INTERNACIONAL

HArtAzgO E iNdigNACióN EN COLOMbiA

El proyecto inicial de reforma castiga con impuestos el consumo de los sectores medios y pobres de la población.

Odalys Troya Flores * La Habana (Prensa Latina).- Las movilizaciones persistentes en Colombia, más allá del rechazo a la reforma tributaria, son el resultado del hartazgo y la indignación ante los problemas del país, afirmó el académico Jairo Estrada.

En exclusiva con Prensa Latina vía internet, este economista de reconocida trayectoria y activista social colombiano hizo un bosquejo de la crisis actual de la nación suramericana que acapara titulares, denuncias, llamados de alerta y observación permanente ante la violencia del Estado, desde la mano del gobierno de Iván Duque.

“La reforma tributaria presentada por el gobierno de Duque, sin dudas era un atentado contra el pueblo porque buscaba extraer de los bolsillos de los hombres y mujeres trabajadores de nuestro país algo más de siete mil millones de dólares”, aseguró.

Explicó que era un proyecto de reforma

“La reforma tributaria presentada por el gobierno de Duque, sin dudas era un atentado contra el pueblo porque buscaba extraer de los bolsillos de los hombres y mujeres trabajadores de nuestro país algo más de siete mil millones de dólares”

que castigaba con impuestos el consumo de los sectores medios y pobres de la población y, asimismo, las rentas del trabajo lo cual, por cierto -dijo- es una labor con crecientes niveles de informalidad y precariedad. Se trata de una reforma que se pretendía adelantar en un contexto de agudización de la crisis económica y social derivada de los impactos de la pandemia, añadió.

En esas condiciones la respuesta lógica fue la del hartazgo y la indignación, subrayó Estrada, también profesor universitario.

“La gente no podía permitir que su ya precaria situación fuera más deteriorada por cuenta de una reforma tributaria que, al tiempo de castigar a los sectores medios y pobres de la población, mantenía los incentivos para las grandes corporaciones, para los grandes empresarios, para los grupos económicos de poder de Colombia”, comentó. Indicó que, aunque el gobierno se vio obligado a retirar el proyecto inicialmente presentado, la protesta sigue porque las aspiraciones de los colombianos movilizados van mucho más allá de enfrentar una reforma tributaria.

El hecho que el gobierno la haya retirado, no significa su renuncia a ella porque, de hecho, está construyendo un nuevo texto que en lo esencial busca reducir las aspiraciones de recaudo esencial a tres mil 504 mil millones de dólares, detalló.

“No están claros todavía los contenidos del nuevo proyecto que se supone el gobierno aspira a concertar en el Congreso de la República con fuerzas sobre todo afines. Pero reitero, las aspiraciones de la sociedad colombiana van mucho más allá”, enfatizó.

Para el director de la Revista Izquierda, los colombianos están frente a un acumulado de problemas que ya tuvieron su expresión de rechazo en el paro nacional del 21 de noviembre de 2019 y en las manifestaciones en septiembre de 2020.

En esos dos momentos, fueron asesinados 13 jóvenes colombianos a manos de la fuerza pública, denunció.

MOvILIzACIONEs REgIsTRAN NuEvAs AsPIRACIONEs

Las movilizaciones que persisten en Colombia muestran una magnífica presencia de los hombres y mujeres del común en las calles, sobre todo de estudiantes y trabajadores, de jóvenes desocupados en gran medida sin perspectivas ni proyectos de vida, describió.

“Esas movilizaciones registran nuevas aspiraciones y específicamente se plantea la necesidad de una renta básica universal”. Adicionalmente -agregó- se exige la desmilitarización de los centros urbanos, de las calles de las ciudades, por cuanto se considera que el ejército está hecho para la guerra y no para combatir al pueblo.

También piden el retiro de un proyecto de reforma de ley de la Salud que profundiza los procesos de privatización iniciados en Colombia en 1993 con la expedición de la Ley 100 y que en absoluto permite resolver las preocupaciones y problemas en ese campo de la sociedad colombiana, dijo.

“Igualmente hay demanda por el cese de las masacres y asesinatos contra líderes y lideresas sociales en Colombia. Solo el año pasado hubo más de 136 matanzas y en lo corrido de este 2021 suman ya más de 35”, puntualizó el director académico del Centro de Pensamiento y Diálogo Político.

Precisó que, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, más de mil 100 líderes sociales y 271 firmantes de ese compromiso murieron asesinados, de tal manera que ahí hay otra reivindicación del pliego, un clamor por el cese de la violencia que azota sobre todo a los territorios de la Colombia profunda.

Junto con ello hay otra serie de requerimientos como la exigencia de matrícula cero que equivale a gratuidad en la inscripción para los estudiantes de educación superior, específicamente de las universidades públicas, lo cual podría extenderse a las universidades privadas, amplió.

“Otra exigencia importante es que se desmonte el Escuadrón Antidisturbios por su acción criminal contra los jóvenes, hombres y mujeres de Colombia”, remarcó Estrada.

Consideró que esas son las reivindicaciones de un pliego inmediato a las cuales se suma la exigencia de que haya una política efectiva para combatir la pandemia del coronavirus causante de la Covid-19.

En su opinión, la gestión de la crisis sanitaria, en lo que concierne a la política de Salud Pública, ha sido errática y en general desastrosa.

Ahora el gobierno trabaja en un nuevo texto que reduce las aspiraciones de recaudo esencial a tres mil 504 mil millones de dólares.

“El país registra un severo rezago en el proceso de vacunación masiva de la población y en buena medida tiene que ver con las posturas que el gobierno asumió en su momento en el proceso de negociación para el acceso a vacunas”, señaló.

“Posturas incluso con cargas ideológicas que desconocen la existencia de vacunas con impactos positivos en otros lugares del mundo”, acotó.

Para Estrada, a pesar de que la protesta

Se trata de una reforma que se pretendía adelantar en un contexto de agudización de la crisis económica y social derivada de los impactos de la pandemia

social es un derecho legítimo consagrado en el ordenamiento constitucional colombiano, la respuesta del Estado y específicamente del gobierno de Iván Duque fue la represión violenta. “Los datos son escalofriantes: tenemos tras una semana de paro y movilización social y popular en Colombia, 32 jóvenes asesinados en su absoluta mayoría menores de 25 años”, expuso al referirse a la información diaria proporcionada por organizaciones no gubernamentales desde el inicio del paro nacional el pasado 28 de abril.

Tenemos jóvenes que perdieron sus ojos o uno de sus ojos por cuenta de la acción de los policías que dispararon balas de goma dirigidas a ellos. Se trata de cerca de una decena de esos jóvenes, especificó.

Solo el año pasado hubo más de 136 matanzas y en lo corrido de este 2021 suman ya más de 35

Apuntó que sin cifras consolidadas aún de desapariciones hasta el momento, se habla de una cantidad de entre 40 y 89 personas.

“A ello se suman centenares de detenciones y heridos, de tal manera que aquí hay una respuesta brutal, un uso desmedido de la fuerza del Estado que se ha acompañado además de la orden de militarizar los centros urbanos”, declaró.

Destacó que se habla incluso de la posibilidad de que el presidente de la República, según sigan avanzando los acontecimientos, decrete el Estado de Excepción, la Conmoción Interior que, de facto, significaría abrirle paso a una dictadura civil, así sea de manera transitoria y por tiempos regulados constitucionalmente.

Eso traería implicaciones muy graves, muy peligrosas para el devenir del proceso político en Colombia, alertó. “Debo señalar que, en todo caso, en el contexto de las luchas y movilizaciones se han presentado numerosos actos de violencia que no pueden ser explicados”, aseguró.

El entramado de la violencia en Colombia es muy complejo y resulta difícil aproximar caracterizaciones, sostuvo a Prensa Latina.

PERsPECTIvAs

Por lo pronto no hay suficientes claridades acerca de las perspectivas porque el gobierno busca apaciguar, combinar una estrategia de conversaciones que ya usó en el contexto del paro de noviembre de 2019, refirió.

“Llamó a conversar a los gremios económicos, a los partidos políticos e incluso habla de platicar con las fuerzas opositoras, con las altas cortes, con el Comité Nacional de Paro, con los jóvenes”, manifestó. Pero lo concreto, más allá del llamado a la conversación: no hay decisiones políticas que permitan afirmar una inmediata desactivación de lo que llevó al paro, como la renuncia a la reforma tributaria, a medidas concretas contundentes para solventar la muy difícil situación económica e incluso para apoyar la propia producción nacional, señaló.

“Me refiero a medidas en las que, si se contempla el escenario de tributación, los impuestos descansen básicamente en los que más renta y patrimonio tienen. No hay que olvidar que este país es uno de los que en el mundo más concentra el ingreso”, ilustró.

De todo eso no hay ningún anuncio todavía, no se advierte nada al respecto, ese es el escenario de la conversación que estará acompañado de la persistencia de la continuidad de la protesta, opinó.

Aseguró que son impredecibles las dimensiones y alcances y las dinámicas que se van desatando en este contexto donde sobresalen las expresiones de movilizaciones, organizativas, que pueden considerarse como novedosas.

“También dan cuenta de expresiones vistas en otros lugares de Nuestra América, muy heterogéneas, muy diversas, pero convergentes en el hartazgo y en la indignación, en el basta ya frente al orden existente, aunque suficientemente claras y decantadas en cuanto a los procesos inmediatos a construir”, resaltó.

Estrada prevé escenarios similares en países de la región, como ocurrió recientemente en Chile, donde se desató un proceso en el cual la Asamblea Nacional Constituyente ha sido considerada como una estación necesaria de redefinición del poder y la organización de presupuestos más democráticos para ese país.

“Colombia está demandando, tiene aspiraciones mucho más profundas que lo que pueda esperarse de procesos electorales, específicamente de los comicios de 2022”, avizoró.

Para el académico, en todo caso ese proceso debe ser fundamental con vistas a consolidar un cambio político favorable a las fuerzas progresistas, democráticas, de izquierda de Colombia, después de una larga hegemonía de gobiernos de derecha con diferentes matices en las últimas décadas.

* Periodista de Prensa Latina

LAs dErECHAs CriMiNALEs dE LAtiNOAMériCA

Pierre Lebret *

Gobiernan de acuerdo con sus propios intereses económicos. Se oponen a mecanismos fiscales redistributivos para una mayor justicia social.

París (Prensa Latina).- Moreno, Duque y Piñera, mandatarios de Ecuador, Colombia y Chile; Macri, expresidente de Argentina, y Almagro, secretario general de la OEA, reunidos el 5 de mayo en el foro “Defensa de la democracia en las Américas”, en Miami.

No fue un chiste, ni la última cena, sino una ofensa para todas las víctimas de los últimos gobiernos conservadores y neoliberales de Latinoamérica. Pasan los meses y los años, y seguimos contando los muertos, los heridos y los prisioneros ante los ojos de una comunidad internacional poco activa.

Algo unió a esos presidentes y exmandatarios -entre los cuales solo faltó el dignatario de Brasil, Jair Bolsonaro-, y no es la democracia. Gobiernan de acuerdo con sus propios intereses económicos. Se oponen a mecanismos fiscales redistributivos para una mayor justicia social.

Hacen lo imposible para que sus colegas dueños de grandes grupos económicos se apropien de los medios de comunicación. Instauran el “lawfare” contra sus oponentes.

LLEgARON POR LAs uRNAs y EjERCEN EL POdER COMO dICTAdOREs.

Desde los procesos de transición a la democracia no había existido tal riesgo de retroceso. Piñera y Duque optaron por la represión, disparándoles al pueblo. Todos sabemos las razones de las manifestaciones populares en Chile y Colombia: desigualdad y pobreza, agudizadas por la pandemia.

Frente a la indolencia de gobiernos que se arrebatan el Estado como si fueran sus propias empresas, millones de familias esperan por ayudas directas e intentan resolverse la vida para frenar el hambre.

Esos personajes que se reunieron en Miami el 5 de mayo nunca entendieron la importancia del bien común, no hacen suya la necesidad de cohesión social y de igualdad. En la cultura política de la derecha latinoamericana la práctica del diálogo social no es prioridad, transformar las instituciones e instaurar nuevas leyes para favorecer a su sector, sí.

Frente a la voz popular y las movilizaciones, se impone el miedo de perder privilegios económicos, y eligen de manera racional la represión. América Latina está ensangrentada y no es descontrol, como señalan algunos medios. Hay una decisión de reprimir.

Dispararle al pueblo es criminal, no ayudarlo también. Las democracias de la región seguirán estando en peligro mientras un pequeño sector de la sociedad no quiera aceptar la necesidad de garantizar derechos sociales para el conjunto de la población y avanzar hacia una mayor igualdad.

En el actual contexto de crisis sanitaria, parece confirmarse por el mundo esa toma de conciencia de que el Estado es fundamental para garantizar los derechos sociales de la población, y que la movilización de recursos pasa necesariamente por establecer impuestos a los más ricos.

Para ello es y será esencial la victoria de las fuerzas progresistas a fin de instaurar una nueva ruta compatible con nuestros tiempos, con justicia social, equidad de género, protección del medio ambiente y garantía de los derechos humanos.

Hoy el problema no es tanto la falta de ideas desde el progresismo. ¿El error difícilmente perdonable? La incapacidad y falta de voluntad política para establecer las condiciones de la unión.

Lo que sucedió en Ecuador en los últimos comicios puede y debe ser evitado en otros países. Nunca el neoliberalismo sirvió a los intereses de los pueblos del Sur de nuestro mundo, más bien atenta contra la vida de millones de seres humanos.

Eduardo Galeano expresaba que “la derecha tiene razón cuando se identifica a sí misma con la tranquilidad y el orden: es el orden, en efecto, de la cotidiana humillación de las mayorías, pero orden al fin: la tranquilidad de que la injusticia siga siendo injusta y el hambre hambrienta”.

* Cientista político, latinoamericanista, experto en cooperación internacional

CrÍMENEs dE isrAEL y ExtErMiNiO dEL PuEbLO PALEstiNO

Stella Calloni * buenos Aires (Prensa Latina).- Los bombardeos brutales y el ingreso de tropas israelíes en Gaza, el 13 de mayo, constituyen un armado que coincide con las mayores maniobras militares dispuestas por el gobierno de Benjamín Netanyahu.

Dichas operaciones están destinadas a apoderarse de toda Jerusalén y al exterminio del pueblo palestino, que sobrevive en la cárcel más grande del mundo a cielo abierto, como es Gaza.

Esas acciones realizadas por el gobierno de un país como Israel, la cuarta potencia en armas en el mundo, es un crimen de lesa humanidad, impunemente preparado con la complicidad de sus asociados como Estados Unidos, Reino Unido y otros, considerando que los palestinos no tienen ejército y sus territorios están bajo ocupación.

Gaza ocupa 360 kilómetros cuadrados y tiene dos millones de habitantes, quienes viven bajo el más despiadado terrorismo de Estado que aplica Israel en los territorios ocupados, donde no sólo asesinan, torturan, matan y detienen niños, mujeres, ancianos, mientras se destruye sistemáticamente ese hábitat.

Vivir entre escombros y sitiados por tierra, mar y aire, dejándolos sin agua, cortando la luz, la energía, los alimentos, es en realidad un enorme campo de concentración, un crimen de lesa humanidad que se comete ante la mirada cómplice de una buena parte de países del mundo.

Una situación de injusticia, colonialismo, racismo y apartheid que se mantiene desde 1948 cuando se dividió el territorio palestino en dos partes, en una de las cuales se creó el estado de Israel, sin consultar a los habitantes ancestrales que iban a ser desplazados y luego perseguidos.

Más aun, las organizaciones terroristas judías Hagana, Irgun y otras tuvieron la tarea de “limpiar” el terreno que iba a ocupar Israel quemando aldeas palestinas y asesinando a sus habitantes, como sucedió en Deir Yassin el 9 de abril de 1948, una masacre que quedó grabada en la historia de los crímenes atroces del mundo.

El armado previo comenzó el pasado 7 de mayo cuando tropas y policías israelíes impidieron el acceso a la mezquita de Al Aqsa, Jerusalén, adonde intentaron llegar para sus oficios religiosos los pobladores palestinos.

También se movilizaban en defensa de sus derechos y de las familias de Sheij Yarrah -barrio predominantemente palestino en Jerusalén-, a las que las tropas israelíes intentan sacar de sus casas, heredadas de sus antepasados, para entregárselas a los colonos de Israel. Un evidente accionar de limpieza étnica, considerado en el Derecho Internacional como crimen de guerra.

Las operaciones militares encabezadas por el gobierno de Benjamín Netanyahu están destinadas a apoderarse de toda Jerusalén y al exterminio del pueblo palestino.

Las acciones realizadas por el gobierno de Israel, la cuarta potencia en armas en el mundo, son un crimen de lesa humanidad

De acuerdo con el relato armado para la prensa mundial, manejada por el poder hegemónico, estos bombardeos eran una “respuesta” en defensa de la población israelí ante los cohetes fabricados de forma casera en Gaza, sin ninguna real potencia de fuego ante el enorme arsenal de armas, entre ellas nucleares, de su invasor.

Los primeros cohetes se dispararon después de que el movimiento palestino Hamas pidiera al gobierno israelí terminar con la brutal represión en Jerusalén que dejó casi un millar de heridos y detenidos.

Esto lo oculta la prensa de guerra, como hace silencio sobre el derecho a la defensa que tiene el pueblo palestino que es la víctima, no el victimario.

Igualmente existen versiones sobre acciones de provocación utilizadas por la inteligencia israelí infiltrada en algunos sectores en la Franja de Gaza, sitiada por tierra, mar y aire.

Ante los últimos sucesos es imposible olvidar aquella incursión del 28 de septiembre del 2000 del exministro de Defensa Ariel Sharon, en la explanada de las Mezquitas de la Ciudad Santa, rodeado de miles de policías y militares, provocando un gravísimo conflicto después de que se había aceptado el principio de coexistencia de dos capitales en Jerusalén.

Hay que recordar también que durante la guerra de los seis días, el 7 de junio de 1967, el ejército israelí tomó la explanada de las Mezquitas -que tiene edificaciones monumentales como la mezquita de Al Aqsa y el Domo de la Roca- y toda la ciudad vieja de Jerusalén. Cuando abandonó la explanada, el entonces ministro de Defensa Moshe Dayan proclamó por