ATAQUES Y FUEGO AMIGO

Para nada se duda de la capacidad que tiene el oriundo de la popular colonia Piedra Bola, en Hermosillo, Licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora, y quien llegara al movimiento de Regeneración Nacional en su etapa del Gobierno Legítimo en 2009. En su meteórico ascenso político, fue representante ante el Consejo Distrital 05 en la elección del 2012 en un espacio que le prestó MC a Morena ya que éste aún no era un partido. Llegó a ser secretario Estatal de Jóvenes en el primer Comité Ejecutivo Estatal cuando Javier Lamarque era en ese entonces dirigente. Ahora convertido en el secretario de la Consejería jurídica del Estado de Sonora lo han tratado de envolver en un tema más mediático que jurídico, ya que como se sabe, una investigación periodística muy controversial lo intentó involucrar en actividades de corrupción que tienen que ver específicamente con el delito de peculado.

En la investigación hecha por reconocido periodista, expone de primera mano la existencia de dos empresas proveedoras del estado: una es una constructora y la otra es una empresa de asesoría jurídica. Ambas empresas están a nombre del mismo representante legal que cobra mensualmente la cantidad de $254,000.00 pesos al mes por proveer asesorías a la

Consejería Jurídica del Estado. Sin embargo, agrega el periodista que, a pesar de haber evidencia de que el representante legal se trata de un prestanombres, ni la Contraloría, ni la Fiscalía Anticorrupción han abierto alguna carpeta de investigación al respecto.

En una reciente conferencia de prensa 'mañanera´, el gobernador Alfonso Durazo Montaño fue cuestionado por la consorte de Jorge Morales Borbón, quien a 'boca de jarro' imputó a Salazar Razo sin demostrar nada, tan solo una provocación al intentar adjudicarle al gobernador supuestas corruptelas del titular de la Consejería Jurídica del estado ahí presente ante los diversos medios de comunicación que se encontraban en ese lugar. No se puede hablar de irregularidades, delitos o corrupción sin que haya de por medio una sentencia judicial que las confirme. Por más elementos de prueba que pueda tener un medio de comunicación, es una función jurisdiccional. Un contrato de $254,000.00 pesos para una asesoría jurídica no es una gran cantidad, pues recibió al estado con litigios que, de haberlos perdido, nos hubiesen representado un impacto presupuestal de $5MMDP.

En este momento, a través de la Consejería Jurídica del estado, se han logrado solventar un número importante de juicios, donde las sentencias de la autoridad correspondiente han sido a favor del gobierno del estado de Sonora. Con ello se ha evitado que el gobierno del estado pague exorbitantes sumas de dinero. Es obligado, por parte del gobierno, defender el patrimonio del estado. El gobierno no puede pagar sin una orden condenatoria, de lo contrario se incurriría en una responsabilidad administrativa. Además, este no es el único caso de asesoría que se tiene por parte del gobierno del estado.

Ahí mismo, Salazar Razo comentó que, en el caso de la empresa a la que hacen mención en la investigación periodística, tiene una personalidad moralmente constituida con una calificación positiva ante el SAT y a la quien se le han podido revisar esas condiciones hacendarias. Además, recalcó que el asesor jurídico de la empresa en mención no es el representante legal de la misma, es decir, el representante legal de la empresa no necesariamente tiene que ser abogado. Quién presta el servicio de asesoría legal, sí. Adolfo Salazar Razo aseguró que el estado sigue enfrentando un pasivo contingente de alrededor de mil millones de pesos por juicios civiles, administrativos, mercantiles y laborales. El funcionario estatal señaló que para contener este problema la dependencia contrató servicios profesionales externos, los cuales generan un gasto mensual de $541,582.00 pesos; aún así, el gasto de servicios por parte de la Consejería representa un ahorro respecto de lo que se venía ejerciendo en este servicios de alrededor del 83%, lo que se traduce a 4.7 millones de pesos al año en comparación de los 30 millones de pesos al año que se gastaban en la administración de la ex gobernadora Claudia Artemisa Pavlovich Arellano.

Por otro lado, también debemos admitir que el "fuego amigo" ha estado alcanzando al secretario de finanzas Omar Antonio del Valle Colosio, como al actual secretario de la oficina del ejecutivo, Rodolfo Alberto Castro Valdez, a quienes a su vez los acusan de "picarse los ojos" mutuamente. Sin duda, es muy temprano para que con este tipo de actos con fundamento o no, empiecen a dar de qué hablar ante las barbas del Gobernador Alfonso Durazo Montaño, a quien, como los enanos, ya se le empiezan a encaramar a las barbas. Alfonso Durazo les ha puesto el ejemplo de cómo trabajar arduamente a un año de haber arribado al poder. Es hora de tomar una decisión en cuanto a poner orden al interior del gabinete, y este 13 de octubre lo sabremos.