experiencia de Santiago

p r á c t i c a s

comercio en la vía pública: propuestas para una política de regulación en base a la experiencia de santiago

Paula Altamirano Estay

Geógrafa, Pontificia Universidad Católica de Chile, Jefa Área Proyectos, Ciudad y Territorio, DESE – Dirección de Extensión y Servicios Externos, Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos

Christian Matus Madrid

Antropólogo Social, Doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos, Profesor Adjunto Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales (IEUT) Pontificia Universidad Católica de Chile

El comercio informal que se desarrolla en los bienes nacionales de uso público constituye un desafío para los municipios en Chile. Muchas veces el estigmatizado comercio en la vía pública ha enfrentado diversas propuestas locales que van desde la tolerancia a la erradicación por parte de las autoridades. Un estudio aplicado permitió proponer definiciones y principios para una futura política de control y regulación. Como principal conclusión se propone reconocer este tipo de comercio respetando sus singularidades, y su relación con el espacio público, considerando su condición de actividad que forma parte de la economía informal que debe cumplir ciertos requisitos para ser legítima manteniendo ciertas libertades. 2,5 billones de personas -poco más de la mitad de los trabajadores del mundo- trabajan en la economía informal (ILO, 2017). En Chile, según el Instituto Nacional de Estadísticas (2019) existe una tasa de ocupación informal de 28,6%, dentro de la cual el comercio ambulante en la vía pública constituye una de las manifestaciones más visibles, siendo la comuna de Santiago uno de los espacios que cuentan con mayor número de vendedores informales, planteándose que a 2015 (I.M. Santiago 2015) existían más de 2000 comerciantes en la vía pública, entre autorizados y comercio ilegal, incluyendo quioscos, puestos en la vía pública y ferias libres de la comuna. Los comerciantes informales, ya sea autorizados o no, son vistos como un problema por las administraciones municipales del país, siendo considerados una competencia desleal hacia los negocios formales que

deben cumplir con normativas más exigentes. El tema es tratado desde la perspectiva de la inseguridad, siendo el comercio informal frecuentemente relacionado con la presencia de delitos, y sus productos, asociados con artículos ilegales o fraudulentos, vinculados al contrabando y piratería. En términos de su abordaje a la problemática, los municipios han planteado distintas estrategias, que van desde su aceptación, en base a políticas de “tolerancia”[1], hasta su control y prohibición llegando a aplicar incluso multas al comprador.

El Comercio informal en la vía pública: evidencias desde la comuna de Santiago

En el año 2015, la Dirección de Extensión y Servicios Externos (DESE UC) desarrolló el estudio “Propuesta de regulación y control del comercio en la vía pública”, encargado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, teniendo como caso de estudio la comuna de Santiago. Con el objetivo de crear un perfil actualizado de los comerciantes que trabajaban en la vía pública y realizar un diagnóstico de su situación, se desarrollaron descripciones etnográficas, análisis de experiencias internacionales, veinte grupos focales con comerciantes y se levantaron 300 encuestas en terreno a comerciantes de la vía pública, con y sin permiso municipal, en los barrios Franklin, Meiggs y el centro de Santiago.

El estudio permitió reconocer los aspectos positivos del comercio informal reconociendo la perspectiva de los actores involucrados. Consultados por los beneficios de su actividad, los comerciantes informales, tanto autorizados como ilegales, coincidieron en valorar la libertad de tomar sus propias decisiones relativas al trabajo, de no tener un jefe y no cumplir horarios. Asimismo, fue relevante conocer cómo el comercio en la vía pública representaba una oportunidad laboral para personas con dificultad para entrar al mercado formal, por ejemplo, personas mayores, con poca educación, minusválidos o personas con enfermedades limitantes. Por otro lado, la encuesta evidenció que un tercio de los comerciantes eran habitantes de la misma comuna y que 75% tenían personas que dependían económicamente de ellos, develando que los permisos municipales ayudan al desarrollo de sus propios habitantes. Respecto de la compra de productos, la mayoría adquiría sus productos en negocios establecidos mayoristas (37%), importadoras (19%) y La Vega (12%). Por otra parte, la mayoría de los comerciantes poseían más de 15 años trabajando en la vía pública y 68% señalaron que no estaría dispuesto a trabajar fuera de ella, lo que demuestra que está lejos de ser una actividad provisoria.

A partir de los resultados del diagnóstico, la revisión y consideraciones sobre la base de la experiencia internacional, se propusieron las bases para desarrollar una política pública específica para atender las particularidades de este sector informal de la economía y su relación con el espacio público, reconociendo su aporte a la economía y el empleo. En tal sentido, se propuso como fundamento esencial de la definición de política el reconocer el comercio en la vía pública como parte de la economía informal pero legítima a aquellas actividades económicas ejercidas de forma ambulatoria sobre bienes nacionales de uso público, sea en la prestación de servicios o venta de productos, así como actividades artísticas, siempre y cuando tributen como contribuyentes, se generen a partir de una trazabilidad legal y se ejecuten de manera autónoma, es decir, sin empleador ni bajo subcontratación.

La propuesta de política se fundamentó en cuatro principios rectores: reconocimiento, singularidad,

formalización y autorregulación. El reconocimiento del comercio que se desarrolla en la vía pública como positivo e importante, ya que genera empleo, dinamiza la economía y cubre un área de provisión de bienes y servicios complementario al comercio establecido. El principio de singularidad reconoce al comerciante como actor económico, quien hoy no está considerado debidamente en su aporte a la economía local y su complementariedad con la economía formal, pero tampoco en su condición de contribuyente ni en las estadísticas empleo, ingresos y/o producción. La formalización establece que todos los esfuerzos de la política deben estar orientados a la formalización del comercio ejercido en la vía pública en virtud que este tenga legitimidad institucional. Se debe pretender profesionalizar y modernizar su funcionamiento, además de lograr una mayor seguridad y protección social a aquellos (as) que ejercen esta actividad. Por último, la política debe promover la autorregulación de los que ejercen esta actividad, fortaleciendo su carácter asociativo en búsqueda de favorecer sus procesos de formalización y el diálogo con las instituciones de fomento y regulatorias.

La definición de fundamentos y principios para una política de regulación es un aporte fundamental para generar un acuerdo como país en la forma de relacionarnos con el comercio informal que se ejerce en la vía pública. Para esto se hace necesario un profundo cambio en la visión predominante en los municipios que la sigue asociando a la inseguridad, siendo necesario ampliar la mirada a un enfoque de abordaje multidimensional que reconozca el aporte que hace esta actividad a la vida económica de la ciudad en función de entender tanto sus aportes y ventajas como sus externalidades negativas. ¶

referencias bibliográficas

Dirección de extensión y Servicios Externos (DESE FADEU

UC). (2015). Informe Final, Propuesta de regulación y control del comercio en la vía pública. Santiago. I.M. de Santiago. (1994). Ordenanza Municipal Nº59 para el Comercio Estacionado y Ambulante en Bienes

Nacionales de Uso Público. Texto actualizado en 2008,

Santiago, Chile. Instituto Nacional de Estadísticas. (25 de Mayo de 2019).

Estadísticas de Informalidad Laboral (EFM 2019).

Obtenido de https://www.ine.cl/docs/default-source/ laborales/informalidad-laboral/publicaciones/2019/ estad%C3%ADsticas-de-informalidad-laboral-2019.

pdf?sfvrsn=3b635dd2_6 International Labour Office (ILO). (2017). Transition from the Informal to the Formal Economy Recommendation,

Workers’ Guide. Geneva: ILO. Subsecretaria de Prevención del Delito. (2015). Estudio del

Comercio Ambulante no autorizado en Santiago y sus

Impplicancias en la Seguridad Ciudadana. Santiago.

notas

[1] Se trata de autorizaciones informales que daba la municipalidad, que implicaban que a las personas se les

“toleraba” que vendieran en la calle, es decir, un “permiso para trabajar sin permiso”.

«Esos asentamientos que conforman “lo informal” no son lugares sin forma, no son lugares sin reglas»

a c t o r e s

entrevista a karina leitão

Por Arturo Orellana

Director Revista Planeo

Karina Leitão es profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo (FAUUSP). Licenciada en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Pará, Maestra por el Programa de Integración Latinoamericana de la Universidad de São Paulo y Doctora en Planificación Urbana y Regional de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la misma casa de estudios. Actualmente es investigadora y coordinadora de Investigación y Extensión, y del Grupo de Capacitación en Estudios Urbanos en el Laboratorio de Vivienda y Asentamientos Humanos de la FAUUSP.

De acuerdo con lo que uno puede observar, has trabajado o has estado cerca de estudiar el impacto de proyectos en áreas propias de la ciudad informal. En esa experiencia, y en el contexto brasileño, ¿cómo se entiende y cómo se expresa la ciudad informal?

En Brasil existen muchas denominaciones para designar la ciudad informal, personalmente no me agrada el término “informal”, y mucho menos el término “irregular”. Esos asentamientos que conforman “lo informal” no son lugares sin forma, no son lugares sin reglas, son asentamientos que en América Latina -un mundo periférico dentro del capitalismo- representan la única opción para que muchas poblaciones de bajos ingresos puedan asentarse en condiciones de dignidad, una dignidad que ellos construyen. Hay un debate muy importante en Brasil y en el mundo sobre cómo denominar a estos asentamientos y ninguno de estos nombres representa perfectamente la compleja dinámica de producción del espacio que resulta de una generación de pobreza y falta de atención por parte del Estado y del mercado. Son una dinámica estructurante del Brasil capitalista, en la que se perciben condiciones

de habitabilidad precaria que, en alguna medida, son homogéneas en el capitalismo, aunque con particularidades en cada lugar del mundo.

En Brasil, que es una nación de dimensiones continentales, me he dedicado a estudiar las particularidades de estos tipos de asentamientos, de los cuales existe una complejidad y diversidad tan vasta que nuestro propio país desconoce. Desde inicios del siglo XX, el país cuenta con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística que ha contabilizado esta forma de asentamientos populares, y que ha caracterizado mínimamente al número de personas que viven en ellos; sabemos que es una cantidad importante, pero que ha sido contabilizada de forma subestimada, ya que nuestras características son muy diversas. Por ejemplo, en el norte del país hay una predominancia de asentamientos en zonas bajas y anegadas, en donde los palafitos representan una de las tipologías más preeminentes, aunque menos conocidas (yo me he dedicado a este tipo más específico). Y es así, como en Brasil y en el mundo, que el tipo de asentamiento más conocido sea la favela, ubicada en un cerro, en un morro: la favela de Río de Janeiro que pobló el imaginario brasileño. Sin embargo, este tipo de asentamiento no es capaz de traducir la diversidad de formas de asentarse en las que existen dificultades para reproducir la vida con dignidad.

Una colega tuya señala que esta definición de ciudad informal -que está en debate en Brasil- responde fundamentalmente a que estos asentamientos no responden a las normativas y condición jurídica de los suelos. En la medida que eso se resuelve, ¿estos asentamientos dejan de ser parte de la ciudad informal, o bien lo siguen siendo?

Siguen siéndolo. Aun cuando se regulariza un asentamiento, no cambia completamente el estatus del mismo, no lo transforma de facto en un espacio de habitabilidad segura, ni el régimen de propiedad se vuelve una garantía de derechos para sus moradores. En Brasil tenemos experiencias de regularización que se desarrollan de forma cada vez más integrada entre una regularización urbanística formal del espacio y una regularización jurídica de la propiedad. La lucha ha sido por la integración de estas dos dimensiones en la acción del Estado para que la regularización sea multidimensional, trabajando tanto en el campo de la seguridad como de la propia fijación del territorio con alguna condición de acceso y de infraestructura. Pero la verdad es que después de los proyectos de urbanización y regularización, las favelas -como les gusta designar de forma general a todos los “asentamientos informales” de Brasil- no dejan de ser favelas, continúan siendo territorios que al principio fueron autoconstruidos y en alguna medida pasaron por un régimen de construcción que tiene mucho de la dinámica general del capitalismo, pero que al mismo tiempo tiene sus especificidades. En estos asentamientos, las condiciones de vida van mejorando en función de las acciones que la propia población desarrolla en torno a la construcción de ese espacio, de sus casas, infraestructura y de la propia ciudad, que es denominada como informal.

Previo a los procesos de regularización con una mirada integral, la pregunta que surge es si es legítimo o no que exista la ciudad informal. Es decir, desde el punto de vista jurídico no lo es, pero desde el punto de vista del derecho a la ciudad, ¿es legítimo que la respuesta ante la precariedad o la falta de vivienda sea la proliferación de asentamientos irregulares?

La ocupación en áreas irregulares, informales o precarias es legítima, porque es la única posibilidad en ciudades o países donde ese derecho no fue garantizado por el Estado. Por ejemplo, en el caso de Brasil y otros países latinoamericanos, los marcos constitucionales nacionales establecen como garantía el acceso a una vivienda adecuada, digna y salubre, pero en la medida en que el Estado no está cumpliendo con este derecho, a la población de bajos salarios y trabajos informales sólo le resta ocupar el territorio de una manera que no es considerada legal o formal ante los ojos de la ley, entonces es obvio que es legítimo. En este sentido, el Estado brasileño opera en una duplicidad: al mismo tiempo que considera como una amenaza la permanencia de estos lugares, se cuenta con un ejercicio histórico en el que se ha reconocido la legitimidad de estas ocupaciones. En el país aconteció un hecho histórico: llegó un momento en que el volumen de asentamientos irregulares precarios era tan grande, que el Estado -conservador o no- y las diversas instancias de gobierno, no pudieron asumir más la posibilidad de relocalizar a todas estas personas y reponer completamente el stock.

Aprovechando lo que señalas, es posible identificar que la ciudad informal es parte del tejido urbano de una gran porción de ciudades latinoamericanas y particularmente de Brasil, donde se expresa como fenómenos de gran escala que no se limitan a pequeños barrios, sino incluso a ciudades completas en términos de la población que concentran. Incluso podría decirse que -como se señala sobre el mercado informal- es resultado estructural de la economía de mercado, en la que no es posible que toda la gente acceda al mercado formal del trabajo porque hay procesos de tecnologización del empleo, bajos salarios, etc. Desde este punto de vista, ¿para quién crees que es una amenaza permanente la coexistencia entre la ciudad formal y la ciudad informal?

En primer lugar, quiero hacer un posicionamiento: yo no veo a la ciudad informal como una parte de la ciudad, la ciudad informal es la ciudad. Destacar a la ciudad informal del resto de la ciudad es entrar en un análisis de diferenciación de estos espacios que, en alguna medida, el pensamiento crítico brasileño ya ha contestado. Se ha intentado mirar a estos asentamientos como regímenes diferentes de producción del espacio, pero eso no significa que no sean una ciudad. Obviamente en la forma más corriente de referirse a ellas hay una visión dual sobre la ciudad. En Río de Janeiro, por ejemplo, es muy común hablar de la favela y el asfalto, pero la favela ya tiene asfalto; o distinguir entre barrio y favela, como forma de destacar estas diferencias que existen de facto. Pero mirar hacia estos asentamientos como diametralmente opuestos a la ciudad no es la realidad. Los regímenes de informalidad, irregularidad y no cumplimiento de la ley también se dan en la ciudad formal. Ahora, respondiendo con mayor especificidad a la pregunta, estos asentamientos amenazan a grupos de la sociedad que forman parte de la élite y que tienen intereses sobre la valorización de sus inmuebles; por ejemplo, cuando existen favelas cerca de barrios ricos o de clase media y que supuestamente los desvalorizan.

Uno podría responsabilizar al mercado, pero también al Estado por esta condición. Desde tu punto de vista, ¿cómo se reparten estas responsabilidades?

La verdad es que no se reparte la responsabilidad, considero que la responsabilidad -en términos de la prerrogativa de planeamiento- es totalmente del Estado. Corresponde al Estado reglamentar, proveer derechos e infraestructura y también regular al mercado; pienso que ese es su papel dentro del sistema capitalista. Creo que la coordinación de las políticas es un poder del Estado en todas sus esferas, que en el caso de Brasil están organizadas en un sistema federalista con entes que deben aplicar una política urbana de manera coordinada. A esto se suma que son estados donde gran parte de la riqueza que se produce internamente es expatriada, no permanece en el país para generar condiciones de acceso a una vida urbana más digna, por lo que son responsabilidad del Estado las condiciones de vida que se van produciendo. Es obvio que el mercado contribuye a la reproducción de desigualdades, pero para quien comprende que cabe al Estado condenar aquello, no es suficiente plantear que el mercado es el único culpable.

Ahora que señalas el papel del Estado en esta coordinación, ¿en qué medida consideras, para el caso brasileño, que las visiones ideológicas que sostienen las autoridades determinan las posibilidades de abordar el problema de una manera más integral?

Esa es la gran cuestión: la forma en cómo el Estado se posiciona frente a la reproducción de las condiciones de vida es un asunto de fondo ideológico, pero sobre todo económico. Esto ya ha sido muy explorado en la literatura académica científica y por la propia lucha popular en Latinoamérica. La reproducción de vida contra las condiciones de precariedad representa una periferia del capitalismo y este último va cediendo porque también le es funcional. Personas que viven con bajos salarios tienen una función dentro del sistema. En el mundo capitalista periférico se van rebajando las condiciones laborales, el trabajo es mal remunerado y no incorpora el valor de la vivienda. Los empleos cada vez más informales e intermitentes no posibilitan vivir en condiciones adecuadas.

Es este sentido, es importante que desde una perspectiva ideológica los gobiernos desarrollen acciones para mejorar de las condiciones de vida propiamente, pero lo es también, que actúen en torno a una redistribución de la renta, a la generación de empleo y a una política macroeconómica que permita condiciones de vida completamente diferentes. Es insuficiente pensar, apenas de una manera ideológica o progresista, que los programas en los territorios van a resolver los problemas. Resolver los problemas significa detener la máquina de generación de pobreza en países como Brasil y así, parar la generación de favelas.

Puede decirse que este fenómeno no es reciente, se funda en dinámicas de migración campo-ciudad en las que el progresivo aumento migratorio significó una proliferación de asentamientos periféricos precarios. Respecto a esto se ha escrito mucho, pero al parecer la acción específica y el trabajo con las comunidades es más reciente, ¿existe una deuda de la academia en esto?

Pienso que en términos sociológicos, geográficos y arquitectónicos no hay una deuda de la academia. Nos hemos dedicado a estudiar, hablar, problematizar, cambiar metodologías; tenemos una profusión y riqueza de estudios muy importante en Brasil y América Latina. Contamos con teorías y metodologías de abordajes muy diversos, cuya variedad es importante para el debate académico. Tal vez la deuda podría relacionarse con qué tanto la academia ha contribuido a su aplicación. En el contexto latinoamericano nos hemos conformado con una actuación del Estado que se ha focalizado casi de forma exclusiva en la producción de nuevas formas de vivienda que no han sido la solución a la pobreza.

Tal vez si nos hubiésemos dedicado a definir una agenda de urbanización de los asentamientos que ya se venían construyendo, veríamos realidades sociales diferentes. Entonces, puede que la deuda recaiga en la medida en que hemos contribuido a la elaboración políticas públicas en el campo de urbanización de las favelas, así como en el mejoramiento de barrios. Siendo muy honesta, la academia en países latinos -y en el caso brasileño- tiene muy poco poder en sus manos; a veces, llegamos a ser una élite que sólo discute dentro de los muros universitarios, aunque también es necesario reconocer que existen intelectuales e investigadores que se disponen a realizar esta apertura de forma más enfática e interdisciplinaria.

En un mundo cada vez más individual, ajeno a las ideologías, más populista y nacionalista, ¿qué te hace a ti esperanzarte de que podemos mejorar y abordar el desafío que significa mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad informal?

Pienso que hay esperanza en lo referente a la riqueza de la construcción social de la vida en estos lugares. No quiero de ninguna manera romantizar lo que es la vida en un ambiente precario, lo menciono en tanto que la formación del sujeto periférico que vive en estos asentamientos habla de una vida que viene aconteciendo en formas en las que se perciben articulaciones importantes: en asociaciones de barrios, movimientos culturales, colectivos periféricos que se van territorializando y que construyen posibilidades de una vida colectiva. De la misma forma en que uno percibe un proceso de individualización, existen muchas señales de esperanza en las formas de urbanización comunitaria. Además, el problema cobra una magnitud tan grande en el escenario urbano mundial que ya no es posible fingir que no existe y, en ese sentido, la esperanza también es posible en la medida en que un problema pasa a ser elucidado, visibilizado y la gente comienza a mirar a la sociedad como un todo. No creo que estemos en un momento histórico-político en que los gobiernos nacionales, departamentales y municipales estén destinando recursos para atender estos lugares, pero seguramente la academia, los movimientos sociales y culturales estén atentos a que estas fronteras se vayan borrando, ante una construcción política cada vez más clara sobre las condiciones de vida en estos lugares. Tal vez ahí está la semilla de esperanza.¶

Asentamientos informales emplazados en áreas de riesgo en la ciudad de Cuenca. Fuente: Erick Serrano, 2018

c o l u m n a s

asentamientos informales en cuenca: el otro lado de la moneda

Gina Rivera Torres

Arquitecta, Magister en Desarrollo Urbano por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Erick Renato Serrano Fernández de Córdova

Arquitecto, Magister en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente por la Pontificia Universidad Católica de Chile

Las ciudades ecuatorianas han experimentado en las últimas décadas fuertes procesos de informalidad en la ocupación del suelo, que ha derivado en importantes inequidades socio-territoriales. En Cuenca esta problemática ha comenzado a tomar vital relevancia en las últimas décadas, donde junto con el acelerado crecimiento urbano se ha producido una importante reproducción de los denominados “asentamientos de hecho”, donde paulatinamente las intervenciones realizadas por las administraciones de turno, han legitimado una ocupación que lejos está de alcanzar el “Buen Vivir” o el anhelado “Derecho a la Ciudad”.

asentamientos informales, derecho a la ciudad, informalidad. En las últimas décadas por su rol de mediación e intermediación urbana y territorial, así como por sus estándares urbanísticos, la ciudad Cuenca se ha convertido en un referente para la región; permitiéndole inclusive a nivel Latinoamericano posicionarse como uno de los modelos de desarrollo para ciudades intermedias. Ello la ha convertido en un polo de atracción de un importante número de personas; quienes en su necesidad de “tener un techo”, han dado lugar a acelerados procesos de ocupación formal e informal. Si bien, estas segundas ocupaciones difieren en número, tamaño e intensidad respecto de las grandes metrópolis como Guayaquil y Quito; no dejan de ser preocupantes los problemas socio-territoriales, ambientales, políticos y económicos que de ello se deriva. Con la promulgación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo (2016), la informalidad en la ocupación del suelo ha

tomado especial relevancia en la ciudad y en general en el Ecuador, al establecer la obligatoriedad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos la gestión de los denominados “Asentamientos de Hecho”[1]; mismos que en Cuenca a más de situación “ilegal” se caracterizan por la manera improvisada y orgánica de ocupación principalmente de áreas en riesgo por pendientes que superan el 50%, áreas de inundación, de inestabilidad y en márgenes de protección de ríos y quebradas; donde la accesibilidad y conectividad son deficientes, los equipamientos comunitarios, espacios públicos e infraestructura en general son limitados y en los casos más comunes, éstos simplemente no existen.

Como señala Abramo (2012) estos asentamientos son resultados de la “lógica de la necesidad”, pues para la población de clase baja, la ocupación informal se ha convertido en casi la única solución para adquirir suelo a bajo costo y acceder a la añorada vivienda propia, que bajo regímenes legales como el incentivo a la vivienda social promovida por el gobierno desde los años 90, ha sido prácticamente imposibles de alcanzar. Primero porque los costos de las viviendas superan la capacidad de pago, y segundo porque las soluciones habitacionales se ubican en las áreas menos deseadas por el mercado, lejos de las zonas de empleo y estudios (Mena, 2010); lo que acentúa las inequidades socioterritoriales y fomenta la segregación socio-espacial.

Varias administraciones en su intención de mejorar las condiciones de habitabilidad de estos asentamientos, han emprendido proyectos principalmente dirigidos a la dotación de infraestructura básica, mitigación de riesgos y mejoramiento de la accesibilidad; pero que, al no ir acompañadas de una visión de integración urbana, ambiental y social; se han convertido en soluciones paliativas que, a más de favorecer la reproducción de estos asentamientos; han fomentado la inserción a un “mercado informal del suelo” (Jaramillo, 2008); que ha impulsado a sus habitantes a exigir paulatinamente al Estado la legalización de su situación, así como sus derechos a los servicios y demás oportunidades que brinda la ciudad; lo que ha conllevado importantes costes económicos, sociales, y ambientales.

Lo que han hecho las administraciones de turno con este proceso, es legitimar esta ocupación que transgreden todo lo establecido en las normativas vigentes y sobre todo en el modelo de territorio que se persigue; lo que ha derivado en una reconfiguración morfológica acompañada de una reorganización social (Torres, 2018); que en el caso de Cuenca, ha pasado de estar caracterizada por una heterogeneidad de estratos socio-económicos a evidenciarse en mayor grado, áreas completamente segregadas con importantes conflictos de inequidad.

Intervenciones que finalmente ponen en evidencia las visiones neoliberales que imperan al momento de actuar sobre estos asentamientos, y que no son más que la aplicación de las ideas impuestas por De Soto y generalizadas para todas las ciudades latinoamericanas desde la publicación del aclamado libro “El otro Sendero” (1987), en donde la informalidad no es concebida como un atraso, sino por el contrario, es una “solución” para las ciudades; al contribuir a una verdadera economía de mercadeo.

Planteamientos que tal como lo expone Pradilla (1995) han sido ampliamente criticados por diversos investigadores latinoamericanos, principalmente por su carácter “encubridor e ideológicamente burgués” (p. 7); que niega deliberadamente las verdaderas razones de ser de estos asentamientos, evidenciado con ello la incapacidad estatal para brindar condiciones de vida digna a los sectores más pobres.

Para Cuenca la informalidad en la ocupación del suelo se ha convertido en su talón de Aquiles, pues siendo una de las ciudades pioneras en los procesos de planificación urbana en el país iniciada en los años 40; la complejidad que conlleva el crecimiento urbano ha puesto en evidencia las limitadas herramientas de planificación y gestión urbana, la visión neoliberal que

impera en las intervenciones, pero sobre todo, deja ver el grado utópico que tiene el concepto del “Derecho a la ciudad” promulgado en la carta magna del Ecuador (2008); pues en los últimos años, más allá de su mera declaración en los modelos territoriales, objetivos y visiones, éste no han logrado ser territorializado.

Si bien es cierto que las ciudades se construyen a través de narraciones, historias y visiones de un futuro sostenible, siendo prácticamente la imagen que se “vende” al resto del mundo; parte de entender la complejidad urbana, es reconocer que existen procesos que superan estos imaginarios y que requieren ser visibilizados, reconocidos y aceptados. En este sentido, es necesario como apunta Torres (2018), abordar la informalidad urbana como un modo de urbanización que existe y seguirá aumentando en el mismo grado e intensidad, de no encontrar los mecanismos que permitan, desde la planificación y gestión urbana, dar una solución real a los conflictos socio-territoriales.

Dejar de negar ese otro lado de la moneda, el de los asentamientos informales tildado como la “no ciudad”; es el primer paso que debe dar Cuenca, para alcanzar un crecimiento urbano sostenible y amigable con todas las formas de habitar la ciudad. ¶

referencias bibliográficas

Abramo, P. (2012). La ciudad com-fusa: mercado y producción de la estructura urbana en las grandes metrópolis latinoamericanas. Revista Eure, 38(114), pp. 35-69 Escoffié, C. (2018). Mitos sobre la población en asentamientos informales. Recuperado Mayo 2019 de: https://www.animalpolitico.com/columna-invitada/ prejuicios-sobre-la-poblacion-en-asentamientosinformales/ Harvey, D. (2007). Espacios del capital. Hacía una geografía crítica. Barcelona, España: Akal. Jaramillo, S. (2008). Reflexiones sobre la “informalidad” fundiaria como peculiaridad de los mercados del suelo en las ciudades de América Latina. Territorios, (18-19), pp. 11-53 Morales, J. (2016). Informalidad y Derecho a la Ciudad en Ecuador. Recuperado Mayo 2019 de: http:// investigaciones.puce.edu.ec/handle/23000/966 Pradilla, E. (1995). El mito neoliberal de la informalidad urbana. Recuperado Mayo 2019 de: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Ecuador/ ciudad/20121009040840/mito.pdf Torres, D. (2018). Informalidad urbana en la era neoliberal ¿Una categoría en crisis? Recuperado Mayo 2019 de: https://www.researchgate.net/publication/332448963

notas

[1] Art. 74 Asentamientos de Hecho: están conformados de lotes subdivididos sin autorización legal, consolidado por los posesionarios que no cuentan con título de propiedad individual, encontrándose en una situación irreversible y que necesitan legalizar la tenencia de la tierra y el desarrollo de obras de infraestructura; y no están dentro del margen y normas establecidas por las autoridades encargadas del ordenamiento territorial.

Autoconstrucciones en viviendas «terminadas». La Pintana. Santiago de Chile Fuente: el autor