institucional. “Empezamos un largo proceso de planificación y como el proyecto era distinto de lo que el sistema de evaluación normalmente acepta, entre la versión original de lo que queríamos hacer y la versión aprobada escribimos 24 versiones”, recuerda Thomas y explica que la adjudicación de financiamiento muchas veces no está
pensada para este tipo proyectos, sino más bien para investigaciones de laboratorio. Por ejemplo, el especialista puntualiza que, entre los requisitos solicitados, les pedían definir previamente en qué localidades trabajarían y qué tipo de solución u artefacto llevarían. “Pero primero necesitábamos ir a ver en qué lugares este tipo de dinámica puede ser viable. El proyecto comienza con ir a conversar con la gente, ver qué quiere y cómo caracteriza el problema. Y, si es necesario, dialogar, porque tampoco es que la gente tiene razón y nosotros somos los académicos equivocados por definición, sino que todos sabemos algunas cosas y en conjunto podemos construir algo que resulte adecuado para la situación local”, subraya este doctor en sociología que también es director del programa de investigación de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología en IESCT-UNQ. Al respecto, Juarez agrega que, en general, “el financiamiento está preparado para una empresa, pero no para que sea el Estado el que ejecuta financiamiento público”, y advierte, entre otras cuestiones, la necesidad de que el tiempo requerido por los procedimientos para las licitaciones sea más fluido en este tipo de iniciativas, puesto que en ocasiones demoraron entre seis y ocho meses para concretarlas. “Nosotros no ‘bajamos’ artefactos, sino que en el territorio y de forma horizontal se toman decisiones. No hay que decidir antes ni llevar cosas llave en mano, eso es lo central. Y, además, todo esto es publicable en revistas de ciencias sociales con referato, no es algo que queda fuera de la agenda académica mundial. Al contrario, esta es la pregunta de tres cuartas partes del planeta”, subraya Thomas y concluye: “Para nosotros, esta no es solo una manera de resolver problemas de agua en una localidad, es la manera de hacer política pública”. 22 oct 2015