Política y derecho

EL PAÍS

POR JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ PRATS

La política y el derecho tienen como materia la obtención y el ejercicio del poder. La primera requiere flexibilidad, el segundo exige rigor. Si no convergen, se cae en el autoritarismo o en la anarquía. Tres materias son fundamentales: derecho romano, sociología jurídica y filosofía del derecho. Ahí está lo básico para conformar el criterio jurídico, algo así como la conciencia de lo legal. Nuestro Estado de derecho es un desastre. La forma frívola e irresponsable con que se hacen las leyes y la negligencia y corrupción que prevalecen para evadir su cumplimiento han sido mis temas recurrentes. Existe un principio rector, el de definitividad, esto es, que en un plazo perentorio el proceso concluye y la ley dice la última palabra. Esto, tan elemental, no es nuestra rutina. En México, el derecho siempre está en suspenso y por tanto no cumple uno de sus fines: la certeza. Tres son para mí los juristas más relevantes: Ignacio L. Vallarta, Emilio Rabasa Estebanell y Manuel Gómez Morín. Sus aportaciones son radicalmente vigentes. Abrigo el temor de que, voces encumbradas, ante la sola mención de sus ideas, las calificarían de neoliberales, conservadores o neoporfiristas. La descomposición de México es más profunda de lo que se percibe. Fallamos en lo elemental: no tenemos un auténtico y respetable sistema jurídico. Eso sí, mentimos con lo que debe ser lo más sagrado, la ley. Cada sexenio se monta una comparsa con la que se presume el inicio de una nueva era. Las similitudes son tan aburridas que han propiciado el hartazgo de la ciudadanía. El “tope donde tope”, el “caiga quien caiga” se repiten machaconamente. La consecuente desmoralización de la ciudadanía es enorme. El actual gobierno no es la excepción, anoto un daño que puede resultar pernicioso: el caso Lozoya, asunto que inicia con evidencias lamentables de iniquidad e ignominia. Haber impedido inversión privada en el sector energía fue algo más que una política equivocada o una fallida defensa de nuestra soberanía o un intento frustrado para fortalecer nuestra independencia económica. Fue una absoluta estupidez. No surgió con la Constitución de 1917, ni siquiera con la expropiación petrolera de Cárdenas. Empezó con el gobierno de López Mateos y culminó con la aberración jurídica de incorporar en nuestra Carta Magna el concepto de “áreas estratégicas” como exclusivas del Estado en el gobierno de Miguel de la Madrid. Nuestro texto fundamental, único en el mundo, en lugar de proteger al ciudadano de los abusos del poder del Estado —su razón de ser— consignó la defensa del poder público de la participación de los particulares, evitando la competencia y creando monopolios. Me atrevería a sugerir que se incorpore a la antología de las más colosales decisiones incorrectas en la historia de los gobiernos de todas las naciones. Como diputado federal, en 1992 defendí la reforma de apertura, en ese caso en la electricidad. Lo hice también en la segunda legislatura de Ernesto Zedillo, cuando, por deficiente operación política, no se concretó y me sentí frustrado como senador y diputado en los gobiernos de Fox y Calderón, en los cuales, por mezquindad del PRI y del PRD, no se pudo avanzar. El Diario de Debates da cuenta de mis iniciativas e intervenciones. Lo único rescatable del gobierno de Peña Nieto es haber suprimido por fin las prohibiciones. Las cada vez más escasas inversiones del gobierno —de resultados desastrosos— hacen necesarias e indispensables las del sector privado. Me temo que, ante los señalamientos de legisladores que recibieron dádivas a cambio de su voto, se cierre una rendija para enfrentar nuestra grave crisis. No me canso de insistir en que el mayor problema de México, con todo y las amenazas y deterioro en materia de salud, seguridad y economía, son nuestros endebles principios éticos, siendo el primero cumplir, sin estridencias ni alharacas, la ley.

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