RESOLUCIÓN No. 27 APOYO A LAS COMUNIDADES Y TERRITORIOS DE LOS PAÍSES ANDINOS QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE DAÑOS AMBIENTALES Y SOCIALES POR ACTIVIDADES EXTRACTIVISTAS La Mesa Directiva del Parlamento Andino, en el marco de su Periodo Ordinario de Sesiones, celebrado en Bogotá el 21 de noviembre de 2018 CONSIDERANDO Que, el Tratado Constitutivo del Parlamento Andino, suscrito por los gobiernos de sus países miembros, en su artículo 11 define los siguientes propósitos para la institución: b) Sustentar en la Subregión Andina el Pleno imperio de la libertad, de la justicia social y de la democracia en su más amplio ejercicio participativo, y c) Velar por el respeto de los Derechos Humanos dentro del marco de los instrumentos internacionales vigentes sobre la materia para todas las Partes Contratantes; Que, para la protección efectiva de los derechos humanos y la dignidad humana, es necesario la protección del medio ambiente; debido a que no es compatible un modelo de crecimiento insostenible con el desarrollo de una sociedad. Los derechos a la educación, a un trabajo, a la cultura, a la vida y a la salud, que garantizan el pleno efecto de la condición humana, no pueden darse si no se respeta el medio ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos. No hay plenitud de los derechos humanos si la naturaleza acaba degradándose y terminándose, no puede haber equidad y justicia social si los recursos naturales son explotados de manera insostenible; Que, en los países de la región andina la explotación de recursos naturales es una parte vital de su actividad económica. Estos recursos constituyen una fuente importante de ingresos por concepto de exportaciones. Sin embargo, es indispensable tener en cuenta que son bienes escasos y, muchos de ellos, de carácter limitado y no renovable; Que, en los países miembros del Parlamento Andino, la explotación de los recursos naturales se encuentra en manos de empresas multinacionales, privadas o públicas. Las cuales, obtienen significativas ganancias de la actividad extractivista y del trabajo de la población; por lo cual, tienen el imperativo ético de establecer políticas de responsabilidad social y ambiental empresarial, protección de los desechos humanos y cuidado de los ecosistemas; Que, la explotación de recursos naturales por empresas nacionales (públicas o privadas) y multinacionales, además de las grandes ganancias monetarias que ha significado, ha tenido serios impactos negativos sobre el medio ambiente, como la liberación de
sustancias tóxicas, daño a la tierra, drenaje ácido, desmontes y relaves, lluvia ácida, ruido, polvo, exposición de trabajadores, costos legislativos, entre otras; Que, en la República de Chile se ha evidenciado la disminución del volumen de los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza, ubicados en el Valle de Huasco, como consecuencia de la construcción de caminos, tránsito de maquinaria pesada e instalación de plataformas de sondaje por parte de la multinacional minera Barrick Gold. Igualmente, la presencia de altos niveles de arsénico y mercurio en las especies marinas de Quintero, Ventanas y Puchuncaví en la región de Valparaíso, a causa de 14 empresas (Aes Gener S.A, Puerto Ventanas S.A, Codelco Ventanas S.A, Shell, COPEC, ENAP, Endesa, Epoxa, Gasmar, Cementos BioBio, Oxiquim S.A, Terminal de Gas licuado Quintero-GNL, entre otras) que funcionan en el borde costero de Ventana, entre las cuales se encuentran cuatro termoeléctricas a carbón, fundiciones de cobre, cementeras, puertos graneleros, concentrados de cobre y petroleras. Así como el derramamiento de 38.000 litros de crudo al mar por parte de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP); Que, en la República de Colombia se ha presentado el vertimiento de 500 toneladas de carbón en Ciénaga, Bahía de Santa Marta, ocasionado por Drummond Company; así como, el afloramiento de crudo en un predio ubicado a 230 metros del pozo Lisama 158, que duró cerca de un mes, contaminando importantes fuentes hídricas en Barrancabermeja, y la afectación de más de 1.000 animales por el afloramiento de 24.000 barriles petróleo y el desalojo de 16 de las 47 familias asentadas en las cercanías del desastre ocasionado por Ecopetrol; Que, a lo largo de más de diez años se han generado graves impactos negativos en materia social, ambiental, cultural y económica en el Estado Plurinacional de Bolivia debido a las operaciones de la multinacional energética y petroquímica española RepsolYPF en los pueblos bolivianos ItikaGuasu, Tentayape, el Parque Nacional AnmiOtuquis y las Serranías del Aguaragüe; que, según un informe elaborado por la Asamblea del Pueblo Guaraní de ItikaGuasu, esta empresa tiene concesiones en 16 territorios indígenas y en 7 áreas protegidas en los que ha producido un daño constante y permanente de diversa índole, ya que hay más de diez casos de contaminación ambiental, hay numerosos casos de discriminación laboral a los pobladores del lugar, agotamiento de fuentes de agua, tala descontrolada de árboles, entre otras actividades que atentan contra el territorio y sus habitantes; Que, en la República del Ecuador las comunidades que habitan la Amazonía ecuatoriana han sido afectadas, en su opinión, por un irresponsable manejo de los territorios que fueron concesionados a Chevron-Texaco y donde manifiestan de forma irresponsable se desecharon 80.000 toneladas de residuos petrolíferos en la zona de Lago Agrio entre 1964 y 1992, y, también, se cubrieron con petróleo más de 1.500 kilómetros de caminos en la Amazonía. Esta comunidades han señalado su preocupación por los daños ambientales, por lo que, en su criterio señalan como una
afectación no solo a sus territorios sino a sus formas de vida, evidenciado las consecuencias e impactos negativos sociales, ambientales y culturales que ha derivado una explotación irracional de los recursos naturales; Que, en la República del Ecuador la multinacional ChevronCorporation desechó de forma; derramó 60 billones de litros agua tóxica en esteros, ríos y lagunas de la región; además se vertieron 650 mil barriles de crudo en la selva y las vías de la zona amazónica; también. Lo que ha atentado contra los pueblos y la naturaleza de este sector, afectando por años a más de 30.000 personas que continúan sufriendo serios impactos en su salud. Esto teniendo en cuenta que los casos de cáncer han aumentado considerablemente, así como el riesgo de mortalidad, los abortos espontáneos, los casos de problemas respiratorios, dermatológicos, renales, hepáticos y digestivos, entre otras graves consecuencias. Adicionalmente, aún existen más de 880 fosas llenas de crudo que dejó Texaco, también hay ríos llenos de sedimentos de hidrocarburos sin ser remediados de forma adecuada; Que, en Ecuador según las comunidades amazónicas, la empresa Repsol-YPF, que tiene concesiones en la Amazonía dentro del Parque Nacional Yasuní y de la Reserva de la Biosfera Yasuní, con sus actividades ha contaminado aguas y suelos, ocasionando la pérdida de biodiversidad y forestación en la zona; provocando a su vez impactos sociales y culturales al pueblo indígena Waorani y a los pueblos Tagaeri y Taromenane, pobladores ancestrales de este lugar. Otras de las consecuencias han sido el desplazamiento de comunidades, el cambio de sus costumbres culturales, graves daños en su salud, conflictos laborales, entre otros; Que, en la República del Perú se ha visto un daño de un área de 1.000 metros cuadrados de pastos naturales en la Provincia de Espinar – Cusco, debido a concentrados de cobre por parte de la minera XstraTintaya, multinacional con sede registrada en Londres. También, la contaminación del aire de Lima, el cual era el más contaminado en Latinoamérica en el 2014, a causa de diecisiete empresas, de las cuales once son investigadas en el Ministerio Público del Perú, otras cinco afrontan juicios por el delito de contaminación ambiental, y una de ellas, Fundiciones Ecológicas S.A.C., decidió cancelar la operación de su planta de plomo y ahora se aboca a la producción de sulfato de cobre. Al igual que, la expulsión de vapores industriales cerca de un asentamiento humano (Virgen de Guadalupe), en donde viven dos mil personas con alto riesgo a desarrollar cardiopatías y cáncer de pulmón, a cargo de la empresa Sulfato de Cobre S.A.; Que, los gobiernos de los países andinos deben garantizar que las empresas nacionales (públicas y privadas) y las multinacionales, desarrollen evaluaciones de impacto ambiental para todos los proyectos de explotación y extracción de recursos con el objetivo de determinar el grado de afectación, resiliencia y vulnerabilidad de los ecosistemas y las comunidades que habitan los territorios donde se desarrolla la actividad empresarial. Estas evaluaciones deben incluir los efectos que estos proyectos
causan sobre el ambiente, así como una valoración de los mismos en términos monetarios; Que, dentro de sus Políticas de Responsabilidad Social Empresarial, las empresas nacionales y multinacionales deben implementar estrategias y proyectos de responsabilidad medio ambiental. Estas estrategias, más que un impedimento u obstáculo para la actividad industrial, generan beneficios tanto para la empresa como para las poblaciones, por ejemplo: la reducción de los costos ambientales trae consigo, a menudo, una reducción de los costos económicos (la optimización del uso de los recursos naturales y humanos, y de los procesos, promueve la eficiencia en la actividad empresarial y la disminución de los impactos ambientales); una gestión ambiental responsable genera oportunidades para certificaciones de calidad, fomentando el acceso a mercados exigentes y sensibles las cuestiones ambientales; incrementa la confianza de la ciudadanía en las compañías y mejora su imagen pública; y, fomenta el acceso a planes de desarrollo, productos y líneas de crédito, así como incentivos estatales, para el desarrollo de nuevas tecnologías y la implementación de sistemas y técnicas sostenibles que fomenten una producción más limpia; En uso de sus atribuciones, la Mesa Directiva del Parlamento Andino, RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO.Solicitar a los gobiernos de los países miembros para fortalecer el desarrollo e implementación de políticas públicas que tengan como objetivo principal la protección del ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad y la cultura de todas las comunidades, indígenas, originarias, y campesinas, etc., que habitan en los territorios donde se desarrollan actividades industriales de explotación de los recursos naturales. Para esto, resalta el Marco Normativo sobre Gestión del Riesgo de Desastres que aprobó la institución y que desde una visión de educación y prevención tiene por objetivo minimizar los impactos y la ocurrencia de malas prácticas industriales que degradan el medio ambiente. ARTÍCULO SEGUNDO.Apoyar a los Estados Miembros y las comunidades originarias y campesinas que han sido afectadas por prácticas empresariales irresponsables con el medio ambiente. Por lo cual, hace un llamado para que los gobiernos nacionales y locales realicen Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) de manera rigurosa a los proyectos de extracción y explotación de recursos naturales realizados por empresas nacionales (públicas o privadas) y multinacionales en cada uno de sus territorios, determinando el grado de afectación y vulnerabilidad de los ecosistemas y las comunidades donde se realiza la actividad industrial. ARTÍCULO TERCERO.Establecer legislación en los Estados Miembros que incentive a las empresas a diseñar políticas de Responsabilidad Medio Ambiental. Las estrategias en este aspecto deben estar dirigidas a fomentar un uso sostenible de los recursos
humanos, delimitar y definir con calidad y exactitud las áreas de influencia del proyecto de explotación, así como construir resiliencia y fortalecer las capacidades de adaptación de las comunidades directamente afectadas. Estas acciones deberán ser construidas de manera participativa con las poblaciones, el sector académico y los demás actores sociales interesados. ARTÍCULO CUARTO. Fomentar espacios de diálogo y debate entre los gobiernos nacionales y locales, la sociedad civil, el sector privado, las ONG, entre otros, que tiendan a la construcción de consensos para la ejecución de proyectos sostenibles. Para lo cual, es indispensable llevar a cabo procesos para la identificación de actores sociales y empresariales interesados en la preservación, extracción, uso y comercialización de los recursos naturales en los países de la región andina. Dada y suscrita en la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el 21 de Noviembre de 2018.
Notifíquese y publíquese.
H. HUGO QUIROZ VALLEJO
DR. EDUARDO CHILIQUINGA MAZÓN
Presidente
Secretario General