ISSN 0188—9834
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Nóesis 20 años
La región en retrospectiva
VOL. 18 NÚMERO
36
AGOSTO—DICIEMBRE 2009
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ Nóesis, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades del Instituto de Ciencias Sociales y Administración
Jorge M. Quintana Silveyra Rector David Ramírez Perea Secretario General Javier Sánchez Carlos Director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración Servando Pineda Jaimes Director General de Difusión Cultural y Divulgación Científica Myrna Limas Hernández Directora General Rosalía Herrera Olivas Asistente Mayola Renova González Subdirectora de Publicaciones
Karla María Rascón Diseño de portada
Comité Editorial:
Juan Luis Sariego Escuela Nacional de Antropología e Historia ENAH—Chihuahua Conaculta/Instituto Nacional de Antropología e Historia Chihuahua, Chihuahua, México Noemí Luján UAM—Xochimilco México, D.F.
María Vara Universidad Autónoma de Madrid Madrid, España
Luis Antonio Payán Alvarado Universidad de Texas en El Paso Department of Political Science Estados Unidos Clara Eugenia Rojas Universidad Autónoma de Ciudad Juárez México Víctor Orozco Universidad Autónoma de Ciudad Juárez México Servando Pineda Jaimes Universidad Autónoma de Ciudad Juárez México Roberto Follari Universidad Nacional de Cuyo Argentina
José Manuel García Universidad Estatal de Nuevo México Estados Unidos
Nóesis Volumen 18, número 36, agosto—diciembre 2009, es una publicación semestral editada por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a través del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ. Redacción: Avenida Universidad y H. Colegio Militar (zona Chamizal) s/n. C.P. 32300 Ciudad Juárez, Chihuahua. Para correspondencia referente a la revista, comunicarse al teléfono: (656) 688-38-00 exts. 3792, 3892; o bien escribir a los siguientes correos electrónicos: noesis@uacj.mx y/o kruiz@uacj.mx
Nóesis: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades/Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Instituto de Ciencias Sociales y Administración. núm. 1, vol. 1 (noviembre, 1988). Ciudad Juárez, Chih.: UACJ, 1988.
Editor responsable: Myrna Limas Hernández. ISSN: 01889834. Impresa por Lazer Quality Prints, Av. Pedro Rosales de León, número 6599, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Distribuidor: Subdirección de Gestión de Proyectos y Marketing Editorial. Henry Dunant 4016, Zona Pronaf, CP 32315. Ciudad Juárez, Chihuahua. Este número se terminó de imprimir el 10 de marzo de 2011 con un tiraje de 500 ejemplares.
1. Ciencias Sociales-Publicaciones periódicas 2. Ciencias Sociales-México-Publicaciones periódicas 3. Humanidades-Publicaciones periódicas 4. Humanidades-México-Publicaciones periódicas
Hecho en México /Printed in Mexico
Semestral Descripción basada en: núm. 19, vol. 9 (julio/diciembre, 1997) Publicada anteriormente como: Revista de la Dirección General de Investigación y Posgrado. ISSN: 0188—9834
H8.S6. N64 1997 300.05. N64 1997
Permisos para otros usos: el propietario de los derechos no permite utilizar copias para distribución en general, promociones, la creación de nuevos trabajos o reventa. Para estos propósitos, dirigirse a Nóesis.
© UACJ Los manuscritos propuestos para publicación en esta revista deberán ser inéditos y no haber sido sometidos a consideración a otras revistas simultáneamente. Al enviar los manuscritos y ser aceptados para su publicación, los autores aceptan que todos los derechos se transfieren a Nóesis, quien se reserva los de reproducción y distribución, ya sean fotográficos, en micropelícula, electrónicos o cualquier otro medio, y no podrán ser utilizados sin permiso por escrito de Nóesis. Véase además normas para autores. Revista indexada en Latindex, Clase y Redalyc
El significado de Nóesis NÓESIS. Este término es griego y se vincula con otro muy empleado en la filosofía clásica: nous (razón, intelecto). La elección de este título se deriva de algunas consideraciones acerca de la teoría del conocimiento que se desprenden del conocido símil de la caverna (República, VII). El hombre, que ha podido contemplar el mundo de los arquetipos, esto es, que ha logrado penetrar las esencias, no puede ya contentarse con la proyección deformada del conocimiento sensible. La luz que lo iluminó es la filosofía, que Platón conceptualiza todavía en el sentido pitagórico de ancla de salvación espiritual. Al ser iluminado por ésta, el hombre siente la necesidad de comunicar a ex compañeros de esclavitud la verdad que ha encontrado, aun cuando estos últimos puedan mofarse de él, como lo había hecho la mujer tracia con Tales. La misma alegoría recuerda los descensos al Hades del orfismo y del pensamiento religioso pitagórico. En el conocimiento, así caracterizado, Platón encuentra diversos grados. El primero es dado por la experiencia, que es de suyo irracional, porque se fundamenta en una repetición mecánica de actos. Ésta se racionaliza en el arte (techne), es decir, en la habilidad adquirida, en las reglas metodológicas, puesto que en dicha actividad se investigan los datos de la experiencia. Entre las distintas artes sobresale la filosofía, porque no examina los fenómenos aisladamente, sino que los ve en su conjunto. Platón llama a esta visión totalizadora “dialéctica”, y dice que ella se alcanza a través del ejercicio de la razón (nóesis). Por medio de este ejercicio alcanzaremos pues el conocimiento que, para ser válido, debe ser verdadero y tan real como su objeto. Estas consideraciones sintetizan el propósito y el objetivo de esta revista: presentar trabajos que reflejen, manifiesten, denuncien, los diferentes aspectos de nuestra realidad y hacerlo a través del “ejercicio de la razón”, es decir, de la NÓESIS. Dr. Federico Ferro Gay ( )
Contenido
9 Abstracts 13 Nóesis: a 20 años del inicio de su trayectoria 16
Sección Monográfica La vivienda precarista en Ciudad Juárez: urbanización de subsistencia Valdivia, Guadalupe/Calderón, Gustavo Fecha de impresión: junio de 1989 Fecha de reimpresión: agosto-diciembre 2009 En Nóesis, Número 2. Fernández, Luis Felipe (coord.). Revista DGIES. Número 2, año 1, junio 1989, 139 págs., UACJ, Ciudad Juárez, México. Valdivia, Guadalupe y Gustavo Calderón. La vivienda precarista: urbanización de subsistencia. Número 2, año 1, junio 1989, págs.7-26, UACJ, Ciudad Juárez, México. (Estudios urbanos) El comportamiento del servicio de transporte colectivo urbano (1950-1989)
34 Chavira P., Fidencio
Fecha de impresión: enero-junio de 1990 Fecha de reimpresión: agosto-diciembre 2009
En Nóesis, Número 4 Lau, Rubén (coord.). Nóesis. Número 4, año II, enero-junio 1990, 122 págs., UACJ, Ciudad Juárez, México. Chavira, Fidencio. El comportamiento del servicio de transporte urbano. 1950-1989. Número 4, año II, enero-junio 1990, págs. 39-52, UACJ, Ciudad Juárez, México. (Estudios Urbanos)
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Impactos de la maquila en el medio ambiente de Ciudad Juárez Centro de Estudios Regionales y Comunicación Alternativa (CERCA) Fecha de impresión: Enero-Diciembre de 1991 Fecha de reimpresión: agosto-Diciembre 2009 En Nóesis, Número 6-7 Loera, de la Rosa Manuel (coord.). Nóesis, número 6-7, año III, enero-diciembre 1991, 185 págs., UACJ, Ciudad Juárez, México. Centro de Estudios Regionales y Comunicación Alternativa (CERCA). Impactos de la maquila en el medio ambiente de Ciudad Juárez. Número 6-7, año III, enero-diciembre 1991, págs. 117-144, UACJ, Ciudad Juárez, México. (Medio ambiente)
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Medio ambiente y servicios urbanos en Ciudad Juárez Padilla Delgado, Héctor Fecha de impresión: julio-diciembre de 1993 Fecha de reimpresión: agosto-diciembre 2009 En Nóesis, Número 11 García, Amaral María Luisa (coord.). Nóesis. Realidad de las ciudades y sus problemas. Número 11, año IV, julio 1993-diciembre 1993, 176 págs., UACJ, Ciudad Juárez, México. Padilla Delgado, Héctor. “Medio ambiente y servicios urbanos en Ciudad Juárez”. Realidad de las ciudades y sus problemas. Número 11, año IV, julio 1993-diciembre 1993, págs. 89-112, UACJ, Ciudad Juárez, México. (Medio ambiente)
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Sección Varia Chihuahua: actores sociales y modernización Quintana S., Víctor M. Fecha de impresión: enero-diciembre de 1991 Fecha de reimpresión: agosto-diciembre 2009 En Nóesis, Número 6-7 Loera, de la Rosa Manuel (coord.), Nóesis. Número 6-7, año III, enerodiciembre 1991, 185 págs., UACJ, Ciudad Juárez, México. Quintana S., Víctor M. “Chihuahua: Actores sociales y modernización”. Número 6-7, año III, enero-diciembre 1991, págs. 53-78, UACJ, Ciudad Juárez, México. (Política)
128 Gutiérrez Casas, Luis Enrique
Ciudad Juárez en los sesenta: la estructura urbana en transición Fecha de impresión: julio-diciembre 1993 Fecha de reimpresión: agosto-diciembre 2009 En Nóesis, Número 11 García Amaral, María Luisa (coord.). Nóesis. Número 11. Realidad de las ciudades y sus problemas, año IV, julio-diciembre 1993, 176 págs., UACJ, Ciudad Juárez, México. Gutiérrez Casas, Luis Enrique. “Ciudad Juárez en los sesenta: la estructura urbana en transición”. Realidad de las ciudades y sus problemas. Número 11. año IV, julio-diciembre 1993, págs. 13-39, UACJ, Ciudad Juárez, México. (Estudios urbanos)
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El problema de la vivienda en Ciudad Juárez: los asentamientos humanos irregulares Caraveo C., Bertha Fecha de impresión: julio-diciembre 1993 Fecha de reimpresión: agosto-diciembre 2009 En Nóesis, Número 11 García Amaral, María Luisa (coord.). Nóesis. Número 11. Realidad de las ciudades y sus problemas, año IV, julio-diciembre 1993, 176 págs., UACJ, Ciudad Juárez, México. Caraveo, C. Bertha. “El problema de la vivienda en Ciudad Juárez: los asentamientos humanos irregulares”. Realidad de las ciudades y sus problemas. Número 11, año IV, julio-diciembre 1993, págs. 41-52, UACJ, Ciudad Juárez, México. (Estudios urbanos) Alternancia política y fomento económico en Chihuahua, 1980-1995.
168 Arroyo Galván, Manuel
Fecha de impresión: julio-diciembre 1997 fecha reimpresión: agosto-diciembre 2009
En Nóesis, Número 19 Morales, Julio César (coord.). Nóesis. Número 19. Procesos de industrialización y política industrial, Vol. 9, julio-diciembre 1997, 202 págs., UACJ, Ciudad Juárez, México. Arroyo, Galván Manuel. “Alternancia política y fomento económico en Chihuahua, 1980-1995”. Número 19. Procesos de industrialización y política industrial, Vol. 9, julio-diciembre 1997, págs. 155-198, UACJ, Ciudad Juárez, México. (Economía)
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Libros, entrevistas y otras narrativas Entre Cronos y Kairós de Guadalupe Valencia Rigoberto Lasso Tiscareño La historiografia arqueológica toma la delantera
234 Luis Vázquez León, CIESAS de Occidente 242
Administrando la ciencia en las universidades de México. A propósito de un libro de Adrián Acosta Silva Victor M. Hernández Márquez
Abstracts Squatter housing in Ciudad Juárez: development of subsistence This essay aims to highlight how the group called "outcasts" of society are endeavoring to satisfy a consumer need such as housing. Also, we analyze the role of squatter groups in a locality such as Juarez city, which is currently the most economically important frontier of the country. The limited state involvement in housing supply, has led these groups to meet the demand of this commodity through the self, that is, outside the formal market mechanisms. Squatter groups are large groups of people on which rests the border economy. In this town, these groups have entered the housing either by obtaining urban land in most of the time by way of the invasion. To achieve this mutual aid or solidarity is the key that allows them to begin the long journey whose ultimate goal is to obtain permanent housing.
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Key Words: Marginalization, housing, precaristas groups. Guadalupe Valdivia y Gustavo Calderón The performance of the Urban Public Transport Service These notes arise from the rapid reading of a database hemerographic than on urban public transport, TCU, exist in the Master of Urban Development of the Universidad Autónoma de Ciudad Juarez, UACJ. The intended purpose is to learn some important aspects on how to how, through events that collected these sources, perceived service performance of TCU in 1950 to date. With elements that show we try to provide an idea of the expansion that transport was having with the establishment of colonies and increasingly alienated sectors of the ancient center of the city. These elements are the movement of routers, the increase in rates, conditions of service and conditions of the roads, among others. These aspects were not selected a priori, rather it is considered by the frequent insistence that occurred in the period as news stories.
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The state, meanwhile, to give various organizations, such as private enterprise, the concessions for urban mass transit ignores all the other complications that have the TCU, and this has led to diverse situations: in labor, technological, in rates, in response to demand, quality of service. Key Words: Urban collective transport, tariffs, conditions, road. Fidencio Chavira P. Maquila’s impacts in the Ciudad Juárez environment In this paper we analyze, in general, changes that generated the project industry in Juarez City. First observe its effect on urban sprawl, the provision of services, etc., its impact on the environment and living conditions of the Juarez population. We propose also to locate the main problems caused by the development of the industry, particularly with regard to toxic and nuclear wastes, as well as point the trend of urban economic project that it has imposed on our city, to conclude a brief presentation of the popular reactions and proposals to the problem. It also exposes the problems of contamination resulting from other activities not related to the industry.
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Key Words: Social research, publications, academic journals. Centro de Estudios Regionales y Comunicación Alternativa (CERCA) Environment and urban services in Ciudad Juárez This paper aims to show the scene of the environment and urban services in Juarez city during the eighties. Start with a sketch of the environmental problems of border cities. Continues with a description of the environmental and urban services, particularly water and drainage. He concludes with a discussion of the effects on the health of the inhabitants may be associated with environmental degradation.
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Key Words: Urban planification, development, Ciudad Juarez. Héctor Padilla Delgado
Chihuahua: social actors and modernization The maquila boom, the rise and fall of neopanism, the drug empire, the culture dishes and the “six pack” ... Here begins and ends for many modernization suffered by the state of Chihuahua in the eighties. Beyond these facts, valid analyzers of changes taking place in northern society, modernization means in the Chihuahua in the past decade: increasing transformation of its productive structure and occupational profile, new forms of work and daily life, off of bipartisanship, increasedtrade with the United States. Changes as in the structural core of society, in the scenario where actors perform.
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Key Words: Social Sciences, public universities challenges current. Víctor M. Quintana S. Ciudad Juarez in the sixties: the urban structure in transition
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The essay is structured in a way that can be covered, generally, the various aspects that we believe explain the housing problem in Ciudad Juarez. In the first part we propose the housing problem from several aspects: deficit, low wages and loss of purchasing power of workers, housing market fluctuations, population growth, changes in the composition of the labor market, migration, and economic policies housing. In the second part we focus our analysis on the AHI. Its main features are the irregular forms of appropriation of urban land, the self-build and the smuggling of public services, among others.
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Key Words: Problems of housin, urban land, self-build. Luis Enrique Gutiérrez Casas
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The housing problem in Ciudad Juárez: irregular settlements This paper puts forward and explained by a thorough analysis of the housing problem in Ciudad Juárez, as a result of this problem arising social problems which are explained in the drafting of this document by reference to the most outstanding in as are present financial inability to acquire housing, due to low levels of income earned by individuals residing in this city, and the increase in demand for migration from other cities to the same, as is generated whenever a shortage of supply, juice entering the property market speculation, promoted by the economic and housing policies.
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Key Words: Problems of housing, urban land, self-build Bertha Caraveo C. Political change and economic development in Chihuahua, 1980-1995 Based on research conducted in 1994-1996 to obtain the degree of Master of Regional Development by the Colegio of Frontera Norte, the purpose of this article is to review these two dimensions that come into play in designing of economic development policies at the state level: the political dimension, understood both as exercise and the construction of power and political-electoral disputes and the institutional dimension of the exercise of government strategies including its links with the business sector . At first takes stock of the context in which they develop the political and administrative designs in terms of economic development, then in two subsequent sections, first review the characteristics of political change and then make an analysis of impact on the administrative design to finally address some conclusions and assumptions of development that can have economic development in the next administration.
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Key Words: Politics, economy, power.
Manuel Arroyo Galván
Nóesis: a 20 años
del inicio de su trayectoria
Myrna Limas Hernández1 n la década de 1980, un grupo de académicos e investigadores gestaron en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez un proyecto que hiciera posible la difusión de reflexiones plasmadas por escrito. En aquel entonces, cuando era rector Alfredo Cervantes García (1985—1990), se editaron tres revistas que se titulaban: Chamizal, Entorno y Suma. Esta última, publicada por única ocasión, se bautizó después como Revista DGIES (Dirección General de Investigación y Estudios Superiores). En la actualidad, el producto del proyecto Revista DGIES está representado por Nóesis, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. Nóesis, con sede en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, dada su trayectoria, puede considerarse una experiencia exitosa de la UACJ al reconocer que su compromiso consiste en seguir impulsando la producción académica y científica a través de diversos continentes y latitudes. En esta ocasión, el contenido pretende celebrar y dar cuenta del XX aniversario de la revista. Existe una cantidad amplia de colaboraciones y aportaciones documentadas a lo largo de 20 años, todas ellas muy interesantes, sin embargo, dado que no es posible reimprimirlas 1
Profesora adscrita al Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Correo electrónico: mlimas@uacj.mx.
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todas, se ha optado por realizar una selección de artículos para invitar a cada lectora y a cada lector a reflexionar sobre Ciudad Juárez y Chihuahua. En particular, la idea de volver a revisar las colaboraciones que se imprimieron en este medio hace más de dos décadas respecto a esta región pretende acercarnos a aquella “lejana realidad” para confirmar si sucede que en la entidad y en la ciudad han tenido lugar cambios significativos en diversos temas. Por ejemplo, qué ocurría en materia de vivienda, transporte, entorno urbano, medio ambiente, servicios urbanos, modernización, urbanización. Al mismo tiempo, este “volver atrás” busca dar cuenta a las “nuevas generaciones” sobre parte del contexto y de los problemas principales que tenían lugar en Ciudad Juárez y en Chihuahua en la primera mitad de la década de los noventa. Si nos ubicamos en ese periodo, gracias a la guía y colaboración de Guadalupe Valdivia, Gustavo Calderón, Fidencio Chavira, Héctor Padilla, Víctor Quintana, Luis Enrique Gutiérrez y Bertha Caraveo, y lo comparamos con los aconteceres a finales de la década 2000, podemos pensar que hubo giros de 360º. O, dependiendo de nuestras experiencias, diríamos que no notamos cambio alguno. Pero, para no anticipar conclusiones o condicionar opiniones, he aquí la invitación a revisar el contenido de este fascículo para que, una vez que hayamos conjugado nuestras ideas, nos dispongamos a agendar un encuentro común y así podamos debatir o consensuar las reflexiones que estos textos —considerados sus alcances y limitaciones— nos permitan. Enhorabuena a Nóesis (y a todos y todas sus participantes), porque a lo largo de estas dos décadas continúa esforzándose por ampliar el conocimiento, los diálogos y las maneras de visualizar y entender el mundo, nuestro mundo.
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Nóesis 2009: una Revista de Aniversario, 1988-2008.
This essay aims to highlight how the group called "outcasts" of society are endeavoring to satisfy a consumer need such as housing. Also, we analyze the role of squatter groups in a locality such as Juarez city, which is currently the most economically important frontier of the country. The limited state involvement in housing supply,
Squatter housing in Ciudad Juárez: development of subsistence
Gender, nóesis, epistemology
This Key essay aims to highlight how the group called “outcasts” of society are endeavoring to satisfy a consumer need such as housing. Also, we analyze Words: the role of squatter groups in a locality such as Ciudad Juarez, which is currently the most economically important frontier of the country. The limited State involvement in housing supply, has led these groups to meet the demand commodity thatcommois, outside the hasofledthis these groups to through meet thethemselves, demand of this formal market mechanisms. Squatter groups are contingents of people on dity through the self, that is, outside the formal market which restsmechanisms. the border economy. In this town, these groups have Squatter groups are large groups of peopleentered the housing either by obtaining urbaneconomy. land in most of the timethese by way of on which rests the border In this town, the invasion. To achieve this, mutual aid or solidarity, is the key that groups have entered the housing either by obtaining ur- allows them to begin journey, ultimate is toinvasion. obtain permanent ban the landlong in most of whose the time by waygoal of the To housing. achieve this mutual aid or solidarity is the key that allows them to begin the long journey whose ultimate goal is to obtainKey permanent housing. Marginalization , housing, words: precaristas groups
Sección Monográfica
La vivienda precarista en Ciudad Juárez: urbanización de subsistencia Guadalupe Valdivia/Gustavo Calderón1
En el presente ensayo se tiene como propósito destacar de qué manera los llamados grupos “marginados” de la sociedad buscan la satisfacción de un bien de consumo necesario como lo es la vivienda. Así también, se analiza el papel que juegan los grupos precaristas en una localidad como lo es Ciudad Juárez, la cual constituye en la actualidad la frontera de mayor importancia económica del país. La limitada participación del Estado en la oferta de vivienda ha llevado a estos grupos a satisfacer la Palabras demanda de este bien a través de la , clave: Marginación, autoconstrucción, esto es, al margen grupos precaristas de los mecanismos del mercado formal. Los grupos precaristas constitu yen grandes contingentes de población en los cuales descansa la economía fronteriza. En esta localidad, este sector ha accedido al bien vivienda a través de la obtención del suelo urbano, en la mayoría de las veces por la vía de la invasión. Para lograr lo anterior, la ayuda mutua o solidaria, constituye la clave que les permite iniciar el largo camino, cuyo fin último es la obtención de una vivienda definitiva.
vivienda
Guadalupe Valdivia Urdiales. Arquitecto, Coordinadora de la Maestría en Desarrollo Urbano, U.A.C.J. (1989) Gustavo Calderón Rodríguez. Economista, Investigador del Instituto de Ingeniería y Arquitectura. UACJ (1989) 1
Fecha de impresión: junio de 1989 Fecha de reimpresión: julio-diciembre de 2009
La vivienda precarista en Ciudad Juárez: urbanización de subsistencia
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Introducción
En el presente ensayo se tiene como propósito destacar de qué manera los llamados grupos “marginados” de la sociedad buscan la satisfacción de un bien de consumo necesario como lo es la vivienda. Así también, se analiza el papel que juegan los grupos precaristas en una localidad como lo es Ciudad Juárez, la cual constituye en la actualidad la frontera de mayor importancia económica del país. La limitada participación del Estado en la oferta de vivienda ha llevado a estos grupos a satisfacer la demanda de este bien a través de la autoconstrucción, esto es, al margen de los mecanismos del mercado formal. Los grupos precaristas constituyen grandes contingentes de población en los cuales descansa la economía fronteriza. En esta localidad, dicho sector ha accedido al bien vivienda a través de la obtención del suelo urbano, en la mayoría de las veces por la vía de la invasión. Para lograr lo anterior, la ayuda mutua o solidaria, constituye la clave que les permite iniciar el largo camino, cuyo fin último es la obtención de una vivienda definitiva.
La autoconstrucción como única alternativa a la satisfacción de la vivienda de los grupos de bajos ingresos
Los programas públicos y privados de vivienda y los sistemas de financiamiento concebidos hasta ahora, han marginado de sus beneficios a más de la mitad de la población nacional, la cual no ha tenido otra alternativa más que la autoconstrucción informal de sus viviendas, conformando con sus precarias construcciones lo que podríamos llamar “urbanización de subsistencia”, fiel reflejo de la estructura económicosocial prevaleciente en México. En el mejor de los casos, y dentro de los ya limitados esquemas actuales de apoyo técnico y financiero a la vivienda popular, la única alternativa explorada y puesta en práctica ha sido la reducción del tamaño vital, esto es: el tamaño del terreno y la vivienda, así como la disminución de la calidad de los materiales constructivos. Evidentemente, la modificación y reducción de las normas, estándares y dimensiones han ido aparejados a la ausencia de alternativas tecnológicas que abaten costos, con el propósito de no sacrificar aún más la economía de los usuarios. Lo anterior ha conducido en algunos casos a la producción
…En los países capitalistas, la vivienda se produce como una mercancía en condiciones en que predomina el control privado de la tierra y los materiales de la construcción, marcando la lógica de la ganancia a la acción de las empresas promotoras y constructoras. Si bien el Estado ha asumido un papel cada vez más importante, sobre todo en el proceso de la distribución de la vivienda, su intervención ha sido bastante limitada y no ha podido ponerse por encima de
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de viviendas de un relativo menor precio, sin embargo, sólo al alcance de una población todavía muy limitada. Sin afán de desconocer que tales viviendas son definitivamente más funcionales que aquéllas producidas mediante la autoconstrucción, aún en estos casos podríamos cuestionar. ¿En qué medida tales soluciones “economicistas” están dando lugar al surgimiento de otros problemas urbanos más complejos? ¿No estaremos reproduciendo el grado de hacinamiento y el anonimato característico de los habitantes de los grandes centros urbanos a través de estos monótonos conjuntos habitacionales? ¿Nos estaremos convirtiendo en los autores de la disolución de la comunidad por otra de barrio-comunidad, natural de la organización social en la nueva forma de vida urbana? No es nuestro propósito responder a tales cuestionamientos, pero sí reflexionar sobre los alcances tan limitados de las políticas habitacionales implementadas por el Estado mexicano hasta ahora en lo referente a la satisfacción del bien vivienda para los sectores de la población que no alcanzan a percibir el salario mínimo. El tema que nos ocupa es el relacionado a la “satisfacción” de la vivienda a través de la autoconstrucción por parte de la población de más bajos ingresos. Al respecto, diversos autores han abordado la cuestión, formándose en torno a sus planteamientos, corrientes de pensamientos sumamente contradictorias. Entre ellos no podemos dejar de mencionar a John Turner, cuya “Teoría de la marginalidad” considera a los grupos sociales involucrados y a los asentamientos humanos creados por éstos, como funcionando al margen de la sociedad a consecuencia del sistema económico prevaleciente. Según la posición de M. Schteingart consideran que
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las contradicciones sociales que surgen del propio sistema de producción y distribución de este bien. Esta situación tiene efectos particularmente negativos en sociedades con grandes diferencias sociales como la nuestra, donde existen sectores mayoritarios de la población que perciben escasos ingresos y donde además el estado no dispone de suficientes recursos como en los países desarrollados, para hacer frente a las necesidades de consumo de los grupos más desfavorecidos. (Schteingart, 1987: 49)
Por otra parte, y aunque el tema de la marginalidad conlleva a serias discusiones, podríamos mencionar algunos aspectos que resultan relevantes. Se hace referencia, por una parte, a la no integración de los pobladores de asentamientos humanos irregulares en actividades productivas y que poseen un nivel de vida por debajo de los estándares considerados, y por otra, a la insatisfacción de las necesidades individuales y el aumento del número de zonas urbanas que carecen de equipamiento colectivo. A ciencia cierta resulta difícil cuantificar el número de “marginados” que habita en los grandes centros urbanos del país; sin embargo, podemos afirmar que dichos grupos sociales han quedado al “margen” de los beneficios y de la riqueza generada como resultado del crecimiento desproporcionado y desequilibrado del sistema económico prevaleciente.1 En el caso de México, las cifras señalan que los grupos marginales representan alrededor del 65% de la población. Entre dichos habitantes incapaces de poder acceder a una vivienda, se encuentra el grueso de los sectores ocupacionales connotados por la marginalidad. Están también dentro de esta gran proporción los obreros de la industria dinámica, empleados y funcionarios de bajo nivel. Conviene destacar que los grupos aludidos constituyen auténticas organizaciones, cuya fortaleza está en función no sólo del número de 1
La marginalidad se refiere de hecho, a la incapacidad de una proporción mayoritaria de la población a acceder al mercado capitalista e incluso al mercado público de vivienda y servicios urbanos.
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miembros con que cuentan, sino en la adhesión propiciada a través del logro de un objetivo común: acceder a una porción de suelo urbano e iniciar el largo proceso de construcción de sus viviendas. Señalaremos además que el espíritu de solidaridad entre sus miembros resulta ser mayor que el resto de los habitantes de la ciudad, tal vez, porque estos últimos han satisfecho ya los principales bienes de consumo colectivo y además porque forman parte ya de la categoría de trabajadores que perciben ingresos de manera regular. Por otra parte, los grupos marginales llegan a constituir en el ámbito urbano verdaderas organizaciones que dependen de una serie de líderes que fungen como intermediarios entre los colonos, de una parte, y el gobierno de otra. De este último se llega a pedir ...el reconocimiento, títulos de propiedad de la tierra, agua, electricidad, calles y, si la demanda tiene éxito, se llega incluso a exigir equipamiento más completo. Cuando se logra el título de propiedad de la tierra o alguna seguridad de permanencia, las viviendas temporales originales son reemplazadas gradualmente por estructuras más consistentes cuya sólida apariencia final puede desmentir totalmente su origen... (Clarke, 1987: 279)
...denominar marginalidad a lo que clásicamente se denomina contradicción, esto es, una situación de tensión entre dos estructuras sociales interpenetradas. Puesto que la migración a la ciudad es producto de la descomposición de la estructura rural, parece normal que no sea absorbida por el sistema productivo urbano por consiguiente débilmente expuestos los inmigrantes, a los procesos de integración en el sistema social vigente... (Castells, 1979: 60)
Lo anterior no quiere decir que estos grupos estén “fuera” o al “margen” de la sociedad, al contrario, su tipo de articulación es particular,
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Es frecuente que los intereses de dichas organizaciones no sean coincidentes con aquellos perseguidos por la clase dominante. Lo paradójico al decir en palabras de M. Castells es entonces
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dado que la migración a las ciudades no responde únicamente a la demanda de mano de obra, sino a la búsqueda de una mayor posibilidad de supervivencia. Esta forma de articulación es precisamente su rasgo característico. Podemos añadir que los asentamientos irregulares no son receptáculos de nuevas carnadas de inmigrantes provenientes exclusivamente del campo, son áreas en las que se establecen migrantes provenientes de ciudades de menor tamaño y que buscan un arraigo duradero o definitivo al igual que mucha de la gente nacida en la ciudad, como parte del proceso de adaptación y articulación a la vida urbana. Este proceso de adaptación y articulación se da a través de prácticas políticas que se expresan en lo que se ha dado en llamar “movimientos urbanos”. Pero quizá la principal connotación de la marginalidad concierne a la especificidad de la estructura ocupacional urbana. Paradójicamente, dicha especificidad no concierne a la existencia de la desocupación. Según Castells ...la desocupación estricta, es decir, la ausencia de toda actividad conducente a la remuneración directa o indirecta de la misma, es un privilegio de los países capitalistas avanzados, así como de los sectores obreros desarrollados en las sociedades dependientes, capaces de haber impuesto un seguro de paro. (Castells, 1985: 155)
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En países como México, para sobrevivir hay que “hacer algo”. Las diversas actividades que surgen a partir de esa necesidad de sobrevivencia constituyen lo que se ha dado en llamar “sector informal de la economía o economía subterránea”. Estos sectores adquieren características distintas según la sociedad de que se trate. En el caso de México, la población marginada está referida a la siguiente tipología de trabajadores:
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a) Trabajadores asalariados del sector tradicional de la economía, caracterizados por estar expuestos a una mayor explotación que la tasa media de plusvalía absoluta. Se incluyen aquellos trabajadores con empleos inestables.
c) Los vendedores de su fuerza de trabajo, de quienes otros obtienen un servicio de consumo personal (trabajadoras domésticas, aseadores de calzado, pepenadores, etc.) d) Todos aquellos individuos que se conocen tradicionalmente como lumpen-proletarios (mendigos, delincuentes, etc.) y constituyen grupos que están en contradicción con las normas institucionales existentes en la sociedad.
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b) Trabajadores artesanos y pequeños vendedores ambulantes, cuya característica es la venta de mercancías a muy baja escala.
El crecimiento explosivo de la población, aunado al modelo de desarrollo prevaleciente, en especial el proceso de industrialización, ha provocado importantes modificaciones en la estructura territorial del país y la expresión de estos cambios ha sido la concentración de actividades económicas y sociales en las grandes metrópolis tales como México, Guadalajara, Monterrey, y en años recientes, en ciudades como Puebla y Toluca, con ramas y sectores industriales orientados al mercado interno, principalmente; así como en los pasos fronterizos del norte de México como son Ciudad Juárez, Tijuana, Mexicali, Ensenada, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, cuya industrialización está orientada hacia el exterior en la forma de maquila. Así, la necesidad de ampliar el mercado interno explica en ambos casos el fuerte crecimiento poblacional y presupone además la necesidad de satisfacer de bienes y servicios esenciales como son la vivienda, la educación, salud y alimentación y, sobre todo, ofrecer a la población un empleo remunerativo que le permita obtener los ingresos necesa rios para cubrir los altos costos que exige la vida urbana. El esquema de desarrollo adoptado hasta ahora, ha hecho así más patentes las desigualdades sociales. Los niveles de vida alcanzados por los grupos de medianos y altos ingresos han contribuido a la creación de falsas expectativas en los sectores marginados, quienes ante su limitada capacidad económica, se han ido hacinando en habitaciones
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Conceptualización de la vivienda popular
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precarias tanto al interior de las grandes ciudades como de sus respectivas periferias. El medio rural no ha estado al margen de este proceso y ha resentido los efectos del modelo de desarrollo, cuya evidencia más palpable ha sido la pérdida relativa de la participación del sector agropecuario en el total de la producción, al tiempo que aumenta el de los sectores de la industria y el comercio. Tal pérdida ha sido debida principalmente a la estructura de la tenencia de la tierra, la proletarización de la población campesina, el crecimiento demográfico que no puede ser absorbido por la pequeña propiedad agrícola, la existencia de formas precapitalistas de producción agrícola, la sobreexplotación intensiva de la tierra, el desempleo y la subutilización de la fuerza de trabajo disponible, entre otras. Los anteriores procesos han generado la migración de grandes contingentes de población agrícola hacia las ciudades para poder sobrevivir mediante la realización de diversas actividades de subsistencia y, paralelamente, buscar un espacio donde vivir o localizar un predio en el cual iniciar la construcción de una vivienda. En México, en los inicios de la actual década, 70 de cada 100 viviendas fueron construidas en diversos grados por sus propios usuarios, a través del proceso de autoconstrucción o por medio de ayuda mutua. Esta forma de producción generó numerosos asentamientos llamados espontáneos e irregulares por unos, anárquicos y precarios por otros, lo que se tradujo en viviendas insalubres, poco funcionales, inseguras y carentes de los servicios mínimos necesarios. Cabe señalar que sólo en este tipo de asentamientos es posible construir gradualmente sus propias viviendas, invirtiendo el dinero que de otra manera hubiesen utilizado en pagar alquiler. La inseguridad jurídica que representa el construir en un terreno no regularizado y el latente riesgo al desalojo por parte de las autoridades, constituye otra de las características de este tipo de asentamientos. A pesar de ello, el proceso de construcción de la vivienda sigue en curso. Estas acciones colectivas, pero identificadas como un esfuerzo individual, han significado para este sector informal de la economía una
El proceso social de la construcción de la vivienda
Tradicionalmente, la satisfacción del bien vivienda por parte de los grupos de la sociedad mexicana, se ha dado a través de las siguientes fases que pueden variar según las circunstancias. En esencia son:
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tarea que en la mayoría de los casos llega a prolongarse más allá de los 15 años para poder contar con una casa terminada. Aunado a lo anterior, el enorme intermediarismo, el sinnúmero de agentes económicos involucrados en el proceso, la especulación del suelo, el alza constante de los precios de los materiales constructivos y la inversión que representa contratar mano de obra en condiciones desventajosas, son factores que en conjunto aumentan considerablemente el costo de la vivienda.
2. Una vez adquirida la posesión del predio, se inicia la construcción de la vivienda del tipo denominado “cuarto redondo”, para usos múltiples, y que cuando logra consolidarse, tarda aproximadamente 15 años para dar lugar a una vivienda terminada. Lo anterior constituye un esfuerzo individual. 3. El proceso de construcción ocurre a cargo del usu fructuario, quien financia las distintas fases dependiendo de las condiciones económicas del poseedor y que en la mayoría de los casos utiliza materiales de desecho (cartón, lámina, madera, etc.). Este tipo de vivienda se construye al margen de los mecanismos financieros y de la normatividad vigente.
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1. La lucha individual o colectiva por la obtención de un terreno que por lo general se logra por la vía de la invasión, mediante la ocupación de zonas de la ciudad que en la mayoría de los casos no resultan ser las más adecuadas en cuanto a su ubicación y características. La ilegalidad de la tenencia de la tierra es la característica de este tipo de asentamientos los cuales pueden producirse a través de implantaciones parciales o comenzar por invasiones coor dinadas.
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Cabe hacer notar que, incluso durante los periodos de estabilidad económica, los pobres de la ciudades enfrentan la insatisfacción de la vivienda mediante mecanismos considerados generalmente como ilegales, obligándolos a vivir en forma precaria. Sin embargo, en momentos de crisis como la actual, se hace más patente el deterioro de las condiciones habitacionales de la población de menores ingresos. Los habitantes de las zonas precaristas representan un estrato social que ocupa los intersticios del sistema económico que les permite subsistir gracias a la economía informal basada en los recursos sociales al alcance del individuo. Estos pobladores utilizan para la construcción de sus viviendas, trabajo intensivo no remunerado (generalmente de familiares y vecinos) y dependen de sus relaciones sociales para sobrevivir en los frecuentes periodos de inactividad económica. Pese a su notoria falta de calificación para ingresar a la estructura económica urbana industrial, y a pesar de la ausencia de una política económica capaz de absorberlos o protegerlos, han demostrado tener gran capacidad para la supervivencia que contrasta notablemente con lo exiguo de sus ingresos. En la actualidad, uno de cada dos mexicanos no satisface las necesidades que le podrían dar un bienestar mínimo... alrededor de 15 millones sobreviven en condiciones de miseria extrema y pueden apenas cubrir en 50 por ciento sus requerimientos más elementales. Por otra parte y de acuerdo con la conclusión en el Foro de Consulta Popular sobre Incorporación Productiva al Trabajo, realizado en la ciudad de México el día 17 de marzo del año en curso, se señaló que la mitad de la población económicamente activa (PEA) del país que en cifras representa en 1989 a 15 de los 30 millones de mexicanos en edad de trabajar, se encuentra en la categoría de subempleo, en la que se ubican aquellas personas cuya insuficiencia en ingresos o en tiempo trabajado los lleva a percibir menos de un salario mínimo; poco más de un millón de mexicanos constituyen el “desempleo abierto” y alrededor de 12 millones de asalariados y trabajadores por cuenta propia se insertan en el mercado formal o estructurado de la economía (Foro de Consulta..., 1989: 8). La anterior situación ha hecho pensar a algunos estudiosos en la “existencia de una economía paralela o informal relativamente inde-
Este sistema de redes de intercambio recíproco sumamente complejas, es parte de una economía informal basada en los recursos sociales (no económicas del individuo). Las familias, por lo demás numerosas, no solamente permiten la utilización de mano de obra gratuita y abundante, sino que refuerzan y multiplican las relaciones sociales de reciprocidad, mismas que conforman la base de la seguridad colectiva de los ingresos. En este contexto, más que entregar soluciones definitivas, se valora la accesibilidad que pueda darse al mayor número de familias posible mediante el otorgamiento de tierra legalizada con servicios mínimos, permitiendo de esta manera abrir el proceso de consolidación paulatina de su vivienda. La anterior situación implica necesariamente modificar el concepto de vivienda, entendiéndola como proceso, más que como producto terminado. El criterio tradicional de vivienda terminada, aunado a su elevado costo de construcción, ha dado lugar a que la oferta se oriente fundamentalmente hacia los sectores medios, dejando sin esperanza de poder ser adquirida por parte del grueso de la población.
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Frente a una inseguridad crónica de empleo y de ingresos, los habitantes de este tipo de asentamientos precarios han desarrollado un sistema de seguridad social informal, basado en redes sociales integradas por vecinos y parientes que practican un intercambio continuo de bienes y servicios, de esta manera se logra atenuar considerablemente el riesgo económico. Este intercambio no se basa en transacciones económicas del tipo de mercado; por el contrario, sigue una modalidad económica que los antropólogos han asociado tradicionalmente con las llamadas sociedades primitivas: la reciprocidad. (Lomnitz, 1978: 317)
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pendiente de la economía urbana capitalista, aunque no incompatible con ésta” (Roberts, 1978: 137). Al respecto, en un estudio realizado a finales de la década de los años setenta en una zona precarista de la ciudad de México, se destacó parcialmente en qué consiste esta economía paralela o informal.
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Por lo tanto, este problema en México se concibe como parte de un proceso social y se caracteriza por ser de índole cuantitativo más que cualitativo. Sin afán de restarle importancia al segundo, la problemática de la vivienda debe entenderse como tal, a partir de la diferencia que existe entre la necesidad y la demanda de ella y particularmente en países que como en el nuestro existen grandes sectores de la población que se encuentran imposibilitados para participar en el mercado de la vivienda, debido a sus limitados niveles de ingreso. México se enfrenta al reto de tener que construir en los años que restan del presente siglo, tantas viviendas o más de las que se han hecho en toda su historia. Basta señalar que sólo dentro del ámbito de la población cuyos ingresos son inferiores a 2.5 veces el salario mínimo, estimaciones realizadas en 1985, señalan que entre éste y el año 2000, se deberán edificar 4.5 millones y mejorar una cifra de alrededor de 4.6 millones para atender a 9 millones de familias.
Asentamientos humanos en zonas precarias: el caso de Ciudad Juárez
La afluencia incontrolable de pobladores provenientes de diferentes partes del país, aunado al acelerado crecimiento industrial y comercial que caracteriza a esta frontera, son factores que han propiciado el encarecimiento del suelo urbano obligando con ello a miles de familias a invadir terrenos de propiedad particular. Con la finalidad de contener estas invasiones, en 1974 el gobierno del Estado de Chihuahua diseñó un instrumento jurídico contenido en su Código Administrativo y que a la letra dice: El Ejecutivo será la autoridad competente para planear u ordenar los distintos usos y reservas de las mismas y ejercerán éstas y las demás facultades que le confieren este título y las disposiciones jurídicas aplicables por conducto del organismo público descentralizado llamado Programa de Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua.
Tales disposiciones constituyen la base con la que el municipio de Juárez “hace frente” a este “problema”.
El Gobierno Municipal a través de algunos fraccionamientos y con anuencia de la Comisión Consultiva del
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El acaparamiento de grandes extensiones de terreno en la periferia de esta ciudad, así como la especulación del suelo urbano, son aspectos que han provocado que la demanda de un espacio para construir una vivienda no pueda ser satisfecha, dando con ello origen a las invasiones que en sus inicios eran esporádicas, aisladas y solamente en pequeñas (invasión hormiga). En los últimos quince años este fenómeno se ha transformado llegando a ser en gran escala (Modelo metodológico..., 1982). Hasta los primeros años de la década de los años setenta, los propietarios de los predios se encontraban imposibilitados para desalojar a los invasores. Lo anterior era debido a que no existía un organismo encargado de solucionar este problema. El o los afectados se veían en la necesidad de vender a los invasores por medio de un acuerdo en donde el Gobierno Municipal actuaba como mediador. A partir de la creación del Plan de Desarrollo Urbano en 1979, éste tuvo a su cargo la responsabilidad de otorgar los medios legales adecuados para la regularización de la tenencia de la tierra; sin embargo, poco tiempo después, abandonó sus funciones surgiendo la Comisión Consultiva del Plan Director, organismo que tuvo estas funciones hasta 1983. Durante la existencia de la Comisión Consultiva, ésta llevó a cabo acuerdos para la regularización de la tenencia de la tierra. Dichos convenios consistían en que el gobierno municipal compraba a los propietarios los predios a un precio reducido. Ello debido a que los predios carecían de agua potable, energía eléctrica, drenaje, etcétera; cabe destacar que muchos de éstos se encontraban en zonas de la ciudad donde el valor de la tierra superaba a lo que el municipio pagó por ellas. Una vez adquirida la tierra por el gobierno municipal, éste introducía la infraestructura necesaria y la revendía con sus respectivos títulos, obteniendo con ello grandes ganancias a un costo mínimo. En un estudio realizado por el Instituto de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se señala al respecto lo siguiente:
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Plan Director, ha dado solución al problema de las invasiones ilegales de predios particulares por los grupos de colonos, ya que después de negociar con ellos, se ha logrado la desocupación de algunos terrenos trasladándose estas familias a los nuevos lotes, obteniéndose la titulación legal de aquellos moradores que se habían posesionado ilegalmente de terrenos particulares. (Asentamientos humanos..., 1986)
A partir de 1983 de nuevo el Plan de Desarrollo Urbano retomó sus funciones a nivel local y de acuerdo con estatutos municipales. A pesar de las disposiciones contenidas en cuanto al ordenamiento del crecimiento urbano, éste, sin embargo, se mostró incapaz de frenar el problema de las invasiones en el municipio y la consecuente irregularidad en su tenencia. Las invasiones se efectuaron en el pasado hacia el poniente de la ciudad y en años recientes hacia el surponiente de ésta, y que contradictoriamente constituyen la opción de crecimiento más costosa por los problemas que representan las pendientes topográficas, con el consecuente incremento en los costos de dotación de infraestructura y servicios urbanos. Cabe señalar que la lucha por el espacio vital en esta frontera es resultante de grupos de poder "popular" que se disputan la titularidad de las tierras invadidas. Uno de estos frentes lo constituye la Alianza de Colonias Populares A.C.; que pertenece a las filas del Partido Revolucionario Institucional y, según manifiestan sus líderes, buscan soluciones tripartitas, esto es de los gobiernos estatal y municipal y los colonos, procurando apartar de la mente de estos últimos el paternalismo que impera y promueve la participación económica y directa en la solución de sus problemas. Según estimaciones, un tercio del total de los habitantes de colonias populares se encuentra agrupado a esta Alianza, constituyéndose con ello en un grupo de presión que influye en el crecimiento de la ciudad. Por otra parte, existe otra organización denominada Comité de Defensa Popular, la cual surgió en 1973. Este Comité ha logrado (como ninguna otra organización en esta localidad) “conquistar” amplias zonas. Lo que era tan sólo la colonia Tierra y Libertad, en la actualidad
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cuenta con ramificaciones en gran parte del sur de la ciudad e incluso en algunos poblados del Valle de Juárez. Sus afiliados no militan dentro de ningún partido político, ya que constituyen uno en sí, cuyo registro estatal fue obtenido recientemente. La importancia y el poder político adquirido por esta organización es innegable. Muchas de las colonias comprendidas en su área de influencia cuentan con servicio de agua potable y energía eléctrica obtenida a través de conexiones “ilegales”. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el Municipio para acabar con los problemas de la posesión ilegal de la tierra, los miembros del Comité no aceptan o no reconocen otra autoridad que no sea la concedida por sus líderes quienes manejan formatos de compraventa de los terrenos obtenidos a través de invasiones. Esto constituye una forma de contrarrestar la especulación del suelo impuesta por las empresas inmobiliarias, en las cuales se encubre la identidad verdadera de los propietarios de los terrenos invadidos. Otra de las características de los asentamientos cedepistas es que se ubican en áreas de la ciudad donde la provisión de la infraestructura física no presenta dificultad alguna, debido a que la topografía del terreno se presenta en forma plana o con mínimas pendientes y basado en una traza reticular poco definida y sin nivelación de terreno, sus calles son por lo general de terracería y sus construcciones sencillas que van desde la utilización de la madera hasta materiales más firmes como el bloque y el ladrillo. Otra característica de estas colonias es que sus habitantes deben ser por una parte asalariados, o en su defecto tener una actividad productiva, y por otra, luchar por el Comité para poder obtener un terreno a través de la invasión que generalmente se hace en grupo. Este procedi miento obliga a que tanto la invasión como el inicio de lo que habrá de ser una vivienda, se llevan a cabo en la misma noche de la apropiación, por lo que es necesario contar con materiales ligeros como lámina, madera, cartón y diversos desperdicios, cuyos costos deberá absorber el futuro morador.
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Estas invasiones tienen un efecto paralizante en la economía con respecto a la especulación o compra-venta de terrenos, ya que se congela el predio al presentarse una demanda de orden civil que es lo que generalmente sucede. Estos juicios pueden dilatar hasta tres años y por lo general los invasores consiguen su propósito, obteniendo con ello un terreno a un costo muy por debajo del valor real o totalmente en forma gratuita. La dotación de infraestructura básica a las colonias cedepistas ha traído como consecuencia una actitud pasiva de sus habitantes ya que esperan que con el transcurso del tiempo, sea la autoridad municipal quien les provea de los servicios mínimos necesarios. El comportamiento de los líderes ante estas dotaciones es hasta cierto punto apático, ya que al no poder resolver estas necesidades a sus bases y permitir que las autoridades lo hagan, pueden hacer que pierdan la influencia, manteniendo con ello las relaciones y el control absoluto sobre sus agremiados. La irregularidad de la tenencia de la tierra en Ciudad Juárez ha impedido alcanzar un crecimiento urbano ordenado. Los asentamientos urbanos irregulares están en el centro del problema, ya que éstos han contribuido de manera significativa al crecimiento de la mancha urbana. De esta manera, el espacio urbano se ha convertido en el escenario donde aparecen articulados los sectores sociales que producen su configuración y aquéllos que padecen las consecuencias del proceso de segregación urbana. Los principales actores de este proceso han sido, pues, los grupos precaristas, ya que su lucha por un espacio es una constante que no está al alcance de sus posibilidades, orillándolos a ocupar e invadir en forma “ilegal” terrenos públicos y privados.
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Schteingart, M. “Políticas de vivienda en época de crisis”. En Simposium Vivienda para la Población Precarista. Memoria, Monterrey, N.L., México, Nov. 1987, p. 49. (1) Clarke. C.; Ward, P. “Estancamiento en el ámbito de la vivienda precaria: Perspectivas a partir de México y del Caribe”. En Ensayos HistóricoSociales sobre la Urbanización en América Latina, Edic. SIAP, Buenos Aires, Argentina, 1978, p. 279. (2) Castells, M. La cuestión urbana. Siglo XXI Editores, México, 1979, p. 60. (3) Castells, M. Crisis urbana y cambio social. Siglo XXI Editores, México, 1985, p. 155. (4) Véase: Conclusión en el Foro de Consulta Popular sobre “Incorporación Productiva al Trabajo”. UnomásUno, México, D.F., 18 de marzo de 1989, p. 8. (5) Roberts, B. The Provincial Urban System and the Process of Dependency, citado por Lomnitz, L. “Marginalidad como factor de crecimiento demográfico”. En Ensayos histórico—sociales sobre la urbanización en América Latina, Ediciones SIAP, Buenos Aires, Argentina, 1978, p. 137. (6) Lomnitz, Larissa. “La supervivencia del menos apto: Estudio Socio-económico de una barriada en la ciudad de México”, citado por el autor en Marginalidad como factor de crecimiento demográfico, op. cit. pp 317-318. (7) Varios Autores. Modelo metodológico para el planteamiento y desarrollo de Ciudad Juárez, Dirección General de Investigación y Estudios Superiores, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 1982. (8) Varios Autores. Asentamientos humanos en zonas precaristas. Curso en sustitución de tesis, Instituto de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, junio de 1986. (9)
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Referencias
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These notes arise from the rapid reading of a database hemerographic than on urban public transport, TCU, exist in the Master of Urban Development of the Universidad Autónoma de Ciudad Juarez, UACJ. The intended purpose is to learn some important aspects on how to how, through events that collected these sources, perceived service performance of TCU in 1950 to date. With publications, elements that show academic journals we try to provide an These notes arise from the rapid reading of a database hemerographic than on uridea of the expansion ban public transport, TCU, exist in the Master of Urban Development the Unithat transport was having with the establishment of coloniesofand versidad Autónoma de Ciudad Juarez, UACJ. increasingly alienated sectors of the ancient center of the city. The intended purpose is to learn some important aspects on how to how, through These elements are the movement of routers, the increase rates, events that collected these sources, perceived service performance of in TCU in 1950 2 to date. Withconditions of service and conditions ofespecíficamente the others. that show we try to an roads, idea ofamong theaexpansion that En donde el elements Hombre —con mayúscula— se provide refería los hombres en transport was having with the establishment of colonies and increasingly alienated posiciónThese de privilegio, con el poder para reflexionar, hablar y escribir verdades absolutas aspects were not selected a priori, rather it is considered by the sectors of the ancient center of thegenéricos city. elements the as movement of routers, o universalistas por los hombres y por las frequent insistence thatThese occurred in mujeres. the are period news stories. the increaseThe in rates, conditions of service and conditions of the roads, among state, meanwhile, to give various organizations, such as privateothers. These aspects were not selected a priori, rather it is considered by the frequent insisenterprise, the concessions for urban mass transit ignores all the tence that occurred in the period as news stories. other complications that have the TCU, and this has led to diverse situations: in collective labor, technological, Urban transportin, rates, in response to demand, tariffs, , road quality of service.
The performance of the Urban Public Social research,Transport Service (1950-1989)
conditions
El comportamiento del servicio de transporte colectivo urbano (1950-1989) Fidencio Chavira P.1 El propósito que se persigue es conocer algunos aspectos importantes, sobre la manera de cómo, a través de las manifestaciones que recogieron dichas fuentes, se percibe el funcionamiento del servicio de TCU de 1950 a la fecha. Con los elementos que se señalan tratamos de proporcionar una idea de la expansión que el transporte fue teniendo con la creación de colonias y sectores cada vez más alejados del centro antiguo de la Ciudad. Dichos elementos son el movimiento de ruteros, el incremento de tarifas, las condiciones del servicio y las condiciones de la vialidad, Palabras Transporte Colectivo Urbano, entre otros. Estos aspectos no fueron seleccionados apriorísticamente, más clave: Tarifas, Condiciones, Vialidad bien se consideraron por la frecuencia insistente con que se presentaron en el periodo como noticias periodísticas. El Estado, por su parte, al otorgar a diversas organizaciones, como a la empresa privada, las concesiones para la transportación colectiva urbana se desentiende de todas las demás complicaciones que tiene el TCU, y con ello ha motivado situaciones de diversa índole: en lo laboral, en lo tecnológico, en las tarifas, en la atención a la demanda, en la calidad del servicio.
1 Profesor de la Maestría en Desarrollo Urbano de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (1990). Fecha de impresión: enero-junio de 1990 Fecha de reimpresión: julio-diciembre de 2009
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Presentación
L
as presentes notas surgen de la lectura rápida de una base de datos hemerográficos que sobre el transporte colectivo urbano (TCU) existe en la Maestría en Desarrollo Urbano de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). El propósito que se persigue es conocer algunos aspectos importantes, sobre la manera de cómo, a través de las manifestaciones que recogieron dichas fuentes, se percibe el funcionamiento del servicio de TCU de 1950 a la fecha. Con los elementos que se señalan tratamos de proporcionar una idea de la expansión que el transporte fue teniendo con la creación de colonias y sectores cada vez más alejados del centro antiguo de la ciudad. Dichos elementos son el movimiento de ruteros, el incremento de tarifas, las condiciones del servicio y las condiciones de la vialidad, entre otros. Estos aspectos no fueron seleccionados apriorísticamente, más bien se consideraron por la frecuencia insistente con que se presentaron en el periodo como noticias periodísticas. Los periodistas son voceros de la ciudad, con sus opiniones y comentarios; con el auxilio de entrevistas, fotografías y datos, denuncian las necesidades y la problemática de la sociedad. Con base en lo anterior, podemos considerar que la fuente periodística, en condiciones normales a lo largo de un lapso de varios años, con un número importante de notas, proporciona un criterio de verdad bastante real. La presencia del movimiento de ruteros en el transporte colectivo de Ciudad Juárez, en lucha desde los años cincuenta y autorizado hasta 1969, ha observado una tendencia que pudiera desplazar la modalidad de la empresa privada de autobuses en el TCU. En aquel año comienzan las primeras siete rutas atendidas por vehículos con capacidad para seis pasajeros, actualmente el sistema de ruteros cuenta con un número de 2 mil unidades (Diario de Juárez, 23-04-90), con igual capacidad que los autobuses de las empresas privadas. Dichas empresas disponen aproximadamente de una tercera parte del número de unidades con las que cuenta el movimiento de ruteros.1 1
Cfr.: Felipe Ochoa y asociados. “Segundo proyecto de transporte. Ciudad Juárez, Chih., 1989”, pp. 4-12 a 4-16.
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La generación de una veintena de rutas con un número hasta cierto punto indefinido de ramales, por parte del movimiento de ruteros, ha sido en el marco de la improvisación de solo los grupos interesados; lo que conlleva, en ocasiones, a conflictos y enfrentamientos entre las mismas organizaciones de ruteros, las cuales manifiestan comportamientos propios de dueños vitalicios del servicio de la transportación colectiva a la que conciben puramente como ámbito de lucro. El Estado, por su parte, al otorgar a estas organizaciones, como a la empresa privada, las concesiones para la transportación colectiva urbana se desentiende de todas las demás complicaciones que tiene el TCU, y con ello ha motivado situaciones de diversa índole: EN LO LABORAL: Un pequeño grupo social, afiliado al partido político oficial, acapara dichas concesiones, pri vando a los que trabajan las unidades, los operarios, de la posibilidad de ser propietarios del servicio concesionado en el que trabajan por jornadas de 12 a 16 horas.
EN LAS TARIFAS: A lo largo del periodo se puede apreciar que las tarifas son elevadas: Por ejemplo, el salario mínimo, que tanta importancia tiene para un sector mayoritario de los juarenses, en 1969 compraba 63.8 viajes, actualmente en 1990, dicho salario compra sólo 22 viajes (dado que las tarifas son $.50 y $450 respectivamente y los salarios son 31.90 y 10,000 respectivamente). EN LA ATENCIÓN A LA DEMANDA: Existe una demanda excesiva que el TCU no atiende, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, para 1988, esti 2
Op. cit. pp. 4-5 y 4-7.
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EN LO TECNOLÓGICO: El permanente uso de uni dades de desecho de origen norteamericano con un rezago en los modelos de casi dos décadas. Para 1986 se encontraron los siguientes datos: 238 ruteras tenían una media aritmética, de 20.62 años de rezago en su modelo y 199 autobuses tenían una media de 17.32 años de atraso2
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maba que 156,300 ciudadanos de Ciudad Juárez no tenían este servicio, a pesar de requerirlo de manera constante. EN LA CALIDAD DEL SERVICIO: Se califica de mala calidad por el tradicional mal estado de las unidades, la irregular frecuencia en los recorridos, el déficit de unidades en relación a la demanda, por la inexistencia de racionalidad de rutas para ciertas áreas y determinadas direcciones, falta de capacitación a los conductores, falta de limpieza de unidades, cambios de rutas sin previo aviso, etcétera.
Dada la acelerada industrialización y contaminación de Ciudad Juárez, como la feroz proletarización de la mayoría de sus habitantes, el TCU deberá transformarse por aquel que cumpla por lo menos con las siguientes condiciones: Uno, con el traslado del mayor número de personas con el menor consumo de energía o de hidrocarburos en un tiempo razonable. Dos, que sea lo menos contaminante posible. Tres, que sea barato, logrando reducir la relación entre salarios y tarifas, ya que actualmente resulta de alto gravamen para la población trabajadora. Y cuarto, que incluya a nuevas rutas en dirección norte-sur y viceversa, (NE-SE y SE-NE), que atiendan los flujos laborales, escolares, comerciales y de diversión, a través de la racionalización en la frecuencia de paso de las unidades en las rutas establecidas.
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a) Los años cincuenta. Para la segunda mitad del presente siglo, Ciudad Juárez tenía una población de 130 mil habitantes, esa década, la de los cincuenta, tuvo una tasa de crecimiento poblacional de 7.8%, llegando a los 278 mil habitantes para 1960.3 Nunca en las décadas posteriores la población se ha duplicado, algunos elementos influyeron para que lo anterior aconteciera: El Programa Bracero (1942 a 1964), las devaluaciones de 1948 y 1954, la posguerra y la necesidad de mejorar en el empleo de gran parte de los trabajadores mexicanos. Asimismo, se reconoce 3
Ibid. pp. 13.
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Cfr.: Martínez, Óscar J. Ciudad Juárez: el auge de una ciudad fronteriza a partir de 1948. Ed. FCE, p. 24. El Fronterizo. 14-01-55,12-02-55, 26-10-55 y 05-04-57.
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que para mediados de los cincuenta proliferaron instituciones sociales, culturales y económicas que dieron a Ciudad Juárez un cierto crecimiento urbano, promovido por las administraciones de Pedro N. García (1953-1955) y René Mascareñas Miranda (1956-1959).4 Durante esta década no funcionaba aún el servicio de ruteras, El Fronterizo (E.F.), daba cuenta de las diversas empresas que tenían la concesión para prestar el servicio de TCU. Ellas eran la Empresa de Transportes Urbanos (Sociedad Cooperativa de Autotransportes Urbanos, S.C.L.) fundada en 1943, mantenía cierto dinamismo en la compra de unidades en el vecino país del norte (E.F. 02-02-56,03-0856); la Empresa Transportes Valle de Juárez, cuya terminal se encontraba a un costado de la plaza principal, cambiándola en 1956 a una cuadra al sur (E.F. 18-02-56), la Empresa Líneas de Ciudad Juárez, figuraba ya con cierta importancia, sus trabajadores le estallan una huelga por incremento de salario y aumento de días de vacaciones anuales, el movimiento se resuelve en menos de 24 horas, favorable a los trabajadores (El Norte, 15-05-57). Asimismo, al finalizar esta década, la Empresa Autobuses Internacionales, S.A., gestionó una “nueva” ruta Juárez-El Paso, cobrando .05 Dlls. ó 60 centavos M.N. Estas empresas no cubrían cabalmente la demanda de transporte, por lo que para mediados de la década, la Unión de Sindicatos de Trabajadores del Volante (U.S.T.V.), solicitó la autorización del servicio de ruteras. Se hablaba de las expectativas de que tal servicio acabaría con las largas “colas” de usuarios en las paradas de los camiones; se decía que los autobuses resultaban insuficientes, que se pondrían en servicio 200 automóviles de ruteo; se reiteran las quejas de irregularidad del servicio de transporte a colonias apartadas del centro de la ciudad.5 Resulta sintomático que ante la solicitud de obtener la concesión del servicio, por parte de la USTV, organismo de taxistas, en enero de 1955, la Alianza de Propietarios de Automóviles de Alquiler (APAA) se movilice en el mismo sentido, perfilándose como otro posible con-
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cesionario del servicio de ruteo (E.F. 16-02-55). Igualmente, la Liga Municipal de Organizaciones Populares (LMOP) protesta porque la concesión se “otorgue a un solo grupo” (E.F. 14-05-59). Lo anterior lleva a pensar que para esas organizaciones la actividad del transporte colectivo representaba la “gallina de los huevos de oro”. Aunque el servicio de ruteras se establecerá hasta junio de 1969, es decir, más de 14 años después, habremos de ver como la APAA, la USTV, la LMOP, capitalizarán su instauración. Cabe mencionar que la autorización del servicio de ruteo pareció inminente en 1959, año en que se sortearon 20 juegos de placas. Sin embargo, las autoridades en turno prefirieron no entregar las matrículas y fue postergada la autorización.6 En relación a las cuotas del transporte, nos encontramos con el dato de que para principios de los cincuenta se autorizaba cobrar 25 centavos por el servicio de segunda clase y 35 por el viaje en primera clase, empero ocurría que los transportistas preferían recluir en los talleres los autobuses considerados de segunda para ofrecer sólo el servicio de primera, que les proporcionaba más beneficios (E.F. 29-07-53). Asimismo, se daban los reclamos de los empresarios del transporte para lograr aumentos a las cuotas: pese a que aquellos no eran tiempos de inflación acelerada, pretextaban que: “han aumentado el 100% sus costos” (E.F. 29-07-53). Si bien las rutas de aquellos momentos comprendían un recorrido en kilometraje menor al que en promedio se tiene en la actualidad, sus cuotas eran comparativamente más bajas a las vigentes. De entonces a la fecha se han incrementado, en términos nominales, el equivalente a 1800 veces; pasando de 25 centavos a 450 pesos de 1953 a 1990, mientras el salario mínimo sólo se ha incrementado unas mil veces en el mismo periodo. Igual ha pasado con las elevadas tarifas del servicio de taxis, por ejemplo, en mayo de 1957 se publicaban las “nuevas tarifas”: viajes a El Paso 1.50 Dlls., al primer cuadro de la ciudad 4 pesos, al segundo cuadro 5 pesos y fuera del segundo cuadro precios convencionales (E.F. 31-05-57), el salario mínimo de la época eran catorce pesos y para enero de 1958 se incrementa a 15.50 pesos (E.F. 03-01-58), por tanto para los viajes en que 6
E.F. 04-09-59 y 06-09-59
El Fronterizo del 10-04-58, anunciaba: “La Federación de Colonos hará una ciudad satélite, quedará ubicada en el Partido Senecú... habrá 2,000 lotes”. 8 Las siguientes noticias dan cuenta de ello: “En pésimas condiciones se encuentra la carpeta asfáltica de las principales arterias” (E.F. 28-10-56); “Hoyos y más hoyos por todas partes” (E. M. 24-03-58); “Cientos de baches se forman en la Ciudad” (E. M. 26-09-58); “Frecuentes reclamos de vecinos en 7
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los asalariados pudieran contratar un taxi a áreas externas al segundo cuadro de la ciudad, pagaban un máximo de 50% de su salario. En la actualidad los asalariados pagan el 140% de su salario para la contratación de un viaje promedio en taxi, según las tarifas que se tienen de la Oficina de Transporte Público del Estado para autos de alquiler “partiendo de la Central Camionera” y se dan como sigue: Sector 1: 8,000.00, Sector 2: 9,500.00 Sector 3: 11,500.00, Sector 4: 13,500.00 Sector 5: 16,500.00, Sector 6: 18,000.00 y Sector 7: 21,000.00 (la tarifa del viaje promedio equivale a 14,000.00, es la media aritmética de las siete tarifas enumeradas). Para estos años, existía el servicio de transporte en el área urbana que comprendían las colonias Hidalgo, Silvias, Barrio Cuauhtémoc, Nogales, Altavista, Bellavista, Burócrata, Melchor Ocampo (antes Hortencias), San Antonio, Barreal, Rastro, Obrera, Anáhuac, Industrial, Cár denas, San Juanito y Valle de Juárez. A principios de los sesenta llega el transporte, de modo deficiente, a las colonias Mariano Escobedo, Chihuahua, Ciudad del Niño, Arroyo Colorado, Madero, Progresista, Tiradores del Norte y Ciudad Satélite.7 La Ciudad Juárez de los cincuenta comprendía un área urbana de más de 850 ha, con una densidad de 150 Habs./ha, el centro de la ciudad tenía problemas de tránsito, las calles eran estrechas, con doble sentido, llegando a presentarse aglomeraciones o embotellamientos en ciertas “horas pico” (E.F. 07-01-54); los patios de los Ferrocarriles Nacionales de México se encontraban más al centro de la ciudad, su movimiento representaba frecuentes obstrucciones al tráfico en las calles 16 de Septiembre, Vicente Guerrero y Mejía (E.F. 15-07-52 y 1904-54, El Heraldo 15-02-57). Todo ello, incrementaba el tiempo de los traslados tomando en cuenta que las condiciones de la pavimentación eran, como hoy, muy inconvenientes.8
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Así pues, el servicio de TCU era calificado de “pésimo”, por el estado de las unidades, por la irregularidad con que atendía a la demanda en las colonias periféricas a las que hacían de modo muy aislado sus recorridos o simplemente no los hacían. En este mosaico de problemas, llama la atención una alternativa que el propio Estado llegó a manejar (E.M. 27-08-58); se trata de una solución que el gobierno de Adolfo López Mateos veía para los servicios de transporte dominados por el interés privado, decía la nota: Opinan que serán municipalizadas todas las empresas de transporte... debido a que el transporte urbano es un beneficio particular, este es ineficiente y no ha podido resolver la demanda por lo que se piensa que en un futuro no lejano, el transporte adquirirá un interés social.
Tal proyecto no fue instrumentado por las autoridades locales ni defendido por alguna organización o sector social, quedando solamente como un planteamiento que se adelantaba algunas décadas a experiencias de municipalización del transporte.9 b) Los años sesenta. En esta década Ciudad Juárez resiente incrementos en las actividades económicas, con apoyos de la federación a través del Programa Nacional Fronterizo (Pronaf ), por ejemplo: comienza a funcionar en 1961 también por la incidencia de facilidades del Estado y Municipio para aliviar el desempleo y desarrollar la industria, la implantación de la industria maquiladora en 1965 es un elemento muy significativo en el periodo, porque influirá sobre la distribuciones de las actividades
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el sentido de que se pavimenten las calles Texcoco, 5 de Mayo, Guatemala, Bolivia, Av. Ferrocarril”... (E.M. 08-04-58 y 06-08-58). Recordamos, por ejemplo, que en 1983 en la capital poblana, ciudad equiparable a Ciudad Juárez en población, se dio el fenómeno de la municipalización del transporte, atendiendo rezagos en la demanda: El Sistema de Transporte poblano, es dotado con autobuses y ruteras (combis) nuevas, de fabricación nacional. Corresponde aclarar que la iniciativa privada no fue desplazada, sino que continuó en el ramo. La municipalización antes se había presentado en el D.F. y Morelia, en 1981.
En 1964, miembros de la USTV, llevan a cabo una protesta ante la D.T.E., porque se les impedía que siguieran ofreciendo el ruteo entre las estaciones de FFCC y los autobuses Estrella Blanca (E.F. 19-11-64). 11 Las notas que siguen así lo demuestran: “Un servicio pésimo por parte de los empleados de líneas de Juárez...” (E.F. 31-07-63); “Protesta por vecinos de colonias populares por desorganización del servicio de transporte (P.P. 30-04-64); “Quejas de vecinos de Cd. Satélite por mal servicio de autobuses” (E.F. 31-05-64); “Se presta servicio de transporte en condiciones insalubres” (E.F. 1806-65). “Sin apegarse a un horario los autobuses de transporte recorren colonias periféricas” (E.F. 06-12-65 y 14-11-65). 10
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económicas en la ciudad, así como en el uso del suelo y en el diseño de rutas de transporte. En los primeros cinco años del programa de la industria de maquila, se instalan 22 establecimientos que ocupan a 3,135 trabajadores(as), ubicándose preferentemente al oriente de la ciudad. Si bien el interés de las organizaciones USTV, APAA y LMOP por el servicio de ruteo no habrá desaparecido, el crecimiento demográfico y económico que se presentaba y que aumentaba la demanda de transporte haría que se movilizaran con mayor insistencia.10 A finales de los sesenta, automovilistas amparados contra las autoridades se dedicaban a recoger pasaje en la vía pública, los cuales llegaron a ser agredidos por choferes de sitio que sentían que se les afectaba en sus intereses, aún cuando no eran todavía legales concesionarios (E.F. 14-05-69). En los primeros meses de 1969 se manifiestan las organizaciones USTV, APAA y las centrales Federación de Trabajadores del Norte, FTN, CROC y LMOP, contra las concesiones de rutas; haciendo público su interés de que el servicio se instaure de manera definitiva (E.F. 22-01-69; 03-03-69; 10-04-69). Fue hasta el 9 de junio de 1969 cuando se dio la noticia de que definitivamente “entra en servicio el sistema de ruteo” (E.F. 09-06-69). En los meses siguientes cumplirían los trámites legales las primeras 7 rutas y 2 extensiones (E.F. 08-07-69). El contexto en que se gestionó este servicio es caracterizado por numerosas deficiencias que se podían percibir a través de los reclamos y protestas de la ciudadanía.11
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La década de los sesenta registra importantes obras de vialidad que logran comunicar a miles de habitantes de colonias periféricas: son significativas en este sentido las obras de la Avenida López Mateos (tramo comprendido entre la colonia Nogales y Carretera a Casas Grandes, E.F. 11-05-63), las vías de acceso a la “Isla de Córdoba” y al “Malecón” Río Bravo, y las obras de prolongación de la Av. Insurgentes, entre otras (E.F. 24-06-64 y 01-05-65). En 1968 el Congreso Estatal autorizó 18.5 millones de pesos con los que el Ayuntamiento pavimentó alrededor de un millón de metros cuadrados en varios sectores de la ciudad (E.F. 21-03-68 y 0605-68). Los juarenses habían realizado pagos por más de 32 millones de pesos por obras de pavimentación, de agosto de 1963 a abril de 1968 (E.F. 17-05-68). En este contexto, en los primeros años de la década de los sesenta, algunas colonias accedieron al servicio del TCU o lo mejoraron, tal fue el caso de las colonias San Felipe del Real, Niños Héroes, Gregorio M. Solís, Morelos, El Carmen, Aldama, Monterrey, Constitución, Durango, Francisco Villa, Paso del Norte, Flores Magón, Periodista, Galeana, Insurgentes, Emiliano Zapata y Ortiz Rubio. Las cuotas en los autobuses del transporte se mantuvieron estables en 50 centavos hasta terminar la década, en las empresas Líneas de Ciudad Juárez y Transportes Urbanos. En tanto, la Empresa Circunvalación cobraba 45 centavos por viaje a personas mayores y 25 centavos a los niños. En lo que a taxis se refiere, persistían las altas tarifas.12 A finales de los sesenta se intenta, por parte de las autoridades estatales, regular los cobros de los choferes de autos de sitio, dotando a las unidades de taxímetros (E.F. 15-07-68), a lo que respondieron los organismos de taxistas con una absoluta negativa y lograron quedar libres de este tipo de regulación. Cobraba auge el sistema de taxis. Sólo la USTV contaba entre sus miembros a 200 conductores (E.F. 16-08-68).
12
“Por un viaje al Hipódromo la cuota era 15 pesos” (E.F. 07-07-64).
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Por esos años se daban las siguientes noticias: “Se cancelan 16 juegos de placas por no acatar disposiciones” (E.F. 17-17-70); “La D.T.E recogió juegos de placas porque se empleaban para terceras personas” (E.F. 2209-71). E.F. 09-04-77 y 12-04-77.
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c) Los años setenta. Los ruteros siguen presionando por la creación de nuevas rutas y en junio de 1970 se autorizan dos (E.F. 20-06-70), en marzo de 1971 una más (la ruta El Viaducto) (E.F. 04-03-71). Inicialmente, los juegos de placas fueron otorgados con base en ciertas disposiciones; una de ellas consistía en que los titulares debían trabajar personalmente en las unidades autorizadas, misma que dio pie a que el Departamento de Tránsito del Estado realizará frecuentes cancelaciones a aquellos concesionarios que infringían tal disposición.13 Con los juegos de placas retenidos, el Departamento de Tránsito realizó sorteos entre múltiples solicitantes. Los “piperos”, que habían insistido en que se les autorizará ofrecer el servicio de ruteo (E.F. 2512-71), se inscriben en un número de 60 para uno de estos sorteos, en febrero de 1972. El dinamismo de este servicio fue tal que a menos de cuatro años de haber sido autorizado contaba con 15 rutas (E.F. 03-04-73). El uso de camionetas tipo Van fue introducido inicialmente durante el movimiento de huelga en la empresa Valle de Juárez; al término del mismo, las autoridades del Departamento de Tránsito ordenaron que se sustituyera a las Van por automóviles (E.F. 11-02-77), lo cual se hizo por poco tiempo, puesto que en marzo de 1977 quedó autorizada la introducción de las camionetas, después de una movilización permanente de las organizaciones de las ruteras y de la fijación del pago de una cuota de 4 mil pesos por unidad.14 Algunas disposiciones que tendían a afectar los intereses de los ruteros, como el impuesto de “piso y rodada”, la exigencia de utilizar llantas mexicanas, etc. presionaban hacia la conformación de un frente de ruteros. A la Federación Estatal de Transportistas que representa a 30 agrupaciones en 1977, puede considerársele un producto de tales
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condiciones. Ya en 1973, “por primera vez en la historia del ruteo” (E.F. 27-08-73), la Unión de Ruteros Fronterizos (URF), cetemistas y “conexos”, formaron un frente para defenderse. Como se ve, el movimiento de ruteros iba de conquista en conquista.15 Mientras, el servicio de autobuses evidenciaba grandes problemas: en 1976-1977, 113 trabajadores de la Empresa de Transportes Valle de Juárez llevan a cabo un movimiento de huelga que logró un amplio apoyo social, sobre todo del sector estudiantil. Pese a las frecuentes huelgas en las empresas privadas de transporte se sigue considerando a este como el movimiento laboral en el servicio de transporte local que tuvo mayor resonancia y trascendencia.16 El 4 de febrero de 1977 trabajadores y empresa acuerdan la solución a la huelga: los primeros devolverán 20 unidades secuestradas y la segunda indemnizará a 58 empleados y deberá reinstalar a 55 (E.F. 04-02-77). La solución se logra el 26 de marzo dado que por fin la empresa pagó las indemnizaciones por $2'100,000.00, justo cuando los trabajadores se organizaban para retomar el secuestro de autobuses. Resulta diferente la concurrencia al movimiento de huelgas en cada una de las dos modalidades que conforman al transporte de Ciudad Juárez; mientras que en las empresas privadas han sido frecuentes, en el sistema de ruteo simplemente no se presentan. La razón fundamental de los operarios de las empresas privadas para ir a la huelga es su necesidad de mejorar las condiciones de trabajo, dado que predominan jornadas laborales de 12 ó 16 horas, bajos salarios, etcétera. Por lo general, como producto de una huelga la empresa aumenta las tarifas y los trabajadores mejoran sus condiciones laborales sólo parcialmente, lo que deja latentes nuevas inconformidades. A mediados de los ochenta los concesionarios de las rutas, con facilidades de las autoridades, fueron introduciendo los minibuses que poco a poco fueron deviniendo en los actuales autobuses aún llamados ruteras. 16 Por ejemplo, la huelga de la Empresa Circunvalación en enero de 1971, las huelgas de la empresa Líneas de Juárez, en agosto de 1973 y en julio de 1974, fueron de menor apoyo social.
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Cfr.: Martínez, Óscar J., Op. Cit. p. 159. Cfr.: Castellanos, Alicia. Ciudad Juárez. La vida fronteriza. Ed. Nuestro Tiempo, México, 1981, p. 153.
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Por otra parte, en la primera mitad de la década se realizan importantes obras de vialidad. Al iniciar los setenta, se enlazan el “Malecón” de poniente a oriente (E.F. 03-02-70), las calles Oro y Francisco Villa con el sistema vial “El Chamizal” (E.F. 09-11-72). A principios de 1973 se proyecta el enlace de este sistema con la Carretera Panamericana a la altura de la Plaza de San Lorenzo (E.F. 04-03-73). En este año se realizaron, asimismo, obras viales al oriente de la Avenida Juárez en el área de “El Chamizal”, que representaron de 9 a 12 millones de pesos (poco menos de un millón de dólares). A mediados de la década, se lleva a cabo la ampliación del Puente Internacional de Zaragoza-Waterfill, como respuesta a la implantación de la industria maquiladora en el área oriental de la ciudad (E.F. 11 y 12-04-75; 25-05-75, 15-06-76, 24-01-76, 24-10-76 y 05-12-76).17 Tales cambios van representando nuevos impulsos al transporte colectivo: Para 1975, 19,975 trabajadores (as) de la industria de la maquila demandan este servicio y los ruteros por su parte muestran tendencias a acaparar tal demanda. En 1973 los ruteros amenazan con bloquear a las líneas camioneras que las maquiladoras trataban de contratar para el transporte de los trabajadores, ya que alegaban estar tramitando ante las autoridades el ruteo para las industrias. (E.F.13-04-73). En el transcurso de los setenta ocurre un cambio en la movilidad para el abasto con el surgimiento de grandes negocios comerciales fuera del centro. Tradicionalmente la integración del consumo de los juarenses a la economía de El Paso ha sido muy alta: según Alicia Castellanos, el 62% de los gastos totales en ropa, alimentos y muebles de la población, entre 1970 y 1971, se hacían en aquella ciudad: “104 mil (de los 440 mil juarenses) cruzaban a aquella ciudad diariamente”.18 Entre 1973 y 1974 ocurre la desaparición del servicio internacional del tranvía Juárez-El Paso, cuya concesión databa de finales del siglo pasado. Las autoridades mexicanas no renovaron tal concesión con
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el propósito de impulsar el comercio local y con ello desalentaron los traslados a El Paso. Eso pudo facilitar el establecimiento de grandes centros comerciales, desde mediados de la década de los setenta, al lado oriente de la ciudad. d) Los años ochenta. Al iniciar la década se registraron tomas de unidades y bloqueos al tránsito por parte de estudiantes de la Escuela Superior de Agricultura “Hermanos Escobar” (ESAHE) y otras organizaciones, que demandaban el rango universitario y la entrega de subsidio para la ESAHE, entre otros reclamos.19 Las confiscaciones de autobuses no perseguían un objetivo de protesta contra el transporte ni contra algún incremento de tarifas, se trataba de ejercer presión sobre las autoridades para el logro de reivindicaciones educativas y se utilizaba a la toma de autobuses como elemento estratégico de lucha. Por otro lado, ante los aumentos de tarifas han sido casi inexistentes las movilizaciones de cualquier sector social, por lo que puede decirse que los transportistas cuentan con la libertad de aumentar tarifas. Más aún, si agregamos la amplia tolerancia que tienen las autoridades con los concesionarios del servicio del TCU. La siguiente nota da cuenta de esto: Los concesionarios aumentaron tarifas...el gobierno del Estado optó por legitimar esa alza...la administración pública estatal retrocedió ante los chantajes de los transportistas para evitar que la rebeldía de éstos empañe “la buena marcha” de las campañas políticas del PRI” (Excélsior 18-01-86, En Ed. de Diario de Juárez)
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Tal situación ha llevado a un encarecimiento del servicio. El surgimiento del ruteo en 1969 representó la atención a una demanda que resultaba excesiva, porque las rutas pudieron trasladar a más usuarios
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El movimiento fue objeto de persecución policiaca durante la gestión del alcalde José Reyes Estrada (Excélsior. 07-06-83); y de represión policiaca bajo el gobierno municipal panista encabezado por Francisco Barrio Terrazas (Excélsior. 18-10-83 y 19-10-83).
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(E.F.) 19-09-88, 23-11-88, 25-11-88, 28-11-88, 12-11-88, 01-12-88 y 02-12-88.
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y de modo más rápido; se crearon más rutas próximas a los lugares de destino. Sin embargo, resultó ser encarecedor: en 1969 se cobraba 1 peso por viaje cuando el salario mínimo se encontraba en $31.90, por tanto, se compraban 31.9 viajes por sueldo. Los autobuses de transporte colectivo tenían la tarifa de 50 centavos, lo que hacía que el salario mínimo comprara 63.8 viajes. El usuario de rutera pagaba un 100% más y sacrificaba comodidad, porque la estrechez de los asientos y la limitada altura de éstas en relación a los autobuses las hacía menos cómodas. La tendencia que se encontró en la razón salarios/tarifas de transporte, es a la baja; la cual se vio reforzada por la fijación de tarifas del servicio de autobuses al mismo nivel que las cuotas de las ruteras. Para 1990, ambos sistemas, ruteras y autobuses, tienen un costo de 450 pesos por viaje. Los asalariados, con un ingreso de 10 mil pesos diarios, sólo compran 22 viajes, equivalentes a una tercera parte de los que podían contratar en 1969. En los años recientes, la problemática del transporte que más se pudo percibir a través de la prensa, consistió en los enfrentamientos entre sí de los ruteros y contra los concesionarios de autobuses, disputándose prerrogativas. Las suspensiones del servicio de rutas fueron frecuentes, particularmente los últimos cuatro meses de 1988. No faltaron interpretaciones en el sentido de que se disputaba el mismo sistema de ruteo. En diciembre las autoridades tratan de conciliar intereses creando dos nuevas líneas. Los paros, enfrentamientos y bloqueos habían provocado ausentismo de miles de obreros(as) de la industria de la maquila, ante lo cual los empresarios afectados denunciaron reite radamente la falta de gobierno en el transporte público.20 Pese a la intervención de las autoridades, la invasión de rutas continuó: el Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV ) denuncia que la Unión de Sindicatos de Trabajadores del Transporte (USTT) invade los recorridos de la Ruta 1-B (E.F. 04-12-88), asimismo, los trabajadores del FUTV realizaron protestas porque camiones de Líneas de Juárez empezaron a funcionar en sus zonas autorizadas, al poniente de la ciudad (E.F. 04-01-89 y 06-01-89).
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En contra de las declaraciones enfáticas y reiteradas del gobernador Fernando Baeza en torno a que acabará con los cacicazgos y solucionará los problemas del transporte con el apoyo de la federación (E.F. 05-01-89,07-01-89 y 12-01-89), la problemática continúa: a mediados de enero ocurren enf rentamientos entre ruteros al disputarse el servicio de la Ruta 3, en las rutas 1-A, Juárez Aeropuerto y 1-B; son detectadas unidades “piratas” (E.F. 28-02-89), son decomisadas una decena de éstas a Transportes Urbanos y a Líneas de Juárez (E.F. 01-03-89 y 02-03-89); participan miembros del FUTV en la detención de camiones por supuesta invasión a sus recorridos, incendian uno, tienen enfrentamientos con los concesionarios y bloquean la Carretera Panamericana por cuatro horas (E.F. 03-03-89 y 04-03-89). Otras contradicciones que se perciben en el servicio de TCU son los cambios que ensayan en forma aislada las autoridades, como los de sentido de circulación en calles y avenidas y en las terminales.21 Debemos agregar que el transporte colectivo se presta para ser escenario de presión política. En particular, grupos de concesionarios reclaman mayor participación en el partido político en el poder y en el propio gobierno y suelen utilizar al transporte como recurso de lucha política.22 Por último, cabe señalar el exceso de demanda de TCU. La ciudad ha tenido una fuerte expansión, ya que su espacio físico ha pasado de 870 ha en 1950 a más de 13,500 en 1990. De una población de 130 mil juarenses en 1950 a más de un millón cuatro décadas después. Esto ha generado una mayor cantidad de usuarios. En 1988 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en su Plan Sectorial, estimaba que 156,300 juarenses no tenían dicho servicio, lo que equivalía al 19.98% de los 899 mil que lo requerían en aquel momento. “En febrero de 1989 se cambiaron un par de ocasiones 13 terminales, ocasionando confusión y molestia a los usuarios y operadores”. (E.F. 20-02-89, 22-02-89 y 28-02-89). 22 Unas 500 unidades (ruteras, camiones y taxis) generaron problemas de vialidad y transporte, al movilizarse en protesta por resultar antidemocrática la elección de los candidatos a diputados estatales por el PRI. (E.F. 24-02-89).
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In this paper we analyze, in general, changes that generated the project industry in Juarez City. First observe its effect on urban sprawl, the provision of services, etc., its impact on the environment and living conditions of the Juarez population. We propose also to locate the main problems caused by the In this paper we analyze, in general, changes that generated the project industry in the industry, Juarez City. First observe its effect on urban sprawl, development the provision of of services, etc., its publications, particularly with regard to impact on the environment and living conditions of the Juarez population. We propose journals also toacademic locate the main problems caused by the development of thenuclear industry, particularly toxic and wastes, as with regard to toxic and nuclear wastes, as well as point the trend of urban economic well as point the trend of project that iturban has imposed on our city,that to conclude a brief presentation ofconclude the popular economic project it has imposed on our city, to reactions and proposals to the problem. It also exposes the problems of contamination a brief presentation of the popular reactions and proposals to the resulting from other activities not related to the industry. problem. It also exposes the problems of contamination resulting from other activities not related to the industry Key publications, words:
Maquila’s impacts in the Ciudad Juårez environment
Social research,
Social research, academic journals
Impactos de la maquila en el medio ambiente de Ciudad Juárez Centro de Estudios Regionales y Comunicación Alternativa (CERCA)
En el presente trabajo analizamos, de manera general, los cambios que ha generado el proyecto maquilador en Ciudad Juárez. Primero observamos su efecto sobre el crecimiento de la mancha urbana, la dotación de servicios, etcétera; su repercusión en el medio ambiente y las condiciones de vida de la población juarense. Nos planteamos, además, ubicar los principales problemas causados por el desarrollo de la industria maquiladora, particularmente en lo relativo a los desechos tóxicos y nucleares; así como apuntar la tendencia del proyecto económico-urbano que ésta ha impuesto en nuestra Palabras clave: ciudad; para concluir con publicaciones, revistas académicas una breve presentación de las reacciones populares y algunas propuestas ante el problema. Asimismo, exponemos los problemas de contaminación que resultan de otras actividades no vinculadas a la industria maquiladora.
Investigación social,
Fecha de impresión: enero-diciembre de 1991 Fecha de reimpresión: julio-diciembre de 2009
Impactos de la maquila en el medio ambiente de Ciudad Juárez
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Introducción
En el presente trabajo analizamos, de manera general, los cambios que ha generado el proyecto maquilador en Ciudad Juárez. Primero observamos su efecto sobre el crecimiento de la mancha urbana, la dotación de servicios, etcétera; su repercusión en el medio ambiente y las condiciones de vida de la población juarense. Nos planteamos, además, ubicar los principales problemas causados por el desarrollo de la industria maquiladora, particularmente en lo relativo a los desechos tóxicos y nucleares; así como apuntar la tendencia del proyecto económico—urbano que ésta ha impuesto en nuestra ciudad; para concluir con una breve presentación de las reacciones populares y algunas propuestas de solución. Asimismo, exponemos la problemática de contaminación que resulta de otras actividades no vinculadas al sector maquilador.
I. Contexto y ubicación general
Ciudad Juárez es actualmente la quinta ciudad más poblada del país, con aproximadamente 1 300 000 habitantes. Se localiza en la zona central de la frontera entre México y Estados Unidos, en la intersección de los estados norteamericanos de Texas y Nuevo México. En los últimos años se ha convertido en el centro de desarrollo internacional más importante de la Industria Maquiladora de Exportación (IME) Los problemas de hábitat y medio ambiente en Juárez están, por tanto, estrechamente relacionados con el modelo de desarrollo que en el país se ha impulsado, mismo que ha sido determinado, en diferentes momentos y de diversas maneras por el capital extranjero. Particularmente, a partir de 1983, la ciudad representa un punto estratégico en la política económica del Estado mexicano, que hoy se concretiza en la imposición del proyecto neoliberal, la apertura a la inversión extranjera, el impulso a la industria maquiladora, el deterioro de los salarios y las condiciones de vida de la población. Como consecuencia de esto, en la frontera norte la industria maquiladora ha gozado cada vez de mayores prerrogativas y facilidades por parte de los diferentes niveles de gobierno del Estado mexicano. Actualmente goza —entre otros— de los siguientes beneficios:
Así, junto a la caída de los salarios reales, la maquiladora ha tenido un crecimiento explosivo en los últimos años. Si a finales de 1980 existían 130 plantas que daban empleo a 42 mil trabajadores, para diciembre de 1989 ya eran 300 plantas y 130 mil los empleados.2 En los dos últimos años, como consecuencia de la recesión que ha afectado a la economía norteamericana, este crecimiento se ha visto temporalmente detenido. Según datos de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez (DECJ), Juárez contaba en diciembre de 1991 con 304 establecimientos que daban empleo a 129 801 trabajadores3 —o sea, el 25% de la población económicamente activa. Como consecuencia de ello, la composición y la imagen de la ciudad ha cambiado notablemente en los últimos años. De su condición tradicional de economía basada en el comercio, turismo, y cultivo del algodón en el Valle de Juárez, ha pasado a ser el principal polo de concentración de la industria maquiladora en el país. Este crecimiento de la maquiladora, durante toda la década pasada, también se ha reflejado en el número de habitantes. Según los censos la población de Ciudad Juárez, en 1970 había 424 mil 135 habitantes y en 1980 de 567 365. Sin embargo, para 1985 la Secretaría de Progra1
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Almada M., Hugo. “Chihuahua 1988: una aproximación”. Revista Chamizal, núm. 3, UACJ, septiembre 1988, p. 57. Datos de la AMAC, marzo de 1990. Desarrollo Económico de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez en cifras. Estadísticas socioeconómicas básicas. 1991, cuadros 3.2.3 y 4.4.5.
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a largo plazo con tasas de interés preferenciales para la construcción de naves industriales. — Desarrollo de infraestructura para los parques industriales. — Exenciones o estímulos fiscales y crecientes facilidades en las aduanas. — Modificación del régimen fiscal para que puedan vender parte de su producción en el mercado interno. — Ampliación de la red de carreteras.1 — Redes de intercomunicación telefónica especiales de fibra óptica.
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— Créditos
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mación y Presupuesto estimaba ya un millón, y en 1988 una población de 1 200 000.4 DECJ calcula que en 1991 la población llegó a 1 360 592 personas, con una tasa de crecimiento para la década superior al 5% anual. Paralelamente al desarrollo de este proceso de industrialización, en los últimos diez años se ha intensificado y centralizado el comercio, mediante el establecimiento de malls y grandes centros comerciales.5 A raíz de esto, la estructura urbana de la ciudad se ha transformado completamente, provocando un cambio radical en la utilización del suelo urbano, y por tanto en el ambiente. El ejemplo más ilustrativo de lo anterior es el de la construcción del Parque Industrial Antonio J. Bermúdez, donde según el Plan de Desarrollo Urbano de 1979, “15 km2 de tierra apta para la agricultura intensa, han sido ocupados en forma irreversible dadas las inversiones efectuadas en infraestructura y edificios del parque industrial”.
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Cfr. Almada M., Hugo. “Las modificaciones en la estructura productiva industrial en Chihuahua a partir de 1982”, ponencia presentada en el II Congreso de Historia Regional Comparada, UACJ, abril de 1990. Cfr. Ciudad Juárez en cifras, op. cit., cuadro 3.1.1.
Situación actual de la vivienda y los servicios públicos Vivienda. Según los datos presentados recientemente por el gobierno del estado, el municipio y Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, 6
En la ciudad el crecimiento de la maquiladora y de la población, así como la gran proporción de trabajo femenino y de madres solteras, han contribuido al agravamiento de problemas sociales como la drogadicción, la prostitución y la delincuencia infantil y juvenil.
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El gran crecimiento de la ciudad en los últimos años y la forma desordenada que en muchos aspectos ha tomado —sea por la falta de planeación o porque en muchas ocasiones se ha pasado sobre los planes de desarrollo urbano—, han agudizado los principales problemas urbanos, deteriorado la infraestructura vial y sanitaria, y ocasionado grandes carencias en los rubros de vivienda y servicios.6 Esto es de algún modo reconocido por el gobierno municipal en el Plan de Desarrollo Urbano de Ciudad Juárez (1989), sin embargo, lo atribuye a “las contradicciones del modelo de desarrollo capitalista”, sin concretar qué significa y cómo se expresa esto en nuestra comunidad; y por supuesto, sin reconocer que los problemas que más afectan a Ciudad. Juárez no han sido nunca incluidos entre sus prioridades. Si bien en los últimos años ha contado con presupuestos significativamente altos, la inversión en obra pública del municipio se ha destinado fundamentalmente a la creación y dotación de infraestructura en beneficio de los parques industriales, sin que la cobertura de servicios para la población haya crecido en la misma proporción. De la misma manera, los problemas de contaminación que se atienden son únicamente aquellos provocados por la ciudadanía en general (vehículos, basura, etcétera); pasando por alto los causados por la industria maquiladora, como el asociado a los desechos tóxicos. A continuación se presenta, de manera general, la situación de la vivienda, los servicios y las principales fuentes de contaminación en la ciudad; así como su efecto sobre el medio ambiente y las condiciones de vida de la población.
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II. Las necesidades de la población
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actualmente hay 204 600 viviendas y se estima un faltante de cuando menos 40 mil, esto sin considerar el déficit de habitaciones asociado a los problemas de hacinamiento.7 Históricamente, los programas de vivienda pública han sido insuficientes y en la actualidad representan entre el 12 y 14% del parque habitacional. Por otra parte, ante el alto costo de la vivienda, en realidad más del 50% de las casas han sido construidas fuera del mercado formal, en la mayoría de los casos por la misma gente y a partir de la invasión de terrenos.8 El 50% de las viviendas cuenta con menos de cuatro cuartos, lo que es alarmante por el hecho de que en muchas de ellas habita más de una familia.9 Además, su costo es tal que está fuera del alcance de los trabajadores. Actualmente la casa más pequeña de las que construye el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) cuesta 53.5 millones de pesos, esto es, más de 11 años de salario mínimo de un trabajador, en el caso de que éste se dedicara totalmente a la compra de la vivienda. Agua. Aunque los datos del municipio estiman que un 5% de los hogares de Ciudad Juárez no tiene agua potable (este dato no incluye los nuevos asentamientos irregulares), si se incluyen las áreas en las que se considera imposible introducir la red, el déficit se eleva hasta un 15%. Sin embargo, el problema principal se presenta en el verano, cuando la demanda aumenta en más de un 40% y prácticamente en toda la periferia se escasea el agua, sobre todo en las colonias altas del poniente y el surponiente, en muchas de las cuales es común que no llegue agua durante periodos de 10 a 15 días.10 Por el contrario, el agua para uso industrial es prioritaria y está totalmente garantizada. La maquiladora consume más de 900 mil m3 al Diario de Juárez, 6 de enero de 1991, p. 6f. Cfr. Guillermina Valdés Villalba. “Asentamientos humanos irregulares y reservas territoriales” . Revista Chamizal, núm. 2, UACJ, junio-agosto de 1988. 9 Juárez en cifras, op. cit., cuadro 2.1.1. 10 Datos del jefe del Departamento de Medición de la JMAS. Diario de Juárez, junio de 1990. 7
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Véase: Plan de Desarrollo Urbano 88-92 para Ciudad Juárez, pp. 105-106.
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mes, equivalentes al consumo de más de 18 mil viviendas. Drenaje. Aun considerando como ya terminadas varias obras que en realidad están inconclusas, y por tanto, fuera de servicio, e incluyendo colonias en las que sólo una calle cuenta con él, el PDU (1989-92) señala que el déficit de drenaje sanitario en la ciudad es superior al 30%, de éste la gran mayoría no cuenta con fosa séptica y en su lugar usan letrinas, generalmente mal instaladas. Por otra parte, se carece de un plan de drenaje para el manejo de desechos industriales, es decir, no hay un tratamiento especial para el desecho de esas aguas que incluso están contaminadas con productos químicos utilizados en algunas maquiladoras. Estas aguas son usadas para regar cerca de 200 ha de vegetales y/o frutas. Pavimento. El 70% de las calles de la ciudad se encuentra sin pavimentar.11 A esto se adjudica, sobre todo en las colonias periféricas, la incidencia de alergias y enfermedades respiratorias. Salud y asistencia médica. Las instituciones de salud del estado atienden alrededor de 450 mil asegurados y el ISSSTE unos 45 mil, más de la mitad de la población no cuenta con ningún tipo de atención médica segura y permanente. El precio de una consulta con un doctor particular oscila entre 50 y 80 mil pesos, es decir, casi la mitad del salario mínimo de una semana. Cualquier otro servicio médico está fuera de las posibilidades económicas de la mayoría de la población. El promedio de recursos humanos y materiales para Ciudad Juárez es como sigue: 8.28 médicos y 0.85 camas por cada 10 mil habitantes, lo que refleja la poca atención y la falta de inversión en este renglón. El panorama arriba descrito refleja la existencia de una población mayoritariamente pobre y desatendida, que vive en condiciones de marginación y que se encuentra excluida de las decisiones que afectan directamente su espacio de vida y donde el Estado no presenta alternativas. La contaminación es otro factor determinante en el deterioro del ambiente y las condiciones en que vive la población. Es por esto que consideramos importante analizar los focos contaminantes, de los cua-
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les algunos son ya tradicionales y se están tomando algunas medidas para su control. Pero resultan relevantes las consecuencias que trae consigo el proyecto maquilador, la excesiva protección que ha recibido y el escaso control público sobre sus operaciones.
III. Contaminación
Ubicación general Ciudad Juárez enfrenta actualmente el mayor problema de contaminación ambiental en su historia. No es sino hasta hace unos cuantos meses que se le toma importancia, a raíz del Tratado de Libre Comercio, pues se ha venido formalizando un convenio llamado Programa de Integración Ambiental Fronterizo (PIAF), con el cual se pretende que los gobiernos de México y Estados Unidos se responsabilicen del control ambiental en la franja fronteriza. Aunque el gobierno del estado no había mostrado un interés real en el problema ecológico, debido a las presiones internacionales y a las del gobierno del centro, se ha visto obligado a prestar atención a este asunto. Se creó recientemente la Ley Ecológica estatal, que se antoja limitada, pues al no regular lo relativo al manejo de desechos tóxicos y basureros nucleares sus prescripciones resultan parciales. Otro aspecto importante es que se carece de suficientes áreas verdes. El Chamizal es el parque público de mayor extensión y aun con la zona de reserva ecológica resulta insuficiente para funcionar como pulmón de la ciudad. La zona de integración ecológica tiende actualmente a desaparecer. Desde 1979, año de la formulación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Juárez, se declaró como “zona agrícola a preservar” un espacio de 3 800 ha, situado en el oriente de la ciudad, pero en 1984 por la presión urbana tomó el nombre de “zona de integración ecológica”, perdiendo calidad de zona reservada. En 1989 esta área sufrió un recorte de 950 ha, quedando sólo 2 850 ha, en donde no se debe construir ninguna planta industrial; las viviendas deben levantarse en predios de 2 500 m2 con jardines bien arbolados para que la zona no pierda su calidad de “pulmón” de la ciudad.
Ver por ejemplo Diario de Juárez, 8 de febrero de 1991, p. 9B. Lo cual es explicable por las características del terreno: zona aledaña al Río Bravo, rápido acceso a los puentes internacionales, mayor cercanía al centro de la ciudad, mejor topografía, mayor comunicación y servicio eléctrico. 14 El gobernador del estado, Fernando Baeza Meléndez, asiste a “colocar la primera piedra” para el proyecto Misión de los Lagos, aún sin que tal proyecto haya sido aprobado por el cabildo. Diario de Juárez, 17 de enero de 1992, p. 7B. 12 13
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Sin embargo, en la práctica, todo esto no se ha respetado.12 Por el contrario, la reserva ecológica está amenazada por el crecimiento indiscriminado de la mancha urbana, la voracidad de algunos fraccionadores y la poca responsabilidad de las autoridades.13 Por ello, la zona de integración ecológica es cada vez más reducida y, pese a la existencia de un plan parcial de crecimiento, el cabildo aprueba dentro de ella la construcción de parques industriales, fraccionamientos residenciales, talleres y complejos comerciales.14 Contraviniendo las regulaciones señaladas, se ha formulado un proyecto ambicioso de vialidades que cruza la zona ecológica y que, sin duda, y contra lo deseado, acelerará la urbanización del sector. A continuación exponemos de manera breve lo referente a los focos de contaminación de mayor repercusión en la ciudad.
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Basurero municipal Localizado al surponiente de la ciudad, a sus alrededores se encuentran nueve colonias, todas populares. El basurero tiene por lo menos 16 ha de extensión y en él diariamente se descargan 16 toneladas de desechos sólidos. Según estadísticas del Centro de Salud local, durante 1987 se detectaron 57 576 casos relacionados con enfermedades de tipo gastrointestinal en toda la ciudad, de éstos 37.8% corresponden al surponiente. En cuanto a enfermedades de tipo respiratorio, los primeros tres meses de 1988 se detectaron 30 mil casos, y de ellos el 21.6% se localizó en el surponiente. Con esto es dable sugerir que la contaminación producida por el basurero municipal deteriora la salud de los habitantes cercanos a éste, debido al aire contaminado que emana todo el año y a los constantes incendios que durante el verano empeoran la calidad del aire en este sector popular.15 Además del basurero municipal en este año se han detectado 480 tiraderos de basura, principalmente en lotes baldíos, arroyos y barrancos de casi todas las colonias periféricas; lo cual significa que los problemas de salud y contaminación se reproducen, en menor escala, en todos estos basureros, ocasionando daños que se encuentran fuera de control.16
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Asarco La American Smelting and Refining Company (ASARCO) es una empresa fundidora de cobre que funciona desde 1887. Ubicada al surponiente de El Paso, Texas, colinda con tres colonias juarenses que cuentan con casi 80 mil habitantes. Funciona las 24 horas del día y su planta productiva no se ha remodelado desde hace 75 años.
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“Ahí donde la vida es basura”. Ahora, núm. 76, mayo 27-junio 3 de 1988, p. 7. Norte. 9 de marzo de 1992, p. 3B. Declaraciones de Martha Colín, directora del Departamento de Limpia Municipal.
Ladrilleras Otro problema de contaminación, ya tradicional en Juárez, son las más de 320 ladrilleras, ubicadas, la mayoría, al poniente, donde el suelo es arcilloso y puede aprovecharse como materia prima. Las ladrilleras contaminan principalmente el aire, ya que en el cocimiento del ladrillo utilizan llantas, poliuretanos, polietilenos y aserrín. Una de las últimas propuestas para resolver este problema la promueve el Comité Municipal de Ecología (CME), y consiste en adoptar el gas butano como combustible. Pero, actualmente, sólo un 33% de los productores ha optado por tal medida. La dificultad para la renovación estriba en que de las más de 300 ladrilleras, sólo 170 se encuentran
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Anualmente despide 98 millones de libras de contaminantes —gases y tóxicos—, entre ellos el dióxido de sulfuro (49 200 t),cadmio, arsénico —estos dos en cantidades pequeñas—, plomo y gases de azufre. Según un estudio realizado en 1989 por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), el aire de Ciudad Juárez se encontraba cargado de partículas de monóxido de carbono, azufre, cloro, plomo y mercurio. Casualmente las colonias más contaminadas son las más cercanas a la línea divisoria entre México y Estados Unidos. La mayor parte de las emisiones son traídas hacia Juárez, debido a la dirección de los vientos, afectando directamente a la población de las colonias mencionadas. Un signo claro de la contaminación es que muchos de los colonos dicen soportar un sabor ácido en su boca, producido por ácido de sulfuro. Por su cuenta el plomo, el cadmio y el arsénico producen deformaciones físicas y mentales en los niños. Solamente se ha realizado un estudio de caso en 1979 para comprobar los efectos de las emisiones de la ASARCO en la población. En éste se encontró un alto porcentaje de plomo en la sangre de los niños que habitan la zona. En vista de lo anterior, la ASARCO planea llevar a cabo un proceso de modernización en sus instalaciones, debido a que para renovar su permiso se le exigió la remodelación de su planta productiva.
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registradas, lo que impide que los propietarios obtengan el crédito para sustituir su sistema de cocimiento. Otra medida, propuesta por el CME, sugiere prohibir la importación de llantas usadas y multar a quienes quemen resinas, poliuretanos y polietilenos. Desechos tóxicos La contaminación ambiental por desechos tóxicos de la industria maquiladora de Ciudad Juárez es peligrosamente alta. Según un informe de la organización estadounidense Coalición Projusticia en las Maquiladoras (conformada por 50 organizaciones de protección del ambiente, religiosas, comunitarias y laborales), el 85% de los niveles de contaminación ambiental —donde se incluyen las descargas de productos químicos tóxicos en los sistemas de desagüe, las vías acuáticas y los desechos de productos químicos en los tiraderos que se registran en el área de El Paso-Ciudad Juárez es generado por las empresas transnacionales.17 Sin embargo, aunque es éste uno de los principales problemas de contaminación ambiental, es poco lo que se hace para evitar que continúe. Debido quizás a que sus efectos no son tan visibles como los de otros focos de contaminación —pues son a largo plazo— y a la falta de información, la ciudadanía no tiene conciencia del grave problema que representan los desechos tóxicos de la IME. Esta desinformación llega a tal grado que los mismos trabajadores de la maquila desconocen los materiales tóxicos que manejan diariamente y, por lo tanto, los efectos de los mismos. Un ejemplo de esto son los continuos accidentes que ocurren en la planta maquiladora Fluorex, S. A. de C. V., productora de ácido fluorhídrico.18 Se tiene conocimiento de tres accidentes laborales trágicos ocurridos en esta planta maquiladora. El primero, cuando mayo de 1986 un Diario de Juárez, 12 de febrero de 1991, p. 5B. Declara Susan Mika, del Centro Ecuménico pro responsabilidad empresarial (CEPRE) 18 Esta maquiladora opera desde 1980; trabaja los 365 días del año, las 24 horas del día. Es propiedad del grupo CAMSA. 17
Diario de Juárez. 21 de septiembre de 1991, p. 7B (Tomada de El Paso Herald Post). Deshacerse de 200 litros de material toxico en Estados Unidos tiene un costo aproximado de 200 dólares. En México una operación similar tiene un costo máximo de 120 dólares. Estimaciones oficiales dadas a conocer durante el Foro de Análisis del PIAF México-Estados Unidos. Diario de Juárez, 22 de septiembre de 1992, p. 1G. 21 Diario de Juárez. 7 de enero de 1992, p. 3E. Sin embargo, un estudio realizado por el COLEF (El Colegio de la Frontera Norte), muestra que de los 700 químicos manejados, sólo un pequeño número ha sido sometido a pruebas y análisis sobre sus efectos 19 20
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empleado, accidentalmente entró en un silo de fluorita y se hundió en el material, muriendo ahogado por el polvo; en octubre de 1987, otro empleado falleció cuando le cayó ácido fluorhídrico en el tórax. El último, en febrero de 1988, murió a causa de un baño de ácido fluorhídrico, cuando se desprendió la manguera con que llenaba los tambos. El tema de los desechos tóxicos estuvo ya en 1988 en la mesa de discusión entre México y Estados Unidos, llegándose al acuerdo de que los desechos que proviniesen de las empresas transnacionales serían devueltos a su país de origen. Sin embargo, la mayor parte de las empresas hacen caso omiso de tal acuerdo, y en la práctica no existe ningún control. La Dirección de Planeación de Ciudad Juárez dio a conocer a fines del año pasado que de las 35 mil toneladas de desechos tóxicos —solventes, químicos y combustibles— que produce la industria maquiladora en Ciudad Juárez, solo una tercera parte de ellos fue devuelto a Estados Unidos en 1990.19 Por otra parte, Guillermo Cerón, presidente del Comité Ambiental de una Asociación de Plantas Ensambladoras, afirmó, que cada año más de 60 mil toneladas de desperdicios tóxicos, producidos por firmas norteamericanas, son dejados en México.20 Este incumplimiento de un acuerdo internacional ha sido señalado ampliamente por distintos grupos ecologistas, instituciones de investigación, diarios locales e internacionales. Contrariamente, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) afirma, por una parte, tener un control completo de los desechos tóxicos. Pero, por otra, declara que el 30% de las maquilas instaladas en Juárez se encuentran fuera de su control. Asegura además tener pleno conocimiento sobre las sustancias tóxicas que consume la industria local.21
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Algunos químicos que se utilizan y sus consecuencias Según René Franco, los desechos tóxicos más comunes producidos por la industria maquiladora son: residuos de pinturas y barnices, resinas, epóxicos, lubricantes, látex, fibra de vidrio, cromo residual y diversos solventes. Estos conforman el 95% de los desechos generales.22 A inicios de los ochenta, la empresa Comunication System de Albuquerque (GTE), se trasladó parcialmente a Juárez con el nombre de TELECOM. En 1984 se conoció que decenas de ex trabajadores de GTE presentaron problemas de salud debido al manejo de sus-
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nocivos para el trabajador y el medio ambiente: “Maquiladoras, el daño secreto…”. Ahora, núm. 129, junio 2 al 9 de 1989, pp. 3-8. 22 Entrevista realizada por el Centro de Estudios Regionales y Comunicación Alternativa (ACERCA) al señor René Franco Barreno, presidente del Comité Ecológico Municipal de Participación Ciudadana.
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“Maquiladoras: el daño secreto…”. Ahora, núm. 129, junio 2 al 9 de 1989. pp. 3-8. Diario de Juárez. 3 de abril de 1991, p. 1B. Diario de Juárez. 7 de enero de 1992, p. 3E y 10 de enero de 1992, p. 3E. Diario de Juárez. 4 de abril de 1991, p. 1B.
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Legislación sobre el manejo de desechos tóxicos La SEDUE es el organismo encargado de vigilar que se cumplan las regulaciones sobre el manejo de desechos tóxicos en Ciudad Juárez y quien debe controlar el manejo que se da a los químicos tóxicos por parte de la industria. Aunque esto en la práctica es bastante relativo, ya que SEDUE cierra sólo por 24 horas las maquilas que violan los reglamentos. Esta agencia del Estado suele ser muy permisiva y ha llegado al extremo de congelar la revisión y sanción a 25 empresas, que de noviembre de 1990 a abril de 1991, generaron desechos tóxicos sin respetar las disposiciones en materia ambiental.24 Anteriormente, las maquiladoras rendían un informe estimativo de las emisiones contaminantes al medio ambiente, pero hoy es una disposición obligatoria. Donde, además, con equipo y personal especializado, deben medirse con exactitud las emisiones. Sin embargo, sólo aquellas que sobrepasan el 50% del límite máximo de emisiones permitidas son las obligadas a comprar equipos de medición y control.25 La Comisión de Agua de Texas (TWC) informó, en 1988, que sólo 90 de las más de 300 maquilas de Juárez llenaron los reportes para el regreso de tóxicos y estimó que el 87% de las industrias en nuestra ciudad utilizan sustancias químicas peligrosas.26
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tancias tóxicas como el epoxy, algunas toxinas, ácidos, solventes y tricloroetileno. Entre las enfermedades que se detectaron había desde males cardiacos, cáncer, tumores, hasta abortos (más de 200). Pese a ello, TELECOM aún opera en Juárez, usando indiscriminadamente sustancias como el epoxy.23 Los daños al medio ambiente son variables, dependiendo de a dónde vayan a parar los desechos. Los más comunes son: afectan el suelo, subsuelo y particularmente los mantos freáticos. A pesar de que en algunas colonias el drenaje pasa a cielo abierto, muchas maquiladoras arrojan ilegalmente sus desechos a la red.
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Cabe agregar que la Ley Ecológica Municipal y el Plan Integral Ambiental Fronterizo dejan de lado lo concerniente a desechos tóxicos y basureros nucleares. Además, el Comité de Ecología Municipal no ha realizado ninguna actividad para mejorar el control de los desechos tóxicos de la maquiladora y conocer cuáles son los efectos de éstos sobre el ambiente y la población. Otra disposición para el control del manejo de los residuos industriales es la llamada “Ruta Ecológica”. Con ella se pretende que los desechos sean transportados por una ruta determinada que pase cerca de los parques industriales para evitar accidentes y afectar a la población. La “Ruta Ecológica” deja fuera a más de 100 plantas maquiladoras,27 y contradice su objetivo al cruzar por avenidas que atraviesan zonas densamente pobladas, hospitales, escuelas y centros comerciales. Carece, además, de señalamientos que la distingan. Pero lo más difícil es hacer que dicha ruta sea respetada por los transportistas que acarrean las sustancias tóxicas.28 Programas de control Se tienen proyectados varios programas contra la contaminación, uno de ellos es el apoyo de la banca nacional a 319 empresas industriales para la compra de equipo de medición de emisiones al ambiente. Con este programa en Chihuahua se beneficiarán 11 empresas, entre las que se cuentan tres de Ciudad Juárez. Una compañía juarense (Olimpia Industrial) y el consorcio norteamericano Ametech Inc., realizaron una coinversión para exportar a Estados Unidos los desechos tóxicos generados por maquiladoras locales. Se manejarán alrededor de 20 mil tambos anuales de residuos (3 200 toneladas) y a la fecha no se sabe con exactitud qué implicaciones traerá dicha planta. 27
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Diario de Juárez. 11 de octubre de 1991, p. 1B. “El 30 de marzo de 1991, un camión cisterna que cargaba 34 toneladas de ácido sulfúrico de la empresa Fluorex, derramó parte del corrosivo por una válvula mal cerrada cuando transitaba por una céntrica avenida. El líquido se derramó en seis autos, provocando quemaduras en cara y brazos a seis personas”. Diario de Juárez. 11 de octubre de 1991, p. 1B.
La ubicación de los cementerios mencionados anteriormente ha sido propuesta en las localidades de Sierra Blanca, a 95 km de Ciudad Juárez; en Dryden a 125 km de Ciudad Acuña, y en Spofort a 48 km de Piedras Negras. A pesar de que el cementerio nuclear de Sierra Blanca se asentará sobre terreno inapropiado, en una zona geológica sísmica, propensa a Como antecedente a estos tres cementerios, encontramos el caso del basurero nuclear que se tenía proyectado en 1983, en Dell City, a 50 millas de El Paso. De 1985 a 1991 el mismo programa de basurero fue cambiado a Fort Hancock, Texas, el cual quedaría instalado a menos de 20 km de Porvenir y a menos de 10 km de la frontera mexicana. Del lado texano quedaría a 37 millas del sureste de El Paso. Tal cementerio se tenía proyectado para comenzar a funcionar en junio de 1993 y después de un firme rechazo del condado paseño se cambió el plan y se apruebó su construcción en Sierra Blanca, Nuevo México. Diario de Juárez. 21 de marzo de 1992, p. 3B.
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Cementerios nucleares Aquí se trata uno de los puntos que más preocupan a los grupos ecologistas, el cual ha resurgido por la iniciativa de EU de construir tres cementerios nucleares a lo largo de la frontera norte.29
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inundaciones y erosiones, el Departamento Controlador de Residuos Tóxicos de Texas estima que para 1996 albergará 52 mil pies cúbicos de desechos radiactivos.30 Los cultivos, los mantos subterráneos y la oxigenación de las comunidades del Valle Bajo serán las que resentirán, a corto plazo, la contaminación que emane de las sustancias depositadas en el tiradero. Ante este hecho, en ciudades de México y Estados Unidos, como Ciudad Acuña, Eagle Pass, Monterrey, Tijuana, Ciudad Juárez y El Paso se han realizado plantones, volanteos y pláticas referentes al problema. La postura oficial es de desacuerdo: a través del ex secretario de SEDUE, Patricio Chirinos, se ha dicho que se protestará —vía diplomática— por la instalación de los basureros nucleares.31 Sin embargo, la SEDUE en Ciudad Juárez se ha mantenido al margen del problema del basurero nuclear, alegando no tener información oficial.32 Así también, las autoridades estatales y municipales no han hecho nada al respecto. Salvo algunos grupos minoritarios, en general la ciudadanía no se ha manifestado públicamente en contra de la instalación del basurero.
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Cobalto 60 Ciudad Juárez tiene ya el antecedente de un accidente nuclear. El 24 de enero de 1984 se detectó una cápsula de cobalto 60 en un yonke (deshuesadero), la cual provenía de un hospital de la ciudad; misma que fue importada de manera ilegal. Esta cápsula se desechó irresponsablemente por parte de los directivos del hospital y luego se mandó a un local que comercia con chatarra (yonke). De esta manera se afectó a más de 283 personas que tuvieron contacto con la cápsula; además de que las radiaciones contaminaron a otro material (varillas de acero) que se distribuyó en todo el país y hasta en Estados Unidos por una empresa de Chihuahua.
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Diario de Juárez. 22 de febrero de 1992, p. 3B. Norte. 15 de marzo de 1992, p. 8A (tomado del diario nacional La Jornada). 32 Norte. 4 de febrero de 1992, p. 5B. 30 31
En Ciudad Juárez se ha generado, debido a las condiciones de pobreza y marginalidad, una "cultura de subsistencia",33 en la que lo importante es satisfacer las principales necesidades, sin importar las consecuencias que pueda implicar la forma de solucionarlas. Es en este marco que los colonos construyen su casa y la acondicionan en la medida de sus posibilidades y con los materiales disponibles. 1. Gran parte de las colonias populares se han formado debido al paracaidismo, por lo que la vivienda se va improvisando sin poder atender en su construcción las condiciones mínimas de seguridad e higiene. Entre el 60 y el 70% de la vivienda en Ciudad Juárez ha sido construida por la misma gente, sin apoyo de ningún tipo.34 Utilizando material de desecho como cartón, lámina, madera de segunda o tercera y una diversidad de productos altamente inflamables. 2. La población juarense procede en su mayoría del interior de la república, sobre todo de zonas rurales, por lo que traslada, de alguna manera, el modo de vida campesino al medio urbano. Esto se refleja en la práctica común de criar animales no domésticos en su vivienda, sin tener las condiciones adecuadas para ello. Ello aumenta los problemas, ya de por sí graves, de hacinamiento, de higiene, etcétera.
Concebimos como “cultura popular”: “El proceso de creación y apropiación desigual del conjunto de actitudes, creencias, instituciones, tradiciones y conocimientos sistematizados en la concepción, organización y transformación propia de las condiciones de vida de un grupo”. Moisés Ladrón de Guevara. Política cultural del mexicano. Ed. Gefe, 1986, p. 6. 34 Actualmente una vivienda de Infonavit cuesta 53 831 000 pesos, que equivalen a 13.42 años de salario mínimo. Norte, 14 de febrero de 1992, p. 1E. 33
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IV. Cultura de la población de colonias populares en cuanto al problema del hábitat: servicios públicos y contaminación
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El cobalto permanece como una amenaza, pues en el lugar donde se depositó el material contaminado fácilmente puede afectar los mantos acuíferos (se depositó en una zona desértica cercana a varios poblados).
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3. La falta de conocimientos y recursos para la solución de sus problemas de hábitat le generan una serie de situaciones que ponen en riesgo su salud y afectan su medio ambiente. Como ejemplo de esto se pueden observar algunas prácticas como las que a continuación se señalan. La instalación de una letrina o fosa séptica. Generalmente las letrinas se hacen con menos de dos metros de profundidad (por lo que se hacen varios hoyos en el mismo terreno) y a dos o tres metros de distancia de la casa. Las fosas sépticas son poco comunes. — El manejo de basura, por lo regular, ésta se quema en los mismos botes en que es depositada —muchos de los cuales contuvieron desechos tóxicos— o se arroja a los barrancos y arroyos más cercanos, formándose así los cientos de basureros que existen en las colonias populares. — En el abasto de agua los sectores populares utilizan tambos de 200 litros para su almacenamiento. Recipientes que la mayoría de las veces son desechados por Estados Unidos o por la industria maquiladora, en donde son llenados con diferentes materiales, con frecuencia productos químicos y tóxicos. Además, por lo general, se encuentran destapados o cubiertos con plástico, expuestos a los contaminantes que flotan en el aire. — Utilización de todo tipo de objetos como combustible, desde llantas hasta zapatos viejos. Una práctica común es la de echar a los calentones de leña todo lo que prenda y genere calor. — En cuanto a la energía eléctrica, el colono toma la luz clandestinamente, conectando su línea a los cables generales de transmisión aumentando los riesgos de cortos circuitos dentro y fuera de las viviendas.35 —
V. Respuestas de los grupos populares
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La actitud y la capacidad de respuesta de los habitantes de las colonias populares ante la diversidad de los problemas urbanos se manifiesta de manera pública por medio de movimientos o luchas urbanas como
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Recientemente se incendiaron 160 viviendas en una colonia de asentamiento irregular, debido a un corto circuito por el choque de los cables instalados de manera ilegal. Diario de Juárez, 16 de Marzo de 1992, p. 2B.
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Entendemos por “independiente” aquellas organizaciones que no tienen relación con el Estado o con instituciones oficiales, sino que surgen y se mantienen de la misma población.
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Población civil Esta forma de organización es espontanea y temporal, en 1991 fue de un 34%. Sus reivindicaciones giran en torno a servicios, vivienda y tenencia de la tierra: nos parece importante resaltar que de siete demandas que ubicamos como “ecológicas” en este año, cinco fueron expresadas por la población civil. Organizaciones independientes.36 Surgen en torno a las necesidades de la comunidad. Tienen un proyecto de organización a mediano plazo, sus formas de manifestarse son variadas. La experiencia de lucha las hace aprovechar todos los medios para exigir sus demandas. La base de este tipo de organización es la población. En el cuadro que mencionamos, el 39% de las expresiones corresponden a este tipo de organización; en orden de importancia, sus demandas giran en torno a servicios, vivienda y tenencia de la tierra; en este grupo solo observamos una demanda ecológica.
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plantones, bloqueos, denuncias y enfrentamientos. Mediante tales expresiones se busca llegar a algún tipo de negociación o de acuerdos para solucionar las demandas relativas al mejoramiento de sus condiciones de vida. En relación al cuadro de movilizaciones urbanas, en 1991, las formas de manifestarse más comunes son declaraciones ante los medios de comunicación (con un 33.9%), plantones (15.3%), audiencia con funcionarios (11.9%), bloqueo de obras e instalaciones (11.8%) y el resto se reparte entre negociación, mitin, demanda legal, enfrentamiento violento y desalojos. La población, para la resolución de sus demandas, ha optado por tres medios: población civil, organizaciones independientes y organizaciones oficiales. Cómo actúan, cuáles son sus principales reivindicaciones y quiénes las apoyan, son sus puntos necesarios de especificar para caracterizar estos medios de agrupación.
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Organizaciones oficiales Son parte de la estructura de control que el Estado ejerce en la población urbana, se utilizan de manera particular en coyunturas políticas; sus demandas fueron: denuncias contra líderes, vivienda, tenencia de la tierra y solicitud de financiamiento. En el análisis del cuadro, en el apartado octavo, encontramos que en todo el año apenas ocurrieron 59 manifestaciones, de las cuales el 88.6% se organizaron en torno a las necesidades de agua, drenaje, pavimento, luz, regularización, tenencia de la tierra, y únicamente el 11.4% de los movimientos corresponde a demandas que podemos clasificar como “ecológicas”. Siguiendo las divisiones por forma de organización encontramos que en las demandas ecológicas el 71.4% lo realizó la población civil, el 14.3% para las oficiales y el mismo porcentaje para las independientes. Lo anterior se debe a que en las organizaciones, tanto independientes como oficiales, se agrupa una población que no cuenta, la mayoría de las veces, ni con vivienda, ni servicios públicos suficientes; por lo que los problemas ecológicos, como conservación de áreas verdes u otros no resultan prioritarios si no se han resuelto las necesidades básicas. Confirmamos entonces que las demandas como conservación de áreas verdes y mejoramiento del servicio de limpieza, se realizaron en colonias que tenían ya satisfechos los servicios públicos primarios; y las demandas por problemas de contaminación (reubicación de un mausoleo, de ladrilleras y gaseras) que se dieron en colonias con ausencia de algunos servicios públicos primarios, fueron debido a que éstas representaban un peligro inmediato para la salud y vida de la población. También verificamos que aunque la obtención de los servicios públicos contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida de la población y a su medio ambiente, éste no es considerado como un elemento importante en su vida cotidiana. Pero tampoco podemos descartar que en el futuro próximo la preocupación por la contaminación despierte interés en los sectores populares.
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En México, los problemas relacionados con el hábitat, medio ambiente y condiciones de vida están estrechamente vinculados con el modelo de desarrollo neoliberal que en el país se ha impulsado y que es dirigido por los intereses del gran capital, nacional y extranjero. Con esto queremos decir, que nos encontramos ante un asunto estructural, por lo que las propuestas que se hacen por parte de las autoridades ante estos problemas, entre ellos el ecológico, no plantean una solución de fondo, sino dan respuesta sólo a los problemas más inmediatos, sin contradecir los intereses de la clase dominante. Nos encontramos, entonces, ante una cuestión de democracia, ya que la definición del proyecto de ciudad y sus prioridades, son determinadas por el grupo en el poder. No es que en la ciudad no exista planeación urbana, el problema es más bien que esta planeación responde a ciertos intereses, que como mencionamos, no son los de las mayorías. A lo largo del trabajo ha quedado claro que lo que se busca no es el beneficio de la ciudadanía ni el desarrollo armónico de la ciudad, sino el desarrollo industrial, independientemente de sus costos. En este contexto se explican la política y las medidas que adoptan las instituciones gubernamentales que hemos mencionado, de manera general, a lo largo del trabajo —la participación de SEDUE estrechamente vinculada con el gobierno en sus diferentes niveles, así como las deficiencias que presentan el PIAF y la Ley ecológica estatal en cuanto a desechos tóxicos y basureros nucleares—. En lo relativo al CME, aunque se presenta como un organismo ciudadano y no oficial, éste se encuentra integrado principalmente por funcionarios públicos y representantes de la industria maquiladora, por lo que sus propuestas no tocan los problemas de fondo y no reflejan los intereses de los sectores mayoritarios de la población. Estos organismos no han hecho más que minimizar los problemas relacionados con el medio ambiente, y su actividad se concentra en crear en la ciudadanía un complejo de culpa, como generadora de los efectos de la contaminación: porqué fumó, porqué no barrió su banqueta, porqué utiliza un carro en malas condiciones; sin cuestionar a fondo el problema y por lo tanto, sin ofrecer soluciones reales y ade-
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VI. Para una conclusión
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cuadas. Por otra parte, en el grueso de la población existe una desinformación total, en dos aspectos que nos parecen fundamentales: 1. En cuanto al derecho a una vivienda y un salario dignos, así como el que toca al aprovechamiento de formas de construcción y equipamiento de una vivienda, a partir de los pocos recursos disponibles. 2. Sobre los problemas de contaminación existentes en la ciudad y sus repercusiones en las condiciones de vida y de salud.
VII. Propuestas
1. De frente a los problemas de hábitat y medio ambiente, el primer punto que en nuestro país debe resolverse es el de la democracia, pues mientras la ciudadanía no tenga participación real y definitiva en la planeación urbana, la definición de las prioridades a impulsar, la legislación, y la vigilancia de medidas efectivas para el mejoramiento y conservación del hábitat, las líneas a seguir permanecerán favoreciendo el desarrollo industrial en beneficio de algunos grupos minoritarios —nacionales y extranjeros— y en detrimento de un desarrollo social, armónico e integral. 2. La corresponsabilidad de los grupos empresariales con el gobierno y la ciudadanía, para que el crecimiento urbano generado por el desarrollo maquilador sea equilibrado, financiando el equipamiento de la ciudad en su conjunto y no sólo en lo directamente relacionado con las zonas industriales. Por lo cual, la maquiladora —en el caso concreto de Ciudad Juárez— tendría que responsabilizarse del crecimiento y las necesidades de vivienda y servicios asociados a su expansión. 3. Una legislación más específica y estricta para la regulación de problemas como el de la contaminación radiactiva y los desechos tóxicos, además de su aplicación efectiva. 4. Programas masivos de información y concientización en lo relativo a la conservación del medio ambiente, daños que pueden causar el tratamiento de la basura, el almacenamiento de agua en botes con desechos tóxicos, la cría de animales no domésticos en la casa y la utilización de letrinas. También lo referente a la contaminación no pro-
VIII. Anexos Demandas que generan movilización en Ciudad Juárez Tipo de demandas
Núm. de movimientos
%
Org. Grupos
Org. PC*
Por servicios públicos
31
52.5
9
22
Contra la admón. municipal
14
23.7
5
9
Problemas sobre ecología
7
11.8
1
6
Prob. tenencia de la tierra
7
11.8
3
3
Totales
59
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vocada por la población en general, como la radiactiva y los desechos tóxicos, los riesgos que genera el mal manejo de éstos, etcétera. 5. El involucramiento de las organizaciones sociales en luchas por el mejoramiento del hábitat, trascendiendo el ámbito de los servicios y planteando propuestas alternativas para disminuir los riesgos ecológicos, exigiendo el funcionamiento real de los organismos y dependencias involucradas.
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*Población civil. Fuente: Análisis hemerográfico (Diario de Juárez y Norte) de los movimientos urbanos de enero a diciembre de 1991, realizado por Adriana Linares.
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Of “The Boundaries of Urban Planning” to the Definition of “Urban Management Model in Ciudad Juárez” ... Towards Sustainable Development to the Domain of “no Places”? The present essay tries to do a brief inventory of the discussions that have presented in some of the works published in the magazine Nóesis, particularly the related with development and urban planeation including the reflections on This paper aims to show the scene of the enenvironment and housvironment and urban services in Juarez city ing. Likewise, it tries to during the eighties. Start with a sketch of the present a balance with environmental problems of border cities. Conregard to the experiences tinues with a description of the environmendeveloped in the last tal and urban services, particularly water and years on this topic in Ciudrainage. Concludes with a discussion of the dad Juárez, where they have presented diverse effects on the health of the inhabitants may be events that have been defining the configuraassociated with environmental degradation. tion and the growth of the locality.
Environment and urban services in Ciudad Juárez
Palabras clave:
Planeación urbana, desarrollo, Ciudad Juárez
Key words:
Urban planification,
development, Ciudad Juarez
Medio ambiente y servicios urbanos en Ciudad Juárez 1
Héctor Padilla Delgado2
En este trabajo se pretende mostrar el escenario del medio ambiente y los servicios urbanos en Ciudad Juárez durante los años ochenta. Inicia con un esbozo sobre la problemática ambiental de las ciudades fronterizas. Continúa con una descripción de los problemas ambientales y de los servicios urbanos, Palabras clave: en particular del agua y desarrollo drenaje. Concluye con un comentario sobre los efectos que en la salud de los habitantes pueden asociarse al deterioro del medio ambiente.
Planificación urbana, , Ciudad Juárez
Versión corregida del capítulo III de la tesis “Ciudad Juárez en los ochenta: medio ambiente, acción gubernamental y participación ciudadana”. Presentada por el autor en septiembre de 1993 en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. 2 Investigador de la Unidad de Estudios Regionales de la UACJ. (1993) 1
Fecha de recepción: 17 de septiembre de 2008 Fecha de aceptación: 7 de diciembre de 2008
Medio ambiente y servicios urbanos en Ciudad Juárez
La problemática ambiental fronteriza
La frontera norte es una extensa franja de más de tres mil kilómetros de largo y 200 de ancho,1 conformada por nueve pares de ciudades pertenecientes a seis estados mexicanos y cuatro norteamericanos. Estas son Tijuana/San Diego, Mexicali/Condado Imperial, Nogales/ Nogales, San Luis Río Colorado/Yuma, Ciudad Juárez/El Paso, Piedras Negras/Eagle Pass, Nuevo Laredo/Laredo, Reynosa/McAllen y Matamoros/Brownsville. Los problemas ambientales de estas ciudades son producto de la acción que ejercen sobre el medio los distintos componentes del estilo de desarrollo vigente. Si bien desde décadas anteriores se siguió un esquema de urbanización binacional en la franja fronteriza, en los años ochenta éste se afianzó. Las poblaciones mexicanas reunieron maquiladoras y trabajadores, mientras que en las norteamericanas se asentaron empresas matrices y modernos servicios especializados, por lo que los factores ambientales más relevantes han sido el intenso poblamiento ocurrido desde los años cuarenta y la expansión industrial de las dos últimas décadas. Al estar localizadas en un medio natural de características desérticas, el crecimiento de la población y de las industrias han tenido diversos impactos, por ejemplo los que resultan de la explotación de recursos escasos como el agua. Pero a esto se agrega la notable incapacidad de los gobiernos locales para dotar de infraestructura y equipamiento urbanos a las ciudades mexicanas de la región. De manera que un perfil que las caracterizó fue la “relativa desconexión de su crecimiento económico con la capacidad de proporcionar condiciones de vida urbanas a sus habitantes”.2
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En los Acuerdos de la Paz, firmados en 1983 por el presidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado, y de Estados Unidos, Ronald Reagan, se estableció que se entendía por franja fronteriza al área de 100 kilómetros de cada lado de la frontera. Citado en el Programa Integral Ambiental Fronterizo, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y Environmental Protection Agency, México, 1992. Tonatiuh Guillen, “Servicios públicos y marginalidad social e la frontera norte”. En Frontera Norte, vol. II. Núm. 4. COLEF, Tijuana, julio-diciembre 1990, p.32. Este autor al analizar los resultados de una encuesta aplicada a ciudades fronterizas, encontró un panorama desfavorable de los servicios urbanos, sensible inferior respecto a ciudades
• Las descargas de aguas residuales domésticas e industriales a los ríos Colorado y Bravo en las dos más grandes áreas urbanas (Tijuana y Ciudad Juárez). • La emanación de gases tóxicos y metales pesados en el área del "triángulo gris" formado por las fundidoras de Sonora y Arizona, que afectaron a las ciudades fronterizas y fueron objeto de controversias internacionales.4 • Los proyectos de construcción de cementerios nucleares y de desechos tóxicos en lugares cercanos al río Bravo, en las fronteras de Chihuahua y Coahuila (en Sierra Blanca, Kinney, Fort Hancock y Hudspet, la mayoría condados fronterizos de Texas). 4 3
del interior del país. Programa integral…, op. cit., p.25. Se trata principalmente de las fundidoras ubicadas en Douglas, Arizona, y en Cananea y Nacozari, Sonora, todas ellas dentro de un radio de 100 kilómetros a cada lado de la frontera. En conjunto emiten a diario cerca de 2 700 toneladas de óxido de azufre. Roberto Sánchez. El medio ambiente como fuente de conflicto en la relación binacional MéxicoEstados Unidos. COLEF, Tijuana, 1990, p.91.
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El conjunto de las ciudades fronterizas llegó a la década de los noventa arrastrando una situación deficitaria. Hubo un rezago del 14% en agua potable, 35 en drenaje, 10 en electricidad, 30 en alumbrado público y 53 en vialidades y pavimentación.3 Algunas de las causas que explican esta insuficiencia de medios de consumo colectivos fueron la pobreza relativa de sus habitantes y gobiernos, y el crecimiento industrial acelerado que requirió grandes inversiones y alentó la llegada de nuevos habitantes. Mientras que en las ciudades norteamericanas los factores ambientales tuvieron que ver más con la presencia de industrias como las fundidoras. El distanciamiento entre crecimiento económico y condiciones de bienestar social fue una de las fuentes de movilización social, en virtud del permanente aumento de asentamientos humanos sin servicios públicos y sobre medios físicos deteriorados y de difícil urbanización. Pero también dio origen a conflictos de trascendencia regional y binacional relacionados de manera directa con el deterioro ambiental resultado de:
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• El movimiento trasfronterizo de desechos tóxicos gene rados por la industria maquiladora, muchos de ellos enterrados de forma clandestina en territorio mexicano. • Problemas particulares en cada ciudad, como la dis minución de la calidad del aire causada por el intenso y lento movimiento de vehículos por los cruces internacionales, el predominio de un mercado de automóviles norteamericanos de desecho y no aptos para circular con gasolina mexicana y otros relacionados con la carencia de infraestructura y servicios urbanos.
Situación del medio ambiente en Ciudad Juárez
El panorama descrito se manifiesta de manera singular en el caso de Ciudad Juárez y El Paso. El volumen y la diversidad de las interacciones trasfronterizas que ahí acontecen, por medio del flujo incesante de mercancías, insumos y personas, actúan en detrimento del medio ambiente. Los resultados son la contaminación del agua, el aire y el suelo por parte de fuentes móviles y fijas de carácter doméstico (asociados a la insuficiencia de servicios urbanos) e industrial. Otros factores perjudican el área que rodea a las dos ciudades. Estos encuentran su origen en estrategias para atraer inversiones impulsadas por los gobiernos de Nuevo México y Texas, a través de iniciativas de instalación de basureros de desechos tóxicos o nucleares en zonas cercanas. Esto ocurre con la concesión de relleno sanitario aprobada por el gobernador de Nuevo México, quien autorizó a la empresa NuMex enterrar desechos tóxicos y residuos de aguas negras en el condado de Sunland Park. Lo mismo sucede en el condado de Sierra Blanca (Texas), donde se opera otra zona de descarga de residuos de aguas negras de Nueva York.5 Dos proyectos de este tipo destacaron en el rubro de problemas de carácter regional. El primero es el aún vigente de la Chemical Waste Management, que pretende instalar un depósito de desechos nucleares 5
“Ciudad Juárez: ecología, salud y asentamientos humanos en zonas de riesgo”. Informe de la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas presentado por el diputado José Merino Castrejón en Boletín de la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas de la Cámara de Diputados. Núm. 7, México, agosto 1992.
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“Resumen sobre el documento introductorio al foro sobre la problemática de la frontera norte”. Ibíd., núm. 5, junio 1992, p.18. Ibíd., p.19. Fernando Ortiz Monasterio y Margarita Castillejos. La contaminación por cobalto 60 en Ciudad Juárez, Chihuahua. El Colegio de México, documento del Programa de Desarrollo y Medio Ambiente, México, agosto 1985.
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y radioactivos sobre una falla geológica ubicada cerca del río Bravo (a 27 kilómetros); y el segundo es el de la Texas Industries Inc., que consiste en construir otro tiradero tóxico en el condado de Kinney, a 24 kilómetros del río, sobre esa misma falla.6 En ambos casos se ha dicho que violan los Acuerdos de la Paz, firmados por Miguel de la Madrid y Ronald Reagan en 1983 para proteger una zona de 100 kilómetros en ambos lados de la frontera. Debido a que se considera que este tipo de proyectos ponen en riesgo la flora, la fauna y los recursos naturales de la región (en especial el agua), lo que puede afectar la salud de los habitantes, se dice que oponen obstáculos a proyectos económicos importantes provocando conflictos internacionales.7 El peligro real o potencial de contaminación radioactiva que entrañan este tipo de depósitos ya fue conocido por los habitantes juarenses. Ciudad Juárez fue escenario de uno de los más grandes accidentes nucleares en la historia, después de Chernobyl, al ocurrir en diciembre de 1983 la contingencia ambiental por irradiación de cobalto 60. El accidente se originó en un yonque (deshuesadero) de la ciudad, cuando se compró un aparato de radioterapia robado a un hospital, cuyos encargados introdujeron de manera ilegal al país. En el yonque el aparato fue convertido en chatarra y vendido a Aceros de Chihuahua. Allí se contaminó la varilla corrugada que la fundidora producía y exportaba a Estados Unidos, país donde se descubrió la radioactividad.8 Por otra parte, la forma dispersa en que creció Ciudad Juárez hizo posible la mezcla de múltiples usos del suelo en la mayoría de las zonas. Esto agravó los problemas ambientales porque los núcleos de población y de industrias empezaron a ubicarse sobre espacios compartidos, desarrollando una competencia por el uso de la infraestructura urbana. Es así que la distribución de las actividades en la ciudad, ante
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la insuficiencia de servicios e infraestructura urbana, también afectó el agua, el aire y el suelo. Respecto al agua, el problema se da por la sobreexplotación y agotamiento de los depósitos subterráneos y por la mezcla de aguas residuales domésticas e industriales. Desde décadas atrás, la escasez de este recurso ha sido uno de los puntos problemáticos para la mayoría de los gobiernos locales. Su poca disponibilidad se agudizó —con relación a la elevación de su demanda— en los años ochenta por el crecimiento demográfico y de la industria maquiladora. A esta última se le atribuye un consumo de 900 mil m3 al mes, representando un 9% del total local, equivalente a 18 mil viviendas.9 El ritmo de alza del uso en esos años fue una tasa anual de 6.20% para domicilios, y del 21.75 para los denominados “consumos especiales” donde se ubican los usos industriales.10 Las fuentes disponibles de agua potable son los mantos subterráneos del Bolsón del Hueco (que se surte por infiltración de las lluvias, recargas de aguas tratadas a un nivel primario en la ciudad de El Paso y por escurrimiento del río Bravo), y por el acuerdo del Tratado Internacional de Aguas de 1906 Estados Unidos entrega al Valle de Juárez 74 millones de m3 anuales provenientes del río Bravo.11 Ante la posibilidad de agotamiento del Bolsón del Hueco se pretende incorporar a la explotación otros dos acuíferos cercanos. Sin embargo, el problema más apremiante ha sido con las aguas residuales, al no existir una infraestructura industrial adecuada que Estos datos fueron proporcionados por el jefe de Departamento de Medición de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento; Diario de Juárez, junio 1990; Centro de Estudios Regionales y Comunicación Alternativa (CERCA); Impactos de la maquila en el medio ambiente de Ciudad Juárez, 1992, p. 7. Esto supone que un hogar consume 50m3 al mes, equivalentes a 1.66 m3 diarios. De acuerdo con la densidad de cinco habitantes por vivienda, el consumo diario promedio es de 333 litros/persona. Mientras que en la IME, cuenta en forma aproximada con 300 plantas, el consumo diario es de 10 mil litros. 10 El consumo en los últimos nueve años se elevó a una tasa de 21.75, aunque para 1991, destaca el director de Obras Públicas Municipales, éste sólo fue de 9.87, “similar al crecimiento de las maquiladoras”. Mario Sánchez Landa. “Agua: las cifras oficiales”. Edifica, núm. 28, Comunicaciones Espada, Ciudad Juárez, agosto 1992. 11 Ídem.
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René Franco Barreno. “Consumismo electrónico, automóviles y maquila; problemas ecológicos de la frontera norte de México”. En Edifica, núm. 13, Comunicaciones Espada, Ciudad Juárez, mayo 1991. También esto puede ser resultado de un fenómeno de magnitud internacional que ocurre con frecuencia: la exportación de desechos o procesos industriales peligrosos de países desarrollados hacia países atrasados, con el propósito de evadir la reglamentación ambiental del país de origen. Roberto Sánchez. “Contaminación industrial en la frontera norte: algunas consideraciones para la década de los noventa”. En Estudios Sociológicos, vol. VIII. núm. 23, El colegio de México, México, mayo-agosto 1990. 13 José Luis Trava, et al. “Documento complementario. Las aguas del Valle de Juárez: recursos hidráulicos de la frontera (zona este)”. En Manejo ambiental adecuado del agua. La frontera México-Estados Unidos. COLEF, Tijuana, 1991, pp. 251-258. 12
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impida que la red de drenaje doméstico conduzca residuos tóxicos y metales pesados emitidos por las plantas industriales. Aquí, de nuevo, la maquiladora desempeñó un papel importante. Si bien antes de los años ochenta se decía que no contaminaba, su evolución tecnológica (el predominio de la rama electrónica) fue acompañada de un cambio en el tipo de residuos que genera. Aunque muchos no son de alta peligrosidad, es su magnitud lo que origina el problema. Estos son pinturas y barnices, resinas, epóxicos, lubricantes, latex, fibra de vidrio y diversos solventes.12 Este tipo de aguas son usadas para el riego en el Valle de Juárez, donde a principios de 1990 constituían un 13.84% del líquido utilizado, mientras que el 23.63% provenía de pozos de la SARH, el 27.15% del río Bravo proporcionado por el Tratado de 1906 y 35.38% de pozos particulares.13 Con lo anterior, tiene mucha relación el problema de la disposición de los desechos sólidos y tóxicos. En las colonias del poniente, surponiente y sur de la ciudad hay un gran número de basureros porque no llega el servicio de limpia. Muchos, además de ser desechos domésticos, son industriales y hospitalarios, que son reciclados por familias que en ello encuentran una fuente de ingresos. También, en esos sectores es común que la gente utilice, para almacenar agua, tambos que antes contenían materiales tóxicos. Buena parte de ellos son introducidos al país de contrabando y otros son vendidos por la industria maquiladora local.
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Mas grave aún es la saturación del basurero municipal ubicado en el surponiente de la ciudad. Debido a las deficientes técnicas utilizadas en el relleno sanitario y los procedimientos de trabajo de los pepenadores, con frecuencia se desencadenan incendios que afectan a más de nueve colonias aledañas. Una de ellas, la Pánfilo Natera, es un asentamiento irregular carente de todos los servicios, ubicado sobre los terrenos ya rellenos del basurero. La generación y disposición de desechos tóxicos involucra en forma directa a la industria maquiladora, pero se torna difícil tratar este asunto debido al desconocimiento de la magnitud real del problema. Mientras la Dirección de Planeación de Ciudad Juárez señala que en la ciudad se generan 35 mil toneladas de residuos industriales, de los cuales una tercera parte regresa a Estados Unidos, la Sedue calcula que en 1992 un 30% de las maquiladoras se encontraban fuera de su control.14 Por esta razón, únicamente se puede predecir cuál es el alcance del problema por medio de lo que se logra descubrir. Por ejemplo, una nota del Diario de Juárez dice:
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El químico Enrique Alvarez Jiménez era el dueño de ATI, una empresa que se dedicaba a tratar e incinerar desechos tóxicos generados por las maquilas. Durante una revisión efectuada en 1985 la Sedue determinó que el incinerador no cumplía los requisitos mínimos (era un simple quemador) y procedió a su clausura definitiva. De acuerdo a los datos de la empresa ATI, tan sólo de mayo a diciembre de 1984 dispusieron inadecuadamente de 357 tambos de desechos peligrosos de empresas como Sistemas de Baterías, General Instrument, ECOM de México, Electrocomponentes, RCA, CCC y Electro Méx. Tras el cierre de la empresa muchos tambos desaparecieron, presumiéndose que son los mismos encontrados cerca del Km 20.15
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CERCA, op. cit., p. 19.. Diario de Juárez, 16 de abril de 1992.
Desarrollo Económico de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez en cifras. 1991, Ciudad Juárez, 1992. 17 Diario de Juárez, 20 de abril de 1992. 18 Conrado Diaz Quiz. “Concentración de monóxido de carbono en Ciudad Juárez”. En Howard G. Applegate (comp.), Survey of Environmetal Problems Along the Border. Inter-American and Border Studies, El Paso, 1979. 19 Judith Price. “Internacional Bridge Crossings”. Ibid. 20 Ante el problema de las ladrilleras las autoridades iniciaron un proyecto de producción de “ladrillo ecológico”, consistente en dar facilidades a los ladrilleros para la adquisición de quemadores de gas. 16
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Otro problema es la contaminación del aire por gases y polvo. Los factores que en este caso intervienen son, por orden de importancia, el tránsito de un parque vehicular voluminoso (80%), la actividad de más de 300 ladrilleras y diversas industrias de Ciudad Juárez y El Paso (15%), la generación de polvo por la carencia de calles pavimentadas (cerca del 60%, según el Plan Director de Desarrollo Urbano, 1989) y otras acciones como la quema de basura en colonias donde no llega el servicio de recolección o la quema de leña en tiempo de invierno (5%).16 Se calcula que los más de 300 mil automóviles que hay en la ciudad usan 1’750 000 litros de gasolina diarios, arrojando cerca de 74 toneladas de monóxido de carbono al ambiente.17 La dirección de los vientos y la localización de las áreas de mayor circulación de autos provocan que los gases tiendan a concentrarse en las partes bajas de la ciudad, en especial durante la noche. Como en esas zonas existen grandes núcleos de población, desde la década de los setenta se sostuvo una polémica entre Ciudad Juárez y El Paso respecto a quién contaminaba más.18 Pero esto se agudiza por el flujo trasfronterizo de vehículos, que se efectúa a través de cuatro puentes internacionales por donde ya, en 1980, cruzaban más de 14 millones de vehículos (estimándose cerca de 30 millones en 1990).19 Por otra parte, el siguiente factor de contaminación atmosférica son las actividades de más de 300 ladrilleras, que se ubican en el norponiente y surponiente, las cuales usan llantas y aserrín con aceite como combustibles para cocer el ladrillo.20 A esto se suma la emisión
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de polvo por la fábrica Cementos de Chihuahua y otras empresas que extraen materiales de construcción a lo largo de la Sierra de Juárez. También, desde los años setenta una de las fuentes de contaminación que afectaron en conjunto al área de Ciudad Juárez y El Paso, y por ello fue causa de polémica internacional, es la fundidora ASARCO (American Smelting and Refining, Co.). Aunque en la actualidad opera con sistemas y controles adicionales que reducen el bióxido de azufre y plomo que arroja, su localización en la ribera del río Bravo, frente a colonias del noroeste de la ciudad, la tornó conflictiva. En distintas ocasiones fue señalada como la causa de envenenamiento por plomo en la sangre entre la población infantil de esas colonias (Felipe Ángeles, Anapra, Ladrillera de Juárez, Popular y Altavista): Enero 24 de 1983 pasará a la historia como el día en que un juez federal de Estados Unidos (Lucius Bunton) acordó liberar a la Asarco de su responsabilidad en la muerte de una pequeña juarense, de nombre Elvira Ontiveros. La niña murió hace cuatro años debido a envenenamiento por plomo absorbido en su organismo por respirar aire contaminado de una fundidora ubicada a corta distancia de su hogar.21
Un caso similar, por lo polémico, ocurrió en la empresa Flourex. A su alrededor se localizan pequeñas granjas (cercanas a la zona de industria peligrosa) con quienes ha tenido fricciones. Ahí, donde se produce ácido fluorhídrico, también ha habido confrontaciones con el sindicato por algunos casos de intoxicación y muerte de sus trabajadores. Finalmente, cabe decir que otro aspecto a considerar es el de las áreas verdes, ya que la mayoría de las ciudades fronterizas carece de suficientes, por el hecho de ubicarse en climas áridos y semidesérticos, y por ello crearlas y darles mantenimiento representa un fuerte problema técnico y económico. Hacia 1983 la ciudad contaba con 72 parques con una superficie de 117 ha, a la que se le suman 339 hectáreas del 21
Diario de Juárez. 27 de enero de 1983.
Héctor Padilla Delgado
parque El Chamizal.22 Esta cifra no varió en gran medida durante la década, pues hacia 1990 había 464.32 hectáreas (sólo se agregaron ocho).23 Un caso especial es la paulatina desaparición de una extensa zona que durante años fue un área verde (agrícola) de importancia. Desde 1979 el Plan Director de Desarrollo Urbano señaló como reserva ecológica una extensa área de la ciudad formada por tierras ejidales. Ésta contaba con 3 800 ha en 1979 y en forma paulatina cedió su espacio a nuevos asentamientos humanos, industriales y comerciales hasta reducirse a 2 850 ha. El crecimiento no controlado absorbió a la zona hasta convertirla en un islote, casi vacío, donde se ubica el actual centro geográfico de la ciudad. Por esa razón, el Ayuntamiento de 1989-1992 le cambió su nombre a Zona de Integración Ecológica.24 El crecimiento de la población en Ciudad Juárez se tradujo en una expansión de la periferia urbana, que se caracterizó por la construcción de casi la mitad de las viviendas al margen del mercado formal.25 Para 1984 el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) estimaba un déficit de 8.7%, que en 1991 se incrementó al 12. Se calculó que del total de viviendas construidas durante la década, un 36% era de calidad deficiente. De acuerdo con el PDU la evolución fue de 101 497 viviendas en 1979 a 186 369 en 1988, y se calculaba para 1991 un total de 204 600. Estas cifras fueron estimadas con tasas de crecimiento poblacional que se verificaron en la década de 1960-1970 (4.6% anual). Por ello, estos datos contrastan con los resultados de los censos de 1980 y 1990. En estos se ve que para 1980 el total de viviendas era de 115 769 y en 1990 de 173 973. Estudio de comunidad y diagnóstico de salud del área urbana de Ciudad Juárez. IMSS, subdelegación Juárez, zona 1, 1983, p. 58. 23 Lina Ojeda Revah. “Áreas verdes en las ciudades de la frontera norte”. Ciudades, núm. 16, RNIU, Puebla, octubre-diciembre 1992. 24 Véase CERCA, op. cit. 25 Banco Mundial. “Evaluación de la administración urbana de Ciudad Juárez”. Mimeo, Banco Mundial, México, 1991, pp.10-13. 22
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Situación de los servicios urbanos
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Medio ambiente y servicios urbanos en Ciudad Juárez
La diferencia entre unas y otras cifras muestra que mientras que los planes de desarrollo pronosticaron el crecimiento en un 100% en la década, los censos sólo indicaron un incremento del 50%. Retomando estas últimas cifras de manera conjunta con las de población, se tiene que la densidad de habitantes por vivienda tendió a disminuir al pasar de 4.9 hab/v en 1980, a 4.46 en 1990. A lo largo de la década Ciudad Juárez exhibió un panorama deficitario en servicios públicos. Aunque hubo incrementos absolutos en su cobertura —con relación al crecimiento poblacional—, no mostraron una mejoría significativa. En el balance sobre los logros de los anteriores planes, que presenta el PDU actualizado en 1989, se dice que “la problemática reflejada en 1984 presentó una característica similar a la de 1979 (el primer plan), en forma básica en los renglones de vivienda infraestructura y vialidad, con altos índices de déficit en la cobertura de servicios públicos y asistenciales”.26 En 1980 la cobertura de la red de agua potable abarcaba el 92 por ciento de las viviendas. El porcentaje disminuyó, de manera ligera, a 89.39 en 1990. Respecto al drenaje sanitario, durante toda la década la ciudad sólo contó con una red para uso doméstico que cubrió al 65.09% de las viviendas en 1980 y al 67.66% en 1990 (véase cuadro I).27 Considerando las densidades de población por vivienda de los años citados, esto implica que 45 470 personas no contaban con agua en 1980, cantidad que en 1990 ascendió a 95 929. Las personas sin el servicio de drenaje fueron 198 130 y 263 358, respectivamente. El Plan de Desarrollo Urbano actualizado en 1989 propone la división de la ciudad en nueve sectores. Con base en ello, se agrupó la información de los censos de 1990 por Área Geográfica y Estadística Básica (AGEB) para conocer la situación del agua y drenaje por sector. 26
Nóesis
27
90
Plan de Desarrollo Urbano de Ciudad Juárez, junio 1989, p.20. Estos datos son similares a los que prevalecen en las ciudades de Tijuana y Mexicali. En 1990 en éstas un 36.7% de las viviendas no tienen drenaje, un 18% no cuenta con agua y el 6.6 carece de electricidad. Víctor Hermosillo. “Conformación territorial de los asentamientos humanos en la frontera norte de México. Requerimientos y niveles de los censos urbanos de Baja California”. Boletín de la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Publicas de la Cámara de Diputados, num. 5, México, junio 1992.
Vivienda Densidad Agua Drenaje Electricidad
Total
115 769 4.9 106 509 75 354 103 578
1980
promedio
%
100 92.0 65.09 89.47
82.18
Total
1990
173 973 4.46 155 514 117 710 161 467
%
100 89.39 67.66 91.27
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Cuadro 1. Vivienda y servicios públicos en Ciudad Juárez
82.77
Fuente: X y XI censos generales de población y vivienda, INEGI, México, 1981 y 1992.
28
Esto coincide con los resultados de una investigación sobre servicios urbanos en la ciudad, realizada por El Colegio de la Frontera Norte en Ciudad Juárez. Las colonias más desprotegidas se ubican al suroriente (Los alcaldes, Torres del PRI y Héroes de la Revolución), al surponiente (Morelos, Toribio Ortega y Ladrilleros), al poniente (Plutarco Elías Calles) y al noroeste (Felipe Ángeles, Francisco Sarabia y Puerto La Paz). César Fuentes. “Industrialización y distribución de servicios públicos en Ciudad Juárez, Chihuahua”. Ibíd., núm. 7, México, agosto 1992.
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Debido a que en la propuesta del plan dos sectores son zonas casi deshabitadas, en este caso se agruparon ambos en uno solo. De esta forma, se constituyeron ocho sectores para este análisis (véanse mapas 1 y 2). Los sectores dos y tres, que concentran una cuarta parte de la población, poseen el más alto nivel de cobertura de servicios urbanos. En contraparte, el cinco y el siete constituyen los más desprotegidos, agrupando en conjunto un 17%. El uno y el ocho son medios; el cuatro es de bajo nivel porque es una zona de reciente urbanización. Los índices de cobertura para 1990 de cada uno se muestran en el cuadro 2. En él se ve que los sectores con menos población cuentan con mejores niveles de servicios, mientras que en los más poblados el desfase es mayor. La excepción es el sector ocho, que apenas empieza a poblarse, y en él se ubican industrias de alto riesgo.28
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Medio ambiente y servicios urbanos en Ciudad Juรกrez
Nรณesis
Cuadro 2. Distribuciรณn de servicios por AGEB (%) Sector
Poblaciรณn
1 2 3 4 5 6 7 8
41 19 5 2 2 18 12 .12
Viviendas con agua en casa y predio 87 94 93 87 74 85 87 8.8
Viviendas con drenaje 66 93 92 58 18 54 35 0
Fuente: Censo General de Poblaciรณn y Vivienda, 1990. Chihuahua, resultados definitivos Datos por AGEB urbana.
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Estos datos exhiben una distribución desigual de la población en el espacio, con niveles muy dispares de acceso a los servicios. Esta desigualdad indica que existe una segregación espacial. En este sentido, puede observarse una diferenciación de la mancha urbana en tres grandes áreas, éstas, demás se distinguen entre sí por el tipo de factores ambientales que en ellas se localizan (véase mapa 3). Una de las grandes áreas comprende a los sectores uno y siete. El primero de ellos se encuentra en una posición media en cuestión de servicios. Los problemas de contaminación que se presentan son el deterioro del suelo y agua por carencia de drenaje y servicio de recolección de desechos sólidos; generación de polvo por falta de pavimentación, industrias ladrilleras y extractoras de materiales de construcción, y cercana a ella, en la parte noroeste, se encuentra la fundidora norteamericana ASARCO. En el otro sector, el siete, hay una baja cobertura de servicios urbanos y presentan problemas similares que el anterior, sólo que su situación se agrava debido a que en él se localizan el basurero municipal, la fábrica de cemento y la principal concentración de ladrilleras, en la colonia México 68. Estos sectores son habitados por estratos sociales bajos que ocupan terrenos de difícil topografía, lo que influye en la elevación de los costos de introducción de servicios. La segunda gran área comprende a los sectores cinco, seis y ocho. Con una forma que se extiende sobre dos vías primarias (la carretera Panamericana y la Avenida Jilotepec) que le dan accesibilidad. Hay en esos sectores una extensa zona habitacional de vivienda formal construida por el gobierno del estado y el Infonavit, que se mezclan con grandes espacios de crecimiento no controlado en la parte surponiente, que por lo mismo presentan carencias de agua, drenaje, pavimentación y equipamientos. De los sectores mencionados destaca el cinco, donde se observaron los más bajos niveles de servicios, aunque a diferencia de otros lugares, ahí no se localizan importantes fuentes de contaminación industrial. Por eso mismo, se puede decir que los problemas se deben en su mayoría a la falta de drenaje, pavimento y servicio de limpia. La excepción es el sector ocho debido a que está casi desocupado.
93
Medio ambiente y servicios urbanos en Ciudad Juárez
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Por último, la tercera gran área se compone por los sectores dos, tres y cuatro. Estas son las partes central y oriental de la ciudad, las cuales presentan un grado de consolidación superior. En el centro se combinan diversos usos del suelo, estratos sociales y una alta densidad de ocupación con predominio de vecindades. En tanto que en la parte oriental se observa una importante tendencia de crecimiento que de manera paulatina está ocupando terrenos agrícolas del Valle de Juárez. Dicho crecimiento ha sido impulsado por la localización de parques industriales próximos al puente internacional de Zaragoza-Waterfill, por ser una zona que concentra mayores servicios públicos introduci-
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dos con bajos costos, siendo la parte donde habitan los estratos sociales altos. Los sectores dos y tres, al presentar los niveles de cobertura de servicios más altos, deben sus problemas ambientales a las altas concentraciones de actividades, no a la ausencia de servicios. En ambos se localizaron los principales parques industriales y las plantas maquiladoras ubicados fuera de ellos. Lo que quiere decir que aunque ello no afectó en forma directa a sus habitantes (con residuos tóxicos, por ejemplo), sí influyó en la intensificación del tráfico vehicular. Aunque es distinta la situación del sector cuatro, que corresponde a la zona de reserva ecológica, por donde pasan los drenes de aguas negras a cielo abierto. Al comparar (en el cuadro 3) los datos referentes a los servicios con la localización de las principales fuentes contaminantes, se tiene un panorama que muestra una desigual distribución de los factores. Ello plantea la cuestión sobre la posibilidad de que la población de cada uno de los sectores de la ciudad sea perjudicada en mayor o menor grado. AI respecto es importante señalar que no parece haber un diagnóstico territorial que muestre la problemática de salud de los habitantes de Ciudad Juárez.
Sector 1 2 3 4 5 6 ‘7 8
Servicios (%) 76 93 92 73 46 70 61 4.2
Fuentes de contaminación ASARCO, ladrilleras, extractoras Vehículos y otras fuentes* Vehículos Aguas residuales” Aguas residuales Vehículos, polvo Cementerà, ladrilleras-extractoras Flourex y Pemex Fuente: Diario de Juárez, 1983-1992.29
29
Recopilación hemerográfica del diario citado de 1983 a1992.
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Cuadro 3. Agua, drenaje y fuentes contaminantes por sector
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Contaminación auditiva
Domésticas e industriales El desconocimiento de ese tipo de estudios da pie a que enfermedades como la anencefalia se tornen objeto de controversia. Por lo mismo, si bien la Secretaría de Salud elabora un seguimiento rutinario sobre las condiciones generales de salud de los juarenses, eso es insuficiente para indicar de manera fehaciente el impacto del bajo nivel de servicios urbanos y de las actividades productivas en la ciudad. No obstante, se han publicado diversos trabajos que dan indicios sobre esa cuestión. Por ejemplo, es frecuente que autoridades médicas afirmen que el origen de múltiples alergias, enfermedades respiratorias y gastrointestinales, está asociado a los factores arriba señalados. Se ha dicho que esos padecimientos presentan un nivel de incidencia muy similar en todas las zonas de la ciudad (véase cuadro 4). Es decir, que no se perciben diferencias notables entre los sectores más afectados por la carencia de los servicios urbanos.30 No obstante, sí se reconoce que existe una diferencia entre El Paso y Ciudad Juárez. El Centro de Salubridad y la oficina de la Organización Mundial de la Salud en El Paso aseguran que la ciudad mexicana es responsable de que El Paso cuente con un alto índice de hepatitis, enfermedades venéreas, tuberculosis y lepra, siendo Ciudad Juárez “la capital del mundo” en lo que a enfermedades contagiosas se refiere.31 Un elemento que permite establecer una diferencia entre cada uno de los sectores de la ciudad, es que el uno y en el cinco a la carencia de servicios urbanos se suma la falta de equipamientos médicos. En el mapa 4 se indica la localización de los más importantes centros de salud, destacándose que tales sectores cuentan con menos. Por tal motivo, además de que los servicios urbanos son escasos, los equipamientos médicos de importancia encargados de atender los posibles efectos que se deriven de esa situación están fuera de esos lugares. En el Diario de Juárez se señala que, según informes del Centro de Salud en 1987 de 57 576 casos de enfermedades de tipo gastrointestinal, el 37.8% se localizó en el surponiente de la ciudad, es decir, en el sector cinco. CERCA. Op. cit., pp. 12-13. 31 Diario de Juárez. 14 de enero de 1987. 30
Causa
Lugar que ocupa la enfermedad en: 1988 1989 1990 1991
1992
Infecciones respiratorias agudas
1
1
1
1
1
Enteritis y otras enfermedades diarréicas
2
2
2
2
2
Amibiasis
4
4
7
8
7
Enfermedades de la piel y TCS
5
—
—
—
—
Parasitosis intestinal
6
12
—
—
—
Salmonelosis Conjuntivitis
15 17
16 6
14 6
11 —
12 —
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Cuadro 4. Veinte primeras causas de morbilidad 1988-1992
Esto último hay que matizarlo, pues, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social atiende a una población que proviene de toda la ciudad. Aún así, la atendida por el IMSS corresponde sólo a aquella parte que labora en el sector formal de la economía. Así que para tener una visión completa sería necesario reunir la información que se encuentra dispersa en los centros de salud, las clínicas universitarias y los dispensarios médicos ubicados en toda la ciudad. Con esta última observación cabe decir que las movilizaciones sociales urbanas son un posible indicador de la manera en que el medio ambiente influye en la calidad de vida de los habitantes. Aunque aquí no se trató el tema de los movimientos sociales, vale la pena adelantar que durante los años ochenta muchos de ellos se verificaron en los sectores uno y siete, es decir, los de menor cobertura de servicios urbanos y equipamientos médicos y con presencia de importantes fuentes de contaminación ambiental.
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Fuente: Informe semanal EPI—85, Departamento de Informática y Estadística, Secretaría de Salud, jurisdicción II, Ciudad Juárez, 1992.
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N贸esis Medio ambiente y servicios urbanos en Ciudad Ju谩rez
Challenges of the Social Sciences in Public Universities Repeat the existence of crisis of Social Sciences as crisis of the paradigms of modernity is already almost a common place. It is not, however, when this crisis relates to the ways of thinking about society today, because if the paradigm source of the Social Sciences is on track to be replaced, has not yet have a social science think what as The maquila boom, the rise and that fall enables of neopanism, the social drug differently empire, thetoculture thinks the modernity. In this way, we are caught in the dishes and the “six pack� ... Here begins and ends for many modernization suffered inability to continue to by the state of Chihuahua in the eighties. Beyond these facts,through valid analyzers think social of Palabras changes taking place in northern society, modernization means in the Chihuascience previous and clave: same time, in the and hua in the past decade: increasing transformation of itsthe productive structure to bipartisanship, think, explain inoccupational profile, new forms of work and daily life,need off of and understand the world today. creasedtrade with the United States. Changes as in the structural core of society, in With what social science do we believe in the scenario where actors perform. contemporary society? The question is of high relevance because the universities have the role of Key forming social scientists able to interpret the social words: events. Hence the importance of wonder about the challenges current social thought.
Chihuahua: social actors and modernization
Ciencias Sociales, universidades pĂşblicas, retos actuales
Social Sciences, public universities,
Sección Varia
Chihuahua: actores sociales y modernización Víctor M. Quintana S.1
El auge maquilero, el ascenso y caída del neopanismo, el emporio del narcotráfico, la cultura de las parabólicas y del “six pack”... Aquí empieza y termina para muchos la modernización sufrida por el estado de Chihuahua Palabras en los años ochenta. clave: universidades públicas, Más allá de estos hechos, analizaactuales dores válidos de los cambios que se operan en la sociedad norteña, la modernización significa en el Chihuahua de la década pasada: transformación acelerada de su estructura productiva y de su perfil ocupacional, nuevas formas de trabajo y de vida cotidiana, despegue del bipartidismo, intensificación de los intercambios con los Estados Unidos. Cambios, pues, en el eje estructural de la sociedad, en el escenario en que los actores se desenvuelven.
Ciencias Sociales, retos
Para una amplia perspectiva de los cambios en la economía, sociedad, política y cultura chihuahuenses recomendamos el trabajo de Víctor Orozco, Chihuahua en los umbrales del Siglo XXI. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, UNAM, México, 1990, fotocopia. 1
Fecha de recepción: 11 de agosto de 2008 Fecha de aceptación: 13 de diciembre de 2008
Chihuahua: actores sociales y modernización
Introducción
El auge maquilero, el ascenso y caída del neopanismo, el emporio del narcotráfico, la cultura de las parabólicas y del “six pack”... Aquí empieza y termina para muchos la modernización sufrida por el estado de Chihuahua en los años ochenta. Más allá de estos hechos, analizadores válidos de los cambios que se operan en la sociedad norteña, la modernización significa en el Chihuahua de la década pasada: transformación acelerada de su estructura productiva y de su perfil ocupacional, nuevas formas de trabajo y de vida cotidiana, despegue del bipartidismo, intensificación de los intercambios con Estados Unidos. Cambios, pues, en el eje estructural de la sociedad, en el escenario en que los actores se desenvuelven. El Chihuahua de los años ochenta también es revuelta electoral, toma de bodegas por campesinos, “encueres” de acereros, huelgas de hambre, desobediencia civil y comisiones de derechos humanos. Prácticas de actores sociales. Nos interesa combinar los dos aspectos del análisis: por una parte, los cambios estructurales, expresados en el desarrollo del capitalismo y en las transformaciones del Estado. Por otra, las prácticas de los actores de la sociedad chihuahuense, sus movimientos, sus demandas, sus formas de organización, sus oponentes. Buscamos siempre poner de relieve la interacción y el mutuo condicionamiento entre los dos aspectos. Con todo esto, pretendemos responder, al menos inicialmente, a la pregunta: ¿Cómo han modificado todos estos procesos las relaciones entre el Estado y la sociedad civil en Chihuahua? Pregunta a la que se pueden subordinar otras:
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¿La modernización económica ha implicado cambios relevantes en las relaciones de los actores sociales y políticos de la sociedad chihuahuense? ¿Se han constituido en Chihuahua nuevos actores sociales?1
102
1
Según Guillermo Campero, “Una categoría analítica, socioeconómica, puede pasar a ser examinada como un agente o actor social concreto en cuanto adquiere, por así decirlo, historicidad, a través de la capacidad de acción colectiva y autorrepresentación”.
Hasta bien entrados los años setenta la forma de constitución de actores sociales en Chihuahua, el ser de éstos y su relación con los actores políticos no difieren mucho de lo que sucede en el resto del país: extrema debilidad de la sociedad civil, parcelación y diversificación de los actores sociales frente a la acción hegemónica del Estado. Este tiende a asfixiar o a organizar “desde arriba” —a corporativizar— las diferentes expresiones surgidas desde la sociedad.3 Desde que se consolida la estructura sectorial del partido oficial a principios de los años cuarenta, el Estado puede controlar o cooptar las diversas expresiones de inconformidad salvo raras excepciones. Las más importantes de ellas son el conjunto de fuerzas que se aglutina en torno al Comité Pro Justicia y Derechos Ciudadanos en 1955, el movimiento magisterial, que gana la dirección de la sección octava del SNTE hasta 1977, los estudiantes de las normales rurales, el movimiento campesino de principios de los años sesenta y la guerrilla rural. A pesar de que estas fuerzas logran tener manifestaciones muy vigorosas y en ocasiones aglutinar amplias bases sociales, el Estado logra desactivarlas una a una. El Comité Projusticia y Derechos Ciudadanos se desintegra al lograr la caída del gobernador Soto Máynez y al no
2
3
Guillermo Campero. Luchas y movilizaciones sociales en la crisis: ¿se constituyen movimientos sociales en Chile? Mimeografiado, p. 13. La “matriz constituyente de actores sociales” indica la articulación particular entre Estado y sociedad civil en que se mueven los actores en cada sociedad histórica. Ver Manuel Antonio Garretón. “Actores sociopolíticos y democratización”. Revista Mexicana de Sociología, núm. 4, 1985, p. 5. Sergio Zermeño atribuye a factores esta acción debilitadora del Estado mexicano: a) Al esquema de industrialización capitalista tardía; b) a una herencia colonial y precolonial que dista mucho de la relación de poder entre sociedad civil y Estado que priva en las democracias burguesas, y c) a una base productiva heterónoma en el proceso de acumulación. Sergio Zermeño. México: una democracia utópica. El movimiento estudiantil del 68. Ed. Siglo XXI, México, 1984, 4a. ed„ pp. 4-5.
Víctor M. Quintana S.
I. Los actores sociales hasta los años ochenta
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¿Se transforma la matriz en que se constituyen los actores sociales?2 ¿Cuáles son las perspectivas para los movimientos sociales en Chihuahua de cara ya al siglo XXI?
103
Chihuahua: actores sociales y modernización
Nóesis
104
poder retomar otro tipo de demandas, el movimiento magisterial es dividido y un grupo oficialista se apodera de la sección, el movimiento de las escuelas normales y el movimiento campesino son reprimidos ferozmente por el gobernador Giner en la primera mitad de los años sesenta, y la expresión armada de éstos, aniquilada en 1965 y en 1968. Ninguno de estos actores sociales logra, pues, consolidarse. Sólo de una manera muy provisional pueden lograr el reconocimiento del Estado como representantes de los intereses de un cierto sector social. Su relación con los partidos políticos es conflictiva o de rechazo. Y, dada la cerrazón institucional del estado durante los años cincuenta y sesenta, tampoco devienen actores políticos partidarios reconocidos. Con los empresarios sucede algo muy diferente. Son un acto social reconocido como tal por el Estado y con un gran poder de negociación. Ganaderos, industriales, comerciantes o madereros tienen una gran capacidad de presión sobre el gobierno, dada la fortaleza de “su” sociedad civil como menciona Garretón: Unión Ganadera, cámaras, grupos económicos, medios de comunicación, etcétera.4 En el otro extremo de la escala social surgen actores que logran consolidarse, los pobladores urbanos. Producto de la acelerada urbanización de las ciudades chihuahuenses, los pobladores urbanos realizan su primer gran movimiento en junio de 1968 al posesionarse de los terrenos que forman la colonia Francisco Villa de la ciudad de Chihuahua. Ésta, como señala Víctor Orozco, se va convirtiendo en el centro político en torno al cual se organizan los estudiantes universitarios, algunos sindicatos independientes y empleados de la universidad.5 El apogeo de la confluencia de las fuerzas sociales arriba citadas se da entre 1972 y 1974 con la constitución del Comité de Defensa Popular. Se origina entonces un amplio movimiento de masas en el estado del que el CDP es propulsor y director a la vez, posesionamientos de terrenos urbanos y rurales, huelgas estudiantiles, movimientos de sindicatos independientes, etcétera. 4 5
Manuel Antonio Garretón, loc. cit., p. 11. Víctor Orozco, op. cit., pp. 108 y ss.
El Estado utiliza ante este movimiento tácticas diferenciadas de represión, desgaste, concesiones, cooptación y aniquilamiento con buenos resultados para él. Así, para 1975-76 solamente la colonia Francisco Villa subsiste a la dispersión y a la desorganización. El CDP deja de ser un frente amplio de diversos sectores para constituirse en el referente organizativo de los pobladores urbanos. Experimenta un gran crecimiento geográfico, pero restringe sus perspectivas a las demandas por terrenos urbanos y servicios. Se construye una identidad con base en un discurso radical y unas prácticas que combinan las acciones de presión con las negociaciones cupulares. Todo esto hace que al comenzar la década de los ochenta los pobladores urbanos organizados en el CDP sean ya actores sociales plenamente reconocidos por el Estado y con un considerable peso específico en la producción de la política urbana de éste. Con el tiempo el CDP irá extendiendo su influencia a los vendedores ambulantes, sobre todo a los fayuqueros. Así logrará destruir el monopolio de representación de los intereses de éstos y de los pobladores que había controlado siempre el partido oficial a través de la CNOP.
II. Un escenario para la década
El escenario con el que interactúan y en el que se desenvuelven los actores de la sociedad chihuahuense sufre cambios muy significativos desde la década de los setenta y durante todo el decenio que estudiamos. Nos referimos, sobre todo, al desarrollo del capitalismo local y a las transformaciones operadas en el Estado. 6
Ibídem, p. 109.
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La participación conjunta (de estos sectores) —señala Víctor Orozco— trajo consigo varios efectos: amplió significativamente su perspectiva general de la sociedad, los puso en contacto con nuevas problemáticas... y los enfrentó (a los pobladores) con el Estado en un terreno que supera necesariamente los marcos de la lucha por la tierra y los servicios públicos.6
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Chihuahua: actores sociales y modernización
La estructura económica de Chihuahua empieza a experimentar cambios cualitativos importantes desde la década de los setenta, hay una pérdida del dinamismo y una lenta desaparición del patrón tradicional de las actividades económicas chihuahuenses, basado en la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la minería y una industria rudimentaria orientada a la producción de alimentos y bebidas, la madera y los textiles.7 Entre 1970 y 1980 la economía estatal acusa esta transición, mostrando un crecimiento promedio de 4.6% anual contra una tasa de 6.6% para la totalidad del país. A resultas de esto, Chihuahua disminuye su participación en el PIB nacional, pasando del 3.4% a un 2.8%.8 El cambio se refleja claramente en los desplazamientos poblacionales. La población económicamente activa en actividades agropecuarias y forestales pasa de ser el 55% del total de la PEA en 1950 a sólo un 20.75% en 1980. La población económicamente activa en la industria pasa del 8.0% al 27.0% en el mismo lapso, y la de los servicios, el comercio y el transporte, de 19.0% llega hasta el 41.9%.9 Todo esto provoca que los contingentes expulsados del sector primario se concentren en las ciudades, para 1986 el estado presenta una tasa de urbanización del 71.6% y sólo Juárez y Chihuahua, concentran el 55% de los habitantes de la entidad.10 Por sectores, la agricultura, luego de una cosecha récord de básicos (maíz y frijol) en 1981, comienza a estancarse y luego a derrumbarse. Del 85 al 87 se recupera un poco la producción de básicos, pero entra en una aguda crisis a partir de 1988, debida no sólo a los malos temporales, sino también al deterioro de los términos de intercambio y a la caída de la inversión en el sector. Aquí también se observa un Hugo Almada M. “Chihuahua 70-81: estructura productiva, ocupacional y clases sociales”. Memorias del II Congreso de Historia Regional Comparada. UACJ, Ciudad Juárez, 1990. Ver también “Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos-Gobierno del Estado de Chihuahua”. Plan Chihuahua, 1987. 8 “Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos-Gobierno del Estado de Chihuahua”, p. 25. 9 Op. cit., pp. 36-37; ver Banamex, Estudios Sociales, México Social, 1984, pp. 208-209. 10 Op. cit., pp. 36-37.
Nóesis
7
106
Víctor M. Quintana. ¿A dónde van los campesinos chihuahuenses? Mimeografiado. “Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos-Gobierno del Estado de Chihuahua”, op. cit., p. 49. 13 Ibídem, p. 46. 14 Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, Indicadores Económicos, octubre de 1988. 11 12
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cambio en el patrón de cultivos al disminuir la superficie dedicada a los granos básicos y aumentar muy significativamente la dedicada a los forrajes. Los años de auge productivo, primero, y la retirada de las inversiones y créditos gubernamentales, después, habrán de conformar muy diferentes ocasiones para que los campesinos de Chihuahua se movilicen durante la década: primero reivindicando el mejor precio para sus productos, después, defendiendo sus derechos al crédito y a las inversiones del gobierno.11La baja de los precios internacionales, la minería sufre en la década de los ochenta los altos índices inflacionarios, con los subsecuentes aumentos en insumos y encarecimiento de divisas. A resultas de ello, decrece en un 9% su capacidad instalada de beneficio de metales. Tan solo en el periodo 1982-1986, la población económicamente activa del sector decrece en un 11.4%12 La ganadería cae en un bache entre 1975 y 1980 y reduce en 3.86 puntos porcentuales su contribución al PIB estatal durante ese periodo. Sin embargo, comienza a recuperarse durante la década de los ochenta, sobre todo al final, al eliminarse las cuotas de exportación. La actividad forestal, que en 1980 representa cerca del 22% del PIB estatal, mantiene su nivel de producción alrededor de dos millones de metros cúbicos rollo entre 1975 y 1980, y el siguiente quinquenio lo supera alcanzando los 2 155 000 m3 rollo.13 Pero el cambio más espectacular de los ochenta es el crecimiento del empleo en la entidad, hecho producido en su mayor parte por el crecimiento de la industria maquiladora de exportación. Tomando como indicador del empleo el número de asegurados permanentes en el IMSS, en el ISSSTE y en Pensiones Civiles del Estado, tenemos que, en enero de 1982, el número de asegurados permanentes en todo el estado ascendía a 210 mil y, para julio de 1988 esa cifra llega a 416 396, un crecimiento acumulado de casi el 100%.14
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El empleo en el sector industrial tiene un crecimiento absoluto y relativo aún mayor. De alrededor de 70 mil plazas que generaba en enero de 1982, se llega a 187 402 en julio de 1988, una tasa anual promedio de 17%.15 Por su parte, la industria maquiladora pasa de 47 787 empleos directos generados en diciembre de 1981, a 147 364 en junio de 1988.16 Las maquiladoras representaban en 1982 el 6.9% de empleos con relación a la PEA del estado y un 58.5% con relación a los empleos industriales. Para 1988 estos porcentajes se habían incrementado a 14.05% y 74.3%, respectivamente.17 Otro sector muy dinámico durante las décadas de los setenta y ochenta es el terciario, que de aportar un 56.7% del producto estatal en 1970 pasa a un 58.3% en 1980 y crece a una tasa de 5.2% anual.18 Los cambios en la estructura económica chihuahuense y la gran expansión de la industria maquiladora se dan, sin embargo, en un contexto de crisis de la economía nacional y de políticas de ajuste estructural, puestas en marcha por el gobierno federal desde 1982. Se llegan así a producir desfases muy agudos entre el crecimiento del empleo en la entidad y la caída del poder adquisitivo de los trabajadores. Según una encuesta realizada por el INEGI en colaboración con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi), los sueldos, salarios y prestaciones promedio mensuales reales por trabajador, a precios de 1978, han descendido de 5 500 pesos en 1978 a 2 229 en 1983 y 3 917.2 en 1988.19 El primero de enero de 1980, el salario mínimo general diario tenía un equivalente de 6.01 dólares, y Idem. Idem. 17 Heléne Riviére D’Arc. “Le Nord du Mexique, est il atypique le cas du Chihuahua”, Ponencia presentada en el coloquio: Societés et Politiques d’Ajustement Structurel dans les Economies Semi industrialisés, Amiens, Francia, 1990. 18 Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos-Gobierno del Estado de Chihuahua..., op. cit., p. 28. 19 Jorge Córdiva. “Tendencias y características de la Industria Maquiladora de Exportación en México”. Cuadernos del Norte, núm. 8, Chihuahua, p. 9. 15
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Gobierno del Estado de Chihuahua. El mundo, México y Chihuahua. Chihuahua, 1987, p. 156.
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el 18 de noviembre de 1987, de sólo 1.73 dólares.20 Pero el desarrollo del capitalismo local y los rasgos que adopta la crisis económica en Chihuahua no han de separarse —pues de ellas se derivan en buena parte— de las transformaciones que se operan en el Estado mexicano a partir de 1982. La nacionalización de la banca y el control de cambios de 1982, hechos postreros de un modelo de intervencionismo estatal agotado, afectan profundamente los intereses de los grupos empresariales más importantes de Chihuahua y de las clases medias, tocadas en sus patrones de consumo. Aquí se va a gestar la revuelta electoral de mediados de la década. Luego vendrán el cambio de modelo y las políticas de ajuste estructural contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-88. Los chihuahuenses van a vivir, entonces, el fin de los subsidios, la caída de las inversiones estatales y el cierre de empresas públicas, junto con las altas tasas de inflación y el derrumbe de sus salarios reales. Pero, a diferencia de otras partes de la República, vendrán empleos en abundancia, producidos por las maquiladoras y podrán desarrollar, cada vez con menos trabas, una de sus actividades ancestrales: el comercio con Estados Unidos. Pero, si bien, queda muy claro en Chihuahua el contenido de la modernización económica impulsada por el Estado, la modernización política no llega a definir su rumbo, porque el camino de ésta se encuentra plagado de obstáculos y de resistencias, y porque no es el Estado quien la reclama, sino la sociedad civil en expresiones que van desde el accionar cotidiano hasta la generación de amplios movimientos sociales. Es, pues, este escenario de desarrollo del capitalismo local y de transformaciones del Estado el que produce las ocasiones para la movilización de las acciones sociales chihuahuenses al afectar diferencialmente los intereses de éstos. Es, también, el contexto que les ofrecerá posibilidades muy diversas para estructurar sus formas de organización y de acción. Pasemos a todas estas cuestiones.
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III. Los actores sociales en los ochenta
¿Qué actores se generan y se movilizan en este Chihuahua en proceso de modernización? ¿A partir de qué demandas e intereses? ¿Con qué ritmos? ¿Cuál es el esquema predominante de sus relaciones con el Estado? Circunscribiéndonos siempre a la década de los ochenta, y considerando el tipo de actores movilizados, la naturaleza de sus demandas y las formas de organización y de acción. Podemos distinguir tres periodos muy diferentes.21
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Primer periodo: de enero de 1980 a junio de 1983 El estallamiento de la crisis económica, la devaluación y la nacionalización de la banca parten en dos el contexto del periodo. 1980 y 1981 son años de euforia por la expansión económica, se celebra el gran crecimiento de las maquiladoras, se obtienen cosechas récord en 1981, se inauguran plantas como la Ford, Paneles Ponderosa y otras. Estado, iniciativa privada y líderes obreros viven un idilio pocas veces visto. Los nubarrones se presentan a finales del 81 con la inflación y la recesión en Estados Unidos. Se convierten en tormenta en el 82, devaluaciones en febrero y agosto, moratoria en el pago de la deuda externa. Y el golpe definitivo, nacionalización de la banca el lo de septiembre. Se acaba el romance, los empresarios chihuahuenses se niegan a conceder un aumento emergente de salarios, denuncian las tendencias “socialistas” del gobierno y se oponen en masa a la nacionalización bancaria. A pesar de esto, todavía no son las movilizaciones contra la crisis o contra la política económica del gobierno las que predominan. Hay en este periodo importantes luchas emprendidas por muy diversos acto-
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Ver Víctor M. Quintana. “La protesta social en Chihuahua en los ochenta”. En Rubén Lau y Víctor M. Quintana. Movimientos populares en Chihuahua. UACJ, Ciudad Juárez, 1991.
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Ibídem, p. 77.
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res, repartidas en la geografía chihuahuense, de acuerdo con los actores económicos predominantes en cada zona: los mineros en la región de Parral, los campesinos en el noroeste, los trabajadores de maquiladoras en Ciudad Juárez, etcétera. Sin embargo, no se articulan entre sí los diferentes movimientos y actores. Sin duda, el movimiento más importante es la huelga minera de 1981. Es iniciada el 27 de abril por 2 500 trabajadores de la Sección II de Santa Bárbara. Se suman luego los mineros de la Sección 20 de San Francisco del Oro y de la 12 de Aquiles Serdán. Las demandas básicas son aumentos generales en aguinaldo y vacaciones, y que la sordera y la neurosis sean consideradas como enfermedades profesionales. La huelga recibe solidaridad de muy diversos sectores sociales y partidos políticos. La presión de la dirigencia nacional del sindicato minero hace que la huelga se levante después de casi dos meses. Otras huelgas importantes son las de los trabajadores de Celulosa de Chihuahua en colonia Anáhuac y, en Ciudad Juárez, la de la maquiladora Acapulco Fashion, además de las huelgas nacionales de los telefonistas y del SUTIN, ambas en 1982.22 Aunque de manera dispersa y emprendidas por actores muy diferentes, las luchas contra las diversas formas de control político del gobierno, de su partido y de las centrales oficialistas, generan una buena parte de las movilizaciones del periodo; las protestas contra el fraude electoral en las elecciones municipales en Camargo y Nuevo Casas Grandes, cubren la segunda mitad de 1980 y la primera de 1981. Los maestros y los burócratas emprenden, sin éxito, vanas acciones contra sus dirigencias; la misma huelga de Acapulco Fashion que por mejorar condiciones de trabajo, implica también el rechazo de las obreras a la CROC. Adquiere carácter el movimiento de los alumnos del Consejo Universitario Democrático, de las extensiones de la Universidad Autónoma de Chihuahua en Ciudad Juárez, que rechazan la destitución de su director. Comienza a aparecer en todas estas luchas la descomposición del esquema de relaciones de dominación imperante en Chihuahua, hecho que será evidente en el siguiente periodo.
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Otros dos movimientos relevantes son el de los estudiantes de la Escuela Superior de Agricultura “Hermanos Escobar”, en 1982, y el de los campesinos de varios municipios del noroeste en marzo de 1983. Los primeros, ponen adelante un proyecto de universidad agrícola vinculada a las demandas campesinas y la independencia de la asociación civil que controla la escuela. Logran lo segundo después de muchos meses de lucha. Los agricultores, por su parte, exigen indemnizaciones justas en los siniestros de sus cosechas. Se agrupan de manera plural cenetistas y comunistas. Logran su objetivo y se constituye la Alianza Campesina del Noroeste. Segundo periodo: julio de 1983 a noviembre de 1986 El 2 de julio de 1983 sale a la superficie política un movimiento silencioso e inesperado de las mayorías chihuahuenses. En las elecciones para presidentes municipales de ese día, el Partido Acción Nacional triunfa en Chihuahua, Ciudad Juárez, Delicias, Parral, Camargo y Meoqui. Un candidato independiente con las siglas del PST gana en Cuauhtémoc. Se inicia así un ciclo muy importante de movilizaciones en torno a la gestión de las alcaldías de oposición y las elecciones federales de 1985 y para gobernador en 1986. Esta demanda es el principal motivo de movilización no sólo del periodo sino de la década. Ya mencionamos las luchas en Nuevo Casas Grandes y Camargo en 1980. En 1984 se da en Juárez una intensa movilización encabezada por el alcalde panista Francisco Barrio para protestar por la anulación de las elecciones del IV Distrito. En 1985 la revuelta electoral de los chihuahuenses continúa y a pesar de los fraudes del PRI, el PAN alcanza el triunfo en cuatro de los diez distritos electorales federales. 1986 resulta el año de las conmociones desde el mismo mes de enero, en que se postulan los candidatos a gobernador del PRI y del PAN. Hay huelgas de hambre, manifestaciones y tomas de oficinas por parte de los militantes. Primero se dan las acciones en contra del padrón y la ley electoral entre enero y junio, huelgas de hambre, caravanas, tomas de oficinas. En abril, Francisco Barrio, candidato del PAN a la gubernatura, inicia la campaña de “desobediencia
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El periodo más intenso de movilización se da inmediatamente después de las elecciones del 6 de julio y hasta el 11 de agosto, a medida que se conocen los resultados de los comicios y se consuma el fraude electoral. La protesta adopta múltiples formas como marchas, mítines, bloqueo de carreteras, toma de puentes internacionales, ocupaciones de edificios públicos, caravanas de automóviles, boicots a centros comerciales y radiodifusoras, huelgas de hambre, etcétera. Las acciones cubren la totalidad de las poblaciones importantes del estado. Los participantes son de origen social muy diverso: profesionistas, amas de casa, algunos empresarios, gente de colonias populares; destacan por su combatividad las mujeres y los jóvenes. A partir de septiembre, la protesta sufre una inflexión que se agudiza con la toma de posesión del priísta Fernando Baeza. A pesar de un llamado de Francisco Barrio a la resistencia civil el movimiento se va agotando a fines de 1986. Lo electoral no agota la riqueza de la protesta social. Siempre con el telón de fondo de los comicios y de la gestión de los ayuntamientos de oposición, hay otras movilizaciones importantes. Ante la actitud no negociadora de los alcaldes panistas, el Comité de Defensa Popular retoma sus prácticas combativas, se inicia en Ciudad Juárez en 1983 una serie de invasiones de predios urbanos y se enfrenta al alcalde Francisco Barrio. En la capital invade en 1984 una huerta que había expropiado Luis H. Alvarez para convertirla en parque. Interviene la policía y resultan muertas 2 personas. El CDP pide la desaparición de poderes. El PRI, a su vez, busca movilizar sus bases contra los ayuntamientos de oposición. Forma sindicatos de empleados del municipio en Parral y en Cuauhtémoc y organiza paros de labores, siempre con resultados contraproducentes, pues los alcaldes salen fortalecidos. Los estudiantes y maestros universitarios vuelven a movilizarse en Chihuahua, luego de varios años de silencio y pasividad. Desde junio de 1985 originan un movimiento contra la reelección del rector de la
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civil”. En junio, se toman las oficinas de los comités municipales electorales en las seis ciudades más importantes del estado.
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Universidad Autónoma de Chihuahua, Reyes Humberto de las Casas Duarte. Se integra el Frente Unico de Maestros y Estudiantes Universitarios contra la reelección. Realizan varias movilizaciones, toma de camiones urbanos, bloqueo de calles, plantones, juicio popular. La presión surte efecto y el rector renuncia el 11 de septiembre de ese año. Una semana después, en un ambiente político muy caldeado, deja su cargo el protector del rector, el gobernador Óscar Ornelas K. El movimiento obrero más importante del periodo es el de los trabajadores de Aceros de Chihuahua. Con una gran tradición de sindicalismo independiente estallan la huelga en octubre de 1985 en demanda de aumento salarial. Su lucha se prolongará por 492 días. En ella demuestran capacidad de interlocución con todos los sectores de la sociedad chihuahuense y una gran creatividad en sus formas de lucha, marchas de antorchas, festivales, “encueres” públicos, etcétera. Aprovecha, también, la caja de resonancia de las elecciones, para irrumpir con sus demandas en el acto de toma de protesta de los candidatos priístas en abril de 1986. Entre diciembre de 1985 y enero de 1986 se desarrolla un movimiento que habrá de darle a la lucha campesina un nuevo actor, con nuevas relaciones y formas de lucha, el Movimiento Democrático Campesino. Su demanda es inédita en Chihuahua, aumento a los precios de garantía del maíz y del frijol. Inédita es también su forma principal de lucha, toma de bodegas de la CONASUPO. Sus bases son los productores temporales del noroeste del estado. Sus dirigentes son un trío plural, el padre Camilo Daniel, el presidente municipal de Cuauhtémoc, Humberto Ramos Molina y el secretario general del PSUM en la entidad, Antonio Becerra Gaytán. La lucha de los campesinos recibe una amplia solidaridad. La coyuntura en que se da —destape del candidato del PRI a la gubernatura— hace urgente la solución que resultaría todo un monto para los agricultores. El MDC se constituye como organización el 10 de abril de 1986, año y medio después se convertiría en el Frente Democrático Campesino. Desde fines de 1985, en el mineral de San Francisco del Oro, los pobladores llevan a cabo una lucha contra la contaminación por ácidos sulfúricos que produce la planta Frisco y que ocasiona serios trastor-
Tercer periodo: desde diciembre de 1986 Marcan el contexto de este periodo las políticas de dos gobiernos urgidos de legitimación: el de Fernando Baeza, quien asume el poder en octubre de 1986; y el de Carlos Salinas de Gortari, en diciembre de 1988. En lo económico, la política de control de la inflación de los “pactos”, iniciada en diciembre de 1987 y la profundización de la apertura comercial, del “adelgazamiento” del Estado y venta de empresas paraestatales. Otro dato importante de contexto es la intensificación de la actividad del narcotráfico en el estado. En Chihuahua, lo electoral deja de ser un escenario importante de lucha y movilización. La “fatiga electoral”, como la llama Alberto Aziz, hace presa de los chihuahuenses a los comicios federales del 16 de julio de 1988 y locales de 1989. Pero las movilizaciones no terminan, cambian su eje de lo político-electoral a lo social-cotidiano. Hay toda una pluralidad de actores que se movilizan en torno a demandas personales y constituyen referentes orgánicos ad hoc que se desorganizan rápidamente. Predomina la demanda por democracia y representatividad. Algunos ejemplos: los empleados del IMSS, los trabajadores de Transportes Chihuahuenses, de la RCA de Juárez, los burócratas estatales. Con la política económica impulsada por el gobierno, de control de salarios y fin de subsidios, el movimiento urbano se transforma. Pasan a un segundo plano la demanda por lotes y las invasiones, se prioriza la lucha por el abaratamiento de artículos básicos y por la dotación de servicios públicos a precios accesibles en las colonias populares. Surgen así, dos nuevas organizaciones, la Organización Popular Independiente en Ciudad Juárez, y el Frente de Consumidores en Chihuahua. Destaca la lucha de la primera contra los altos cobros del drenaje, y del segundo
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nos de salud, sobre todo a las muchachas de la población. Se forma el “Comité Pro Defensa de la Salud e Higiene Ambiental” y exigen se solucione el problema. Amenazan con boicotear la visita del candidato priísta a la ciudad. Baeza les envía brigadas para realizar estudios. El problema no termina, sino meses más tarde cuando se logra el cierre de la planta contaminante.
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contra los aumentos a la leche, el agua y el transporte urbano. También, propiciadas por el giro en la política federal hacia el campo se generan importantes movilizaciones campesinas. Primero el establecimiento de precios de garantía “realista” y segundo la progresiva retirada de las instituciones oficiales de financiamiento a la agricultura temporalera son ocasiones para que el Frente Democrático Campesino desarrolle movimientos importantes en 1987, 88, 89 y 90. Luego de una lucha de dos meses, de diciembre de 1987 a febrero de 1988, logra del gobierno del estado estímulos por 8 mil millones de pesos para las producciones de maíz y frijol. En 1989 el Frente realiza una intensa campaña de denuncias y acciones contra la corrupción en Banrural y en Anagsa que culminan con el encarcelamiento de altos funcionarios. Con todo esto, el Frente se consolida como un interlocutor muy significativo de la política agropecuaria y extiende su influencia en los municipios del oeste y noroeste del estado. Las mujeres, muy activas en los movimientos electorales, en el urbano popular, en las Comunidades Eclesiales de Base, empiezan a manejar las demandas específicas de su género. En 1987, varios organismos femeniles, sociales y políticos se oponen y logran impedir que en Chihuahua se celebre el concurso “Señorita México”. En su lugar se celebra un foro para exponer la problemática de la mujer. Luego hay una actividad constante que se manifiesta no tanto en acciones de protesta, sino en la generación de espacios de reflexión, de estudio y de creatividad que analizan y recuperan la participación de ellas en las luchas sociales y la situación de la mujer en Chihuahua. Aunque la conducción está en manos de profesionistas e intelectuales, es mayoritaria la participación de campesinas, de obreras y de vecinas de colonias populares. Los continuos abusos de los diferentes cuerpos policiacos con el pretexto del combate al narcotráfico generan una amplia inconformidad entre la población chihuahuense. En 1988 se constituye la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A. C. (Cosyddhac), para vigilar por el respeto a las garantías individuales y derechos sociales en el estado. Pronto se constituyen ramales de Cosyddhac en Chihuahua, Juárez, Parral, Cuauhtémoc y en tres zonas de
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la Sierra Tarahumara. La Comisión es presidida por monseñor José Llageno Farías, obispo de la Tarahumara, y despliega una gran actividad de educación, moralización, gestoría y difusión. Es la demanda de estas comisiones la que logra que en noviembre de 1989 se modifique el Código de Procedimientos Penales del Estado, tipificando como un delito la tortura. En la segunda mitad de 1988 se da una movilización de vecinos de la ciudad de Chihuahua para exigir el traslado de la planta de almacenamiento de Pemex a las afueras de la ciudad. Participan varias secciones sociales, realizan bloqueos y manifestaciones hasta que logran su objetivo. Durante la década emerge un nuevo movimiento en Chihuahua, las Comunidades Eclesiales de Base. Son la expansión de un movimiento que se da en la iglesia católica latinoamericana desde los años sesenta. Su razón de ser es el compromiso con los pobres y los trabajadores. La reflexión de su actuar es la teología de la liberación. En Chihuahua hacen suyas las demandas de los movimientos populares y se constituyen en un foco infaltable de solidaridad con los colonos, con los campesinos del noroeste, con los acereros; al mismo tiempo, se van constituyendo en un espacio para la formación de dirigentes populares.
— ¿En los procesos de desarrollo del capitalismo, transformación del Estado y expresión y participación de la sociedad civil que ha vivido Chihuahua en la última década, se han constituido nuevos actores sociales? — ¿Se ha transformado la matriz en que se constituyen estos actores, reflejada principalmente en las relaciones Estadosociedad civil? — ¿Cuáles son las perspectivas para la emergencia de nuevos movimientos sociales en el futuro inmediato?
1. Lo que revela la estructura socioocupacional
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IV. Nuevos actores, nuevas relaciones en Chihuahua Concluimos recuperando las interrogantes planteadas al principio del trabajo para luego sugerir algunas respuestas.
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Los actores sociales tienen como base estructural las diversas categorías socioocupacionales. Ahora bien, los datos que proporcionamos en el apartado segundo del presente trabajo, nos revelan a este respecto que: — La ocupación formal crece de manera espectacular en Chihuahua en la década de los ochenta. La categoría socioocupacional que más incrementa su contingente es la de los obreros y obreras de la industria maquiladora. — Desde la década de los setenta hay una disminución muy significativa del proletariado agrícola o de los campesinos sin tierra, tendencia que parece continuarse en los años ochenta.23 Vale decir que la población expulsada del campo chihuahuense es a su vez atraída por el crecimiento del empleo en las ciudades. — Aunque se incrementa la ocupación formal, la industria nacional tradicional (textil, alimenticia, metalúrgica) entra en crisis y disminuye el número de obreros ocupados en ella.24 — En las ciudades también se da un fuerte crecimiento de la ocupación en el sector informal, crecen, sobre todo, los comerciantes de fayuca o mercancías importadas.25 — Las capas medias sufren un proceso contradictorio: de un lado se empobrecen y pierden poder de compra; de otro, son cada vez más torneadas por el modelo de consumo norteamericano por la penetración cultural del Norte, primero, y luego también por la acelerada integración comercial con Estados Unidos. — Desde la mitad de la década de los ochenta, los campesinos parceleros e incluso los pequeños y medianos empresarios agrícolas y frutícolas empiezan a padecer las consecuencias del modelo de desarrollo agropecuario: derrumbe de precios de sus productos, caída de la inversión estatal, aumento de Hugo Almada M. señala que entre 1970 y 1981 la PEA en el sector agropecuario decrece 10.1%. Resalta que este decrecimiento no se da en forma general, sino específicamente entre los campesinos sin tierra, obreros, empleados y jornaleros agrícolas. El campesinado, en sentido estricto, permanece ligado a la tierra e incluso aumenta. Este es uno de los factores que permiten que el movimiento campesino en los años ochenta deje la lucha por la tierra y se centre en la demanda de mejores precios de garantía y reivindicaciones económicas. Hugo Almada M., op. cit., p. 359. 24 Hugo Almada M. “Las modificaciones de la estructura productiva industrial de Chihuahua 1982-1988”. Nóesis, UACJ, año II, núm. 4, pp. 13-14. 25 Víctor Orozco. Op. cit., p. 41.
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precios de los insumos y energéticos, competencia de productos de importación, fin de los subsidios. — El “adelgazamiento” del Estado, aunado a las políticas de austeridad en el gasto público, no sólo reducen el número de burócratas, sino también afectan su poder adquisitivo y debilitan sus sindicatos. — El giro en el desarrollo capitalista del Estado favorece el fortalecimiento de los empresarios más vinculados al nuevo modelo: promotores de maquiladoras, grandes comerciantes y algunos industriales ligados a la exportación. Se ven debilitados, por el contrario, un buen número de productores agrícolas, frutícolas y forestales, así como los industriales nacionales vinculados al mercado interno. — El auge del narcotráfico le da presencia y fuerza a esa categoría llamada “los narcos”, también a los que se dedican a combatirlo: las diversas policías judiciales.
El perfil que ofrecen actualmente las diversas esferas socioocupacionales en Chihuahua podría sumarizarse como sigue: crecen y se fortalecen las categorías más asociadas al modelo de integración económica con Estados Unidos; es decir, las ligadas a la industria maquiladora, al gran comercio o al comercio informal, todas ellas en el medio urbano. Se debilitan las categorías socioocupacionales del mundo rural o ligadas al modelo económico en extinción, también las que dependen de la expansión o inversión del Estado. Según Guillermo Campero
...desde el punto de vista de la formación de actores sociales, sin duda que la base estructural de éstos constituye un criterio importante a tomar en cuenta... (porque) ...una mayor intensidad de interrelaciones entre gentes que comparten condiciones de existencia y posiciones socioocupacionales más bien homogéneas y estables, constituye una situación objetiva relativamente favorable a la formación de un acto social concreto.26 26
Guillermo Campero. Op. cit., pp. 13-14.
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2. ¿Se han constituido nuevos actores sociales?
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Las categorías socioocupacionales que se fortalecen en los últimos años tendrían más posibilidades de constituirse en actores sociales en Chihuahua, como los obreros de maquiladoras, habitantes de las ciudades, etcétera. Pero no sucede exactamente así. Los actores sociales más relevantes del periodo tienen una base estructural mixta o multicategorial: es el caso de la gran alianza de sectores que se apropia del Partido Acción Nacional entre 1983 y 1986. También es el caso de los movimientos por la defensa de la salud y del medio ambiente, en San Francisco del Oro en 1986, y en la ciudad de Chihuahua en 1988. Asimismo, el movimiento por los derechos humanos y el movimiento de mujeres tienen esta base. Hay actores sociales que se corresponden más con su base estructural: los obreros mineros, los acereros, los campesinos. Salvo los últimos, son actores que tienden más bien a debilitarse, de hecho sus luchas no aparecen en el tercer periodo. La reconversión, el cierre de las industrias nacionales hace que las movilizaciones obreras tengan un carácter meramente reivindicativo, enfocado casi totalmente a la defensa de sus antiguas conquistas, a la preservación de su fuente de trabajo. Aunque realizan movimientos muy importantes hasta el segundo tercio de los ochentas, son actores que tienden a debilitarse. Los campesinos constituyen un caso aparte, sobre todo los organizados en el Frente Democrático. Ni con mucho agrupa al total de efectivos de esta categoría, pero ha ido avanzando en la medida en que las centrales oficialistas (CNC-CCI) no han podido enfrentarse ni siquiera con palabras, a la nueva política agropecuaria del Estado. Primero con sus movimientos para aumentar los precios de garantía, luego con sus luchas para defender sus derechos al crédito y a la inversión, los campesinos temporaleros del noroeste se han constituido en un interlocutor reconocido por el mismo Estado, en un actor social que intenta superar lo meramente reivindicativo buscando aliarse a otros actores y expandir sus metas a un proyecto alternativo de desarrollo y de sociedad. ¿Pero, por qué no se constituyen en actores los obreros de las maquiladoras y los grandes contingentes de los pobladores urbanos si son las categorías que más se expanden?
Hay varias hipótesis para explicar porqué los trabajadores de maquiladoras no se han constituido en actores sociales: por la ineficacia de los sindicatos, por la carencia de una tradición sindicalista, porque existe una creciente oferta de empleos que permiten a los obreros cambiar de planta para mejorar su situación. Sin embargo, hay quienes señalan que no hay por qué esperar de las maquiladoras una acción obrera del tipo de sindicalismo tradicional con huelgas, paros, contratos colectivos, etcétera. Heléne Riviére D’Arc indica: “...parece que está surgiendo bajo el impulso de las maquiladoras un nuevo tipo de relaciones de producción y de trabajo... muy alejado del modelo PRI/CTM”.29 Luis Reygadas va todavía más allá y cuestiona incluso que se espere cualquier tipo de acción sindicalista tradicional e invita a observar las acciones que los trabajadores de base realizan sin sus sindicatos o a pesar de sus sindicatos. Para él, los comportamientos de los trabajadores: “no han desembocado en una estrategia colectiva planificada, sino en un conjunto amplio de acciones, costumbres y actitudes con resultados variables”.30 Luis Reygadas. “Acción obrera sin sindicatos: resistencia laboral y compromisos productivos en las maquiladoras”. Ponencia presentada en el II Congreso de Historia Regional Comparada, UACJ, Ciudad Juárez, marzo de 1990. 28 Idem. 29 Heléne Riviére D’Arc. Op. cit., p. 13. Luis Reygadas. Op. cit. 30 Luis Reygadas. Op. cit. 27
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— La incidencia de huelgas en las maquiladoras es mucho menor de la que se presenta en otras grandes empresas.27 — La tasa de sindicalización es sumamente baja. En 1979 era de 33% entre los trabajadores de las maquiladoras; para 1989 de sólo 15% en Ciudad Juárez.28 — Hay desconocimiento y hasta rechazo de los trabajadores a sindicalizarse, pues los sindicatos, las más de las veces son represivos, se coluden con la empresa y obtienen pocos beneficios.
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Comencemos por los primeros. Los indicadores del actuar social de los obreros de las maquiladoras, son muy elocuentes.
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En sus acciones son formas espontáneas de resistencia. Las más utilizadas por los trabajadores son la rotación de personal, la organización y la negociación individualizadas y fugaces, y la aparición de incipientes espacios de poder obrero en la fábrica.31 Los planteamientos de Reygadas son muy sugerentes, de hecho propone la posibilidad de una acción social diferente, no macro sino micro, no estratégica sino puntual, muy ligada a la construcción de posiciones de micropoder. Todo ello ocasionado por el rumbo que toma el desarrollo del capitalismo en esta rama industrial. Volveremos a ello más adelante. Si los años setenta marcaron la consolidación de los pobladores urbanos como actores sociales y políticos en Chihuahua, fundamentalmente a través del Comité de Defensa Popular (CDP), los años ochenta revelan un proceso de involución. La categoría de los pobladores crece significativamente con la expansión de la industrialización y la urbanización en el estado, pero pierde capacidad de acción social. Pese a que la crisis y la retirada del Estado de las tareas de bienestar social brindan múltiples ocasiones para la movilización, los pobladores urbanos despliegan pocas luchas importantes. Los factores que pueden explicar esto son múltiples: — El cambio de orientación del CDP hacia una política más concertadora con el Estado —excepto en el “interregno” panista— hacia un reparto “civilizado” de las zonas de influencia con organismos priístas como el Frente de Colonias Populares o la Alianza de Colonias Populares. — El refugio de los habitantes de las ciudades en las estrategias individuales o familiares de supervivencia. Ante la crisis las opciones colectivas se debilitan. — Una crisis de identidad, “un vacío cultural en el medio urbano”, como lo llama Heléne Riviére D’Arc, muy favorecida por el impacto del modo de consumo norteamericano, el rompimiento con los valores tradicionales y un regionalismo muy precario en su contenido. 31
Ibídem.
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Al respecto recomendamos el excelente trabajo de Lorenzo Pérez A. Cultura de la violencia y derechos humanos. Mecanografiado. 1991.
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En pocas palabras, la escasa presencia de referentes organizadores, la disminución de las ocasiones y de la capacidad de acción colectiva y de autorrepresentación minan fuertemente el proceso de constitución de los pobladores urbanos como actores sociales. Hay dos excepciones diferentes, pero muy relacionadas entre sí, las Comunidades Eclesiales de Base en Chihuahua y Ciudad Juárez, y la Organización Popular Independiente en esta última ciudad. Aunque numéricamente no son muy significativas, constituyen muy buenos ejemplos de lo que puede aportar la “educación para los movimientos sociales”. En ambos casos, la organización constituye un espacio de encuentro, de multiplicación de relaciones entre los individuos de una o varias categorías sociales. Pero no sólo eso, se da todo un proceso de reflexión-acción, que va produciendo nuevas identidades comunes con referencias compartidas a otras esferas y con proyectos alternativos de sociedad en construcción. Finalmente, hay que mencionar dos categorías que se convierten en actores sociales sui generis. La primera es la de los comerciantes del sector informal. Son altamente beneficiados por la apertura comercial y hacen de la fayuca una de las actividades económicas más rentables. Con gran sentido de la oportunidad, el CDP desplaza hacia ellos el núcleo de sus acciones y llegan a imponerse como actores económicos, sociales y políticos de peso, influenciando las políticas comerciales y urbanas del gobierno. Esta parte del sector informal ha superado con mucho el nivel de subsistencia y es tan “performante” que compite con el gran comercio. Huelga decir que sus intereses son meramente gremialistas y no propone ninguna transformación social significativa. La segunda es la de los narcotraficantes. No se les puede considerar como una simple “manifestación anómica” o uno más de los “efectos perversos” de la corrupción gubernamental. Su poderío económico y su fuerza política, propiciados por la tolerancia o la complicidad de las autoridades, les confieren una presencia social nada desdeñable.32
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3. ¿Cómo se han modificado las relaciones Estado-sociedad civil?
A resultas de los procesos de desarrollo del capitalismo, de las transformaciones del Estado y de las movilizaciones de los diversos actores sociales, ¿ha cambiado el esquema de relaciones entre la sociedad civil y el Estado en Chihuahua? ¿Se ha modernizado el aparato político? Queda muy claro desde el primer periodo de los movimientos en los años ochenta que las organizaciones corporativas del PRI entran en un proceso de franco deterioro, expresado en un principio por las pugnas internas, como en la CTM. El CDP ya había logrado penetrar entre los pobladores urbanos, antes campo vedado de la CNOP. Con la crisis económica, inocultable ya desde 1982, y la política contraccionista del gasto público, se reducen aún más la credibilidad y la capacidad de convocatoria de los organismos sectoriales priístas, que se ven obligados a aceptar los drásticos cortes al presupuesto social y a derivar cada vez menos beneficios a sus agremiados. En este contexto de desgaste de los organismos de masas priístas surge el fenómeno de la insurgencia electoral de 1983 a 1986. A lo largo de este periodo la demanda por democracia cubre toda la geografía, sobre todo urbana, de Chihuahua. No podrá negarse que uno de los factores de esta exigencia es el cansancio de muy diversos sectores sociales ante el desgaste del partido del gobierno. No puede dejar de advertirse que en las intensas movilizaciones de aquellos años se expresa una sociedad que cambia aceleradamente en el sentido de la urbanización y modernización y que requiere también que se actualicen sus relaciones con el Estado; que quiere ser gobernada de otra forma. Pareciera que el auge del PAN es ya una primicia del moderno esquema de relaciones políticas. Que éste tendría como contenido el bipartidismo y la alternancia en el poder. Que estaba por surgir una nueva matriz según la cual se rompería el monopolio priísta de representación de intereses de los diversos sectores y clases sociales para dejar el lugar a un nuevo esquema en que la oposición política partidaria deviene un medio eficiente para canalizar las demandas sociales.
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Pero no es así. Los resultados de las elecciones de 1986 y de los comicios federales de 1988, así como la actitud temerosa y limitada de Acción Nacional en defensa de sus triunfos revelan que la modernización política siga un rumbo muy diferente en Chihuahua. Ante todo, emergen nuevos actores sociales que se constituyen en interlocutores directos del gobierno. Son referentes orgánicos que la sociedad chihuahuense se da a sí misma para que representen los intereses de diversos sectores o de todos los sectores en áreas determinadas. Son actores que ni se subordinan, ni se sirven de los partidos para canalizar sus demandas, y logran una incidencia considerable en la producción de políticas estatales específicas. Algunos de ellos son la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, la Organización Popular Independiente, el Frente Democrático Campesino, el Frente Unido de Productores del Campo, de ciudad Delicias, entre otros. No ha tomado la modernización el rumbo del reciclamiento del sistema de partidos políticos. Luego de 1986, el PAN ha vuelto a sus desempeños normales en las eleciones de 1988 y 1989 y se ha ido desgastando en pugnas internas. La izquierda no ha podido superar la marginalidad. Ni el CDP convertido primero en partido estatal y luego en partido nacional no ha logrado canjear en votos el poder de movilización que se abroga. Tal vez el partido más urgido de modernizarse, luego de las derrotas de los ochenta es el PRI. En Chihuahua comienza a hacerlo desde las elecciones del 88. Se habla de “democratización”; se le confiere más poder a los comités seccionales, sobre los de las organizaciones sectoriales. Al año siguiente, la mayoría de los municipios siguen procedimientos supuestamente democráticos para elegir los candidatos a alcaldes. Este tipo de reformas le confieren al PRI chihuahuense una postura “de avanzada” en el proceso de cambio interno de su partido. Cambio muy limitado, pues siguen lastrando las viejas prácticas, utilización del aparato de gobierno, reparto cupular de “cuotas” para las candidaturas, “dedazos en momentos o en puestos clave”, etcétera. No es, pues, gracias a los partidos, sino a los diversos actores de la sociedad civil que ha cambiado la matriz de relaciones de ésta con
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el estado de Chihuahua. En este sentido, el eje de la protesta y de la movilización se traslada de lo político a lo reivindicativo; del gran tema del poder a lo cotidiano. Es difícil que la insurgencia electoral se reedite en Chihuahua en un futuro cercano. El binomio partidos-elecciones ha perdido carga movilizadora. Pero esto no quiere decir que las cosas vuelvan al cauce de antes de 1983. Todos los días diversos actores sociales se manifiestan en el estado, sobre todo en las zonas urbanas, amas de casa que bloquean una calle para pedir que no se permita el tráfico pesado, camioneros que obstruyen los accesos a la ciudad para protestar contra los materialistas, obreras de maquiladoras que exigen mejor servicio de comedor, vendedores ambulantes que se oponen a ser desalojados. Puede ser que ninguna de estas acciones sean de gran aliento, las más de ellas perviven sólo mientras se soluciona su demanda. Puede ser que no haya una acumulación que permita la formación de un único y gran actor colectivo a corto plazo. Pero, por lo pronto, si no en la gran guerra por el poder, los chihuahuenses van ganando las batallas por la democracia en lo cotidiano.
Sad Desert: A Case of Anthropology and Popular Education
Ciudad Juarez in the sixties: the urban structure in transition
Palabras clave:
This paper provides elements to discuss about two interlocking themes: how can we understand what is anthropology and what does an anthropologist do. The The essaycase is structured in aown, way that the varistudy is my may can be itbeiscovered, the lackgenerally, of resources ous aspects that we believe explain the housing problem in Ciudad for a field work in exotic places, or perhaps the exoticism Juarez. In the first part we propose the housing problem from several of the low border which being in apower continuous aspects: deficit, wages andmakes loss ofme purchasing of workers, fieldgrowth, work; changes the truth housing market fluctuations, population in theis composition of the labor market, migration, and economic policies housing. that part the of the typical In the second part we focus our analysis on the AHI. Its main anthropological work features is are the irregular forms of appropriationbeing of urban land, the self-build there, in the place of and the smuggling of public services, among others. the facts, and certainly I am here (I will explain where). On the other hand the crises and adventures related here pretend to be submitted material for discuss about the state of the humanities and social sciences in Mexico. Key urban words:
Antropolog铆a, educaci贸n, humanidades
Problems of housin, land, self.-build
Ciudad Juárez en los sesenta: la estructura urbana en transición* Luis Enrique Gutiérrez Casas1
Palabras clave:
El presente trabajo está estructurado de tal forma que puedan cubrirse, de manera general, los distintos aspectos que consideramos explican el problema de la vivienda en Ciudad Juárez. En la primera parte planteamos el problema de la vivienda desde varios aspectos: déficit, bajos salarios y pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, fluctuación del mercado inmobiliario, crecimiento poblacional, cambios en la composición del mercado laboral, flujos migratorios, políticas económicas y de vivienda. En la segunda autoconstrucción parte centramos nuestro análisis en los AHI. Sus rasgos principales son las formas irregulares de apropiación del suelo urbano, la autoconstrucción y la introducción ilegal de servicios públicos, entre otros.
Problemas de vivienda, suelo urbano,
* El artículo contiene parte del trabajo de investigación “Industria maquiladora de exportación y estructura urbana, caso Ciudad Juárez, 1960-1990”. 1 Profesor titular en la escuela de economía y la maestría en planificación y desarrollo urbano de la Unidad de Estudios Regionales de la UACJ. Fecha de recepción: 4 de agosto de 2008 Fecha de aceptación: 21 de diciembre de 2008
Ciudad Juárez en los sesenta: la estructura urbana en transición
Introducción
El presente artículo plantea que la estructura urbana de Ciudad Juárez se modificó en forma importante en la década de los sesenta. Este fenómeno, que consistió en una transición de estructura monocéntrica a policéntrica, se encuentra íntimamente relacionado con la aparición de los programas Nacional Fronterizo y de Industrialización Fronteriza. No obstante que ambos sólo confirmaron tendencias de crecimiento de la ciudad, ya definidas desde fines de los cincuenta y principios del decenio siguiente, su impulso creó las condiciones para la formación de nuevos subcentros. En una primera etapa se analiza la estructura urbana de la ciudad en 1960. Después, se explican las tendencias de crecimiento y los cambios espaciales que produjo el surgimiento de los programas de desarrollo fronterizo en Ciudad Juárez.
I. La estructura monocéntrica de la ciudad
Hasta principios de los sesenta Ciudad Juárez se articuló con base en un solo centro, es decir, la estructura del espacio urbano era monocéntrica. Los diarios de la época, documentos oficiales, planos e investigaciones urbanas sobre la ciudad de aquel entonces, nos describen una localidad fronteriza compuesta de un núcleo básicamente comercial y de servicios, o zona vital —nombrado así por el Plano regulador de 1958—, hacia el que confluían actividades, redes de comunicación principales y flujos de población. En efecto, todavía en 1960 el núcleo de atracción de la localidad lo constituía el asentamiento más antiguo del Municipio de Juárez, llamado primer cuadro1 (al que también denominaremos centro), el cual funcionaba como zona administrativa, de servicios y abasto para una población municipal que, de acuerdo con el Censo General de Población de ese año, llegaba a los 276 995 habitantes.2
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A mediados de los cincuenta se hacía referencia al primer cuadro como aquel sector delimitado por las calles Francisco I. Madero, Vicente Guerrero, Miguel Hidalgo, Santos Degollado, María Martínez, Mariscal e Ignacio Mejía. El Continental, noviembre 1955. Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General de Estadística, VIII Censo General de Población 1960, México, 1963.
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Plano regulador de Ciudad Juárez, 1958, p. 8. William D’antonio y William Form. Influentials in Two Border Cities. A Study in Community Decision Making. University of Notre Dame Press, Notre Dame, 1965, p. 204. Los autores señalan que los puentes internacionales ubicados en el centro eran utilizados hasta por 65 mil personas diariamente. Óscar J. Martínez. Ciudad Juárez: el auge de una ciudad fronteriza a partir de 1848. FCE, México, 1982, p. 157.
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La zona vital era “el centro principal de trabajo [...] así como la zona de comercio más intenso” de la localidad;3 además, el carácter nodal del centro en el espacio intraurbano se veía reforzado al contar dentro de sus límites (véase mapa 1) con los cruces internacionales —puente Santa Fe y puente Lerdo— que comunicaban a las áreas comerciales más importantes de Juárez y la vecina ciudad de El Paso, Texas. Justo por estos puentes cruzaban a diario miles de personas. Los dos puentes servían a los 15 000 trabajadores juarenses que diariamente viajaban a El Paso a pie, en tranvía o en automóvil, a los innumerables consumidores mexicanos que hacían compras en las tiendas paseñas, a los turistas americanos que iban a Ciudad Juárez o al interior, a hombres de negocios y funcionarios de gobierno que a diario visitaban la otra ciudad, y a los incontables choferes que entregaban mercancías en ambas comunidades.4 La localización de los cruces internacionales dio lugar a una dinámica comercial y turística significativa para el centro. Oscar Martínez dice que en la década de los cincuenta gran número de compradores norteamericanos adquirieron grandes cantidades de artículos mexicanos en Ciudad Juárez, y así estimularon el comercio y la industria locales. Lo más importante fue que la industria turística de Ciudad Juárez recibió un impulso extraordinario gracias a los soldados norteamericanos que frecuentaban los centros de diversión de la ciudad y al tránsito de vehículos norteamericanos que se dirigían a visitar el interior de México.5 Por otra parte, en la localidad no aparecía otro sector que compitiera en forma comercial y efectuara las funciones terciarias del centro.
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El mapa 1 señala la existencia de amplias zonas habitacionales que circundan el primer cuadro; en ellas apenas se realizaban transacciones comerciales en pequeña escala, a través de las tiendas de barrio.6 Sólo una zona con función distinta, la industrial, definida así por los planos urbanos de la época, parecía constituirse en otro núcleo de atracción en la localidad. No obstante, como se explica más adelante, su carácter de zona no consolidada, con pocas empresas manufactureras en su interior, le impedían ejercer un papel pleno como subcentro y, por lo tanto, una influencia determinante sobre la estructura de la ciudad. La ausencia de una zona alterna al centro, así como la ubicación de los cruces internacionales en el primer cuadro, explican el carácter monocéntrico de Ciudad Juárez en 1960. De esta manera, el centro se constituía como el núcleo articulador dominante, la única zona a partir de la cual se estructuraba la vialidad e integraban los sectores de la ciudad.
II. El centro y la vialidad
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En 1960 el casco urbano estaba compuesto por más de 50 colonias. El plano para ese año señala un centro casi rodeado por la zona habitacional, la cual formaba una franja semicircular —sin continuidad hacia el norte— en torno a la llamada zona vital (véase mapa 1). Tanto las colonias contiguas al primer cuadro, como los sectores habitacionales que no colindaban de manera directa con aquél, se encontraban vinculados al centro por una red vial cuya configuración atendía, en forma clara, la lógica de una ciudad con estructura monocéntrica de crecimiento radial. El mapa 1 muestra cómo la vialidad primaria comunicaba los lados este y oeste de la ciudad con el centro. En su mayoría las principales calles este-oeste, las avenidas 16 de Septiembre y Vicente Guerrero,
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Una mejor descripción gráfica sobre la concentración de actividades económicas en el centro de Ciudad Juárez, puede verse en Domingo García Ramos. et al. “Plano regulador de Ciudad Juárez”. En Arquitectura, tomo XIV, núm. 62, Ed. Arquitectura, México, junio 1958.
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Las avenidas Lerdo y Benito Juárez, así como la calle Abraham González, delimitaban como “circuito internacional” la zona turística más importante de Ciudad Juárez. El Continental, noviembre 1956. Después de una disputa de casi diez años, en la que se encontraba implícita la discusión sobre la orientación del crecimiento de Ciudad Juárez y El Paso, los gobiernos mexicano y norteamericano decidieron abrir un nuevo cruce internacional en la Isla de Córdova, en 1959 (véase D’Antonio y Form. Influentials in two border cities, op. cit.).
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la calle María Martínez y la entonces calzada Hermanos Escobar, configuraron un patrón vial origen-destino, habitación-centro. Calles principales de sentido este-oeste como la avenida Hipódromo (ahora De los Insurgentes) y la calle Javier Mina, no se articulaban directas al primer cuadro. La primera de estas avenidas delineaba a su vez una de las pautas de crecimiento de la ciudad, explicadas renglones abajo. La vialidad primaria norte-sur correspondía también a la estructura monocéntrica ya mencionada. Gran parte de las calles principales de sentido norte-sur se ubicaban dentro del polígono del primer cuadro. Por ejemplo, las avenidas Juárez y Lerdo comunicaban al centro de la ciudad con El Paso y, junto con la calle Abraham González, formaron lo que se llamó el “circuito internacional”.7 Otra de mayor longitud, la Miguel Ahumada, cumplía también con el patrón habitación-centro. En cuanto a la vialidad norte-sur cabe mencionar a dos avenidas que ya en ese momento señalaban, aunque en forma parcial, la orientación del crecimiento de la mancha urbana: la avenida Reforma (antes Cervecería) que recorría por el sureste la zona industrial de la ciudad y se articulaba después con el primer cuadro y sectores habitacionales a través de la calle Constitución; y la calzada de las Américas (ahora avenida), única vía intraurbana principal de Ciudad Juárez que se apartó de la configuración vial concéntrica y se unía con el cruce internacional recién abierto en la Isla de Córdova.8 Las colonias populares del poniente y surponiente de la ciudad mostraron una articulación vial más completa con el centro. En tanto, el oriente y suroriente, zonas en crecimiento y transición, no contaban con articulación importante norte-sur y se vinculaban al primer
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cuadro por medio de avenidas que servían de conexión entre la región agrícola —el Valle de Juárez— y la localidad. La vialidad regional de la ciudad la comprendían la carretera Panamericana, que entraba por la colonia agrícola de San Lorenzo9 y se unía a la avenida 16 de Septiembre; y la carretera Juárez-Porvenir, que comunicaba a la ciudad a través de la calzada Del Valle (ahora avenida De la Raza) con el Valle de Juárez, durante mucho tiempo rica zona de cultivo del algodón.10 Un aspecto básico de la estructura de Ciudad Juárez es el trayecto de las vías del ferrocarril en el interior de la localidad. Tanto los ferrocarriles Nacional como el del Noroeste, entraban al casco urbano por el sur y recorrían la llamada zona industrial hasta llegar a la estación ubicada en el primer cuadro. Desde ahí, las vías ferroviarias, atravesando el centro, se extendían hasta el límite internacional para comunicarse con la red estadounidense. El problema de la ubicación de las vías del ferrocarril que a ciertas horas del día entorpecían el flujo de automóviles y peatones, es señalado por los planos urbanos: Al paso de los convoyes del Ferrocarril se interrumpe automáticamente el tráfico, y se hacen las consecuentes aglomeraciones de automóviles que redundan indirectamente en la economía general de la población, ya que el paso de toda la zona sureste de la ciudad para la zona de trabajo, en el centro, queda interrumpido.11
Otro trabajo, realizado a fines de los cincuenta, le otorga a las vías del ferrocarril un carácter esencial en la estructuración de la ciudad.
El Censo General de Población de 1960 tiene clasificado al entonces poblado de San Lorenzo como colonia agrícola. 10 Las obras para la construcción de la carretera a Casas Grandes culminaron en 1963. En ese año Práxedis Giner Durán, gobernador del estado de Chihuahua, y Félix Lugo, presidente municipal de Ciudad Juárez, realizaron un recorrido para conocer la nueva carretera. El Fronterizo, 20 de diciembre de 1963. 11 Plano regulador de Ciudad Juárez, 1958, p. 9.
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Para los planos el recorrido de las vías del ferrocarril por el interior de la localidad era primordial como factor explicativo del patrón de localización industrial en Ciudad Juárez.
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La población [de Juárez], no en su fundación, sino al iniciarse su desarrollo, se estableció lógicamente a los lados del ferrocarril; no es pues el caso decir que el ferrocarril divide a la ciudad, sino que ésta se agrupó cercando la vía y lo mismo volvería a suceder si, como se ha propuesto en otras ocasiones, se llevara ésta por otro lado.12
Los planos, elaborados a fines de los cincuenta, señalan la existencia de una zona industrial en la ciudad. Ésta se ubicaba al suroriente, contigua a las vías del ferrocarril y cercana al primer cuadro (véase mapa 1). Precisamente el patrón de localización industrial de principios de los sesenta descrito por los planos se concibe, en parte, por el recorrido de las vías del ferrocarril: “La industria se ha desarrollado al sur y suroeste de la ciudad a lo largo de los derechos de vía de los ferrocarriles Nacional y del Noroeste”.13 La idea que prevalece en los planos y otros estudios de la época es que las empresas manufactureras se ubicaban ya sea en la zona industrial o seguían las vías del ferrocarril, estas últimas principal factor de localización industrial intraurbana de la ciudad debido a las facilidades de importación de insumos y exportación de mercancías que ofrecían. Previo al desarrollo del Programa de Industrialización Fronteriza, la pequeña base industrial de Ciudad Juárez consistió primordialmente en procesadoras de productos agrícolas e industrias abastecedoras del mercado local que se extendían hacia el sureste desde el viejo centro a lo largo de las vías del ferrocarril.14 Domingo García Ramos. “Plano regulador de Ciudad Juárez”, Op. cit., p. 65. Plano regulador de Ciudad Juárez, 1958, p. 8. 14 William J. Lloyd. “The Social Ecology and Economic Development of Ciudad Juárez”. En Gay Young (ed.), The Social Ecology and Economic Developmenl of Ciudad 12 13
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III. La industria y la ciudad
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Juárez. Westview Special Studies of Latin America and the Caribbean, Boulder, 1986, p. 47. 15 Junta Federal de Mejoras Materiales, Plano regulador de Ciudad Juárez, 1963. 16 Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística. VIH Censo General de Población 1960, México, 1963.
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En realidad, la zona industrial delimitada por los planos contaba con cuatro grandes empresas, a saber, una cervecería y una productora de whisky, así como dos empresas vinculadas al sector primario. El resto de la industria de transformación de la localidad se encontraba dispersa, ya sea a lo largo de las vías o en otros puntos del casco urbano, e incluso fuera de éste. El hecho de que la actividad manufacturera no hubiese generado todavía en 1960 verdaderos conglomerados industriales, además de que la zona industrial no era un sector consolidado, explicaría mejor porqué la ciudad presentaba sólo un núcleo de atracción y que el resto de los sectores urbanos, incluyendo el industrial, estuvieran articulados al centro, el cual, de acuerdo al trabajo de García Ramos, no se encontraba dentro del patrón de localización de las principales empresas manufactureras de esos años. La industria de transformación en Ciudad Juárez, a fines de los cincuenta y principios de los sesenta, estaba representada por unas cuantas empresas grandes de capital local que producían para el consumo interno, aunque algunas de ellas exportaban. El escaso desarrollo industrial que se advierte en el municipio de Juárez debe atribuirse fundamentalmente a la carencia de materias primas importantes dentro de la zona de influencia inmediata a ese municipio. Las manufacturas ahí establecidas están fincadas, en su mayor parte, en materias primas procedentes de otras regiones del país o del extranjero, siderurgia y productos metálicos, cerveza, whisky, mosaicos y granitos, refrescos y gaseosas, molinos de trigo, ropa, calzado y talabartería.15 En 1960 la actividad industrial absorbía al 22% de la población económicamente activa de Ciudad Juárez, mientras que el sector terciario llegaba a ocupar hasta el 56%.16 En ese año fueron empleados 28 000 trabajadores en la industria manufacturera, en la que se in-
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Fuente: Consejo de Planeación Económica y Fomento Industrial, Directorios industriales de CANACINTRA, Delegación Juárez.
cluía construcción, energía eléctrica, minería, destilerías, empacado de carne, fabricación de cerveza, aceite vegetal, material de construcción, jabón, calzado, prendas de vestir, productos de cuero, de madera, muebles, panaderías y fábricas de hielo.17 Si se toman en cuenta a 14 de las principales empresas manufactureras que operaban en 1960 (véase cuadro 1), se pueden identificar seis cuya ubicación se ajustaba al patrón de localización propuesto por los planos y en estudios como el de Lloyd. Las ocho empresas restantes rompían con el patrón vías de ferrocarril-zona industrial y se encontraban diseminadas en la ciudad —o fuera de ella— y no formaban sectores o zonas propiamente industriales. El mismo cuadro 1 nos muestra que el centro y el Valle de Juárez hospedaron también empresas fabriles; en conjunto, se ubicaban en ambas zonas seis de las 14 principales compañías manufactureras. Al hablar de un patrón de localización industrial en Ciudad Juárez, a principios de los sesenta, los planos urbanos identificaron, de manera 17
Industrial Opportunities for Ciudad Juárez. Arthur D’Little de México, S. A., México, 1964, p. 17.
Barbara Jean Bowie. The Juárez Valley of México. Southern Methodist University, Dallas, 1962, p. 71.
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correcta, en las vías del ferrocarril un factor locacional de primera importancia. De las principales empresas casi la mitad respondían a dicho patrón, además una serie de pequeñas empresas del ramo maderero se ubicaron a lo largo de la vía ferroviaria. Pero la llamada zona industrial más que una zona consolidada era un sector en surgimiento o, en todo caso, reservado para un posible despegue industrial de la ciudad, donde si bien existían empresas como la Cervecería Cruz Blanca, las escasas plantas industriales ahí instaladas no generaban aún un conglomerado o subcentro determinante para la estructura urbana local. La influencia del centro en la zona industrial era clara. Aunque éste no hospedaba a la mayoría de las grandes empresas industriales de la época dentro de su polígono, era la zona de abasto de la ciudad y además, a través de él, por la localización de los puentes internacionales y el recorrido de las vías del ferrocarril, se realizaba la exportación e importación de mercancías. Por otra parte, en todos los documentos mencionados existe una omisión fundamental en torno al papel jugado por el Valle de Juárez como lugar de asentamiento de la industria vinculada a la rama algodonera. Para 1960 existían seis empresas despepitadoras: Juárez Gin Co., S.A., Anderson Clayton-Senecú, Despepitadora La Esperanza, Industrial Unidas de Juárez, Anderson Clayton-Guerrero y Despepitadora Fronteras, S. A.18 La mayoría de éstas se encontraban dispersas en el extenso Valle, por lo que es difícil hablar de un conglomerado o zona industrial dentro de la región agrícola, la que sí era objeto de localización por ser la actividad económica primaria más importante del municipio. Todo lo anterior conduce a que la aceptación del patrón de localización zona industrial-vías de ferrocarril propuesto en los planos debe ir acompañada de ciertos matices. Uno de ellos es que la zona industrial no estaba consolidada y, por lo tanto, no ejercía la influencia que supondría tener; el otro, es que el centro articuló también a la actividad manufacturera en su carácter de núcleo dominante de la estructura urbana.
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IV. Las tendencias de crecimiento
En los años cuarenta Ciudad Juárez experimentó su más alta tasa histórica de crecimiento poblacional, un 8.7% promedio anual. En la década posterior el municipio mostró una alta tasa de crecimiento: 7.4% anual. “En el periodo [...] que corresponde a los primeros años de la Posguerra, la ciudad sufre una expansión física y demográfica muy acelerada”.19 De 131 308 habitantes en 1950, pasó a tener 276 955 en 1960. Con base en estimaciones de la Dirección General de Estadística, en 1958 el 57% de los residentes procedían de otras regiones, es decir, el crecimiento de la población municipal se explicaba, en lo fundamental, por el fenómeno migratorio. Esto generó también la expansión de la mancha urbana, la cual no cesó de crecer durante el periodo 1940-1960. Incluso en 1960 tuvo que ampliarse el fundo legal de la ciudad. Hacia el oriente, entre 1961 y 1965 la expansión de la mancha urbana se caracterizó por un hecho esencial. Este se refiere a la urbanización de un amplio sector agrícola contiguo al casco urbano y próximo al río Bravo. Dicho proceso de sustitución del suelo se expresó con los partidos,20 colonias agrícolas en las que se desarrollaban actividades propiamente agropecuarias, que se vieron poco a poco integradas a la ciudad como asiento habitacional de la población urbana. Para 1960 el partido Romero, por ejemplo, ya se encontraba en pleno proceso de urbanización. En los primeros años de los sesenta, los partidos Doblado y Díaz serían objeto de la nueva ocupación del suelo. La urbanización de las colonias agrícolas marcó la etapa inicial del proceso de sustitución del suelo de uso agrícola en el Valle de Juárez. Después de que el Valle de Juárez se había alzado como una barrera infranqueable para el desarrollo de nuevos fraccionamientos hacia el oriente, a fines de este periodo [1960], la nueva orientación económica Guadalupe Santiago y Javier Chávez. “Ciudad Juárez: expansión física y colonias populares”. En Edifica, núm. 33, Comunicaciones Espada, Ciudad Juárez, febrero 1993, p. 29. 20 En 1960 el municipio de Juárez contaba con nueve colonias agrícolas, conocidas con el nombre de partidos. Varias de estas colonias se encontraban contiguas al casco urbano de la ciudad.
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Guadalupe Santiago y Javier Chávez. Op. cit., p. 28. Los datos sobre la expansión de la ciudad a través de la creación de colonias y fraccionamientos se obtuvieron del trabajo Crecimiento de la mancha urbana en Ciudad Juárez, elaborado por Manuel Loera de la Rosa, Guadalupe Santiago y Javier Chávez, investigadores de la Unidad de Estudios Regionales de la UACJ, en colaboración con la Universidad de Nuevo México. Mimeo, UACJ, 1993.
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de la ciudad determina la caída de la vieja barrera natural y el arranque de una acelerada ocupación de las antiguas zonas agrícolas.21 En un principio, como en el caso del partido Romero, el suelo agrícola se sustituyó por suelo habitacional; después, a medida que la ciudad se expandió y se dio la transición económica de los sesenta en la frontera, se reemplazó por suelo comercial e industrial, como se explica más adelante. Hacia el oriente de la ciudad, se crearon nuevas colonias que habitarían capas medias y altas de la población. Fraccionamientos como Alamos de San Lorenzo, Segunda Burócrata, Córdova-Américas, Monumental, Los Lagos, Los Olmos, Del Futuro y Campestre-Juárez, se crearon en el periodo comprendido entre 19611965. El extenso fraccionamiento Los Nogales, recién creado en los cincuenta, continuó con su expansión22 (véase mapa 2). Al suroriente, Ciudad Juárez también experimentó el surgimiento de algunas colonias, éstas de carácter popular. En la etapa de referencia se inició la urbanización de dos colonias que a la postre se convertirían en grandes y densas zonas habitacionales: La Cuesta y Colinas de Juárez. Cabe decir que tanto la vialidad primaria como la regional desempeñaron un papel esencial en la definición de la orientación del crecimiento de la ciudad hacia el oriente y suroriente. Algunas colonias se ubicaron contiguas al Paseo Triunfo de la República y a la avenida Plutarco Elías Calles. En este caso están Alamos de San Lorenzo, Segunda Burócrata, Los Nogales y Monumental. Los fraccionamientos Córdova-Américas y Villa del Norte aprovecharon la infraestructura vial recién creada para comunicar la Isla de Córdova con la ciudad. La exclusiva zona residencial Campestre-Juárez, que se estableció en 1963, se ubicó a orillas de la carretera a Porvenir, en el corazón del Valle de Juárez.
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Por su parte, Colinas de Juárez y La Cuesta se ubicaron entre la carretera Panamericana y la carretera a Casas Grandes. La pavimentación de la avenida Cervecería (Reforma), a fines de los cincuenta, facilitó también la urbanización hacia el suroriente.23 Al poniente y surponiente de la ciudad surgieron algunos fraccionamientos populares. Se inició la urbanización del sector de Anapra y se crearon colonias como Ciudad Moderna. De hecho, el poblamiento de estos sectores se formalizaría con la creación de nuevas colonias hacia la segunda mitad de la década. Para mediados de los sesenta se encontraban ya definidas las pautas del crecimiento físico de Ciudad Juárez. En la determinación de éstas, a fines de los cincuenta y principios de los sesenta, la actividad industrial tuvo un papel marginal. Pero la actividad comercial, impulsada por el Programa Nacional Fronterizo, provoca que en los primeros años de los sesenta surja un nuevo núcleo de atracción que rompería por primera vez con la tradicional estructura urbana monocéntrica.
V. El Programa Nacional Fronterizo
En 1961 se puso en marcha el Programa Nacional Fronterizo, mejor conocido como Pronaf, cuya aplicación sentaría las bases para la formación de un nuevo núcleo al oriente de la ciudad, en la nueva zona de crecimiento. De manera conjunta con el acuerdo binacional de 1963, que culminó con la entrega de El Chamizal el 28 de octubre de 1967, el desarrollo del Pronaf fue determinante en la conformación de una nueva estructura urbana en Ciudad Juárez. Surgió como un proyecto federal destinado a promover el desarrollo económico y social de las ciudades fronterizas, y se basó en la utilización de varios instrumentos, entre los que destaca el financiamiento de obras públicas.24 “A más tardar a fines de la próxima semana se iniciarán los trabajos de pavimentación de la Avenida Cervecería, que hasta la fecha ya ha sido ampliada con el objeto de convertirla en una de las arterias de Juárez que ofrezcan mayores comodidades al tránsito automovilístico”. El Continental, 12 de mayo de 1956. 24 Mario Herrera Ramos. “Políticas del gobierno mexicano en la región fronteriza norte”. En Estudios demográficos y urbanos, vol. 3, núm. 1, El Colegio de México, México, enero-abril 1988.
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Programa Nacional Fronterizo. Documento 2, México, 1961. Los programas de desarrollo y la inversión pública (1958-1970), colección Antología de la planeación en México, 1917-1985, tomo 3. SPP-FCE, México, 1985. 27 De acuerdo con Mario Herrera Ramos, Ciudad Juárez, Matamoros y Nogales fueron las ciudades fronterizas que se llevaron, entre 1961 y 1967, hasta el 65% de la inversión 25 26
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Dos de los objetivos declarados del Pronaf nos permiten entender el carácter de las inversiones públicas realizadas bajo su amparo: 1) estimular al máximo las corrientes turísticas del exterior hacia nuestras ciudades fronterizas, creando las condiciones necesarias para incrementar, en especial, el turismo familiar; 2) mejorar las condiciones ambientales de las ciudades fronterizas —su apariencia y condiciones físicas— para que cumplan eficientemente sus funciones urbanas tanto en beneficio de sus habitantes como del prestigio nacional, ya que constituyen las puertas de entrada al país.25 Entre las acciones que seguiría el programa se pueden mencionar la adquisición de terrenos, la construcción de edificios, creación de espacios abiertos, parques y jardines, entre otras sólo de carácter económico.26 Los terrenos que utilizó el Pronaf en Ciudad Juárez para construir el equipamiento planteado se encontraban cerca de la Isla de Córdova, hacia el sur del nuevo cruce internacional abierto apenas en 1959 (véase mapa 2). Parte de dichos terrenos, propiedad del programa, sirvieron como asiento del equipamiento al que se destinó la inversión. Un museo, una sala de espectáculos, un centro artesanal, un hotel y algunas tiendas de autoservicio (las primeras en la ciudad) son las principales obras turísticas y comerciales. Además, la necesidad de atraer turismo requería de una articulación más ágil entre la Isla de Córdova y la nueva zona comercial. De esta manera se construyó el circuito de la avenida Lincoln —al que se unió la avenida De las Américas— y se edificó la avenida López Mateos que llegaría hasta el nuevo cruce internacional. La entrega de los terrenos de El Chamizal permitió la creación de un verdadero espacio abierto para la ciudad. Acompañaron al nuevo territorio inversiones en otro puente internacional (De Córdova) y obras de “embellecimiento urbano” en los alrededores.27
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del Pronaf, la cual fue canalizada a la “construcción de centros comerciales, hoteles, parques, tiendas de artesanías y, en general, a obras de infraestructura. Sin embargo, la mayor parte del presupuesto se asignó a obras de embellecimiento urbano”, “Políticas del gobierno mexicano...”. Op cit., p. 65.
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El Programa Nacional Fronterizo sentó las bases para la creación de un nuevo subcentro comercial en Ciudad Juárez, al que durante los sesenta se aplicaron grandes inversiones federales; la formación de un nuevo núcleo de atracción tuvo que ver con la apertura del cruce internacional de la Isla de Córdova que, igual que hicieron los puentes Lerdo y Santa Fe con el centro, dinamizó la zona del Pronaf. El incipiente nodo intraurbano del Pronaf se encontró articulado al centro con la avenida 16 de Septiembre y la calle Ignacio Mejía e, indirectamente, con la avenida Malecón. Pero también se empezó a enlazar vialidad primaria, norte-sur y oriente-poniente, que comunicaba los nuevos fraccionamientos residenciales del oriente con el subcentro Pronaf y el área de El Chamizal. A fines de los sesenta el suelo agrícola, en particular los terrenos del Pronaf que eran parte de las antiguas colonias agrícolas, se sustituyó por suelo comercial. Esto, acompañado por un rápido crecimiento de sectores habitacionales al oriente, conformó una nueva zona con infraestructura y equipamiento propio. Un nuevo subcentro había aparecido en la ciudad, con lo que se rompía con décadas de estructura monocéntrica. Sin embargo, por su carácter turístico el Pronaf no realizaba varias de las funciones del centro. La dimensión y funciones del primer cuadro, aún no competidas por el incipiente subcentro, le seguían otorgando, todavía a mediados de los sesenta, preponderancia en la estructura urbana general. La industrialización de Ciudad Juárez no fue un asunto planteado de manera inmediata después de la terminación del Programa Bracero, en 1964. Durante la segunda mitad de la década de los cincuenta tanto el sector público como el privado proponían el desarrollo de la actividad manufacturera en la región. En 1957, por ejemplo, Ciudad Juárez había sido seleccionada por el Comité de Desarrollo Económico Nacional “como factible de recibir una fuerte inversión económica tendiente a la industrialización”.28 28
El Continental, 19 de abril de 1957.
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VI. El Programa de Industrialización Fronteriza
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Incluso el Plano regulador de 1958, en su propuesta de zonificación, tenía destinada un área específica para las nuevas empresas fabriles: “La zona industrial se propone al sur y al suroeste de la ciudad, quedando adyacente a las vías de los ferrocarriles. Su posición está justificada mediante la imposibilidad de crecimiento de la población hacia ese punto por la situación misma de las vías”.29 Sin embargo, ningún proyecto significativo se llevó a la práctica. Hasta 1964 la estructura productiva de la ciudad no había sufrido transformación alguna que señalara la expansión de la actividad manufacturera y mucho menos el surgimiento de nuevas ramas industriales. No fue sino hasta 1965, año en que el gobierno federal lanzó el Programa para el Aprovechamiento de la Mano de Obra Sobrante a lo Largo de la Frontera Norte con Estados Unidos, conocido ahora como Programa de Industrialización Fronteriza (PIF), cuando se sientan las bases para el inicio de un proceso intenso de industrialización. El impulso del PIF en algunas ciudades basado en la Industria Maquiladora de Exportación (IME), tuvo su justificación en el problema del desempleo que afectó a la frontera en 1964. “La cancelación del Programa Bracero y el decaimiento del cultivo algodonero” perjudicaron a 200 mil braceros que “tuvieron que enfrentar repentinamente el espectro del desempleo”.30 Dentro de los objetivos del PIF señalados por el gobierno, se encuentran: 1) creación de empleos, mayores y mejores niveles de vida para la población fronteriza; 2) mejoramiento del nivel de calificación de la mano de obra [...]; 3-) incremento del consumo de insumos nacionales en las operaciones de plantas maquiladoras y 4) reducción del déficit comercial.31 Durante abril de 1966 la Secretaría de Ha Plano regulador de Ciudad Juárez, 1958, p. 10. José Luis Fernández. “Algunas consideraciones sobre los programas de industrialización y de comercialización fronteriza, sus efectos y perspectivas”. En La frontera del norte. Integración y desarrollo, colección Frontera Norte. El Colegio de México, México, 1981, p. 236. 31 Ibid., pp. 238-239. 29
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A nivel mundial las corporaciones internacionales vieron a la frontera norte mexicana como objeto de inversiones debido al “significativo ahorro de costos, especialmente en mano de obra; a la posibilidad de ser dueños de las empresas (situación que usualmente no era posible en México); a la proximidad con Estados Unidos y a la variedad de incentivos fiscales que les otorgaba el gobierno”.33 De cualquier manera, las principales ciudades de la zona fronteriza norte de México, incluyendo Ciudad Juárez, fueron objeto de localización de las nuevas plantas industriales o maquiladoras.
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cienda y Crédito Público estableció los procedimientos y mecánica de importación temporal de las empresas maquiladoras.32
La primera empresa maquiladora que inició operaciones en Ciudad Juárez, en 1966, fue la empresa A.C. Nielsen de México, que elaboraba cupones comerciales.34 Esta planta se estableció en la avenida Lerdo y calle Abraham González, justo en el llamado circuito internacional del centro. Otras diez empresas se registraron en el programa maquilador durante ese mismo año, de las cuales tres llegaron a ubicarse en las cercanías de las vías del ferrocarril (véase cuadro 2). Tal es el caso de Maderas Selectas y Molduras S. A., Molduras de Pino S. A. y Alimentos Rodeo S. A. Las maquiladoras restantes no atendieron a un patrón homogéneo de localización, ya que se encontraban dispersas en la ciudad. “Empresas maquiladoras fronterizas: facilidades aduaneras y debate sobre el futuro”. En Comercio Exterior. Banco Nacional de Comercio Exterior, vol. XX, núm. 6, México, junio de 1970, p. 453. 33 Norris Clement C. y Stephen R. Jenner. Location Decisions Regarding Maquiladora/ in-bond Plants Operating in Baja California, México. San Diego University, Institute for Regional Studies of the California’s, Border Issues Series, 3, San Diego, 1987, p. 2. 34 La información sobre las plantas maquiladoras que se mencionan en este artículo se obtuvo del Directorio histórico de la industria maquiladora de exportación. Mimeo, Unidad de Estudios Regionales de la UACJ, Ciudad Juárez, 1993. Elaborado para apoyar el presente estudio. 32
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VII. Las primeras plantas
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Cuadro 2. Empresas maquiladoras y fecha de inicio de operaciones. Ciudad Juárez 1966—1970 Nombre de la empresa
A.C. Nielsen Company de México, S.A. Acapulco Fashion, S.A. Boss de México, S.A. Botas de Ciudad Juárez, S.A. Calzado y Avíos, S.A. Coilcraft de México, S.A. Contrat. de Mueb. e Int. de México, S.A. Convertors de México, S.A. Elect. Advance Ross de México, S.A. Empacadora y Frigoríficos Rodeo, S.A. Essex Internacional de Chihuahua, S.A. Estructuras Metálicas del Norte, S.A. Fabricantes Técnicos, S.A. Fertilizantes Certif. de México, S.A. Free Breeze de México, S.A. Hatch Internacional, S.A. Icamex, S.A. Industria Córdova—Américas, S.A. Industrial Peletera, S.A. Industrias Intern. Fronterizas, S.A. Industrimex Puertas Labradas, S.A. Maderas Selectas y Molduras, S.A. Manufacturera de Comp. y Partes, S.A. Maquiladora de Juárez, S.A. Molduras de Pino, S.A. Molduras del Norte, S.A. Muebles Iglesias, S.A. Pass & Seymour de México, S.A. RCA de Méx., S.A. (Thompson Comp.) Susan Crane de México, S.A. Western de México, S.A.
Inicio de operaciones
1966 1968 1968 1979 1970 1969 Ya existía 1970 1968 Ya existía 1969 1966 1967 Ya existía 1969 1966 1969 1970 1970 1966 1970 Ya existía 1969 1967 Ya existía 1970 Ya existía 1970 1969 1968 1966
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Fuente: Directorio histórico de la industria maquiladora de exportación, op. cit.
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Cabe mencionar que de las compañías manufactureras que iniciaron operaciones como maquiladoras en 1966, seis se encontraban ya en funciones. Por ejemplo, la empresa Molduras de Pino S. A. se fundó en 1952 y Alimentos Rodeo S. A. en 1963. Este hecho llevó, en primer lugar, a que la actividad maquiladora estuviera dominada, en su inicio,
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por las ramas industriales tradicionales en la región, como alimentos, cuero y calzado, madera y metales. Sólo las compañías A. C. Nielsen de México S. A. y Hatch Internacional S. A. se ubicaron en las ramas de servicios y electrónica, respectivamente. En segundo lugar, que la mayoría de las empresas que funcionaron bajo el régimen maquilador se encontraban ya en operación, y por lo tanto establecidas antes de 1966, explica la continuidad del patrón tradicional de localización industrial en Ciudad Juárez, todavía en el primer año del Programa de Industrialización Fronteriza. Después de 1966, y hasta 1970, se establecieron o incorporaron al programa otras 21 empresas, nueve de las cuales se situaron en las ramas tradicionales ya descritas. Esto significa que de las 32 maquiladoras que iniciaron operaciones entre 1966-1970, 18, más del 50%, procesaban o enlataban alimentos, ensamblaban muebles o fabricaban productos de madera, trabajaban el cuero y calzado o elaboraban estructuras y productos de metal. A las ramas conocidas en la localidad se incorporaron las empresas Botas de Ciudad Juárez S. A., Calzado y Avíos, Industrias CórdovaAméricas S. A., Industrial Peletera S. A., Industrias Norteña S. A., Boss de México S. A., Industrimex Puertas Labradas S. A., Western de México S. A. y Molduras del Norte S. A. Por otra parte, en el periodo considerado se desarrolló la industria textil: cuatro empresas (Acapulco Fashion S. A., Industrias Internacionales Fronterizas S. A., Maquiladora de Juárez S. A. y Susan Crane de México S. A.) fueron las primeras que se dedicaron al ensamble y confección de prendas de vestir. Ningún grupo de las empresas maquiladoras de las ramas tradicionales siguió un patrón uniforme de localización intraurbana; al contrario, la mayoría se diseminó en varios sectores de la ciudad, ya consolidados o en transición, sin presentar una lógica locacional homogénea o constituir conglomerados industriales. Por ejemplo, Acapulco Fashion S. A. se estableció en las avenidas Insurgentes y Adolfo López Mateos; Boss de México en la zona centro; Calzado y Avíos S. A. en el fraccionamiento Olimpia y Botas de Ciudad Juárez S. A. en la calle María Martínez. Ni la industria tradicional, ni la textil, que apenas comenzaba, configuraron un nuevo
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patrón locacional en Ciudad Juárez, pero tampoco se ciñeron a la ubicación delineada en los planos urbanos. El patrón zona industrial-vías de ferrocarril perdió relevancia ante la instalación de nuevas empresas de ramas como la electrónica. Aún así, una nueva zona, propuesta desde 1965 y que funcionó casi hasta 1971 (el ahora Parque Industrial Juárez), mantendría vigente a las vías ferroviarias como componente de un patrón locacional a la postre más heterogéneo.35 No obstante la dispersión de las plantas, en el periodo 1965-1970, la actividad maquiladora da los primeros pasos para romper de manera radical con el patrón de localización de las empresas manufactureras y participar con determinación en el proceso de cambio del suelo agrícola por industrial. Ello tiene que ver con la diversidad industrial —el desarrollo de otras ramas— y el nacimiento del primer parque industrial en la ciudad.
VIII. Los parques industriales y la ciudad
Entre 1967 y 1969 se gestó el parque industrial más importante de Ciudad Juárez, el Antonio J. Bermúdez. La creación de éste, y en particular su ubicación física (véase mapa 3), es fundamental en la conformación de una nueva fisonomía de la localidad; con el parque nace otro subcentro urbano y se confirma una de las pautas de crecimiento ya definidas a principios de los sesenta. El parque industrial Antonio J. Bermúdez se establece en las inmediaciones del Valle de Juárez, a un lado de la carretera Juárez-Porvenir, en el kilómetro 3.5. Ahí se instaló en 1969 la empresa RCA Víctor de México S. A., planta de la rama electrónica que sería el prototipo “moderno” de las maquiladoras venideras. Después se instalaría la compañía Convertors de México S. A., dedicada a la elaboración de productos médicos. A pesar de que hasta 1970 sólo dos fábricas se establecieron ahí, la construcción del parque industrial consolidó el proceso de sustitución masiva del suelo 35
En 1965 “la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había aceptado la creación de un parque industrial para las nuevas factorías. La extensión que se aprovecharía era de 300 hectáreas ubicadas entre la carretera a Casas Grandes y las vías del ferrocarril”. El Continental, 28 de agosto de 1965.
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En su conjunto, dentro del periodo 1966-1970, las maquiladoras que no pertenecieron a las ramas ya sea tradicionales o textil representaron un 30% del total.
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agrícola. La superficie que llegó a abarcar el parque es de 1’740 210 m2. Su ubicación ratificó una de las tendencias de crecimiento de la ciudad hacia el oriente. Aunque existían empresas dispersas en el Valle de Juárez, éstas no constituían conglomerados que se integraran a un patrón de localización en la ciudad. En cambio, el desarrollo del primer parque industrial significó el surgimiento de una zona bien equipada para la industria, atractiva para la instalación de nuevas empresas ante sus requerimientos de infraestructura. De manera curiosa, el primer parque industrial se localizó en la franja agrícola y no respondió al patrón zona industrial-vías de ferrocarril. Por otro lado, empresas como Fabricantes Técnicos S. A. —conocida como Baldwin—, que se estableció en la calle Plutarco Elías Calles y Malecón, o Coilcraft de México S. A., que se instaló en la calle Melquíades Alanís, a orillas de la colonia agrícola de San Lorenzo, dibujaban una pauta de localización apenas delineada, en la que se invadía el Valle de Juárez en los terrenos cercanos al límite internacional con El Paso, Texas. Dichas empresas se circunscribían a las ramas eléctrica y electrónica.36 Cabe decir que lejos de haber creado una vialidad propia en sus primeros años, la industria maquiladora aprovechó la existente. Por ejemplo, el parque Antonio J. Bermúdez se ubicó contiguo a la carretera Juárez-Porvenir y la zona industrial en proyecto, el parque industrial Juárez, configurada desde 1965, se ajustó a las vías de ferrocarril y la carretera a Casas Grandes (esta vía edificada en los primeros años de los sesenta se integró a la vialidad regional). Ninguno de los parques generó en corto plazo un sistema vial. Más aún, al aprovechar la vialidad regional los parques participaron en consolidar las pautas de crecimiento marcadas en los primeros años de los sesenta. La aparición de los parques industriales generó cambios en la ciudad en dos sentidos: uno se refiere a la creación de las condiciones para el surgimiento de nuevos subcentros; el otro, a la transformación de las pautas de localización de la industria.
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IX. El crecimiento y la vialidad
Durante el periodo 1966-1970 la expansión física de la ciudad no fue sino continuación del crecimiento definido a principios de los sesenta. En el poniente de la ciudad con el surgimiento —o, mejor dicho, formalización— de las colonias Felipe Ángeles, Francisco Sarabia, Insurgentes, Francisco Villa, Josefa Ortiz de Domínguez, Francisco I. Madero, Lázaro Cárdenas, Postal y San Felipe del Real, aparecieron casi todas las colonias populares que ahora constituyen ese sector. Mientras el surponiente se vio poblado de nuevas colonias como División del Norte, Independencia y Azteca (antes Palo Chino), en el oriente se crearon los fraccionamientos residenciales Senecú del Valle y Rincones de San Marcos, que confirmaron la tendencia irreversible de sustitución del suelo agrícola. Las zonas habitacionales que rodeaban al subcentro del Pronaf continuaron con el proceso de urbanización iniciado pocos años antes. Los Nogales y La Monumental reportaron nuevas adiciones; además, en este periodo aparecieron pequeños fraccionamientos como Los Pinos o La Raza. Al suroriente las colonias ubicadas entre las carreteras a Casas Grandes y Panamericana, La Cuesta y Colinas de Juárez, se expandieron. También en ese mismo sector surgieron colonias como Lomas del Rey y Lomas de San José. En cuanto a la vialidad del municipio, la política de obras públicas de los sesenta se centró en dos objetivos: cubrir rezagos de pavimentación de antiguas colonias y pavimentar fraccionamientos de reciente creación; y, en cierta medida, consolidar la articulación vial primaria en torno a las nuevas zonas de crecimiento y el subcentro Pronaf. Por ejemplo, mientras a mediados de la década se terminaron de pavimentar las colonias Hidalgo y Chaveña, al finalizar el decenio sucedió lo mismo con fraccionamientos del oriente como Segunda Burócrata, Álamos, Progresista y Del Futuro. A su vez, la incorporación de “varios sectores populosos del oriente de la población” a la zona comercial del Pronaf se concretó mediante la prolongación de la avenida Adolfo López Mateos y la calle Plutarco
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Elías Calles (calle Nueva).37 También, como parte de la articulación de la zona de crecimiento del oriente, se prolongaron las calles 18 de Marzo, Insurgentes, Vicente Guerrero y 20 de Noviembre, “desde la altura de la Plutarco Elías Calles hasta la carretera Panamericana”.38 Durante los sesenta se construyó nueva vialidad primaria. Se formó el anillo periférico representado por la avenida Carlos Amaya (antes Camino Perimetral) al suroriente, el viaducto Gustavo Díaz Ordaz (Arroyo Colorado) al oriente y el Malecón al norte;39 y a principios de la siguiente década se construyó la carretera a Casas Grandes. Ambas obras se integraron al esqueleto vial de Ciudad Juárez (véase mapa 3). La apertura o prolongación de calles en los sesenta obedeció a tendencias de crecimiento definidas antes de la llegada de las maquiladoras; a proyectos viales planteados desde fines de los cincuenta en los mismos planos urbanos; o, lo que es más importante, a la lógica de articulación del sector oriente en crecimiento y las instalaciones creadas por el Programa Nacional Fronterizo. Este último hecho, la articulación del sector oriente, permitió la consolidación del Pronaf como subcentro en la estructura urbana de la localidad. Mientras tanto, la influencia de la Industria Maquiladora de Exportación en la configuración de la estructura vial fue marginal hasta 1970; ello, puede entenderse, se debe a que la red existente respondió a las necesidades de las maquiladoras en sus inicios. A su vez el proceso de industrialización emprendido en 1965 había creado ya, a fines de los sesenta, las condiciones para el desarrollo de nuevos subcentros en Ciudad Juárez.
El Continental, 29 de abril de 1969. lbid., 17 de febrero de 1970. 39 En 1969 se “pusieron en marcha las obras tendientes a construir una vía de comunicación en forma de anillo por varias colonias periféricas”, iba., 18 de septiembre de 1969.
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REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
The housing problem in Ciudad Juárez: irregular settlements This paper puts forward and explained by a thorough analysis of the housing problem in Ciudad Juárez, as a result of this problem arising social problems which are explained in the drafting of this document by reference to the most outstanding in as are present financial inability to acquire housing, due to low levels of income earned by individuals residing in this city, and the increase in demand for migration from other cities to the same, as is generated whenever a shortage of supply, juice entering the property market speculation, promoted by the economic and housing policies. Key words:
Problems of housing, urban land, self-build
El problema de la vivienda en Ciudad Juárez: los asentamientos humanos irregulares1 Bertha Caraveo C.2
El presente artículo pretende plantear y explicar mediante un análisis exhaustivo el problema de la vivienda en Ciudad Juárez, ya que a raíz de este problema se originan diversos problemas sociales los cuales son explicados en la redacción del presente documento haciendo mención de los más destacados en la actualidad como lo Palabras son la incapacidad ecoclave: suelo urbano, autoconstrucción nómica en la adquisición de las viviendas, debido a los bajos niveles de ingreso que perciben los individuos que residen en esta Ciudad, así como el incremento de la demanda por la migración de otras Ciudades hacia esta misma, ya que cada vez se genera una escasez de oferta, entrando en jugo la especulación en el mercado inmobiliario, promovido por las políticas económicas y de vivienda.
Problemas de la vivienda,
El presente trabajo se basa en una investigación realizada por la autora en 1992. Profesora e investigadora titular en la escuela de sociología de ICSA y de la maestría en planificación y desarrollo urbano de la Unidad de Estudios Regionales de la UACJ. Fecha de recepción: 9 de agosto de 2008 Fecha de aceptación: 16 de octubre de 2008
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Introducción
Los efectos territoriales urbanos del desarrollo de la Industria Maquiladora de Exportación (IME) y la instrumentación de las políticas neoliberales de los últimos dos sexenios, con respecto a la austeridad salarial y la contracción del gasto público,1 han provocado serias insuficiencias en las condiciones generales de producción de la fuerza de trabajo: vivienda, salud, educación e infraestructura urbana, entre otras. Ciudad Juárez, como polo de desarrollo importante dentro del proyecto económico que en la actualidad rige al país, vive un proceso de crecimiento. El desarrollo de la Industria Maquiladora de Exportación ha generado, de manera indirecta, un incremento relativo del sector terciario que, en su conjunto, provoca la atracción de importantes corrientes migratorias a la ciudad, agudizando la problemática urbano-social ya existente. En este contexto, la falta de una vivienda en condiciones mínimas de habitabilidad, se ha convertido en uno de los problemas más sentidos por la población en esta ciudad de la frontera norte. El XI Censo General de Población y Vivienda (1990) nos muestra la existencia de un déficit cuantitativo considerable de unidades habitacionales en esta ciudad, sin embargo, éste no es tan alarmante como el cualitativo, que tiene su expresión más clara en la producción de viviendas deleznables (como fenómeno extendido en la urbanización periférica); en los asentamientos humanos irregulares (AHI), localizados en los últimos 20 años hacia el suroriente y poniente y cuyo estatus se refleja en el tipo de tenencia de la tierra (producto de invasión o reubicación); la autoconstrucción precaria (utilizando, por lo general, materiales de desecho); y finalmente en las condiciones deficientes de infraestructura y servicios urbanos. El presente trabajo está estructurado de tal forma que puedan cubrirse, de manera general, los distintos aspectos que consideramos explican el problema de la vivienda en Ciudad Juárez. En la primera parte planteamos el problema de la vivienda desde varios aspectos: déficit, bajos salarios y pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores,
1
Emilio Pradilla Cobos, “Las políticas neoliberales y la cuestión territorial”. En Sociológica, año 5, núm. 12, UAM-Azcapotzalco, México, enero-abril 1990, p. 61.
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fluctuación del mercado inmobiliario, crecimiento poblacional, cambios en la composición del mercado laboral, flujos migratorios, políticas económicas y de vivienda. En la segunda parte centramos nuestro análisis en los AHI. Sus rasgos principales son las formas irregulares de apropiación del suelo urbano, la autoconstrucción y la introducción ilegal de servicios públicos, entre otros. El XI Censo General de Población y Vivienda define a esta última como: “Todo recinto delimitado por paredes y techos, con acceso independiente que está habitada por personas, donde generalmente éstas preparan sus alimentos, comen, duermen y se protegen del medio ambiente”.2 Desde esta perspectiva, el problema sólo se manifiesta en términos cuantitativos reduciéndolo al déficit de unidades habitacionales. Cualquier lugar que reúna estos mínimos requisitos de habitabilidad está contabilizado en el Censo. Si esto fuera cierto, la escasez habitacional sería resuelta en la medida que los constructores de distintos sectores (público, privado y popular) construyeran más unidades. Sin embargo, en forma paradójica, la realidad nos muestra que entre más se construye más se agudiza el problema. Este planteamiento nos conduce a un análisis exhaustivo de la vivienda como problema social que exige determinar los factores que lo originan. Si bien es cierto que hay un número insuficiente de viviendas en esta ciudad, la calidad en la construcción de las existentes y la falta de infraestructura y equipamiento, nos remiten a un déficit cualitativo, el cual puede ser observado en los asentamientos humanos irregulares, producto de la urbanización periférica de las últimas dos décadas. La carencia de servicios públicos (agua, drenaje, alumbrado), la falta de equipamiento (escuelas, dispensarios médicos, lugares de esparcimiento, etcétera), la baja calidad en los materiales de construcción,3 el 2
3
Elementos para la evaluación de los datos censales sobre los volúmenes de población y vivienda en el municipio de Juárez, INEGI, Durango, 1991. En general, los habitantes de los asentamientos humanos irregulares utilizan mate-
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hacinamiento, la ubicación de la vivienda en sitios peligrosos (arroyos, basureros, lugares cercanos a focos de contaminación, diques de contención de agua, etcétera), son algunos indicadores de la existencia de ese déficit cualitativo en la producción de vivienda. Con el establecimiento de las maquiladoras en esta ciudad4 se da un proceso de cambio en el uso del suelo, que se refleja en el reordenamiento de la mancha urbana, la localización de las plantas fuera de los parques industriales y en zonas residenciales, el crecimiento de los espacios urbanos periféricos habitados por una población trabajadora pauperizada. Las políticas económicas, tendientes a industrializar la franja fronteriza norte, han incrementado el número de habitantes en esta ciudad sin prever las consecuencias urbanas y sociales desastrosas o crear las condiciones de infraestructura para evitarlas. En este sentido se hace insuficiente la vivienda,5 la infraestructura de servicios y transporte y el equipamiento urbano. Ciudad Juárez, como polo de atracción para muchos mexicanos del interior de la república y del mismo estado,6 está conformada en gran medida por inmigrantes que han llegado en diferentes momentos. De modo que la migración es un fenómeno natural en la dinámica social de esta ciudad. Para el inmigrante, por lo general ocupado en empleos de salario mínimo, la carencia de una vivienda adecuada re-
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rial deleznable en la construcción de sus viviendas, el cual es adquirido en el mercado informal o de segundas y/o en algunas ocasiones es conseguido en forma gratuita vía materiales de desecho de las empresas, como el cartón, por ejemplo. A mediados de los sesenta se establecen las primeras maquiladoras en Ciudad Juárez, pero es hasta principios de los ochenta cuando este proyecto económico logra su consolidación. Véase a Mario Margulis y Rodolfo Tuirán. Desarrollo y población en la frontera norte. El caso de Reynosa. El Colegio de México, México, 1986, p. 37. El Plan Director de Ciudad Juárez señala a la vivienda como problema prioritario del desarrollo urbano, debido a las corrientes migratorias y a la baja capacidad económica de sus pobladores para la adquisición de la misma. Plan Director de Desarrollo Urbano de Ciudad Juárez, Chihuahua, junio 1989, p. 22. La emigración hacia Ciudad Juárez proviene, en lo fundamental, de los estados de Coahuila, Durango, Zacatecas, Chihuahua y el Distrito Federal. Véase Consejo Nacional de Población, características principales de la migración de las grandes ciudades del país, México, 1987.
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Una encuesta realizada entre los pobladores de la colonia Lucio Cabañas corrobora el dato aquí presentado. Una de las preguntas del cuestionario fue acerca de la motivación para irse a vivir a la colonia y el 95% de los jefes de familia contestó que por tener una vivienda propia. 8 El XI Censo General de Población y Vivienda 1990, reporta 178 928 viviendas para una población de 798 499. 9 “Según cálculos realizados por Diario de Juárez, con información del Banco de México, se encontró que los salarios reales comenzaron a registrar fuertes descensos a partir de 1981. De acuerdo con una canasta de 11 productos, mientras que en 1980 se requería de 1.4 salarios mínimos diarios para adquirir un par de zapatos de hombre, en la actualidad es necesario primero realizar 5 días de trabajo”. Diario de Juárez, 28 de abril de 1993. 10 “Engels afirmaba que el problema de la vivienda no sólo afectaba al proletariado sino que también alcanzaba a la pequeña burguesía empobrecida por el desarrollo del Capitalismo”. Lucio Maldonado. “El movimiento urbano popular mexicano en la década de los setenta”. En Antología de la sociología urbana. UNAM, México, 1988, p. 833. 7
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presenta uno de los problemas cruciales que enfrenta al llegar. En una primera instancia lo resuelve rentando en colonias populares,7 pero, dado sus ingresos recurre a los asentamientos irregulares como opción para obtener un lugar propio fuera de las vías convencionales del mercado formal, que le son francamente adversas. De tal suerte, el acelerado crecimiento poblacional implica mayor demanda de vivienda que impacta en forma especulativa el mercado inmobiliario, el cual la encarece. La gran cantidad de personas que llegan a esta ciudad demandando un espacio dónde habitar es una realidad tangible de la vida cotidiana. En este sentido el problema de la vivienda, en términos generales, se resume en un conjunto de factores explicativos. Por una parte, tenemos que existe una mayor demanda de vivienda debida al crecimiento de la población,8 la incapacidad económica en la adquisición de la misma, la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores,9 que no sólo afecta a éstos sino que engloba un proceso de proletarización y empobrecimiento de las clases medias.10 Esto repercute en la calidad de vida y, por ende, en las condiciones generales de su reproducción. Por otra parte, tenemos el acaparamiento de terrenos urbanos que provoca el alza de valor (por lo regular manifiesto en lotes baldíos en zonas ya urbanizadas, a la expectativa de su
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especulación), la incongruencia entre la existencia de proyectos de planeación urbana y la débil instrumentación para no afectar los intereses de grupos económicos locales, la selectividad de políticas estatales en materia de vivienda y su corto alcance con relación a la demanda popular. Y el alto costo del suelo urbano (infraestructura, equipamiento, tipo de suelo), que causa un encarecimiento en el costo de la vivienda. Un aspecto importante es la escasez en la oferta de vivienda popular producida por el sector inmobiliario privado, cuyos constructores prefieren producir casas para la población de altos ingresos por ser más rentable, y en este sentido contribuyen al aumento del déficit de vivienda popular. En resumen, las posibilidades reales de adquisición por los trabajadores de esta ciudad a través del mercado formal (público y privado) se han reducido debido, por un lado, al bajo nivel de los ingresos y, por otro lado, a la especulación de la vivienda en el mercado inmobiliario. “Engels afirmaba que el problema de la vivienda no sólo afectaba al proletariado sino que también alcanzaba a la pequeña burguesía empobrecida por el desarrollo del Capitalismo.” Lucio Maldonado, “El movimiento urbano popular mexicano en la década de los setenta” en Antología de la sociología urbana. UNAM, México, 1988, p. 833. El difícil acceso de las clases trabajadoras a este bien social ha originado la búsqueda de otras alternativas de solución fuera del mercado formal. Los asentamientos humanos irregulares, vía invasión de predios particulares y municipales, se han constituido en la solución, si bien periférica, con mayores posibilidades para la construcción de vivienda propia de la clase trabajadora. La realidad es que los AHI han dado acomodo a un número considerable de familias de bajos ingresos sin acceso al mercado inmobiliario privado o público.11
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“De acuerdo con la reglamentación actual del Infonavit publicada en el Diario Oficial de la Federación del 20 de octubre de 1992, sólo podrá acceder a un crédito de Infonavit de 74 180 N.P. aquel trabajador que tenga más de diez años de cotizaciones, que sea menor de 35 y que tenga tres dependientes, además de ganar más de 1 000 N.P. y no superar los 1 700”. Diario de Juárez, 22 de enero de 1993.
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“La parte poniente de la ciudad es el crecimiento espontáneo y desordenado con asentamientos humanos caracterizados por una problemática compleja. La parte oriente del núcleo Juárez es la parte urbana planeada con vialidades y servicios de infraestructura y equipamiento de buena calidad. El núcleo urbano Zaragoza tiene también graves problemas urbanos que se expresan en su configuración y determinantes en el modo de vida de sus habitantes”. Ayuntamiento de Juárez-Estado de Chihuahua. Plan de Desarrollo Urbano.... op. cit., pp. 140-141.
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En Ciudad Juárez los asentamientos irregulares, cuya base son las posesiones ilegales de suelo, se encuentran hacia el poniente y suroriente, donde por condiciones naturales y de topografía se presenta mayor dificultad para el uso habitacional.12 Los pobladores de los ahí tienen un bajo nivel de salarios, lo que provoca que una vivienda tenga un uso intensivo en su ocupación; es usual encontrar a dos o tres familias cohabitando una misma unidad como medida para enfrentar la escasez de recursos económicos. Se genera, de tal suerte, una estrategia económica familiar donde colaboran distintos miembros de la unidad habitacional. La mayoría de los colonos en los AHI son trabajadores de salario mínimo; el mayor porcentaje de ellos trabaja en la industria maquiladora, le sigue la industria de la construcción y, por último, son subempleados. Estos últimos autogeneran su ocupación de manera principal como vendedores ambulantes y prestadores de servicios domiciliarios dentro del sector informal urbano. Por su condición de clase social pauperizada los pobladores enfrentan una serie de vicisitudes de orden económico y social: alimentación deficiente y malos hábitos alimenticios. En cuanto atención médica, es difícil que se cuente con dispensarios para casos de emergencias (lo cual se hace más notorio durante el periodo invernal: los meses donde se intensifica más el frío son de noviembre a marzo, cuando las enfermedades de tipo bronquial se presentan, sobre todo, en los menores de edad). Las deficientes condiciones habitacionales dificultan la prevención de enfermedades respiratorias (la mayoría de las viviendas están construidas con materiales deleznables o inadecuados como cartón,
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paletas,13 etcétera, y carecen de protección para el clima extremoso de la ciudad). Asimismo, los asentamientos se encuentran en la periferia y algunos de ellos en zonas de alto riesgo, tanto por el tipo de suelo como por la contaminación ambiental: cercanos a las redes subterráneas de gas natural, cercanos a focos contaminantes —ladrilleras, por ejemplo— o ubicados en terrenos accidentados —faldas de cerros, arroyos—, etcétera. El caso de la colonia Anapra es extremo. Por años sus pobladores han estado expuestos a las emanaciones tóxicas de la ASARCO, refinería que se encuentra del lado norteamericano colindando con algunas colonias del poniente de la ciudad (Felipe Ángeles, Anapra y Rancho Anapra). En Ciudad Juárez los asentamientos humanos irregulares cubren alrededor del 35% de la mancha urbana (véase mapa). De acuerdo al Banco Mundial, el 45% de las viviendas construidas cada año es producido por el sector privado y público; el resto (55%) se produce en el mercado informal, en particular las viviendas autoconstruidas en asentamientos irregulares.14 El origen de éstos es, por lo general, la invasión a predios particulares, pero también la posesión irregular de terrenos municipales donde las autoridades locales han reubicado a grupos de colonos que con anterioridad se encontraban invadiendo lotes particulares o habitando zonas de alto riesgo. Un alto porcentaje de los asentamientos irregulares se han dado por medio de la invasión. La totalidad de las colonias y frentes que pertenecen al Comité de Defensa Popular (CDP),15 por ejemplo, son Las paletas son formas de madera que usan las maquiladoras en el manejo del material utilizado en la elaboración de sus productos, y que los pobladores de los AHI utilizan en la construcción de sus viviendas. 14 William Dellinger. Urban Development División Sector and Operations Policy. The World Bank, mayo 1992, p. 11. 15 Organización de colonos que representó al movimiento urbano popular en Ciudad Juárez en las décadas setenta y ochenta. Esta organización ha jugado un papel determinante en el crecimiento físico de la ciudad. El Comité de Defensa Popular se formó en 1972 en la ciudad de Chihuahua. La primera invasión que ahí realizó fue la de los terrenos de la actual colonia Tierra y Libertad, ubicada al sur poniente, en 1977.
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A diferencia de las colonias (constituidas en su totalidad por la organización política), los frentes están ubicados en sectores de determinadas colonias organizadas, en algunos casos, por diferentes organizaciones políticas.
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invasiones que en la actualidad alojan a alrededor de 9 500 familias en 12 colonias y 19 frentes.16 La invasión de terrenos urbanos en la década de los cincuenta se realizó en la zona poniente de la ciudad. Décadas más tarde, el establecimiento de la IME hacia la parte oriente determina, en cierta medida, la localización de los nuevos asentamientos irregulares hacia un lugar menos accidentado que el poniente. Hacia el oriente también se encuentran los mejores terrenos para la urbanización, que han sido acaparados por las grandes empresas constructoras, lo que supone un desarrollo industrial y residencial. En general, los AHI se encuentran en terrenos de baja plusvalía o poco valor catastral, en comparación a los acaparados por las empresas constructoras del sector privado. De esta forma, los asentamientos irregulares están en las zonas más alejadas del centro de la ciudad, desprovistos de los servicios públicos más elementales y del equipamiento urbano básico. Una vez que los invasores han tomado posesión del predio pasan a la etapa de construcción de sus viviendas en forma precaria, con materiales de desecho o de segunda. El levantamiento de la vivienda se da a través de un proceso de autoconstrucción donde intervienen la familia, los parientes y amigos. Esta actividad se ejecuta fuera de la jornada laboral, durante los fines de semana o por las tardes. Dada la calidad de la vivienda, con la autoconstrucción el poblador resuelve sólo de manera parcial su problema habitacional. Uno de los mayores problemas que viven los colonos de estos asentamientos es la carencia o deficiencia en la infraestructura y los servicios públicos, como agua y drenaje. En el caso de las invasiones del CDP, los colonos obtienen los servicios, en una primera etapa, a través de tomas ilegales de las redes de las colonias vecinas. El proceso de gestión e introducción de los servicios por la vía institucional no se da en forma inmediata, sino que por lo regular toma entre 10 y 15
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años, de acuerdo con las entrevistas realizadas a distintos líderes de colonias. El acceso del transporte público en el interior de las colonias representa otro grave problema, dada la creciente demanda de este servicio por parte de los trabajadores de maquiladoras. Los camiones urbanos o ruteras no quieren entrar a las colonias por lo accidentado del suelo, sobre todo en tiempos de lluvia cuando se dificulta su tránsito.
Conclusiones
El problema de la vivienda en Ciudad Juárez más que de orden cuantitativo es cualitativo, y se manifiesta mayormente a través de su producción precaria en los asentamientos humanos irregulares, lo que implica la utilización de materiales deleznables, así como las condiciones deficientes de infraestructura y equipamiento. La concentración de población generada por el desarrollo de la ime, a través de la sobreoferta de trabajo, es fundamental para explicar el fenómeno de tendencia a la macrocefalia urbana. El número de habitantes se incrementa de manera considerable debido a las políticas económicas orientadas a industrializar la franja fronteriza norte, sin prever las consecuencias urbanas y sociales o crear las condiciones de infraestructura para evitarlas. En este sentido el problema resume un conjunto de factores: la incapacidad económica en la adquisición de vivienda por la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores, el cual repercute en su calidad de vida y, por ende, en las condiciones generales de su reproducción; el acaparamiento de terrenos en distintos puntos de la ciudad en zonas ya urbanizadas, a la expectativa de su especulación, que implica la elevación del valor real de los terrenos. Otro aspecto importante es una mayor demanda de vivienda debida al crecimiento de población. Hay incongruencia en la existencia de proyectos de planeación urbana y su débil instrumentación, dada la afectación a intereses de grupos económicos locales. Otros factores son su especulación en el mercado inmobiliario; la selectividad de las políticas de asignación y su corto alcance con relación a la demanda popular; la escasez de oferta de vivienda popular producida por el sec-
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tor inmobiliario privado; el alto costo del suelo urbano por el tipo de suelo y/o infraestructura encarecen aún más su costo. De tal forma, las posibilidades reales de adquisición de vivienda por los trabajadores en Ciudad Juárez se han reducido debido al bajo nivel de sus ingresos. El difícil acceso de las clases trabajadoras a este bien social ha originado la búsqueda de otras alternativas de solución fuera del mercado formal. En este sentido los asentamientos humanos irregulares se han constituido en el espacio urbano más viable para la construcción de vivienda para la clase trabajadora. Ante esta situación, por un lado, se requiere hacer más efectivos los programas de apoyo a la vivienda en los AHI ya existentes, como Solidaridad, estableciendo una evaluación periódica, así como también regularizar la tenencia de la tierra y mejorar la calidad habitacional a través del seguimiento de los programas. Y por otro lado, es importante mencionar también que si un alto porcentaje de la población económicamente activa de los asentamientos humanos irregulares se encuentra laborando en la IME, ésta debería estar más involucrada en la solución de este problema de sus trabajadores, vía instituciones de vivienda pública, en las cuales tanto las empresas como los obreros están inscritos legalmente como contribuyentes. Además es de suma importancia la adquisición de reservas territoriales por parte de las autoridades municipales, como previsión necesaria para ubicar a contingentes migratorios futuros y/o reubicar a los pobladores residentes en zonas de alto riesgo.
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Political change and economic development in Chihuahua, 1980-1995 Based on research conducted in 1994-1996 to obtain the degree of Master of Regional Development by El Colegio de la Frontera Norte, the purpose in this article is to review these two dimensions that come into play in designing of economic development policies at the state level: the political dimension, understood both as exercise and the construction of power and political-electoral disputes and the institutional dimension of the exercise of government strategies including its links with the business sector. At first takes stock of the context in which they develop the political and administrative designs in terms of economic development, then in two subsequent sections, first review the characteristics of political change and then make an analysis of impact on the administrative design to finally address some conclusions and assumptions of development that can have economic development in the next administration. Key words:
Politics, economy, power
Alternancia política y fomento económico en Chihuahua, 1980-1995 Manuel Arroyo Galván 1
Con base en la investigación realizada en 1994-1996 para la obtención del grado de Maestro en Desarrollo Regional por parte de El Colegio de la Frontera Norte, el propósito en este artículo es hacer un repaso de estas dos dimensiones que entran en juego en el diseño de las políticas de fomento económico al nivel estatal: la dimensión política, entendida tanto como el ejercicio y la construcción de poder, así como las disputas político-electorales, y la dimensión institucional del ejercicio de gobierno incluidas sus estrategias de vinculación con el sector empresarial. En un primer momento se Palabras hace un balance general del contexto clave: economía, poder en el que se desenvuelven los cambios políticos y los diseños administrativos en materia de fomento económico, para después en dos apartados subsecuentes, revisar primero las particularidades del cambio político y posteriormente hacer un análisis de sus repercusiones en el diseño administrativo, para finalmente abordar algunas conclusiones e hipótesis del desenvolvimiento que puede tener el fomento económico en la próxima administración.
Alternancia política,
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Profesor-investigador del CIP-ICSA de la UACJ, correl: marroyo@uacj.mx. Fecha de recepción: 2 de junio de 2008 Fecha de aceptación: 9 de septiembre de 2008
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La política de fomento económico en Chihuahua debe ser entendida y enmarcada tanto en los modelos de desarrollo regional que subyacen en las estrategias operantes como en el juego de relaciones entre el ámbito de negocios y el correspondiente al de hechura de las políticas, como un acto de decisión política que privilegia una forma de proceder como la opción por la que se ha de transitar por encima de las muchas alternativas posibles. El propósito de este artículo es hacer un repaso de estas dos dimensiones que entran en juego en el diseño de las políticas de fomento económico al nivel estatal: la dimensión política, entendida ésta tanto como el ejercicio y la construcción de poder, así como las disputas político electorales y la dimensión institucional del ejercicio de gobierno, en la que se incluyen las estrategias de vinculación con el sector privado atendiendo la lógica del actor empresarial.
Presentación
Al inicio de la actual administración del gobierno del Estado de Chihuahua bajo la dirección de Patricio Martínez, de extracción priísta, se desencadenó una polémica sobre si se sostenía o no la continuidad de las políticas económicas de desarrollo y fomento económico diseñadas e impulsadas para la entidad por la anterior administración del panista Francisco Barrio, discusión que aún no ha sido resuelta del todo. A lo largo de las últimas tres administraciones estatales, se han ido definiendo un conjunto de políticas, nuevas instituciones y formas de operar en el área de fomento económico del gobierno del Estado. Más que rupturas o contrastes significativos entre unas y otras, se puede identificar un proceso de construcción de consensos entre la élite política y la iniciativa privada, el cual ha ido evolucionando en la definición de los horizontes de futuro compartidos, el diseño de las estrategias y la implantación de los instrumentos de fomento y la coordinación de esfuerzos entre ambos sectores. Por lo anterior, la política de fomento económico de la actual administración, debe ser entendida y enmarcada tanto en los modelos de desarrollo regional que subyacen en las políticas de las administraciones anteriores, como en el juego de relaciones entre el ámbito de negocios y el correspondiente a las políticas, que son instituidas al ser
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elegidas como una opción, por la que se ha de transitar entre las muchas alternativas que pueden ser seleccionadas como modelo para la toma de decisiones y el diseño de las políticas de fomento económico a ser impulsadas. Con base en la investigación realizada en 1994-1996 para la obtención del grado de Maestro en Desarrollo Regional por parte de El Colegio de la Frontera Norte, el propósito de este artículo es hacer un repaso de estas dos dimensiones que entran en juego en el diseño de las políticas de fomento económico al nivel estatal: la dimensión política, entendida tanto como el ejercicio y la construcción de poder, así como las disputas político-electorales, y la dimensión institucional del ejercicio de gobierno incluidas sus estrategias de vinculación con el sector empresarial. En un primer momento se hace un balance general del contexto en el que se desenvuelven los cambios políticos y los diseños administrativos en materia de fomento económico, para después en dos apartados subsecuentes, revisar primero las particularidades del cambio político y posteriormente hacer un análisis de sus repercusiones en el diseño administrativo, para finalmente abordar algunas conclusiones e hipótesis del desenvolvimiento que puede tener el fomento económico en la próxima administración.
El periodo de estudio en el que se abarca la acción del actor empresarial y su interacción con el gobierno del Estado, desde principios de los ochenta hasta mediados de los noventa, está marcado por varios factores que vienen a repercutir en la lógica de su acción económica y de representación de sus intereses, que a su vez desencadenan una recomposición de los principales grupos económicos de la región (Grupo Bermúdez y Grupo Chihuahua), recomposición en la que se expresan, de forma condensada, los múltiples factores que se encuentran en el contexto económico y político del periodo. Dicho proceso se había iniciado ya en los setenta, pero es hasta principios de los ochenta que se hace más manifiesto a partir de que
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Crisis económica y crisis política: procesos que convergen y posibilitan el inicio de una acción estratégica de los grupos económicos regionales
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la crisis económica acentúa las diferencias internas entre las familias que los integraban, surgiendo distintas posiciones en cómo debe ser la gestión y cuáles deberían ser las estrategias de reestructuración de las empresas que los componían; pero sobre todo por las repercusiones políticas que desencadenó en la región el movimiento político empresarial que se desarrolló a partir de la nacionalización de la banca, el cual viene a significar una ruptura con el gobierno Federal y a generar una convergencia con las movilizaciones ciudadanas que se venían dando en el estado desde mediados de los setenta. Así, el actor empresarial se constituyó en el actor regional mejor posicionado, convirtiéndose en la dirigencia espontánea del movimiento ciudadano estatal que pronto equiparó el contenido de algunas de sus demandas con aquellas que se construían desde el empresariado. Codificadas en un discurso que exigía un “cambio”, los reclamos del movimiento ciudadano, desde su base social, eran llenados de contenido con deseos de mejoramiento de las condiciones de vida; y desde los cuadros dirigentes, los empresarios, con una confrontación políticoelectoral en contra del “PRI-Sistema” y del “PRI-Gobierno”.1 Es pues, la convergencia de estos factores y sus desenlaces coyunturales, los que van a estar en la base de la acción estratégica de los grupos económicos de la región durante el periodo, lo que traerá consigo el que sus principales representantes se conviertan en actores políticos regionales, en una primera fase del periodo de estudio, y que posteriormente funcionarios menores de los mismos grupos asumirán el liderazgo del movimiento político y social que se desencadenó con el desmantelamiento gradual del sistema corporativista de participación y representación de intereses que implicó el ejercicio de gobierno de estos líderes en las administraciones municipales
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Como lo plantea el presidente de la Canacintra de Chihuahua en la entrevista realizada, la lucha por el poder político trajo repercusiones al interior de los pactos económicos entre empresarios y al interior de las familias y las relaciones sociales: “Se deshacen sociedades, en ese tiempo, sociedades económicas, hay hasta divorcios y pérdida de amistades por cuestiones políticas y electorales, algunos grupos se radicalizaron... queríamos el cambio pero no sabíamos por dónde, la reversa también es un cambio; quien capitaliza estas motivaciones es Acción Nacional”.
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de varios ayuntamientos del estado, así como con la consolidación de una sociedad civil más activa en la que la participación empresarial se constituirá en su principal característica, ya en la parte más actual del periodo. Por ello, la acción del actor empresarial va evolucionando en el transcurso del periodo hasta adquirir características estratégicas, trastocando múltiples aspectos de la dinámica regional entre los que sobresalen: los canales de participación política, las formas de representación de intereses, la configuración de la sociedad civil, las formas de la administración pública y la representación social de lo público y lo privado.
En la década de los setenta se da una especie de decantación en el seno del Grupo Chihuahua y a mediados de los ochenta se inicia un proceso semejante al interior del Grupo Bermúdez. Eloy Vallina Lagüera, hijo de don Eloy S. Vallina, encabeza el Grupo Chihuahua a partir de la muerte de su padre, lo que viene a debilitar la unidad interna del grupo, al relegar a algunos de los inversionistas que participaban en las principales empresas del consorcio, como Simón Gil, Rivero Mier, Castro, e incluso a los Wisbrun, Guerrero y Salas-Porras, entre otros, los cuales conservaron sus acciones pero perdieron importancia relativa en el grupo, al expandirse éste a otras áreas de actividad en las que varios decidieron no aportar capital adicional o porque vendieron sus acciones.2 Algunos de los más importantes inversionistas del Grupo Chihuahua, don Óscar Almeida, en coordinación con Salvador Creel y Juan Muñoz, intentaron formar a finales de los setenta un grupo financiero que desplazara al constituido por el Banco Comercial Mexicano, encabezado por Vallina. Con la compra de Crédito Mexicano 2
������������������������������������������������������������������������������������ Eloy Vallina compró a Carlos Salas-Porras y Carlos Aún la planta de refrescos PepsiCola y Del Valle, y Óscar Almeida la participación que Salas-Porras tenía en la concesionaria Chrysler (Autocamiones de Chihuahua).
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Construcción de consenso y crecimiento económico: de la desconcentración del capital a la reformulación de la representación política
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y el Banco Longoria, se pretendía competir con la fuerza que había adquirido el Grupo Chihuahua y en especial la familia Vallina. Sin embargo, la nacionalización de la banca impide su objetivo y viene a significar el desmembramiento de ambos grupos. Esta situación interna del Grupo Chihuahua, sus relaciones cada vez más estrechas con grupos del centro del país (como Trouyet y Bailleres) y la competencia con otros capitales más pequeños, empezó a minar la cohesión del sector empresarial a nivel regional y a debilitar el consenso social a causa de las repercusiones que significaban tales movimientos económicos del grupo en las condiciones de vida de las demás capas sociales (Salas-Porras, 1992). A partir de la nacionalización de la banca en 1982 y el impulso de la política de apertura económica, se acelera la reestructuración total de las actividades económicas que conformaban a este grupo. En primer lugar, la expropiación del Banco Comercial Mexicano que venía jugando el papel de holding, desde el cual, a través de una compleja red de relaciones comerciales e interpersonales mediadas por intrincados acuerdos y figuras legales, así como relaciones no comerciales, permitía la administración y la coordinación de las empresas pertenecientes al grupo o en las que se detentaba un porcentaje determinado de acciones. En segundo lugar, la acción proteccionista del Estado hacia los recursos forestales con el correspondiente corporativismo y burocratismo en torno a los ejidos forestales y las Unidades Campesinas de Desarrollo Forestal, así como la discriminada apertura económica de manera unilateral en torno a los productos terminados del sector forestal de origen norteamericano y canadiense que contaban con precios dumping, trajeron consigo la disminución de la producción del consorcio de Ponderosa Industrial y finalmente el cierre de Celulosa de Chihuahua, la cual constituía la espina dorsal del consorcio. Estos dos hechos ocasionaron la desarticulación del Grupo Chihuahua como holding de empresas de origen multisectorial, el desprendimiento de los principales capitales que lo conformaban y que cada una de las familias propietarias de dichos capitales conformara nuevos grupos económicos, como son los casos de las familias Almeida
La industria maquiladora vivió una situación de crisis en 1980, debido a la recesión de la economía norteamericana. Sin embargo, a causa de la devaluación de 1982 se dio un nuevo avance que atenuó la profundidad de esa crisis. La segunda gran devaluación de febrero de 1982 redujo nuevamente sus costos e hizo de México un lugar aún más atractivo para ese tipo de empresas. A las ventajas que trajo consigo al acentuarse la devaluación, hay que agregar el surgimiento de un nuevo tipo de industrias con características distintas a las maquiladoras tradicionales (que se caracterizaban por ser de bajo nivel tecnológico y de uso intensivo de la fuerza de trabajo). La instalación de la planta de motores de Ford Motors Co., en la ciudad de Chihuahua en abril de 1983, y la modernización de la planta de la RCA en Ciudad Juárez, anunciaba el inicio de operaciones de una nueva etapa Mientras la industria nacional en el estado tuvo pérdidas, desde los primeros cinco meses de 1983 el sector maquilador creció un 22 por ciento, al pasar de 46 mil 348 empleados a 56 mil 640, perfilándose “como una de las principales fuentes de exportación del país”. La iniciativa privada no invirtió en obras para la explotación de recursos naturales del país, orientando la inversión casi exclusivamente a la creación de parques industriales maquiladores. Este fue el caso del Grupo Chihuahua, que siguió los pasos que ya el Grupo Bermúdez había dado desde los años sesenta. 3
��������������������������������������������������������������������������������� En 1987 la empresa Cementos de Chihuahua es considerada por la revista especializada Expansión, como la empresa mexicana número 46 y, sin contar a las maquiladoras extranjeras establecidas en la entidad, el consorcio local es la industria número uno en Chihuahua por cuanto a inversión, expansión y empleo (IP; 01-87; núm.14).
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La industria maquiladora
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y Terrazas, centradas en el consorcio de Interceramic y Cementos de Chihuahua,3 respectivamente. Posteriormente, la familia Vallina Lagüera se replegó al sector forestal y finalmente concentró su actividad económica en la promoción de la industria maquiladora y la inversión en el sector financiero del sur de Estados Unidos.
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La consolidación de la industria maquiladora traería consigo la conformación de nuevos grupos económicos en torno al impulso de esta actividad. Algunos de éstos son integrados por ex funcionarios del Grupo Bermúdez, al cobijo del cual adquirieron experiencia en relaciones con inversionistas extranjeros, como es el caso de Federico Barrio. La experiencia acumulada y la convicción de que la promoción de la industria maquiladora no se debe reducir a la “renta de ladrillos y la oferta de mano de obra barata sin calificación”,4 sino que debe ser pensada como un conjunto de servicios hacia los inversionistas y hacia la comunidad, que si bien requiere de terrenos y edificios para funcionar, no puede ser reducida solamente a una cuestión de bienes raíces, sino que debe integrar otros elementos que tienen que ver con reducir el shock cultural del encuentro de sus clientes y la comunidad que los aloja, lo que les ha permitido ser más competitivos. La nacionalización de la banca es el hecho que viene a marcar un cambio en las convenciones guardadas en la relación entre los empresarios y el gobierno. De una distribución de funciones y una delimitación de los campos de acción tanto para el sector público como para el sector privado, esta fecha representará la coyuntura en la que los empresarios tomarán parte activa en el escenario político.5 4
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Comentario hecho por Federico Barrio y por Manuel Díaz en las entrevistas realizadas. Aparecerán frecuentemente en la prensa declaraciones de los principales empresarios de la entidad, como Vallina, cuyo lenguaje mantiene cierta autonomía y criticidad a las acciones del gobierno; señala que 1985 será un año de sacrificios, que la IP de Chihuahua colaborará activamente con los planes del gobierno encaminados a lograr el repunte económico del país (IP; 06-01-85 Núm. 6). En 1985 se denuncia que el gobierno del presidente MMH fue obligado a dar grandes concesiones al grupo Vallina, ante el chantaje de que si no lo hace, Vallina, Bermúdez y sus socios apoyarían nuevos triunfos del PAN... por ello el presidente De la Madrid permitió el nombramiento de Gurría Ordoñes como delegado del PRI en Chihuahua a pesar de que es un político del grupo de Carlos Hank González, enemigo acérrimo de De la Madrid. El grupo Hank y el grupo Vallina tienen muchos negocios en común. (IP; 01-86: ) Con motivo del 4o. Informe Presidencial, Eloy S. Vallina opina: “Las medidas para luchar contra los efectos de la peor crisis que ha afectado a nuestro país, son acertadas”, las estrategias son las indicadas y los resultados que se buscan son viables... Criticar es fácil, pero yo quisiera saber cuántos de quienes critican podrían haber hecho mejor que el presidente para reformar las consecuencias de la crisis (IP; 01-86).
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En 1983 se crea el Frente Cívico de Participación Ciudadana (FCPC) en el que participaron cerca de 120 empresarios del estado, entre los que se contaban los más grandes o cabezas de los grupos económicos de la época. La actividad política volvería a unir a los dueños del capital que en materia económica habían empezado a diferenciar sus empresas y sus relaciones, volviendo a dar vida a los grupos a que alguna vez pertenecieron, pero esta vez en la unidad que da la acción política. Francisco Barrio Terrazas, administrador regional y contador general de Infonavit entre 1972 y 1977, funcionario público de la administración de Manuel Quevedo Reyes en Ciudad Juárez, gerente de Mercados Amigos, propiedad de Jaime Bermúdez y presidente del Centro Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez de 1981 a 1983, fue lanzado como candidato a la presidencia municipal de esta ciudad por el Frente Cívico de Participación Ciudadana, el cual a través de una aportación de un millón de pesos de cada uno de sus miembros, financió y diseñó su campaña electoral (Pérez, 1996). Este hecho vendrá a significar una ruptura por parte del empresariado regional con los canales tradicionales de participación y un desconocimiento del partido oficial y los mecanismos corporativistas de las organizaciones empresariales como capaces de poder cubrir y representar los intereses del empresariado, dándose a la tarea de crear y dirigir sus propios instrumentos de participación y representación política. A este acto de rebeldía, el gobierno Federal respondió con la búsqueda de la reconciliación y el acercamiento a los principales empresarios de la región. En 1984 el presidente Miguel de la Madrid en una visita a Chihuahua, se entrevistó con Eloy Vallina, Federico de la Vega, Óscar Cantú y Jaime Bermúdez, para “aclarar malos entendidos” y “disipar fantasmas” con relación a la confiabilidad de la palabra del gobierno Federal. En esta reunión tanto Bermúdez como Vallina, quienes se habían beneficiado de los programas gubernamentales y habían consolidado sus fortunas al amparo de relaciones discrecionales que mantenían con el gobierno, cedieron a su protesta y volvieron al
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“redil” declarándose públicamente “nacionalistas revolucionarios”.6 Como resultado de estas pláticas, para 1986 tendríamos a Jaime Bermúdez contendiendo como candidato a la presidencia municipal y a Fernando Baeza, con el apoyo de Vallina, como candidato a la gubernatura del estado. Producto del “más costoso y avasallante operativo del gobierno central” y de la clase política regional que se sentía amenazada ante la avanzada de derecha del empresariado regional, realizó el “fraude patriótico” con el cual ganarían ambos candidatos los puestos por los que competían. Con ello el movimiento ciudadano que se había aglutinado en torno a la figura de Francisco Barrio Terrazas, quien en 1983 había sido lanzado como candidato del empresariado, se vio abandonado a su suerte; los grandes empresarios habían retirado su apoyo al movimiento opositor y habían hecho nuevamente sus compromisos con el PRI-Sistema. Sólo los medianos empresarios permanecieron fieles en su lucha por la democracia. Esta diferencia en la apreciación de la coyuntura política y los pasos a dar en la perspectiva de construcción de nuevos consensos, será causa también del proceso de reestructuración de los grupos económicos, que había iniciado en los setenta y que la lucha política de inicios de los ochenta, momentáneamente había suspendido. El ajuste de las alianzas políticas y la competitividad en los mercados serán los dos factores que estarán en la base de la recomposición de los nuevos consensos entre el sector empresarial y el gobierno del Estado, que a partir de la participación directa del empresariado en el ejercicio del poder público, se tornará una relación entre diferentes fracciones de la iniciativa privada que de manera simultánea e indistinta actúan ya sea como voceros del sector empresarial o como funcionarios de gobierno.
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En la misma reunión, Eloy S. Vallina afirmó ante Miguel de la Madrid que “los empresarios chihuahuenses son nacionalistas y están convencidos de que la única vía para la solución de los grandes problemas de México es la unidad y la concordia dentro del sistema en que el Estado es el rector de este país”. “Sin el nacionalismo —agregó— pierden sentido los valores de la patria, sin el nacionalismo no es posible concebir la libertad, la democracia y la justicia”. Es probable que el tema de la sucesión gubernamental formará parte de la agenda de la reunión, exteriorizando su deseo de poder participar de forma directa y efectiva en la selección del candidato MMH (IP, 3,5 y 23-11-84).
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En volantes aparecidos en la ciudad de México, repartidos por el Partido Laboral Mexicano en el mes de diciembre de 1985, se denuncia a FBM al mencionar que... “El gobierno del presidente Miguel de la Madrid fue obligado a dar grandes concesiones al grupo Vallina, ante el chantaje de que si no lo hace, Vallina, Bermúdez y sus socios apoyarían nuevos triunfos del PAN... Fue por ello que el presidente De la Madrid permitió el nombramiento de Gurría Ordoñes como delegado del PRI en Chihuahua a pesar de que es un político ligado a Carlos Hank González, enemigo acérrimo de MMH. El grupo Hank y el grupo Vallina tienen muchos negocios en común...” (IP; 01-86).
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El grupo económico de Vallina será víctima de la suerte política, al designar Miguel de la Madrid Hurtado como su sucesor a Carlos Salinas de Gortari, que le hace sufrir las consecuencias de los pactos políticos de que participaba como estrategia para sostener sus negocios.7 Por su parte Bermúdez fue objeto del repudio del sector empresarial de la región, al haberse impuesto como presidente municipal, acaparando las múltiples oportunidades que generaron los programas de inversión de los gobiernos federal y estatal (Salas-Porras, 1992). Actualmente, en Chihuahua es cada vez más familiar ver a empresarios prominentes competir por puestos de elección popular o hacer declaraciones a la prensa en torno a múltiples temáticas que conforman la opinión pública y contribuyen a la construcción del nuevo discurso de la sociedad civil, de la ciudadanía y las reivindicaciones democráticas con la particular característica, a diferencias de las tradicionales ONG, de que suman su fuerza económica, su poder simbólico y su intrincada red de relaciones con instancias gubernamentales a las reivindicaciones ciudadanas de carácter cívico y de desarrollo social. Dichas prácticas van tejiendo nuevas formas de participación y de representación colectiva, las cuales han venido a reformular el corporativismo a ultranza de la cultura autoritaria generada bajo la protección del Estado y el partido oficial, con lo que se empieza a dibujar un neocorporativismo cupular y se despolitiza la discusión sobre el futuro y la respuesta a las condiciones sociales de la población, al sacar estas temáticas fuera de la dinámica partidaria y las instancias de representación formales, con lo que favorece la aparición de las nuevas organizaciones intermedias en las que participan tanto el sector público como el empresarial.
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Las estrategias de acción de los grupos económicos regionales
Como hemos constatado en el transcurso de los apartados anteriores, la acción de los grupos económicos ha adquirido de forma paulatina un nivel más estratégico. A diferencia de como se aprecia a escala nacional, en el que la acción colectiva del empresariado, por el tipo de coyunturas y conflictividad, requiere una mayor articulación de las demandas del sector que le otorgue cierta homogeneidad y congruencia a su práctica para incidir, de manera efectiva, sobre la acción del gobierno u otros actores. Regionalmente (mesoestructura), considerando a la región como la división político-jurídica de la entidad federativa del estado de Chihuahua, la acción colectiva del empresario por lo general se presenta altamente heterogénea y contradictoria, a excepción de aquellas coyunturas en que se aglutina el conjunto del empresariado con otros sectores de la población en torno a demandas comunes con lo que se generan amplios movimientos ciudadanos. A este nivel mesoestructural, la acción del actor empresarial no puede ser reducida a una simple confrontación de los intereses particulares del sector empresarial con los intereses públicos generales representados por el gobierno del Estado, sino que en su práctica, se manifiestan los conflictos entre los distintos grupos empresariales, ya sea por asumir posiciones distintas desde diferentes organismos de representación de intereses o relacionados con el tamaño de sus capitales, por situarse desde diferentes sectores económicos, por encontrarse a diferentes niveles de internacionalización de sus mercados, por localizarse en distintas subregiones del estado, así como por lo intrincado de sus redes de relaciones, o por diferencias políticas o de intereses al interior del mismo sector empresarial, en relación de las acciones del gobierno o respecto de otros actores sociales. Por ello, además de la lectura del vector organismos empresariales-gobierno, deben incluirse los ejes distintivos de los miembros que conforman los organismos empresariales de la región y los diferentes niveles de relación con el gobierno del Estado, tanto de los organismos como de sus miembros en particular. Dichos factores juegan un papel determinante en la definición de las particularidades de la ac-
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ción colectiva del empresariado, la cual en el tiempo describe múltiples trayectorias políticas y económicas en la historia regional, que se imbrican y cuyos desenlaces inciden en la posición cambiante y el peso relativo de cada actor en el sistema regional, así como en la definición de las políticas del gobierno. La emergencia de los nuevos conflictos y la resolución de los mismos por vías no institucionalizadas, ha sido la pauta de acción que desencadena nuevos arreglos que vienen, posteriormente, a desplazar las reglas hasta entonces vigentes y reconstruir las significatividades colectivas a través de discursos novedosos, el tejido de nuevas relaciones sociales y la construcción de horizontes de futuro distintos. A lo largo del periodo pueden distinguirse tres grandes etapas de la acción del empresariado regional. En el eje empresarios-gobierno del Estado se distingue una primera etapa no conflictiva que va del inicio del periodo de Óscar Ornelas en 1980 hasta su renuncia en 1985, al interior de la cual están contenidos los conflictos de los ganaderos con el gobierno Federal, la recomposición de los grupos económicos (Chihuahua y Bermúdez) iniciada a finales de 1980, el movimiento empresarial regional contra la nacionalización de la banca en 1982, el triunfo panista en las principales ciudades del estado en 1983 y la reacción de la clase política regional con la renuncia del gobernador Óscar Ornelas K. en 1985. La segunda etapa altamente conflictiva abarca desde la renuncia de Ornelas —la que es interpretada desde el sector empresarial como un golpe a la colaboración y la cercanía que el gobierno estatal había mantenido con la iniciativa privada—, hasta la eventual reconciliación del empresariado con el gobierno de Baeza en la segunda parte de su administración en 1990. En esta etapa se identifican: la reconciliación de los grandes empresarios con el gobierno Federal y el retiro de su apoyo al movimiento opositor panista en 1985; la anulación del triunfo panista en el IV Distrito Electoral por tercera ocasión consecutiva, lo que permite que la mayoría priísta en el Congreso modifique el Código Administrativo del Estado de Chihuahua, para dificultar la acción electoral de la oposición y favorecer las formas de organización del PRI con miras a las elecciones de 1986 (Lau, 1989a. P. 17); la
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renuncia del gobernador en 1985, como reacción de la clase política regional al sentirse desplazada por el peso que adquirió el sector empresarial como interlocutor privilegiado del gobierno del Estado y por permitir la consolidación del movimiento opositor acusándolo de haber posibilitado el triunfo panista y la subversión empresarial (Lau, 1989a. P. 16); el fraude electoral de 1986 en el que las cámaras (Canacintra y Canaco) se mantienen al margen y el Centro Coordinador Empresarial apoyó la desobediencia civil y el movimiento ciudadano; el fin del movimiento de insurrección democrática y el gradual acercamiento del sector empresarial con el gobierno de Baeza en materia de fomento económico para finales de 1990. La tercera etapa abarca de 1990 hasta 1995, en la cual, a partir de la práctica salida de Bermúdez y Vallina del escenario público regional, tanto del político como del de negocios, se construye un consenso político y económico que se expresará en las elecciones de 1992 y quedará plasmado en los documentos principales de la etapa, como el presentado por la iniciativa privada a los candidatos del PRI y del PAN durante la campaña electoral, el Proyecto Chihuahua Siglo XXI y el Plan Estatal de Desarrollo.
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Las estrategias de acción
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En este movimiento de los actores principales descubrimos dos grandes estrategias de acción: la impulsada por los grupos económicos tradicionales como Bermúdez y Vallina y la ejecutada por los grupos económicos emergentes, entre los que sobresalen el Grupo Cementos de Chihuahua, de la familia Terrazas; el Grupo Interceramic, de la familia Almeida y el Grupo Argos de la familia Fernández. La primera se caracteriza por cerrar una etapa de concentración y de crecimiento al interior de la región en base al control de múltiples empresas de diferente sector económico y el inicio de una nueva etapa de expansión hacia el resto del país y el sur de Estados Unidos, a partir del repliegue de su actividad económica hacia la promoción y el impulso de la industria maquiladora y las actividades financieras (Salas-Porras, 1992). Con ello, su capacidad de incidencia en el ámbito económico regional se reduce, y por consecuencia, su fuerza de nego-
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Esta nueva estrategia de acción se hizo evidente en el Primer Congreso de Empresarios Chihuahuenses, convocado por el Consejo Coordinador para el Desarrollo Económico del Estado, el 14 de marzo de 1996, en la ciudad de Chihuahua. Los objetivos fueron: 1. Lograr el acercamiento entre empresarios en cada sector de la actividad económica. 2. Generar participación entre la definición de la política industrial del Estado, logrando consenso para emprender rumbos. 3. Promover la actitud positiva. 4. Conocer las em-
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ciación y de presión política hacia el gobierno del Estado. Durante la mayor parte del periodo estos actores le apostaron a la recomposición del sistema político tradicional y al modelo económico neoliberal de forma discriminada. La fuerza de sus alianzas al interior de la región se basó en gran medida en las relaciones cupulares de que participaban a nivel nacional, y su estrecha relación con los grupos de poder político y económico situados fuera de la región, lo que los llevó a descuidar sus relaciones con el conjunto de los distintos sectores empresariales del estado y la construcción de consensos en base a la obtención de beneficios concretos para la mayoría de los agentes económicos de la región. De ahora en adelante, para incidir en las políticas del gobierno en los ámbitos de su interés, tendrán que coordinarse entre sí y con otros similares, ya que ambos han ajustado su centro de interés y de acción en torno al desarrollo de la maquiladora a nivel nacional. Ambos cuentan con los recursos y la experiencia necesaria para construir parques industriales, gestionar la localización de empresas internacionales y brindar los servicios necesarios para su instalación en varias partes del país, en las que han encontrado socios o en donde han iniciado un proceso similar al vivido en la etapa anterior del estado. La segunda estrategia se caracteriza por el surgimiento de grupos económicos, que pretenden fincar su poder en la construcción de consensos amplios en torno a la búsqueda de posibilidades de crecimiento para el conjunto de los empresarios en la nueva coyuntura internacional, de tal manera que puedan modernizar su planta productiva y aprovechar los nichos de mercado, ya sea como subcontratista o articulador de empresas surtidoras de insumos para una cadena productiva específica de la región o de alguna transnacional que pretenda arraigarse en el sistema productivo regional.8
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El modelo que se impulsa, el Proyecto Chihuahua Siglo XXI, pretende copiar los ejes de acción económica exitosos en otras partes del mundo, como el norte de Italia, por lo que su énfasis es promover la conformación de los clusters o bloques económicos, que consisten en pequeñas y medianas empresas productivas y de servicios, articuladas a través de alianzas económicas que les permita integrarse hacia adelante y hacia atrás, para conformar una cadena productiva de un ramo industrial en particular. presas, proyectos de éxito, programas existentes y apoyos. 5. Crear directorio de empresas, servicios, productos y necesidades de cada empresario. Como dato sobresaliente, a la entrada de Hotel Camino Real, donde se efectuó el congreso, se encontraba una gran manta de ocho metros por tres de ancho en la que se encontraba el tradicional BIENVENIDOS al centro de dos logotipos que sobresalían por su tamaño, el de Cementos de Chihuahua y el de Interceramic. En la inauguración del congreso se encontraban en el presidium, a los extremos del gobernador Francisco Barrio Terrazas, los señores Federico Terrazas Torres y Óscar Almeida, inversionistas mayoritarios de las empresas mencionadas anteriormente, respectivamente. Uno de los ponentes fue el señor Giulio Cicognani, director general y vicepresidente del consejo de administración de SACMI Coperativa Meccanici Imola, quien expuso el modelo económico italiano de la Emilia Romana, sobre la base de la experiencia de su empresa, el cual, a decir del autor, “es muy parecido al que se quiere impulsar en Chihuahua, sólo que ellos tienen ya 20 años impulsándolo, y el de aquí apenas comienza, pero va muy adelantado para el poco tiempo que lleva”. Su exposición se basó en explicar el esquema de empresa “Business to Business” y “Business to Market”, el cual comparó con la propuesta de cluster en que se basa el Proyecto Chihuahua Siglo XXI. Finalmente el señor Enrique Terrazas Torres, director general de Fomento Económico del Estado, presidente del Consejo Administrativo de Copachisa, S.A. de C.V., Estructuras Metálicas y de Concreto, S.A. de C.V., Inmobiliaria Ruba, S. A. de C.V:, Constructora Ruba, S.A. de C.V., Placas Aislantes, S.A. de C.V., y Desarrollo Galápagos, S.A. de C.V., hizo una presentación de la “Empresas Chihuahuenses Exitosas”, en la que se destacaron los logros alcanzados por las dos empresas ya mencionadas y otras que empiezan a colocarse de mane¬ra exitosa en los mercados internacionales. Al final de las exposiciones, se hizo una presentación de un audiovisual sobre el Fondo Social del Empresariado Chihuahuense, en el que se destaca el sentido filantrópico de los empresarios y las obras sociales con que se está contribuyendo así como de la noticia de que se recibió un aportación de 5 millones de pesos por parte de Sedesol, para continuar con las obras de la asociación. En las conclusiones del Congreso se insistió en la necesidad de incluir a la educación dentro de las estrategias insigne de gran impacto del Proyecto Chihuahua Siglo XXI, porque “es en la educación y la capacitación de los recursos humanos donde se encuentra la base del desarrollo”. Con base en las anotaciones de la observación del evento y la grabación del mismo.
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Este término es usado por Boisier para referirse a un modelo de planeación, participativo e incluyente, que si bien no es democrático en sentido estricto, sí considera a los líderes más sobresalientes de una comunidad para la definición de los objetivos y las estrategias. Véase la obra de Boisier (1991).
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En el ámbito político, se saca de la discusión partidista y del sistema político formal el proyecto económico, ya que se reivindica su carácter pragmático de revisión permanente al interior de las instancias y espacios que se han abierto para ello, en los que en principio pueden participar todos los interesados. De la misma forma, se pretende que el Proyecto Educativo y toda reivindicación relacionada con el desarrollo social, se despolitice y se concentre en revisar a profundidad los obstáculos y las potencialidades del sistema educativo actual, al margen de reivindicaciones sindicales o de intereses de grupo, sino que se responda efectiva y técnicamente a las exigencias actuales que imponen la economía y el proceso político-social, que fortalezca la unidad de todos los sectores ante la urgencia de encontrar salidas que beneficien a todos. Es un proyecto incluyente, o cooptativo,9 que pretende constituirse como “el proyecto” para la región, en torno al cual se tejen las alianzas y se reestructuran los grupos de presión, que de antemano, por las nuevas reglas del juego, deben reivindicar alguna fracción de la realidad para hacerlo operativo y desde ahí participar en la negociación, la construcción de consensos y la definición del reparto de los recursos y bienes públicos. Es un plan que reivindica la funcionalidad pragmática, antes que la participación política, por lo que combate las falsas representaciones numéricas de las organizaciones corporativistas tradicionales y exige resultados y formas concretas de evaluación y legitimación permanente. Su fuerza se basa en las ideas básicas de productividad, competitividad, calidad y excelencia, en torno a las cuales se construyen los nuevos consensos. Legitimado por la participación de los “expertos internacionales”, dicho modelo exige a los interesados la asimilación de la nueva cultura empresarial y del Know-How, que promueve la adopción de los objetivos generales del proyecto y la participación marginal respecto
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de los iniciadores hasta demostrar que se es uno de los “ganadores” en quien se puede depositar algún liderazgo o cargo de responsabilidad. En el núcleo central de esta red, que se articula y desarticula a capricho de las iniciativas y los interesados que las promueven, se encuentran los empresarios de las empresas “exitosas” de Chihuahua: Cementos de Chihuahua e Interceramic, que permanentemente son presentadas como “ejemplo de lo que los chihuahuenses pueden hacer”.
La relación de los grupos económicos y el gobierno del Estado en las tres últimas administraciones
La relación del gobierno estatal con el sector empresarial ha sido un elemento permanente en las tres administraciones, sin embargo, esta relación ha ido en aumento y se han transformado las formas y canales de relación. Durante la administración del licenciado Ornelas, muchos de los programas de la Dirección de Fomento Económico estaban a cargo de sus sobrinos Sergio y Julio Ornelas, lo que generó gran descontento entre el sector empresarial y la clase política del partido oficial. Julio era director de un consorcio que se llamaba Nortexport, antes de que el licenciado Ornelas fuera gobernador y Sergio trabajaba en lo que después pasó a ser la Promotora de la Industria Chihuahuense. No obstante estos problemas, el gobierno de Ornelas mantuvo una buena relación con el sector empresarial, “cuantas veces el sector privado se acercó para pedirle apoyo para el fomento económico, el licenciado Ornelas respondió y apoyó de una manera decidida y de una manera abierta”, menciona Federico Barrio en una entrevista. Fernando Baeza “llegó a la gubernatura con un desprestigio serio y se echó a cuestas la tarea de legitimarse como gobernador y uno de los sectores que buscó de manera estratégica fue el sector empresarial. De esta manera, de forma consciente fue trabajando la relación con el sector empresarial. Una forma de provocar esa relación fue incorporando a su equipo a dos empresarios prestigiosos, uno fue don Ricardo Wildrom, quien estuvo al frente de la Dirección de Fomento Económico, ya que fue director de la misma, y otro fue Leoncio Sepúlveda, ambos de mucha confianza de Baeza y que gozaban de prestigio en el
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La principal preocupación empresarial es lograr una alternativa de desarrollo de la región, un nuevo proyecto que saque a Chihuahua del “bache” actual y lo ponga en condiciones óptimas ante la llegada del Tratado de Libre Comercio. Durante diciembre de 1992, un grupo de empresarios representativo del estado, reunido en el Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua, propuso una serie de ideas que llamó “Propuestas Globales Estratégicas para el Próximo Gobierno Estatal”, documento que se presentó a los candidatos del PRI y del PAN en un foro que se televisó y en el que los candidatos debatían en torno a los cuatro puntos del documento que prepararon los grupos económicos del estado: 1) objetivo estratégico del desarrollo, 2) modernización gubernamental, 3) modernización social, 4) desarrollo económico (Aziz, 1994).
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medio empresarial. Don Ricardo Wildrom, por su prestigio personal y por el respeto que le tenía el licenciado Baeza, empezó a darle una personalidad propia a la tarea de fomento económico con un resultado bueno, gestionó un mayor acercamiento del Estado con el sector empresarial. Wildrom trascendía las fronteras de las oficinas de Fomento Económico, de las oficinas de Desarrollo Urbano, de las oficinas del Congreso del Estado, como que era un ministro sin cartera, era un gestor empresarial que cruzaba las barreras formales de las distintas dependencias y eso provocó un acercamiento con el gobierno del Estado de una manera natural, en ningún momento los sectores empresariales se sintieron incómodos”, menciona en la entrevista el hermano del gobernador. Este proceso de estrechamiento de la relación del gobierno estatal con el sector empresarial, propició que en la administración de Francisco Barrio las relaciones fueran excelentes y se viera con naturalidad la acción conjunta de ambos sectores en la promoción del desarrollo económico. Durante las campañas electorales hubo expresiones muy elocuentes en relación al acercamiento con el sector empresarial, mientras que el slogan de Macías era “Más desarrollo para Chihuahua”, haciendo alusión a la demanda central del sector empresarial, Barrio incluía en su plataforma electoral el punto de “competitividad internacional”.10 Yo siento (menciona Federico Barrio) que en cierta medida eso fue el desenlace del proceso que se había iniciado con el licenciado Ornelas, que se dio con el licenciado Baeza y que vino a desembocar en la actual administración... estoy seguro que no hubiera sido diferente
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con Macías, los dos compartían la misma característica: los dos son empresarios. A diferencia de las otras administraciones, la actual cuenta con mayores recursos para la promoción del fomento económico que realiza la dirección del mismo nombre, recursos que no se habían destinado nunca para esta función de gobierno. Actualmente tiene un presupuesto que le permite realizar una serie de acciones, y lo más importante es que puede contar con el respaldo real de todo el gobierno y el apoyo de los empresarios más destacados de la región. Los marcos e instrumentos brindados por el Sistema Nacional de Planeación Democrática fueron transformados e institucionalizados de forma paulatina en la estructura del gobierno estatal, siendo objeto de profundas adaptaciones e incluso apareciendo nuevas formas de planeación y mecanismos de participación no contemplados en los marcos regulatorios generales. En este proceso ha sucedido un cambio sustancial en la concepción de “participación social” que se contemplaba como una característica central del Sistema Nacional de Planeación Democrática, en la que gobierno, iniciativa privada y sectores sociales coadyuvaban en el esfuerzo de promover el desarrollo. Actualmente se ha reducido dicha participación tripartita a una acción entre “gobierno y sociedad” en la que se equipara la participación de la sociedad con la del sector empresarial, por lo que el empresariado, y en particular los grandes grupos económicos regionales, adquirieron una relevancia predominante. En tanto, se ha relegado al sector social de la toma de decisiones, reduciéndose lo democrático de la planeación a acciones, tal vez más pluralistas al interior de la élite empresarial, a una decisión de democracia restringida, en la que la construcción de consensos operativos no necesariamente atraviesa por la participación del conjunto de los sectores que componen la sociedad regional. Las acciones que se desprenden de este tipo de relación pueden ser agrupadas en tres clasificaciones, que a su vez corresponden a características de las mismas acciones y a periodos de su ejecución, como desarrollo en los tres apartados siguientes.
Administración de Óscar Ornelas (1980-1986) En mayo de 1979 se publicó el primer Plan Estatal de Desarrollo (PED). Acorde con los lineamientos del Sistema Nacional de Planeación Democrática, en los seis volúmenes que lo componen, se encuentran las metas y las estrategias para los sectores de la actividad económica y para las diferentes subregiones del estado de Chihuahua. Este PED es adoptado posteriormente por la administración de Óscar Ornelas, ya que inicia en octubre de 1980. El PED es un documento que guarda el formato oficial propuesto por el gobierno Federal, en el que se atiende la división tradicional de los sectores económicos: agricultura, ganadería, forestal, industria, minería, pesca y turismo, y en el que se incluyen sectores de apoyo como comercio, comunicaciones, asentamientos humanos, además de que se hace énfasis especial en los sectores sociales de la alimentación, la salud, la seguridad social y la educación. Por ser un documento producido por un equipo del centro de la República y como resultado de un compromiso institucional del go-
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Es en los planes estatales de desarrollo, tanto en su proceso de elaboración como en la forma que adquiere el contenido de los mismos, en los que se reflejan los consensos operantes entre el gobierno en turno y los principales actores regionales de la época. Al igual que sucede a nivel nacional, en el estado se va asumiendo una posición cada vez más pragmática de la planeación. Los planes estatales de desarrollo reflejan, de forma paulatina, el abandono del discurso y las estrategias de desarrollo del modelo de sustitución de exportaciones, avanzando hacia una mayor coherencia de sus estrategias con la realidad regional y estrechando cada vez más la colaboración del sector público y del sector privado, hasta llegar en la pasada administración de Francisco Barrio a un discurso y unos instrumentos de coordinación que adquieren dimensiones de modernización técnicas sorprendentes en comparación a sus antecesores inmediatos.
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Los planes estatales de desarrollo: de una acción dirigida a una acción consensuada
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bierno del Estado de Chihuahua con la federación para inaugurar el Sistema Nacional de Planeación Democrática, sus objetivos reflejan más una homogeneidad con respecto a los objetivos trazados por el Plan Global de Desarrollo, que con las urgencias y necesidades de la realidad regional.11 Lo más sobresaliente de esta administración en materia jurídica o en el ámbito de la regulación, es la modificación del Código Administrativo del Estado. En 1980, al inicio del periodo del licenciado Óscar Ornelas, el Congreso del Estado emite un decreto que viene a derogar el Decreto No. 497-74 que había sido presentado por el entonces gobernador del estado Manuel Bernardo Aguirre. En él se definen las responsabilidades del gobierno del Estado en relación a su organización administrativa, así como las diferentes figuras jurídicas a través de las cuales se ejercerá el desempeño de la acción de gobierno. Además, en este decreto se asume la responsabilidad correspondiente al nuevo Sistema de Planeación Democrática Nacional, de realizar un Plan Estatal de Desarrollo así como el tener que brindar informes anuales de sus actividades y de los estados financieros del gobierno estatal. Otra modificación relevante introducida por este decreto, es que con él se constituye la Dirección de Fomento Económico que viene a sustituir al antiguo Departamento de Economía que dependía de la Dirección de Planeación del Estado.
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Entre los objetivos generales que se planteaba, destacan estos: Expansión del área productiva. Promover más intensa y racionalmente los recursos naturales con que cuenta el estado, sobre todo en minería y bosques. Integración territorial. Lograr la incorporación a la actividad económica de vastas áreas a través de la extensión de la red camionera con énfasis en la región serrana. Despegue industrial. Con base en el Plan Nacional de Desarrollo Industrial, consolidar las bases para el crecimiento acelerado de la industria chihuahuense. Poblamiento. Con base en las previsiones del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, ordenar el desarrollo de los asentamientos humanos para dotar a toda la población de los servicios básicos de agua, salud, educación, etcétera. Alimentación. Poner al alcance de todos los chihuahuenses alimentos de alto valor nutritivo y bajo costo. Véase el PED (1979).
La Dirección de Fomento Económico del Estado nace con los siguientes objetivos: promover, fomentar e impulsar las actividades industriales, comerciales, turísticas y mineras de la entidad. Asesorar y orientar a los inversionistas para la creación de empresas industriales, comerciales, turísticas y mineras. Establecer un sistema de información industrial, comercial, turístico y minero, así como los mecanismos necesarios para su difusión. Levantar y mantener actualizado el inventario de recursos naturales y de infraestructura industrial, comercial, turística y minera. Proporcionar asistencia técnica a la pequeña y mediana minería e industria, en coordinación con el Gobierno Federal, estatal y municipal, así como los sectores privado y social. Coordinar los planes y programas en materia financiera, fiscal, administrativa y social para lograr un mejor funcionamiento del sector minero, industrial y de servicios. Establecer acciones y programas encaminados hacia la modernización del sector comercial y la función del abasto en el estado, en coordinación con el gobierno federal, estatal y municipal y de los sectores privado y social. Dirigir y vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales en materia de industria, comercio, turismo y minería. Las demás que le fijen expresamente las leyes y sus reglamentos. Véase el Código Administrativo Estatal. 13 Varios trabajos han analizado las particularidades del proceso electoral de 1986 en Chi-
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Por el perfil de la nueva dirección12 y la dinámica en la que va a entrar el gobierno del Estado paulatinamente en las próximas administraciones, esta dependencia adquirirá un relevancia central en las mediaciones con el conjunto de los agentes económicos regionales y en particular con los grupos económicos más importantes. Posteriormente, el 30 de septiembre de 1986, un año antes de terminar su periodo, Óscar Ornelas es sustituido por Saúl González Herrera; en su corto periodo de funciones el Congreso del Estado emite el Decreto número 4-86, con el cual se deroga parte sustancial del decreto anterior, modernizándose la estructura administrativa y de ejercicio de gobierno del Estado, sin modificarse las características de la Dirección de Fomento Económico. Este decreto se enmarca en una serie de cambios con los que se institucionalizan varias de las funciones que el gobierno estatal tiene de acuerdo con la Constitución General de la República como es la Dirección de Fortalecimiento Municipal, en la que se atiende la relación institucional de ambas esferas de gobierno. De acuerdo con algunos analistas, dichos cambios obedecen más al ajuste necesario que se tenía que hacer para preparar el terreno al fraude electoral que se cometería en 1986 en contra del Partido Acción Nacional.13
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Administración de Fernando Baeza 1986-1992 En la administración de Fernando Baeza Meléndez se implantó el “Plan Chihuahua”, correspondiente al Plan Estatal de Desarrollo que define el Sistema Nacional de Planeación, el cual se presenta como el marco contextual más amplio del Sistema Estatal de Planeación (Segundo Informe de Gobierno, 1987). En él se plasman los objetivos políticos, económicos y sociales de la acción de gobierno de este periodo como son: • Conservar y fortalecer las instituciones democráticas en el ámbito estatal, manteniendo las relaciones político-administrativas con los niveles de gobierno federal y municipal en un plano de cordialidad y respeto, alentando la participación ciudadana. • Acelerar la descentralización y modernización de los procesos políticos, jurídicos y administrativos del gobierno estatal, para consolidar el fortalecimiento municipal, elevar la eficiencia del sector público y simplificar la relación gobierno—sociedad. • Obtener un crecimiento sostenido y equilibrado, tanto sectorial como regional, que propicie un desarrollo estatal armónico e integral. • Lograr mejores niveles de vida y bienestar para el pueblo chihuahuense, basados en una mayor distribución de los beneficios del crecimiento económico, preservando el orden jurídico y el constante mejoramiento de los servicios para la procuración e impetración de la justicia.
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Para el logro de estos objetivos y partiendo del principio de que “el gobierno organiza, coordina y orienta, pero es el pueblo quien realiza las acciones y logra los objetivos que él mismo hace suyo” (Informe de Gobierno, 1986), se establecieron las siguientes estrategias:
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Se procurará aprovechar las ventajas que el estado ofrece en cuanto a: situación geográfica, niveles de infraestructura y huahua, es Rubén Lau quien desarrolla más esta hipótesis. Véase Lau (1989).
Sobresale de este PED el esfuerzo que se hace por respetar los formatos oficiales de planificación a la vez que se intenta abrir nuevos planteamientos para la planificación, como se puede leer del contraste de la estrategia que considera como factor principal la ubicación geográfica del estado como ventaja frente a la economía internacional con las políticas de carácter sectorial a la usanza tradicional, así como la mención discursiva que se hace de las políticas de desarrollo social. Es evidente el contraste que se mantiene en el discurso empleado en el documento entre una preocupación social y política que pretende orientar y definir los objetivos generales desde una lógica “tradicional” del gobierno y la defensa del “bien común”, con la definición de las estrategias en las que destaca la inclinación por priorizar las actividades económicas más dinámicas del estado como lo es la maquiladora. En dicho contraste se manifiesta la necesidad de mantener cierta formalidad en la acción de gobierno acorde con los formatos oficiales de la federación y el peso que ya significaban las presiones de los intereses de los grupos económicos regionales.
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educación, para convertirlo en la plataforma de exportaciones no petroleras que el país está requiriendo e incrementar la captación de divisas. Se buscará la integración y ordenación del territorio estatal, de las actividades económicas y los asentamiento humanos, a través de la implementación de infraestructura camionera, así como también dotar a las ciudades medias de la infraestructura básica requerida para fortalecer sus procesos de desarrollo. Se promoverá el desarrollo industrial basado por una parte en el aprovechamiento de la producción primaria (agropecuaria, forestal y minera principalmente) y por otra parte, con base en la industria maquiladora para desarrollar una industria local integrada con orientación exportadora. Se alentará el desarrollo de sistemas de organización de la población tanto para los aspectos productivos como para el complemento de la infraestructura social, alentando la creación de patronatos, asociaciones civiles, comités, etcétera.
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Esta presión de la realidad regional y de la dinámica económica del estado terminará conciliándose con los intereses de la nación en un discurso en el que se prioriza el captar más divisas para el pago de la deuda y para el equilibrio de las finanzas públicas, convergiendo las cúpulas político-económicas nacionales con las regionales. Lo anterior sin que por ello desaparezca del todo en la formulación formal de las políticas que aparecen en los documentos oficiales, de manera discursiva se diga que se pretende impulsar como prioridad las actividades del sector primario y la industria nacional, para lo cual se definan objetivos muy generales que no resultan viables; ambigüedad que posibilita la acción discrecional y que al final la dinámica económica regional, con sus respectivos actores económicos, se vaya imponiendo sobre la voluntad de la lógica de gobierno. Administración de Francisco Barrio (1992-1998) En abril de 1993 es publicado el Plan Estatal de Desarrollo de la administración del Contador Público Francisco Barrio Terrazas. Este documento tiene el carácter de “marco general de referencia del proceso de planeación en la sociedad chihuahuense” y presenta diferencias significativas de sus antecesores. En él se suprime el apartado de marco jurídico que tradicionalmente antecedía a la presentación de los diagnósticos y los objetivos y estrategias, lo que le da un imagen distinta, ya que pierde carácter institucional, es decir, de coordinación de las leyes estatales con las federales y de los distintos niveles de gobierno con el sector social y privado, lo que le daría fuerza como instrumento de gobierno. En lugar del tradicional marco jurídico, aparece un lenguaje en primera persona con el que se apela al poder y la legitimidad que da la persona del gobernador, su compromiso con la sociedad y su liderazgo, que en palabras del mismo gobernador representa una “nueva coyuntura” para el inicio de “una nueva política” que refleje la decisión del pueblo expresada en las urnas y que posibilite el impulso de “nuevos liderazgos sociales y políticos en México”. En el discurso utilizado en el documento, resalta la lectura que hace el gobernador Barrio de esta coyuntura como una “oportunidad mag-
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nífica de caminar hacia la modernidad económica, política y social”, contando con el soporte que brinda la Constitución de la nación y del estado, ya que su mandato y el Plan Estatal de Desarrollo son el resultado de una “nueva circunstancia política”, que al mismo tiempo que genera grandes expectativas en la población, ha propiciado una actitud de mayor participación de la sociedad en la definición y realización de las acciones y programas de gobierno. Por ello, dice convencido el gobernador:
Además de lo anterior, se suprime el apartado de diagnóstico y en su lugar se desarrolla un marco general en que se presenta un análisis del contexto internacional, nacional y estatal en que se enmarca el nuevo plan, en el que sobresale el diagnóstico que se hace de la situación económica general en la que se descubre que la apertura económica “implica que algunos instrumentos de política económica que antes eran autónomos, ahora deben funcionar en sincronía con patrones internacionales, de la misma forma que la orientación económica de ciudades y regiones está cambiando significativamente, demandando infraestructura y servicios acordes al nuevo contexto internacional de localización industrial, servicios a la producción y el intercambio comercial, creando nuevos espacios y reafirmando otros, lo que implica un cambio del aparato productivo, pero también la modernización administrativa del aparato gubernamental que apoye las iniciativas de los particulares” (Sexto Informe de Gobierno, 1992). A los objetivos les antecede la definición de un propósito: “Crear condiciones para la realización integral de los chihuahuenses”; una misión: “Ordenar y hacer eficiente la función de gobierno y la actividad comunitaria para revitalizar y armonizar el desarrollo del estado” y una visión que se pretende alcanzar en el largo plazo, de la que sobresale
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no es un plan del gobierno para la sociedad, sino un plan de la sociedad misma”, ni mucho menos “un catálogo minucioso de obras y proyectos a desarrollar, sino un instrumento que define las prioridades y las líneas de acción que, concertadamente, sociedad y gobierno deben llevar a cabo.
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como ejemplo de la concepción que está presente en el conjunto del documento: “Hay inversión productiva, alta competitividad en todos los sectores y el nivel de salarios y empleo es el adecuado para un desarrollo balanceado de los sectores productivos”. Los objetivos generales se definen a partir de la concepción del desarrollo regional como “un proceso de transformación de la base productiva; como un mejoramiento de las condiciones económicas, jurídicas, sociales y culturales de cada uno de los chihuahuenses y como la consolidación de nuestras instituciones, todo esto basado en la participación democrática de la sociedad” y en relación al propósito del gobierno estatal que plantea: w Democratizar al gobierno y la sociedad w Elevar la calidad de vida de todos los chihuahuenses w Consolidar la economía del estado a niveles de competitividad internacional w Modernizar el aparato administrativo del gobierno
Por último, se suprime el diagnóstico sectorial y regional. La elaboración de las estrategias se define más como plan de gobierno que como una análisis de diagnóstico-pronóstico, como se acostumbraba anteriormente, definiendo siete ámbitos distintos de la acción gubernamental, cada uno de ellos con un balance, objetivos y acciones:
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w Democratización del gobierno la sociedad w Seguridad y justicia w Desarrollo económico w Competitividad internacional w Desarrollo social w Desarrollo urbano w Reforma administrativa
Con esta forma de elaborar el PED, se suprime el desglose de estrategias y políticas de forma sectorial y regional, dejando su desarrollo en la aparición de proyectos y programas especiales a nivel estatal, algunos de los cuales son mencionados en el documento, en los que
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sobresale el Proyecto Chihuahua Siglo XXI, para el fomento de la economía del estado. A diferencia de los planes que lo anteceden, que se debatían por apegarse al formato oficial, éste tiene un marcado propósito de hacer coincidir la acción de gobierno con la dinámica económica, y sobre todo con el proceso de reestructuración productiva que se está viviendo en la región a raíz de la apertura comercial y los estragos de la crisis económica nacional. De esta manera, las demás funciones del gobierno se orientan en torno a ésta (el fomento económico), que se muestra como la prioridad real del gobernador y del grupo económico al que pertenece, abandonando no sólo el discurso que priorizaba el compromiso del gobierno con el grueso de la población, y en especial con la más necesitada, sino que se orientan las políticas educativas, de vivienda y de salud en la lógica de hacerlas compatibles con el proceso de reestructuración productiva y no en función de cubrir los déficits o mejorar la calidad de dichos servicios. Se muestra así una mayor coherencia en la acción de gobierno, bajo una lógica economicista y proempresarial, respecto de los requerimientos productivos, de eficiencia y calidad total del empresariado y con ello se reivindica, implícita y explícitamente, al sector empresarial del sector productivo como el interlocutor y el agente principal del desarrollo regional. Por ello podemos decir que en los últimos quince años la acción del gobierno del Estado ha pasado de una acción institucional con cierta autonomía en la conducción, tanto de los procesos sociales como económicos de la región, bajo una la lógica de lo “público”, a una acción desde una lógica de racionalidad económica, en la que se diluyen las fronteras entre lo público y lo privado, con la pérdida de autonomía que ello implica, al asumirse como responsabilidad del gobierno el responder a la recuperación urgente de la economía regional. En materia de planeación y en particular la actividad de fomento económico, de ser una acción complementaria de las funciones que caracterizaban la acción del gobierno, ha pasado a constituir el eje central en torno al cual se reestructuran dichas funciones tradicionales adquiriendo la acción del gobierno del Estado una nueva fisionomía.
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La promoción del desarrollo económico como acción prioritaria: hacia una mayor racionalidad económica de la acción de gobierno
Si bien la revisión del estado que guardan los marcos de regulación dados por los PED, nos permiten observar cierta relación de la acción de gobierno con la acción del sector empresarial, ésta sólo queda más explícita cuando revisamos el conjunto de acciones que desempeñaron cada una de las administraciones. Los PED son expresión y resultado de un proceso de concentración y construcción de consensos entre el gobierno estatal y los actores regionales. En ellos se expresa la respuesta sistematizada a las demandas planteadas por los actores regionales al candidato triunfante durante su periodo de campaña electoral y las líneas generales que el nuevo gobierno en turno asume para interactuar con dichos agentes. Son a la vez estructurados por la acción de los actores regionales y referencia obligada para la acción de estos mismos. En la acción de gobierno encontramos una referencia permanente a los PED, pero también un referencia a la interlocución que se mantiene con los actores regionales, por ello la acción del gobierno del Estado es siempre producto de una acción contextualizada, bajo las condicionantes impuestas por estos dos ejes principales. De esta forma se asume como principio gnosiológico que tanto los actores regionales como el mismo gobierno estatal asumen e integran en su práctica (haciendo una síntesis de sus objetivos, intereses, posibilidades y recursos) las determinaciones de las estructuras de los niveles superiores como lo es el gobierno Federal y la dinámica económica nacional e internacional, con lo que se recupera como significativa para la acción de gobierno en materia de fomento económico, como el ámbito en que se expresa la interacción del sector público con el sector privado, de una forma contextualizada. Así, a lo largo de estas tres administraciones, la acción de gobierno en materia de fomento económico osciló de una acción asistencialista, de apoyo directo a los agentes bajo una lógica de corto plazo que refuerza las estructuras corporativas de control político y social (Administraciones de Óscar Ornelas 1980-1986 y Fernando Baeza 1986-
Promotora: Corresponde a las acciones dirigidas a reforzar la acción de la empresa descentralizada del gobierno, Promotora de la Industria Chihuahuense, encargada de promover la creación de parques industriales propiedad del estado y la atracción de inversión extranjera para su localización en dichos parques. Fideapech: Son las acciones del gobierno estatal para fortalecer la mediana y pequeña industria a través del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua. Promoción financiera: Corresponde a aquellas acciones de incentivos fiscales o apoyo financiero por parte del gobierno estatal o por intermediación de él. Promoción no financiera: Son todas aquellas acciones en la que no se destinan recursos públicos de forma directa a los agentes productivos, sino que se orienta a la difusión, marketing, creación de organismos in-
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1992), a una de carácter proactivo, que requiere una disposición de cambio por parte de los agentes, con lo que se crean condiciones para la constitución de actores regionales más activos y productivos, misma que contribuyó a romper con las estructuras corporativas autoritarias y a la generación de un nuevo corporativismo de carácter más cívico y social (Administración de Francisco Barrio 1992-1998). Mediante la revisión del apartado de Desarrollo Económico de los informes de gobierno de las tres administraciones (con excepción de los informes de 1981-1982 y 1982-1983 de la administración de Ornelas y el tercero de Barrio de 1994-1995) se pudieron cuantificar un total de 84 acciones, de las cuales 14 correspondieron para la Administración de Ornelas que equivalen al 16.66 por ciento, 15 para la administración de Baeza con el 17.85 por ciento y 55 para la de Barrio, lo que equivale al 65.47 por ciento. Estas acciones se ordenaron en cinco rubros de acuerdo a la presentación de los informes, ya que la enumeración de las mismas en los documentos oficiales manifestaban un patrón que fue aprovechado para diseñar dicha clasificación. Los rubros son:
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termedios o el reforzamiento de las relaciones entre los agentes productivos y de éstos con el gobierno. Reforma administrativa: Corresponde a todas aquellas acciones orientadas a modificar los marcos jurídicos, sean leyes o reglamentos; ampliar funciones de las dependencias de gobierno o la creación de nuevos organismos de gobierno para la tarea de fomento económico.
De estos rubros, como podemos ver en el cuadro 2, la administración de Ornelas se caracterizó por concentrar sus acciones en la Promoción Financiera y el impulso a Promotora, correspondiendo a un 71.42 por ciento (10 de 14 acciones); la administración de Baeza se ocupó en la Reforma Administrativa con un 40 por ciento (6 de 15), y la administración de Barrio sobresalió por su Promoción no Financiera con un 56.36 por ciento (31 de 55) respecto de su propia acción, representando un 93.93 por ciento del total de las acciones de este tipo (31 de 33) y en la Reforma Administrativa con un 29 por ciento respecto de sus acciones (16 de 55) pero con un 66.66 por ciento del total de acciones de este tipo (16 de 24). Cuadro 2. Tipos de Acciones realizada en cada administración Ornelas 80-86*
Baeza 86-92
Promotora
4
3
P. Financiera
6
3
Ref. del Estado
2
6
14 (16.66%)
15 (17.85%)
Fideapech
P. no Financiera
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TOTAL
200
2
3
Barrio 92-98** 4 4
31 16 55 (65.47)
Fuente: Informes de Gobierno de las tres administraciones mencionadas. * No se incluyen los informes de 1981-1982 y 1982-1983. ** Sólo se cuenta con los dos primeros informes de gobierno.
La acción de gobierno como expresión del proceso de concertación y construcción de consenso entre el gobierno del Estado y los actores regionales Durante la administración de Óscar Ornelas (1980-1986), como veíamos en apartados anteriores, se dio prioridad a la Promoción Financiera (instrumento de promoción del desarrollo) y el impulso a Promotora (institución indicada para promover el desarrollo económico). El conjunto de las acciones de Fomento Económico pueden ser caracterizadas como respuestas inmediatas a las presiones y exigencias del sector empresarial dominante del periodo. Posterior a la “crisis de las maquiladoras” —la cual fue utilizada por los empresarios y sus representantes para demandar prerrogativas laborales y fiscales que hicieran más provechosa su operación, bajo la amenaza de que las empresas cerraran sus instalaciones en México y se trasladaran a otros países que ofrecieran mayores incentivos—14, 14
En una reunión en Chihuahua, en 1975, se hicieron al Gobierno Federal las siguientes peticiones: exención de pago de impuestos sobre ingresos mercantiles, reducción en pago de cuotas al Seguro Social, extensión del periodo de empleo provisional de 30 a por lo menos 90 y, de preferencia, a 180 días. Asimismo, demandaron una interpretación más liberal en lo que se refiere al despido justificado de trabajadores, así como la eliminación de trámites engorrosos por cuestiones laborales. Finalmente, los inversionistas convinieron en que el gobierno otorgara autorización para que las plantas maquiladoras funcionaran como contratistas de mano de obra, para así poder emplear a trabajadores a los que les diera una base temporal y/o a destajo. En junio de 1975,
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El aumento de las acciones orientadas a modificar el marco normativo del gobierno y de los actores económicos, nos habla de un proceso de institucionalización de la estructura de gobierno, que necesariamente atraviesa por creación de consensos en la sociedad y una mayor homogeneización de las expectativas que los actores económicos regionales han generado. Si a ello agregamos un aumento significativo de las acciones de promoción no financiera, lo que implica una mayor presencia de los actores económicos en la promoción económica y en la creación de nuevos organismos intermedios, nos habla de una elevada presencia del sector empresarial en la construcción de nuevos marcos de regulación y gobernabilidad del sistema regional productivo y social.
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el gobierno del Estado asumió un papel más protagónico en el impulso de la ventaja comparativa del estado en atracción de inversión extranjera bajo la forma de empresas maquiladoras, para lo cual se crea el organismo público descentralizado Promotora de la Industria Chihuahuense, que contaría con personalidad jurídica y patrimonios propios para el desarrollo de bienes raíces, la construcción de parques industriales de propiedad del estado y la promoción y atracción de inversión extranjera, (Decreto No. 948-80-32-P.E.), compitiendo con las promotoras privadas de los grupos económicos que habían crecido al amparo de esta actividad de promoción. De forma complementaria a dicha acción, se modifica el Código Administrativo del Estado para la creación de la Dirección de Desarrollo Económico en sustitución del Departamento de Economía con facultades para promover, fomentar y realizar por sí, o conjuntamente con otras entidades públicas, sociales o privadas, inversiones en las áreas industrial, minera, turística y agropecuaria. Con ello se pretendía hacer posible la promoción y fomento de las actividades productivas como instrumento central de ejecución del Programa Gubernamental de Generación de Empleos (Primer Informe de Gobierno 1981. P. 3). A ello se agrega la creación del Centro de Capacitación para el Trabajo, A. C., que con ayuda del gobierno del Estado por cinco millones de pesos, tendría el objetivo de dotar a la industria de la mano de obra calificada que se requiera (Primer Informe de Gobierno, 1981. P. 13). Con estas tres acciones fundamentales, el estado asumía la responsabilidad de actuar coherentemente con las exigencias que la dinámica económica y social que el crecimiento de la industria maquiladora como actividad predominante del estado había generado. Así, con una inversión inicial de 42 millones de pesos, la Promotora de la Industria Chihuahuense realizó la construcción del Parque Industrial Chihuahua, en el que en 1981 se empezó a instalar la planta de la Ford (Primer Informe de Gobierno, 1981. P. 14). el gobierno anunciaba un nuevo plan para la industria maquiladora en el que se daba respuesta a algunas de las demandas formuladas por los empresarios. Véase Carrillo y Hernández (1985).
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Gracias a estas iniciativas, la industria maquiladora aumentó su cifra de empleos de 48 mil 500 (Primer Informe de Gobierno, 1981. P. 14) a 80 mil, representando el 40 por ciento del empleo nacional en la rama y generando el 46 por ciento del valor agregado de la misma, manteniéndose Chihuahua en el primer lugar a nivel nacional. Con 166 plantas existentes en el estado, la industria maquiladora contribuyó a incrementar en un 197 por ciento las exportaciones de productos manufactureros (Cuarto Informe de Gobierno, 1985. P. 36). En conjunto, se crearon 35 mil 600 empleos, (IGE, 1986. P. 29) y se adquirieron mil 638 hectáreas de reservas territoriales, ya parcialmente ocupadas, para ampliar la capacidad de establecimiento de empresas maquiladoras. (IGE, 1986. P. 29). Por otra parte, en materia de promoción financiera, el estado implementó un Plan de Reordenación Económica, a partir del cual se autorizaron permisos de importación de maquinaria, equipo y refacciones por 16 mil millones de pesos para reposición de capital y ampliación de la capacidad instalada en la industria y se invirtieron 44 mil millones de pesos en actividades industriales, otorgándoseles estímulos fiscales a más de 100 empresas por 500 millones de pesos. (Cuarto Informe de Gobierno, 1985. P. 35) Además, a través de Nacional Financiera se otorgó apoyo crediticio por mil 300 millones de pesos, que permitieron la fundación de 400 PYMES, constituyéndose en sujetos de créditos blandos. Y para facilitar la exportación de productos chihuahuenses, se obtuvieron los certificados de origen que permitieron la exención de impuestos con un valor de cinco mil millones de pesos (Cuarto Informe de Gobierno, 1985. P. 35). En suma, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial otorgó a la industria chihuahuense a través de los programas de fomento y apoyo de las actividades industriales prioritarias, estímulos fiscales por un monto de 800 millones de pesos, que beneficiaron a más de 100 empresas industriales; y mediante fondos de Nacional Financiera, fueron canalizados recursos a la pequeña y mediana industria por un monto de 700 millones de pesos, en beneficio de más de 150 empresas, de las cuales algunas recibieron certificados de prioridad sectorial
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lo que les permitió ser consideradas como sujeto de créditos blandos (IGE, 1986. P. 29). La acción de gobierno como síntesis de la respuesta a las demandas de los actores regionales y las líneas del proyecto de gobierno en turno En la administración de Fernando Baeza (1986-1992), producto del fraude electoral “patriótico” que le implicó un mayor acercamiento al sector empresarial como factor de legitimación y la reacción de la clase política estatal, que ante los triunfos electorales de Acción Nacional en el estado se venía sintiendo desplazada, el armónico y explícito apoyo del gobierno del Estado a la iniciativa privada no pudo mantenerse de la forma en que se experimentó durante el gobierno de Ornelas. Para muchos, esta relación que se había alcanzado entre sector empresarial y gobierno del Estado, fue uno de los factores más importantes de su renuncia obligada, ya que la clase política sentía amenazado su ejercicio del poder por los señores del capital. Así, se inicia un proceso de reforma política, que va orientado a darle mayor institucionalidad a la actividad de promoción económica, dejando en manos del gobierno, es decir, en la burocracia priísta, la conducción del proceso para disminuir con ello las posibilidades de un incremento repentino del poder de los grupos económicos que pudiera escapar a su control político, como había sucedido en el sexenio anterior. Por ello, como ya habíamos mencionado, en esta administración se da prioridad a la Reforma Administrativa. Se crea la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, para tener un instrumento que posibilite el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la sociedad chihuahuense, de agilizar los trámites y procedimientos administrativos, de humanizar el servicio público y de utilizar de manera más eficiente y transparente el presupuesto estatal. Con ello se entra en un proceso de modernización del aparato administrativo, estableciendo las dependencias de primer nivel que componen la estructura, con lo que se pretende equilibrar las funciones del gobierno regulador, administrador y vigilante con las de promotor del desarrollo y director de las entidades que están subordinadas con tal propósito.
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En este marco de reforma y modernización, se pone en operación el sistema de ventanilla única, en el que se puede registrar cualquier tipo de industria y realizar cualquier trámite ante dependencias federales o estatales, otorgando inmediatamente la reducción del 20 por ciento en el Impuesto Sobre la Renta a quienes hicieran uso de este servicio. La promoción financiera es ordenada y regulada a través de la constitución de un fideicomiso para el fomento de la micro, pequeña y mediana industria chihuahuense, que en coordinación con Nacional Financiera, hasta la fecha del Primer Informe de Gobierno (1986-1987), se habían otorgado créditos por 706 millones 216 mil 400 pesos, de los cuales 31 son de habilitación y/o avío, 24 refaccionarios, 2 hipotecarios industriales y 4 directos. Con el fin de adecuarla a los cambios económicos del TLC, se reforma la Ley Minera del estado y junto con ello se crea un fondo por dos mil millones de pesos para acciones de exploración, bajo la modalidad de riesgo compartido, en el que participan de forma conjunta el gobierno del Estado, Nacional Financiera, Empresas de Solidaridad, Fomento Minero y el Consejo de Recursos Minerales. En la perspectiva de ponerse al día en la competitividad internacional y el nuevo marco de acción que implicaba la firma del TLC, se firma con el gobierno de Texas un convenio de cooperación para fomentar las relaciones comerciales entre ambos estados fronterizos, y se solicitó a Desarrollo Económico de Chihuahua, A.C. la realización de un trabajo de investigación para inyectar vitalidad a la integración de la industria chihuahuense, para lo cual se creó un fondo especial con tal propósito. Por último, en materia de promoción de la industria maquiladora, el gobierno del Estado promovió la realización, en Ciudad Juárez, de un foro con participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el objetivo de dar respuesta a los requerimientos financieros de la industria maquiladora de exportación, que derivó en un incremento de los recursos destinados a promover la actividad exportadora en la entidad con un monto de 925 mil millones de pesos en créditos del Banco Nacional de Comercio Exterior para apoyar a 598 empresas en 1990.
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Además, se reorientaron las funciones de Promotora, priorizando la actividad de promoción, una vez que se habían construido ya los Parques Industriales de Chihuahua, Ciudad Juárez, Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc y Parral, ampliando su promoción hacia el fomento del establecimiento de empresas industriales locales, nacionales y no sólo maquiladoras de exportación hacia los polos de desarrollo mencionados, principalmente hacia los más pequeños. A ello se agrega que la promoción estatal de la industria maquiladora se orientó a una mayor selectividad, a la diversificación de la producción y a la introducción de actividades con más alta tecnología y mayor grado de integración productiva. Hasta septiembre de 1986 los resultados de la actividad de Promotora se evaluaban de la forma siguiente: Reservas territoriales: Infraestructura desarrollada: Inversión de Promotora: Área vendida: Empleos generados: Inversiones industriales: Edificios: construidos y en proceso de construcción Industrias nacionales: Industrias extranjeras:
1.33 Has. 688.9 Has. 6 mil 598 millones 2 millones 521 mil M2 ocho mil 486 360 mil 100 millones 331 mil 600 M2 56 13
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Durante este periodo, la industria maquiladora aumentó el número de sus establecimientos de 229 a 337 entre 1986 y 1991, con un personal ocupado que pasó de 115 mil a 170 mil empleos directos, lo que representa un ascenso del 47 por ciento y el 48 por ciento respectivamente.
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Para cerrar la etapa anterior y recuperar los instrumentos generados por el Gobierno del Estado, se realizó una auditoría a Promotora de la Industria Chihuahuense que gastaba en exceso: vendía terrenos sin cláusula de restricción de tiempo para la construcción, autorizaba edificaciones fuera de los lineamientos y permitía desarrollo de conjuntos habitacionales dentro de parques industriales. Los resultados fueron la consignación penal de cuatro de los principales funcionarios del organismo, por responsabilidades que exceden de un millón de nuevos pesos. Para solucionar esta situación se creó un plan estratégico, con el cual se redujeron los gastos de operación en más del 50 por ciento, lo que significa un ahorro de 6 millones 35 mil 58 nuevos pesos de octubre de 1992 a esta fecha. De igual manera se definió la política de ventas: la oficina se reserva terrenos para proyectos especiales y encauza proyectos a propietarios que no han construido, y de manera invariable se estipulan las fechas de construcción. Asimismo, se realizó una auditoría al Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fideapech), en el que por otorgar préstamos y garantías de crédito de forma discrecional, se había deteriorado por completo la imagen con la banca privada, que se negaba a seguir aceptando las garantías del Fideicomiso, tenía problemas de cartera vencida y una operación deficitaria. Se elaboró un plan estratégico con el cual se redujeron los gastos de operación en un 35 por ciento y se realizaron convenios nuevos con dos instituciones financieras de cobertura estatal, con cuatro entidades de fomento y una unión de crédito en Ciudad Juárez (Primer Informe de Gobierno 19921993).
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Conforme ha ido aumentando la relación del sector privado y el sector público, no sólo se ha dado una mayor institucionalización de la promoción del desarrollo económico como función del gobierno del Estado, sino que se han homogeneizando las visiones respecto del desarrollo por parte de los principales grupos económicos y la clase política, la cual ha disminuido sus temores en la medida que ha sido desplazada funcionalmente por funcionarios más afines a la cultura empresarial que se ha generalizado, siendo hoy por hoy la dominante.15 Por ello, la característica principal del actual periodo de gobierno (Barrio 1992-1998), es la construcción de consensos con el sector empresarial más dinámico de la región, tanto económica como políticamente. A partir de la definición de las nuevas estrategias generales de desarrollo económico para la entidad, con una participación reducida del sector empresarial y de otros sectores, la elaboración de programas
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La acción de gobierno como producto estructurado por la acción de los actores regionales y a la vez como referencia obligada para la acción de los mismos
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y proyectos, las leyes e instituciones necesarias para su implementación, se han convertido en norma para regular y sancionar la acción de todos los actores económicos de la región, con lo que se imponen las nuevas lógicas del sistema regional a todos sus integrantes. La administración de Barrio, como ya se había mencionado, sobresale por sus acciones de carácter no financiero y orientación hacia la reforma administrativa. En el conjunto de estas acciones pueden identificarse cuatro ámbitos de la acción gubernamental: la participación directa con los actores económicos, la constitución de instancias de concertación del sector público y el sector privado, ampliación o modificación de la acción de gobierno en materia de fomento económico, la creación de alianzas comerciales y coordinación internacional.
La creación de alianzas comerciales y coordinación internacional
Con el fin de fortalecer las relaciones con los vecinos estados norteamericanos de Texas y Nuevo México, se realizaron reuniones entre los gobernadores de dichos estados y Chihuahua, en las que participaron empresarios de los tres estados, con el objetivo de lograr una mayor integración económica a través del marco del Proyecto Camino Real. Como resultado se tiene la apertura del cruce internacional de San Jerónimo-Santa Teresa y el Programa “Vacaciones en dos naciones”, la reconstrucción del puente de Córdoba, misiones comerciales en El Paso y la estructuración de un proyecto de desarrollo regional de la zona fronteriza. Asimismo, se firmó el Acuerdo de Cooperación Chihuahua-Nuevo México con el objetivo de servir de marco a las actividades de desarrollo de las vías de comunicación, la ecología, los recursos fronterizos, la promoción del comercio y la inversión, la industria, el turismo y la minería.
Ampliación o modificación de la acción de gobierno en materia de fomento económico
Se ampliaron las actividades relacionadas con la tarea de fomento económico, por ejemplo, el Departamento de Comercio de la Dirección General de Fomento Económico amplió su cobertura en el área de
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comercio exterior y se orientó a la promoción y el fomento de negocios a nivel nacional e internacional, sin aumentar su personal y sin descuidar las labores normales del ramo. Para ello, y con el objetivo de atraer más industrias a nuestro estado, se abrió una oficina de promoción en la ciudad de México. De la misma forma, fue segregado el departamento de Comercio y Turismo para constituir la Coordinación General de Turismo, cuyo presupuesto fue aumentado en 1993 de 146 mil 260 nuevos pesos a un millón 182 mil, con una aportación de SECTUR del 25 por ciento, siendo asumida la Delegación Federal de Turismo por parte del gobierno del Estado. Se constituyó el Centro de Información y Estudios Estratégicos para hacer frente al grave problema de carencia de información socioeconómica para la toma de decisiones en los sectores público y privado, cuyo análisis abarca desde costos industriales hasta un diagnóstico de la situación laboral y sindical en varias partes del estado. Dicho centro constituye el punto de partida para la conformación del Sistema Estatal de Información, que recolecta, sistematiza y procesa información de más de 70 fuentes y estructura una base de datos que maneja dos mil variables relevantes para analizar, programar y difundir la actividad económica de nuestro estado, lo que permitirá apoyar la toma de decisiones en materia económica tanto al sector público como al privado. Para agilizar los trámites de registro y apoyo de las actividades económicas, se reforzó la operación de la Ventanilla Única de Gestión Microindustrial en 13 municipios del estado, la cual superó al año anterior, en más de 60 por ciento la inscripción del padrón estatal, con un total de 236 nuevas microindustrias, proporcionando la generación de mil seis empleos directos y una inversión total de aproximadamente 20 millones 400 mil nuevos pesos. Su servicio se ha ampliado, agregando las funciones de asistencia técnica, formulación de proyectos de inversión, acceso a financiamiento y otorgamiento de garantías complementarias, incluyendo ahora las áreas de comercio y servicios y el sector primario, logrando atender a 252 personas de dichos sectores.
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La constitución de instancias de concertación del sector público y el sector privado
Entre estas acciones sobresale la conformación de consejos de coordinación para actividades específicas, que a su vez cuentan con un fideicomiso apropiado a los requerimientos del sector, o instancias de planeación, evaluación y seguimiento de estrategias generales de desarrollo con sus respectivos planes y programas. A través de la creación del Consejo Coordinador del Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, A.C., en el cual participan los organismos de la iniciativa privada en los principales municipios y la Dirección de Fomento Económico, se ha establecido un sistema de coordinación entre el sector privado y la administración estatal. La creación del Fideicomiso de Apoyo a la Exportación Minera en el estado de Chihuahua, viene a integrar a la participación del Consejo de Recursos Minerales, al Fideicomiso de Fomento Minero, Nacional Financiera, Empresas de Solidaridad y el gobierno del Estado, con un monto de dos millones de nuevos pesos, el cual en su etapa inicial permitió la reactivación de 13 proyectos y la generación de 130 empleos directos, así como la integración del Fideicomiso del Circuito Ecoturístico Barrancas del Cobre-Mar de Cortés con la aportación de 100 mil nuevos pesos y otro tanto por parte de la iniciativa privada, similares a las aportaciones de los demás estados, reuniendo un millón 650 mil nuevos pesos, que serán destinados a la promoción de dicha ruta turística. Para impulsar la cultura de calidad en las organizaciones chihuahuenses, se lanzó el Premio “Chihuahua: Mejoramiento hacia la Calidad”, ya que en 1993 las empresas Surgikos de México y Altec Electrónica de Chihuahua, se hicieron acreedoras del Premio Nacional de Calidad. En este proyecto se incentiva la participación de los sectores privado y laboral, cuya colaboración entre estos tres sectores se identifica como el objetivo más importante en materia de desarrollo económico y se considera como el pilar del éxito económico del estado. Por ello además del premio, a través del departamento de Trabajo y la Secretaría de Gobierno, se ha tenido una participación intensa en la resolución de conflictos laborales que amenazaban convertirse en
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problemas mayores, los cuales se han resuelto en términos favorables en marcos de tiempo bastante cortos, lo que ha permitido continuar con un clima de negocios favorable para la instalación de nuevas compañías. Por último, para la promoción económica del estado, se puso en marcha un plan permanente de trabajo para definir las estrategias de desarrollo económico del estado en el marco del proyecto estratégico de Chihuahua Siglo XXI Segunda Parte, en el cual participa la Universidad Autónoma de Chihuahua, los organismos de Desarrollo Económico (Ciudad Juárez y Chihuahua) de la iniciativa privada, la Dirección General de Fomento Económico y, como cuerpo de consultores, el Instituto de Investigaciones de Stanford y DRI McGraw Hill. En su primera parte participó el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Chihuahua. A partir de éste, se han identificado las actividades productivas en las que el estado es más competitivo y las oportunidades de mercado para 161 productos de Chihuahua seleccionados de esas actividades. Para el primer año este proyecto tuvo un costo de 700 mil dólares, que pagaron por partes iguales la iniciativa privada y el gobierno estatal. En la misma línea de desarrollo, se elaboró el Plan de Desarrollo Urbano y Turístico para el poblado de Creel, con lo que se garantiza su desarrollo armónico como principal punto turístico de entrada a la sierra y brinda seguridad a los poseedores de terrenos, lo que hace atractiva la inversión turística. Para su realización, el gobierno del Estado erogó la cantidad de 371 mil 800 nuevos pesos. De igual forma, para implementar las líneas de desarrollo, se consolidó la formación de nueve Promotoras de Desarrollo Económico Regionales, abarcando el 80 por ciento de los municipios del estado. En apoyo de este esfuerzo, durante el mismo periodo se elaboró material promocional para seis regiones, acorde a la imagen institucional desarrollada para el estado y la constitución y operación de la Comisión Estatal de Promoción “Chihuahua Now”, que ha llevado nuevamente al estado al plano internacional y a ser considerado como el lugar más propicio para la inversión en la nueva etapa de la economía mundial. Para este fin se asignaron dos millones de nuevos pesos por parte del
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Gobierno del Estado y la iniciativa privada, en proporciones de 80 y 20 por ciento, respectivamente.
La participación directa con los actores económicos
Las actividades anteriormente mencionadas, se realizaron ya sea ofreciendo apoyo financiero o de forma tradicional, brindando crédito a través de entidades de fomento en las que participa el Fideapech,16 con gestiones directas del gobierno estatal17 o invirtiendo directamente en la generación de factores específicos para el éxito de las actividades económicas.18 Otra forma de participación del gobierno del Estado fue contribuyendo a la constitución de nuevos negocios, como es la experiencia de las empresas integradoras.19 Para 1993 se apoyó a más de 180 microempresas con créditos por más de 10 millones de nuevos pesos, lo que representa el fortalecimiento de unos 250 empleos y la creación de 200 más. Fideapech proporcionó garantías complementarias por un millón 400 mil nuevos pesos a fin de posibilitar operaciones crediticias para 16 pequeños y medianos proyectos por más de tres millones 500 mil nuevos pesos en los municipios de Chihuahua, Juárez, Delicias, Moris y Chínipas. Desde 1992 no se otorgaba ninguna garantía complementaria debido a la mala imagen que el fideicomiso tenía ante la banca comercial (Primer Informe de Gobierno 1992-1993). 17 Con una aportación de 569 mil 384.06 nuevos pesos en calidad de préstamo, se logró reanudar las actividades de la empresa de Infrutsa en Cuauhtémoc, en octubre de 1992 a enero de 1993 para procesar más de dos mil toneladas de manzana en beneficio de 450 productores, dando empleo a 65 personas (Primer Informe de Gobierno 19921993). 18 Con el propósito de comunicar a esta capital internacional, se participó en una conversión con el sector privado con la línea aérea “Lone Star”, para establecer dos vuelos diarios entre las ciudades de Chihuahua y Dallas, Forth Worth. El gobierno del Estado participó con 925 mil dólares, el sector privado con 950 mil dólares y el municipio de Chihuahua con 25 mil dólares. En coinversión con capital norteamericano se creó el servicio del tren de lujo turístico “South Orient Express”, lo que permitirá un servicio de calidad internacional en la ruta diaria Chihuahua-Los Mochis, pudiendo llevar a la zona de la sierra a más de 17 mil turistas al año (Primer Informe de Gobierno 19921993). 19 En 1993 se conformó la primera empresa integradora Comercializadora de Alimentos (Comal), cuya estructura promueve la unión de micros, pequeños y medianos industriales, agrupando a 16 microindustriales chihuahuenses. Este tipo de empresa ofrece oportunidades para hacer frente a las nuevas condiciones de competencia en las áreas de producción, compras, diseño y comercialización. Para 1994 se había alcanzado ya el 16
primer lugar nacional, al constituir 14 de estas empresas, con una inversión de 1 millón 700 mil nuevos pesos, rebasando la meta de establecer seis empresas para este año, las cuales agrupan 212 socios. Otra experiencia de conformación de empresas nuevas, fue la inauguración de la Casa de las Artesanías en Creel para apoyar integralmente a los artesanos de 21 municipios, lo que requirió de una inversión inicial de 100 mil nuevos pesos en obra civil y de un millón de nuevos pesos para su operación, que incluye la comercialización de los productos de los artesanos, asesoría y capacitación (Primer Informe de Gobierno 1992-1993). 20 El Servicio Estatal de Empleo ofreció hasta agosto de 1994, 175 cursos de capacitación, lo que representó un incremento de 504 por ciento en relación a 1993. Estos cursos se ofrecen a trabajadores desempleados, apoyándoles con una beca equivalente al salario mínimo durante todo el tiempo que duran los cursos (Segundo Informe de Gobierno 1993-1994). 21 Entre las actividades que contempla el programa se incluían la desregulación del transporte, la creación del Centro Facilitador de Negocios, Programas de Factoraje para Microempresas, creación de cuatro Uniones de Crédito y tres comercializadoras, así como Campañas de Promoción Internacional y guías para establecer empresas con inversión extranjera, entre otras (Segundo Informe de Gobierno 1993-1994). 22 En coordinación con la iniciativa privada, se ha asistido a eventos de promoción turística, como es el Tianguis Turístico, la Eurobolsa, la Exposición Internacional de Viajes de Aventura y el Concurso Nacional de Artesanías, en Puebla. Obteniéndose el premio Nacional de Exportación y el Primer Lugar Nacional de Artesanías, en cerámica. Se ejerció un presupuesto mayor a los 550 mil dólares en promoción del Circuito Ecotu-
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Asimismo, participando en la calificación de la mano de obra a través del Servicio Estatal de Empleo.20 Participó también en actividades de promoción económica que benefician directamente a los actores económicos como lo es el Programa Estatal de Promoción de Exportaciones, el cual a nivel acciones, plazos y responsables, en coordinación con los diferentes organismos públicos, federales, estatales y municipales y el sector privado, garantiza su ejecución, constituyéndose el Comité de Seguimiento y Evaluación. Como acción complementaria se ingresó al Sistema Nacional de Promoción de Exportaciones para facilitar la internacionalización de productos y empresas del estado, ya que con dicho sistema se tendrá el apoyo de más de 400 organismos en México y más de 500 en el extranjero, para la promoción de Chihuahua, sus productos y sus proyectos.21 Además de lo anterior, hay que agregar el apoyo a la asistencia a eventos de impulso turístico22 y la realización de actividades de pro-
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moción del comercio estatal. Con una lógica de incrementar la competitividad y la presencia de los productos chihuahuenses en los mercados nacionales e internacionales, se creó la Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones, asimismo se ha establecido la presencia de Chihuahua a través de la revistas especializadas de circulación internacional, de asesorías comerciales del Banco de Comercio Exterior, embajadas, consulados y cámaras de comercio extranjeras. Con un costo de 500 mil nuevos pesos se ha realizado una campaña para divulgar en el extranjero las ventajas competitivas del estado, lo que incluye la edición de un folleto promocional y publicaciones en revistas de primer orden, tales como Fortuna 500, International Bussines, Export Today, Canada Manufacturer, Area Development y Bibbin Magazine.23 Por último, el gobierno del Estado constituyó instituciones para que den soporte al desempeño competitivo de las empresas del estado, como son el Centro Facilitador de Negocios24y el Centro de Apoyo a Pequeños Negocios,25 así como el Centro de Capacitación y Desarrorístico Barrancas del Cobre-Mar de Cortés en Estados Unidos, colocándose publicidad en las más importantes revistas de circulación masiva, además se incluyeron anuncios en la radio de ciudades de Los Ángeles, Phoenix, San Diego, Dallas, San Francisco y Houston. A lo anterior se agregan reportajes en importantes medios de televisión norteamericana como son Discovery Channel en Nueva York, la cadena CNN y un programa de una hora en la cadena japonesa NHK (Primer Informe de Gobierno 1992-1993). 23 Como resultado de esta campaña se han recibido hasta la fecha más de mil cien solicitudes de información sobre el estado por parte de inversionistas extranjeros y se ha atendido a más de 50 interesados en invertir aquí, con lo que se han concretado 38 proyectos nuevos y 11 ampliaciones de empresas, que han generado unos seis mil empleos directos. Además, se dio difusión a 42 ferias y se apoyó a empresas chihuahuenses que participaron en eventos como Tecnoconserve, en Parma, Italia; Foodex, en Tokio, Japón (Segundo Informe de Gobierno 1993-1994). 24 Con el objetivo de la compilación, adecuación y generación de información básica para realizar negocios internacionales, se creó el Centro Facilitador de Negocios. A la fecha se cuenta con guías para inversionistas extranjeros y maquiladoras, para exportar e importar y para establecimientos de empresas comerciales y de servicios. Dichas guías indican qué trámites hay que hacer, ante qué instancias, cuánto tiempo se tardan, cuánto cuestan y qué formas llenar, todo en un solo documento (Primer Informe de Gobierno 1992-1993). 25 Se constituyó el Centro de Apoyo a Pequeños Negocios en coordinación con la UACH,
el cual proporciona servicios de investigación de mercados, estructuración de proyectos, análisis de componentes y otros (Segundo Informe de Gobierno 1993-1994). 26 Se gestionó el establecimiento de laboratorios para certificación de la Norma Oficial Mexicana (NOM), se promovieron tres laboratorios y uno ya está en funcionamiento en Ciudad Juárez, con lo que se ahorra tiempo y dinero al no tener que certificar los productos fuera del estado (Primer Informe de Gobierno 1992-1993).
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llo Tecnológico en el área de plásticos, el Centro de Investigación en Materiales Avanzados y laboratorios para certificación de la Norma Oficial Mexicana (NOM).26 En febrero de 1995, entró en funcionamiento el Centro de Capacitación y Desarrollo Tecnológico en el área de plásticos, mismo que operará en Ciudad Juárez con una inversión aproximada de 15 millones de nuevos pesos, el cual ya se ha iniciado. CONACYT participará con 5 millones 390 mil nuevos pesos y el resto los aportará la iniciativa privada a través de la Asociación de Proveedores de Insumos de la Industria Maquiladora y de Exportación de Ciudad Juárez (APIMEX). Dicho centro estará orientado a los ramos de modelo, inyección de plástico y troquelado en Ciudad Juárez. Con una inversión de casi cuatro millones de dólares, fue concebido por (APIMEX) que agrupa a más de 40 productores juarenses de las ramas de plásticos y metalmecánica. Con la participación de las empresas del sector materiales de la ciudad de Chihuahua, se lanzó el establecimiento del Centro de Investigación en Materiales Avanzados. Dicho Centro estará bajo la dirección del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el cual contribuirá con una inversión para 1994 de 15 millones de nuevos y cuatro millones 500 mil de nuevos pesos serán aportados por parte del sector privado y del gobierno del Estado. La inversión total del Proyecto será de 44 millones de nuevos pesos en cinco años. Este será el centro de investigación más importante del país en su género, con lo cual unos 60 científicos de primer nivel radicarán en Chihuahua, con el consecuente enriquecimiento del nivel educativo.
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A manera de conclusiones: la modernización de la administración pública para el fomento económico: el replanteamiento de la frontera entre lo público y lo privado
Las contiendas políticas, las presiones de los distintos sectores de la sociedad civil y los efectos de la crisis sobre la administración pública han generado una serie de cambios en las formas de administración, del ejercicio de poder y las formas de relación entre el gobierno y la sociedad. En este periodo, los ámbitos de acción del gobierno se han visto replanteados y reducidos. Las acciones de la intervención estatal que anteriormente eran vistas y aceptadas como naturales, hoy no queda claro si corresponden exclusivamente al estado o si no serían más eficaces si fueran retomadas por la sociedad civil de forma autónoma, ya sea por la iniciativa privada o por los nuevos organismos no gubernamentales. La frontera entre lo público y lo privado se desdibuja y la construcción de consensos se ve mediada por la definición de las responsabilidades y competencias del gobierno y de la sociedad en el nuevo contexto histórico que se vive. La formación de cuadros profesionales de administradores públicos en el ámbito empresarial bajo el amparo del Partido Acción Nacional y la experiencia administrativa, de organización y del ejercicio del poder que se adquirió con dichos gobiernos, generaron experiencias que representaron saltos cualitativos en la forma de hacer gobierno. En torno a estas experiencias se desarrollaron procesos autogestivos que han acumulado cierta experiencia educativa que ha sido asimilada por la sociedad. Dichos procesos sociales se van constituyendo en contrapesos cívicos, que a partir del reclamo básico de hacer efectiva la alternancia y de exigir profesionalidad y eficacia en la resolución de la problemática social de los sectores de población que atienden, ha accedido a cierto nivel de participación en la definición de políticas, con la posibilidad de obtener recursos públicos e incidir en opciones distintas de gobierno al generar presiones para la conformación de gobiernos eficientes con una administración transparente de los recursos y menor discrecionalidad del ejercicio de gobierno (Quintana, 1991), independientemente de las siglas del partido que esté al frente del gobierno.
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La competencia administrativa empieza a ser un ingrediente básico en la definición de las preferencias electorales. La búsqueda de la eficiencia, el fortalecimiento de la autoridad pública, la honestidad, la transparencia, el profesionalismo en el servicio y la democratización de las estructuras de gobierno, entre otras cosas, refuerzan una forma de gobierno que está siendo observada y comparada por el ciudadano común. Este hecho debe estar presente en los análisis que realizan el nuevo equipo gobernante de Patricio Martínez, de tal forma que favorezca la consolidación de un gobierno más preocupado por profesionalizar y ciudadanizar el servicio público. No debe dejarse de lado, en ningún momento, que la legitimidad de su ejercicio de gobierno se juega cada vez más en la capacidad que demuestren de administrar con transparencia lo público y de ser incluyentes en los procesos de toma de decisiones, independientemente de sus filiaciones partidistas. El reconocimiento de la ciudadanía hacia el gobierno en turno depende cada vez más del uso que haga éste de la autoridad pública, garantice la eficiencia y se oriente en obtener mejores rendimientos en los distintos ámbitos de la administración pública independientemente de las posiciones ideológicas y partidistas que representan las autoridades en turno. El seguimiento de este eje a lo largo de la actual administración, permitirá evaluar las características que adquiere el ejercicio de gobierno y el papel de la democracia en la configuración del modelo de fomento económico adoptado. La agudización de las condiciones económicas en el estado, a causa de la disminución de la producción del sector primario, la crisis transitoria de la maquiladora y el estancamiento financiero de la industria nacional, genera una preocupación por parte del sector empresarial respecto del futuro de la economía de la región y a la búsqueda de una alternativa que superara los errores cometidos por los modelos de desarrollo anteriores. La urgencia de la respuesta fue asumida por el gobierno del Estado como su responsabilidad y junto con el empresariado, se dio a la tarea de construir una vía que disminuyera la incertidumbre frente al futuro, reconstruyera la confianza y dinamizara las relaciones entre los diferentes agentes regionales. Así nació Chihuahua Siglo XXI, bajo la
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dirección de asesores externos legitimados por su experiencia internacional y ajenos a las disputas de poder entre los actores regionales. Con una visión estratégica de largo plazo se recuperó como central, para el éxito del mismo, la colaboración entre el empresariado y el gobierno, por lo que se promovió la participación de empresarios de las diversas ciudades del estado a lo largo de las diferentes fases del mismo, implementándose una metodología innovadora y participativa que parte de la construcción de consenso, la definición de compromisos concretos y la ejecución de ideas prácticas y viables.27 Desde la primera fase del proyecto, la acción de los promotores se orientó a privilegiar la reconstrucción de las relaciones entre actores regionales, para lo cual el gasto público fue concentrado en la promoción de iniciativas e ideas más que en la inversión para infraestructura de la forma convencional. Dicha estrategia desconcertó a la mayoría de los empresarios que se acercaron a participar, pero que luego vieron que el gobierno no hacía nada material, concreto, sin comprender que el modelo se basaba principalmente en una modificación de la cultura productiva, las formas de entablar las relaciones y construcción de alianzas, la modificación de las reglas de participación y las formas de elaboración de políticas por parte del gobierno. Estas características del modelo de Chihuahua Siglo XXI han sido interpretadas por las cámaras empresariales principalmente (Canaco y Canacintra), como una utilización de recursos públicos para tareas que debieran corresponder a la iniciativa privada, pero sobre todo, para generar condiciones favorables para los negocios de las grandes empresas con posibilidades de exportar y competir internacionalmente.28 Por lo anterior, la especificidad de lo público, es decir, de interés general, ha sido trastocada en el momento mismo que el gobierno estatal asumió como su responsabilidad la reactivación de la economía regional. Ello La información sobre la trayectoria del proyecto de Chihuahua Siglo XXI fue proporcionada por el ingeniero Leonel Guerra, coordinador general del proyecto a nivel estatal, en el mes de marzo de 1996. 28 El director de Canacintra de la ciudad de Chihuahua, el licenciado Rodríguez, ejemplificaba cómo el gobierno del Estado está dando prioridad a aquellas acciones que benefician a los dueños de las grandes empresas.
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implica que toda la sociedad debería de estar preocupada por lograr que las empresas chihuahuenses sean competitivas internacionalmente (“Consume lo que produce Chihuahua”), y se asuma el éxito empresarial como un interés público, como un objetivo colectivo, por lo que todos deberíamos cooperar para alcanzar los objetivos del proyecto de desarrollo económico que se ha predefinido por las cúpulas empresariales y el gobierno del Estado. El actual gobierno estatal ha optado por volver a priorizar como interlocutor de sus políticas a las micro y pequeñas empresas (la planta nacional), focalizando su atención una vez más en instrumentos de fomento económico que no parecieran pertinentes en el contexto actual de la economía nacional e internacional. Todo pareciera indicar que se reestablecen viejas alianzas y se activan actores que fueron deslegitimados en el modelo anterior, así las cámaras empresariales vuelven a jugar un papel importante como instancias de representación de intereses, priorizando su función política por encima del servicio que pueden brindar en términos de asesoría económica a sus agremiados. En la pasada administración, la preocupación por los rezagos sociales ocasionados por los bajos ingresos de la población y el déficit de infraestructura y la cobertura de los servicios básicos, fue recuperada de forma indirecta, pues se partía del supuesto que la reactivación económica proporcionaría una derrama que beneficiaría al conjunto de la población, incluso aquellos que se encuentran marginados de los procesos de la dinámica económica, como los tarahumaras y los grupos marginados de las ciudades y del campo. El balance actual indica que no sucedió tal cosa y que fue precisamente éste uno de los principales factores que incidieron en los resultados de las pasadas elecciones, elemento que ha recuperado a su favor el discurso y los compromisos políticos de la actual administración. Sin embargo, más allá de un simple uso populista de los recursos de gobierno que pueda aminorar el descontento social, la definición de una estrategia eficiente de combate a la pobreza debe insertarse de forma coherente en las políticas del modelo de fomento económico que sea adoptado. Por ello, aún queda camino por recorrer, si bien se ha logrado un avance en la forma de ejercer la administración de gobierno, el ejercicio
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del poder aún se muestra concentrado y marcado por el autoritarismo. La participación activa de la ciudadanía aún no alcanza las esferas de la toma de decisiones ni las instancias de asignación de recursos, el asalto ciudadano al cielo no ha rebasado aún los límites y la temporalidad de los procesos electorales, la democratización de la vida pública y la ciudadanización de las instituciones no han llegado aún a nosotros.
Referencias Aziz Nazzif, Alberto. Chihuahua: historia de una alternativa. CIESAS-La Jornada Ediciones, 1994. Boisier, Sergio. “La gestión regional: un enfoque sistémico”. Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales, EURE, núm. 54, Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, 1991 Carrillo, Jorge y Alberto Hernández. Mujeres fronterizas en la industria maquiladora. SEP-CEFNOMEX, 1985. Lau Rojo, Rubén (1989a). “Chihuahua y la modenización política de los ochenta”, en Actas del Primer Congreso de Historia Regional Comparada. UACJ, 1989. --- (1989b). “Las elecciones en Chihuahua (1983-1988)”. Cuadernos del Norte, núm. especial, enero de 1989. Quintana, Víctor. “Chihuahua: actores sociales y modernización”. Nóesis, año III, enero/ diciembre, 1991. Salas-Porras, Alejandra. “La familia revolucionaria: emergencia y reacomodo de los grupos económicos de Chihuahua, 1910-1980”, en: Historia general de Chihuahua. UACJ: Dirección General de Investigación y Estudios de Posgrado de la Universidad Autonóma de Ciudad Juárez (UACJ) y el Gobierno del Estado de Chihuahua, Ciudad Juárez, Chih., 1992. (mimeo).
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Documentos oficiales consultados
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Código Administrativo del Estado de Chihuahua y leyes que lo complementan. México: Centro Librero La Prensa, S.A. de C—V., 1992. Periódico Oficial. Decreto No. 9448-80-32-P.E. Sábado 20 de septiembre de 1980. Plan Estatal de Desarrollo (versión abreviada), Gobierno del Estado, mayo de 1979. Plan Chihuahua, Gobierno del Estado, febrero de 1987.
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Plan Estatal de Desarrollo, Gobierno del Estado, abril de 1993. Primer Informe de Gobierno, licenciado Óscar Ornelas K, 1980-1981. Tercer Informe de Gobierno, licenciado Óscar Ornelas K, 1983-1984. Cuarto Informe de Gobierno, licenciado Óscar Ornelas K, 1984-1985. Informe de Gobierno, licenciado Saúl González Herrera, 1985-1986. Primer Informe de Gobierno, Fernando Baeza Meléndez, 1986-1987. Segundo Informe de Gobierno, Fernando Baeza Meléndez, 1987-1988. Tercer Informe de Gobierno, Fernando Baeza Meléndez, 1988-1989. Cuarto Informe de Gobierno, Fernando Baeza Meléndez, 1989-1990. Quinto Informe de Gobierno, Fernando Baeza Meléndez, 1990-1991. Sexto Informe de Gobierno, Fernando Baeza Meléndez, 1991-1992. Primer Informe de Gobierno, Francisco Barrio Terrazas, 1992-1993. Segundo Informe de Gobierno, Francisco Barrio Terrazas, 1993-1994. Proyecto Chihuahua Siglo XXI, Plan Estratégico para el Desarrollo Económico de Chihuahua, septiembre de 1994, Edición No.1, Gobierno del Estado-DECJ-DECH, 1992.
Entrevistas realizadas entre marzo y junio de 1996 a: Ing. Federico Barrio Terrazas, socio del Grupo Lintel, hermano del gobernador, presidente del grupo Progreso A.C., y miembro del consejo directivo del Proyecto Chihuahua Siglo XXI, abril de 1996. Ing. Leonel Guerra, coordinador general del Proyecto de Chihuahua Siglo XXI a nivel estatal y catedrático del Instituto Teconológico y Estudios Sociales de Monterrey (ITESM), campus Chihuahua. Sr. Manuel Garza, director general del Programa de Reactivación Social A.C. (Progreso) y ex director de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez A.C. Ing. Francisco Pacheco, director de Desarrollo Económico de Juárez, A.C. y ex director del ITESM, campus Juárez. Lic. Luis Liscano, director de Desarrollo Económico de Chihuahua, A.C. Ing. Óscar Vaca Loya, director de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), de Ciudad Juárez. Sr. Humberto Tena, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), de la Ciudad de Chihuahua. Lic. Miguel Ángel Calderón, director de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra), de Ciudad Juárez. Lic. Ricardo Rodríguez, director de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra), de la ciudad de Chihuahua.
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Entrevistas
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Lic. Javier Estevan Pérez, director del Centro Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez, Coparmex. Lic. Luis Eduardo Ibáñez, director del Centro Coordinador Empresarial de la Ciudad de Chihuahua. C.P Servando Sarabia Gómez, director de la Asociación de Maquiladoras, A.C. (AMAC), de Ciudad Juárez. Lic. Eberardo Araiza, director de la Asociación de Maquiladoras de la Ciudad de Chihuahua, A.C. (AMACHAC).
Información hemerográfica Granbase. Base de datos sobre información periodística de diarios locales de Ciudad Juárez, CERCA-UACJ 1970-1988. Información Procesada (IP) de Chihuahua. Revista de síntesis de información sobre los diarios del estado de Chihuahua. Con información de los periódicos del Norte de Ciudad Juárez (N) y de Diario de Juárez (DJ) y del semanario AHORA (AH). Economía. Base de datos sobre el panorama económico con información de los periódicos de Ciudad Juárez y El Paso, Texas, Unidad de Estudios RegionalesUACJ, 19871995.
Sección
Libros, entrevistas y otras narrativas
Entre cronos y kairós de Guadalupe Valencia1 Rigoberto Lasso Tiscareño Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
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Guadalupe Valencia García, Entre cronos y kairós. Las formas del tiempo sociohistórico. Barcelona, Anthropos Editorial Rubí, 2007. Fecha de recepción: 19 de octubre de 2008 Fecha de aceptación: 9 de enero de 2009
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na primera versión de este texto fue presentada por Guadalupe Valencia como tesis de grado en el Doctorado en Sociología de la UNAM. De ahí se desprenden algunas de sus características singulares. Una de ellas, muy relevante, es su originalidad en el tema y en el tratamiento, como corresponde al nivel e institución de su presentación. Sostiene la autora: “…si algún tema permite plantear la reunión entre naturaleza y sociedad, entre el cielo del cosmos y la vida terrenal de las colectividades sociales, entre las ciencias de la materia, de la vida y del hombre, ese tema es el del tiempo”. “Para los griegos, nos recuerda Guadalupe Valencia, Cronos representaba el tiempo lineal, aquel que nos consume y nos conduce hacia la muerte, un dios gigante que devora a sus propios hijos. Cronos está en el origen del nombre de ese instrumento para medir el tiempo, el cronómetro, y de toda temporalidad sucesiva que pueda contabilizarse. Es el tiempo del viaje que conduce del nacimiento a la muerte y marca, también, el inicio y el fin de cada lapso de nuestra vida, sin importar si dichos fragmentos temporales han sido plenos de tiempo, o si éste apenas ha sido perceptible en su pasar. Se trata del tiempo cuantitativo. Kairós, por su parte,… simboliza el momento de la felicidad, del cambio, de la innovación activa, de la oportunidad… puede ser visto, también, como el de la experiencia interior de los seres humanos, de la distensión anímica… Permanecemos así, escindidos entre dos tipos de experiencias temporales. Entre un tiempo que pasa, corre, vuela, se nos escapa, nos devora… Pero hay un tiempo más, el “tiempo subjetivo” que puede ser almacenado, alargado, y hasta inmovilizado por los hombres. Tiempo habitado por la aventura o por el aburrimiento; por la memoria, la añoranza, la nostalgia, la esperanza o por cualquiera otra de esas facultades que hacen del hombre un ser tempóreo por excelencia. En estricto sentido, no se trata de dos tiempos cuanto de dos maneras de experimentar la sucesión temporal, de vivir y de ser” (p.62). “Cronos —nos dice Valencia— sintetiza la sucesión irreversible del antes, el ahora y el después, en la que todo lo ya ocurrido no puede desacontecer y nada de lo que vendrá puede ser conocido; kairós conjuga,
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en cambio, al tiempo distendido en el que cada presente contiene sus propios pasados y futuros y en el que la memoria de lo acontecido, y la imaginación sobre el destino colectivo, pueden convocar al ayer y al mañana en cada ahora histórico” (p. 1). Nos explica con más detalle: “Siglos que no inician en el primer año de una nueva centuria ni terminan en el último año de ésta son ejemplos de datación histórica en donde cronos se supedita a kairós”. Entre las múltiples referencias de una multitud de pensadores que han opinado sobre el tiempo, Valencia pasa revista a un desfile de físicos, matemáticos y biólogos; filósofos, sociólogos, historiadores y toda suerte de científicos de las ciencias duras o de las ciencias picudas, de las sociales y las humanidades, de los literatos y sus mundos simbólicos y metafóricos, de quienes, con erudición prolija da cuenta la autora, algunas resultan paradójicas y aleccionadoras. En realidad —sostiene— nuestra experiencia del tiempo es dual: el instante puede asociarse a la intensidad; la duración a la conciencia de la multiplicidad. Ni el instante pertenece a una sucesión homogénea, incolora e insípida, hecha de momentos sucesivos que no contienen nada dentro, ni la perspectiva de la duración —que parece encerrar en sí misma todos los matices y tonalidades de la vida íntima— puede evitar que reconozcamos esos instantes precisos, esos sucesos definitivos, esas historias posibles, en los que la vida pudo girar su rumbo. El tiempo, particularmente el social y su abigarrada circunstancia de interrelaciones, urdimbres, expresiones y calidades, es el objeto de sus reflexiones: el tiempo social y la sociología del tiempo; el tiempo como devenir y como permanencia, como transcurrir irreversible o como intención dilatada; sus formas convencionales como pasado, presente y futuro, o más elaboradas como presente-pasado, presente-presente y presente-futuro o futuro-pasado o pasado-pasado. La temporización del tiempo, del acaecer y de la historia, que para examinarse requiere de la sociologización de la historia y la historialización de la sociología; como cronos y como kairós, los cuales al conjugarse permiten que la temporalidad social alcance su unidad conceptual.
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De modo didáctico, la doctora Valencia nos conduce:
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Como realidad ontológicamente objetiva, puede pensarse que el tiempo existe fuera de la mente: se trata del tiempo cósmico que puede definirse como sincronicidad de todos los tiempos, de transcursos del cosmos… Como realidad ontológicamente subjetiva el tiempo es una síntesis simbólica, una construcción categorial de altísimo nivel de abstracción, que ha derivado en nuestras sociedades en variadas métricas temporales…
En nuestros días, anotan dos teóricos de la globalización1: Las distancias ya no son relevantes, el espacio se acorta con la velocidad para cruzar el espacio. Los seres humanos se “mueven” en un mundo que tiene más de 40 mil kilómetros. Ningún ser vivo había logrado esto en toda la historia de la tierra. La velocidad devora el espacio... Pero la lógica de la acumulación del capital pasa por alto los tiempos de los individuos, de los sistemas, así como los tiempos específicos de los sistemas democráticos y de la naturaleza. Los “choques” no sólo existen en el tránsito vehicular, sino en los individuos que son bombardeados con información más rápido de lo que su sistema inmunológico físico y psíquico puede asimilar.
Lo acelerado y generalizado de los cambios —sostienen— obliga a las estructuras sociales y económicas a adaptarse cada vez más rápido, … reducen los márgenes y tiempos de libertad para ajustarse y el número de opciones que se pueden seleccionar. “El tiempo se convierte en un arma” dice el slogan de la administración. En todas las empresas se libra una lucha contra los colchones de tiempo, reduciéndose la seguridad que permiten los errores. Existe una ampliación de los tiempos industriales simultáneos: aseguración integrada de la calidad, trabajo paralelo en el tiempo (simultaneous engineering) o de generación de 1
Altvater, Elmar y Birgit Mahnkope. Las limitaciones de la globalización. Economía, ecología y política de la globalización. México, Siglo XXI editores, 2002.
Parece, dice Nowotny, como si tomásemos prestado el tiempo del mañana, porque el deseo de producir más y de introducir cada vez más actividades en el tiempo disponible en el presente, nos impele a vivir ya en el futuro. Un futuro que no se concibe como prolongación del presente, sino como un “presente ya sobrecargado”, producción en serie de mercancías cuyo valor se mide, como bien lo vio Marx, por el tiempo de trabajo necesario para su producción. En esta lógica, el trabajo no es solamente un uso del tiempo: es el tiempo en sí mismo.
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una producción sincrónica. Las organizaciones deben aprender mediante el acortamiento de las rutas de información y de conocimiento y por medio del control del tiempo. La moderna tecnología reduce el tiempo para las tomas de decisiones, pero acorta también los grados de seguridad. Anota Valencia:
El tiempo “real”, el “tiempo cero”, el “no-tiempo” de la globalización nos ha devuelto, en palabras de Paul Virilio, tres atributos de lo divino: la ubicuidad, la instantaneidad y la inmediatez. Sin duda, se trata de atributos de una nueva contextura espaciotemporal planetaria en la cual el espacio también se ve transformado al pasar del “aquí-ahora” a el “ahora-en todos los lugares”. La unidad conceptual del Tiempo puede ser vista desde tres perspectivas diferentes. La primera, intenta responder a la pregunta de si es posible hablar de una condición temporal común a todos los tiempos… La segunda plantea el problema de la siempre doble cara del tiempo, de su permanente oscilación entre la sucesión de instantes (atomismo) y el flujo permanente (duración)… El tercer acercamiento conduce al sentido del presente y de la presencia, como requisitos para pensar la unidad temporal a partir de la figura del “campo temporal”, en el que coexisten y se condicionan mutuamente pasados y futuros que se transforman a la luz de cada hoy: del siempre-ahora (p. 53).
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Afirma nuestra autora que:
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Afirma más adelante: Coincido con entender el tiempo como un solo constructo, una abstracción, una categoría conceptual única, unívoca, y se aplica por igual al universo físico percibido o imaginado, al mundo exterior y al interior, subjetivo y objetivo”(54). “Ahora bien, como se habrá podido apreciar hasta aquí, el del tiempo es un problema de variadas aristas: teóricas, epistemológicas, metodológicas, ético-políticas. Cada una de éstas puede ser reconocida en los espacios disciplinarios en los que el tema ha sido desarrollado —en las ciencias de la materia, en las de la vida y en las del hombre. …todos hablamos del tiempo. Cuando lo hacemos contribuimos a alimentar la ilusión de que éste es algo que existe en sí mismo. El tiempo se tiene o se pierde; se va, pasa, corre, vuela. El tiempo se mide y se determina y, una vez medido, se agota y se declara muerto. Nunca se detiene, mucho menos retrocede. Es inatrapable porque es intangible, no puede verse o tocarse, no se puede sentir ni escuchar. El tiempo aparece, entonces, como un espejismo. El hombre pretende atraparlo y asirlo; para ello inventa el cronómetro y el reloj.
Anota Guadalupe Valencia:
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¿Qué es el tiempo? Si no me lo preguntan sé lo que es, pero si me lo preguntan no lo sé. Así se pronunció Agustín de Hipona y este pensamiento ha marcado, y sigue marcando una gran parte de la literatura sobre el tema. La preeminencia de ese tiempo que Agustín sabe lo que es mientras no tenga que explicarlo, ha llevado a muchos autores a renunciar a su definición, o bien a declarar su inexistencia. El tiempo, la distinción entre pasado, presente y futuro, es una ilusión, aunque sea obstinada, decía el propio Einstein.
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Ahora bien, sostiene más adelante nuestra autora, si consideramos que del tiempo sólo se puede decir que él es, mas no qué es con
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independencia de cuándo y cuánto es, estará claro que las dificultades para definirlo son consustanciales a su naturaleza. La cuestión no es tan difícil de expresar: si el tiempo no es sino la forma de ser de las cosas, entonces no existe en sí mismo, si existe como tal, es sólo en su calidad de otorgar un cierto carácter a las cosas: el de ser temporales. A partir de ahí,
El fin principal del libro —asegura la autora— es reflexionar “… sobre el tiempo como dimensión constitutiva de lo social histórico, (mediante un doble camino) en primer lugar, he postulado —continúa— la bi-dimensionalidad del tiempo como el mejor recurso teórico y metodológico para concebir el tiempo social y sus formas. Se trata de un intento por descifrarlo como un tiempo siempre duplicado en parejas dialécticas, que informan de la escala y la repetición, del cambio y la permanencia, del instante y de la duración, de cronos y kairós”. “En segundo término, he intentado mostrar las posibles vías para una temporalización de la sociología, a partir de la incorporación de problemas teóricos que rebasan a la disciplina, y que he ordenado en seis dimensiones de análisis que dan cuenta de la naturaleza plural del tiempo”. Ello lo analiza exhaustivamente en el texto. En la conocida metáfora del tiempo como un río, puede alterar inclusive el sentido del movimiento. Maurice Merleau-Ponty lo explica así: “si el que juzga el curso del agua permanece en reposo lo único que puede constatar es que las relaciones del tiempo se invierten, el agua no va hacia el futuro, se hunde en el pasado; el futuro se origina en las
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las reflexiones del presente libro sobre el tiempo social: versa sobre el tiempo en general, sobre su unidad y su duplicidad; sobre la temporalidad asociada a los procesos sociales, sobre su historia y la historicidad, sobre la incertidumbre y la creatividad, sobre la apertura y el límite. Trata acerca de la pluralidad y de la densidad del tiempo: de los estratos del pasado y las crestas del presente. Habla del presente como gozne, de la historia como construcción, del futuro como posibilidad.
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fuentes de las que brota el agua y se proyecta delante del observador”. Si éste, en cambio, navega en una barca puede pensarse que “desciende con el curso hacia el futuro, pero el futuro son los paisajes nuevos que le esperan en el estuario, y el curso del tiempo no es ya la corriente misma: es el desenvolvimiento de los paisajes para el observador en movimiento”. Existe una insuficiencia de las palabras frente a la realidad, cuya esencia es mutar, pero sólo con palabras se puede dar cuenta de esa realidad. Con palabras o con metáforas. De ahí que algunos autores propongan una identidad entre tiempo y narrativa. Por eso, dice nuestra autora, “la narración puede elevarse a condición identificadora de la existencia temporal”. Sin embargo,
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la sucesión pura, sin un testigo que dé cuenta de su dirección, poco importa para el análisis del tiempo social e histórico… Los acontecimientos no existen sin alguien a quien le ocurran y pueda pensarlos y representarlos en su conciencia temporal según los dispositivos intencionales de la memoria, de la atención o de capacidad de futurición.
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Es obvio, sostiene, que la fisonomía temporal de la realidad sólo puede darse en el espacio y que éste, en tanto espacio social, no puede ser imaginado, creado o construido sino en lapsos y mediante ritmos que atañen a la temporalidad social. El abanico de temas que encierra el tratamiento a profundidad y detalle de un asunto tan vasto como el de quien se toma en serio todo tiempo, los cuales nuestra autora desmenuza pormenorizadamente, y que aquí solamente anoto como enunciados, comprende lo histórico y la historicidad; el valor de las mercancías como tiempo de trabajo cristalizado, el de la sociologización del tiempo y la historicidad de la sociología. Aborda la vieja distinción entre el método de análisis idiográfico —al que pertenecería la historia— y el nomotético —propio de la sociología—, abanico temático común: el referido a las relaciones entre la sucesión y la simultaneidad, entre el presente, el pasado y el futuro, entre la memoria y el olvido; y las siempre referencias a la contingencia y al mundo de la determinación, de lo que sobrevive
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en la continuidad, lo que radica en sus contornos como oportunidad, como kairós, como posibilidad o como riesgo. El vasto mundo de los procesos culturales, otrora enviado al catálogo del folclore, de lo singular, de lo extraño, de lo primitivo que hoy es recuperado con la fuerza epistemológica, teórica y política que el reconocimiento de la otredad otorga a la idea de un mundo “hecho de muchos mundos”, como el que proponen los zapatistas. La propuesta de un modelo que desemboca en la idea de la pluralidad de presentes, que pueden ser vistos tanto en términos de la densidad temporal (o coexistencia de capas del pasado) como de la contingencia histórica (o simultaneidad de puntas del presente). En las formas temporales de diversas sociedades el tiempo como duplicidad no disyuntiva permite plantear la unidad del tiempo como una “unidad de la duplicidad”, que se finca en la dialéctica entre el instante y la duración, entre cronos y kairós, y le llevó a plantear el tiempo como un campo temporal bajo un modelo hexadimensional. En fin, de la unidad del tiempo vista como duplicidad en su riqueza conceptual como tiempo objetivo y subjetivo, cuantitativo y cualitativo, instante y duración, tiempo sucesivo del antes-después y tiempo coexistente del pasado-presente-futuro, tiempo newtoniano y tiempo relativo, simétrico y asimétrico, que postula como no disyuntiva, e incluso que puede ser dialéctica. El texto de Guadalupe Valencia tiene otras características que merecen documentarse. No es solamente una elaboración completa sobre un tema de altísimo nivel de abstracción, denso contenido teórico, sino referencias de autores como Ernst Bloch, Henri Bergson, Cornelius Castoriadis, Ignacio Ellacuría, Edmund Husserl, Karel Kosik, Emmanuel Lévinas, Georg Lukács, Maurice Merleau—Ponty, Hans Reichenbach, Jean Paul Sartre, Eugenio Trías, Ramón Xirau, María Zambrano, Xavier Zubiri y, desde luego, Martin Heidegger, que pueden considerarse como autores modernos que son abordados con la altura y rigor especulativo propio del tema. En ese sentido es del más alto nivel, aunque, y esto es relevante destacarlo, la autora realiza un tratamiento accesible, didáctico y comprensible. Pasa revista a profundidad sobre los conocedores que han
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reflexionado sobre el objeto de su investigación y temas relacionados, provenientes de disciplinas del conocimiento tan diversas y alejadas, aparentemente, como la física, en sus vertientes relativista, macro y microfísica, cuántica o termodinámica; la filosofía y, desde luego, las ciencias sociales, en particular la sociología, la historia y la política. Mención destacada merecen las citas literarias, de la poesía y la narrativa, novela o ensayo, que con oportunidad refiere. La erudición de la consulta seguramente agota lo escrito sobre el tema. Las referencias, además, son anotadas con pertinencia y propiedad, adecuadas ahora sí que al instante del inciso y en la duración del capitulado. Cómo clasificar tantas opiniones tan estrechamente ligadas, tan semejantes que parecen referir lo mismo y que sin embargo sus sentidos y acepciones cambian de acuerdo al contexto del párrafo y aun la frase, que quedan ubicadas de modo preciso en el momento preciso. No quiero terminar sin destacar un rasgo singular del escrito que nos ocupa: la claridad y elegancia literaria del texto; lo bien escrito, paladeable, fluido y digerible como el tiempo que nos ocupa —o para estar a tono con el tema— ¿el tiempo que ocupamos? En todo caso, aquel que nos instruye y nos alecciona leyéndolo.
La historiografía arqueológica toma la delantera1 Luis Vázquez León CIESAS de Occidente
Margarita Díaz-Andreu. A World History of Nineteenth-Century Archaeology. Nationalism, Colonialism, and the Past. Oxford University Press, Oxford Studies in the History of Archaeology, 2007. 1
Fecha de recepción: 8 de septiembre de 2009 Fecha de aceptación: 18 de noviembre de 2009
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Que varios autores elaboren una enciclopedia no sorprende; que lo haga una sola autora, eso sí provoca asombro. Aunque en rigor ésta no es una enciclopedia, viene al caso decirlo porque Margarita Díaz— Andreu, catedrática de la Universidad de Durham, ha emprendido un esfuerzo que supondría el trabajo de todo un equipo cooperativo. Los rasgos enciclopédicos de esta historia mundial de la arqueología decimonónica son muchos como para no reconocer a su autora los largos años de dedicación, ahora compensados por un resultado en verdad admirable. Y descomunal. Catorce capítulos empotrados en cuatro apartados. Es imposible entonces no apreciar que se está haciendo honores a la historia mundial cuando la autora se ocupa de Europa, Asia, África y América toda, con comparaciones nunca vistas entre naciones, pero nunca dando cuartel a la tradicional visión eurocéntrica tan arraigada en las “historias universales”. Quizá la mejor prevención contra dicho sesgo neocolonial venga no tanto de los estudios poscoloniales, en los que de todos modos recala, sino en el mismo estudio del orientalismo por Edward Said, y su insistente petición de exhibir cómo la cultura posibilitó el dominio imperialista en el Medio Oriente.1 De igual modo es factible que el notable giro historiográfico de Díaz-Andreu, desde la autista historia disciplinaria hasta la historia social (contextual o externalista la llama ella), se relacione con el hecho de que fue el sociólogo Anthony Smith quien la incitó a emprender una empresa alejada de otras aproximaciones internalistas, incluidas las paradigmáticas. De por sí, ella venía estudiando la conexión de arqueología y nacionalismo y el papel de las mujeres en la disciplina. De este sustrato se deriva una definida indagación de la arqueología del siglo XIX apelando a las nociones —léanse mejor como modos de interpretación— de imperialismo, imperialismo informal o cultural, colonialismo, colonialismo interno, nacionalismo, y aun nacionalismo étnico. El fruto no podía ser más iluminador, ya que hasta las ideas evolucionistas y positivistas —paradigmas en otras aproximaciones— adquieren más sentido en su horizonte social y época, sin
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Said, Edward W. Orientalismo, debate. Barcelona, 2002; también La pluma y la espada. Conversaciones con David Barsamian. México, Siglo XXI Editores, 2008.
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mencionar que sientan las bases de la arqueología académica del siglo XX. Estamos, pues, ante un “enfoque alternativo”, que por primera vez en la historiografía arqueológica se propone analizar el desarrollo de la arqueología como una totalidad. Hay que asentar de paso que el usual cometido pretérito de la disciplina es poco afecto a innovaciones como ésta, simplemente porque elige abstraer del contexto presente a su producción de conocimiento positivo. Contra este desapego “epistemológico”, la convicción de Said de que “Nadie ha inventado aún un método para separar al estudioso de las circunstancias de su vida”, sigue pesando. Podemos estar en desacuerdo con él, pero no podemos dejar de soslayarlo racionalmente. Convendría entonces recomendar desde ahora que el libro quede inscrito en los estudios disciplinarios de la propia arqueología y más ampliamente en los de la historia de la ciencia, entre otros. Gracias a sus rasgos enciclopédicos, es obvio que también tiene que ser consultado por estudiantes y estudiosos dedicados a este campo de conocimiento y práctica. La misma autora confiesa la dificultad que tuvo para reunir y hacer coherente semejante masa de datos. A ello se debe que considere su obra como un primer intento de parte de una historiadora de su disciplina para analizar su desarrollo como una totalidad. Pero al mismo tiempo ya representa un esfuerzo por superar las limitaciones de comprender las historias en sí y para sí mismas. Es de reflexionarse la pretensión que deriva de este enfoque, ya que implica decir que sin desdeñar al nacionalismo —y el imperialismo y colonialismo ligados a él— la clave de su nueva comprensión precisa de otro “internacionalismo” (o “cosmopolitismo”, como lo prefieren llamar los sociólogos cuando hablan de su articulación disciplinaria global), que es el que permite hacer comparaciones y ordenamientos, que de otro modo serían imposibles. Arranca así de la arqueología en la Revolución Francesa, pasa de Europa al Imperio otomano, y de ahí a Latinoamérica, China y Japón, para adentrarse enseguida en el Sudeste de Asia, el Imperio ruso, el África francesa y culminar en las revoluciones liberales. Pero el cubrir tan grande espectro de conocimientos —y asimismo dar paso a novedosas interpretaciones—, tiene sus aciertos, pero
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también sus dificultades. Hasta ahora las aproximaciones disponibles habían ignorado, no digamos ya su condición sociocultural de producción, sino incluso el que otras ideologías previas al nacionalismo también confluyeron en la arqueología. Es el caso de su interesante capítulo sexto dedicado a la arqueología bíblica. Desde luego, en el siglo XIX no se encuentran arqueólogos musulmanes o judaicos —ellos vendrán luego—, pero sí que la totalidad de los anticuarios que vinieron a la “Tierra Santa” (Egipto, Palestina, Líbano, Turquía y Persia) lo hicieron movidos por su fervor, en ese sentido muy moderno —aunque hay una vena en la hermenéutica protestante—, de comprobar que la Biblia no era un texto mitológico, sino uno en verdad histórico. De paso, confirmar que la Verdad Revelada es consistente con las antigüedades descubiertas o por descubrir. Aunque Díaz-Andreu concluye diciendo que se trata de un caso único de imperialismo cultural, y de que esconde un antisemitismo rampante, uno no puede menos que preguntarse si la arqueología bíblica posterior a 1948 ha dejado de ser religiosa desde que quedó en manos de los arqueólogos judíos y de que su agresivo nacionalismo no tiene peores efectos que los de sus antecedentes decimonónicos. Hoy, como si no bastara el impresionante Museo de Israel, se ha establecido el Museo Jerusalén de las Tierras Bíblicas, que se ocupa de exaltar los nuevos descubrimientos de la arqueología bíblica en su versión judaica. Es más, dada la composición étnica de la actual población de Israel, en que los ashkenazi monopolizan a la clase dirigente (con el empuje ascendente de los judíos rusos, cuya judería es cuestionada una y otra vez), queda la fuerte sospecha de que el jüdischen volkes tiene una deuda profunda con la arqueología bíblica antisemita que desde mediados del siglo XIX postuló al volkes Israel, esto es, mucho antes de que Herzl imaginara el Judenstaat.2
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Cfr. Zerubavel, Yael. Recovered Roots: Collective Memory and the Making of Israeli National Tradition, University of Chicago Press, 1997; Abu el Haj, Nadia. Facts on the Ground: Archaeological Practice and Territorial self-Fashioning in Israeli Society. University of Chicago Press, 2002; Traverso, Enzo. Los judíos y Alemania. “Ensayos sobre la simbiosis judío-alemana”. Pre-Textos, Valencia, 2005; Sand, Shlomo. Comment le Peuple Juif fut Inventé. De la Bible au sionisme. París, Fayard, 2008; Knoll, Israel. The Bible’s
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Genetic Code (en hebreo De dónde llegamos). Publishing House Ltd., Kinneret. Mendiola, Francisco. Las texturas del pasado. Una historia del pensamiento arqueológico en Chihuahua, México, ENAH-CONACULTA-CONACYT, Chihuahua, 2008. Bernal, Martin. Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization. The Fabrication of Ancient Greece, 1785-1985, Rutgers University Press, New Brunswick, 1987.
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Pero así como las arqueologías del orbe decimonónico proveyeron de genealogías monumentales de las que habrían de enorgullecerse todos sus herederos modernos, también existe el caso opuesto, de desprecio y relegamiento si no es que de exterminio, en lo que DíazAndreu llama la “arqueología de lo primitivo”, que no sólo remite a sus expresiones imperiales o coloniales, sino también al colonialismo interno de los nuevos Estados-nación que florecían. Al racismo general vino a sumarse la ideología cientifista del darwinismo social y aun las propias ideas evolucionistas, que de inmediato colocaron a las sociedades cazadoras-recolectoras antiguas y contemporáneas en las etapas idas de la progresiva trayectoria civilizatoria —los pueblos sin historia—; luego lo mejor que podían hacer los salvajes era ceder amablemente sus tierras a los pujantes agentes de la modernidad capitalista. Es preocupante que en este apartado Díaz-Andreu no encuentre para el caso de México interés alguno sobre las sociedades sin Estado, y tampoco análisis ninguno sobre cómo el motivo civilizatorio-agrícola-monumental ha afectado en lo más íntimo a otros tipos de investigación arqueológica. Con precisión, apenas le dedica una nota de tres líneas a pie de página. Tan grave deficiencia apenas ha comenzado a ser corregida por Francisco Mendiola, para la arqueología de Chihuahua (una región desértica y montañosa donde coexistieron sociedades agrícolas y nomádicas) entre los siglos XVI y XX.3 La coincidencia de ideas de Mendiola y Díaz-Andreu, se deriva de una referencia común al orientalismo de Said, pero en el caso de Mendiola es mayor la influencia ejercida por Martin Bernal y su “modelo ario de civilización”,4 que en él se transforma en una crítica al mesoamericanismo refuncionalizado como “modelo Casas Grandes-Paquimé”, pero con un efecto similar al descrito por Díaz-Andreu: desprecio por la arqueología de
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los cazadores-recolectores y el recio predominio de la sucursal norteña de la civilización mesoamericana. Más allá de Europa, el imperialismo informal o cultural se ocupó de las grandes civilizaciones de América Latina, China y Japón. En estos lugares se formaron élites capaces de repetir y desarrollar los discursos del pasado, siguiendo los patrones occidentales. En nuestro subcontinente, los brotes civilizatorios tuvieron características culturales inéditas para los estudios clásicos y bíblicos, aunque no faltaron anticuarios difusionistas que trazaron conexiones con la Atlántida (lo que lleva a Grecia) o las Diez Tribus de Israel (lo que lleva a Palestina). Una nota final es puesta en la International School of Archaeology and Ethnology de México (1911-1920). No obstante pertenecer a las primeras décadas del siglo XX, la escuela surgió bajo la dictadura porfirista previa y con un ímpetu nacionalista que continuó después de la revolución, cambiando de sentido. La mención de Díaz-Andreu rebasa los límites del estudio, pero no deja de ser algo parcial. Recientemente, M. Rutsch se ha ocupado de esta conjugación de nacionales y extranjeros en la constitución académica de la antropología mexicana.5 Su pormenorizado estudio denota una diferencia obvia con la aproximación holística de Díaz-Andreu y que es el estudio de archivos históricos en México, Estados Unidos y Alemania. Sin duda, este último estudio gana en interpretación puntual del momento en cuanto a método histórico, por lo que recuerda los estudios de caso de la etnografía. Mas no admite como ellos las comparaciones de gran escala, como en el abordaje de la historia social. Muchos de los desarrollos locales o de campos de estudio del siglo XIX, tuvieron un impacto imborrable en lo que sería la arqueología del siglo XX. Para entonces la arqueología fue nacionalizada, aunque un nuevo juego de interacciones hubo de establecerse con el colonialismo declinante y el neoimperialismo ascendente (y con el interregno del comunismo), más adelante convertido en orbe global bajo un poder estructural muy concentrado en Estados Unidos luego 5
Rutsch, Mechthild. Entre el campo y el gabinete. Nacionales y extranjeros en la profesionalización de la antropología mexicana (1877-1920). México, INAH-IIA-UNAM, 2007.
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del derrumbe del socialismo realmente existente, donde la arqueología tuvo su propio desarrollo. ¿Se puede hacer una historia universal de la arqueología del siglo XX? Eso hay que preguntárselo directamente a Margarita Díaz-Andreu después de esta aportación. Hasta donde sé, ya encara el reto. Habrá que verlo.
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Administrando la ciencia en las universidades de México.
A propósito de un libro de Adrián Acosta Silva1 Víctor M. Hernández Márquez
Acosta Silva, Adrián. Príncipes, burócratas y gerentes. El gobierno de las universidades públicas en México. México, ANUIES, 2009. 1
Fecha de recepción: 16 de octubre de 2009 Fecha de aceptación: 23 de noviembre de 2009
Administrando la ciencia en las universidades de México. A propósito de un libro de Adrián Acosta Silva
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a universidad es una institución de rancio linaje, cuyos orígenes se remontan a la Edad Media.1 El árbol del saber que se proyecta en la administración universitaria actual por medio de la división entre las humanidades y las carreras científicas conserva todavía un eco lejano pero nítido de la antigua división de las siete artes liberales del famoso currículum medieval: el trivium y el quadrivium. Sin embargo, en los últimos dos siglos de su existencia, la universidad ha sufrido cambios radicales que no conocen paralelo en toda su historia previa. Esas transformaciones dramáticas tienen que ver con el surgimiento de la universidad pública y con la asimilación de la revolución científica y tecnológica dentro de la cátedra universitaria (Cf. Ashby, 1969). Ambos factores se encuentran en tan íntima relación que no se les puede tratar por separado sin caer en simplificaciones inútiles. Un ejemplo notable de ello se puede apreciar en el hecho de que el surgimiento de la universidad pública viene acompañado del nacimiento de los politécnicos (y poco después por los tecnológicos), que no sólo cancelaron para siempre la exclusividad de la universidad como educación superior, sino que, además, con su rivalidad aceleraron el surgimiento del modelo que se conoce hoy en día como research universities. Quizá sea oportuno advertir de una vez que el nacimiento de los gemelos fue sólo posible gracias a la intervención de la nada invisible mano del Estado y que éste no ha renunciado a su condición de padre, promoviendo hasta la fecha cuanto cambio ha considerado pertinente. Esto ha sido así no sólo porque la Ilustración identificó la libertad y el mejoramiento social con la abolición de la ignorancia, sino también porque la revolución industrial hizo tomar conciencia del valor económico del conocimiento, y, por consiguiente, se volvió patente que éste debía ser producido y fomentado, pero también gobernado. Razón de ello da cuenta el que paralelamente al nacimiento de las mencionadas
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En nuestro país, La Real y Pontificia Universidad de México, el antecedente de la UNAM, data de 1553 y se creó a imagen de la Universidad de Salamanca. La Real Universidad de Guadalajara, antecedente de la UdeG, data de 1792. En 1950 la cobertura de la educación superior era tan sólo del 1.3% entre la población de la cohorte de 20 a 24 años, y para 1999 era del 17.7%. Estos y otros datos se pueden extraer de los documentos estratégicos y anuarios estadísticos de la ANUIES.
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Para un estudio del modelo francés, véase: Ringer (1992) y Musselin (1997) para el modelo alemán: Ringer (1969) y Ashby (1967), y para una comparación de ambos modelos, véase: Musselin (1990) y Ashby (1969).
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instituciones de educación superior, surgen figuras de gobierno nunca antes sospechadas, como los ministerios de Educación o de Instrucción Pública. Fue así como el siglo XIX europeo configuró dos modelos de universidad, cuyas características reflejan los rasgos estructurales de los sistemas sociales que las generaron, pero que, al margen de ello, han servido de ejemplo para las restantes universidades del mundo. El primer modelo, el francés, se distingue por ser altamente centralizado y jerarquizado, a tal grado que lejos de establecer una distinción neta entre universidad y Estado, se asume que el profesor universitario pertenece a una clase peculiar de funcionarios de gobierno. El modelo alemán, por contraste, se construye dentro de la diversidad de estados alemanes bajo el ideal del siglo XVIII de una misma bildung construida sobre la base de la lengua común. Pero más allá de las resonancias nacionales de la ciencia y la formación alemana, el modelo destaca por su sistema interuniversitario de libre movilidad académica y estudiantil, que —me apresuro a señalar— permite asegurar la libertad de cátedra y de pensamiento.2 Asimismo, debemos observar que desde su origen y hasta la fecha, ambos modelos se encuentran sujetos a diversas transformaciones provocadas por una gran variedad de causas que de alguna forma u otra tienen que ver con lo que se ha denominado como economía del conocimiento. Como existe la tendencia a identificar esa concepción como un producto de la política neoliberal, diré que bajo la perspectiva histórica que trato de dibujar, esa relación es más bien inversa. Esto último queda de manifiesto cuando se explica la aplicación de la política neoliberal a la educación superior como el sinuoso paso de la idea del conocimiento científico como un bien público a la idea del conocimiento como un bien financiero. Históricamente hablando, las universidades mexicanas —como casi todas las universidades del nuevo continente— son instituciones
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en extremo jóvenes; pero no sólo eso, en la mayoría de los casos fueron diseñadas pensando principalmente en la formación de profesionistas en el sentido más tradicional de la palabra (abogados, médicos, contadores, ingenieros, químicos, etcétera) y no como formadoras de científicos y estudiosos dedicados a tareas de investigación y creación tecnológica. Esa es la razón por la cual la universidad mexicana suele mostrar un aire de familia distante con respecto a los modelos alemán y francés; de tal suerte que guardan más cercanía —como bien señala Acosta— con el modelo de universidad heredado por la Colonia y, por ende, con el vetusto molde medieval. Tal es así que el gobierno mexicano sólo se percató, a principios de la década de los setenta, de la necesidad de crear un organismo para el diseño y aplicación de las políticas en materia de ciencia y tecnología. A partir de entonces, se ha ido implementando de manera sistemática una serie de medidas para modificar la orientación de las universidades hacia la producción nacional de ciencia y tecnología. ¿De qué manera estas nuevas políticas han afectado y afectan el autogobierno de las universidades públicas?, ¿en qué medida y cómo se ha dado el cambio institucional en las universidades públicas del país, a partir de la puesta en marcha de esas políticas? Este nuevo libro de Adrián Acosta explora esas preguntas y sus posibles respuestas desde tres coordenadas de análisis: a) el cambio institucional como fenómeno sociopolítico (capítulo 1); b) el contexto histórico particular de la universidad pública mexicana (capítulo 2); y c) el estudio comparativo de cinco universidades dentro de un periodo de 16 años (1990-2006), entre las cuales figuran tanto la UACJ como la UdeG (capítulo 3). El libro cuenta además con una presentación, una introducción, conclusiones y un anexo estadístico. Debo indicar que el contexto y el enfoque en el cual se sitúan las mencionadas cuestiones, responden a inquietudes más bien sociopolíticas en el nivel micro (y que se encuentran, por decirlo así, en el otro extremo de la perspectiva macro de los estudios sociales de la ciencia que aquí intento hacer visible). Esto significa poner mayor énfasis en las estrategias político-administrativas universitarias puestas en marcha para la captación de recursos por medio del concurso en los pro-
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gramas de gobierno diseñados para promover y dirigir las actividades de investigación (aunque dejando en un segundo plano, para usar la fraseología de Bourdieu, los reacomodos mismos del homo academicus para hacerse del “capital académico” y del poder económico que éste trae consigo). No obstante, mi descripción no hace del todo justicia al contenido del libro de Adrián Acosta, ya que no estamos ante un discurso homogéneo en cuanto a análisis y estructura argumental, sino frente a una polifonía que —entre otras cosas— da cuenta de que el autor no escapa a los efectos de las políticas de evaluación que discute. Esto último me parece palpable sobre todo en el capítulo 1, en donde se ensaya de manera continua una transgresión de discursos entre el nivel interteorético (cuando se discuten marcos teóricos como el de Giddens y el de Berger y Luckmann para hacer inteligible el cambio institucional al interior de la universidad mexicana, la noción de redes políticas, la distinción entre acción pública y colectiva, etcétera), el nivel descriptivo sobre lo que de hecho ha ocurrido en el ámbito de las políticas públicas para el sector de educación superior y el marco de referencia espacio-temporal. El lego en asuntos de análisis sociológico y político puede sentirse intimidado ante el despliegue conceptual con el que arranca el capítulo 1 y que se aparta de manera radical del discurso no especializado de la presentación y la introducción. Como en lo particular me identifico con esos legos, centraré mis comentarios en aquellos aspectos que remiten de manera prominente al dominio de la epistemología que se ocupa del conocimiento en su dimensión social e institucional. Hecha esta aclaración nos podemos preguntar ¿qué motivaciones se encuentran en juego en la instrumentación de programas de incentivos económicos para quienes —instituciones e individuos— de manera voluntaria se someten a la evaluación de su respectiva labor? Para el caso del SNI se dice de manera oficial y expresa que fue creado “para reconocer la labor de personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnología” y que tiene como objetivo “promover y fortalecer, a través de la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica”. Sin embargo, para usar una famosa distinción
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saussuriana, puede decirse que a toda política pública le acompaña un sentido in presentia, pero también uno in absentia. No necesito indicar lo difícil que resulta determinar ese segundo sentido, sin caer en la mera especulación o en un esfuerzo hermenéutico poco remunerado. No obstante, al respecto Adrián Acosta sostiene: La consideración del tema de la confianza en la elaboración de políticas es particularmente pertinente para el caso de la educación, pues, en buena medida, en el caso de la experiencia mexicana de los últimos años —al igual que la educación superior en el campo internacional—, la desconfianza hacia las universidades ha sido el motor o el combustible de buena parte de las políticas y los programas públicos implementados en la educación superior.
Dadas nuestras intuiciones como ciudadanos que sufrimos con regularidad consumiendo la amarga medicina de políticas que después de todo se dice son para nuestro propio bien, no dudamos en otorgar nuestro consentimiento con respecto al caso nacional, pero no estoy muy seguro —guiados igualmente por nuestras intuiciones y nuestro limitado conocimiento de lo que ocurre en los países desarrollados— si lo mismo valdría para el extranjero. Acosta refiere a De Boer (2002) para fundar su juicio y hay en efecto una literatura, tanto nacional como internacional, que se pronuncia en ese sentido. Pero si pensamos —de nueva cuenta— en la figura del privatdozent (el profesor egresado con “permiso” para impartir cátedra sin derecho a sueldo) y el trabajo de habilitación que le abrirá el camino a la carrera académica dentro del sistema universitario alemán, parece extremadamente perverso imaginar la adición de nuevas políticas de evaluación a ese sistema como consecuencia de una creciente desconfianza en el rigor productivo de ese modelo educativo. No. Mi opinión es que este tipo de respuesta es demasiado pobre para explicar las dinámicas a las que se encuentra sujeta la economía del conocimiento. La república de los parámetros se viene construyendo sobre la convicción del administrador —que a estas alturas ha ganado estatus de axioma— de que sólo se puede gestionar aquello
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que se puede medir. Y para gobernar y administrar en el nivel macro (es decir, desde el Estado) lo que ocurre en los centros que albergan, producen y transfieren conocimiento (es decir, las universidades), se han diseñado sistemas de evaluación fundados en una diversidad de parámetros, que son sujetos a revisión de manera permanente. Esto es especialmente relevante, porque delata el grado de incertidumbre que descansa sobre la viabilidad de los parámetros diseñados. Dicho de otra forma, sabemos que para direccionar el crecimiento del conocimiento es necesario implementar de algún modo una forma de medir su crecimiento, pero nunca hay absoluta seguridad —a menos de que se asuma una postura ingenua— si lo que se mide es realmente el crecimiento del conocimiento o tan sólo uno de sus efectos colaterales. Esto es así en tanto que no existe un instrumento infalible y directo para hacerlo, pero en cambio se cuenta únicamente con un conjunto de indicadores que, en principio, deben mostrar consistencia interna y otra serie de requisitos que no podemos detenernos a comentar aquí. Pero permítanme presentar un ejemplo novedoso relativo a los apoyos gubernamentales a las universidades inglesas: allí se ha construido un instrumento denominado Research Assessment Exercise (RAE) y en el último informe de éste, se ofrece, por primera vez, un “perfil de investigación” por cada departamento en lugar de la suma global obtenida por cada institución. Esto significa que el RAE no se ocupa de manera exclusiva de identificar a la “masa crítica” dedicada a la investigación de punta dentro de las principales universidades, sino que también permite identificar aquellos grupos pequeños de investigadores o individuos con estatus de excelencia, que se encuentran en departamentos que en conjunto no son evaluados positivamente. Como consecuencia se han redistribuido fondos hacia aquellos grupos e investigadores bien evaluados que pertenecen a universidades que no figuran en el padrón de excelencia de las universidades inglesas. Y como bien señala Enders (2009, p. 465), “el REA en una ocasión causó estupor en la academia debido a su declarada función para concentrar los fondos públicos para investigación dentro de las principales universidades; pero en esta ocasión han sido las universidades líderes las que han sufrido debido a un cambio en la colocación de los fondos”.
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Este nuevo dato permite poner sobre la mesa otras lecciones relevantes que tienen que ver directamente con la gestión de la ciencia en las universidades en la era de la economía del conocimiento, pero que se hicieron manifiestas antes del auge de las políticas de evaluación. Para ello quiero pasar directamente a citar y comentar algunas de las conclusiones del estudio de Adrián Acosta, que encajan muy bien con otros hallazgos encontrados en las investigaciones internacionales y que refieren de algún modo a las moralejas que han dejado investigaciones previas. Más allá de las contradicciones, incongruencias o ineficiencias de las políticas federales en educación superior —señala Acosta— lo que resulta analíticamente importante son sus efectos en los modos de gestión y de gobierno de las universidades públicas. En términos generales, en el campo universitario público mexicano las políticas y la política determinaron una modificación tanto de los estilos de gestión como de los modos de operación de los gobiernos universitarios Esto implicó la creación de diversas estructuras de apoyo a la gestión central de las universidades, particularmente el fortalecimiento y expansión de los aparatos burocráticos y cuerpos de confianza En este marco, un nuevo conjunto de figuras y prácticas institucionales emergieron y se consolidaron como actores estratégicos de la política y la gestión universitaria: los expertos en la gerencia universitaria es decir, actores con un expertise específico en el manejo de los instrumentos, herramientas y relaciones necesarios... (pp. 141-142)
Así es, un efecto colateral evidente en la implementación de varios programas de evaluación —no en todos— se refiere a la abrumadora expansión de la burocracia. Desde luego, el efecto es una consecuencia funesta; esto es así en tanto que desde el punto de vista administrativo resulta un contrasentido, ya que para captar fondos se abre un hueco en las finanzas para alimentar una burocracia que en sí misma no resulta —al menos no directamente— beneficiada con las subvenciones conseguidas. Pero, por el otro lado, desde el punto de vista del éxito
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mismo de la gestión global resulta igualmente contraproducente, ya que —como documenta recientemente Mario Coccia (2009)— para el caso de las universidades italianas, los investigadores se distraen significativamente de las tareas sustantivas, debido a que se ven envueltos cada vez más e irremediablemente en asuntos administrativos relacionados con la solicitud de apoyos para sus proyectos, gestión de becas para sus asistentes, y un desafortunado largo etcétera. ¿Tenemos nosotros un aproximado del tiempo que le dedicamos a esas tareas con respecto al SNI, Promep y el sistema de estímulos? Una vez que se manifiestan esas patologías, una dosis de escepticismo se cierne sobre la presunta calidad y habilidad administrativa de esa nueva élite que Acosta denomina con tino los gestócratas. O al menos será así mientras su carácter de expertos se limite a la gestión de recursos para la universidad, sin reparar en los costes que su expansión trae consigo y sin asegurar mecanismos flexibles pero fiables que garanticen que los montos, una vez conseguidos, sean transferibles con eficiencia a quienes tienen que ejercerlos. En este sentido, el administrador tiene ante sí el gran reto de buscar la forma más versátil para conseguir fondos externos y distribuirlos de manera adecuada para que la universidad pueda ejercer al máximo sus tareas sustantivas. Es por eso que al reparar en toda la serie de responsabilidades que recaen sobre las tareas diarias del administrador de las políticas de fomento a la investigación científica y tecnológica —sea gubernamental o universitario—, se plantea siempre la cuestión sobre el perfil que debe cubrir el personal que se ocupa de esas tareas cruciales. Uno de los problemas persistentes heredados de las grandes reformas universitarias del siglo XIX europeo, es precisamente ¿qué tanto conocimiento científico debe poseer el administrador universitario para poder desempeñar su labor con el mayor éxito? A medida que el conocimiento se diversifica y se especializa, se vuelve evidente que no existe una respuesta sencilla a semejante pregunta, aunque se reconoce que el administrador debe de alguna forma u otra encontrarse involucrado o por lo menos atento a las actividades que llevan a cabo sus colegas académicos. Eric Ashby (1962, p. 266) ha señalado, con su humor característico, que no es posible disponer de
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libros de texto para la administración de la ciencia y que si existieran serían tan convincentes como los que pretenden enseñar cómo hacer el amor. Si se reconoce a cabalidad que la labor del administrador del saber puede ser un obstáculo o bien, un agente impulsor para el flujo adecuado del conocimiento y la tecnología en su integración retributiva a la sociedad, es claro que la cuestión relativa a su perfil ideal no puede soslayarse. Cuando se consideran las sabias reflexiones de Ashby sobre el tema, se puede convenir en que no hay formación o educación posible —por muy esmerada que ésta sea— que pueda extender un certificado de expertise y que lo único que es humanamente posible lograr es una sensibilidad adquirida por medio de la experiencia de la actividad diaria en la toma de decisiones. En palabras del propio Ashby (ibíd., p. 269): El secreto de una buena administración (esto es, de la administración que beneficia al sector de la sociedad a la cual sirve) no yace en el conocimiento vasto y exacto que posee, sino en su destreza para navegar en áreas de ignorancia.
Es necesario observar que estas palabras de Ashby corresponden a una época anterior al advenimiento de las políticas de evaluación y del arribo de esa clase gerencial que Adrián Acosta consigna muy bien en su investigación. Pero lejos de haber perdido vigencia, me parecen muy apropiadas al momento de sopesar las verdaderas virtudes de la presunta calidad de los nuevos expertos. Del mismo modo, creo que no hay que perder de vista que tanto el administrador tradicional como el nuevo gestócrata no pueden provenir de otro lugar que no sea la misma academia a la que deben honrar con su trabajo. En este sentido, creo que los consejos de Ashby requieren complementarse o, mejor dicho, actualizarse en un aspecto muy preciso, pues así como ahora nos encontramos inmersos en la era de la evaluación, así también nos encontramos en medio de un nuevo campo de investigación, al cual tanto el administrador como el nuevo gestor deben prestar atención.
la nueva política estratégica puede entenderse como un ‘retroceso’ de los gobiernos debido a la detallada centra-
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Esta es una razón por la cual el nuevo libro de Adrián Acosta debe celebrarse —pero sobre todo estudiarse— más allá de los rituales académicos acostumbrados. No me queda mucho espacio para comentar como se merece varias de las observaciones agudas que hace sobre la esfera propiamente política del asunto, sobre todo aquellas que tienen que ver con la autonomía universitaria —un tema demasiado ideologizado— y las políticas de evaluación gubernamentales. Al respecto sólo diré que en este tema conviene mirar tanto para atrás como hacia afuera y no contemplar tanto nuestros anchos ombligos. Esto quiere decir que hay que volver cuantas veces sea necesario sobre el camino andado —y aquí también me parece que Ashby (1968) tiene todavía mucho que decirnos—, pero también poner especial atención sobre lo que los colegas extranjeros están investigando en este momento en lugares en donde iniciaron estas políticas. Por ejemplo, se ha dicho una y otra vez que la autonomía de la universidad mexicana ha sido y es bastante nominal, ya que en su corta existencia se ha visto siempre sujeta a un control político gubernamental —y partidista— mal disimulado. Cierto, pero cuando se invoca a las políticas de evaluación como una injerencia inadmisible en la autonomía universitaria, se pierde de vista el pacto entre el saber y la sociedad, entre la rendición de cuentas y la retribución. Si la autonomía significa autogobierno pleno, entonces se debe volver al modelo medieval; es decir, se ha de renunciar a los fondos públicos y, junto con ellos, a su vinculación directa con la sociedad, pues como sugerí en un principio, la universidad pública y masiva debe su razón de ser y su prestigio social a la intervención del Estado. Cuando salimos del ambiente crispado y enrarecido de la política nacional y leemos lo que piensan los estudios sociales de la ciencia sobre el advenimiento de las políticas de evaluación en las universidades de los países del primer mundo, a lo sumo se advierte que en ellas se percibe un aire paradójico, pues como señala David Dill (2003, p. 4; citado por Feller, 2009, p. 326).
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lización del control en su afán por estimular a las instituciones de educación superior para ser más autónomas, autorregulativas y con una orientación hacia el mercado en sus operaciones, aunque dentro de un marco amplio de prioridades gubernamentales.
Esto quiere decir que la autonomía universitaria debe buscarse —como pregonaron los defensores del modelo alemán haciendo eco a una famosa frase de Spinoza— en la libertas philosophandi, en la libertas docendi. Es decir, en la libertad de pensamiento, en la pluralidad ideológica y política, en la tolerancia propia del Estado laico y democrático. Por último, si como documenta Acosta, la universidad pública ha sufrido un proceso de burocratización y ha dado vida a una nueva casta de administradores universitarios debido a los nuevos programas de financiamiento, es claro que los subsiguientes esfuerzos deberán dirigirse a revertir ese efecto negativo. En teoría el problema es relativamente sencillo, puesto que un primer paso importante puede llevarse a cabo ajustando los programas de estímulos a los criterios del Promep y el SNI, por medio de un sistema de cómputo que termine de una vez con el papelerío que actualmente nos ahoga.
Referencias
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a) After submission, the paper is given a first reading by a member of the Editorial Board to determine its suitability for publication in accordance to the editorial norms presented in number 7. b) If the document complies with such norms, it will be reviewed by two specialists who may approved it, reject it, or request the author to make editorial corrections or give recommendations to strengthen the paper. c) If corrections or recommendations were made, the paper is returned to the author to make the suggested changes. The paper must be re-submitted in accordance to the deadline established by this journal. In the given case the author does not respond within one month after having been presented with the suggested changes for his paper, Nóesis reserves the right to not publish it or make the pertinent editorial corrections. 7. Manuscripts must include the following editorial requirements: a) The front cover must have title and subtitle (brief and concise in English and in Spanish) and type of work (article, book review, etc).
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Examples: Foucault, Michel. Las palabras y las cosas. México, Siglo XXI, 1984, pp. 30-45. Levine, Frances. “Economic Perspectives on the Comanchero Trade”. In: Spielmann, Katherine A. (ed.). Farmers, Hunters and Colonists. Tucson, AZ; The University of Arizona Press, 1991, pp. 155-169. JOURNAL ENTRIES — Last names(s) and name(s) of the authors. “Title of the article”. Name of the Journal in Italics, number, volume, date, page numbers. Examples: Conte, Amedeo G. “Regla constitutiva, condición, antinomia”. Nóesis, núm. 18, vol. 9, enero-junio de 1997, pp. 39-54. Krotz, Esteban. “Utopía, asombro y alteridad: consideraciones metateóricas acerca de la investigación antropológica”. Estudios sociológicos, núm. 14, vol. 5, mayoagosto de 1995, pp. 283-302. Taxes in electronic texts, bases of data and computer programs Responsible main (of the contribution). “Title” [support type]. In Responsible main (of the main document). Title. Edition. Publication place editor, publication date, date of upgrade or revision [its dates of consultation]**. Numeration and/or localization of the contribution inside the document source. Notes*. Disponibility and acces**. Normalized number*.
Political and Religious Leaders Support Palestinian Sovereignty over Jerusalem. In: Eye on the Negotiations [on line]. Palestine Liberation Organization, Negotiations Affairs Department, August 29th, 2000. [ref.: August 15th, 2000]. Available on Web: [http://www.nad-plo.org/eye/pol-jerus.html]
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