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EQUILIBRIO INFORMATIVO
Lunes 5 de junio de 2017
“MUJERES SIN MAQUILLAJE” De acuerdo con el grupo, a los feminicidios se suman otros hechos de violencia que han puesto en riesgo la vida y la integridad de muchas mujeres. A la actual omisión se suma la tardanza para tipificar el feminicidio y la dilación para corregir el error al no haberlo considerado como delito grave; el tiempo transcurrido hasta contar con un protocolo para utilizar esa figura legal; y la impericia o negligencia de la Fiscalía para tipificar precisamente como feminicidios los casos que, según los observadores, lo son. Sobre el tema de Violencia contra las mujeres campesinas, la activista yucateca Adelaida Salas Salazar, en su ponencia “Mujeres sin maquillaje”. detalló: Iniciamos 2017 con un Yucatán que se dice va “a la vanguardia” y en donde quienes gobiernan lo nombran como un estado de leyes, uno de los más seguros del país, un estado donde las autoridades pretenden no ver que la brecha entre la protección que estipulan las leyes, los servicios que brindan las instituciones del estado y la realidad que viven las mujeres es abismal. Suponen, agrega la activista en su trabajo, que un marco jurídico avanzado basta para derribar los obstáculos que encuentra una mujer en su acceso a una vida libre de violencia, o que los enormes espacios, recién construidos, son suficientes para la impartición de la justicia, la salud, la educación, el empleo y los derechos humanos.
CRITICAN LA TARDANZA EN EMITIR LEYES PARA ATACAR EL PROBLEMA DE MANERA EFECTIVA. SE ASIGNAN IMPORTANTES PRESUPUESTOS A LOS TRES PODERES, PERO NO SE PERCIBEN AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA ESE MAL SOCIAL.
L
catán, de un total reciente de 58 casos, 32 son contra campesinas, ante lo cual el grupo Indignación establece: “No hay plan ni programa para enfrentar la violencia de género en Yucatán”. “A pesar de que la violencia contra las mujeres se ha incrementado de manera alarmante, a pesar de los feminicidios perpetrados en el estado, el gobierno ha incumplido la obligación de emitir el Programa Especial para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Estado de Yucatán. La ley en la materia le marca ese deber y le ponía como límite para hacerlo febrero de 2015”, reporta ese grupo defensor de los derechos humanos. a violencia contra las mujeres yucatecas del medio rural es alarmante. Cifras del Inegi establecen que unas 200 mil han denunciado distintos tipos de violencia, no sólo física, sino también económica y psicológica, e incluso daños a su integridad y su familia.
El problema es tan grave que ha merecido prioridad en el Congreso del Estado, donde el viernes 2 de junio se aprobó un dictamen sobre feminicidio que incluye cuatro causales respaldadas por todos los partidos, y que se refieren: 1) al lazo afectivo entre el victimario y la víctima; 2) amenazas previas; 3) la incomunicación de la víctima; y 4) exponer el cuerpo de la víctima en espacios públicos. El dictamen fue aprobado, junto con otros, en la sesión especial que la Legislatura realizó este sábado 3 de junio en la ciudad de Valladolid. Pero en tanto se perfeccionan las leyes y se ponen en práctica, el problema se arraiga y provoca lacerantes conflictos de familia, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) carece de cifras al respecto y tampoco informa sobre las medidas de protección que requiere la mujer campesina para estar a salvo de su agresor.
Sonados casos de violencia contra mujeres en Mérida, Progreso y Conkal en mayo, febrero y diciembre pasados, respectivamente, fueron insuficientes para generar medidas concretas contra la violencia feminicida, apunta Indignación. “Son cuatro años perdidos para enfrentar la violencia de género, que se suman a las inacciones e impericias de los gobiernos anteriores”, afirma.
Deseo que las mujeres superen el estigma de que, al ser violentadas, dejan de tener valor social. Me preocupa esa vergüenza de sufrir violencia y callarla, y es por ello que mi trabajo consiste en llevar al teatro temas de este tipo”. “Visibilizar la violencia es importante, debemos rebelarnos contra el silencio y la sumisión”. “Es ahí, en el escenario, donde pongo las experiencias vividas por las mujeres”.
A 100 años del Primer Congreso Feminista –celebrado en Yucatán–, aún prevalece la falta de respuesta y sensibilización adecuada que realicen las instituciones encargadas de proporcionar prevención, atención y sanción en estos temas, tanto en Yucatán, como en casi todo el país.
INVERSIONES SIN FRUTO Una mirada a los presupuestos millonarios muestra que el Poder Ejecutivo ejerció en 2015 un total de 21 mil 378 millones 282 mil 223 pesos; el Poder Legislativo manejó 183 millones 59 mil 740 pesos, y el Judicial gastó un total de 460 millones, y con todo eso no se logra percibir avances en la implementación de políticas públicas con perspectiva de género. La Comisión de Derechos humanos del Estado de Yucatán (Codhey) recibió 31 millones 500 mil pesos, pero sus recomendaciones fueron muy escasas y poco justas. Estos recursos no se reflejan en mejores hospitales, más jueces y juezas, ministerios públicos y demás, y tampoco se reflejan en una mejor calidad de vida en la población, principalmente en el tema de las mujeres. No se cuenta con estadísticas acerca de esta grave problemática a 8 años de aprobada la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia desde su promulgación en el 2008, y aún no se cuenta con el reglamento respectivo.
PREOCUPANTE QUINTO LUGAR Tampoco existe un Observatorio Social de la Violencia de Género, ni una base de datos, aunque un dato significativo lo da la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar del 2006, la ENDIREH, que ubica a Yucatán entre 32 estados, y ocupaba el quinto lugar en violencia contra la mujer, incluyendo violaciones a niñas de 0 a 14 años. Entre los avances y retrocesos que se han registrado en la entidad se cuenta el nuevo recinto legislativo, lugar donde se aprueban las leyes que rigen el estado y se adoptan las leyes federales: se aprueban o desaprueban iniciativas del gobernante en turno y se decide si se da trámite a las propuestas o iniciativas ciudadanas de la sociedad civil. En Yucatán podríamos hablar de pocos avances y graves retrocesos, y un ejemplo es que, después de muchos años de insistencia, a mediados de los años 90 por parte de grupos organizados de la sociedad civil, el Congreso del Estado aprobó la formación de una Comisión de Equidad y Género en abril del 2002. Pero de la misma manera, la Legislatura 2006-2009 la eliminó para crear una gran Comisión llamada “Grupos vulnerables”, donde quedaron incluidas mujeres, niños y niñas, al igual que personas de la tercera edad, en un grave retroceso sin ninguna duda.–
José Cortazar Navarrete
PREOCUPANTE OMISIÓN Acerca del incremento y el creciente número de crímenes contra las mujeres en Yu-
CONCHI LEÓN, DOCENTE, ACTRIZ, ESCRITORA Y PRODUCTORA TEATRAL
LIGIA VERA
Ligia Vera Gamboa, Investigadora del Centro de Investigaciones Hideyo Noguchi: En Yucatán el 58.6 por ciento de las mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia al menos una. En el medio rural esta cifra crece hasta 65%.
GINA VILLAGÓMEZ
MARÍA MONJIOTE ISAAC
Gina Villagómez Valdés: investigadora y docente de la Universidad Autónoma de Yucatán:
María Jesús Monjiote Isaac.- Regidora del Ayuntamiento de Mérida.- Comisión de Equidad de Género
El 37 por ciento de los casos de violencia de pareja entre las mujeres campesinas es física, un 28 por ciento es emocional, 20 por ciento es económica, y 15 por ciento es sexual. “Vivimos en un estado clasista, misógino, homofóbico y discriminatorio contra las personas de la tercera edad”.
El 41 por ciento de las mujeres de las comisarías de Mérida ha sido víctima de violencia, agresiones, insultos y vejaciones.
(Coloquio Internacional “Narrativas de Violencia y Paz”), Mérida, mayo 2017.
Un 23 por ciento vive violencia económica, 17% física; y más de un 7 por ciento sexual. El 38 por ciento de las mujeres que denuncian sufre represión.
Según Naciones Unidas, violencia contra la mujer es: Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1993)