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Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
Nueva Época. Año LX, Núm. 225, septiembre-diciembre de 2015
Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias Políticas y Sociales México, D.F.
La Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales es una publicación cuatrimestral (enero-abril; mayo-agosto; septiembre-diciembre) de acceso abierto en internet, dirigida a las y los investigadores, académicos y estudiosos que convergen en la construcción del amplio y diverso campo problemático de lo social. La Revista aborda temas afines a las ciencias sociales en general y sus áreas específicas (teoría política, teoría sociológica, comunicación política, economía política, opinión pública, gestión y políticas públicas, y relaciones internacionales, entre otras). Como plataforma de producción científica del área de las Ciencias Sociales, está comprometida con el pluralismo teórico y metodológico. En su Nueva Época, se erige como foro en el cual se exponen conocimientos de excelencia y de vanguardia y se promueve el diálogo y el debate en torno a interrogantes centrales de nuestro tiempo que convocan, cruzan y expanden las fronteras disciplinarias.
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Directora y Editora Dra. Judit Bokser Misses-Liwerant dir_revmcpys@politicas.unam.mx Editora Asociada Eva Capece Woronowicz edi_revmcpys@politicas.unam.mx Asistente Editorial Lorena Pilloni Martínez articulo.revmcpys@gmail.com Secretaria de Redacción Iraís García Jacales info_revmcpys@politicas.unam.mx Consejo Editorial Benjamín Arditi Karlik (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-unam, México) / Ilan Bizberg (El Colegio de México, México) / Roberto Blancarte Pimentel (El Colegio de México, México) / Fernando Castañeda Sabido (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-unam, México) / David Easton (q.e.p.d.) / Shmuel Noah Eisenstadt (q.e.p.d. | z’l) / Javier Garciadiego Dantán (El Colegio de México, México) / Alicia Gojman Goldberg (Facultad de Estudios Superiores Acatlán-unam, México) / Tonatiuh Guillén López (El Colegio de la Frontera Norte, México) / Edmundo Hernández Vela-Salgado (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-unam, México) / Martin Jay (Universidad de Berkeley, Estados Unidos) / José Marques de Melo (Universidad de Sao Paulo, Brasil) / Adriana Ortiz Ortega (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-unam, México) / Philip Oxhorn (Universidad McGill, Canadá) / Cristina Puga Espinosa (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-unam, México) / Luis Roniger (Universidad de Wake Forest, Estados Unidos) / Alejandra Salas Porras Soule (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-unam, México) / Stephan Sberro (Instituto Tecnológico Autónomo de México, México) / Héctor Raúl Solís Gadea (Universidad de Guadalajara, México) / Bernardo Sorj (Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, Brasil) / Mario Sznajder (Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel) / Benjamin Temkin (flacso-México,) / Francisco Valdés Ugalde (flacso-México) / Teun A. Van Dijk (Universidad de Pompeu Fabra, Francia) / Gilda Waldman Mitnick (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-unam, México) / Michel Wieviorka (Maison des Sciences de l’Homme, Francia). La Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, año lx, núm. 225, septiembre-diciembre de 2015, es una publicación cuatrimestral editada por la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, México d.f., a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Edificio “g”, Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, México, d.f., Tel.: (0052) 55.56.22.94.70 (ext. 1097). url: http:// www.revistas.unam.mx/index.php/rmspys, correo electrónico: edi_revmcpys@politicas.unam.mx. Editora responsable: Dra. Judit Bokser Misses-Liwerant. Reserva de Derechos al uso Exclusivo No. 04-2012-032917241500-203, otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, issn: en trámite. Responsable de la última actualización de este número, Editora Asociada de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Mtra. Eva Capece Woronowicz, Edificio “g”, Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, c.p. 04510, México d.f. Fecha de última modificación, 01 de septiembre de 2015. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de la editora de la publicación ni de la unam. Se autoriza la reproducción total o parcial de los textos aquí publicados, siempre y cuando se cite la fuente completa y la dirección electrónica de la revista. Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. La Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales aparece en los siguientes índices y repositorios: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, (aecid); Bibliografía Lingüística de México (lingmex); Biblioteca Central de la unam; Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (clase); Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt); dialnet; Directory of Open Access Journal (doaj); ebsco; Genamics JournalSeek; Hemeroteca Latinoamericana (hela); Hispanic American Periodical Index (hapi); Historical Abstracts International Bibliography of the Social Sciences (ibss); International Political Science Abstracts (ipsa); Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa (iresie); México Ciencias Sociales (mecs); Pais International Journal Lista; Periodical Index; Red de Revistas Científicas de América Latina, Caribe, España y Portugal (redalyc); Red de Revistas Mexicanas de Ciencias Sociales; SciELO México, Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina (latindex); Social Services Abstracts; Sociological Abstracts Soc Index; Soc Index Full Text; Ulrich’s International Periodical Directory; Worldwide Political Science Abstracts y Scopus. Dirección Postal Circuito Mario de la Cueva S/N Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Edificio “G”, Ciudad Universitaria. Coyoacán, Distrito Federal, México. Tel.: (0052) 55.56.22.94.70 (ext. 1097) URL: http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmspys
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Tabla de contenido
Table of Contents
Editorial Las ciencias sociales de nuestro tiempo: entre sinopias y pentimenti
Social Sciences Nowadays: Between Sinopias and Pentimenti
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Judit Bokser Misses-Liwerant
artículos Modernidad y drogas desde una perspectiva histórica
Modernity and Drugs from an Historical Perspective
21
Adriana Luna-Fabritius
La recaudación del impuesto predial en México: un análisis de sus determinantes económicos en el período 1969-2010
45
Property Tax Collection in Mexico: An Analysis of their Economic Determinants in the Period 1969-2010
Mónica Unda Gutiérrez y Carlos Moreno Jaimes
Pobreza urbana, comunidad local y Estado-socio en Argentina: la provisión de servicios públicos en un asentamiento de la Región Metropolitana de Buenos Aires
79
Urban Poverty, Local Community and State-Partner in Argentina: The Provision of Public Services in a Shanty Town in the Metropolitan Region of Buenos Aires
Patricio Bruno Besana, Ricardo Alberto Gutiérrez y Silvia Grinberg Un método no endógeno para medir el gasto electoral en Chile, 2005-2009
A Non-Endogenous Method to Measure Campaign Financing in Chile, 2005-2009
103
Sergio Acevedo y Patricio Navia
Igualdad religiosa y reconocimiento estatal: instituciones y líderes evangélicos en los debates sobre la regulación de las actividades religiosas en Argentina, 2002-2010
133
Religious Equality and State Recognition: Institutions and Evangelical Leaders inside the Debates on Regulation of Religious Activities in Argentina, 2002-2010
Marcos Carbonelli y Daniel Eduardo Jones
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Democracia, capacidades deliberativas e inclusión política juvenil: el caso de Baja California
161
Democracy, Deliberative Capacities and Political Inclusion of Youth: The Case of Baja California
Cheryl Álvarez-Torres y Alejandro Monsiváis-Carrillo
El impacto de los medios de comunicación sobre la definición del voto de los ciudadanos de Monterrey en las elecciones presidenciales de 2012
203
The Impact of the Media on the Definition of Votes of Monterrey Citizens in the Presidential Elections of 2012
José Fabián Ruiz
dossier teoría social y teoría política: entre los clásicos y el presente Modelos basados en agentes: aportes epistemológicos y teóricos para la investigación social
227
Agent-Based Models: Epistemological and Theoretical Contributions to Social Research
Leonardo Gabriel Rodríguez Zoya y Pascal Roggero
Heterología. La ciencia (imposible) de los residuos violentos
Heterology. The (Impossible) Science of Violent Residues
263
Sergio Tonkonoff
Durkheim, Luhmann y la delimitación del problema del orden social
Durkheim, Luhmann and the Delimitation of the Problem of Social Order
285
Juan Pablo Gonnet
Enfoques teóricos y conceptos sobre el poder político empresarial
Theoretical Approaches and Concepts on Corporate Political Power
311
Ricardo Tirado
Nacionalismo y antisemitismo Hannah Arendt sobre la cuestión judía y el Estado nación
341
Nationalism and Anti-Semitism Hannah Arendt on the Jewish Question and the Nation-State
Myriam Jerade Dana
El papel del Estado en el alivio a la pobreza en la era neoliberal Una aproximación teórica
369
The State’s Role in Alleviating Poverty in the Neoliberal Era A Theoretical Approach
Christian Iván Becerril Velasco
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reseñas/notas de investigación
395
La sociología en debate: el poder de una disciplina
Sociology under Discussion: The Power of a Discipline
Eguzki Urteaga
normas y políticas editoriales
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401
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Las ciencias sociales de nuestro tiempo: entre sinopias y pentimenti Social Sciences Nowadays: Between Sinopias and Pentimenti Judit Bokser Misses-Liwerant En su introducción al Handbook of Qualitative Research, Denzin y Lincoln (2011)1 trazan una visión global que ilustra muy gráficamente la amplitud de los métodos de investigación -específicamente los cualitativos-, tanto a lo largo del tiempo como a través de las disciplinas. Además de cubrir esta tradición en las ciencias sociales, los autores exploran su uso en las humanidades a lo largo del siglo xx y lo que llevamos transcurrido del xxi, dando cuenta de una especie de diáspora metodológica, un éxodo en dos vías en el que algunos humanistas emigraron a las ciencias sociales en busca de una nueva teoría social y nuevas formas de estudiar la cultura, y los científicos sociales se volvieron hacia las humanidades, con la esperanza de aprender a discernir con mayor claridad la borrosa línea existente entre texto y contexto. También pasan revista a las sucesivas olas de los movimientos de teorización epistemológica: del positivismo, al postpositivismo, pasando por las perspectivas interpretativas como la hermenéutica, el estructuralismo, la semiótica, la fenomenología, los estudios culturales, el feminismo y la teoría queer. Desde allí, describen y analizan las sucesivas “guerras de paradigmas” o períodos de conflicto en la disputa epistemológica: la guerra postpositivista contra el positivismo constructivista (1970/1990); el conflicto entre postpositivistas, constructivistas y la teoría crítica (1990/2005); y el conflicto actual entre metodólogos basados en la evidencia y los métodos mixtos, interpretativos, y las escuelas de la teoría crítica (2005/presente). Al reflexionar sobre su historia, los autores llegan a unas cuantas conclusiones: en primer lugar, sostienen que cada uno de los “momentos históricos” en los que se puede clasificar el desarrollo de la investigación cualitativa están todavía vivos y funcionando en la actualidad. En segundo lugar, el momento presente se define por un profundo redescubrimiento de las tradiciones del pasado. Finalmente, sostienen que hemos llegado a un punto en el que es imposible mantener algún tipo de reclamo por la objetividad o neutralidad en la investigación cualitativa. De hecho, hay quienes argumentan que incluso en las ciencias empíricas -en el
1 Agradecemos a la Dra. Diana Silva la oportuna recomendación de esta obra cuya lectura fungió como detonadora de estas líneas reflexivas.
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desarrollo de los métodos cuantitativos- no habría asidero para llevar a cabo este tipo de reclamo por la objetividad pura. De frente a estos planteamientos, consideramos que resulta vigente y pertinente diferenciar entre objetividad y neutralidad valorativa, destacando que la segunda no es -sin más- fundante de la primera. De hecho, se trata de diversos circuitos de configuración del conocimiento científico, aunque sujetos ambos a una pluralidad de interpretaciones y experiencias. Mientras que la objetividad alude a cánones -siempre disputados- que orientan el quehacer de las comunidades epistémicas y científicas, el segundo alude a posturas manifiestas o latentes que convocan a la realidad situada y al anclaje de quien produce dicho conocimiento. En otros términos, la neutralidad no deviene inmediatamente cuota de objetividad, ni la última puede diluir los cánones múltiples, flexibles y rigurosos del saber social. A pesar de la diversidad histórica y disciplinaria de los enfoques y métodos de la investigación, los autores mencionados ofrecen algunas definiciones básicas. La investigación cualitativa casi siempre: 1) sitúa al observador (investigador) en el mundo; 2) utiliza la interpretación para revelarlo; 3) al revelarlo, lo transforma; 4) interpreta al mundo a partir de una serie de representaciones; e 5) interpreta la actividad social en los términos del significado que le otorgan los participantes. En el extremo más interpretativo del espectro cualitativo, los autores presentan la idea de los investigadores como un bricoleur, aquellos quienes crean versiones cada vez más detalladas y reveladoras de los fenómenos sociales haciendo uso de todas las herramientas que están a la mano. Así, los esfuerzos por conquistar la “precisión” en la representación de la realidad social se echan a un lado. Denzin y Lincoln consideran que el investigador reconoce y, en cierta medida, abraza el “efecto distorsionador” inherente a la acción de interpretar y representar la realidad social, y que esto es así por varias razones; entre ellas, el reconocimiento de que el investigador se encuentra dentro de una ética particular de la investigación que lleva una carga política, ideología, valorativa, de modo tal que los investigadores tendrían cada uno su propio “paradigma” de ontologías, epistemologías y metodologías que hacen que los mismos fenómenos sociales sean percibidos e interpretados de manera diferente. Así, se asume la apasionante tarea de caminar sobre una delgada línea que admite que una imagen pura y objetiva de “el mundo allá afuera” no se puede representar, pero vale la pena intentarlo. Es desde allí que arribamos a la naturaleza socialmente construida de la realidad, la íntima relación entre el investigador y lo que se estudia, y la limitaciones situacionales que la investigación conforma. Es esta oscilación entre una realidad interpretada marcada por la subjetividad de quien la aborda y una aspiración que no renuncia a la ciencia como método y práctica que se distingue de otras lo que conforma la creatividad que nutre al conocimiento social. Con el título de esta editorial -“Las ciencias sociales de nuestro tiempo: entre sinopias y pentimenti”- justamente hacemos referencia a los avatares propios de la práctica investigativa. 10 ⎥ Judit Bokser Misses-Liwerant
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Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales⎥ Universidad Nacional Autónoma de México Nueva Época, Año LX, núm. 225 ⎥ septiembre-diciembre de 2015 ⎥ pp. 9-20⎥ ISSN-0185-1918
Una sinopia es un dibujo preparatorio llevado a cabo sobre el muro en el que se ha de pintar un fresco o mural; una técnica utilizada para marcar el boceto sobre el cual se llevará a cabo la pintura. En lo fundamental la técnica es siempre la misma, pero pueden encontrarse una multitud de matices y “formas de hacer” que variarán en función de la época, lugar, escuela artística o pintor y de aquello que se busca delinear, recuperar y crear. La pintura mural, y más aún si es de gran tamaño, requiere de la realización previa de sinopias a partir de las cuales se va dando forma a la obra y se resuelven importantes problemas como la perspectiva desde la que se observará el mural o las deformaciones ópticas productos de la irregularidad del soporte (como las cúpulas, las bóvedas o los rellanos de las escaleras). Es en el Renacimiento cuando se populariza entre los pintores el empleo de la sinopia. Este dibujo previo o preparatorio sobre el penúltimo enlucido (el revoco o arriccio) se llevaba a cabo con un color rojizo llamado ocre de Sinope (una localidad cercana al Mar Negro, de la que procedía el color y de la que toma el nombre). Como esta capa de enlucido lleva otra encima (el intonaco) que se aplicaba por jornadas, la sinopia se iba tapando a medida que avanzaba la obra. Así, la sinopia podría parecer un trabajo inútil, pero era de gran ayuda como guía de la composición, para corregir errores del boceto y determinar las jornadas de trabajo por obra (López Rodríguez, 2008). Por su parte, en el glosario disponible en el portal digital de The National Gallery de Londres2 puede leerse que la palabra pentimento deriva de pentirsi, arrepentimiento o cambio de opinión; de ahí que pentimento es un cambio realizado por el artista durante el proceso creativo sobre la composición original de una de sus obras. Aunque los pentimenti suelen asociarse con la pintura, también existen en la escultura siendo los más populares los cambios realizados por Miguel Ángel en la cabeza y rodilla de Moisés. Los pentimenti pueden demostrar que una composición determinada tuvo originalmente un elemento -una cabeza o una mano- en un lugar ligeramente diferente o que un elemento que finalmente no llegó a aparecer tuvo en principio un lugar en el cuadro. Los cambios pueden percibirse en las capas subyacentes de la pintura por el contraste entre éstas o por una perceptible modificación del primer tratamiento pictórico de un elemento sobre el que se ha repintado. Algunos pentimenti pueden percibirse a simple vista con una inspección cuidadosa del cuadro; otros, sólo se perciben por las transparencias que algunas pinturas van adquiriendo tras el paso de los siglos; unos cuantos, situados en capas inferiores, sólo pueden ser vistos con métodos modernos de inspección visual como los rayos x o infrarrojos. Podríamos aventurarnos a sugerir que las ciencias sociales de nuestro tiempo transcurren entre sinopias y pentimenti. El presente nos pide que las ciencias sociales y las humanidades se conviertan aún más taxativamente en espacios para el conocimiento riguroso y la reflexión 2
Disponible en: <http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/glossary/pentimento> [Consultado el 15 de agosto de 2015].
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crítica sobre democracia, raza, género, clase, nación, globalización, libertad, comunidad, etcétera; delineando bocetos preparatorios que nos permitan encarar los desafíos reflexivos surgidos de nuestras cada vez más abigarradas realidades sociales; y asumiendo los pentimenti metodológicos, analíticos y teóricos que sean necesarios. Es desde aquí que nos gusta interpretar y decodificar este nuevo índice de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Adriana Luna-Fabritius presenta “Modernidad y drogas desde una perspectiva histórica”, y sostiene: Muchas de las drogas que hoy consideramos ilícitas fueron fundamentales en la consolidación de las élites colonialistas de finales del siglo xviii y principios del xix, así como parte de un proceso de modernidad camaleónico. Este texto reconstruye el vínculo entre modernidad y consumo de sustancias estimulantes, mostrando cómo esta relación fue explorada por los sociólogos del siglo xix (…); analiza la forma en que el proceso de criminalización de estas sustancias ha obedecido a fenómenos poco relacionados con políticas de salud pública y (…) sostiene que la prohibición de la comercialización y del consumo se vincula con fenómenos sociales de otra índole.
De este modo, se propone un nuevo enfoque que nos permite discutir la modernidad y el consumo de sustancias psicoactivas, descartando aquel decimonónico que ha dificultado el debate actual en la materia. “La recaudación del impuesto predial en México: un análisis de sus determinantes económicos en el período 1969-2010” es el título del artículo de Mónica Unda Gutiérrez y Carlos Moreno Jaimes; en él se analiza cuáles han sido los factores que pueden explicar las diferencias existentes en la recaudación del impuesto predial en México entre los estados de la federación durante el período 1969-2010. Para ello, se enfocan en algunas variables sugeridas por la literatura como determinantes del desempeño recaudatorio, poniendo particular énfasis en la hipótesis de los recursos alternos según la cual los gobiernos enfrentan un desincentivo a recaudar cuando tienen acceso a recursos de otras fuentes políticamente menos costosas. Así, llegan a la conclusión de que la principal limitación que enfrenta el país para mejorar la recaudación del impuesto predial se concentra en las áreas rurales debido al valor más bajo del predio rústico, a la mayor incapacidad administrativa de las autoridades municipales en el medio rural para recaudar, así como a la historia de exención al ejido. Finalmente, y gracias a esta detallada revisión, logran ofrecer evidencia según la cual se constata que las reformas constitucionales al régimen municipal no fueron eficaces en promover que los municipios mejoraran su desempeño recaudatorio. Patricio Bruno Besana, Ricardo Alberto Gutiérrez y Silvia Grinberg presentan “Pobreza urbana, comunidad local y Estado-socio en Argentina: la provisión de servicios públicos en un asentamiento de la Región Metropolitana de Buenos Aires”. Dando cuenta del proceso 12 ⎥ Judit Bokser Misses-Liwerant
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Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales⎥ Universidad Nacional Autónoma de México Nueva Época, Año LX, núm. 225 ⎥ septiembre-diciembre de 2015 ⎥ pp. 9-20⎥ ISSN-0185-1918
global de segmentación urbana y metropolización selectiva, los autores nos introducen en los debates que están adquiriendo cada vez mayor espacio y relevancia para referirse al estatus social y político de los pobres urbanos, así como a las estigmatizaciones que de ellos y de sus lugares de residencia se hacen. Con base en un estudio en profundidad realizado en un asentamiento de la Región Metropolitana de Buenos Aires, buscamos entender cómo los habitantes de asentamientos resuelven sus problemas de acceso a los servicios urbanos básicos y qué tipo de relación se construye en dicho proceso entre ellos y el Estado. Lejos de enfoques celebratorios del “empoderamiento local” y dejando de lado aquellas perspectivas que enfatizan la ausencia del Estado o analizan la relación Estado-sociedad exclusivamente en términos de clientelismo, proponemos la noción de “Estado-socio” para identificar las dinámicas que adquiere la regulación de la población en territorios urbanos periféricos.
Mientras en los sectores más acomodados de la ciudad los servicios públicos son provistos por agencias del Estado o empresas privadas, en los barrios más pobres su provisión depende en gran medida de la organización de la comunidad, así como de la iniciativa de los liderazgos locales. Los autores sostienen que tanto el liderazgo local como la organización de la comunidad son mecanismos que poseen una doble cara: expresan los esfuerzos de la comunidad por lograr la satisfacción de sus necesidades básicas cuando falla la provisión estatal o privada, a la vez que constituyen canales a través de los cuales el “Estado-socio” asegura la regulación de la población pobre sin involucrarse directamente en la provisión de estos servicios. Así, en este tipo de barrios la lucha cotidiana por el derecho a la ciudad se encuentra con nuevas formas de acción estatal. Con el artículo “Un método no endógeno para medir el gasto electoral en Chile, 2005-2009”, Sergio Acevedo y Patricio Navia utilizan el caso chileno (específicamente, las elecciones de 2005 y 2009) para analizar los dos métodos más comunes de medir el gasto en campaña y proponer un tercero que -argumentan- estima de mejor forma sus efectos. A partir de esta revisión, ofrecen una contribución metodológica que complementa y refina el conocimiento que ya se poseía sobre la forma en que el gasto afecta los resultados electorales, a la vez que abre una línea de investigación que permite evaluar otros aspectos de la dinámica que relaciona el gasto en campañas con el desempeño electoral. El intenso debate sobre el efecto del dinero invertido en campañas sobre los resultados de las elecciones ha puesto en tela de juicio cuestiones centrales sobre la calidad de la democracia y la efectividad de las elecciones como mecanismo de control ciudadano. Si bien en América Latina esta discusión ha cobrado menos fuerza -en tanto hay poca transparencia sobre el gasto en campañas- el caso chileno resulta útil para entender los efectos del gasto en campañas Editorial: Las ciencias sociales de nuestro tiempo ⎥ 13
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sobre distintos aspectos de la democracia en la región desde que, en 2003, se implementó una reforma de financiamiento público y límites a los gastos en campaña.
Marcos Carbonelli y Daniel Eduardo Jones son los autores de “Igualdad religiosa y reconocimiento estatal: instituciones y líderes evangélicos en los debates sobre la regulación de las actividades religiosas en Argentina, 2002-2010”. Ante los privilegios legales que posee la Iglesia católica frente al resto de las instituciones religiosas en Argentina, los autores analizan el reclamo de igualdad religiosa llevado a cabo por los evangélicos. El artículo busca caracterizar qué actores participaron y cómo en la elaboración y debate de los principales proyectos de regulación de actividades e instituciones religiosas en Argentina entre 2002-2010, al tiempo que explica las razones por las por las cuales ninguno se convirtió en ley. Para ello, los autores consultaron cuatro fuentes de información: investigaciones empíricas sobre el movimiento social evangélico y sus intervenciones en la arena pública en la Argentina; los proyectos de ley sobre actividades e instituciones religiosas presentados públicamente por la Secretaría de Cultos, legisladores/as nacionales o iglesias y federaciones evangélicas; las noticias sobre éstos y en general sobre la igualdad religiosa en los principales diarios nacionales y en la prensa evangélica interdenominacional; y entrevistas individuales en profundidad a referentes evangélicos participantes de la elaboración y/o discusión de los proyectos. A partir de allí, sostienen: Hallamos que entre 2004 y 2010, bajo las administraciones kirchneristas, el Poder Ejecutivo Nacional convocó a diversos actores religiosos para discutir un proyecto de regulación de las actividades e instituciones religiosas que lograse el consenso de las partes involucradas. Si bien durante este tiempo la Secretaría de Culto de la Nación sostuvo el diálogo casi permanentemente y anunció varios anteproyectos, ninguno alcanzó estado parlamentario (aunque el kirchnerismo contó con grandes bloques en ambas cámaras); tampoco lograron estado parlamentario los anteproyectos de las federaciones que componen el Consejo Nacional Cristiano Evangélico (cnce): la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (aciera), la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (faie) y la Federación Confraternidad Evangélica Pentecostal (fecep).
“Democracia, capacidades deliberativas e inclusión política juvenil: el caso de Baja California” es el título de la contribución de Alejandro Monsiváis-Carrillo y Cheryl Álvarez-Torres. En el artículo se analiza la inclusión política juvenil desde la teoría deliberativa de la democracia con el objetivo de formular una concepción que pueda servir de parámetro normativo para las políticas públicas e instrumento para la investigación empírica. En la primera parte los autores sostienen que la inclusión política de los jóvenes debe comprenderse como factor relevante en tanto que los convierte en partícipes de los asuntos 14 ⎥ Judit Bokser Misses-Liwerant
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públicos, al tiempo que promueve el fortalecimiento intergeneracional de los valores y las instituciones de la democracia. Mediante el análisis de un caso a nivel subnacional, el estado de Baja California, se muestran los atributos y los desafíos de la inclusión política de la juventud en una entidad en la que las dinámicas asociativas están débilmente institucionalizadas y las políticas públicas hacia la juventud son discontinuas y poco eficaces. En estrecha vinculación con el desempeño que ha tenido al menos durante la última década y media, la democracia mexicana padece un déficit de confianza y credibilidad. Numerosos estudios muestran un pronunciado desencanto y distanciamiento de la ciudadanía con respecto a las instituciones políticas y su funcionamiento. Esta situación afecta claramente a la población joven: diversas expresiones de protesta social, como el movimiento “#YoSoy132” o las movilizaciones llevadas a cabo a partir de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (estado de Guerrero), revelan el interés que los asuntos públicos pueden despertar en los jóvenes. Sin embargo, las condiciones prevalecientes en el sistema político no parecen ofrecer oportunidades a las y los jóvenes de ser protagonistas en la acción pública y la democracia en este país.
Por su parte, José Fabián Ruiz presenta “El impacto de los medios de comunicación sobre la definición del voto de los ciudadanos de Monterrey en las elecciones presidenciales de 2012”. El autor analiza el impacto que ejercen los medios de comunicación en la formación de las opiniones de los votantes acerca de las campañas electorales y de los candidatos en la ciudad de Monterrey durante la elección presidencial de 2012. Para llevar a cabo la investigación, utiliza los resultados de 7 grupos de discusión realizados con habitantes de la ciudad en el marco del Proyecto de Observación Electoral 2012. Los hallazgos redimensionan el significado que algunos le atribuyen a los medios de comunicación en la formación de las preferencias durante las campañas electorales, lo que abre espacio para realizar nuevos estudios, más específicos y enfocados, en un tema donde la investigación académica aún tiene interrogantes de importancia que resolver. En esta edición, dedicamos el Dossier a “Teoría social y teoría política: entre los clásicos y el presente”; con ello buscamos ofrecer una plataforma de reflexión congruente, sistemática e innovativa dispuesta para la explicación, la comprensión y la interpretación de la realidad social a partir de formulaciones que nos conceden una variada red conceptual. La teoría constituye el espacio en el que se desarrollan y relacionan ideas y planteamientos, por lo que opera como matriz en cuyo seno se interrelacionan las elaboraciones conceptuales y las hipótesis. De hecho, es el ámbito de la teoría el que permite el diálogo entre diferentes enfoques que comparten denominadores comunes, a la vez que exhiben divergencias y contradicciones. En este sentido, constituye una dimensión clave en la diversificación de enfoques que definen el estudio de lo social, lo político y -con ello- el desarrollo de las ciencias sociales. Hoy más Editorial: Las ciencias sociales de nuestro tiempo ⎥ 15
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que nunca las ciencias sociales han establecido un compromiso con el pluralismo teórico y metodológico, toda vez que una de sus más destacadas características es su diversidad, tal como se manifiesta en la gran variedad de corrientes y escuelas de pensamiento que concurren; ámbito de sinopias y pentimenti. Leonardo Gabriel Rodríguez Zoya y Pascal Roggero inauguran el Dossier con el artículo “Modelos basados en agentes: aportes epistemológicos y teóricos para la investigación social”. Los modelos basados en agentes (mba) constituyen una nueva generación de métodos computacionales que permiten modelar la estructura de un sistema complejo y simular su evolución dinámica a lo largo del tiempo. Su uso constituye una tendencia metodológica en expansión en las ciencias sociales contemporáneas; sin embargo, continúan siendo poco conocidos y enseñados en el campo sociológico, de modo que constituyen una alternativa metodológica minoritaria entre los investigadores sociales.
El propósito del trabajo es introducir a los científicos sociales en los modelos basados en agentes a partir de su articulación con ciertos problemas teóricos y metodológicos propios de las ciencias sociales. A lo largo del estudio, los autores problematizan la relación entre los modelos basados en agentes y los sistemas complejos en una perspectiva epistemológica crítica; analizan los aportes de los mba a la investigación social; evalúan críticamente su aplicación en el marco de la ciencia política; y desarrollan un ejemplo práctico de una simulación basada en agentes a partir del trabajo clásico de Thomas Schelling sobre segregación racial. Finalmente, concluyen: El uso de la simulación computacional en el repertorio metodológico de las ciencias sociales constituye un bello desafío. El desarrollo de una reflexión epistemológica crítica sobre las posibilidades y límites de la simulación en ciencias sociales, así como la significación social y política de una ciencia social computacional, constituye una línea de reflexión que tiene que ser profundizada y problematizada. El reto de la simulación en ciencias sociales está planteado. El desafío es de quien quiera asumirlo.
“Heterología. La ciencia (imposible) de los residuos violentos” es el título del artículo presentado por Sergio Tonkonoff. Tal como fue el caso de Daniel Castaño Zapata y Natalia Clelia, con su artículo “Fiesta y sacrificio. Explorando el problema de la transgresión en Georges Bataille”, publicado en el número 222 de nuestra revista; y el de “Noelia Denise Duran y José Taurel Xifra, autores de “Bajo materialismo y surrealismo. El debate Bataille-Breton”, publicado en la número 223; el artículo de Tonkonoff es resultado de la investigación desarrollada en el marco del proyecto “El problema de la prohibición, la transgresión y el castigo: hacia una criminología cultural”. 16 ⎥ Judit Bokser Misses-Liwerant
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El objetivo del estudio es mostrar que en la obra de Bataille existe una teoría social general articulada en torno a la noción de lo sagrado; su hipótesis es que: Bataille generalizó el movimiento iniciado por Durkheim, quien postula la sintaxis de lo sagrado arcaico como la parte fundamental de la gramática social, pero interpretando este legado a la luz del concepto de multitud, entendido como el otro nombre de la economía general de las pasiones colectivas. Para ello, se sirvió de elementos del psicoanálisis y la fenomenología alemana, produciendo la teoría original del lazo social, su estructuración y sus dinámicas, con las que reformuló la idea durkheimniana de lo sagrado y procedió a analizar los malestares de su época. Dada la antropología trágica que enmarcó esta empresa intelectual, resultó de ello la teoría social transgredida o imposible que lleva el nombre de heterología.
Juan Pablo Gonnet da continuidad a la reflexión articulada en torno a la obra de Durkheim y nos propone: “Durkheim, Luhmann y la delimitación del problema del orden social”. En este artículo sostenemos que el problema sociológico del orden social no es necesariamente equiparable al problema de la cohesión, el control y/o la integración. A partir de una reconstrucción de los planteos de Durkheim acerca de la anomia y de Luhmann en relación con la contingencia, argumentamos que para estos autores el concepto de orden social presenta un nivel de mayor generalidad en tanto se vincula con la delimitación de un orden de realidad irreductiblemente social. En el marco de esta posible convergencia, consideramos que la diferencia que aporta la sociología no sólo se encuentra en la especificidad de las respuestas brindadas al problema del orden -como ha sido frecuentemente asumido-, sino que también se registra en el campo de las concepciones mismas del problema. Desde este lugar se pretende contribuir a una clarificación conceptual de la temática del orden social en la tradición sociológica.
A partir de allí, Gonnet nos permite descifrar con claridad que no es posible vivir junto a otros sin definir un orden social, en tanto que éste constituye un horizonte de sentido irrebasable; una instancia que no puede traspasarse sin caer en el sin sentido, la anomia o la contingencia. En “Enfoques teóricos y conceptos sobre el poder político empresarial” Ricardo Tirado discute algunas de las teorías y conceptos que resultan para él más adecuados para el análisis de la acción política de los actores empresariales con el objeto de dar cuenta de sus acciones y la manera en que contribuyen a dar forma al poder político en la sociedad contemporánea. Para analizar la acción política empresarial -individual o colectiva- es necesario disponer de elementos teórico metodológicos que permitan inteligir la dinámica de los actores, sus relaciones y su inserción en el contexto más amplio y para ello es necesario que el analista se acoja a un planteamiento conceptual que le sirva de punto de partida y dé soporte a sus análisis; Editorial: Las ciencias sociales de nuestro tiempo ⎥ 17
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así, en este artículo se optó por un análisis en el que se complementan ciertas perspectivas compatibles entre sí, aunque provengan de diferentes familias conceptuales.
Revisando y recapitulando las contribuciones ofrecidas por los estudios organizacionales, Tirado revisa las perspectivas teóricas empleadas para analizar a los actores empresariales; aborda algunos conceptos sobre los poderes de estos actores (especialmente de los grandes empresarios); analiza los mecanismos de poder o poderes “sobre las personas”; y finalmente aporta herramientas para el análisis de las organizaciones gremiales de empresarios. “Nacionalismo y antisemitismo. Hannah Arendt sobre La cuestión judía y el Estado nación” es el título de la contribución de Miriam Jerade Dana. El propósito del artículo es mostrar que como fenómeno social y político el antisemitismo marcó la crítica que Hannah Arendt hizo al Estado nación. Esto es así en tanto que a partir del análisis del antisemitismo, el imperialismo y el totalitarismo podemos estar atentos a aquellos rasgos de las democracias que siempre pueden convertirse en violencias en nombre de la nación, particularmente contra las minorías y los extranjeros. Considera que la principal aportación teórica de Los orígenes del totalitarismo de Arendt fue precisamente combinar la historia de los judíos europeos con la historia general de la Europa moderna y el análisis de la desintegración del Estado nación, lo cual permite entender de forma cabal por qué el antisemitismo se convirtió en el elemento catalizador de la ideología nacionalsocialista. Jerade Dana ofrece tres aportaciones a lo largo de su texto: un análisis sobre la emancipación y la asimilación de los judíos en los Estados nación seculares, un estudio de la creación de una cultura del antisemitismo a partir del caso Dreyfus y una descripción de las paradojas del Estado nación a la luz del antisemitismo. Este interesante trabajo se inserta en un sustantivo debate que tiene como coordenadas el cuestionamiento a la tesis de Arendt según la cual el antisemitismo tiene su auge y decadencia con el Estado nación, indaga sobre los movimientos pannacionales y revisa, de manera crítica, la tesis arendtiana sobre el papel y la condición de los judíos en Europa. Esto último conduce a revisar la tesis de que los judíos, a través de sus actividades financieras, habrían jugado un papel crucial en el auge de las monarquías absolutas y del Estado nación. Esta dimensión -que deriva del carácter filosófico más que histórico del análisis de Arendt- ha sido analizada con detenimiento por Shlomo Avineri, abriendo un debate que enriquece nuestra comprensión de la obra de Arendt así como del nacionalismo y el nazismo. Por su parte, Christian Iván Becerril Velasco nos propone “El papel del Estado en el alivio a la pobreza en la era neoliberal. Una aproximación teórica”. A lo largo de sus páginas, el autor describe ciertas especificidades de las reformas implementadas por el Consenso de Washington en América Latina y el consecuente desmantelamiento del Estado de bienestar; expone la importancia de la intervención estatal en la coordinación de la economía para evitar la pobreza y la violencia social; explora el papel del Estado bajo la lógica del actual 18 ⎥ Judit Bokser Misses-Liwerant
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paradigma fundamental de alivio a la pobreza; y discute la relación entre las capacidades institucionales del Estado y la pobreza. De manera paradójica, las reformas estructurales puestas en vigor a fines de los años 70 y principios de los 80 empeoraron aún más aquellas tendencias, exacerbando los niveles no sólo de desigualdad de ingresos, sino también de desempleo y pobreza. Así, una pregunta relevante sería, ¿qué impide que el Estado alivie la pobreza?
Y concluye: La finalidad de este artículo es examinar el grado en el que la debilidad institucional del Estado podría ser lo que impide el alivio a la pobreza. Sostenemos que, a diferencia de la ideología neoliberal de las reformas impuestas por el Consenso de Washington (que supone que la intervención estatal para ayudar a los pobres exacerba la pobreza) es la debilidad de las capacidades institucionales de los Estados en desarrollo lo que pudiera impedir dicho alivio.
Finalmente, Eguzki Urteaga diseña un lúcido recorrido por la última publicación de Zygmund Bauman: ¿Para qué sirve realmente un sociólogo? (2014), una oportuna, necesaria e indispensable reflexión sobre nosotros mismos, nuestras prácticas investigativas y el poder de la disciplina: “La sociología debe ser juzgada por su relevancia en la experiencia y en la lucha de los humanos por resolver sus problemas vitales, y no por la lealtad que muestra con la metodología” (Bauman, 2014: 127). ¿Para qué sirve realmente un sociólogo? provoca que el lector se sumerja en el encanto de la originalidad, la perspicacia y la actualidad de las reflexiones desarrolladas por uno de los mejores sociólogos de nuestra época. Además de poner de manifiesto algunas de las carencias de la sociología académica (la fetichización de la metodología, la obsesión por los datos, la escasa creatividad, la especialización excesiva, la autorreferencialidad, la irrelevancia social, etcétera), Bauman práctica la interdisciplinariedad y no duda en beber de diversas fuentes, haciendo gala de una amplia cultura general y especialmente de un profundo conocimiento de la literatura universal.
Hasta aquí las contribuciones que compartimos con ustedes en esta nueva publicación de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales en la que concurren variadas configuraciones y diferentes niveles de reflexión y de formalización del conocimiento teórico, que arrojan luz sobre la multiplicidad, diversidad y riqueza del conocimiento social, sin ignorar los desafíos que una realidad crecientemente compleja e incierta nos plantea. Editorial: Las ciencias sociales de nuestro tiempo ⎥ 19
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Referencias bibliográficas Bauman, Zygmunt, (2014) ¿Para qué sirve realmente un sociólogo? Barcelona, Paidós. Denzin, Norman e Yvonna Lincoln, (2011) “Introduction: Disciplining the Practice of Qualitative Research” en Denzin, Norman y Yvonna Lincoln (eds.), Handbook of Qualitative Research, pp. 1-28. Thousand Oaks, California, sage Publications. López Rodriguez, Ivan, (2008) “La pintura al fresco. Sinopia y cartones” en luz rasante. Disponible en: <http://www.luzrasante.com/la-pintura-al-fresco-sinopia-y-cartones/> [Consultado el 17 de agosto de 2015].
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Modernidad y drogas desde una perspectiva histórica Modernity and Drugs from an Historical Perspective Adriana Luna-Fabritius∗1 Recibido el 18 de marzo de 2014 Aceptado el 21 de agosto de 2014
RESUMEN
ABSTRACT
Muchas de las drogas que hoy consideramos ilícitas fueron fundamentales en la consolidación de las élites colonialistas de finales del siglo xviii y principios del xix, así como parte de un proceso de modernidad camaleónico. Este texto reconstruye el vínculo entre modernidad y consumo de sustancias estimulantes, mostrando cómo esta relación fue explorada por sociólogos del siglo xix, quienes las percibieron como detonantes de una crisis de la modernidad al acabar con las capacidades de autogobierno del individuo kantiano. En este artículo se analiza la forma en que el proceso de criminalización de estas sustancias ha obedecido a fenómenos poco relacionados con políticas de salud pública y se sostiene que la prohibición de la comercialización y del consumo está vinculada con fenómenos sociales
Many of the drugs that are currently considered as illegal were crucial for the consolidation of late 18th and early 19th century colonial elites, and were also part of a chameleonic modernity process. This text recreates the link between modernity and the use of stimulating substances, showing how this relationship was explored by 19th century sociologists, according to which it triggered the crisis of modernity as it brought to an end the self-government capacities of the kantian individual. The author analyzes how the criminalization process of these substances has responded to phenomena rather unrelated with public health policies, and claims that the prohibition of its commercialization and use is linked to other type of social facts. Some aspects of the establishment of the global market and the use
∗
Doctora en Historia y Civilización por el European University Institute, Florencia, Italia. Profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (México) y Research Fellow University of Helsinki (Finlandia). Sus líneas de investigación son: historia del pensamiento político, tradiciones de derecho natural, republicanismo, economía política en la edad moderna en Italia, España y América. Entre sus últimas publicaciones destacan: “El proyecto y los conceptos de reforma y contrarreforma en el pensamiento político 1650-1850” (en prensa); “Cadiz Liberalism in European Context” (en prensa) y, en coedición con Rafael Rojas y Pablo Mijangos: De Cádiz al siglo xxi. Doscientos años de tradición constitucional en México e Hispanoámerica (2012). Correo electrónico: adriana. fabritius@eui.eu 1 Este artículo fue elaborado en el contexto del Seminario de Política de Drogas del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide), cuyos trabajos fueron patrocinados parcialmente por la Open Society Foundation.
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de otra índole. Se analizan algunos puntos del establecimiento del comercio global y consumo de sustancias psicoactivas en Europa y Estados Unidos, donde se muestra que estos productos sirvieron para consolidar a las élites coloniales mediante su comercialización, la compra, y venta de esclavos. Finalmente, se propone un nuevo enfoque para discutir la modernidad y el consumo de sustancias psicoactivas, descartando así aquel enfoque decimonónico que ha dificultado el debate actual en la materia.
of psychoactive substances in Europe and the United States are analyzed, showing how these products contributed to the consolidation of colonial elites, by means of drugs commercialization and the purchase and sale of slaves. Finally, the author advances a new approach to discuss modernity and the use of psychoactive substances, thus discarding the 19th century approach that has hindered a debate on this issue.
Palabras clave: sustancias psicoactivas; criminalización; sustancias ilícitas; cannabis; modernidad; colonialismo; capitalismo.
Keywords: psychoactive substances; criminalization; illegal substances; cannabis; modernity; colonialism; capitalism.
Introducción A pesar de que el consumo de numerosas sustancias psicoactivas es ilegal, su uso se ha extendido a casi todo el mundo. Actualmente, en cada país existen diversas políticas que regulan o prohíben su comercialización y consumo, basadas en las diversas formas en las cuales se entiende esta problemática (Reuter y Trautmann, 2009). No obstante, la heterogeneidad de políticas nacionales ha sido combatida por las convenciones universalistas de la Organización de las Naciones Unidas (onu) en 1961, 1971 y 1988. Al respecto, no hay estudios específicos sobre las motivaciones que promovieron -en primera instancia- las políticas en el ámbito nacional y el posterior viraje al énfasis universalista; menos aún, que comparen las políticas existentes en esta materia (Zobel y Götz, 2011: 195-211). El objetivo de este ensayo no es ofrecer un estudio comparativo de las distintas políticas nacionales diseñadas e implementadas, sino identificar los vacíos en la materia e iniciar una serie de estudios que profundicen en las causas del origen de la criminalización del consumo y la comercialización de las drogas desde una perspectiva histórica. La principal motivación es documentar la forma en que esto fue ocurriendo paralelamente a un proceso de modernidad camaleónico que, si bien en un inicio acompañó la consolidación de las élites europeas por medio del comercio de drogas (Courtwright y Hickman, 2011: 213-224), más tarde -cuando tuvo lugar la masificación de su consumo- se le vinculó con la puesta en entredicho de las capacidades de autogobierno del individuo kantiano. También se busca exponer cómo el pro22 ⎥ Adriana Luna-Fabritius
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ceso de criminalización de estas sustancias ha obedecido a fenómenos poco relacionados con políticas de salud pública, a partir de lo cual se evidencia que la prohibición de la comercialización y del consumo se vincula con fenómenos sociales de otra índole. Por ello, creemos que el conocimiento de las motivaciones del proceso que culminó con la criminalización de las drogas nos puede proporcionar un mejor entendimiento del proceso en sí mismo; sobre todo, nos puede ayudar a desarrollar una opinión informada para discutir temas centrales sobre el consumo y la comercialización, y nos permitirá elaborar oportunas políticas dirigidas prioritariamente a cuestiones de salud pública.2 Este artículo reconstruye algunos puntos generales del establecimiento del comercio global y consumo de sustancias psicoactivas en Europa y Estados Unidos, donde se muestra cómo estos productos sirvieron para consolidar a las élites coloniales mediante su comercialización, y la compra y venta de esclavos, quienes transmitieron el consumo de sustancias como el cannabis en América. Esta sección concluye que mientras las sustancias psicoactivas fueron de uso exclusivo de las élites y las clases “minoritarias”, no representaron un problema social para los Estados, a la vez que el surgimiento e implementación de políticas para su regulación y posterior criminalización no tuvieron su origen en cuestiones de salud pública. El texto reconstruye, posteriormente, el vínculo entre la modernidad y el consumo de sustancias, y muestra cómo esta relación fue explorada por sociólogos del siglo xix que vieron a estas sustancias estimulantes y psicoactivas como detonantes de una crisis de la modernidad. Para estos sociólogos, la crisis de la modernidad era un ejemplo de cómo los seres humanos se habían hecho esclavos de sus propias invenciones, a partir de lo cual se justificaba la necesidad de intervención del Estado ante los peligros del capitalismo moderno. Este artículo también reconstruye los debates ocurridos alrededor de la regulación -tanto en Estados Unidos como en Europa-, que concluyen con la criminalización del consumo de sustancias; asimismo, muestra cómo estos procesos no fueron resultado del diseño e implementación de políticas de salud pública como en Suecia -donde se inició un debate paradigmático en este sentido-, sino fruto de acciones de reformistas religiosos con intereses distintos. Por último, se propone un nuevo enfoque para discutir la modernidad y el consumo de sustancias psicoactivas, descartando así, de una buena vez, aquel enfoque decimonónico que, además de equiparar erróneamente la modernidad con capitalismo y democracia, ha frenado el debate actual en la materia y poco nos ayuda a entender las vías para la descriminalización de las drogas en la sociedad contemporánea.
2
Las políticas de drogas deberían tener en cuenta un enfoque que involucre cabalmente una perspectiva de los derechos humanos, pero este estudio es distinto al planteado por este ensayo.
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El establecimiento del comercio global El comercio global de sustancias psicoactivas como el tabaco, el café, el opio y el alcohol, comenzó a desarrollarse en el mundo occidental a finales del siglo xviii y principios del xix; sin embargo, su importancia en el proceso de globalización del comercio ha sido ignorada por los estudios de la época (Diamond, 1999). Hoy sabemos que los colonizadores desarrollaron y se beneficiaron del comercio de sustancias estimulantes y que estas impulsaron sus economías, especialmente cuando dejaron de ser un artículo de lujo y se convirtieron en un producto al alcance de grupos cada vez más amplios en las sociedades europeas. Desde una perspectiva económica, la comercialización sistemática de opio, tabaco y alcohol a finales del siglo xviii fomentó diversas áreas mercantiles. Los comerciantes coloniales negociaban con nativos de países africanos, donde se producía la mayor parte de estas sustancias, quienes a su vez aprovechaban la presencia de los europeos para venderles sus productos; de esta forma, el comercio de esclavos floreció paralelamente al tráfico de sustancias estimulantes. Es precisamente de aquella época la frase que dice: Drugs bought slaves, and slaves made drugs, which were used to buy more slaves to make still more drugs3 (Courtwright y Hickman, 2011: 213-217). Más allá de los lugares comunes, este triángulo comercial fue el que hizo posible la consolidación de las élites europeas, cuya existencia quedó condicionada a los ingresos producidos por las drogas y los esclavos en el mercado colonial. Desde el punto de vista social, el consumo de aquellas sustancias se popularizó a lo largo de los siglos xviii y xix debido a su doble uso: por una parte, eran utilizadas para estimular y tranquilizar a sus nuevos consumidores, quienes venían de las áreas menos favorecidas de la sociedad; por otra, habían establecido una relación de dependencia entre estos consumidores y los distinguidos miembros de la élite colonial, encargados de adquirirlas en sus lugares de origen, transportarlas y comercializarlas. De esta forma, tanto las élites europeas como sus contrapartes americanas y africanas aseguraron la existencia de este mercado. Sumado a ello, los que comercializaban esas sustancias en Europa buscaron aumentar sus ingresos evadiendo el pago de impuestos. En efecto, actualmente se sabe que las ganancias más sustanciosas del contrabando de drogas de los siglos xviii y xix no provenían de restricciones por ser consideradas un producto nocivo, sino del éxito de sus proveedores para evadir los impuestos al consumo. Ha sido precisamente a causa del carácter clandestino de esta actividad que no existen fuentes suficientes para realizar investigaciones sobre el tema; también es esta la causa por la cual ha sido imposible desarrollar una historiografía sobre la comercialización y el consumo de drogas durante ese período. En este sentido, podríamos decir que la evasión de impuestos fue tan exitosa que 3
“Las drogas compraron esclavos y los esclavos hicieron drogas, que fueron utilizadas para comprar más esclavos para hacer aún más drogas”.
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muchos autores señalan la imposibilidad de calcular el volumen real del uso de estas sustancias en los siglos xviii y xix. Una vez consolidado el triángulo comercial, comenzó a incrementarse el consumo de drogas, lo que llevó rápidamente a su cristalización y su primera “época dorada”. Este boom estuvo relacionado con diversos factores. Por un lado, estas sustancias ofrecieron nuevas oportunidades de socialización que las hicieron extremadamente atractivas para sus nuevos y sofisticados consumidores europeos del siglo xix; por otro, el consumo fue tolerado durante un largo período por los Estados europeos, que no mostraron mayor oposición a que las élites se divirtieran experimentando con sustancias psicoactivas. Inicialmente, el uso de estimulantes no fue restringido por las autoridades gubernamentales; ello ocurrió cuando el consumo se incrementó considerablemente, alcanzando a las capas medias de la sociedad durante las primeras décadas del siglo xx. Asimismo, entre los factores que intervinieron en la aceleración del mercado de sustancias hay que contar las mejoras en la producción, transportación y la elaboración de drogas químicas. Durante este último período también es posible observar que, paralelamente al incremento del comercio y consumo, surgieron problemas sociales relacionados con estas sustancias, los cuales se complicaron hasta el punto de convertirse en un factor de riesgo para el orden social. De este tiempo datan los primeros estudios que documentan los riesgos a la salud causados por el uso de sustancias psicoactivas, especialmente los vinculados al alcohol y los narcóticos.
El bajo mundo del ganja y las banana republics Light up and be somebody! (John Sinclair, 2011)
La historia del cultivo del cannabis en América data del siglo xvi -tiempo en que los españoles lo cultivaron en sus colonias-, hasta principios del siglo xix, cuando el cultivo del cáñamo tuvo un breve florecimiento. El principal interés en el cannabis estaba relacionado con la extracción de la fibra utilizada para elaborar jarcia naval. Curiosamente, no fue un producto importante por sus efectos médicos o psicoactivos; el consumo del cannabis con estos fines era exclusivo de esclavos angoleños, quienes habían llevado consigo las semillas de esta hierba cuando fueron vendidos a plantaciones azucareras en el norte de Brasil desde finales del siglo xvi. Para ellos, la marihuana era popular como energizante, medicina, facilitador de la sociabilidad y por su efecto eufórico entre los grupos de convivencia masculinos. Desde su llegada a América, el cannabis era consumido por las clases sociales más bajas; de hecho, era visto como “el opio de los pobres” (Rubin, 1975 y 1995). Su cultivo tuvo más éxito en Norteamérica que en Brasil, donde fue introducido por los esclavos Modernidad y drogas desde una
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procedentes de África. La dispersión al resto de los Estados Unidos se llevó a cabo hacia finales del siglo xix y principios del xx, cuando se dio una gran demanda de mano de obra barata en las plantaciones azucareras de las Islas Británicas Occidentales (1838). Hacia mediados del siglo pasado, el consumo del ganja en Jamaica llegó a ser de 60% entre el total de la población masculina adulta (Rubin, 1995). Así, los consumidores pasaron de las Islas Británicas Occidentales a otros países americanos en busca de trabajo -especialmente en plantaciones bananeras de Costa Rica y azucareras de Cuba, entre 1900 y 1924-. También, se registran migraciones a Panamá a mediados del siglo xix para llevar a cabo la construcción de un tren. La empresa que realizó este proyecto era una compañía de Nueva Orleáns, que comenzó la obra en 1949. La estructura del tren debía pasar sobre pantanos y los nativos de la zona no estaban en condiciones de realizar trabajos extenuantes, por lo cual recurrieron a contratistas de esclavos del Caribe. Las obras del tren de Panamá se extendieron hasta finales de la década de 1890, y se calcula que durante esos años se ocuparon alrededor de 200 mil esclavos. Una vez concluido este proyecto, muchos de los trabajadores permanecieron en la zona, y hay información que evidencia que cultivaban cannabis para su propio consumo. A principios del siglo xx la situación cambió debido al establecimiento de tropas estadounidenses. Reportes de soldados indican que la “gente de color” hacía té con las hojas de cannabis como un estimulante que brindaba sensación de bienestar y que, además, prevenía la malaria (Conniff, 1985: 4; Chomsky, 1995: 45). La población de color no fue la única responsable de la difusión de la marihuana en Estados Unidos. Durante las primeras décadas del siglo xx se estima que más de un millón de mexicanos cruzaron la frontera para trabajar en el campo y en la construcción del ferrocarril. Habían sido solicitados a México por el gobierno de Estados Unidos, con la firma del primero de varios acuerdos diplomáticos para contratar trabajadores en California. En poco tiempo, el programa se extendió al resto del país, con excepción de Texas, que optó por no participar. Con esta población llegó también la marihuana para fumar, uso que se expandió con el paso de estos trabajadores mexicanos hacia el resto de los Estados Unidos. Por la costa este, la marihuana entró vía Nueva Orleáns, adonde había llegado con los marineros provenientes del Caribe. Su cultivo tenía fines comerciales y era consumida principalmente por los miembros de la clase social más baja. Se dice que muchos trabajadores usaban la hierba o weed -como se le conoce desde entonces en Estados Unidos- que crecía alrededor de fábricas de cáñamo abandonadas en varias partes del país. El fácil acceso a esta hierba propició el desarrollo de una subcultura que se abrió camino paralelamente a la cultura del jazz.4 A diferencia de otras drogas, el consumo de marihuana solo se extendió al Ejército con la incorporación de la gente de color durante la Segunda Guerra Mundial. 4
Véanse: Courtwright, Joseph, Jarlais y Brown (1989); Jones (1996).
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Ahora bien, una de las grandes diferencias entre el consumo de marihuana en el Caribe y en Estados Unidos fue que mientras en el primero se argumentaba un uso atávico -además de un uso medicinal o como remedio popular-, en Estados Unidos se relacionaba exclusivamente con el placer de fumar (Freedman y Rockmore, 1946: 221-236). La popularidad del cannabis alcanzó su punto máximo en la década de 1950 cuando, siguiendo los pasos de la Generación Beat, los hippies se concentraron en descubrir los placeres de la marihuana. Fue su remedio contra el desencanto provocado por la segregación racial y la guerra de Vietnam. Para estos jóvenes la marihuana se convirtió en un símbolo de rebelión popular. Los consumidores se extendieron rápidamente y las cifras indican que, en 1979, 55 millones de estadounidenses la habían fumado. Durante las décadas de 1960 y 1970, la moda se extendió urbi et orbi, y se estima que los jóvenes consumidores de cannabis ampliaron sus intereses y se prepararon para experimentar con otras drogas como la dietilamida de ácido lisérgico (lsd), las anfetaminas, la cocaína y la heroína. Estos son los años en que el famoso magnate norteamericano Timothy Leary se convirtió en uno de los principales promotores de la experimentación (Leary, 1965).
La revolución farmacéutica The high was gooooood. It was brain-popping and groin-grabbing. It was just as good as a pharmaceutical-upper high. The high lasted eight solid hours and left me dingy and schizzy. T-bird took the Edge off and eased me into a fresh euphoria. (James Ellroy, 1996)
Durante las primeras décadas del siglo xx comenzó la masificación del consumo de drogas en Europa, a partir de la industrialización de sustancias medicinales. La revolución industrial en el ámbito de las drogas arrojó al mercado productos capaces de combatir la tos, tratar los bronquios, mitigar el cansancio, aguzar los sentidos, perder peso o combatir la disfunción eréctil. Fue precisamente debido a su eficacia para tratar estos problemas que drogas como las anfetaminas o speed encantaron al mundo entero. La revolución de los narcóticos había comenzado a finales del siglo xix y los factores que influyeron en la aceleración de este proceso fueron el aislamiento y producción comercial de alcaloides psicoactivos como la morfina y la cocaína, el desarrollo de la medicación hipodérmica, el descubrimiento y manufactura de drogas sintéticas como el hidrato cloral,5 y el 5
Se trata de una droga hipnótica que se usa como sedante en niños menores de 4 años a los que se les efectúan electroencefalogramas, tomografías axiales computarizadas y resonancias magnéticas, entre otros estudios.
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descubrimiento de derivados semisintéticos como la heroína. Esta fue considerada una categoría en sí misma porque algunos experimentos demostraron que pequeños cambios en la estructura molecular de la droga podrían producir cambios sustanciales en sus efectos. A esto se le conoce como la revolución de la farmacología, y gracias a ella se abrió la puerta a un sinnúmero de nuevas drogas con propiedades psicoactivas. Este fenómeno tuvo su punto de partida en Alemania, a causa del surgimiento de nuevos centros de investigación a finales del siglo xix y principios del xx. Entre los químicos precursores de esta revolución estuvieron Rudolf Buchheim (1820-1879), Oswald Schmiedeberg (1838-1921) y Felix Hoffmann; este último, por ejemplo, fue el responsable de la producción por técnicas de laboratorio de los principios químicos activos de productos naturales, así como de sustancias químicas no existentes en la naturaleza, a la vez que fue el productor del medicamento síntesis que sirvió de prototipo a la quimioterapia fisiopatológica, esto es, el famoso ácido salicílico, sintetizado en 1874 y empleado posteriormente para el tratamiento del reumatismo, y cuya difusión se incrementó en 1893 a través de la creación de la aspirina o ácido acetilsalicílico. Otros experimentos importantes de síntesis cloral fueron realizados por Justus von Liebig (1803-1873) en 1832 y Oscar Liebreich (1939-1908) en 1869; sus trabajos arrojaron al mercado nuevos hipnóticos y anestésicos que transformaron su tiempo. Esta revolución farmacéutica culminó con el surgimiento de la firma alemana Friedrich Bayer & Co., que algunos años más tarde controlaría la licencia para producir anestésicos e hipnóticos, deleite de muchos en aquel entonces (Porter, 1997: 675). Sin embargo, fue hasta principios del siglo xx, y precisamente en el contexto de esta revolución farmacológica, cuando la palabra “droga” se asoció por primera vez con “adicción”, a la vez que ambos términos fueron mencionados en referencia con sustancias químicas. Al parecer, dicha asociación había tenido su origen en la necesidad médica de encontrar un término que vinculase los distintos problemas aunados a la proliferación del uso de sustancias. Llama la atención que, a pesar de que la revolución farmacéutica comenzara en Alemania, quienes proveyeron los suministros y la tecnología necesarios al mundo de los fármacos fueron las industrias británicas y estadounidenses, las cuales experimentaron un crecimiento sin precedente durante la Primera Guerra Mundial. Esta situación cambió en la Segunda Guerra Mundial, cuando los americanos se hicieron con el primer puesto y se consolidaron como líderes mundiales en la producción, procesando 61% de las drogas químicas que se consumían en todo el mundo, en comparación con 8% que producía Suiza, 6% de Alemania, 5% del Reino Unido, o 3.5% de Francia (Courtwright, 2001: 77). Esta disparidad en las cifras ha sido explicada como el inicio de un proceso de experimentación masivo, al igual que la extensión del consumo de nuevas drogas experimentales en Estados Unidos durante la posguerra. Entre las sustancias preferidas por sus efectos placenteros o estimulantes de la libido estaban la heroína, los barbitúricos, esteroides anabólicos,
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tranquilizantes, alucinógenos, narcóticos sintéticos como la meperidina,6 el viagra -que pasó de ser un tratamiento para la disfunción eréctil a un afrodisíaco- y, por supuesto, las anfetaminas. Sin embargo, en el terreno de la experimentación química, fue en ese momento cuando se llegó al exceso con la inhalación de gasolina y el uso de los pegamentos. Es a raíz del uso de estos que hoy se habla de “abuso de sustancias” y “dependencia química” (Courtwright, 2001: 234). Aunque se desconocen los detalles y alcances de esta fase, sabemos que a causa de la “popularización del consumo de drogas experimentales” se inició la controversia y el subsecuente control por parte del gobierno estadounidense. Por lo que respecta a las anfetaminas, son un derivado de la efedrina, sintetizada por vez primera en 1887 para ser usada como broncodilatador. No obstante, no fue sino hasta 1919 en Japón cuando se sintetizó la metanfetamina como tal, y en la década de 1920 comenzó su uso experimental, sobre todo entre militares de varios países, para combatir la fatiga durante la guerra. Originalmente salió a la venta el inhalador Benzedrina, y poco después la dexanfetamina o dexedrina. En 1938 salió al mercado la metanfetamina o Methedrina, y en 1954 el metilfenidato o Ritalin. En este primer período, las anfetaminas fueron usadas con diversos fines curativos, principalmente contra padecimientos como la narcolepsia, la obesidad, la depresión, los tratamientos por sobredosis con sedantes y en la rehabilitación del alcoholismo y otras drogas. Al tener un efecto parecido a la cocaína, es decir, al aumentar la disponibilidad de la dopamina -neurotransmisor importante del cerebro-, las anfetaminas se han usado para mejorar el rendimiento físico e intelectual de militares y deportistas. Las metanfetaminas son relativamente fáciles de sintetizar y es por ello que han sido muy populares entre los fabricantes de drogas ilícitas, al tiempo que su ingestión se realiza por medio de pastillas, inyecciones o fumando los cristales puros. Ahora bien, estudios recientes sobre las anfetaminas han comprobado que su uso regular lleva a la psicosis.7 Sin embargo, esta información no se popularizó sino hasta mucho tiempo después. En la ignorancia de los efectos colaterales, la edad de oro de las anfetaminas tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial, cuando su consumo llegó al punto que no es comprensible la inexistencia de estudios que consideren su efecto en el curso de la guerra. En ese período las anfetaminas y metanfetaminas eran buscadas con el propósito de afinar la mente y el cuerpo “más allá de las capacidades humanas” (Rasmussen, 2008: 3). El gobierno estadounidense estima que el Ejército usó alrededor de 180 millones de píldoras para sus bombarderos y combatientes durante la guerra, mientras que los japoneses veían estas sustancias como la “fuente de fuerza de guerra” o senryoku.8
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La meperidina es conocida en inglés como demerol o meperidine. Es un narcótico analgésico que actúa como depresor del sistema nervioso central. Pertenece al grupo de opioides sintéticos como la metadona. 7 Véanse: Grinspoon y Hedblom (1975); Jackson (1975: 308-323 y 1976: 47-58); Spotts y Spotts (1980); Rasmussen (2008). 8 Véanse: Grinspoon y Hedblom (1975); Dubro y Kaplan (1986).
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El consumo de las anfetaminas siguió su curso ascendente hasta la presentación de un paradigmático caso ocurrido en Suecia que cambió el rumbo de los acontecimientos, mostrando los efectos secundarios y provocando una primera intervención del Estado en los hábitos del consumo del que hasta entonces había sido considerado un producto beneficioso. El consumo de las anfetaminas en Suecia data de 1938, cuando se estima que los médicos las prescribían al menos a 3% de la población para combatir el cansancio y la depresión. Estas cifras cambiaron notablemente en la década de los 40, cuando se estima que había alrededor de 3 000 usuarios. Asimismo, se ha mostrado que algunos combinaban anfetaminas con morfina. En los años 50, la literatura de la época plasmó a los visitantes asiduos de los círculos bohemios inyectándose regularmente anfetaminas. Entrados estos años, la moda de las anfetaminas pasó de los artistas a las calles, aumentando su uso. Las cifras muestran que de 1949 a 1965 el número de consumidores se duplicaba cada treinta meses hasta que, en el período de 1965 a 1967, el Estado sueco estimó, basado en prescripciones médicas, que el consumo se duplicaba cada doce meses. Esta información provocó la intervención del Estado en las prácticas de sus ciudadanos. Fue el reconocimiento del aumento exorbitante del consumo, aunado al registro de los efectos secundarios -principalmente la adicción-, lo que llevó al Estado sueco a regular por primera vez las anfetaminas en 1968. Fue en ese año cuando el gobierno decidió iniciar una política restrictiva y aprobó la expedición exclusiva de 343 prescripciones médicas para todo el país.9 Para algunos especialistas, los médicos suecos habían iniciado o provocado algo que ellos consideraban “una epidemia de consumo de anfetaminas”, en tanto que otros se preguntaban si únicamente aceleraron la marcha de un proceso imparable. Con estas declaraciones inició el escándalo médico más grande de la historia sueca con impacto mundial, al ser precisamente el que abrió la discusión sobre el consumo de anfetaminas.10 La falta de articulación del debate sueco llevó a que, a pesar de esta experiencia, las anfetaminas se siguieran consumiendo sin medida en el resto del mundo. Desde la década de 1950, los Estados Unidos y algunos países europeos experimentaron un período conocido en la literatura como la “democracia de la anfetamina”, donde su consumo se diseminó entre los sectores medios de la sociedad. En esa década, se rindieron a los efectos de las anfetaminas los conductores de camiones, los veteranos, los prisioneros y los estudiantes, además de celebridades como Charlie Parker, la actriz Judy Garland, los cantantes Lenny Bruce, Johnny Cash o Elvis Presley; fue en esos años cuando John F. Kennedy hizo que le inyectaran dexedrina antes de su histórico debate con Richard Nixon. La producción de anfetaminas llegó a los 8 billones de tabletas por año a mediados de los años 60. Al boom de la floreciente cultura de la anfetamina en Estados Unidos contribuyeron en gran parte la falsificación masiva de prescripciones médicas y la diversificación de tácticas 9
Véase: Severo (1970). Véase: Bejerot (1970).
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para acceder al producto.11 Un número importante de personas pensaba que las anfetaminas solucionarían sus depresiones, resacas, fatigas, problemas de sobrepeso e incluso su vida sexual. Según los expertos, fue la masificación del consumo lo que permitió observar con claridad sus efectos colaterales. Así, hacia finales de la década de 1950 muchos investigadores llegaron a la conclusión de que las anfetaminas y las drogas relacionadas eran adictivas, y que su uso constante conducía a la psicosis. Consecuentemente, muchos psiquiatras sustituyeron las anfetaminas con nuevos fármacos. No obstante, a pesar de estos esfuerzos, el consumo de la ya imprescindible sustancia no se redujo. De hecho, en la década de 1960 era la droga más popular. En Estados Unidos se estima que uno de cada veinte adultos era consumidor activo de anfetaminas, y durante ese período se reconoce también que el uso de anfetaminas era el principal problema del país (Rasmussen, 2008: 3-5). El gig de la anfetamina se mantuvo constante hasta 1971, cuando algunos gobiernos se percataron de las exorbitantes cifras que alcanzaron tanto la producción como su consumo. El gobierno de Estados Unidos estimó que se producían alrededor de 12 billones de tabletas anuales, por lo cual estipuló cuotas estrictas de producción. Esta acción del gobierno estadounidense solo provocó el surgimiento de laboratorios clandestinos, para llenar el vacío dejado por los productores doc.12 Políticas similares fueron tomadas en otros países como Suecia, donde se controló de forma radical el número de prescripciones médicas en 1986. En Francia, en 1971 se retiró del mercado la Corydrane, estimulante favorito de intelectuales como Jean-Paul Sartre y Marguerite Duras, popularizado durante los años 50. Según los relatos, este estimulante -de sabor amargo, a base de aspirina y anfetaminas- daba el coup de fouet necesario para vivir la Francia de la época.13 Entre 1980 y 1994 el uso de las anfetaminas se dispersó rápidamente entre la juventud alrededor del mundo. Junto a su popularidad, creció el número de laboratorios clandestinos (onu, 1997). Durante esos años se hicieron comunes todo tipo de nuevas sustancias experimentales: plantas alcaloides, drogas semisintéticas y sintéticas. De cualquier forma, desde que las anfetaminas dejaron de ser “administradas” por los médicos, su principal finalidad era volver a tener el control sobre su consumo. Este objetivo no dejó de ser un motivo de preocupación para todas las sociedades occidentales. A pesar de los múltiples esfuerzos realizados por muchos países, el consumo de anfetaminas no terminó ni experimentó una reducción importante; por el contrario, se abrió paso al consumo de la metanfetamina cristalina o ice, así como a otro derivado de las anfetaminas: el éxtasis. Actualmente, se afirma que estamos en medio de otra “epidemia” -si queremos verlo en relación con el paradigmático caso sueco- o en una nueva “edad de oro” de las anfetaminas 11
Véanse: Grinspoon y Hedblom (1975); Jackson (1975 y 1976); Spoots y Spotts (1980); Rasmussen (2008). Véase: Miller y Kozel (1995). 13 Véanse: Duras (1986); Rowley (2005). 12
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en la que estas y sus nuevos derivados se han vuelto muy populares para asistir en trastornos de atención y como auxiliares en tratamientos de sobrepeso. Se asegura también que el número de consumidores de esta droga se ha duplicado desde 1970. Como era de esperarse, millones de usuarios buscaban desesperadamente -y lo siguen haciendo- las píldoras que satisficieran sus diversas necesidades. De esta forma, las calles de las ciudades donde su consumo era masivo se convirtieron en focos de violencia. Algunas de las escenas de ese tiempo han sido capturadas por Hubert Selby Jr. en su conocido libro publicado por primera vez en 1978: Requiem for a Dream.
Drogas y modernidad Muchos se preguntarán cuál es la relación entre el consumo de sustancias estimulantes, los problemas económicos y sociales que producen estos productos, y la “modernidad”. En el siglo xix muchos expertos incluyeron el aumento de los problemas relacionados con estas sustancias en una discusión más amplia sobre una crisis cultural. En ese contexto, las adicciones a los narcóticos eran percibidas como símbolo de la desaparición del individuo kantiano, independiente y capaz de auto-gobernarse, ideal y objetivo último de la burguesía. Visto desde este ángulo, para la reluciente nueva burocracia y sus corporaciones -los dos actores sociales más importantes de finales del siglo xix-, los consumidores de sustancias psicoactivas, cualesquiera que estas fueran, eran considerados “carentes de independencia”. Su pérdida de autonomía como actores sociales era vista como el resultado de la tensión y la competencia económica de la vida moderna, que los había dejado a expensas de las sustancias psicoactivas. Algunos de los casos más dramáticos declaraban haber sacrificado lo que les quedaba de agencia como individuos en el altar de los narcóticos (Courtwright y Hickman, 2011: 213-224). Como hemos mencionado, en el período que va de 1945 a 1974 se introdujo el uso de nuevas sustancias de la mano de médicos europeos y estadounidenses, seguido por un rápido desarrollo del tráfico ilícito y abuso generalizado de fármacos (Ball, Chien y Graff, 1975: 109-113). Es por ello que en ese período las sustancias psicoactivas comenzaron a ser identificadas como el peor escenario de la modernidad. Los usuarios se convirtieron en ejemplo tangible de la forma en que los seres humanos se hacían esclavos de sus propias invenciones y, aún más, en ejemplo de la necesidad apremiante de una respuesta normativa al peligro creciente del capitalismo moderno.14 Por otra parte, además de ser una categoría, la modernidad es un proceso sociohistórico de carácter global y acumulativo que ha sido equiparado con procesos de progreso y con una 14
Véase: Hickman (2007).
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actitud concerniente a la especificidad del presente. De esta forma, a pesar de las críticas que esta visión ha suscitado, la distinción entre sociedades modernas y atrasadas, o entre sociedades menos modernas, ha sido abandonada en el presupuesto de que “todos somos modernos” (Wagner, 2009). Sin embargo, lo que ha definido a la modernidad desde el inicio es sin duda alguna la condición de autonomía de los individuos. Para el sociólogo alemán Peter Wagner, la modernidad tiene lugar cuando los individuos se ven a sí mismos como autónomos y proyectan su autonomía en áreas más amplias de la vida social. La modernidad no es una condición específica a un período en particular, exclusivo de las sociedades occidentales. Este modo de comprender la modernidad es uno de los más novedosos. Nos propone un análisis histórico por medio de tres tipos de experiencias de autonomía colectiva, las cuales a su vez dan forma a diferentes clases de modernidad que requieren de una interpretación o, dicho de otro modo, que deben ser contextualizadas. La primera experiencia se relaciona con las reglas para la vida en común; la segunda, con la satisfacción de necesidades; la tercera, con la búsqueda de un conocimiento válido, es decir, con formas políticas, económicas y epistémicas de la modernidad. El hecho de que los problemas que estas tres dimensiones presentan no puedan ser respondidos de una sola forma es lo que convierte a la propuesta de Wagner en novedosa. Lo que este enfoque resalta es que las experiencias de modernidad son muy diferentes entre ellas, pero también sus interpretaciones. Así vista, la modernidad es, entonces, una condición principalmente de incertidumbre y contingencia.15 Este nuevo acercamiento a la modernidad sostiene que no hay una sola narrativa de la misma, sino cuatro: la versión liberal, la historia del Estado moderno, el surgimiento de la política democrática y la revolucionaria. Lo que es más importante es la argumentación de que ninguna de ellas lleva a una forma institucional específica por sí misma, sino que son complementarias. Es precisamente la interrelación de estas narrativas, más los tres problemas centrales de la modernidad relacionados con la política, la economía y la epistemología, lo que puede llevarnos a una modernidad más plural. Como ejemplo, Wagner pone sobre la mesa al capitalismo, entendido como una interpretación de la modernidad económica (aquí entraría el caso de la relación entre las sustancias estimulantes y la modernidad). Por otra parte, este nuevo enfoque subraya la existencia de diversas formas de capitalismo y de democracia. Analizando la modernidad europea, Wagner concluye que esta no se ha formado de una sola narrativa que se desarrolla progresivamente, sino a partir de un patrón que cambia constantemente de interpretaciones. Para el caso europeo su sugerencia es que en lugar de buscar estructuras comunes culturales o políticas, la modernidad europea debería centrarse en la interpretación de experiencias. Así, la contribución del enfoque de la modernidad por parte de este autor es que conjetura la proliferación de interpretaciones que no derivan de una filosofía dominante, sino que surgen de una pluralidad de interpretaciones formuladas por personas 15
Véanse: Wagner (2009); Castoriadis (1990: 39-69).
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a partir de sus experiencias en contextos específicos. De esta forma, la filosofía política y una teoría social con fundamento histórico podrían tener un propósito común.
La paradoja de la modernidad y la respuesta regulatoria Como puede verse, la relación entre las drogas y la modernidad ha sido estigmatizada desde el inicio, a causa de su carácter paradójico. Por un lado, el comercio de drogas legales ha sido analizado como base del sistema moderno, fungiendo como piedra angular en la fundación de los Estados nacionales, como fundamento de los imperios comerciales de Europa y como medio para financiar la expansión occidental. Por otra parte, la comercialización de las drogas ha sido señalada como causante de un daño creciente. En este caso en particular, la salud de los individuos y las relaciones sociales han sido las más perjudicadas debido a la intoxicación y adicción. Incluso, desde un punto de vista más abstracto, porque se estigmatizaba a las drogas como productos de la modernidad que habían quebrantado la agencia de los sujetos independientes sobre los que está construida la sociedad moderna. La primera respuesta para atacar este problema, después de la sueca, fue la acción de reformadores religiosos en Estados Unidos, que condenaron los daños causados por las drogas. Dicha acción se articuló en términos de defensa de la capacidad del sujeto moderno a su “libre albedrío”, para la “regulación de los productos malignos de la modernidad”. A ellos se unieron otros reformadores seculares, que agregaron otras dimensiones al problema: la utilitarista, la socialista, la científica y la nacionalista. Un punto importante es que los reformadores religiosos -sobre todo los estadounidensesintentaron responder a la paradoja de la modernidad con un movimiento internacional que promovía la prohibición “selectiva” y la restricción de los narcóticos. Este proponía un mecanismo autorregulatorio mediante el cual el comercio de fármacos volvería de alguna manera a entrar en línea con “las necesidades sociales” del “mundo moderno”. Estas regulaciones dieron paso a nuevas leyes y tratados que tenían el objetivo de minimizar el daño entre la juventud y, por ello, atendieron principalmente los siguientes puntos: prescripciones, cuotas de manufactura, límites de consumo para uso médico bajo supervisión y restricciones de venta al menudeo (que incluían la prohibición de su venta a menores de edad o imponían límites horarios para tolerar el consumo). Ahora bien, estas primeras regulaciones variaron significativamente entre los distintos Estados occidentales, y es por ello que se habla de una doble medida estándar internacional. Ejemplo de esto es que, debido a factores culturales, económicos y políticos, sustancias como el alcohol y el tabaco han sido reguladas de forma menos estricta que otras. Este ha sido un
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privilegio común a todas las naciones occidentales.16 En la actualidad, las diferencias sustanciales han comenzado a disminuir a partir de la revolución de la metadona entre los años 60 y 70, cuando fueron difundidos los resultados científicos sobre los daños causados por el alcohol y el tabaco. Se acabó con el doble estándar existente para el último tercio del siglo xx y esto ayudó a generar un nuevo enfoque científico que consideraba: los mecanismos comunes de las adicciones, el crecimiento de conciencia sobre los daños causados por el tabaco y el alcohol, y un nuevo enfoque de salud pública. No está de más notar aquí que, curiosamente, el caso paradigmático sueco, basado en hechos médicos, no influyó significativamente en esta primera etapa de diseño de políticas para regular las sustancias psicoactivas, como sí lo hizo la presión de los reformadores religiosos estadounidenses.
Políticas de convergencia internacional y la Unión Europea En línea con la primera estandarización iniciada en Estados Unidos, la tendencia vigente durante todo el siglo xx ha sido denominada como “la convergencia internacional en materia de drogas”. Su punto de partida fue la conferencia seminal sobre el opio en Shanghái, en 1909, y ha sido canalizada en tratados como la Convención sobre Substancias Psicotrópicas o la Convención sobre el Control del Tabaco del 2003. La excepción a esta política de convergencia internacional ha sido aquella originada por los usuarios ocasionales y no adictos, y la propagación del virus de inmunodeficiencia humana (vihsida) en la década de 1980-1990, que animó a la mayoría de las naciones europeas a avanzar hacia políticas de “reducción de daños” (Bergeron, 2005: 174-187). Aunque no hay una política común en la Unión Europea para unificar las políticas de drogas de los Estados miembros, la fundación de la Comisión Europea para el Combate de las Drogas, exhortada por la delegación francesa, declaró que el uso de drogas ilícitas y sus consiguientes problemas sociales y de salud podrían ser abordados de mejor forma mediante una estrategia a escala continental. En este sentido, en 1993, cuando el Tratado de Maastricht entró en vigor, no unificó las políticas de drogas, sino que solo lo hizo la fundación del Centro Europeo para el Monitoreo de Drogas y Adicciones (emcdda, por sus siglas en inglés). Creado en 1993, invocó el artículo 235 del Tratado, que permite a la Unión gran flexibilidad para actuar en una gran cantidad de materias no específicas relativas a este tema. Este centro fue fundado con la idea de vigilar los datos epidemiológicos de toda Europa, aunque en realidad se refiere exclusivamente a los países miembros. Este organismo se dedica a realizar análisis comparativos de las políticas y tratamientos para ayudar a generar programas de control de drogas más razonables y eficaces. 16
Véase: Courtwright (2001).
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Asimismo, difunde información crucial, organiza talleres, distribuye manuales sobre las mejores prácticas y construye modelos empíricos, cuyos métodos son difundidos ampliamente en todos los Estados miembros. Aunque estas prácticas tienden a unificar opiniones sobre el tema, en la actualidad no es posible hablar de una “política europea común” en materia de drogas.
Hacia la criminalización De forma paralela a la masificación del consumo de sustancias durante las primeras décadas del siglo xx, comenzaron las primeras etapas de un conjunto de movilizaciones que constituyen el sistema institucional actual de la lucha contra las drogas. La primera etapa de movilización concluyó con debates importantes en ambos lados del Atlántico. Así, finalmente se ha discutido si este problema debía abordarse como un hecho social o médico. Estas consideraciones se deben a que a principios del siglo xx los usuarios eran vistos como enfermos y la adicción era considerada un problema de salud. En ese sentido, ambos podían ser tratados por psicólogos que rehabilitaran al paciente, y no por jueces que únicamente emitirían condenas contra los usuarios, como lo harían con otros infractores de la ley. Esta fue la postura del documento clínico publicado en las notas editoriales del número de American Medicine de 1915. Los intereses médicos ganaron terreno y lograron proteger sus prácticas con la Harrison Act. Los siguientes esfuerzos fueron realizados por las agencias ejecutoras, que enfatizaron la criminalización de los usuarios, lo cual contribuyó a la criminalización de las sustancias psicoactivas y todo lo que las circundaba. La decisión de la Suprema Corte y del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de cerrar las clínicas donde los pacientes eran tratados significó, para muchos, un avance en la conversión del usuario de enfermo a criminal. Así, los grupos minoritarios estadounidenses fueron considerados peligrosos por no acatar una ley que prohibía su cultura y su estilo de vida, iniciando con ello un problema que vinculaba el tráfico y uso de drogas con un tratamiento racial que en la actualidad continúa siendo inequitativo (Peyrot, 1984: 83-95). Aunque la primera ley contra el consumo de sustancias psicoactivas en Estados Unidos fue dirigida al uso del opio en manifestaciones culturales, y a pesar de que la utilización de estas sustancias con fines médicos fue considerada un problema de salud pública, esta deliberación se focalizó en el uso de la cocaína, no del opio. Por otra parte, la prohibición de sustancias estuvo unida a cuestiones marginales en distintas zonas de los Estados Unidos. Esto es, la prohibición del opio apareció en el este del país cuando los migrantes chinos llegaron a esa región; lo mismo ocurrió en el sur, donde el avance económico de la comunidad afroamericana durante la posguerra dio como resultado la prohibición de la cocaína; en el norte, el crecimiento demográfico de los inmigrantes europeos, que rápidamente adquirían poder dentro de las zonas 36 ⎥ Adriana Luna-Fabritius
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urbanas, resultó en la prohibición del alcohol en 1919, y en el sudeste, a causa de la presencia de los braceros mexicanos, se inició la criminalización de la marihuana en 1937. Las reformas buscaban frenar el uso indiscriminado de drogas y alcanzaron un momento importante durante el segundo tercio del siglo xx, en el cual se observaron los resultados del modelo implementado con anterioridad, es decir, un análisis desde el punto de vista clínico y desde una justicia que criminalizaba al usuario de drogas. Esta etapa termina nuevamente con la Narcotic Addict Rehabilitation Act (1966), que promovía un incentivo económico para programas locales y estatales dedicados a la rehabilitación de los adictos. Curiosamente, y a pesar de su cometido, esta acta legitimaba el uso médico de la metadona. Entre 1972 y 1997 Estados Unidos buscó una política basada en la prohibición de las drogas y en la aplicación de sanciones criminales a su uso y venta ilícita. Los resultados obtenidos con estas políticas han sido vistos como consecuencias de implementaciones que criminalizan y marginan a los usuarios de sustancias psicoactivas, y aumentan los riesgos a la vida y a la salud pública. El incremento en la tasa de mortalidad relacionada con los estupefacientes puede ser una poderosa consecuencia de las políticas de prohibición y de su inequitativa aplicación en la impartición de justicia dentro de la sociedad. En la actualidad, las políticas de drogas son entendidas como expresión de una parte de las comunidades que desean hacer que el daño causado por la producción, tráfico y consumo de sustancias ilícitas desaparezca legislando su prohibición (Drucker, 1999: 14-29).
Discutiendo la legalización Durante la última década del siglo xx, las posturas en torno al problema de las drogas se dividieron nuevamente. Ya no se trataba de una división entre las posturas médica y jurídica, sino de dos puntos de vista: uno conservador y otro liberal. El primero quería enfrentar el problema con la aplicación severa de la ley, mientras que el segundo era partidario de la legalización. Las diversas perspectivas abarcaban cuestiones filosóficas y morales, así como de tipo económico. Este último fue el principal argumento para favorecer la legalización. En 2007 se estimaba que el total gastado por los gobiernos locales, estatales y federales ascendía a poco menos de 100 mil millones de dólares al año en las iniciativas contra el narcotráfico; a estas cifras hay que añadir las decenas de miles de millones que se obtienen anualmente de los ingresos fiscales por la venta de drogas legales. Al respecto, se ha argumentado que sería un avance significativo si se destinara solo un tercio de ese total a reducir las enfermedades causadas por las drogas y la adicción (Nadelmann, 2007: 24-26, 28, 30). Durante los últimos años se ha observado un descenso en el uso de drogas duras como el crack o la cocaína. No obstante, la baja ha sido compensada por un incremento en el uso de marihuana y heroína. Asimismo, hay un mayor número de consecuencias letales en el consumo Modernidad y drogas desde una
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de sustancias ilícitas: infección de múltiples enfermedades como el vih-sida, tuberculosis y hepatitis B y C. Ello ha llevado a algunos especialistas a considerar que es momento de abandonar la infeliz historia de la prohibición de las drogas y, contrariamente, comenzar a pensar en políticas pragmáticas y humanas que protejan la salud pública y apoyen los valores democráticos (Drucker, 1999: 14-29). Las opiniones sobre iniciar un proceso de descriminalización de sustancias son variadas. En 1989 Sharyn Rosenbaum afirmaba que el proceso de descriminalización solo ocasionaría una mayor dependencia, al tiempo que aseguraba que la lucha contra el narcotráfico se estaba ganando. Por otra parte, Ethan Nadelmann planteaba que sería más benéfico propiciar la reducción del uso de sustancias y de los males que implicaba el problema en general -la disminución del número de muertos, el tráfico ilegal y el crimen asociado con el uso indebido de las mismas-, en vez de incrementar el número de leyes que promovieran la prohibición. Por otra parte, para Charles Reasons los fenómenos que trae consigo el tráfico ilegal de sustancias -crimen, enfermedad y muerte- son consecuencia de las políticas implementadas en Estados Unidos, más que de los efectos farmacológicos de su uso. Dentro de las múltiples ventajas que podría traer la legalización se debe incluir que en algunas ocasiones las sustancias ilegales son menos dañinas que el alcohol, a lo cual puede añadirse también la consideración de factores económicos -por ejemplo, que los dealers, más que un pretexto o forma para continuar su adicción, obtienen un beneficio monetario de la venta de los estupefacientes-.17 Las discusiones anteriores concluyeron con la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1998, que acordó eliminar o reducir de manera significativa el cultivo ilícito de amapola, cannabis y opio para el año 2008, tiempo en el cual -según sus pretensiones- disminuiría también la demanda de estupefacientes. Contrariamente, el índice de producción y consumo de drogas continúa siendo el mismo que en décadas anteriores. Lo que ha cambiado es que los productores se han vuelto más eficientes, y la cocaína y heroína más populares y accesibles. Los plantíos de marihuana han incrementado su número en todo el planeta, mientras que los de amapola se han extendido en América Latina, aunado a que las metanfetaminas pueden producirse en todas partes. Por último, para Douglas Husak aproximadamente de 80 a 90 millones de personas han usado una droga ilícita en algún momento de su vida, a partir de este dato, considera oportuno replantear la estrategia de los Estados para disminuir los problemas que esto representa en cuestión salud y estructuras sociales. Así, queda claro que el debate actual no está focalizado en si el uso de sustancias ilícitas es un asunto médico o de salud pública, como se expuso en un principio. Los políticos aún hablan de “eliminar las drogas” como si su uso fuese una plaga para la humanidad. Lo que es realmente preocupante en este momento es si resulta oportuno 17
Véanse: Rosenbaum (1989: 19-20); Nadelmann (2007: 24-26, 28, 30); Reasons (1974: 381-404).
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diferenciar entre los hechos individuales y los sociales. La guerra mundial contra las drogas persiste en gran parte porque hemos fracasado en distinguir entre los daños que trae consigo el uso de sustancias -como las enfermedades provocadas por contagio- y los daños que trae su prohibición -muerte y narcotráfico-. La cuestión no es si existe una buena razón para castigar a los adictos, sino si existe una buena razón para imponerles infracciones por el simple hecho de serlo. Una reinvención de las leyes contra el problema de las drogas debe incluir no solo el crimen de posesión ilícita, sino también otros delitos como la violencia doméstica, donde el uso de alcohol y drogas está frecuentemente implicados.18
La descriminalización a pequeña escala Mientras en Estados Unidos se daba un conflicto entre distintas maneras de afrontar el trasiego de drogas, en Holanda se implementaban políticas distintas que algunos han denominado “normalizadoras y amorales” porque aceptaban el uso de drogas como un evento inevitable en la sociedad moderna. En esa tesitura de normalización, las sustancias ilegales eran consideradas un problema social tratable, más que una extraña amenaza sobre el común de la población. El argumento de base fue que era un problema inevitable en el mundo actual, y que la lucha por su erradicación mediante la represión resultaría más dañina para la sociedad que su prevención o su tratamiento. Una estrategia basada en la aplicación de una ley rigurosa estaría encaminada a producir una reacción violenta y el crecimiento de un mercado ilícito, al tiempo que crecerían los índices de marginación sobre los usuarios y narcomenudistas, como ha ocurrido en otros países. La política de drogas de los Países Bajos fue resuelta con la efectiva legalización de las “drogas suaves”. Lo que ocurrió en estos Estados fue un proceso de descriminalización que se denomina de pequeña escala. Por otro lado, es importante subrayar que el problema de las “drogas duras” ha sido tratado como un hecho de salud pública y, en este sentido, se han concentrado en la rehabilitación de los usuarios. Las reacciones oficiales estaban dirigidas a la reducción de males sociales e individuales. Así, su política estaba en concordancia con la Opium Act de 1976, que favorecía la separación de las drogas suaves de las duras (Leuw, 1991).
A manera de conclusión El análisis de los procesos de consolidación del mercado global de sustancias y de la criminalización de su consumo desde una perspectiva histórica nos permite identificar al menos 18
Véanse: Husak (2003a: 21-29; 2003b: 503-513 y 2009: 105-115).
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dos aspectos clave para entablar un debate significativo y un posterior desarrollo de políticas adecuadas en esta materia. Por un lado, nos ha mostrado que el comercio de sustancias y su consumo ha sido visto desde el inicio como un proceso paralelo al desarrollo del capitalismo, esto es -como la base del sistema capitalista moderno-, piedra angular de los Estados modernos y sus aparatos legales a escala nacional o supranacional, pero también como base para los imperios comerciales europeos y elemento crucial en su expansión hacia occidente. Sobre todo, este análisis nos ha permitido ver que la masificación del comercio y del consumo de sustancias -la cual incrementó ciertos problemas sociales- ha sido interpretada a su vez como la crisis del capitalismo y, por ende, de la modernidad. Por otra parte, a través de la reconstrucción de algunos debates clave que llevaron a la regulación y criminalización de sustancias, ha sido posible identificar que su consumo fue tolerado en gran medida por los distintos Estados hasta que alcanzaron a grupos más amplios de la sociedad, a los que paradójicamente siempre hemos llamado “minoritarios”. Por consiguiente, podemos concluir que las leyes que criminalizan a los comercializadores y consumidores han obedecido a un sistema normativo que tiene como punto de partida una paradoja insuperable y que, por tanto, difícilmente puede servir de base para el diseño de políticas de drogas ad hoc que consideren acciones de salud pública para ciudadanos autónomos, libres de tomar sus propias decisiones, en sociedades democráticas del siglo xxi. Por medio de este estudio hemos podido corroborar que estas políticas regulatorias no han sido la respuesta a cuestiones de salud pública, sino de otra índole. Ahora bien, tomando la teoría de la modernidad de Wagner para explicar la relación entre esta y las sustancias psicoactivas, aun más, tomando en cuenta la crítica que se ha hecho desde el siglo xix al consumo de drogas como paradoja del sistema capitalista, podríamos decir que la primera no puede y no debe fusionarse con el segundo, ya que de hacerlo se bloquea y desvía el debate hacia senderos poco fructíferos, como ha ocurrido hasta ahora. Sin embargo, si se dejaran atrás las interpretaciones de la modernidad que enfatizan el papel central de la democracia y el capitalismo, el debate podría avanzar de la mano de un enfoque más sofisticado sobre la modernidad, que ampliara la concepción actual mediante la inclusión de experiencias comunes a los individuos del siglo xxi, así como de políticas basadas en estudios recientes de salud pública.
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La recaudación del impuesto predial en México: un análisis de sus determinantes económicos en el período 1969-2010 Property Tax Collection in Mexico: An Analysis of Its Economic Determinants in the Period 1969-2010 Mónica Unda Gutiérrez∗ Carlos Moreno Jaimes∗∗ Recibido el 24 de junio de 2014 Aceptado el 13 de octubre de 2014
RESUMEN
ABSTRACT
Este artículo analiza los factores que explican las diferencias en la recaudación del impuesto predial en México entre los estados de la federación durante el período 1969-2010. Se enfoca en algunas variables sugeridas por la literatura como determinantes del desempeño recaudatorio, haciendo particular énfasis en la hipótesis de los recursos alternos según la cual los gobiernos enfrentan un desincentivo a recaudar cuando tienen acceso a recursos de otras fuentes
This article analyzes the factors that account for the differences among states in collecting property tax in Mexico during the 1969-2010 period. It focuses on some variables that the literature has identified as determinants of tax collection performance, emphasizing the substitution effect hypothesis which asserts that local governments reduce their taxation when they have access to alternate funding sources with fewer political costs. We also analyze the effect
∗
Doctora en Estudios del Desarrollo, Universidad de Londres. Profesora-investigadora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (México). Sus líneas de investigación son: economía política de los impuestos y política fiscal en México del siglo xx. Entre sus últimas publicaciones destacan: “El sistema tributario mexicano en perspectiva histórica e internacional después de la reforma de 2013” (2014); “La reforma tributaria en México durante la época del desarrollo estabilizador: reformas al isr de 1961 y 1964” (2012) y El fracaso de la reforma fiscal de 1961 (2011) en coedición con Luis Aboites. Correo electrónico: munda@iteso.mx ∗∗ Doctor en Política Pública, Universidad de Texas, Austin. Profesor-investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (México). Sus líneas de investigación son: descentralización del gasto público y evaluación del desempeño de los gobiernos locales. Entre sus últimas publicaciones destacan: Seguro popular y federalismo, un análisis de política pública (2014) en coautoría con Laura Flamand; “El nexo entre calidad gubernativa y elecciones: discusión conceptual y aplicación al gobierno local mexicano” (2012); “Is Local Spending Responsive to the Poor? An Appraisal of Resource Allocation and Electoral Rewards in Mexico” (2011). Correo electrónico: cmoreno@iteso.mx
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menos costosas políticamente. Analizamos también el impacto de dos reformas al artículo 115 constitucional que buscaron promover mejoras en la recaudación predial. A partir de un modelo econométrico basado en datos tipo panel, nuestros resultados muestran que el desincentivo a la recaudación proviene únicamente de las aportaciones federales (Ramo 33), no así de las participaciones. La principal limitación que enfrenta el país para mejorar la recaudación del impuesto predial se concentra en las áreas rurales debido al valor más bajo del predio rústico, a la mayor incapacidad administrativa de las autoridades municipales en el medio rural para recaudar, así como a la historia de exención al ejido. Finalmente, mostramos que las reformas constitucionales al régimen municipal no fueron eficaces en promover que los municipios mejoraran su desempeño recaudatorio.
of two constitutional reforms to article 115 aimed at improving property tax collection. Based on an econometric model with panel data, our results show that only conditional transfers (from the Ramo 33) have a negative effect on local taxation, but revenue-share transfers from the federal government dot no. The main obstacle that the property tax faces to improve its performance comes from rural areas for three reasons: the property value is lower, local governments have weaker administrative capacities to collect taxes, and the Mexican ejido has historically been exempted from paying property taxes. Finally, we show that the constitutional reforms were ineffective in improving tax-collection performance of municipalities.
Palabras clave: impuesto predial; federalismo fiscal; finanzas municipales, México.
Keywords: property tax; fiscal federalism; municipal finances, Mexico.
Introducción La constante de la historia fiscal mexicana ha sido la baja recaudación tributaria. Los tres niveles de gobierno la padecen pero quien más la sufre es la hacienda municipal. El impuesto predial, que es el más importante de las haciendas locales, está muy lejos de proveer a los gobiernos municipales de los recursos que necesitan para cumplir con sus responsabilidades. De hecho, la recaudación predial en México llama la atención por ser extremadamente baja en términos absolutos y relativos, pues en 2010 representó tan sólo 0.13% del pib.1 En cambio, países como Reino Unido, Francia y Estados Unidos recaudan 4.2, 3.7 y 3.1% de 1 Cálculos propios a partir de la base de datos “Finanzas estatales y municipales”. Disponible en: <http://www.inegi. org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=10961&c=23707&s=est&cl=4> [Consultado el 12 de enero de 2014].
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su pib, respectivamente (ocde, 2013: 114); o países de ingresos similares a los mexicanos, como Argentina, Brasil, Colombia y Chile, recaudan, en ese orden, 3, 2, 1.5 y 0.7% de su pib (ocde, 2014: 73). A todas luces, la recaudación de este impuesto municipal en México es muy baja, lo que redunda en una hacienda local pobre, poco distributiva y reduce considerablemente la capacidad de los gobiernos municipales de asumir con eficacia las múltiples responsabilidades de gasto público que han ido asumiendo en los últimos treinta años. Por ello, la recaudación del predial es un problema que requiere ser estudiado. El presente artículo se pregunta por los determinantes económicos del predial, qué tanto las variables de corte económico han determinado el nivel de recaudación en México en los últimos cuarenta años. Abordamos el tema de la efectividad de las reformas constitucionales al artículo 115 hechas en 1982 y 1999 con el objeto de evaluar qué tanto han contribuido al aumento de la recaudación predial del municipio mexicano. Las razones para prestar atención al problema de la baja recaudación de la hacienda local son diversas. En primer lugar, si bien se concibe que la manera más sana de financiar a un gobierno es por medio de impuestos, el municipio mexicano depende principalmente de la transferencia de recursos de la federación2 y en los últimos años algunos municipios también han optado por recurrir a la deuda. Aunque sabemos que bajo un diseño fiscal descentralizado los gobiernos subnacionales necesariamente requieren financiarse también mediante transferencias intergubernamentales y deuda pública, ambos mecanismos pueden implicar costos importantes para el desarrollo de un país cuando su diseño no es el adecuado.3 En segundo término, no sólo hay razones económicas que justifican a los impuestos como la base principal del financiamiento del gasto de un gobierno, sino que también hay argumentos políticos. El pago de impuestos implica ejercitar el contrato social; al estar un gobierno financiado por la sociedad a la que representa (y no por un banco o el nivel de gobierno superior) aumentan las posibilidades de que se dé un mejor proceso de rendición de cuentas. En este sentido, Tilly considera el cobro de impuestos como un catalizador de procesos democráticos (2009: 179-180), ya que el ciclo de extracción-resistencia-represión-negociación que conlleva hace que el Estado quede sujeto a public politics, dando pie a que la sociedad -y sus grupos- influyan en la política. Tercero, los impuestos a la propie2
Cabe señalar que una buena parte de las transferencias que reciben estados y municipios tienen fuente en impuestos federales, como es el caso de las participaciones. 3 Por ejemplo, un endeudamiento excesivo por parte de estados y municipios podría ocasionar un grave riesgo para la estabilidad macroeconómica de un país, sobre todo cuando se instala la expectativa de que el gobierno central estará siempre al rescate de los gobiernos locales, lo cual genera asignaciones irresponsables de recursos. Véanse: Sobarzo (2009: 23) y Ter-Minassian y Craig (1997). Por su parte, el sistema de transferencias intergubernamentales también puede introducir incentivos contrarios al buen desempeño fiscal entre los gobiernos que las reciben, por lo que la literatura sobre federalismo fiscal recomienda en general que las transferencias se determinen y repartan de manera no discrecional. Véanse: Daughters y Harper (2006) y Winkler (1994).
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dad son, normalmente, la espina dorsal de las haciendas locales y cuentan con muchas ventajas. Por una parte, los impuestos a la propiedad tienen un alto potencial recaudatorio y significan también una recaudación estable debido al tipo de base tributaria sobre la que recaen (Bahl y Martínez-Vázquez, 2007: 2-4). El valor de la propiedad inmobiliaria no fluctúa tanto como el ingreso; además, la propiedad inmueble es altamente visible y no es móvil (Seligman, 1895: 54-80), como lo es el capital. Sumado a lo anterior, los impuestos a la propiedad tienen un mayor potencial distributivo, pues los pagan únicamente quienes cuentan con propiedad inmueble (Gaffney, 1972: 139-141; De Cesare, 2007: 7), y pueden ser altamente progresivos si descansan en una estructura de tasas que aumente conforme lo hace el valor de la propiedad. De hecho, la determinación de la base tributaria sobre la cual recae el predial, a diferencia de otros impuestos,4 depende enteramente de la autoridad tributaria, la cual determina el valor de la propiedad a través de los catastros. Con ello, la recaudación predial depende en gran medida de la capacidad administrativa de la hacienda local (De Cesare, 2012: 5). Otra ventaja de los impuestos a la propiedad es que los ingresos recaudados, una vez transformados en gasto público, se asignan a bienes y servicios públicos dentro de la misma localidad, es decir, que tanto la carga tributaria como su beneficio recaen en el mismo territorio; esto, en teoría, disminuye la resistencia del contribuyente a este tipo de impuesto, pues los beneficios suelen ser más visibles e inmediatos. Esta ventaja del impuesto a la propiedad está directamente relacionada con el principio de la imposición por el método del beneficio, principio al que se suele aludir para justificar el cobro del predial (Hale, 1985: 393).5 En síntesis, todas estas características del impuesto predial explican por qué éste ha sido el gravamen principal a cargo de los gobiernos locales en muchos países. El artículo comienza presentando una revisión de la literatura sobre los determinantes de la recaudación con el objetivo de identificar algunas hipótesis utilizadas para explicar las diferencias en magnitud y composición de la recaudación. Posteriormente, hacemos un breve repaso de la historia del impuesto predial en México en los siglos xix y xx a fin de ilustrar las dificultades que enfrentó dicho impuesto y dar claridad sobre su evolución. En la tercera sección presentamos una descripción de la evolución de la recaudación predial y las transferencias federales en los últimos cuarenta y un años con el propósito de brindar una perspectiva más completa del predial dentro de la hacienda local. En la cuarta sección se define un modelo econométrico que busca precisar cuál ha sido el impacto de algunas de las variables sugeridas por la literatura como determinantes de la recaudación. Nos centramos en variables de tipo económico, aunque también analizamos el impacto de 4 El pago del impuesto sobre la renta empresarial, por ejemplo, dependerá del nivel de utilidad de la empresa al final del año y no de que la autoridad determine un cierto nivel de utilidad para cada empresa según su giro o tamaño. 5 Existen dos métodos o principios de imposición: el método del beneficio y el de la capacidad de pago. Véase: Musgrave (1967: 63-119).
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dos reformas al artículo 115 constitucional -las de 1982 y 1999- que buscaron, explícitamente, promover mejoras en la recaudación predial. La última parte del trabajo presenta las conclusiones. Añadimos a continuación algunos comentarios sobre nuestra base de datos. Ésta se compone de series históricas de finanzas públicas estatales y municipales que van, de manera continua y anual, desde 1969 hasta 2010 y tiene sustento en cuatro fuentes principales.6 Los datos están agregados a nivel estatal por dos razones: hasta 1982, el predial era un impuesto estatal, y de 1983 a 1988 (cuando ya se había asignado a los municipios) no se cuenta con información desagregada para todos los municipios del país; por ello decidimos agregar los datos de manera estatal a todo lo largo de la línea de tiempo del estudio para obtener una mirada panorámica sobre el comportamiento del predial en el ámbito nacional, lo que nos permite definir las tendencias e influencias más importantes en la trayectoria del predial en los últimos cuarenta y un años. Este artículo plantea varias contribuciones. En primer lugar, busca llenar un hueco en la literatura sobre política tributaria en México, pues los trabajos que abordan el predial como objeto de estudio son muy pocos y ninguno lo ve desde una perspectiva histórica.7 En concreto, el tema sobre las trayectorias de impuestos en México en el largo plazo no ha sido tratado por los estudiosos. Es probable que la dificultad para acceder a las estadísticas históricas y desagregadas sobre recaudación sea una de las principales razones que han mantenido a los investigadores al margen de un tema tan importante. Es por ello que la segunda contribución de este trabajo es la construcción de series históricas que conforman nuestra base de datos, series como la de la recaudación predial estatal desde 1969. En tercer lugar, los hallazgos del trabajo son útiles para informar a quienes toman decisiones sobre el impuesto predial. Por una parte, presentamos evidencia sobre la inefectividad de las dos reformas constitucionales que pretendieron mejorar la recaudación de ese impuesto; por la otra, demostramos que la presunción generalizada de que las transferencias federales han afectado negativamente el incentivo recaudatorio de los gobiernos locales se sostiene sólo parcialmente. Lo anterior cobra relevancia ante la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal llevada a cabo en diciembre de 2013, la cual intenta mejorar la recaudación revirtiendo la estrategia descentralizadora iniciada en los años ochenta.
6 Éstas son: (i) para los años 1969 a 1974, Información sobre ingresos gubernamentales, Secretaría de Programación y Presupuesto; (ii) para 1975-1983, Finanzas Públicas Estatales y Municipales de México; (iii) para 1979-1988, Finanzas Públicas Estatales y Municipales de México, ambas del inegi; y (iv) para 1989 a 2012, la base de datos en línea del inegi: Estadísticas de Finanzas Públicas Estatales y Municipales. Disponible en: <http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/ proyectos/bd/consulta.asp?p=10961&c=23707&s=est&cl=4> [Consultado el 12 de enero de 2015]. 7 Véanse: Ibarra y Sotres (2009 y 2013); Bustamante (2001); Ruelas Ávila (2012) y Cruz Vázquez (2011).
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Determinantes del nivel y la composición tributaria Las preguntas sobre el nivel de recaudación y la composición tributaria han sido abordadas por la literatura desde distintos enfoques: el administrativo, el económico y el de economía política (Di John, 2006). De acuerdo con el primero, las causas de una baja recaudación tienen que ver con la falta de capacidad administrativa de las autoridades.8 Una administración débil –con poca experiencia al respecto y con sistemas de contabilidad, información y control inadecuados– explica los bajos ingresos tributarios. Esta perspectiva enfatiza la eficiencia y la efectividad de la administración tributaria y, en consecuencia, las medidas que recomienda están orientadas a la creación de organizaciones tributarias autónomas, la mejora de los sistemas de información, el control de los grandes contribuyentes mediante unidades especiales y el uso de sistemas de retención automática, por mencionar algunas. El enfoque económico, por su parte, contribuye al debate sobre el nivel y composición tributaria a partir de dos líneas: la teoría óptima de los impuestos y el conjunto de ideas sobre los determinantes de la recaudación. La primera línea es de corte normativo y ofrece principios básicos para el diseño (o reforma) de los impuestos; por ejemplo, brinda una guía sobre cuáles son las bases impositivas apropiadas, cómo se deben de fijar las tasas, cómo calcular si los impuestos causarán problemas de eficiencia, etcétera. La segunda línea, que es la de nuestro interés, establece que los determinantes del nivel de recaudación son variables económicas.9 Los indicadores económicos más aludidos dentro de este enfoque son: el pib per cápita, el nivel de exportaciones e importaciones, el tamaño del sector no agropecuario de la economía, el grado de urbanización y la tasa de crecimiento poblacional. Por ejemplo, el pib per cápita se toma como un proxy del nivel de desarrollo que a su vez indica la capacidad de pagar y recaudar impuestos. Se considera que mientras más grande sea el tamaño del sector primario, menor será la recaudación, ya que la producción agropecuaria (especialmente en los países subdesarrollados) es más difícil de tasar; el grado de urbanización se correlaciona positivamente con la recaudación, debido a que el mayor grado de escolaridad que caracteriza a las áreas urbanas mejora la eficiencia de la administración tributaria y promueve el cumplimiento de los contribuyentes (Addison y Jorgën, 2012: 7-8). Y, por último, se considera que la intensidad del comercio internacional es positiva para la recaudación, debido a que gravar las importaciones y exportaciones de un país es relativamente más fácil que otras fuentes de ingreso. Por su parte, Burgess y Stern (1993: 782-785) destacan que la recaudación también se ve influenciada negativamente por la disponibilidad de fuentes alternativas de ingresos, es decir, por la existencia de ingresos 8
Véanse: Bird y Casanegra (1992); Tanzi (2000) y Burgess y Stern (1993). Véanse: Hinrichs (1966); Musgrave (1969) y Lotz y Morss (1970).
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no tributarios. Los autores sostienen que conforme aumenta la proporción de ingresos no tributarios en el sector público, la recaudación tenderá a disminuir, lo que se explica porque la recaudación tributaria conlleva un costo político del cual los ingresos de fuentes alternas están generalmente exentos. Como analizaremos más adelante, ésta es una de las hipótesis más utilizadas para explicar la baja recaudación predial en México. Definitivamente, las variables económicas que denotan el ciclo y la estructura económica contribuyen a delimitar el potencial recaudatorio de un país, estado o municipio. Sin embargo, el enfoque no logra explicar por qué unidades territoriales con características económicas similares generan niveles de recaudación distintos. Es aquí donde la tercera línea ofrece una perspectiva más provechosa para entender el problema: el enfoque de economía política parte de la idea de que los impuestos son un problema político pues, al ser impopulares por naturaleza, requieren de la construcción de consensos entre gobierno y sociedad para poder cobrarlos. Diversos autores han abordado las preguntas sobre el nivel de recaudación y composición tributaria desde esta perspectiva, lo que ha añadido variables explicativas como la historia, las organizaciones políticas, el poder y la desigualdad. El aspecto histórico es muy importante para explicar el resultado de la política tributaria, pues ésta es acumulativa. Las decisiones en materia tributaria se van tomando y añadiendo poco a poco a través del tiempo; es un proceso incremental de cambio. La ley del Impuesto sobre la Renta (isr), por ejemplo, se crea en 1925 y cuatro décadas después, por la acumulación de enmiendas, nuevas cláusulas, artículos y modificaciones en las leyes y misceláneas, ya había perdido su capacidad para recaudar y distribuir; la progresividad con que nació el impuesto se erosionó poco a poco a través del tiempo. En este sentido conviene enfatizar que el tipo y calidad de las instituciones fiscales son producto de la historia (Di John; 2006: 7); así lo dejan ver los estudios que enfatizan la trascendencia de las guerras en la formación de los Estados europeos y sus sistemas tributarios (Tilly, 1975), o el hecho de que la primera y segunda guerras mundiales hayan sido determinantes para el aumento de la progresividad de los sistemas tributarios (Scheve y Stasavage, 2010). En este caso, las guerras mundiales del siglo xx impulsaron los impuestos sobre la renta con tasas progresivas, las cuales no disminuyeron al terminar las guerras. Otros autores resaltan la influencia de organizaciones políticas -sean partidos políticos, sindicatos u organizaciones empresariales- como determinantes de las trayectorias fiscales de un país (Lieberman, 2001 y 2003). El mapeo y estudio de estas organizaciones, en este caso, contribuye a entender la configuración política prevaleciente en determinado lugar y tiempo, la que es esencial para explicar tanto los niveles como la incidencia de los impuestos. Los estudiosos que enfatizan el poder para explicar el nivel y tipo de recaudación argumentan que la capacidad deliberada de cierto grupo de interés -o coaliciones- para limitar o modificar las opciones de otros -es decir con poder- es lo que define la manera de extraer recursos por parte del Estado. Para Best (1976), por ejemplo, la estructura impositiva refleja la distribución de La recaudación
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poder en la sociedad, ya que supone que aquellos que tienen poder tendrán mayor influencia en el Estado y, por consiguiente, en la política tributaria. En síntesis, el enfoque de economía política va más allá de los argumentos planteados desde las perspectivas administrativa y económica en tanto que las percibe como insuficientes para explicar el nivel y la composición tributaria en su totalidad. En este artículo, sin embargo, nos concentramos en los determinantes económicos del predial y en la efectividad de las modificaciones a su marco legal (artículo 115). En este sentido, este trabajo es un primer paso hacia un análisis más completo de los determinantes del predial en México. En estudios futuros se analizarán con mayor profundidad otras variables más claramente relacionadas con el enfoque administrativo y el de economía política. Los estudios que han tratado el tema del predial en México -los cuales no han analizado la evolución de ese impuesto en períodos previos a los últimos veinte años- descansan en argumentos de corte económico: sostienen que el bajo nivel de recaudación municipal tiene que ver con las transferencias de recursos que hace el gobierno federal;10 argumentan que las participaciones (ramo 28) y las aportaciones (ramo 33) que reciben los estados y municipios del gobierno federal tienen un efecto pernicioso sobre la recaudación de impuestos locales, pues han ocasionado que los gobiernos subnacionales sean altamente dependientes de esos recursos, generándose a su vez un desincentivo para mejorar el cobro de impuestos como el predial. Ésta es la tesis de los recursos alternos: en la medida en que los gobiernos tengan acceso a recursos por otras fuentes menos costosas políticamente, la recaudación tributaria va a disminuir. Sin embargo, la evidencia empírica sobre la cual se sustentan las conclusiones de dichos estudios no tiene una perspectiva histórica suficientemente amplia, por lo tanto el presente artículo busca llenar ese vacío, ya que vuelve a analizar el impacto de los recursos alternos sobre la recaudación predial abarcando un horizonte temporal más amplio: desde el período previo a la instauración del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (sncf), a inicios de los ochenta, pasando por la primera gran reforma al artículo 115 de la Constitución nacional en 1982, hasta la creación de las aportaciones federales en 1997 y la segunda reforma constitucional al régimen municipal en 1999.
El predial: un problema añejo El impuesto a la propiedad rústica y urbana, el predial del siglo xix En el México posindependiente, el predial o el impuesto a la propiedad rústica y urbana -como era llamado entonces-, fue sujeto de innumerables disputas. La historia fiscal del 10
Véanse: Elizondo (2001); Raich (2004); Sour (2007); Canavire y Zúñiga (2010); Peña y Wence (2011).
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siglo xix estuvo atravesada por intentos recurrentes por introducir las contribuciones directas,11 principalmente el impuesto sobre fincas rústicas y urbanas; sin embargo, todos fracasaron. Distintos obstáculos impidieron que el sistema tributario tuviera como espina dorsal a las contribuciones directas y, así, casi la totalidad de los ingresos tributarios del Estado mexicano provenían de impuestos indirectos, regresivos. Entre los principales obstáculos que mermaron el desempeño del impuesto a la propiedad rústica y urbana están la tensión que existía entre los dos niveles de gobierno por tener la potestad del impuesto y la oposición de propietarios y terratenientes al catastro. Tanto el gobierno central/federal como el local querían tener la potestad de tasar la propiedad, que era la manera en que la riqueza era normalmente materializada en el sistema económico del siglo xix. Esto generó intensas disputas, las que a su vez se complicaban por la falta de claridad en los artículos constitucionales que debían normar las potestades tributarias entre los distintos niveles de gobierno (artículos 117 y 118). Sin embargo, conforme transcurrió el tiempo y llegado el porfiriato, en la práctica fue el gobierno estatal quien acabó cobrando el impuesto a la propiedad, y los impuestos al comercio exterior eran recaudados por el gobierno central/federal. A pesar de ello, los ingresos por el impuesto a la propiedad rústica y urbana eran bajos, debido a la situación en que se encontraban los catastros (cuando existían), pero las iniciativas de crear o mejorar la situación fueron bloqueadas por la oposición de los terratenientes y propietarios.12 Ello constata que una de las principales aversiones de la élite económica es que exista un gobierno capaz de medir (controlar) su riqueza.
El predial en el siglo xx Una vez terminada la revolución, durante el gobierno de Álvaro Obregón se reabrió el tema del impuesto a la propiedad. En 1922, el presidente decretó la creación del impuesto del uno al millar, un impuesto federal sobre la propiedad cuyo principal objetivo, se justificaba, no era recaudatorio, sino que buscaba la creación de un catastro federal, lo cual, en el contexto de la puesta en práctica del artículo constitucional 27, adquiere sentido. Sin embargo, el impuesto del uno al millar fracasa y no es puesto en práctica. Los gobiernos estatales -que vieron en el decreto de 1922 la añeja amenaza de perder la potestad sobre el impuesto a la
11
El término “contribuciones directas” se empleaba en el siglo xix y corresponde a los impuestos directos del xx. Estos incluían las contribuciones sobre fincas rústicas y urbanas, los derechos de patente, los impuestos sobre salarios y sueldos, impuestos sobre artículos de lujo y el impuesto de la capitación (Jáuregui, 2006: 21). 12 Véanse: Jáuregui (2005); Serrano (2006); Sánchez (2006) y Torres (2006).
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propiedad- y una oposición de propietarios fuerte y bien organizada, contribuyeron a que el uno al millar fuera desechado.13 Al parecer, el decreto de Obregón fue el último intento del gobierno nacional por tener entre sus facultades tributarias el impuesto a la propiedad. Lo que sucede con el predial en los estados del país después del decreto fallido del uno al millar en 1922 no está claro: debido a la falta de estudios sobre la evolución del sistema tributario en el siglo xx, es difícil precisar la trayectoria del predial. De ahí que este estudio contribuya a llenar este vacío. Desde entonces fue principalmente el gobierno estatal quien se hizo cargo del predial.14 Tuvieron que pasar 65 años para que la potestad sobre el predial se transfiriera a los gobiernos municipales. El artículo 115 constitucional se reforma en 1982 con el fin de impulsar la autonomía económica del municipio y de mejorar la relación fiscal entre las entidades y sus municipios. En un sentido amplio, la reforma buscaba avanzar el proceso de descentralización fiscal y apoyar el federalismo (Silva-Herzog, 1982). Así, la potestad del predial lleva treinta años en manos del municipio. Si bien en lo referente a la autonomía financiera de los municipios la reforma de 1982 no logra su cometido, pues aunque les otorga la potestad del predial y en general todas las contribuciones que se desprenden de la propiedad inmobiliaria, éstos no contaban con una infraestructura técnica y administrativa que les permitiera administrar el impuesto en su totalidad (Santana, 2000: 19). De ahí que en la mayoría de los casos se llevarán a cabo convenios a través de los cuales los estados seguían administrando el predial a cambio de, normalmente, 30% de los ingresos recaudados. De este modo, el artículo 115 es reformado nuevamente en 1999. Esta reforma surgió de nueve iniciativas de diputados federales de distintos partidos, que entre 1997 y 1999 estuvieron discutiendo el tema en el Congreso (Valencia, 2001: 255-256). No fue sino hasta entonces que los partidos de oposición al Partido Revolucionario Institucional (pri) tuvieron los votos necesarios para realizar reformas constitucionales. Sumado a ello, había un gran número de presidentes municipales no priístas que veían en las reformas al artículo 115 un primer paso para obtener mayor independencia económica (Pérez y Núñez, 2001: 256-257). Así, las modificaciones realizadas en 1999 dejan en claro las funciones públicas que son responsabilidad de los municipios (fracción iii); otorgan a los ayuntamientos la capacidad de proponer a las legislaturas las cuotas, tarifas y tablas de valores de suelo y construcciones -lo que es la base para el cobro de las contribuciones inmobiliarias (fracción iv)-, y se establece que antes del ejercicio fiscal 2012 las legislaturas, en coordinación con los muni13
Para mayor información y análisis sobre el decreto del uno al millar y su comparación con el decreto del impuesto sobre la renta, véase: Unda (2014). 14 Y ello es así a pesar de que en 1917 se discutió intensamente la posibilidad de que el artículo constitucional 115 le diera al municipio la facultad de recaudar impuestos como el predial para asegurar su autonomía económica. Véanse: Carpizo (1983: 24) y Santana y Sedas (1999: 21-24).
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cipios, adoptarán medidas conducentes a que los valores catastrales sean equiparables con los valores de mercado (transitorio quinto) (Santana y Sedas, 1999: 30-32). Con estas reformas, al menos legalmente, se buscó dar más capacidades a los municipios para que pudieran tomar las riendas del impuesto predial, recaudar más y, con ello, otorgar mayor autonomía financiera. Sin embargo, debido a la falta de estudios en el tema, en la actualidad no es claro cuáles han sido los alcances de las reformas al artículo 115 constitucional en 1999. Este trabajo busca dar luz al respecto.
Evolución del predial y de las transferencias federales a estados y municipios Como hemos venido sosteniendo, es un hecho que la recaudación del impuesto predial en México es muy baja. Sin embargo, es importante analizar su evolución durante la segunda mitad del siglo xx y la primera década del xxi. Como puede apreciarse en el gráfico 1, el promedio de la recaudación del predial per cápita ha tenido una evolución dispar a lo largo del período analizado. Entre 1969 y 1979 presentó un crecimiento sostenido, comenzando en 80 pesos por habitante, hasta conseguir un nivel de casi 140 pesos per cápita en 1979. Sin embargo, en 1980 la recaudación del predial inició un descenso vertiginoso que abarcó los siguientes ocho años, alcanzando un monto promedio por habitante de menos de 30 pesos en 1987, su nivel más bajo durante todo el período analizado. Es muy probable que este declive esté relacionado con dos eventos: el municipio comenzó a encargarse del cobro del predial en 1983 y la crisis económica de los años ochenta. Es a partir de 1988 que la recaudación del predial comienza a recuperar su crecimiento hasta llegar en 1994 a un monto promedio de 110 pesos por habitante -muy por debajo todavía de los niveles que había alcanzado durante la década de 1970-. Este repunte está probablemente relacionado con dos hechos (Morones, 2004). Por un lado, el gobierno federal -a través de apoyos financieros del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (banobras) y del programa Cien Ciudades impulsado por la Secretaría de Desarrollo Social (sedesol)- fomentó la modernización de los catastros en el país; en segundo lugar, la reforma de diciembre de 1990 a la Ley de Coordinación Fiscal incorporó en la fórmula de distribución de participaciones federales del Fondo de Fomento Municipal las variables de predial y agua, lo que pudo haber incentivado la recaudación de ambos. Sin embargo, con la crisis financiera de 1994 la recaudación vuelve a sufrir un descenso drástico durante los siguientes tres años, aunque a partir de 1997 vuelve a recuperar su tendencia creciente de manera sostenida hasta 2010, ubicándose en un monto promedio superior a 180 pesos por habitante.15 En ningún momento del 15
Vale la pena mencionar que la divergencia que se observa entre las dos líneas del gráfico 1 a partir de 2002 está en parte explicada por un crecimiento demográfico menor al crecimiento recaudatorio del predial.
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período analizado la recaudación predial pudo alcanzar un promedio de 0.25% del producto interno bruto estatal. El nivel más alto del promedio de la recaudación predial como porcentaje del pib estatal se presenta en 1969 (0.22%), y desde entonces siempre ha estado por debajo. Gráfico 1 Recaudación del impuesto predial en México, 1969-2010 (Predial en pesos constantes por habitante y promedio de predial como porcentaje del pib estatal) 200
0.25%
180
160
0.20%
120
0.15%
100
80
% del PIB estatal
140
0.10%
60
0.05%
40
0
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
20
0.00%
Recaudación predial como % del PIB estatal
Fuente: elaboración propia.16
16
Las fuentes utilizadas para los datos del predial están descritas en la nota número 6. Las fuentes para el pib nacional son: (i) para los años 1970-1985, Sistema de Cuentas Nacionales de México (1994); (ii) para 1993-1996, scnm (1997); (iii) para 1997-2002, scnm (2003); (iv) para 2003-2008, scnm (2009); y (v) para 2009-2011, Sistema estatal y municipal de base de datos (simbad)/pib por entidad Federativa. Base de datos municipal. Fuentes para población: Censo de 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 y Conteo de 1995 y 2005, disponible en: <http://sc.inegi.org.mx/sistemas/cobdem/ contenido.jsp?rf=false&solicitud> [Consultado el 15 de enero de 2015].
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Con un nivel de recaudación predial tan bajo es natural que la hacienda municipal en México dependa fuertemente de los recursos del gobierno federal. Como se ilustra en el gráfico 2, los ingresos municipales provenientes de fuentes locales (es decir, la suma de todos los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos recaudados por los municipios del país) representan una fracción relativamente menor dentro de la estructura de sus ingresos totales, sobre todo en los últimos del período analizado. Si bien a inicios de la década de 1990 la proporción de dichos ingresos con respecto al total llegó a un nivel promedio cercano a 50%, a partir de 1993 dicha fracción ha decrecido a lo largo de los años: en 2010 su peso relativo dentro de los ingresos municipales cayó a poco más de 20%, en promedio. El gráfico 2 muestra también cómo los ingresos municipales recaudados de fuentes locales alcanzan un pico en 1994 (32.57 miles de millones de pesos constantes), para después caer a consecuencia de la crisis económica. Si bien a partir de 2001 los municipios alcanzan los niveles de recaudación de 1994 -y desde entonces el crecimiento real en este rubro es constantela proporción que representa la recaudación de fuentes locales de los ingresos municipales totales va a la baja; esto se debe a que los municipios del país empiezan a recibir montos considerables del rubro de Aportaciones en 1998 (como más adelante se muestra en el gráfico 3). Evidentemente, estos promedios esconden variaciones importantes entre municipios, pues los más grandes suelen generar mayores ingresos propios por contar con bases más amplias, mientras que los municipios rurales dependen casi en su totalidad de los recursos transferidos por la federación.17 Como hemos sugerido en la revisión de la literatura presentada más arriba, uno de los factores que puede explicar el comportamiento de la recaudación del impuesto predial es la existencia de recursos alternos; es decir, las transferencias federales a estados y a municipios podrían estar desincentivando la recaudación del predial. En el caso mexicano, dichas transferencias se dividen en dos tipos: las participaciones federales y las aportaciones federales. Las primeras están ligadas al establecimiento del sncf en 1980. Bajo dicho sistema, todos los estados y municipios del país renunciaron a la mayor parte de sus potestades tributarias, a cambio de recibir “participaciones”, transferencias no condicionadas del gobierno federal, quien se encarga de recaudar los impuestos más importantes -tales como el isr, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (ieps) y el Impuesto al Valor Agregado (iva),
17
En el gráfico 2 hay un salto importante en la proporción de los ingresos recaudados de fuentes locales como porcentaje de los ingresos totales entre 1983 y 1984. Esto no representa un cambio estructural sino una inconsistencia en los datos reportados en las fuentes consultadas entre dos períodos de tiempo. Para los años previos a 1984, nuestras fuentes de datos no distinguen las participaciones federales transferidas a los estados de las transferidas a los municipios, así que reportan la suma de unas y otras en una misma variable. Sin embargo, de 1984 en adelante las fuentes ya hacen esa distinción. Por lo tanto, el denominador de la serie (el total de ingresos municipales) es mayor de 1975 a 1983 y menor de 1984 en adelante.
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este último creado también en 1980 en sustitución del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles (isim), que había servido de base al sistema de participaciones establecido desde 1948-.18 Gráfico 2 Ingresos municipales recaudados de fuentes locales, 1975-201 100%
Miles de millones de pesos constantes (2010=100)
120
Ingresos recaudados de fuentes locales
100
90%
80%
Como porcentaje de los ingresos totales
80
70%
60%
50%
60
40% 40 30%
20% 20
2010
2009
2008
2007
2005
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2003
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2001
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1999
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0%
Fuente: elaboración propia.19 18
En estricto sentido, las participaciones federales a estados y municipios existen desde la primera convención nacional fiscal de 1925. Sin embargo, no fue sino hasta 1980 cuando éstas comenzaron a pagarse con base en el total de la recaudación de impuestos federales; es decir, se crea el concepto de recaudación federal participable (rfp), lo que da mayor certidumbre a estados y municipios sobre los montos de las participaciones. Además, por primera vez se establece una Ley de Coordinación Fiscal donde la distribución de las participaciones se lleva a cabo a través de fórmulas claramente establecidas en la misma ley (aunque dichas fórmulas han evolucionado a través del tiempo). La evolución histórica de la coordinación fiscal en México durante el siglo xx puede consultarse en Colmenares Páramo (1999), Courchene, Díaz-Cayeros y Webb (2000) y Aboites (2003). 19 Las fuentes utilizadas para la creación del gráfico 2 son: “Finanzas Públicas Estatales y Municipales de México 19751983”; “Finanzas Públicas Estatales y Municipales de México 1979-1988”, y la base de datos del inegi: “Estadísticas de Finanzas Públicas Estatales y Municipales”, que abarca de 1989 a 2012, disponible en: <http://www.inegi.org.mx/ sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=10961&c=23707&s=est&cl=4> [Consultado el 15 de enero de 2015].
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Como se puede observar en el gráfico 3, la hipótesis de que las participaciones desincentivan la recaudación predial parece ser plausible, ya que el incentivo a pertenecer al nuevo sistema creció enormemente para los estados del país: tan sólo entre 1979 y 1980 el monto nacional de las participaciones federales aumentó 128% en términos reales. A partir de entonces, las participaciones han crecido de manera prácticamente sostenida, salvo por algunos períodos de crisis económica.20 Gráfico 3 Evolución de las participaciones y aportaciones federales a estados y a municipios, 1969-2010 (pesos constantes, 2010=100) 160
Miles de millones de pesos (2010=100)
140
120
Entre 1979 y 1980 las participaciones crecieron 128% en términos reales.
100
80
60
40
0
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
20
Participaciones federales a estados y municipios
Participaciones federales a municipios
Aportaciones federales a municipios
Fuente: elaboración propia con base en las fuentes citadas en la nota número 9. 20
El incentivo para pertenecer al sistema de coordinación fiscal (y, en consecuencia, para recibir participaciones federales), venía dándose desde 1972, cuando el gobierno federal estableció que los estados que participaran en el acuerdo recibirían 40% de los ingresos recaudados del isim (Aboites, 2003: 45-46). Este incentivo se refleja claramente en que las participaciones a estados y municipios crecieron 111% en términos reales entre 1972 y 1973 (gráfico 3). Recordemos que, de 1984 en adelante, los datos de participaciones federales en nuestra base de datos se refieren a los transferidos a los municipios exclusivamente.
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El segundo tipo de transferencias federales a estados y municipios son las aportaciones del Ramo 33, las cuales se crearon con la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal de 1997 y comenzaron a operar en 1998. Las aportaciones, a diferencia de las participaciones, son transferencias de recursos federales a estados y municipios que deben aplicarse obligatoriamente a financiar rubros determinados de gasto, es decir que se trata de transferencias condicionadas. Para el caso de los gobiernos municipales, la creación del Ramo 33 en 1997 estableció dos fondos nuevos: el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (fortamun) y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (faism).21 Como puede observarse en el gráfico 3, en el momento de su creación las aportaciones ascendían a poco más de 10 mil millones de pesos, pero 12 años después superaban los 96 mil millones de pesos anuales (en pesos reales de 2010).22 De nuevo, se ha dicho que la creación de estos fondos descentralizados a escala municipal ha generado un desincentivo a la recaudación de impuestos locales,23 pues los gobiernos municipales prefieren financiar su gasto por medio de los ingresos transferidos en lugar de asumir el costo político de la recaudación. Por tal motivo, nuestro modelo de estimación investigará si existe evidencia sobre tal efecto.
Los determinantes económicos de la recaudación del predial: un modelo de estimación En esta sección presentamos un modelo econométrico que busca identificar qué impacto han tenido algunas variables -que ya hemos discutido en nuestra revisión de la literatura y en la descripción del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal- sobre la recaudación del impuesto predial. En particular, nos interesa evaluar en qué medida se sustentan empíricamente las hipótesis económica y la de recursos alternos.
21
Según la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del fortamun deben dar prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras de los municipios, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. En la práctica, la mayor parte de los fondos se destinan al pago de la nómina de la policía y al cumplimiento de obligaciones de deuda. Por su parte, el faism debe destinarse a la creación de proyectos de infraestructura social básica en los municipios, tales como agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura. 22 El gráfico 3 muestra datos de aportaciones federales desde 1989 pese a que el Ramo 33 se creó formalmente en 1997 y comenzó a operar en 1998. Las cifras de aportaciones previas a 1998, de muy bajo volumen, reflejan recursos federales que los municipios ya venían recibiendo a través de convenios de descentralización. 23 Véanse: Raich (2003) y Sour (2004).
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La primera hipótesis sugiere que el nivel de recaudación crece conforme aumenta la capacidad de un país o región de generar riqueza. Como ya hemos mencionado anteriormente, algunos estudios suponen que la recaudación responde positivamente al aumento en la actividad económica, simplemente porque ésta amplía la base gravable. La segunda hipótesis afirma que las decisiones de recaudación de un gobierno se ven afectadas negativamente por el hecho de recibir una transferencia de ingresos por parte de una unidad externa, en este caso el gobierno federal. En el caso mexicano, como ya hemos señalado, las transferencias federales a estados y municipios se dividen en las participaciones y en las aportaciones, así que nuestro modelo de estimación analizará los efectos de cada una sobre la recaudación del predial. Además de esas dos hipótesis, la estructura de nuestra base de datos (que con detalle describiremos a continuación) permite evaluar en qué medida algunas transformaciones clave del régimen financiero municipal han ocasionado cambios en la recaudación del impuesto predial. Nos referimos a las reformas al artículo 115 constitucional de 1982 y 1999 que buscaron dar mayor autonomía financiera a los gobiernos municipales. La base de datos a partir de la cual llevamos a cabo las estimaciones tiene una característica que la hace innovadora respecto a estudios previos: se trata de un panel de datos de finanzas públicas municipales, agregados a nivel estatal, que abarca todos los años consecutivos del período que comienza en 1969 y termina en 2010. Es decir, la cobertura temporal de nuestra base de datos abarca tanto el período previo a la instauración del sncf, creado formalmente en 1980, así como todos los años en que dicho sistema ha funcionado. Otra ventaja que ofrece nuestra base de datos es que, por tratarse de datos tipo panel, permite además considerar en el análisis las enormes diferencias que existen a lo largo y ancho del territorio nacional en diversas variables que, presumiblemente, afectan el desempeño recaudatorio de las haciendas estatales y municipales. Es importante reiterar que las unidades de observación en nuestra base de datos no son los municipios, sino los estados, ya que hasta diciembre de 1982 la responsabilidad de la recaudación del impuesto predial recaía en los estados. Si bien a partir de 1983 la Constitución mexicana otorgó a los municipios la responsabilidad de recaudar el predial, nuestra base de datos conserva la agregación a escala estatal para mantener la congruencia con los años previos y, a su vez, porque de 1983 a 1988 no hay datos desagregados a nivel municipal de las finanzas públicas de todos los municipios del país (éstos están disponibles sólo de 1989 en adelante). Finalmente, es importante mencionar que el Distrito Federal fue excluido de todas las estimaciones que serán presentadas debido a que su régimen no es municipal. La variable dependiente de nuestro modelo de estimación es la recaudación del impuesto predial por habitante, expresada en pesos constantes (tomando como año base el 2010). El modelo incluye las siguientes variables explicativas -cada una de las cuales intenta someter a prueba empírica las siguientes hipótesis sobre el comportamiento de la recaudación del predial-. La primera hipótesis es que la recaudación responde, esencialmente, al nivel La recaudación
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de desarrollo económico, pues denota tanto la capacidad de pago como la de recaudación. En el caso del impuesto predial, la vía idónea para comprobar dicha hipótesis sería a través del valor de la propiedad, tanto rústica como urbana: conforme aumenta el valor promedio de la propiedad, se esperaría que la recaudación del predial también aumente, aunque no sepamos a priori en qué magnitud, pues ello probablemente dependerá de la eficiencia recaudatoria de cada gobierno. Lamentablemente, no contamos con información sobre el valor de la propiedad en cada uno de los estados de la república y para cada uno de los años del período 1969-2010.24 Por ello, utilizamos dos variables proxy: 1) el producto interno bruto (pib) estatal per cápita25 y b) la proporción de viviendas ubicadas en localidades con menos de 2 500 habitantes. De alguna manera, esta última variable refleja el grado de “ruralidad” del territorio mexicano durante el período analizado. Suponemos que conforme aumenta el perfil rural de un estado (aumento del porcentaje de viviendas en localidades con menos de 2 500 habitantes), disminuye el potencial recaudatorio del impuesto predial26 por tres razones: i) el valor catastral del predio rústico tiende a ser menor que el del predio urbano; ii) el ejido estuvo exento de pagar predial rústico (y otras cargas tributarias) desde, por lo menos, los años cuarenta (Aboites, 2003: 230-251) y a pesar de que esta exención no está respaldada ya por el gobierno federal, es altamente probable que en la práctica los municipios sigan exonerando a los ejidos y comunidades del pago del impuesto27 (después de todo, quitar privilegios tributarios es una acción que conlleva costos políticos que muchos presidentes municipales 24
Lo ideal para representar esta variable sería la sumatoria de los valores catastrales de todos los predios rústicos y urbanos de cada estado para cada año. Sin embargo, llevar a cabo esto a nivel nacional representa una tarea titánica y costosa fuera de nuestro alcance. En cualquier caso, cabe señalar que otra forma de medir la base tributaria del predial es mediante el número de cuentas de predial en cada estado, es decir, el número de predios rústicos y urbanos registrados que deben pagar predial. Si bien esto no da cuenta del valor del predio, da una idea del número de predios/cuentas rústicas y urbanas por estado. Sin embargo, esta información se encuentra en manos de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas (ucef) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp) y no se hace pública. La ucef recaba dicha información de las entidades federativas, pues la recaudación del impuesto predial es uno de los criterios a considerar en las fórmulas de distribución de algunos fondos de participaciones desde 1991. 25 Los datos del pib estatal en México sólo están disponibles para los años 1970, 1975, 1980, 1985, 1988 y para todos los años del período 1993-2010. Puesto que nuestra base de datos tiene una continuidad anual, el pib estatal en el resto de los años del periodo 1969-2010 fue estimada a partir de la tasa de crecimiento anual del pib nacional. Es decir, tuvimos que suponer que el crecimiento del pib de cada estado fue equivalente al crecimiento en todo el país. 26 Los censos de población y vivienda de 1970 en adelante son la fuente de dicho indicador. Ello nos permite constatar que México en ese año tenía 41% de sus viviendas ubicadas en localidades de menos de 2 500 habitantes y que tan sólo 10 años después el indicador disminuyó a 32%. En 2010, el indicador de ruralidad para todo el país fue de 22%, lo que da cuenta del acelerado proceso de urbanización. Por otra parte, el indicador revela las importantes diferencias que existen entre los estados de la república en cuanto a la dispersión poblacional, siendo Oaxaca el estado con el valor más alto (51%) y el Distrito Federal con el más bajo (0.4%), seguido por Nuevo León (5.6%). 27 Baste aquí el ejemplo del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que en el artículo 29 (Del impuesto predial) fracción I de la Ley de ingresos 2014, dice: “Los predios rústicos de comunidades indígenas y ejidales, dedicados preponderantemente a fines agropecuarios (…) tendrán un beneficio del 90%”.
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buscan ahorrarse), y iii) la capacidad administrativa de las haciendas rurales es menor que el de las urbanas, por lo tanto tienden a recaudar menos.28 La segunda hipótesis tiene que ver con el efecto de las transferencias federales sobre el desempeño recaudatorio de la autoridad responsable de recolectar el impuesto predial, en este caso los gobiernos municipales. Como ya hemos señalado, algunos estudios aplicados al caso de México han arrojado evidencia que parece confirmar la hipótesis de que la creación del sistema de aportaciones federales (Ramo 33) en 1998, contribuyó a que los municipios sustituyeran su recaudación de impuestos locales por los recursos de dicho ramo federal. Sin embargo, poco se ha estudiado si esa misma hipótesis se confirma en el caso de las participaciones federales. Así, nuestro modelo introduce dos variables explicativas para analizar la hipótesis de recursos alternos. La primera es el monto per cápita en términos reales de las participaciones que los municipios han recibido durante cada año del período en estudio.29 Esta variable permite investigar si el desempeño recaudatorio del impuesto predial ha variado en función del monto de recursos transferidos por la federación. En principio, podríamos suponer que, de ser cierta la hipótesis de sustitución de recursos, la recaudación del predial disminuye conforme aumenta el monto por habitante de participaciones federales. La segunda variable explicativa es el monto per cápita en términos reales de las aportaciones que los municipios han recibido durante cada año del período 1998-2010 (para todos los años previos, la variable toma un valor de cero). Finalmente, se incluyen otras dos variables explicativas sobre la influencia de dos reformas constitucionales al artículo 115: la de 1982, que por primera vez facultó a los municipios a recaudar el impuesto predial para ampliar su autonomía financiera, y la de 1999, que expandió aún más dichas facultades al otorgar a los ayuntamientos la capacidad de proponer a las legislaturas las cuotas, tarifas y tablas de valores unitarios de suelo y construcciones a la vez que “recomendó” que los valores catastrales fueran equiparables a los de mercado de 2002 en adelante.
28
En nuestra revisión de la literatura hemos mencionado el grado de urbanización como una variable que está correlacionada positivamente con la recaudación, en tanto que se vuelve más eficiente en áreas urbanas debido a que el grado de escolaridad aumenta en comparación con las áreas rurales. Se supone que el mayor grado de escolaridad redunda en una mejor administración tributaria, pero también en un mejor entendimiento y cumplimiento de los contribuyentes (Addison y Jorgën, 2012: 7-8). 29 Es importante señalar que, de 1969 a 1983, esta variable incluye la suma de participaciones federales transferidas tanto a los estados como a los municipios. De 1984 en adelante, la variable incluye las participaciones federales transferidas únicamente a los municipios. Lo anterior se hace con el propósito de distinguir el período en que la recaudación predial era una responsabilidad estatal y cuando ésta se transfirió a los gobiernos municipales. Lamentablemente, no pudimos encontrar el dato estrictamente municipal para 1983, sino únicamente el agregado de participaciones a estados y municipios.
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En el modelo operacionalizamos ambas reformas como variables dicotómicas, las cuales toman valores de cero para todos los años previos a su instauración (1983 y 1999, respectivamente) y valores iguales a uno a partir de esos años hasta 2010. El siguiente cuadro sintetiza la información sobre las variables utilizadas. Cuadro 1 Variables incluidas en el modelo de estimación de la recaudación predial, 1969-2010 Variables
Nombre
Indicador de medición
Temporalidad
Dependiente
Recaudación predial
Recaudación predial agregado estatalmente/población estatal
1969-2010
Independiente
Determinantes económicos
pib estatal per cápita
1969-2010
Participaciones per cápita
1969-2010
Aportaciones per cápita
1998-2010
Proporción de viviendas rurales por estado
1970, 1980, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010.
Reforma artículo constitucional 115 (1982)
Variable dicotómica
Reforma artículo constitucional 115 (1999)
Variable dicotómica
Independiente
Marco legal
Fuente: elaboración propia.
Por tratarse de datos tipo panel, decidimos llevar a cabo las estimaciones por medio de un modelo de efectos fijos estatales. Esto significa que se incluyen 30 variables dicotómicas para identificar el efecto fijo, invariable en el tiempo, de cada entidad federativa (se toma a Aguascalientes como caso de comparación, es decir, que se excluye de la estimación la variable dicotómica que identifica a dicho estado).30 Se incluyen también variables dicotó30
La inclusión de los efectos fijos estatales tiene el propósito de evitar que nuestros resultados se vean afectados por el problema de “variable omitida”, es decir, que existan factores fijos aunque no observables a lo largo del tiempo que se correlacionan con nuestras variables explicativas clave. Por ejemplo, supongamos que ciertos estados han conseguido mantener altas tasas de recaudación del predial a lo largo de la historia por contar con atractivos turísticos (no observables en los datos) que hacen que el valor de la propiedad sea siempre alto. Además, podría suponerse que el valor de sus actividades turísticas brinda a dichos estados una mejor capacidad de negociar con el gobierno federal la obtención de mayores transferencias de recursos (es decir, más participaciones y aportaciones). Si tal fuese el caso, el efecto estimado de las transferencias federales sobre la recaudación del predial tendría un sesgo si el modelo omitiera el efecto fijo de ese conjunto de estados.
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micas para cada año del período 1969-2010 (nuevamente, excluyendo uno, en este caso al año 1969), con el fin de controlar la ocurrencia de eventos que afectan el desempeño recaudatorio del país en su conjunto (por ejemplo, períodos de crisis económica generalizada). Los resultados se reportan en el cuadro 2. Con el fin de mostrar la consistencia de los resultados, el cuadro los presenta bajo siete especificaciones (modelos) diferentes. En el modelo 1 se incluyen todas las variables explicativas comentadas anteriormente para todo el período 1969-2010. En el modelo 2, en lugar de incluir de modo separado las dos grandes fuentes de recursos transferidos a los municipios por la federación (aportaciones y participaciones), se introduce el total de las transferencias federales recibidas, es decir, la suma de aportaciones y participaciones por habitante, buscando evaluar la hipótesis de los recursos alternos en términos globales y simples, esto es, sin distinguir las características de cada tipo de transferencia. El modelo 3 omite de su especificación a las participaciones y el 4 a las aportaciones con el fin de corroborar la robustez de sus efectos individuales sobre la recaudación predial. El modelo 5 se enfoca únicamente en el período 1969-1997 (antes de la puesta en marcha de las aportaciones federales a los municipios establecidas en el Ramo 33), mientras que los modelos 6 y 7 se concentran en el período posterior la creación de dichas aportaciones (1998-2010). En casi todas las especificaciones, el pib estatal resulta ser una variable estadísticamente significativa y con el signo esperado, corroborando así una de las hipótesis económicas de la recaudación. Sin embargo, es importante observar que la magnitud de su efecto es relativamente pequeña, ya que siguiendo los resultados del modelo 1, por cada 10 mil pesos adicionales en el pib estatal per cápita la recaudación del predial por habitante aumenta, en promedio, 67 centavos. Para entender con mayor precisión este resultado consideremos, por ejemplo, qué sucedería si Chiapas, cuyo pib fue el más bajo de la distribución en 2010 (49 mil 87 pesos por habitante) se moviera al nivel promedio de pib estatal (121, 460 pesos). El efecto en su recaudación de predial, según el resultado del modelo, sería menor a 5 pesos por habitante; es decir, el efecto sería realmente marginal.31 En cambio, el indicador de ruralidad medido como la proporción de viviendas ubicadas en localidades con menos de 2 500 habitantes, resulta tener una influencia sumamente elevada en la recaudación del impuesto predial en todos los modelos: por cada 10 puntos porcentuales de reducción en el indicador de ruralidad, la recaudación predial aumenta en promedio 57.3 pesos. Nuevamente, para fines de clarificación, consideremos comparativamente los casos de Oaxaca y Puebla en 2010, el primero con 51.3% de viviendas situadas en localidades con muy 31
Evidentemente, es posible que este resultado se explique porque el pib no es la variable más apropiada para explicar el comportamiento de la recaudación del impuesto predial en México, ya que lo ideal para tal efecto sería utilizar el valor promedio de la propiedad. Como ya anotamos anteriormente, no nos fue posible encontrar información al respecto.
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baja densidad poblacional (es decir, con menos de 2 500 habitantes), y Puebla con 27%. El diferencial en la recaudación del predial entre esos dos estados se estima en 137.5 pesos por habitante, simplemente por el hecho de que el indicador de ruralidad de Oaxaca es casi el doble que el de Puebla. En otros términos, los cambios sociodemográficos generados por el proceso de urbanización del país explican una buena parte de las variaciones en el desempeño recaudatorio del impuesto predial, lo que sugiere que las limitaciones que enfrentan los municipios rurales para mejorar su recaudación tienen que ver con los valores comparativamente bajos de sus predios rústicos, con la exención al pago del impuesto predial que durante años disfrutó el ejido y con la baja capacidad administrativa de las haciendas rurales. La hipótesis de la sustitución de recursos parece confirmarse únicamente en el caso de las aportaciones federales provenientes del Ramo 33. Los resultados de los modelos 1 y 3 indican que por cada 100 pesos adicionales en aportaciones municipales per cápita, la recaudación del predial por habitante disminuye en promedio 10.3 pesos. Regresando a los ejemplos anteriores, si Baja California Sur, habiendo sido el estado que recibió la aportación de Ramo 33 más baja en 2010 (461 pesos por habitante), recibiera un aumento en sus aportaciones federales que lo ubicara en el valor promedio estatal (922 pesos per cápita), su recaudación de predial disminuiría en 47.5 pesos por habitante (12% menos de lo que recaudó dicho estado en 2010, es decir 391.5 pesos por persona). Como puede apreciarse, el efecto nocivo de las aportaciones sobre la recaudación es relativamente grande. Sin embargo, no ocurre lo mismo tratándose del otro gran rubro de transferencias federales a los municipios: las participaciones. Como puede observarse, las participaciones -ingresos que los municipios pueden utilizar libremente en cualquier rubro de gasto- no tienen ningún efecto estadísticamente significativo sobre la recaudación del impuesto predial, lo cual debilita, por lo menos en el caso de las participaciones, la hipótesis de los recursos alternos.32
32
Por otra parte, la suma total de las transferencias federales a los municipios (participaciones y aportaciones) no resulta ser una variable significativa en el modelo 1, aunque sí lo es en el modelo 6 que se concentra en el período en que las aportaciones ya existían (1998-2010). Evidentemente, su efecto sobre la recaudación resulta ser negativo.
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Cuadro 2 Resultados del análisis de regresión con efectos fijos estatales y anuales para la recaudación del impuesto predial (error estándar robusto entre paréntesis) Variable explicativa
Modelo 1
Modelo 2
0.000067*** 0.000041 *
Modelo 3
Modelo 4
0.000073*** 0.000033
Modelo 5
Modelo 6
0.000187*** -0.000024
Modelo 7
pib estatal (cada mil habitantes)
-0.000032**
(-0.000014) (-0.000019) (-0.000015) (-0.000018) (-0.000052) (-0.000014) (-0.00001)
Ruralidad•
-573.44***
-538.96***
-579.36***
-534.54*** -446.29***
-1544.31*** -1447.08***
(-70.04)
(-72.82)
(-69.95)
(-72.57)
(-65.49)
(-322.7)
(-311.66)
Aport. fede- -0.103*** rales a mu(-0.011) nicipios••
-0.103***
-0.058***
Particip. fe- 0.0026 derales a municipios••• (-0.0017) Total de transf. federales a municipios••••
0.0023
0.0023
-0.0013
(-0.0018)
-0.0019
-0.0267**
Reforma Const. de 1982 (dummy) Reforma Const. de 1999 (dummy) Constante
(-0.011)
(-0.011)
(-0.0024)
(-0.0103)
-94.39*
-79.51***
-133.95***
-124.74*** -108.26***
(-13.78)
(-14.2)
(-17.38)
(-17.8)
(-16.71)
-12.83
-43.59***
177.38
84.54***
(-10.48)
(-10.97)
(-17.158)
(-13.34)
272.8***
268.33***
275.46***
266.07***
231.76***
349.99***
304.06***
(-27.95)
(-29.2)
(-27.94)
(-29.07)
(-25.82)
(-61.73)
(-58.5)
1969-2010
1969-2010
1969-2010
1969-2010 1969-1997
1998-2010
1998-2010
Observaciones 1289
1289
1289
1291
891
398
398
0.77
0.75
0.77
0.75
0.71
0.91
0.92
Período R2
Fuente: elaboración propia. • % de viviendas en localidades con menos de 2 500 habitantes. •• Ramo 33, por cada mil habitantes. ••• Ramo 28, por cada mil habitantes. •••• Por cada mil habitantes (suma de aportaciones y participaciones). *p<.05 **p<.01 ***p<.001. Nota: Todos los modelos incluyen 30 variables dicotómicas para cada entidad federativa (Aguascalientes es caso comparativo) y 40 variables dicotómicas para cada año, excepto para 1969, pero sus coeficientes no se reportan. La recaudación
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Habiendo analizado el efecto de las variables económicas sobre la recaudación del predial es pertinente preguntarse si los cambios en el marco legal tuvieron el impacto deseado. Veamos si la primera gran reforma constitucional al artículo 115 del régimen municipal mexicano -la de 1982- cumplió con uno de sus objetivos principales: ampliar la autonomía financiera de los gobiernos municipales por medio de la recaudación del impuesto predial. Los resultados revelan claramente que ello no fue así, pues generó que el promedio de la recaudación de predial por estado disminuyera 94.4 pesos por habitante para todo el período analizado. Por su parte, la reforma constitucional de 1999 al mismo artículo, no parece haber tenido efecto alguno en el modelo más completo (el 1), pues el coeficiente estimado para dicha variable no es significativo estadísticamente. Ello implica que la segunda reforma al régimen municipal no fue capaz de superar las limitaciones de la primera, pese a que intentó dar a los municipios mejores instrumentos para la gestión del impuesto predial. Los resultados del modelo permiten observar el efecto fijo de cada entidad federativa sobre la recaudación del predial, independientemente del efecto de las otras variables explicativas ya discutidas. El gráfico 4 presenta dichos efectos (no reportados en el cuadro 2 por razones de espacio) en orden ascendente, tomando como caso comparativo al estado de Aguascalientes.33 Por tratarse de efectos no observables, no es pretensión de este trabajo explicar la magnitud, distribución o causas subyacentes de los efectos fijos de cada estado. Basta decir que el ordenamiento que se describe en el gráfico 4 no revela un patrón asociado al perfil socioeconómico de cada estado de la federación, ya que nuestro modelo toma en consideración variables como el pib y el grado de ruralidad de cada estado. De cualquier manera, los efectos fijos estatales estimados en este trabajo pueden servir de base para seleccionar algunos casos estatales representativos y, posteriormente, llevar a cabo un estudio cualitativo a fondo que dé cuenta de los aspectos históricos, institucionales y políticos del impuesto predial en los estados seleccionados.
33
Es decir, los efectos fijos estatales representan la contribución de cada entidad federativa a la recaudación promedio del impuesto predial durante el periodo analizado, en comparación con Aguascalientes, independientemente del efecto de las otras variables del modelo (el pib estatal, el indicador de ruralidad, las aportaciones federales, las participaciones federales, las reformas constitucionales de 1983 y de 1999, y cada uno de los años del periodo 1969-2010).
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Gráfico 4 Efectos fijos estatales sobre la recaudación del predial (pesos constantes por habitante, en comparación con Aguascalientes) Yucatán Coahuila Tamaulipas Tlaxcala Morelos Campeche Colima Baja California México Sonora Jalisco N. León Puebla Nayarit Michoacán Veracruz Chihuahua Durango S. L. Potosí Tabasco Guanajuato Sinaloa Baja C. Sur Chiapas Guerrero Querétaro Oaxaca Hidalgo Zacatecas Quintana Roo -50
0
50
100
150
200
250
Pesos por habitante
Fuente: elaboración propia con base en los resultados del modelo de regresión.
Conclusión Este trabajo ha ofrecido evidencia de que la estrategia de descentralización del impuesto predial a escala municipal no ha rendido los frutos que prometía cuando se puso en marcha a inicios de la década de 1980. Si bien la recaudación predial por habitante mostró una clara recuperación después de la crisis económica de 1997, su peso dentro del pib sigue estando muy por debajo de lo que representaba en 1969, cuando dicho impuesto estaba todavía a cargo de los gobiernos estatales. Consecuentemente, parece sumamente difícil que la recaudación de dicho impuesto se acerque a los niveles que prevalecen hoy en países desarrollados, e incluso en economías latinoamericanas cuyo tamaño es similar al de México. ¿Qué factores han contribuido a mantener la recaudación predial en niveles tan bajos? Si bien nuestro trabajo no ha dado una respuesta completa a dicha interrogante, ha La recaudación
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considerado algunas de las principales hipótesis económicas e institucionales que dan cuenta del comportamiento de la recaudación a lo largo de las últimas cuatro décadas. Por una parte, la evidencia muestra que la principal limitación que enfrenta el país para mejorar la recaudación del impuesto predial se concentra en las áreas rurales, debido al valor más bajo del predio rústico, a la mayor incapacidad administrativa de las autoridades municipales en el medio rural para recaudar, y a la historia de exención al ejido. De hecho, este trabajo ha demostrado que las diferencias en el grado de ruralidad entre las regiones del país (medido por el aumento de la tasa de dispersión poblacional) son mucho más determinantes que las variaciones en el pib estatal para explicar el desempeño recaudatorio del predial. Este hallazgo tiene, en sí mismo, una implicación importante: los municipios rurales seguirán dependiendo, en gran medida, de las transferencias de recursos de la federación para financiar sus iniciativas de gasto local, dado que su potencial recaudatorio es muy bajo. Ante la situación de bajo desempeño recaudatorio de los municipios rurales podría pensarse que hay un fuerte argumento para recentralizar el cobro del impuesto predial a nivel estatal, suponiendo que los gobiernos de los estados cuenten con mejores tecnologías para recaudar dicho impuesto en comparación con los municipios. De hecho, la reforma más reciente a la Ley de Coordinación Fiscal -publicada en diciembre de 2013- ha seguido una estrategia en ese sentido al crear un incentivo explícito para que las entidades federativas asuman la operación del cobro del predial mediante la firma de convenios con sus municipios.34 Sin embargo, pese a las posibles ventajas administrativas de la centralización recaudatoria -tema que escapa a los propósitos del presente trabajo-, es importante observar que su adopción podría representar una desventaja en términos de la rendición de cuentas de los gobiernos municipales hacia los residentes locales, pues debilitaría su papel en el marco del contrato social. En otros términos, la re-centralización del predial disminuiría el nexo de corresponsabilidad entre quienes ejercen el gasto para proveer los servicios públicos básicos y quienes contribuyen financieramente a su provisión. El segundo hallazgo importante de esta investigación es que no todas las transferencias federales han tenido un efecto adverso sobre la recaudación del predial, contrario a la suposición que prevalece en varias esferas de toma de decisiones públicas. Por una parte, las participaciones federales no parecen haber desincentivado el desempeño recaudatorio de los gobiernos estatales y municipales, lo cual pone en tela de juicio la hipótesis de los recursos alternos. Sin embargo, tampoco parece haber ocurrido lo contrario, pues pese a que el sistema de participaciones federales se ha propuesto incentivar la recaudación de impuestos y derechos locales mediante diversas modificaciones a sus fórmulas de reparto, la evidencia demuestra que éstas no han tenido el efecto esperado. En síntesis, el efecto de las participaciones sobre la recaudación no ha sido significativo a lo largo del período analizado. 34
Este incentivo para los estados aplica únicamente para la fórmula de reparto del Fondo de Fomento Municipal.
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En cambio, las aportaciones federales a los municipios (es decir, el sistema de transferencias de recursos etiquetados para fines específicos que el gobierno federal puso en marcha a partir de 1998, conocido como Ramo 33), han tenido un efecto nocivo para la recaudación del predial, aun después de controlar los factores económicos y sociodemográficos, así como el efecto fijo de cada entidad federativa durante el período. En ese contexto, llama la atención que la última reforma a la Ley de Coordinación Fiscal citada en el párrafo anterior no haya establecido algún incentivo a la recaudación predial en su fórmula para el reparto de una de las principales aportaciones federales a los municipios: el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, siendo que éste ha debilitado el desempeño recaudatorio municipal. Así como el sistema de participaciones federales no ha sido eficaz en promover la recaudación local, tampoco lo han sido las dos grandes reformas constitucionales al régimen municipal (la de 1983, que dio por primera vez a los municipios la responsabilidad de recaudar el impuesto predial, y la de 1999, que intentó depurar los instrumentos para que los ayuntamientos mejoraran la recaudación del mismo). La evidencia indica que ninguna logró sus objetivos. Nuestros hallazgos abren una agenda de investigación futura cuyo propósito será dilucidar otras hipótesis que expliquen el complejo fenómeno de la recaudación del impuesto predial en México, más allá de los factores económicos. La evidencia cuantitativa obtenida en este trabajo permitirá llevar a cabo una selección fundamentada de casos de estudio para analizar, por medio de métodos cualitativos, otras hipótesis explicativas del desempeño recaudatorio, especialmente algunas de carácter político.
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Pobreza urbana, comunidad local y Estado-socio en Argentina: la provisión de servicios públicos en un asentamiento de la Región Metropolitana de Buenos Aires Urban Poverty, Local Community and State-Partner in Argentina: The Provision of Public Services in a Shanty Town in the Metropolitan Region of Buenos Aires Patricio Bruno Besana∗ Ricardo Alberto Gutiérrez∗∗ Silvia Grinberg∗∗∗ Recibido el 24 de junio de 2014 Aceptado el 13 de octubre de 2014
RESUMEN
ABSTRACT
Mientras en los sectores más acomodados de la ciudad los servicios públicos -electricidad, agua
While in the better-off sectors of the city public services (such as water, electricity, or waste co-
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Licenciado en Sociología y doctor en Ciencia Política. Docente e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas / Escuela de Política y Gobierno, Universidad Nacional de San Martín (Argentina). Sus líneas de investigación son: política y pobreza urbana, provisión de servicios colectivos y pobreza urbana, pobreza urbana y ambiente, y conflictos socio-ambientales. Entre sus últimas publicaciones destacan: “¿Clientelismo o algo más? Relato sobre el rol de un puntero en la provisión de servicios básicos colectivos en un asentamiento de la Región Metropolitana de Buenos Aires, Argentina” (2014); “La nueva política de los pobres: Estado, líderes y organizaciones populares en la provisión de servicios básicos. Un estudio de caso en un asentamiento de la Región Metropolitana de Buenos Aires” (2014) y “Sobre arenas movedizas: Las dunas costeras como espacios del (des)conocimiento”, en coautoría con Ana Laura Monserrat (2014). Correo electrónico: patriciobesana@hotmail.com ∗∗ Licenciado en Ciencia Política, Universidad de Buenos Aires. Magíster en Investigación en Ciencias Sociales por la misma Universidad. Doctor en Ciencia Política, The Johns Hopkins University. Profesor e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas / Escuela Política y Gobierno, Universidad Nacional de General San Martín (Argentina). Sus líneas de investigación son: estudios ambientales y política comparada. Entre sus últimas publicaciones destacan: “La emergencia del ambientalismo estatal y social en Argentina” en coautoría con Fernando Isuani (2014); “Degradación ambiental y periferia urbana: un estudio transdisciplinario sobre la contaminación en la Región Metropolitana de Buenos Aires”, en coautoría con Gustavo Curutchet y Silvia Grinberg (2012), y “Federalismo y políticas ambientales en la Región Metropolitana de Buenos Aires, Argentina” (2012). Correo electrónico: Ricardo.Gutierrez@unsam.edu.ar ∗∗∗ Doctora en Educación, Universidad de Buenos Aires. Magister en Ciencias Sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Argentina. Pedagoga, docente e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas / Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín, (Argentina). Sus líneas de investigación son: sociología de la educación, estudios urbanos y pobreza, biopolítica y gubernamentalidad. Entre sus últimas publicaciones destacan: “Struggling for Knowledge in Times of Cognitive Capitalism: Youth and School in Contexts of Urban Poverty”, en coautoría con Eduardo Langer (2014); “Educación, biopolítica y gubernamentalidad. Entre el archivo y la actualidad: estados de un debate” (2013); y “Territories of Schooling and Schooling Territories in Contexts of Extreme Urban Poverty in Argentina: Between Management and Abjection (2011). Correo electrónico: grinberg.silvia@gmail.com
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potable o recolección de residuos- son provistos por agencias del Estado o empresas privadas, en los barrios más pobres su provisión depende en gran medida de la organización de la comunidad, así como de la iniciativa de los liderazgos locales. Con base en el estudio de un asentamiento de la Región Metropolitana de Buenos Aires, sostenemos que ambos (liderazgo local y organización de la comunidad) son mecanismos que poseen una doble cara. Por un lado, expresan los esfuerzos de la comunidad por lograr la satisfacción de sus necesidades básicas cuando falla la provisión estatal o privada; por el otro, constituyen canales a través de los cuales lo que denominamos el “Estado-socio” asegura la regulación de la población pobre sin involucrarse directamente en la provisión de servicios públicos. De ese modo, en este tipo de barrios la lucha cotidiana por el derecho a la ciudad se encuentra con nuevas formas de acción estatal que son ajenas a los sectores más acomodados, y que la noción de Estado-socio ayuda a comprender.
llection) are provided through State-owned or private companies, in the poorest quarters their provision depends a great deal on community organization as well as on local leadership. Based upon the study of a Metropolitan Buenos Aires shanty town, we contend that both (community organization and local leadership) are two-faced mechanisms. On the one hand, they express the community’s efforts to self-manage the satisfaction of basic needs when both private and State companies fail to provide them. On the other, they are the channels through which what we call the “State Partner” secures the regulation of poor populations without getting directly involved in the provision of public services. Thereby, in this type of neighborhoods the day-to-day struggle over the right to the city encounters new forms of State action that are alien to better-off residents and that the notion of partner State helps to grasp.
Palabras clave: Estado-socio; comunidad local; servicios públicos; asentamientos; pobreza urbana; derecho a la ciudad.
Keywords: State Partner; local community; public services; shantytown; urban poverty; right to the city.
Introducción Durante las últimas décadas han tenido lugar a lo largo del mundo profundos procesos de segmentación urbana y metropolización selectiva.1 Mientras algunas metrópolis ganan prominencia en el comando de las redes de la economía global, la fragmentación social y espacial crece exponencialmente en el corazón de los territorios urbanos. En este contexto, los estudios y debates sobre las áreas más pobres de las ciudades han ganado espacio entre los científicos sociales. En esos debates ha adquirido un espacio importante la noción de slum, 1
Véase: Ciccolella y Mignaqui (2004).
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tugurio o asentamiento,2 usado para referirse al estatus social y político de los pobres urbanos, así como a las estigmatizaciones que de ellos y de sus lugares de residencia se hacen.3 Aunque la segmentación urbana está presente en todas las metrópolis, la noción de asentamiento ha sido utilizada particularmente para el estudio de las metrópolis del sur. Mientras muchas de las características de los asentamientos son comunes en la mayoría de estas ciudades (tales como el olor a basura en descomposición y a líquidos cloacales, la precariedad de las viviendas y el hacinamiento), el debate sobre los asentamientos de América Latina se ha enfocado en temas tales como las políticas de alivio a la pobreza, la relación entre pobres urbanos y políticas de seguridad, el discurso sobre el empoderamiento local y el emprendedurismo, o las luchas por el derecho a la ciudad, entre otros tantos.4 Este artículo busca contribuir a dicha literatura examinando la interacción de los habitantes y las organizaciones locales de asentamientos con el Estado en la provisión diaria de los servicios públicos. En Argentina la expansión de las grandes ciudades se dio en el marco de un proceso de producción urbana no planificado e incipiente que trajo consigo el agotamiento o la insuficiencia de los servicios públicos.5 El agua corriente, el alcantarillado, el drenaje de aguas pluviales, la energía, la recolección de residuos y las redes de transporte no se expanden al mismo ritmo que lo hacen las demandas urbanas por esos servicios. Esto resulta en problemas de salud y ambientales que, dados los procesos de metropolización selectiva, afectan particularmente a los sectores más pobres. Mientras en los sectores más acomodados de la ciudad los servicios públicos son provistos a través de canales “estándares” (por medio de empresas públicas o privadas), en los sectores más pobres dicha provisión suele dejarse en las manos de la comunidad local. Por ende, la responsabilidad por los problemas de salud y ambientales derivados de la falta de servicios esenciales suele atribuirse a la población que más los sufre. A la luz de esta doble carencia en lo que respecta a la intervención del Estado y el acceso al mercado, y con base en un estudio a profundidad realizado en un asentamiento de la Región Metropolitana de Buenos Aires, buscamos entender cómo los habitantes de asentamientos resuelven sus problemas de acceso a los servicios urbanos básicos, y qué tipo de relación se construye en dicho proceso entre ellos y el Estado. Lejos de enfoques celebratorios del “empoderamiento local”6 y dejando de lado aquellas perspectivas que enfatizan la 2
El término tugurio adquiere distintas denominaciones en los países de habla hispana. En Argentina los tugurios son conocidos como asentamientos informales, villas-miseria, villas de emergencia o, simplemente, villas. En adelante nos referiremos a los tugurios en términos de “asentamientos”. 3 Véase: Pushpa (2011). 4 Véase: Barrientos y Santibáñez (2009). 5 Véase: Azpiazu (2010). 6 Para una crítica de los enfoques celebratorios del empoderamiento local y el espíritu emprendedor, véase: McFarlane y Collin (2012).
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ausencia del Estado o analizan la relación Estado-sociedad exclusivamente en términos de clientelismo,7 proponemos la noción de “Estado-socio” para identificar las dinámicas que adquiere la regulación de la población en territorios urbanos periféricos.8 En nuestro estudio sobre las actividades regulares de los vecinos de asentamientos hemos encontrado un Estado presente en múltiples formas. En este artículo analizamos la conexión íntima entre la lucha de los vecinos por subsistir y las prácticas del Estado, focalizándonos en las formas en que los servicios públicos son provistos en un asentamiento de la Región Metropolitana de Buenos Aires que aquí llamamos Reconquista,9 por la cuenca del río donde está localizado. La provisión de servicios públicos es crucial en la vida diaria de los barrios como Reconquista. A diferencia de los barrios más acomodados, donde la provisión de servicios públicos se da por hecha, en los asentamientos la provisión de servicios como el agua corriente, la electricidad o la recolección de residuos es objeto de preocupación constante. La falta de -y/o el acceso irregular a- los servicios es una fuente principal de contaminación y de problemas de salud vinculados. Los habitantes de asentamientos se ven obligados a organizarse por su propia cuenta y a disponer sus actividades diarias en torno a la necesidad de acceder a esos servicios, la cual tratan de satisfacer con los medios a su alcance. Por cierto, al hacerlo, deben interactuar con el Estado en formas que son ajenas a los residentes más acomodados. En línea con la lógica de generación de conocimiento del enfoque de la teoría fundamentada,10 hemos arribado a la noción de “Estado-socio” en el proceso de nuestra investigación de campo. En este estudio hemos encontrado una profusión de organizaciones comunitarias así como varios líderes locales que actúan como intermediarios entre las necesidades locales y la acción del Estado. En consecuencia, constatamos que el acceso a los servicios urbanos en barrios de la periferia depende, en gran medida, de la organización de la comunidad, al igual que del liderazgo y la intermediación política. En la medida en que los esfuerzos locales necesitan ser complementados con recursos externos (por ejemplo, el agua corriente solo puede ser provista por la empresa de saneamiento), el papel de los líderes locales es crucial no solamente para crear, movilizar y poner en contacto a las organizaciones del barrio entre sí, sino también para contactarlas con agencias del Estado. A su vez observamos que el Estado, en lugar de asegurar la provisión de los servicios -ya sea por sí mismo o mediante mecanismos de mercado-, se comporta como una especie de “socio” o sponsor de los esfuerzos locales, tal como explicaremos con mayor detalle en el siguiente apartado. Sostenemos que la organización de la comunidad y el liderazgo local no solo son mecanismos 7
Véase: Auyero (2001). Véanse: Dean (1999); Rose, Malley y Valverde (2006). 9 A lo largo del artículo utilizamos nombres ficticios para referirnos al barrio y a los vecinos bajo estudio. Todas las restantes referencias geográficas y nombres propios son reales. 10 Véase: Holton y Glaser (2012). 8
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por los cuales los habitantes de asentamientos aseguran su acceso a los servicios públicos, sino también dos dinámicas centrales mediante las cuales el Estado-socio regula a la población. En barrios como Reconquista, la lucha diaria por el derecho a la ciudad11 se encuentra con nuevas formas de acción que la noción de Estado-socio ayuda a explicar. Este encuentro entre la agencia de los habitantes de asentamientos y la presencia del Estado es clave para comprender la lógica de urbanización de áreas que, tanto en Buenos Aires como en otros lados, combinan grandes niveles de pobreza y de degradación ambiental. El trabajo de campo en el que se basa este artículo fue desarrollado entre los años 2008 y 2013, mediante la realización de observaciones participantes, entrevistas espontáneas y en profundidad con vecinos, organizaciones, líderes locales y funcionarios municipales, así como la organización de talleres con vecinos, docentes y estudiantes de escuelas del área. Desde el 2010 en adelante hemos visitado el barrio semanalmente con el objetivo de reunirnos con vecinos y miembros de organizaciones, y de participar en reuniones organizadas ya sea por asociaciones comunitarias como por agencias del Estado municipal, provincial y nacional. Por medio de estas actividades fuimos capaces de trazar la historia del barrio, de conocer a todos aquellos que participan activamente en la vida organizacional del mismo, y de observar de primera mano la interacción entre los agentes del Estado y los vecinos. Reconquista es parte de un municipio localizado en la zona noroeste de la Región Metropolitana de Buenos Aires y ocupa parte de un área mayor de asentamientos informales (también conocidos en Argentina como villas-miseria) localizados sobre bañados rellenados con basura y escombros que se encuentran en el área de inundación de la cuenca media del río Reconquista. Es, por ende, uno de los tantos barrios periféricos de la Región Metropolitana de Buenos Aires que combinan altos niveles de pobreza con iguales niveles de contaminación. La expansión metropolitana de Buenos Aires se inicia a comienzos del siglo xx.12 Desde su origen, la metrópoli ha comprendido dos territorios muy distintos: el centro y la periferia. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, centro de la metrópoli, es un distrito federal cuya urbanización se desarrolló sobre la base de una planificación manzanal que ya estaba prácticamente equipada con todos los servicios públicos esenciales para finales de la década de 1920.13 La periferia, por su parte, está conformada por los municipios de la Provincia de Buenos Aires que rodean a la ciudad, cuya urbanización tomó impulso tras los años 1940, de la mano del crecimiento de la industria nacional.14 A diferencia de la ciudad, la periferia posee una población creciente y límites que cambian constantemente, nunca
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Véanse: Lefebvre (1968); Harvey (2008). Véase: Pírez (2008). Véase: Pírez (2004). Véase: Collier y Handlin (2009).
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fue planificada o administrada como un todo y exhibe una provisión de servicios públicos esenciales sumamente desigual (y en muchos casos insuficiente). En el pasado, villas y asentamientos informales eran considerados como estrategias de habitación transitoria por parte de quienes se acercaban a la metrópoli, atraídos por la demanda de mano de obra y las expectativas de ascenso social.15 Las políticas neoliberales implementadas en los años 70 trajeron consigo, entre otras cuestiones, el encarecimiento del mercado inmobiliario y la contracción del mercado laboral. Como resultado de ello, los asentamientos en la periferia pasaron a ser la forma preponderante y definitiva de acceso a la vivienda urbana para los sectores populares. La población que reside en asentamientos informales de la Región Metropolitana de Buenos Aires aumentó de 4.3 % en 1981 a 10.1 % en 2006 (Cravino, Del Río y Duarte, 2007). La progresiva escasez de terrenos libres en las cercanías del centro administrativo y comercial de la ciudad, la merma en el poder adquisitivo de los sectores populares y la falta de políticas de viviendas de bajo costo impulsaron la formación de nuevos asentamientos en tierras degradadas ambientalmente y con escaso o nulo valor comercial (como en el caso del barrio Reconquista). En lo que sigue, en primer lugar definimos las características del Estado-socio y presentamos una visión general de las formas en que este opera en los barrios de la periferia. A continuación, mostramos en mayor detalle cómo el liderazgo local y las organizaciones de la comunidad funcionan como mecanismos para asegurar la provisión de servicios públicos; en la última sección retomamos la discusión sobre la conexión existente entre estos dos mecanismos y el Estado-socio, a la luz de los resultados de nuestra investigación.
Los fundamentos del Estado-socio Dos movimientos concurrentes se han desarrollado mundialmente a lo largo de las últimas décadas del siglo xx: globalización y localización. Al tiempo que el Estado de bienestar entraba en crisis y sus funciones de seguridad social comenzaban a desaparecer, los procesos de globalización y de localización se desarrollaban en tensión mutua. Desde el enfoque de la gubernamentalidad, una nueva lógica caracteriza la regulación de la población en ese contexto.16 La racionalidad gubernamental es ahora concebida en términos de fragmentación. Ello se expresa en las narrativas de la crisis permanente: la renuncia a pensar lo social y el gobierno como un todo. El acto de gobernar se convierte en el gobierno de los fragmentos y la “comunidad” se convierte en el locus donde el bienestar de la población debe ser manejado. Sin embargo, esto no significa que el Estado haya perdido control sobre la población. 15
Véase: Cravino, Del Río y Duarte (2007). Véase: Dean (1999).
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La ciudad fragmentada es manejada por un gobierno descentralizado, esto es, un conjunto de organizaciones superpuestas, diversas y difusas que se vuelven responsables de la vida de los individuos y de los barrios en el nivel más bajo posible. Estas nuevas formas de gobiernos descentralizados combinan responsabilidad, autonomía y emprendedurismo como las piedras angulares de una alegada revitalización de la ciudadanía.17 Pero esta revitalización de la ciudadanía en una ciudad fragmentada no implica un Estado mínimo o la ausencia del mismo; más bien, implica un “un nuevo papel del aparato político como meramente un socio en el gobierno, facilitando, permitiendo, estimulando, incentivando e incitando las actividades de autogobierno de una multitud de entidades dispersas” (Osborne y Rose, 1999: 751, traducción propia). Sin embargo, todas las virtudes del gobierno urbano descentralizado encuentran su imagen inversa en las “zonas prohibidas” (no-go zones), donde la revitalización de la ciudadanía urbana, como tal, es desafiada: Esta nueva imagen de la ciudadanía debe ser entendida en relación con su opuesto, una especie de anti-ciudadano que es una amenaza constante al propio proyecto de ciudadanía. El surgimiento de las nociones de exclusión para caracterizar a los que antes constituían el grupo social-problema define a estos no-ciudadanos o anti-ciudadanos no en términos de características sustantivas, sino en términos relacionales; es decir, en relación con su distancia de los circuitos de inclusión en la ciudadanía virtuosa (Osborne y Rose, 1999: 754, traducción propia).
A veces, los habitantes de las zonas prohibidas parecen sentir y aceptar que ellos no son ciudadanos como corolario de su posición social y urbana, y de lo que ven como su “no contribución” a la sociedad. Así lo expresa una joven entrevistada, vecina de Reconquista: “Antes, yo solía decir las mismas cosas que vos, pero vos no sos de este lugar. Acá es diferente. Acá las personas no pagan impuestos, entonces no hay electricidad y nada funciona. No te podés quejar si no pagas impuestos. No es lo mismo, ¿entendés?” (Entrevista con Claudia, vecina de Reconquista, 11 de agosto de 2010). Cualquiera que sea el modo en que se ven a sí mismos, como ciudadanos o no, los individuos que residen en barrios como Reconquista tratan de alcanzar por sí mismos la satisfacción de sus propias necesidades básicas, e incluso de mejorar sus condiciones de residencia (Holston, 2008), vis-à-vis las deficiencias de los servicios públicos de gestión privada o de gestión estatal. De este modo, a través de sus organizaciones, la comunidad del asentamiento se convierte en el locus donde se intenta resolver la falta de servicios públicos esenciales y los problemas ambientales y de salud que estos generan.
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Véase: Osborne y Rose (1999).
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De todos modos, nuevamente, esto no implica la ausencia del Estado. En ningún otro sitio puede percibirse el papel del Estado-socio en toda su complejidad como en barrios como el Reconquista. Incluso, si bien nacen para enfrentar “desde la comunidad” las sucesivas crisis económicas a las que Argentina se enfrenta reiteradamente, muchas organizaciones del barrio se las arreglan para sobrevivir una vez que las crisis han pasado, gracias a su habilidad para obtener fondos provenientes de varios programas del Estado. Algunas organizaciones nacen solo por la disponibilidad de fondos estatales -principalmente cuando un programa estatal requiere de la participación de una organización social “en funcionamiento” para hacer efectivos los fondos disponibles-. En cualquier caso, el Estado (en cualquiera de sus niveles) trabaja como socio de las organizaciones locales, como un “abridor de caminos”, un sponsor, un propulsor de actividades que deben ser desarrolladas por y en la comunidad. La acción del Estado-socio no consiste en imponer o llevar a cabo sus propios programas o proyectos, sino en hacer que la comunidad encuentre los suyos. Si el Estado moderno fue pensado originalmente para estar por encima de los particulares, unificar las diferencias, y dar sentido y seguridad a la vida en común, con el Estado-socio estas funciones son llevadas a cabo por un conjunto de organizaciones sociales con las cuales el Estado comparte responsabilidades en ciertas acciones. Por opción o por necesidad, estas organizaciones se auto constituyen como sujetos comprometidos y dan sostenibilidad a acciones que, hasta hace unas décadas atrás, eran enteramente responsabilidad del Estado y, de hecho, justificaban su propia existencia. Las acciones del Estado consisten entonces en apoyar (y financiar) a individuos y organizaciones sociales en sus esfuerzos por resolver sus problemas por su propia cuenta, reconociendo sus posibilidades, deficiencias y fortalezas. Caminar por Reconquista y hablar con sus vecinos implica cruzarse con el Estado a cada paso. En la mayoría de las actividades de la comunidad uno encuentra políticas (y subsidios) que tienen al Estado como socio y garante de soluciones a problemas por los que él mismo, paradójicamente, no parece asumir su responsabilidad primaria. Es importante aclarar que nuestro enfoque del Estado-socio no sigue necesariamente la visión de Osborne y Rose (1999) sobre la inmanencia de la “anti-ciudadanía” o “no-ciudadanía” en las zonas prohibidas. Nuestro enfoque se asemeja más bien a la noción de Holston sobre la “ciudadanía insurgente” (2008). La distinción que hace Holston entre la “ciudadanía enraizada” en el centro de la ciudad y la “ciudadanía insurgente” en la periferia dirige nuestra atención a las formas específicas que asumen las relaciones entre el Estado y la sociedad en los barrios periféricos (Holston, 2008). Aquellos que viven en la periferia urbana lo hacen en un entorno caracterizado por una variedad de condiciones irregulares de residencia. Y es precisamente allí donde los residentes encaran luchas, en tanto ciudadanos insurgentes con el fin de alivianar las consecuencias del régimen de desigualdad que los segrega del centro urbano. Los habitantes de la periferia no expresan sus demandas en la plaza 86 ⎥ Patricio Bruno Besana, Ricardo Alberto Gutiérrez
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pública, y ocasionalmente las señalan como problema de índole general. Más bien, las manifiestan actuando en el ámbito de la vida diaria y alrededor de necesidades relativas a la construcción de su hábitat: la vivienda, la propiedad, el agua corriente, el cuidado de los niños y la seguridad, entre otros. En el análisis de los barrios de la periferia de San Pablo, que hace Holston, las acciones insurgentes comenzaron con la ocupación informal de las tierras y la autoconstrucción (Holston, 2009). De allí en más, los residentes informales se movilizaron para demandar y asegurar su acceso a los servicios públicos urbanos. De manera similar, los habitantes de Reconquista han llevado adelante, por su cuenta, la provisión de servicios esenciales como el agua corriente, la recolección de residuos, la eliminación de efluentes domiciliarios, la manutención de la red eléctrica, la limpieza de las calles y los cursos de agua, la atención de salud primaria, el cuidado de niños y la ayuda alimentaria. Incluso si no utilizan a la ciudadanía como una herramienta retórica para realizar reclamos -como ocasionalmente hacen los habitantes de San Pablo- (Holston, 2009), los vecinos de Reconquista han aprendido la diferencia entre lo legal y lo ilegal, y han comenzado a enmarcar sus demandas y acciones dentro de un discurso de legalidad. Así lo expresa la siguiente conversación con una vecina que, como muchos otros, no quiere mudarse a un nuevo emprendimiento de viviendas localizado en el límite del barrio Reconquista: Ricardo -¿Y por qué no te querés mudar? Marina -¿Para qué? ¿Ustedes vieron esas casas? ¡Es como estar en Fuerte Apache!18 Mirá mi lugar -mostrando orgullosamente su casa y su patio-. Tengo todo lo que necesito acá. ¡No me voy a mover de acá! Construí esto con mis propias manos. Cuando lo compré, todo esto era un basural. ¡Mirá ahora! R. - ¿Toda esta área era un basural? M. - Sí, acá había todo tipo de basura, yo rellené el lugar con escombros y tierra. R. - ¿Y compraste el terreno? M. - Sí, lo compré trucho.19 Yo sabía que era trucho, pero lo compré igual porque me habían dicho que iban a mejorar la zona, así que lo compré. R. - ¿Y quién te lo vendió? M. - No me acuerdo bien, un hombre que se llamaba Laly o algo así. Tengo un título de propiedad, y sé que es trucho pero quiero legalizar mi título, quiero pagar impuestos, así en algún 18
El Barrio Ejército de los Andes, llamado Fuerte Apache, es un complejo habitacional que se encuentra en el sector norte de la localidad de Ciudadela, en el partido bonaerense de Tres de Febrero, en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Es uno de los barrios más grandes del país: posee aproximadamente unas 25 torres, en las cuales habitan más de un centenar de personas en cada una. En la actualidad, el barrio es custodiado por gendarmería, dada la creciente ola delictiva y actividades del narcotráfico. (N. de la E.). 19 Ilegal, falso, de contrabando. De mala calidad. (N. de la E.).
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momento puedo regularizar mi título de propiedad… y ahora estoy esperando por la boleta de la electricidad, no sé por qué no viene. R. - ¿Por qué? ¿Vos recibís una boleta por la electricidad? M. - Sí, pero no me llegó la del último mes, en realidad ya fui a la empresa a quejarme por eso, pero parece que se olvidaron de vuelta. R. - Entonces, vos tenés un servicio pago, vos pagas por el servicio. M. - Sí, yo pago por el servicio. ¡Y la boleta está a mi nombre! Yo pago por la electricidad y todos los impuestos que vienen con la boleta. (Entrevista con Marina, vecina de Reconquista, 12 de julio de 2010).
Tener una boleta a su nombre es central para los habitantes de asentamientos informales, porque es una manera de obtener una dirección “legal” y de ser reconocidos como residentes formales y permanentes. En la búsqueda por obtener un título de propiedad y una dirección legal, los habitantes de asentamientos reconocen simultáneamente que no son ciudadanos enraizados, pero podrían o deberían serlo si proceden de la manera “correcta” (por ejemplo, pagando impuestos u otros servicios). En resumen, nuestro enfoque sobre la presencia del Estado implica una visión modificada del derecho a la ciudad que pretende arrojar luz sobre las estrategias que los actores locales desarrollan para tener acceso a los servicios básicos en los barrios de la periferia de la metrópoli, donde el derecho a la ciudad toma la forma de la lucha de la comunidad por acceder a las condiciones básicas de residencia, que en otros barrios son garantizadas por el Estado o el mercado. En otras palabras, en las zonas prohibidas, la ciudadanía no es una condición que se da por hecho, sino el resultado de la construcción de la ciudad que a diario llevan a cabo los vecinos, en interacción con el Estado-socio. Las organizaciones de la comunidad y los líderes locales juegan un papel central en esa construcción.
El Estado-socio en funcionamiento Algunos ejemplos de Reconquista proveen una visión general de cómo el Estado-socio trabaja en los barrios de la periferia. En vez de mitigar apropiadamente los altos niveles de contaminación de los arroyos que rodean al barrio, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires paga un subsidio a una cooperativa de vecinos para que los “limpien” -sin cuidado alguno por atender criterios de sustentabilidad ambiental-. En vez de exigirle a la empresa privada contratada para la recolección de los residuos de la mayor parte del territorio municipal que extienda sus servicios a Reconquista (y a los barrios lindantes), el municipio contrata a un grupo de vecinos para que recolecten la basura y la arrojen en un contenedor gigante, localizado en un extremo del barrio. El servicio provisto por este grupo es mucho 88 ⎥ Patricio Bruno Besana, Ricardo Alberto Gutiérrez
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más precario, ineficiente y criticado que el servicio que ofrece la empresa privada en cualquier otro lugar del municipio; los vecinos se quejan de que el servicio es irregular y que el contenedor (que debería ser vaciado por la empresa privada periódicamente) termina siendo otro basural ilegal. En ambos casos, si el servicio comunitario es ineficiente y los arroyos y las calles permanecen sucios, las autoridades tienden a echarle la culpa a los vecinos por su falta de “cultura” y de “habilidad para auto-organizarse, como lo hacían nuestros abuelos inmigrantes”: En la época de mis abuelos, la gente se reunía y organizaba en sociedades de fomento [asociaciones para la promoción del desarrollo de los barrios] y hacía colectas de dinero para pavimentar las calles y alumbrarlas. El municipio actualmente está llevando a cabo planes de pavimentación, pero no creo personalmente que el Estado tenga que hacer todo gratuitamente. En el pasado, cuando un barrio quería progresar, formaba una sociedad de fomento que interactuaba con el municipio. Si [los habitantes de asentamientos] tuvieran una organización del barrio e hicieran un esfuerzo, su barrio podría mejorar, como ha pasado con otros barrios. Los vecinos tienen que cooperar, juntarse entre sí y ver cómo pueden contribuir, porque los barrios siempre han crecido de ese modo, con base en la complementación entre la gente y el Estado. (Entrevista con Petrozza, funcionario municipal, 5 de mayo de 2011).
La provisión de agua potable es otro buen ejemplo de cómo el Estado interactúa con organizaciones y líderes locales. Puesto que el barrio se formó sobre bañados y totorales rellenados con todo tipo de basura, es prácticamente imposible proveerse con agua de pozo, siendo que la red de agua potable de la empresa prestadora del servicio no alcanza formalmente a las casas del barrio Reconquista. Sin embargo, una ducto de agua alcanza la calle central del barrio, donde la compañía que por entonces prestaba el servicio (en ese momento estatal, luego privatizada y actualmente reestatizada) dejó un grifo central. Desde entonces, un grupo de vecinos, liderados por León, construyeron una compleja red de mangueras a través de las cuales llevaban agua potable a cada una de las casas de Reconquista. Con esto fueron capaces de satisfacer, por su propia cuenta, una necesidad crucial. Sin embargo, esto no significa que hayan obtenido la misma respuesta del Estado que los vecinos de barrios más acomodados; en contraste con la red formal, la red de agua de Reconquista es sumamente improvisada y precaria. El Estado solo dejó hacer a los vecinos, sin preocuparse por los riesgos de contaminación que pueden generar las mangueras que conforman la red, mientras que la compañía de agua (independientemente de ser pública o privada) no cobra el consumo de agua a ninguno de ellos. Esto no implica que los vecinos estén satisfechos con la situación, pues muchos preferirían pagar para poder acceder al servicio regular de agua. El estado del servicio de agua potable en Reconquista coloca en primer plano la importancia del liderazgo individual. La labor de un antiguo líder del barrio fue crucial para Pobreza
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lograr que la compañía de agua extendiese un ducto hasta la calle central; también posibilitó la movilización de los vecinos para lograr que, por medio de la organización, el agua llegase a todas las casas del barrio a través de las mangueras. Ahora que la red de mangueras está operando al máximo de su capacidad y creciendo sin control como resultado de la constante localización de nuevas viviendas en el barrio, León suele ser contactado por los vecinos cuando surge un problema de corte o escasez de agua. Como veremos en la próxima sección, él continua trabajando como un intermediario entre los vecinos y la compañía de agua y otras instancias. En estos ejemplos podemos observar claramente cómo el Estado se combina con la responsabilidad de la comunidad y la concomitante necesidad de empoderar a líderes locales y organizaciones. El siguiente extracto de una entrevista con Paco -líder de una de las cooperativas del barrio- muestra a las claras cómo la necesidad de empoderamiento local es internalizada por los actores del barrio: Ellos [los cirujas]20 querían entrar en las tierras de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (ceamse)21 para buscar comida y otras cosas, y la policía no los dejaba, pero ellos querían alimentar a sus familias. Yo les decía: todo lo que entra acá está contaminado, y una vez arrojado acá contamina todo lo demás. “Sí” –me decían ellos –, “pero nosotros venimos comiendo estas cosas desde hace bastante tiempo ya”. Y entonces entraban en el terreno de la ceamse, la policía los forzaba a salir a la ruta, donde paraban autos y los rompían, y siempre era así. Una vez que hubo un bloqueo de ruta, ellos me llamaron a mí y al presidente de la cooperativa. Entonces nos presentamos para escucharlos y era una bolsa de gatos porque cada barrio tenía su propio representante, y cada representante solo se preocupaba por su propio barrio, y proponían una cosa, y otros proponían otra diferente y así. Entonces dije: vayámonos de acá, esto es una bolsa de gatos, es imposible hablar con alguien. Cuando vinieron de vuelta con nosotros para buscar alguien que intermediara con la gente de ceamse, les dije: muchachos, nosotros vamos a ir a tener una entrevista con la ceamse, pero va a haber solo una persona que va a poder hablar y decir cómo son las cosas. Si cada uno habla, va a ser una pérdida de tiempo. Si cada uno dice una cosa distinta, la ceamse les va a decir que vuelvan la próxima semana, una vez que hayan llegado a un acuerdo entre ustedes, así podemos empezar a hablar. Entonces, cuando fuimos a la reunión, los tipos de la ceamse trataron de posponer cualquier arreglo 20
En Argentina se conoce como ciruja a los vagabundos que recolectan basura o la revuelven en busca de algún útil (acto de cirujear). El término proviene del lunfardo y es la abreviación de la palabra cirujano, con quien se compara a esta clase de vagabundos, en tanto que también ellos extraen minuciosamente cosas que les resultan útiles -en este caso no de un cuerpo humano, sino de los montones de residuos. (N. de la E). 21 ceamse es la empresa del Estado a cargo de gestionar todos los rellenos sanitarios que reciben y procesan los residuos domiciliarios del conjunto de la Región Metropolitana de Buenos Aires. Los mayores rellenos de la ceamse se encuentran en la misma área geográfica que el barrio Reconquista.
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[sobre la apertura de una planta de reciclado manejada por los cirujas] lo más que pudieron, y nos dijeron: “bueno, vamos a necesitar una asociación civil que se encargue del manejo de la planta social de reciclado”. Y yo les dije: claro, acá la tiene, acá tiene su cooperativa, legalmente reconocida como una organización civil, y reconocida por el municipio también. (Entrevista con Paco, 4 de febrero de 2011).
Según la visión del líder, el problema principal no recae en la acción del Estado (en este caso corporizada en la compañía estatal ceamse), sino en la dificultad de los vecinos y las organizaciones locales de llegar a un acuerdo y actuar en conjunto. Una vez superada esta dificultad, ellos pueden obtener el apoyo del Estado a su iniciativa -en este caso, los cirujas obtuvieron autorización de la ceamse para manejar una planta de reciclado dentro del predio-. Estos y otros ejemplos muestran cómo los habitantes de asentamientos toman directamente a su cargo servicios que, en sectores menos vulnerables, son provistos por empresas privadas o del Estado. Al hacerlo, dirigen nuestra atención hacia tres importantes cuestiones: 1) Cómo los líderes y las organizaciones locales juegan un papel central en la movilización y organización de los vecinos, 2) Cómo los líderes y las organizaciones interactúan estratégicamente con el Estado (en sus distintos niveles) y obtienen su apoyo para la autogestión de sus propias necesidades, y 3) Cómo los habitantes de los asentamientos, al hacerse cargo de sus necesidades básicas, ejercitan su derecho a la ciudad. Lejos de observar a los vecinos como recipientes pasivos de la lógica del Estado-socio, en lo que sigue remarcamos las formas en que los habitantes de los asentamientos se conectan con el Estado-socio por medio de organizaciones y líderes locales.
Multiplicidad de organizaciones comunitarias Desde el inicio de Reconquista, la vida organizacional y el emprededurismo se han fusionado como mecanismos para satisfacer las necesidades básicas. Tras el inicio del proceso de transición a la democracia en 1983, las organizaciones de base partidarias (mayormente las unidades básicas peronistas) desempeñaron un papel central en lo que Auyero llama “las redes de resolución de problemas del clientelismo peronista” (Auyero, 2001). Pero algo ha cambiado en las últimas décadas: las organizaciones comunitarias dedicadas a proveer todo tipo de servicios se han multiplicado y diversificado, como resultado del financiamiento proveniente de nuevos programas nacionales y provinciales. Aunque el peronismo continúa siendo la identidad política más extendida a lo largo de barrios como Reconquista, la emergencia de nuevos programas de financiamiento público ha desplazado a las organizaciones de base partidarias de su lugar de privilegio y ha fomentado el surgimiento de nuevas organizaciones sociales. Pobreza
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Las actividades que desarrollan las nuevas organizaciones sociales, a diferencia de las que desarrollaban las Unidades Básicas (organizaciones de base) peronistas, están más centradas en el mejoramiento de las condiciones de vida y la provisión de servicios que no son tan fácilmente excluibles como los típicos bienes involucrados en los intercambios clientelares. De hecho, en algunos casos, la creación de nuevas organizaciones -a veces identificadas como Organizaciones No Gubernamentales (ong) por participantes y observadores- puede ser vista no sólo como mecanismo para satisfacer necesidades básicas o proveer servicios públicos, sino también como una manera de redirigir el tipo de emprededurismo individual previamente corporizado en la figura de los punteros políticos o referentes locales de los partidos. Así lo expresa, un tanto cínicamente, Tumba, un viejo puntero político transformado en la cabeza de una ong local: “Desde lo institucional ahora tenemos esto. Hoy día todas las Unidades Básicas son ong ¿Por qué? Porque vimos un cambio en las formas en que se hace política”. (Entrevista con el Tumba, 24 de octubre de 2010). Cualquiera que sea el alcance de semejante transformación, mientras ni una sola Unidad Básica puede verse en Reconquista al día de hoy, numerosas organizaciones han emergido de la confluencia entre las expectativas de recibir fondos públicos y privados y el sentimiento de que nadie de “afuera” va a resolver los problemas del barrio. Este sentimiento es vívidamente expresado por muchos de nuestros entrevistados. Semejante es el sentimiento expresado por un joven de 17 años, nacido y criado en Reconquista, sobre el problema de la contaminación: “¿Quién va a venir a resolver tus problemas si no lo haces vos? Te tenés a vos mismo y nada más, y te tenés que hacer cargo. Yo no confío en nadie más”. (Entrevista con Fede, 25 de marzo de 2011). Este sentimiento de soledad y desconfianza se equipara con un sentido de responsabilidad por el propio destino, una sensación de “hacerse cargo” -incluso en este caso- donde difícilmente un individuo puede ser responsable por la contaminación o la falta de servicios públicos adecuados. Es posible identificar tres momentos importantes de creación de organizaciones comunitarias en toda el área geográfica donde se encuentra localizado Reconquista. Los dos primeros se corresponden con coyunturas de crisis que dieron forma, en gran parte, a los actuales asentamientos informales del área: la crisis hiperinflacionaria de 1989 y la crisis social de 2001-2002. El tercer momento está relacionado con la emergencia de una serie de programa públicos que, de 2003 en adelante, estimularon la creación de numerosas cooperativas. Este momento ganó impulso con el programa Trabajo e Ingreso Social (conocido como “Argentina Trabaja”), creado por el Ministerio Nacional de Desarrollo Social en agosto de 2009 (Ministerio de Desarrollo Social, 2009). La importancia de la crisis de 1989 es reconocida explícitamente por la historia oficial de la Red de Organizaciones de Gestión Solidaria (Red gesol), una red de alcance nacional que incluye a organizaciones de Reconquista: 92 ⎥ Patricio Bruno Besana, Ricardo Alberto Gutiérrez
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La Red gesol nació en 1989 con el objetivo de brindar una respuesta al problema del desempleo sufrido por las comunidades afectadas por la hiperinflación, la clausura masiva de fábricas y el comienzo de la reestructuración del Estado y el proceso privatizador. Su primer entidad legal se obtuvo tres años después, con la fundación de la Asociación Mutual del Trabajo y la Gestión Solidaria, cuya misión fue (y sigue siendo) generar ingresos justos a través del autoempleo, los microemprendimientos y las firmas sociales en el marco de la Economía Social y el Desarrollo Local. Durante los 90, después de defender el derecho al trabajo, y a medida que la situación de los sectores populares iba empeorando, la Red gesol fue ganando importancia en la conquista de derechos básicos (alimentación, vivienda, salud, educación, cultura, recreación). Hoy, la Red gesol incluye a más de sesenta organizaciones con diferentes perfiles organizacionales y niveles de institucionalización: desde centros de promoción comunitaria, hasta entidades técnicas y profesionales. Está estructurada federalmente, dividida en las regiones noroeste, noreste, centro y Región Metropolitana de Buenos Aires. (Red gesol, 2013).
Lo que desde la perspectiva de algunos discursos del empoderamiento puede ser visto como una propuesta afirmativa desde la comunidad, en la perspectiva de las organizaciones sociales es la única manera de afrontar una situación de la cual no son responsables, pero que los afecta profundamente. El autoempleo, el microemprendimiento y las firmas sociales son algunas de las formas que han encontrado para responder a la situación de crisis que desafía la satisfacción de sus necesidades básicas y sus derechos. De acuerdo con el líder de una organización, la crisis social de los años 2001-2002 parece haber jugado un papel similar: Nuestra asociación nació un año y medio antes de que empezáramos acá, en algún momento entre el 2001 y el 2002. Después de la caída del presidente De la Rúa, organizamos un corso22 para financiar la creación de un comedor y después creamos una asociación civil para obtener fondos provinciales para continuar financiando el comedor. Entonces nosotros organizamos ocho corsos más y hasta donamos una ambulancia al centro de salud del barrio. (Entrevista con Lolo, líder de una organización de Reconquista, 11 de septiembre de 2013).
Una vez más, las organizaciones locales se convierten en el canal para resolver los problemas desencadenados por las crisis económicas. Sin embargo, las organizaciones no se desvanecen una vez superada la crisis; por el contrario, las organizaciones que emergen con cada una de las sucesivas crisis se acumulan y superponen a lo largo de los barrios. Este proceso de acumulación se incrementó con el poderoso incentivo a la cooperativización que 22
Desfile de carruajes, comparsas, carros y bandas en carnaval, que comenzó a celebrarse en Argentina a partir del 1600, mezcla de legado español y el candombe bailado por los esclavos negros. (N. de la E.).
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emergió después del 2003.23 Durante nuestro trabajo de campo nos hemos encontrado constantemente con cooperativas fundadas a partir del programa “Argentina Trabaja” (u otros programas nacionales o provinciales similares) que se encargan de tareas como limpieza de calles y cursos de agua, construcción de veredas y otros trabajos menores en los propios barrios. Una de los aspectos más llamativos de este proceso es que varias de estas cooperativas han nacido como apéndices o extensiones de organizaciones preexistentes, originalmente dedicadas a tareas relacionadas con la asistencia social (comedores, guarderías, etcétera). Esto muestra cómo las organizaciones de la comunidad recurren estratégicamente a los fondos y programas estatales, y cambian sus actividades para adaptarse a los requerimientos de estos últimos, con el doble propósito de sobrevivir como organización y de luchar por su derecho a transformar sus condiciones de vida y residencia. Con el paso de los años, la multiplicidad de organizaciones ha devenido en una gran red diversa que solo puede ser entendida a partir de la centralidad que esas organizaciones adquieren para la supervivencia de las comunidades. Es por medio de ellas que se abren múltiples espacios donde las personas pueden reunirse y decidir juntos qué hacer para obtener respuestas y apoyo del Estado con el objeto de satisfacer algunas de sus muchas demandas. Este es un indicio de que los individuos y las organizaciones no sufren pasivamente sus condiciones estructurales de vida, sino que tratan de mejorarlas y de obtener respuestas a sus iniciativas. Tal como lo pone Paco (el líder de la planta de reciclaje social antes citado), la clave es que “ellos te empiecen a dar bola”:24 Sí, esto es una planta social manejada por nuestra asociación civil. La planta tiene seis años, y nosotros somos la primera planta trabajando en el predio de la ceamse. Esta planta fue creada hace seis años cuando gente de los asentamientos comenzó a entrar en las tierras de la ceamse, la policía la echaba a los tiros y finalmente murió un chico. Vos sabés como son las cosas; ellos nos empezaron a dar bola cuando eso pasó. Entonces, nosotros empezamos a trabajar con esto, al principio fue una idea loca de la persona que te está hablando, porque nadie creía en esto. Después las cosas comenzaron a mejorar, y hoy por hoy hay nueve plantas sociales funcionando en la ceamse. (Entrevista con Paco, 12 de marzo de 2011).
Vale la pena resaltar dos aspectos centrales de la reconstrucción que Paco hace de la trayectoria de las plantas sociales, y de su propia experiencia. En primer lugar, la preocupación por el reconocimiento del otro -“que ellos te empiecen a dar bola”- no es meramente un tema de identidad; está relacionado con una estrategia y una necesidad concreta de acceder 23
La formación de una cooperativa se ha convertido en un requerimiento para aplicar al programa social “Argentina Trabaja” y a otros similares. 24 Prestar atención, hacer caso. (N. de la E.).
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a fondos que el otro puede proveer. En segundo lugar, en muchos casos el éxito de las organizaciones está ligado (si no supeditado) a liderazgos individuales. El liderazgo de Paco fue crucial no solo para llamar la atención y la aprobación de los otros, sino también en poner en funcionamiento “una idea loca” en la que nadie, salvo él, creía. Al final, el liderazgo individual parece ser una herramienta importante a través de la cual las organizaciones de la comunidad pueden extraer recursos del Estado-socio; por ello es que vamos a volver sobre el liderazgo en la siguiente sección.
León, el intendente de la comunidad En décadas previas, las organizaciones de base partidarias y los punteros locales tenían un papel clave en la resolución de los problemas de barrios como el Reconquista. Como ya hemos observado, la consolidación del Estado-socio durante las últimas décadas transformó a las viejas organizaciones y fomentó la profusión de nuevas, desplazando de su posición privilegiada a las unidades básicas peronistas; sin embargo, esta transformación no ha significado la desaparición de todos los punteros políticos. Por un lado, las nuevas organizaciones han emergido junto con nuevos líderes, que se superponen a los viejos. Por otro lado, el Estado-socio ha afectado de diferentes maneras a los viejos líderes; algunos de ellos han perdido su influencia, otros se han transformado en las cabezas de nuevas organizaciones (como en el caso de Tumba) y otros tantos han abandonado la lógica del intercambio clientelar, pero sin dejar de trabajar como intermediarios entre las necesidades de los habitantes de los asentamientos (como sería el caso de León). El mayor atributo de los líderes sobrevivientes y de los nuevos es su profundo conocimiento sobre la geografía, la historia y los habitantes del barrio, así como su habilidad para contactar al funcionario o agencia indicada cuando un vecino se les acerca para demandar la solución de un problema concreto. Quizá por esa razón, dada la profusión de organizaciones que se superponen y compiten entre ellas, cuando algún agente del Estado-socio (actores partidarios, funcionarios de gobierno o representantes de compañías de servicios) necesita o quiere acercarse a Reconquista, trata de identificar a aquellos individuos clave que va a permitirle obtener o transmitir información, o proveer un servicio determinado. En nuestro estudio hemos encontrado a varios individuos que actúan (o pretenden actuar) como intermediarios entre los vecinos y los agentes externos. En esta sección nos ocuparemos de León, la persona más mencionada y reconocida por los vecinos como un gestor de soluciones. Al principio de su carrera León era un puntero peronista, pero con el correr de los años fue abandonando esa función.
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La historia de León en Reconquista data de los años 80 y es casi imposible caminar con él por el vecindario sin que se detenga a charlar con algún vecino. Muchos de ellos lo detienen porque tienen un problema que necesitan resolver: Franco - Lorena, escribí el número de León así… Lorena - Sí, ahí va. F. - Por las lamparitas de la luz. León - ¡Che, ya parezco el intendente yo! ¡Yo no soy el intendente! Lorena - No, usted no es el intendente, pero acá ayuda más que el intendente. Usted es más que el intendente, esa es la verdad. Porque cuando hay un corte de luz, vamos primero a lo de León. Y usted se contacta con la compañía.25 Lo. - Ahora hay un corte de agua, es un desastre… La. - Vamos con León porque el intendente no hace nada acá, él ni siquiera reemplaza las lámparas. Lo. - Ok, ¿Cuántas necesitan? La.- Tres. F. - Tres. Lo. - Muy bien. (Entrevista con León, 9 de abril de 2012).
En los primeros años de la década de 1990, a medida que la población del barrio crecía, León jugó un papel central en la provisión de agua potable, haciendo que la compañía de agua extendiera una cañería hasta una margen del barrio. Ya hemos visto cómo León y un grupo de vecinos construyeron la red de mangueras que se desprenden de esta cañería, pero vale la pena subrayar aquí el carácter individual de dicha empresa. Fue León quien contactó a los agentes de la compañía de agua y los llevó al barrio para que vieran lo que él quería hacer; también fue él quien tuvo que convencer a los vecinos de formar parte de un equipo de trabajo para prolongar la extensión del agua a lo largo de la calle central del barrio, y de distribuir las mangueras. Rememorando cómo fue la instalación de la cañería en la calle central, León comenta:
25
En otra visita a Reconquista pudimos observar cómo León trabajaba con los empleados de la compañía del agua para arreglar una pérdida de agua en un sector del barrio. En otra visita, él estaba caminado por las calles del barrio junto con agentes de la compañía que lo habían contactado porque querían acceder a otro sector del barrio para construir una boca de tormenta. En ambas ocasiones nosotros no estábamos con él, por lo cual podemos afirmar que nuestra percepción sobre estos eventos no fue inducida por el testimonio de León. Otra tarea de intermediación comúnmente llevada a cabo por León es llamar al camión atmosférico para que vacíe los pozos ciegos: los vecinos suelen llamar a León y él al camión. La razón para esta intermediación es simple: el camión no se atreve a entrar al barrio a menos que León los llame. En adición a todas estas tareas de intermediación, León ayudó a construir la primera escuela pública de Reconquista y, actualmente, es la cabeza de una asociación civil que presta servicios de guardería.
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León - Yo tenía un fuerte apoyo del gobierno de la provincia. Habíamos arreglado una reunión acá en el barrio. Una vez que tuve una propuesta, tuve que representar a todo el barrio y esto era un tema tanto provincial como municipal, y el primero estaba manejado por un partido mientras el segundo estaba manejado por otro. Pero yo lo único que quería era tener la red de agua construida. Entonces, gracias a esa propuesta, pude conseguir los materiales, las cañerías y todo eso, un montón de materiales. Conseguí lo materiales de la provincia. Pero por un tiempo se paró todo, no fue muy rápida la cosa. Pasaron dos administraciones municipales y la última sí estaba alineada con el gobierno de la provincia. Y entonces pude hacer un acuerdo formal con el intendente. Fue un trabajo extraordinario de hecho, esto fue en 1992. Silvia - ¿Y cómo fue que llevaron adelante el trabajo? L. - Yo empecé a caminar por las calles y a hablar con los vecinos: “mañana voy a necesitar que la cuadra entera cave un agujero acá, y entonces van a venir los trabajadores de la compañía del agua y van a instalar la cañería.” ¡Pero al principio fue bastante difícil! Así que tuve que conseguir unos fondos del municipio para pagar el trabajo, firmaron veinte hombres por el trabajo. Se suponía que íbamos a empezar en febrero. ¡Era un día muy caluroso! Empezamos un viernes. No vino nadie a trabajar el sábado y el domingo porque era fin de semana, y los de la compañía de agua, se suponía que venían el lunes. El lunes vienen los muchachos y me dicen: “León, no vamos a trabajar hoy porque queremos que nos paguen”. ¿Qué podía hacer? Yo no tenía el dinero, el gobierno municipal lo tenía. Yo solo estaba organizando el trabajo… era todo político. Pero yo quería que se hiciera el trabajo, entonces tuve que presionar a alguien para que les pagaran a los muchachos. Esto era algo para el barrio entero. ¡No era algo para alguien de afuera! Y los de la compañía estaban viniendo, y el pozo no estaba terminado. Entonces fui de nuevo y empecé a hablar con los vecinos, pidiéndoles que me ayudaran. Entonces un viejito de 80 años viene y me dice “León, yo voy a sacar la tierra si no puedo cavar”. Y finalmente lo hicimos. No fue fácil, yo lo hice fácil. (Entrevista con León, 29 de junio de 2012).
La relación personal de León con todo lo que relata es constante: “Yo hice, yo fui, yo hablé”. A primera vista, esto puede parecer una exageración de su parte, pero pudimos confirmar que él realmente es un intermediario clave que constantemente resuelve los problemas diarios relativos a los servicios de electricidad, agua, desagües cloacales, entre otros. No todo el mundo simpatiza con León, e incluso algunos lo ven como una figura menor ahora que carece del apoyo de una organización importante, pero nadie niega su papel central como intermediario entre el barrio y los proveedores de servicios públicos. La relación entre los líderes comunitarios -ya sean jugadores solitarios como León o líderes de organizaciones como Paco y Tumba- con autoridades del Estado es central. En un primer momento uno podría tener la impresión de que líderes como Paco, Tumba y León son demasiado propensos a alimentar sus propios egos, pero esto es solo una pequeña parte de la ecuación. Los líderes comunitarios son figuras centrales para la resolución de los conflictos, Pobreza
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la canalización de la demandas y para regular la vida de la población en las zonas prohibidas. En su relato, León reconoce la importancia de la colaboración del entonces intendente en el logro de sus objetivos: León - Yo lo apoyé a Semino, yo trabajé mucho y lo apoyé porque él fue un hombre que se ganó el respeto de nuestro movimiento [el Partido Justicialista]… por entonces parecía que iba a poder hacer muchas cosas, pero finalmente tuvo algunos problemas. Patricio - ¿Y la escuela de cuándo es? L. - De allá, de esa época [principios de 1990]. Claro, si él me dio una mano para comprar las tierras. No, en eso estuvo presente. En el agua corriente también me ayudó mucho. Yo con él, inauguramos la primera etapa con él, vinieron todos los canales de televisión, y yo le dije: ¿Para qué quiero la televisión? ¡Yo quiero el agua! (Entrevista con León, 29 de junio de 2011).
Pero lo que aparece en el relato de León como una ayuda de parte del intendente para lograr sus propósitos, tal vez deba ser leído de otra manera: como una relación instrumental a los intereses y objetivos del intendente. De forma más clara aún, tal como la literatura etnográfica sobre clientelismo solía decir años atrás, la intermediación individual de León puede ser vista como un instrumento mediante el cual la comunidad obtiene recursos del Estado para mejorar sus condiciones de residencia, y como un medio por el cual el Estado es capaz de gobernar la vida de los pobres. Sin embargo, algo ha cambiado desde lo primeros años de la década del noventa. Hoy día, León –como tantos otros líderes locales– no está intercambiando bienes por votos. La expansión de las cooperativas y el desplazamiento de las organizaciones de base partidarias son indicadores de una nueva forma de relación entre el Estado y la sociedad que no se organiza exclusivamente alrededor de expectativas e intercambios electorales. Si la centralidad de las cooperativas como medios para conseguir fondos del Estado persiste en un futuro cercano, tal vez jugadores solitarios como León pierdan influencia, mientras líderes organizacionales como Paco y Tumba ganen preeminencia -aunque la fragmentación de las organizaciones puede evitar que eso suceda, dejando espacio para que León y otros jugadores solitarios puedan persistir-. Cualquiera que sea el caso, el atributo principal de los líderes locales bajo el Estado-socio radica en su habilidad para resolver los problemas diarios que afectan a las condiciones de residencia de los habitantes de asentamientos, un tipo de bien no-excluible que difícilmente puede ser perseguido (y entendido) meramente en términos electores o clientelares.
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Consideraciones finales En este artículo hemos mostrado cómo en asentamientos informales, como es el caso del barrio Reconquista, los individuos tratan de resolver sus necesidades básicas y mejorar sus condiciones de residencia por su propia cuenta, mientras que en los barrios más acomodados la provisión de servicios urbanos esenciales es llevada a cabo por empresas públicas o privadas. Para lograrlo, los habitantes de los asentamientos cuentan con dos mecanismos complementarios que les permiten obtener el apoyo del Estado-socio: las organizaciones comunitarias y los líderes locales. Las organizaciones de la comunidad y los líderes locales son mecanismos de doble cara. Por un lado, cumplen un papel fundamental en la provisión de servicios públicos y en la autoproducción de la vida, expresando los esfuerzos de la comunidad para autoadministrarse la satisfacción de sus necesidades básicas. Por otro lado, son canales a través de los cuales el Estado-socio -por la vía del financiamiento y el apoyo a personas y organizaciones en su lucha por la subsistencia- asegura la regulación de la población, sin involucrarse directamente en la provisión de servicios públicos. Es, por tanto, sobre la base de esos dos mecanismos que los espacios para las opciones de vida interactúan con la regulación de la población en los barrios de la periferia. En este contexto, el ejercicio real de la ciudadanía implica una dinámica que exige -tanto de las instituciones como de los individuos- un proceso constante de revisión y reflexión crítica. Ni el Estado-socio ni los vecinos conciben a la ciudadanía como un estatus inalienable de todo individuo. El Estado-socio no la concibe de ese modo cuando “apoya” la provisión parcial y deficiente del conjunto de los servicios que son básicos para el desarrollo de la vida urbana. Los habitantes de asentamientos no se ven a sí mismos como ciudadanos en cada circunstancia en la cual reconocen que viven en condiciones de residencia informal e irregular. De ese modo, la ciudadanía es concebida -por unos y por otros- como un conjunto de derechos que deben ganarse o construirse. Nuestra perspectiva se aleja, así, de los enfoques celebratorios del empoderamiento de la comunidad, al tiempo que no nos adherimos a la tesis de la ausencia del Estado ni compartimos la visión de la inmanencia de la anti-ciudadanía en zonas prohibidas como el barrio Reconquista. Los canales no estándares a través de los cuales el Estado-socio apoya el esfuerzo local (para asegurarse la regulación de la población) son también mecanismos mediante los cuales los habitantes de los asentamientos pueden reclamar su derecho a pertenecer legalmente a la ciudad. Los canales no estándares a los que nos referimos (organizaciones comunitarias y líderes locales) son solo parcialmente descritos por la literatura etnográfica -especialmente aquella dedicada al análisis del clientelismo peronista en Argentina- que estudió el clientelismo durante los 90 y los primeros años del nuevo milenio. La emergencia y consolidación del Estado-socio refiere a un fenómeno mayor, que nosotros asociamos con el fuerte incentivo Pobreza
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a la cooperativización, que ganó impulso luego del 2003. Como ya hemos mencionado, este proceso diluyó la importancia de las viejas organizaciones de base partidarias, e impulsó la profusión de nuevas organizaciones y líderes dedicados a la provisión de servicios públicos y otros bienes no excluibles. Es todavía muy temprano para realizar conclusiones sobre el futuro de los viejos líderes partidarios y sus organizaciones pero es claro que la presente imagen está plagada de organizaciones superpuestas que compiten entre sí por diferentes fondos públicos. En ese escenario, viejos líderes como León o Tumba, al igual que nuevos líderes como Paco y tantos otros, continuarán siendo instrumentales tanto para el barrio como para el Estado-socio.
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Un método no endógeno para medir el gasto electoral en Chile, 2005-2009 A Non-Endogenous Method to Measure Campaign Financing in Chile, 2005-2009 Sergio Acevedo∗ Patricio Navia∗∗ Recibido el 3 de agosto de 2014 Aceptado el 13 de abril de 2015
RESUMEN
ABSTRACT
El debate sobre el efecto del dinero invertido en campañas sobre los resultados de las elecciones ha puesto en tela de juicio cuestiones centrales sobre la calidad de la democracia y la efectividad de las elecciones como mecanismo de control ciudadano. El gasto en campaña es una variable central a la hora de evaluar su éxito, por lo tanto, la forma en que se mide influye en las conclusiones a las que se llega con respecto a su efecto en los resultados de una elección. En este artículo se utiliza el caso chileno (específicamente, las elecciones de 2005 y 2009) para analizar los dos métodos más comunes de medir el gasto en campaña y proponer un tercero
The debate on money invested in campaigns and its impact on election results has called into question matters such as the quality of democracy and the efficiency of the elections as a mechanism of citizen control. Campaign financing is a central variable when evaluating its success; therefore, the manner in which it is measured affects the conclusions reached regarding its effects on the results of an election. This article focuses on the Chilean case (more specifically the elections of 2005 and 2009) to analyze the two most common methods to measure campaign spending and suggest as well a third method to better estimate its effects. This
∗ Licenciado en ciencia política, Universidad Diego Portales en Santiago de Chile. Investigador de Plaza Pública/ cadem y del Observatorio Político Electoral de la Universidad Diego Portales (Chile). Sus líneas de investigación son: gasto electoral en Chile y opinión pública. Correo electrónico: sergio.acevedoc@gmail.com ∗∗ Doctor en ciencia política, New York University. Profesor titular de ciencia política, Universidad Diego Portales (Chile) y Master Teacher en Liberal Studies, New York University (Estados Unidos de América). Sus líneas de investigación son: elecciones, encuestas de opinión, economía política e instituciones democráticas. Entre sus publicaciones destacan: “Evolución de las preferencias políticas y de políticas públicas entre el sector popular y el resto de la sociedad chilena entre 1990 y 2012” (2015) en coautoría con Felipe Barrueto; “Las encuestas de opinión pública en Chile antes de 1973” (2015) en coautoría con Rodrigo Osorio; y “Mis-coordination and Political Misalignments in Ticket-Splitting: The Case of Chile, 2005–2009” (2015) en coautoría con José Luis Saldaña. Correo electrónico: Patricio.navia@udp.cl
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que estima de mejor forma sus efectos. Esta contribución metodológica complementa y refina el conocimiento que ya se poseía sobre la forma en que el gasto afecta los resultados electorales, a la vez que abre una línea de investigación que permite evaluar otros aspectos de la dinámica que relaciona el gasto en campañas con el desempeño electoral. Sugerimos que el camino a seguir se centre en la fiscalización del gasto efectivo y no en reducir los límites al gasto reportado.
methodological contribution complements and refines the current knowledge on the manner in which the expenditure during a campaign affects the election results, while opening a new line of investigation that allows the assessment of other aspects in the dynamic that links campaign financing with electoral performance. We suggest that the way to proceed shall focus on the financial inspection of the actual expenditure without reducing the limits to the expenditure reported.
Palabras clave: campaña electoral; gasto en campaña; formas de medir el gasto; Chile.
Keywords: electoral campaign; campaign financing; ways to measure expenses; Chile.
Introducción El intenso debate sobre el efecto del dinero invertido en campañas sobre los resultados de las elecciones ha puesto en tela de juicio cuestiones centrales sobre la calidad de la democracia y la efectividad de las elecciones como mecanismo de control ciudadano. Si bien en América Latina esta discusión ha cobrado menos fuerza -en tanto hay poca transparencia sobre el gasto en campañas- el caso chileno resulta útil para entender los efectos del gasto en campañas sobre distintos aspectos de la democracia en la región desde que, en 2003, se implementó una reforma de financiamiento público y límites a los gastos en campaña. El método que se utiliza para medir el gasto en campaña puede llevar a conclusiones erróneas sobre la efectividad del gasto en el rendimiento electoral. En Chile y otras partes, normalmente, el gasto se mide como dinero gastado por voto obtenido (gasto por voto, gpv) o como porcentaje del gasto total de todos los candidatos en la unidad electoral respectiva (participación en el gasto total, pgt). En estas dos formas, el indicador está influenciado por otras variables. Así, el gpv depende de los votos obtenidos: un candidato que gasta mucho aparecerá con un gasto menor si obtuvo muchos votos; en cambio, un candidato que gaste menos pudiera aparecer con un gasto per cápita mayor si tuvo un pobre desempeño electoral. Por su parte, medir el gasto como pgt endogeniza el indicador al gasto de los candidatos rivales: si un candidato gastó mucho más que sus rivales, su pgt será muy alto; pero si ese candidato enfrenta a un rival que igualmente invierta mucho dinero en su campaña, su pgt será menor. Utilizar indicadores de gasto que tengan problemas de endogeneidad es especialmente peligroso cuando se busca evaluar el efecto de variables como la incumbencia o el reconocimiento de nombre. 104 ⎥ Sergio Acevedo
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Ya que en Chile existen límites al gasto electoral definidos a partir de la cantidad de electores habilitados para votar en cada unidad electoral, sugerimos un método que mide el gasto como porcentaje del límite máximo permitido en cada unidad electoral (porlg). Así, evitamos el riesgo de endogeneizar el gasto a la participación electoral y de medirlo en función de lo que gastan otros candidatos. Ejemplificamos la diferencia en la forma de medir el gasto electoral con lo ocurrido en 2005, cuando los diputados de la Unión Demócrata Independiente (udi) Gonzalo Ibáñez (Distrito 14) y Gonzalo Uriarte (D-31) gastaron el mismo pgt en sus distritos (45%). Los rivales de Ibáñez también invirtieron mucho, mientras que los rivales de Uriarte gastaron menos. Al usar el indicador pgt, Ibáñez y Uriarte aparecen gastando lo mismo. Pero cuando se usa porlg, Ibáñez gastó mucho más (110.7%) que Uriarte (75.3%). Esto es así porque el gasto total por distrito fue distinto. En el distrito de Ibáñez se gastó en total mucho más que en el distrito de Uriarte (275 y 183 millones de pesos de 2005 respectivamente); pero a diferencia del distrito de Uriarte, en el distrito de Ibáñez el gasto se concentró sólo en ese candidato. Cuando se usan distintas formas de medir el gasto, inevitablemente se llega a conclusiones distintas sobre los efectos del gasto en los resultados de cada elección. Nuestro objetivo no es evaluar el efecto del gasto sobre la votación, sino demostrar que las distintas formas de medir nos pueden llevar a conclusiones distintas; además, mostramos que nuestro método no presenta los problemas de endogeneidad de los otros métodos. El cuadro 1 muestra los tres métodos de medir el gasto y las fórmulas que se utilizan para calcular cada uno. Cuadro 1 Tres métodos para medir el gasto en campaña Método
Fórmula
Gasto por voto (gpv)
Gasto del candidato / Votos obtenidos
Gasto como porcentaje del gasto total en el distrito (gpt)
(Gasto del candidato * 100) / Gasto total de todos los candidatos en el distrito
Gasto como porcentaje del límite al gasto en el distrito (porlg)
(Gasto del candidato * 100) / Límite de gasto en el distrito
Fuente: elaboración propia.
Después de revisar la literatura sobre el método con el que generalmente se ha medido el gasto -y sobre los efectos de éste en los resultados-, analizamos los patrones de gasto en las elecciones legislativas en Chile en 2005 y 2009, comparamos los resultados obtenidos a Un método no endógeno para
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través de las tres formas y destacamos las virtudes del método porlg. Mostramos cómo el gpv depende de la participación electoral, y aunque los métodos de porlg y pgt ofrecen resultados similares para las dos elecciones observadas, sostenemos que el porlg evita los problemas de endogeneidad presentes en pgt en tanto que es teóricamente más sólido y metodológicamente más robusto, y corroboramos que el efecto del gasto sigue siendo relevante para explicar la votación de los candidatos en Chile. Una vez que se controlan otras variables que han sido identificadas como importantes para dar cuenta de la votación de los candidatos (como la incumbencia y la pertenencia a las dos coaliciones dominantes), mostramos que el gasto importa independientemente de lo que hayan gastado los otros candidatos en el mismo distrito en 2005 y 2009.
El efecto del gasto en campañas en los resultados Así como los casos que se escogen determinan las respuestas que se obtienen (Geddes, 1990), cómo se analizan los datos también puede influir en las conclusiones de los estudios. Las distintas formas de medir el gasto de campaña han llevado a conclusiones diferentes sobre el efecto de éste en los resultados electorales. Antes de adentrarnos en la discusión sobre las distintas formas de medir el gasto, abordamos la discusión teórica sobre qué tanto influye el gasto en los resultados electorales. Aunque el éxito de un candidato está determinado por múltiples factores, el financiamiento de las campañas es una de las variables sobre las que más tienen control los candidatos, pues deciden cuánto y cómo gastar.1 Los estudios sobre el efecto del gasto han sido abordados desde una perspectiva que se enfoca en el gasto de los desafiantes2 y otra que pone mayor atención en el gasto y ventajas políticas de los incumbentes. En la primera perspectiva, Jacobson (1978 y 1990) muestra que el dinero rinde más en desafiantes. Los legisladores que buscan la relección cuentan con otras ventajas comparativas, como su reconocimiento de nombre o popularidad.3 También, la antigüedad en el cargo, su capacidad de trabajar en terreno y la cobertura de medios minimizan los efectos del gasto en incumbentes (Abramowitz, 1991). Además, los incumbentes tienen más acceso a recursos del Estado (Ferejohn, 1977). El gasto tiene mayor incidencia en su primera reelección (Erikson y Palfrey, 1998). Abramowitz (1991) asocia el bajo nivel de competencia al incremento constante del costo de una campaña y a las dificultades de los desafiantes para recaudar financiamiento. Los desafiantes ganadores gastan más que sus pares perdedores. 1
Véase: Mareek (1997). Candidato que busca desbancar a su competidor que ya ocupa el cargo en disputa (N. de la E.). 3 Véanse: Abramowitz (1991); Gelman (1990); King (1991). 2
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Los modelos estadísticos tienden a medir los efectos del gasto considerando el gasto total neto, pero el efecto del gasto debe ser estimado en función del gasto destinado al contacto directo con los votantes, que beneficia más al desafiante que al incumbente4 (Ansolabehere y Gerber, 1994). Una segunda perspectiva (Green y Krasno, 1988) sostiene que el gasto de los desafiantes puede condicionar el de los incumbentes, pero que es el gasto de los segundos el que mejor explica los resultados. La calidad de los desafiantes, los efectos de interacción entre los candidatos y el problema de la relación endógena afectan las mediciones; y aunque “el gasto es más productivo en servicio de un desafiante de alta calidad” (Green y Krasno, 1988: 894) -ya que el gasto también es una variable que depende de otros factores-, los candidatos predisponen su gasto a medida que esos factores evolucionan a la vez que los incumbentes aceleran su gasto al verse amenazados por desafiantes fuertes. Así mismo, la votación por un candidato también es afectada por factores que interactúan con el gasto. En distritos con una mayor magnitud, el gasto tiene más incidencia. En la primera forma de entender el efecto del gasto, la influencia en los resultados es mayor a medida que sólo sea empleado por desafiantes; también, cuando el voto es voluntario, el gasto afecta la participación. En países donde no existen límites al gasto, no hay otro método para medirlo más que indexándolo al número de votantes o como porcentaje del total de gasto en cada distrito, por lo que inevitablemente existen problemas de endogeneidad; en cambio, en países donde hay límites al gasto, dependiendo de la cantidad de electores, resulta conveniente usar una medición respecto a ese límite para evitar problemas de endogeneidad. Por cierto, hay varias razones por las que los candidatos incumbentes querrán imponer restricciones al gasto. En principio, porque las campañas son costosas, pero a la vez -si la tesis de Jacobson (1990 y 1978) es correcta- los incumbentes tendrían mayores razones para establecer límites al gasto marginalmente superiores a su capacidad de gasto para evitar que surjan desafiantes mejor financiados.5 El rendimiento marginal decreciente del gasto, además, llevaría a los incumbentes a maximizar su rendimiento al minimizar los niveles de gasto permitido. Los límites al gasto pueden funcionar como “barrera de entrada” para los partidos pequeños, haciendo más difícil que “candidatos nuevos y mal financiados transmitan sus ideas a los votantes” (Palda, 2000). En tanto la teoría sugiere una relación de causalidad entre el gasto y el resultado de la elección, resulta clave identificar la forma más apropiada de medir el gasto para verificar su existencia. Así, para trascender los problemas de endogeneidad ya mencionados, proponemos un método que no depende ni del gasto de otros candidatos en el distrito, ni de la 4
Candidato que ocupa un cargo público a la hora de participar en elecciones (N. de la E.). Véase: Evans (2007).
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participación electoral, ni de los votos obtenidos por ese candidato. El método que proponemos sólo es útil para países donde hay límites al gasto en cada unidad electoral. El caso chileno demuestra cómo el método propuesto permite medir de mejor forma el gasto y evaluar su efecto sobre los resultados electorales.
Formas de medir el gasto en campañas en Chile La Ley 19.8846 de 2003 regula el financiamiento en campaña en Chile. Hay dos tipos de financiamiento, uno público y uno privado. Antes de la campaña, los partidos reciben dinero del Estado en proporción a los resultados obtenidos en la última elección de igual naturaleza -0.01 unidades de fomento (uf), un indicador indexado a la inflación en Chile, 246 pesos chilenos, en diciembre de 2014-.7 Si el partido no participó en esa elección, recibe lo mismo que el partido con menos votos obtenidos. Después de la elección, por cada voto conseguido, el partido recibe 0.03 uf (738 pesos chilenos, en diciembre de 2014).8 El segundo tipo de financiamiento es el privado. La ley establece un tope de 1.000 uf a las donaciones ofrecidas a un candidato por parte de personas naturales, y de 10.000 uf a las donaciones de una persona a partidos políticos o a un conjunto de candidatos.9 Como muestra el cuadro 2, existen tres clases de donaciones: anónimas, públicas y reservadas. Las donaciones anónimas se entregan directamente al candidato o al partido. La identidad del donante y el monto de la donación no son públicos. Estas no puede exceder 20 uf, ni un candidato puede concentrar más de 20% de sus ingresos con ellas. Una persona puede realizar múltiples donativos anónimos a un mismo candidato o partido, pero a diferencia de los reservados o públicos, no pueden ser descontados de los impuestos. Por su parte, las donaciones de carácter reservado buscan crear una muralla entre la identidad del donante y los candidatos. El primero entrega su dinero al “Servicio Electoral (servel) a cambio de un certificado que sólo indica el monto de la donación y la identidad del donante, pero omite la identidad del candidato o partido beneficiario” (Valdés, 2003: 5). Luego, los donantes informan al servel los candidatos o partidos que deben recibir determinados montos. El servel entrega los dineros sin informar la identidad de los donantes. Estas donaciones deben ser mayores a 20 uf y menores a un tope máximo que establece
6 “Sobre transparencia, límite y control del gasto electoral”, disponible en: <http://bcn.cl/1m3aj> [Consultado el 18 de agosto de 2015]. 7 Equivalente a 0.35 dólares estadounidenses. 8 Equivalente a 1 dólar estadounidense. 9 Véase: Valdés (2003).
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el servel. De este modo, el sistema busca que los candidatos desconozcan la identidad de los donantes.10 Finalmente, las donaciones de carácter público, que superan el tope establecido en cada distrito, deben ser efectuadas de forma pública y directa al servel. Cuadro 2 Formas de donación de personas naturales y empresas a campañas políticas en Chile Anónimas
Reservadas
Públicas
Menos de 20 uf
Entre 20 uf y tope máximo
Más de tope máximo
Quién recibe la donación
Candidato o servel
Sólo servel
Sólo servel
Identidad del donante
Candidato opta por secreto o público
Anónimo (sólo conocido p or se rv e l , no p or candidatos u opinión pública)
Público
Tope de donación
Fuente: elaboración propia con datos de Agostini (2012) y Valdés (2003 y 2012).
La Ley 19.884 también impuso límites al gasto en cada división electoral los cuales son fijados por el servel en función del número de inscritos en cada división electoral. La legislación (Ley 18884-85) establece en su artículo 4 que: Tratándose de candidaturas a senador, el límite de gasto no podrá exceder de la suma de 3000 uf, más aquella que resulte de multiplicar por cuatro centésimos de uf los primeros 200 mil inscritos, por tres centésimos de uf los siguientes 200 mil inscritos y por dos centésimos de uf los restantes inscritos en la respectiva circunscripción. Los candidatos a diputado no podrán exceder de la suma de 1500 uf, más aquella que resulte de multiplicar por tres centésimos de uf el número de inscritos en los registros electorales en el respectivo distrito.
Dado que el máximo de gasto por elector depende del número de electores, el gasto máximo por voto es superior en los distritos con menos habitantes. En una circunscripción senatorial con 200 mil electores, el límite de gasto correspondería a 11 mil uf (3 mil uf base, más 8 mil uf por los primeros 200 mil inscritos). El límite máximo de gasto por voto en esa circunscripción sería de 0.055 uf (1265 pesos chilenos por voto, calculando la uf a $23.000). En una circunscripción senatorial con 400 mil electores, el límite de gasto correspondería 10
Véase: Agostini (2012).
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a 17 mil uf (3 mil uf base, más 8 mil uf por los primeros 200 mil inscritos y 3 mil uf por los siguientes 200 mil inscritos). El límite máximo de gasto sería de 0.0425 uf, (978 pesos chilenos por voto). Y en una circunscripción con 2 millones de electores, el gasto máximo es de 0.0245 uf por elector (563 pesos chilenos por elector). La implementación de límites al gasto busca igualar las condiciones de todos los candidatos, reduce los riesgos de captura de los candidatos por parte de los posibles donantes y previene el ingreso de financiamiento ilegal.11 Si un candidato supera el límite en menos de 30%, la multa corresponde al doble del exceso en que incurrió. Si la superación del límite es entre 30% y 50%, la multa es el triple del exceso. Si se supera el límite en más de 50%, la multa corresponde al quíntuple del monto excedido. Sin embargo, el servel no cuenta con suficientes herramientas de fiscalización. Con todo, a partir de las elecciones municipales de 2004, el registro de los ingresos y gastos de los candidatos es de acceso público en el servel. Los estudios sobre los efectos del gasto en Chile diferencian entre incumbentes y desafiantes. Emulando a Green y Krasno (1988), Morales y Piñeiro (2010) reemplazan variables no disponibles en Chile -como el gasto en elecciones anteriores- pero de todos modos concluyen que los incumbentes gastan más y hacen rendir mejor su gasto. Aunque parezca contraintuitivo, los candidatos que lograron el escaño con mayor diferencia de votos incrementan su gasto con respecto a la elección anterior. Ya que la ley vigente contempla un rembolso al candidato por voto obtenido, los candidatos fuertes invierten más para obtener más votos y más dinero. El gasto parece amplificar la ventaja de los incumbentes con más tiempo en sus cargos. Morales y Piñeiro miden el gasto respecto a la cantidad de votos obtenidos (gpv), pero el rendimiento de la misma cantidad de dinero es menor en distritos donde participa poca gente; por lo tanto, los resultados dependen de la participación electoral. Incluso, si suponemos que el gasto influye sobre la participación electoral, el que las elecciones presidenciales y legislativas sean concurrentes hace que el gasto de los candidatos presidenciales influya más en la participación electoral. Así, cuando se usa el gpv, se está midiendo el efecto del gasto tanto de los candidatos presidenciales como legislativos sobre la participación y, por lo tanto, contaminando los resultados. Johnson (2011) subraya la importancia del sistema electoral binominal -dos escaños por distrito, que inducen una competencia intra más que inter coalición- para explicar los patrones de gasto en las elecciones legislativas de 2005 y 2009. A mayor ventaja del titular, mayor es la diferencia de gasto entre el titular y el desafiante de la misma lista. Ahora bien, es problemático usar la diferencia en la votación de los dos candidatos de una lista como proxy de competitividad, ya que la votación por un candidato es también función del dinero invertido en campaña. Así, la diferencia entre titular y desafiante bien pudiera ser resultado de un mayor gasto del titular y no la evidencia de una menor competitividad en el distrito. 11
Véase: Urcuyo Cossío y Moya Díaz (2009).
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Si bien Johnson mide el gasto como porcentaje del gasto total permitido (porlg), su objetivo es analizar el efecto de la incumbencia y de los distintos tipos de contribuciones a las campañas que permite la legislación. Por su parte, Agostini (2012) muestra que el gasto rinde más en los candidatos del mismo partido o coalición del presidente, así como también rinde más el gasto de los titulares. El gasto del desafiante sólo funciona como un reductor de la votación del incumbente; pero al usar el gasto total de cada candidato, el autor no controla estadísticamente por tamaño de distrito, participación electoral ni por el gasto de sus competidores en cada distrito. Un análisis de los efectos del gasto sobre incumbentes y desafiantes en 2004 y 2008 muestra que, a mayor gasto, más probabilidades de ganar (Edward, Morales y Schuster, 2012). Aunque los sistemas electorales de las elecciones legislativas y municipales sean diferentes, el gasto parece no variar en su comportamiento. El análisis muestra que el gasto rinde más en desafiantes; sin embargo, un incumbente que no gasta tiene altas probabilidades de perder. Algunos incumbentes perdedores en las elecciones de 2008, habían ganado en la elección anterior con un amplio margen, lo que los llevó a contraer su gasto en la nueva contienda; en cambio, los alcaldes incumbentes ganadores tendieron a gastar más que en las elecciones anteriores. De este modo, el gasto en el 2008 estuvo determinado por el gasto y por el porcentaje de votos del 2004. El rembolso del dinero gastado es una variable importante para incentivar el gasto en incumbentes fuertes. Este estudio mide el gasto como porcentaje del total del gasto comunal (pgt), por lo que también es endógeno al gasto de los demás candidatos. Que distintos estudios hayan llegado a conclusiones diferentes -e incluso contradictorias- se explica porque, ante la ausencia de datos para replicar los estudios realizados en otros países, los autores parten de distintos proxies y supuestos que condicionan sus conclusiones respecto al efecto del gasto en elecciones chilenas. Por ejemplo, ninguno de los autores que estudia el caso chileno aborda la obligatoriedad del voto hasta 2009, por lo que la focalización del gasto sigue lógicas diferentes que las de Estados Unidos, donde la votación es voluntaria. Mientras allí los candidatos deben promover la participación, en Chile no era una preocupación de los candidatos hasta el año 2012. De la misma forma, con la excepción de Johnson, los autores tienden a ignorar que en Chile existen límites al gasto. Finalmente, las diferencias entre el sistema electoral chileno y el estadounidense también tienden a ser ignoradas.
Metodología y datos En tanto que la participación electoral en Chile es opcional, resulta esencial aislar el componente de participación de las lógicas de gasto de los candidatos; para eso, medimos el gasto Un método no endógeno para
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respecto al límite permitido en cada unidad electoral y no respecto a los votos emitidos. De esta forma, controlamos por el tamaño de las unidades electorales y evitamos los problemas de endogeneidad que presentan los estudios que utilizan el gasto por voto (gpv) o el porcentaje del gasto total (pgt). Mientras el gpv depende de qué tanta gente participó en la elección (y por lo tanto confunde la efectividad del gasto en inducir a una mayor participación con la efectividad del gasto en inducir a la gente a que vote por el candidato que incurrió en ese gasto), el pgt hace que la efectividad del gasto del candidato dependa de cuánto gastaron los otros candidatos en el distrito. Luego, el pgt presenta un problema de endogeneidad que, a menudo, sobreestima el efecto del gasto de un candidato cuando éste gastó mucho más que sus rivales. Utilizando los datos del servel sobre gastos de campaña reportados por los candidatos después de cada elección en 2005 y 2009, calculamos el gasto de cada candidato como gasto por voto (gpv), porcentaje del gasto total (pgt) y porcentaje del límite del gasto (porlg). Calculamos el gasto de las tres formas en cada distrito para los 934 candidatos a diputados y senadores. Del total analizado, 21 candidatos superaron el límite permitido para sus circunscripciones y distritos. De ellos, 17 pertenecían a la coalición política de derecha “Alianza por Chile”12 y cuatro de ellos a la coalición de centro izquierda “Concertación de Partidos por la Democracia”.13 Cinco candidatos, todos de la Alianza, superaron el límite por más de 20%. De hecho, los 276 candidatos de la Alianza gastaron en promedio 51.7% del límite, mientras que los candidatos de la Concertación sólo gastaron un promedio de 40.6%. Si bien más adelante realizamos un análisis estadístico que nos permitirá dar cuenta de las diferencias, el gráfico 1 muestra las diferencias entre los distintos métodos de medición del gasto. Cada método es influenciado por variables distintas. Así, al identificar a los candidatos que más gastan en cada elección, obtendremos un ranking diferente con cada método. Según el método gpv, los candidatos que más gastan pertenecen a partidos pequeños o independientes que obtuvieron escasa votación. Por ende, el dinero invertido -aunque haya sido poco- se divide por un número bajo de votos. Esto resulta en que la inversión por voto obtenido sea especialmente alta y que el rendimiento del gasto sea particularmente bajo.
12
Integrada por los partidos Unión Demócrata Independiente (udi), Renovación Nacional (rn) y el Partido Regionalista Independiente (pri). 13 Integrada por los partidos Demócrata Cristiano (dc), Partido por la Democracia (ppd), Partido Radical Socialdemócrata (prds) y Partido Socialista (ps), el mapu Obrero Campesino, el Partido Liberal y otros movimientos civiles de los años 1980, hoy todos desaparecidos o fusionados en otros partidos.
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Gráfico 1 Diagrama de dispersión entre porlg y pgt
2005
2009
r2= ,954**
r2= ,931**
El eje Y representa el gasto como % del total de gasto en la unidad electoral (pgt) y el eje X el gasto como porcentaje del gasto en función del límite (porlg). N=815. Fuente: elaboración propia con datos de servel.
En cambio, el método pgt hace que el gasto dependa del dinero invertido por los otros candidatos en el distrito. Luego, los que más gastan se caracterizan por haber gastado sustancialmente más que sus competidores, lo que puede ser explicado por dos razones. Primera, que en distritos con candidatos más gastadores no hubo otros candidatos igualmente gastadores. En muchos casos, los candidatos gastaron casi tres veces más que el candidato con el segundo mayor gasto, lo que hace que crezca el pgt. La segunda explicación es que la mayor parte de los candidatos que más gastaron con pgt son incumbentes. Éstos tienen mayor acceso al financiamiento y reciben un anticipo de gasto del servel, que es mayor que el recibido por los candidatos desafiantes (cuyo anticipo se basa en la votación obtenida por el candidato de su partido en la elección anterior). Tanto el método gpv como el pgt endogeniza el gasto de un candidato al gasto de otros candidatos. En el gpv, el rendimiento del gasto de un candidato está directamente relacionado con el rendimiento del gasto de los otros candidatos. En el pgt, el gasto de cada candidato está condicionado al gasto de los otros candidatos en el distrito. Un método no endógeno para
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En cambio, el método porlg no está condicionado al gasto de los otros candidatos sino por el límite al gasto electoral, que es igual para todos los candidatos de la unidad electoral. El ranking de los más gastadores en porlg se asemeja al ranking de los candidatos que más pesos efectivamente gastaron. Esta medición también permite comparar en el tiempo y, de esta manera, solucionar el problema de la variación monetaria. Así, facilita el ejercicio de fiscalización toda vez que ayuda a identificar a los candidatos que sobrepasan los límites pero, sobre todo, evita el problema de endogeneidad. Los gráficos 1 y 2 muestran las tres formas de medir el gasto de los 815 candidatos a la Cámara en 2005 y 2009 que reportaron ingresos. El gráfico 1 muestra un diagrama de dispersión de los indicadores porlg y pgt, donde los diagramas se asemejan en aquellos candidatos que gastaron menos, pero hay variaciones altísimas en los candidatos que más lo hicieron, tanto en 2005 como en 2009. Dado el mismo nivel de gasto en pgt, hay varianzas de más de 20% en gasto en porlg. Hay candidatos que, en términos relativos, gastaron menos respecto al gasto total, pero que se acercaron más al límite de gasto en su distrito, lo que quiere decir que participaron en distritos donde otros candidatos también gastaron mucho. A su vez, hay candidatos que tienen una participación alta en el gasto total, pero están más distantes del gasto permitido; estos candidatos fueron los que más gastaron en sus distritos, pero compitieron con otros candidatos que gastaron sustancialmente menos. Si bien pgt y porlg se mueven en la misma dirección, la varianza en porlg dado el mismo nivel de pgt subraya que los dos indicadores capturan valores distintos. De hecho, mientras el pgt es endógeno al gasto de los demás candidatos en el distrito, el porlg se libera de ese problema al medir el gasto sólo respecto al número de electores en el distrito. Luego, el porlg no es endógeno al gasto de otros candidatos en el distrito. El gráfico 3 muestra diferencias significativas al comparar porlg y gpv. De hecho, hay candidatos cuyo gasto por voto fue alto, pero fue bajo como porcentaje del límite de gasto; en otras palabras, estos candidatos obtuvieron una baja votación dado su nivel de gasto. De la misma forma, hay candidatos cuyo gasto fue alto respecto al límite y cuya votación también fue alta, por lo que su gasto por voto fue relativamente bajo. La varianza en la relación entre porlg y gpv muestra el componente de endogeneidad en el gpv. Un candidato que gasta pero obtiene baja votación, tendrá un gpv más alto que uno que gasta la misma cantidad y obtiene mejor votación. Al medir en porlg, las comparaciones no dependen del desempeño electoral de cada candidato. De ahí que el uso de gpv -común en estudios clásicos en Estados Unidos, pero también presente en algunos estudios sobre el gasto en Chile- resulte inadecuado.
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Gráfico 2 Diagrama de dispersión entre pgt y gpv
2005
2009
R2= ,490**
R2= ,458**
El eje Y representa el gasto como gasto por cada voto obtenido (gpv) y el eje X representa el gasto como porcentaje del total de gasto en la unidad electoral (pgt). N=811 candidatos en elecciones a diputado (por efectos visuales, excluimos 4 casos de candidatos que tuvieron un gasto altísimo por voto). Fuente: elaboración propia con datos de servel.
Finalmente, el gráfico 2 muestra diagramas de dispersión del pgt y gpv en 2005 y 2009. Nuevamente, hay diferencias significativas. Dado el mismo pgt, hay diferencias importantes en el gpv entre distintos candidatos. Si bien en los extremos de bajo o alto gasto como pgt hay menos varianza, en niveles medios de gasto hay diferencias significativas en el gasto por voto entre distintos candidatos. El gráfico 1 muestra que al usar distintos indicadores, se presentan realidades distintas. En lo que sigue, analizamos el gasto medido como porlg. Los otros indicadores presentan problemas de endogeneidad al asociar la medición a los resultados electorales y al gasto de los otros candidatos, y por lo tanto al condicionar el gasto reportado a la efectividad del mismo y al gasto incurrido por los competidores en cada distrito.
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Chile, 2005-2009 ⎥ 115
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Gráfico 3 Diagrama de dispersión entre porlg y gpv
2005
2009
r2= ,591**
r2= ,587**
El eje Y representa el gasto como gasto por cada voto obtenido (gpv) y el eje X el gasto como % del gasto en función del límite (porlg). N=811 candidatos en elecciones a diputado (por efectos visuales, excluimos 4 casos de candidatos que tuvieron un gasto altísimo por voto). Fuente: elaboración propia con datos de servel.
Analizando el gasto en Chile con el método porlg En el Distrito 18 (Lo Prado, Cerro Navia y Quinta Normal) en la Región Metropolitana en 2005, la Alianza gastó $38.459.999 obteniendo 24.0% de los votos, pero no logró evitar que la Concertación se quedara con los dos escaños -doblaje-14 del distrito. En 2009, el gasto 14
En Chile se utiliza el sistema binomial para asignar escaños en las elecciones legislativas. Cada distrito o circunscripción senatorial escoge dos asientos. A diferencia de los sistemas mayoritarios, los sistemas proporcionales distribuyen los beneficios entre ganadores y perdedores. Pero el chileno es el menos proporcional de todos los de su tipo. Buscando asegurar la representación de los partidos más pequeños, gana el primer cupo la más alta votación y se reserva el segundo para el que obtiene la segunda mayoría. Pero como cada distrito posee solamente dos escaños, el número de espacios para los partidos minoritarios es idéntico al que se le asignan al que más votos obtiene. Si el que obtiene el primer lugar logra una mayoría lo suficientemente amplia de votos -más del doble de los obtenidos por las restantes coaliciones o partidos-, ese partido o conglomerado se lleva los dos escaños. Esto es lo que en Chile se conoce comúnmente como “doblaje” (N. de la E.).
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de la Alianza se incrementó a $193.697.716, rompiendo el doblaje y logrando que los dos escaños se distribuyeran entre la Alianza y la Concertación. El cuadro 3 muestra el gasto de los candidatos a diputados por partidos y coaliciones en el 2005 en porlg. La Alianza presenta un gasto promedio por distrito de 46.5%, mientras que la Concertación gasta en promedio sólo 40.4%. La udi es el partido que más gasta (55.9%). Le sigue el Partido Radical Socialdemócrata (prsd), con 47.5%. Al tener candidatos en sólo nueve distritos, los recursos del prsd se pudieron distribuir entre menos candidatos. El resto de los partidos tiene niveles de gasto similar, entre 36 y 41% del porlg. Las coaliciones y partidos tienden a gastar más en sus candidatos exitosos que en aquellos derrotados. De hecho, los 120 ganadores de 2005 gastaron en promedio 53.4%, mientras que los 266 perdedores gastaron sólo 17.6%. Naturalmente, la presencia de candidatos testimoniales y de partidos pequeños baja el porlg de los perdedores. Los 54 ganadores de la Alianza gastaron 59.9%, mientras que los 65 ganadores de la Concertación gastaron 48.5%. La udi es el partido que más se acerca al límite de gasto en sus candidatos ganadores (62.9%) pero también entre sus perdedores (47%). De hecho, los perdedores udi en 2005 gastaron lo mismo que los ganadores del Partido por la Democracia (ppd) y del Partido Socialista (ps). Tanto ganadores como perdedores de la Alianza gastaron más que los candidatos de la Concertación, pero la razón entre ganadores y perdedores en la Alianza (1.7 veces) es similar a la observada en la Concertación (1.6 veces). Como muestra el cuadro 4, la udi repitió como el partido que más gastó en las campañas de 2009 para diputados (68.1%). A diferencia de 2005, cuando los ganadores udi gastaron sustancialmente más que los perdedores, en 2009 hubo una mínima diferencia en el gasto de sus ganadores (69.2%) y perdedores (66%). En Renovación Nacional (rn), en cambio, el gasto fue sustancialmente mayor entre los ganadores (58.5%) que entre los perdedores (33.2%). Así, aunque hubo mayor gasto en los ganadores de la Alianza (64.2%) que en sus perdedores (42%), los patrones de gasto en rn fueron diferentes que en la udi. En la Concertación, el gasto fue superior en ganadores (48.3%) que en perdedores (31.9%). Pero ambos gastaron menos que los candidatos respectivos de la Alianza. El ppd fue el partido que más gastó (45.6%), con sus ganadores (48.4%) y perdedores (40%) superando el promedio de todos los candidatos de la Concertación. El Partido Comunista de Chile (pc) presentó la mayor diferencia en gasto entre ganadores y perdedores en 2009. Los tres candidatos pc electos gastaron en promedio 68.3% (apenas por debajo del gasto de los ganadores udi), mientras que los seis perdedores pc apenas gastaron 13.4%. Aparentemente, el pc concentró su gasto en sus candidatos más fuertes. Aunque en general el gasto en porlg no varió respecto a 2005, algunos partidos -como la udi y el pc- aumentaron sustancialmente su gasto en 2009.
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Cuadro 3 Gasto en porlg por partido y coalición, diputados, 2005 Partido/ Coalición
# ganadores
# perdedores
Gasto promedio en porlg
Gasto promedio en porlg
# total
Gasto promedio en porlg
rn
19
52.0
31
28.2
50
37.2
udi
33
62.9
26
47.0
59
55.9
Otros Alianza
2
86.8
9
27.2
11
38.0
Total Alianza
54
59.9
66
35.4
120
46.5
pdc
20
54.1
36
31.0
56
39.2
ppd
21
45.0
6
30.2
27
41.7
prsd
7
49.6
2
40.4
9
47.5
15
45.3
6
26.3
21
39.8
Otros Concertación
2
50.8
5
31.0
7
36.6
Total Concertación
65
48.5
55
30.7
120
40.4
jp (pc y otros)
0
-
114
4.0
114
4.0
Otros
1
15.9
31
6.6
32
6.9
120
53.4
266
17.6
386
28.7
ps
Total
Fuente: elaboración propia con datos del Servicio Electoral.
118 ⎥ Sergio Acevedo
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Cuadro 4 Gasto en porlg por partido y coalición, diputados, 2009 Partido/ Coalición
# ganadores
Gasto promedio en porlg
# perdedores
Gasto promedio en porlg
# total
Gasto promedio en porlg
rn
18
58.5
33
33.2
51
42.1
udi
37
69.2
19
66.0
56
68.1
Otros Alianza
3
36.9
10
25.5
13
28.2
Total Alianza
58
64.2
62
42.0
120
52.7
pc
3
68.3
6
13.4
9
31.7
pdc
19
50.7
20
36.4
39
43.3
ppd
18
48.4
9
40.0
27
45.6
prsd
5
42.4
9
22.7
14
29.7
ps
11
44.2
13
34.5
24
38.9
Otros Concertación
1
15.4
6
31.5
7
29.2
Total Concertación
57
48.3
63
31.9
120
39.7
Otros
5
39.3
184
5.7
189
6.6
Total
120
55.6
309
18.6
429
29.1
Fuente: elaboración propia con datos del Servicio Electoral. El cuadro 5 muestra el gasto de candidatos al Senado en 2005 en porlg. Los 65 candidatos gastaron en promedio 34.3%; pero los ganadores 63.6%. Los candidatos de la Alianza gastaron más (65.8%) que los de la Concertación (47.1%); a su vez, los ganadores de la Alianza también gastaron más (80.8%) que los de la Concertación (55.4%). Los cinco ganadores de la udi superaron el tope permitido, al promediar 100.3%. El partido que menos gastó en sus candidatos al Senado fue el ps (38.1%). Entre los ganadores, los cuatro senadores electos del ps promediaron 47.2%. El cuadro 5 también muestra el gasto de los 53 candidatos al Senado en 2009. El gasto promedio aumentó respecto a 2005, de 34.3% a 41.4%, y aumentó el gasto entre ganadores (70.2%) y entre perdedores (26.6%); pero en la Alianza disminuyó respecto a 2005, pasando de 65.8% a 62.5%. Entre los ganadores, el gasto cayó de 80.8% a 73.8%. Si bien el gasto de Un método no endógeno para
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Chile, 2005-2009 ⎥ 119
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los ganadores udi subió hasta 104.1%, el que en 2009 hubiera sólo tres ganadores udi -a diferencia de los cinco de 2005- hizo bajar el gasto promedio de los ganadores en la Alianza. Al considerar el porlg, incorporamos las diferencias en tamaño de circunscripciones senatoriales. La disminución en el gasto promedio de los candidatos senatoriales de la Alianza se explica por una menor presencia de candidatos ganadores udi. En la Concertación, el gasto promedio de los candidatos senatoriales subió de 47.1% en 2005 a 50.5% en 2009. Esto se explica por un aumento en el gasto de los ganadores de la Concertación, que llegó a 66.5%; en cambio, el de los perdedores en la Concertación apenas cambió respecto a 2005, pasando de 36.9% a 36%. La Concertación concentró mejor su gasto en ganadores. Pero esto pudo deberse a la distribución de cupos para los distintos partidos. Al aumentar los candidatos ppd de dos a cuatro y bajar los candidatos ps de seis a cuatro, y al incrementarse también los ganadores ppd de uno a tres, aumentó el gasto promedio de los candidatos de la Concertación simplemente porque había más candidatos ppd, que en general gastan más que los ps. La razón de gasto entre los candidatos ganadores y perdedores al Senado fue de 2.94 en 2005 y 2.63 en 2009, similar a la razón observada entre ganadores y perdedores en diputados en 2005 y 2009. Aunque hay variaciones por partido entre ganadores y perdedores, y entre distintos partidos y coaliciones, los ganadores tienden a gastar casi tres veces más que los perdedores. Los candidatos udi, independientemente de ganar o perder, gastan más que los candidatos de rn y que los candidatos de la Concertación. El cuadro 6 muestra el gasto en porlg en relación a la condición de incumbente y desafiante en 2005 y 2009. En 2005, los 92 incumbentes gastaron más (52.9%) que los 294 desafiantes (21.2%), mientras que en 2009 los 94 incumbentes gastaron un poco más (52.7%) que en 2005, pero también aumentó marginalmente el gasto de los 331 desafiantes (22.4%). Los incumbentes de la Alianza gastaron más que los de la Concertación en 2005, 59.9% y 47.1% respectivamente; en cambio, para 2009 los de la Alianza aumentaron su gasto a 62.1%, pero el gasto de los incumbentes de la Concertación bajó marginalmente a 44.6%. En 2005, los desafiantes de la Alianza (39.2%) y de la Concertación (35.5%) gastaron menos. En 2009, los desafiantes de la Alianza y de la Concertación gastaron más que en 2005, 46.7% y 36.9% respectivamente. En general, cuando los desafiantes gastan más, aumenta también el gasto de los incumbentes.
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Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales⎥ Universidad Nacional Autónoma de México Nueva Época, Año LX, núm. 225 ⎥ septiembre-diciembre de 2015 ⎥ pp. 103-132⎥ ISSN-0185-1918
Cuadro 5 Gasto sobre límite permitido por partido y coalición, Senado, 2005-2009 Partido/Coalición
2005 rn udi Otros Alianza Total Alianza pdc ppd prsd ps Otros Concertación Total Concertación JP (pc y otros) Otros Total 2009 rn udi Otros Alianza Total Alianza pc pdc ppd prsd ps O t r o s Concertación Total Concertación Otros Total
# ganadores
Gasto # Gasto # total promedio en perdedores promedio en porlg porlg
Gasto promedio en porlg
3 5 0 8 5 1 1 4 0
52.9 100.3 80.8 57.0 67.3 68.4 47.2 -
3 4 4 10 4 1 1 2 1
38.5 83.1 31.2 54.9 62.1 23.0 13.5 19.9 7.2
6 9 4 19 9 2 2 6 1
45.7 94.6 31.2 65.8 59.3 45.2 41.0 38.1 7.2
11 0 1 20
55.4 14.6 63.6
9 20 6 45
36.9 2.3 1.5 21.5
20 20 7 66
47.1 2.3 3.4 34.3
6 3 0 9 0 4 3 0 2 0
58.7 104.1 73.8 80.6 57.6 51.9 -
2 3 3 8 0 4 1 2 2 0
12.6 72.4 51.9 49.7 37.7 75.1 28.0 39.3 -
8 6 3 17 0 8 4 2 4 0
47.2 88.2 51.9 62.5 59.1 61.9 28.0 45.6 -
9 0 18
66.5 70.2
9 18 35
36.0 12.1 26.6
18 18 53
50.5 12.1 41.4
Fuente: elaboración propia con datos del Servicio Electoral.
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medir el gasto electoral en
Chile, 2005-2009 ⎥ 121
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En la Alianza, los incumbentes y desafiantes udi gastan más que sus pares rn. Incluso, en 2005 los 34 desafiantes udi gastaron en promedio casi lo mismo (51.5%) que los 14 incumbentes de rn (55.1%). El gasto de los desafiantes udi en 2005 superó al gasto de los incumbentes de la Concertación (47.1%). Aunque hubo diferencias en el gasto de incumbentes entre partidos de la Concertación, el promedio de gasto de los desafiantes udi superó a cada uno de los partidos de la Concertación. En 2009, los candidatos udi volvieron a ser los que más gastaban, superando en incumbentes y desafiantes a sus pares de rn y a los candidatos de la Concertación. De hecho, los 31 desafiantes udi gastaron más que los 21 incumbentes de rn y que los 43 incumbentes de la Concertación. Si bien los datos confirman que los incumbentes gastan más que los desafiantes, el comportamiento de los candidatos udi se aleja de ese patrón. Tanto los incumbentes como los desafiantes udi gastan más que los candidatos de todos los otros partidos. Es más, los desafiantes udi gastan incluso más que los incumbentes de los otros partidos.
Cuadro 6 Gasto por condición de titularidad, por partidos, diputados, 2005-2009 Partido/ Coalición
Incumbentes #
Gasto promedio en porlg
Desafiantes #
Gasto promedio en porlg
2005 rn
14
55.1
36
30.3
udi
25
61.8
34
51.5
Otros Alianza
3
66.2
8
27.4
Total Alianza
42
59.9
78
39.2
pdc
20
48.6
36
34.0
ppd
16
45.6
11
36.0
prsd
5
50.5
4
43.8
ps
8
41.9
13
38.6
Otros Concertación
1
68.2
6
31.3
Total Concertación
50
47.1
70
35.5
JP (pc y otros)
0
-
114
4.0
Otros
0
-
32
6.9
Total
92
52.9
294
21.2
122 ⎥ Sergio Acevedo
revista 225.indb 122
y
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(continuación) Partido/ Coalición
Incumbentes #
Gasto promedio en porlg
Desafiantes #
Gasto promedio en porlg
2009 rn
21
54.8
30
33.2
udi
25
69.4
31
67.0
Otros Alianza
1
30.1
12
28.0
Total Alianza
47
62.1
73
46.7
pc
0
-
9
31.7
pdc
14
49.6
25
39.8
ppd
13
44.5
14
46.6
prsd
6
40.2
8
21.9
ps
10
40.4
14
37.9
Otros Concertación
0
-
7
29.2
Total Concertación
43
44.6
77
36.9
Otros
4
29.1
185
6.1
Total
94
52.7
335
22.4
Fuente: elaboración propia con datos del Servicio Electoral. En el Senado, donde el número de escaños a escoger es menor (20 en 2005 y 18 en 2009), el gasto presenta más variación. Como muestra el cuadro 7, los desafiantes de la Alianza gastaron más (64.6%) que los incumbentes y desafiantes de la Concertación (51.9% y 45.0%, respectivamente). En 2009, los incumbentes de la Alianza superaron ampliamente (83.2%) a los desafiantes (48.0%); pero los desafiantes udi igual gastaron más (61.7%) que los incumbentes rn (58.9%). Como es común que en la Alianza se enfrente un incumbente de un partido a un desafiante del otro, los candidatos udi tienen un gasto mayor que los rn independientemente de su condición de incumbente o desafiante. En la Concertación en 2009, sólo hubo tres incumbentes. Su promedio de gasto fue inferior al de los desafiantes. Pero como en seis de las nueve circunscripciones sólo hubo desafiantes, sería erróneo cuestionar las hipótesis según la cual los incumbentes gastan más que los desafiantes.
Un método no endógeno para
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medir el gasto electoral en
Chile, 2005-2009 ⎥ 123
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Cuadro 7 Gasto por condición de titularidad, por partidos, Senado, 2005-2009 Partido/Coalición
# incumbente
Gasto promedio en porlg
# desafiante
Gasto promedio en porlg
2005 rn
4
26.4
2
84.1
udi
4
108.4
5
83.6
Otros Alianza
0
-
4
31.2
Total Alianza
8
67.4
11
64.6
pdc
5
57.7
4
61.2
ppd
1
23.0
1
67.3
prsd
0
-
2
41.0
ps
0
-
6
38.1
Otros Concertación
0
-
1
7.2
Total Concertación 6
51.9
14
45.0
JP (pc y otros)
0
-
20
2.3
Otros
0
-
7
3.4
Total
14
60.8
52
27.1
rn
3
58.9
5
40.2
udi
4
101.5
2
61.7
Otros Alianza
0
-
3
51.9
Total Alianza
7
83.2
10
48.0
pc
0
-
0
-
pdc
0
-
8
59.1
ppd
0
-
4
61.9
prsd
1
17.6
1
38.4
ps
2
39.3
2
51.9
Otros Concertación
0
-
0
-
Total Concertación 3
32.1
15
53.9
Otros
0
-
18
9.5
Total
10
67.9
43
35.2
2009
Fuente: elaboración propia con datos del Servicio Electoral.
124 ⎥ Sergio Acevedo
revista 225.indb 124
y
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Aunque el género de los candidatos pudiera también influir en el gasto en campaña, para Chile no hay evidencia concluyente al respecto. Esto se debe a que hay pocas candidatas y la mayoría de ellas se presenta en listas alternativas a las dos grandes coaliciones. En 2005, se presentaron 64 candidatas y 322 candidatos a la Cámara. Su gasto promedio fue levemente inferior (27.8%) al de los hombres (28.9%). En 2005 y 2009, las candidatas de la Alianza gastaron más que los candidatos; lo opuesto ocurrió en la Concertación. Si bien la Concertación tradicionalmente ha mantenido posturas favorables a la inclusión de las mujeres en el legislativo, la Alianza parece hacer más esfuerzos para que sus mujeres ganen escaños. En 2009, de los 429 candidatos, sólo 72 fueron mujeres. El gasto de los hombres (30%) aumentó levemente, mientras que el de las mujeres bajó respecto a 2005 (24.9%). Ese año, las mujeres de la Alianza gastaron más que los hombres de su coalición, pero también más que los hombres de la Concertación. Las mujeres de la Concertación fueron las que menos lo hicieron. El cuadro 8 muestra el gasto en porlg diferenciando por distritos donde una coalición gana los dos escaños -doblaje-. En 2001, se produjeron cinco doblajes, cuatro favorables a la Concertación. Reducir el número de doblajes siempre es el objetivo de la coalición minoritaria. En 2005, la Concertación gastó 49.2% en sus ocho candidatos en los cuatro distritos donde defendía doblajes, mientras que la Alianza gastó 39.6%. Respecto al gasto promedio de sus candidatos en los 60 distritos (40.4%), la Concertación gastó 10 puntos porcentuales más en los distritos donde defendía doblajes, mientras que la Alianza gastó 39.6% en esos distritos, casi 7 puntos porcentuales menos de lo que gastó la Concertación en distritos donde no defendía doblajes (46.5%). En el cuadro 8 queda en evidencia que la Concertación buscó proteger sus distritos con doblajes, mientras que la Alianza no hizo esfuerzos por revertir los doblajes de 2001 en la elección de 2005. En 2009, en cambio, la Alianza focalizó un gasto mayor en distritos donde la Concertación defendía doblajes. En los seis distritos donde la Concertación obtuvo ambos escaños en 2005, la Alianza gastó en promedio 65.7% en sus dos candidatos. Esto es cerca de 15 puntos porcentuales por sobre lo que gastó la Alianza en los distritos donde no se habían presentado doblajes en 2005. Si bien la Concertación también gastó más en aquellos distritos en los que defendía doblajes (48.2%) que en aquellos donde no (39.1%), la enorme superioridad del gasto de la Alianza en los distritos de doblaje concertacionista ayuda a explicar por qué ese año la Concertación fue incapaz de mantener sus doblajes. Los 57 diputados electos de la Concertación representaron a 57 distritos distintos. El único doblaje que se produjo en 2009 fue en el distrito 23, donde la Alianza ha doblado históricamente. Si bien la Concertación buscó evitar el doblaje en 2005 en el distrito 23 (al gastar 39.7%), en 2009 el gasto de la Concertación en ese distrito fue de sólo 26.2%, evidenciando las pocas expectativas de esa coalición de romper el histórico doblaje aliancista. Un método no endógeno para
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Chile, 2005-2009 ⎥ 125
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Cuadro 8 Gasto en distritos donde una coalición ganó ambos escaños, diputados, 2005-2009 Tipo de distrito
# Distritos
Gasto promedio Concertación porlg
Gasto promedio Alianza porlg
Promedio ambas coaliciones porlg
Doblajes en 2001 / Candidaturas 2005 Doblaje Concertación 2001
4
49.2
39.6
44.4
Doblaje Alianza 2001
1
39.7
58.5
49.1
Sin doblaje 2001
55
39.7
46.7
43.2
Total
60
40.4
46.5
43.4
Doblajes en 2005 y candidaturas en 2009 Doblaje Concertación 2005
6
48.2
65.7
57.0
Doblaje Alianza 2005
1
26.2
69.9
48.0
Sin doblaje 2005
53
39.1
51.2
45.2
Total
60
39.7
52.7
46.2
Fuente: elaboración propia con datos del Servicio Electoral
Para demostrar que las distintas formas de medir el gasto conducen a conclusiones distintas, analizamos el efecto del gasto sobre la votación en Chile en 2005 y 2009. El cuadro 9 muestra tres regresiones con las mismas variables explicativas sobre el porcentaje de votos, pero usando las tres formas distintas que hemos expuesto para mostrar las diferencias entre los resultados. Usamos los datos de los 815 candidatos a la Cámara en 2005 y 2009. Las variables explicativas son las que normalmente se usan para dar cuenta del efecto del gasto sobre la votación del candidato. Se utilizan variables dummy para identificar a los candidatos de la Alianza y de la Concertación, ya que estas coaliciones obtienen alrededor de 95% de 126 ⎥ Sergio Acevedo
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y
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los escaños. También identificamos a los candidatos incumbentes y a aquellos que se presentan en distritos donde se produjo un doblaje a favor de alguna coalición en elecciones anteriores. Como ya explicamos antes, el sistema de gpv está en función de la participación electoral: a mayor participación electoral, menor el gpv. Por eso, incorporamos también la participación electoral en cada distrito como variable explicativa. Si bien la capacidad explicativa de los tres modelos es similar, la variable gasto tiene efectos de signo distinto cuando usamos porlg y pgt que cuando usamos gpv. Como el gpv depende parcialmente de la participación electoral, cuando controlamos por participación electoral, su efecto es negativo; es decir, a mayor participación, menor es la influencia del dinero sobre los votos. Esto vuelve a comprobar lo problemático que resulta utilizar gpv para evaluar los efectos del gasto o su eficacia, pues la participación electoral, al no importar en la construcción de los indicadores pgt y porlg, no resulta significativa en estos modelos. Adicionalmente, ya que incluimos una variable dummy que identifica a aquellos que superan el gasto máximo permitido en cada distrito, podemos evaluar que el efecto de gasto excesivo tiene signos distintos cuando se mide el gasto como gpv y cuando se mide como porlg y pgt. El efecto de gasto excesivo es negativo sobre la votación del candidato cuando se mide en porlg y pgt. En cambio, cuando se mide en gpv tiene un efecto positivo. Eso bien nos pudiera llevar a la conclusión de que a mayor gasto, mejores resultados, no considera ni el tamaño del distrito ni que los candidatos que gastan poco y reciben todavía menos votos distorsionen los resultados. Como el dicho “depende de con qué vara se mida”, el efecto del gasto en campaña tendrá signos y magnitudes diferentes dependiendo de qué indicador se utilice. Como tanto el gpv como el pgt tienen problemas de endogeneidad -que por cierto pueden ser parcialmente solucionados con sofisticadas herramientas estadísticas-, sugerimos que es más apropiado el uso del porlg como forma de medir el gasto en campaña en países donde existen límites para esto. El efecto del pgt tiene una magnitud superior que el del porlg, ya que el pgt endogeniza el gasto de otros candidatos. Así, para un candidato que gasta mucho en un distrito donde otros candidatos gastan muy poco, el efecto del gasto aparece sobrevalorado cuando se usa pgt; en cambio, como el porlg indexa el gasto al tamaño del distrito y no lo hace dependiente de lo que gastan otros candidatos en el mismo distrito, el efecto del gasto en el resultado sigue siendo positivo, pero con una magnitud menor. Los tres modelos tienen un alto valor explicativo. Esto es producto del efecto de los variables dummy Alianza y Concertación. Como ambas coaliciones concentran 95% de los escaños y sus candidatos concentran las votaciones más altas, el r2 de los modelos es alto. Si excluimos esas variables dummy de control, el r2 disminuye sustancialmente, pero el efecto del gasto, en todos los modelos, disminuye en significancia ya que se agrupan demasiados casos de muchos candidatos marginales con poco gasto y poca votación (ver gráficos 1 y 2). Un método no endógeno para
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Chile, 2005-2009 ⎥ 127
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Cuadro 9 Regresión ols sobre % de votos con distintas formas de medir el gasto Modelo gpv
Modelo pgt
Modelo porlg
Doblaje en elección anterior
1.025 (.785)
.604 (.642)
-.460 (.677)
Dummy Alianza
11.182** (.628)
1.491 (.662)
3.120** (.670)
Dummy Concertación
14.468** (.606)
7.043** (.603)
8.280** (.670)
Incumbencia
11.387** (.609)
7.460** (.540)
9.028** (.546)
gpv
-.001** (.000)
--
--
pgt
--
.480** (.024)
--
porlg
--
--
.201** (.012)
Dummy candidatos que superan límite de gasto 5.184* (1.878)
-3.760 (1.571)
-8.657** (1.762)
Participación (válidos/Inscritos)
-.015 (.053)
.005 (.043)
.004 (.045)
Constante
5.476
1.745
2.082
r
.682
.784
.762
r ajustado
.679
.783
.760
N
815
815
815
2 2
*significativo al 0.01 **significativo al 0.01. Fuente: elaboración propia con datos del servel.
Conclusión El gasto en campaña es una variable central a la hora de evaluar su éxito. Aunque existen dos corrientes teóricas que discrepan sobre sus efectos, ambas coinciden en que el gasto ayuda a conseguir votos. Sin embargo, las inferencias de estos estudios dependen en gran medida del método que utilicen para medir el gasto. Para el caso de los países donde existen límites al gasto en campaña -como Chile- es preferible medir el gasto como porcentaje del 128 ⎥ Sergio Acevedo
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total permitido en cada unidad electoral (porlg), pues las mediciones alternativas endogenizan el gasto a otras variables. Así, por ejemplo, medir el gasto por voto (gpv) hace que éste dependa de los votos obtenidos por cada candidato y de la participación electoral; mientras que medir el gasto como porcentaje del total (pgt), hace que la valoración de su efectividad dependa también del gasto que hicieron los otros candidatos y de su propia efectividad. El método porlg permite que el gasto no dependa de otras variables, pues aunque nuestro indicador de gasto depende de cuánto es permitido gastar en cada unidad electoral, esta variable influye a todos los candidatos por igual. El gasto de cada candidato no depende de cuánto hayan gastado sus competidores o de cuántos votos obtuvo. Con este método se puede explorar si el gasto de los rivales en una elección tiene relación con el gasto de cada candidato para influir en la participación electoral en cada distrito; adicionalmente, se puede evaluar si las variaciones en el gasto de los rivales tienen efectos en la votación del candidato, controlado por su propio nivel de gasto. Así, podremos evaluar de forma independiente el efecto en el aumento del gasto de los rivales sobre la votación de candidatos que también aumentan, mantienen o incluso disminuyen su nivel de gasto individual. En el contexto de los recientes escándalos políticos asociados al financiamiento ilegal de campañas en Chile, nuestro método permite identificar el posible uso de mecanismos irregulares de financiamiento, ya sea porque superan el límite o porque, dado sus resultados electorales, su gasto se aleja del patrón predicho por el rendimiento del gasto de otros candidatos con niveles similares de gasto. Por cierto, este método también permite evaluar los límites de gasto establecidos por servel. Hemos mostrado que los casos que superan el límite de gasto se concentran en candidaturas senatoriales. En general, tanto en 2005 como en 2009 los candidatos gastaron en promedio sólo un cuarto del total permitido a nivel nacional, por lo que reducir los topes máximos de gasto no afectará el nivel de gasto reportado de la mayoría de los candidatos. A partir de estos datos, sugerimos que el camino a seguir se centre en la fiscalización del gasto efectivo y no en reducir los límites al gasto reportado. Salvo para algunos casos -que en general se concentran en candidatos de la udi y de la Alianza- los candidatos a diputados en Chile reportan gastos muy por debajo de los límites permitidos. En breve, nuestra contribución metodológica complementa y refina el conocimiento que ya se poseía sobre la forma en que el gasto afecta los resultados electorales, pero también abre una línea de investigación que permite evaluar otros aspectos de la dinámica que relaciona el gasto en campañas con el desempeño electoral.
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y
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Igualdad religiosa y reconocimiento estatal: instituciones y líderes evangélicos en los debates sobre la regulación de las actividades religiosas en Argentina, 2002-2010 Religious Equality and State Recognition: Institutions and Evangelical Leaders inside the Debates on Regulation of Religious Activities in Argentina, 2002-2010 Marcos Carbonelli∗ Daniel Eduardo Jones∗∗ Recibido el 30 de julio de 2014 Aceptado el 29 de enero de 2015
RESUMEN
ABSTRACT
La igualdad religiosa fue el principal reclamo político de los evangélicos en Argentina en la década de 1990. En este artículo se analiza lo sucedido con este reclamo en el período 2002 y 2010, tomando como eje la discusión de los proyectos de ley sobre actividades e instituciones religiosas en Argentina. Se plantea que ningún proyecto fue aprobado en aquel período
Religious equality was the main political demand of Evangelists in Argentina in the decade of 1990. This article analyzes the repercussions of this demand between 2002 and 2010, focusing on the discussion of the proposed bills on religious activities and institutions in Argentina. We assume that none of the projects were approved during that period due to the emergence
∗ Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, maestro en Ciencia Política por la Universidad de San Martín y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Investigador asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con sede en el Centro de Investigaciones Laborales (Argentina). Sus líneas de investigación son: religión y política, y religión y violencia. Entre sus publicaciones destacan: “Los evangélicos en la arena política del Conurbano. Dilemas y horizontes de una apuesta religiosa territorial” (2014); “Evangélicos, globalización y política en Argentina. Intervenciones públicas y misión divina” (2014) y “Evangélicos y política: tensiones en torno a la libertad e igualdad religiosa en Argentina” (2012). Correo electrónico: m_a.carbonelli@yahoo. com.ar ∗ ∗ Licenciado en Ciencia Política y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina). Sus líneas de investigación son: sexualidad, política y religión. Entre sus últimas publicaciones destacan: “La política sexual y las creencias religiosas: el debate por el matrimonio para las parejas del mismo sexo. Argentina, 2010” (2015); “De la resistencia a la militancia: las Iglesias evangélicas en la defensa de los derechos humanos (1976-1983) y el apoyo al matrimonio igualitario (2010) en Argentina” (2014); “Derechos reproductivos y actores religiosos: los evangélicos frente al debate sobre la despenalización del aborto en la Argentina contemporánea (1994-2011)” (2013). Correo electrónico: danielprotestantes@ gmail.com
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a causa del surgimiento de controversias sobre la definición de la agenda pública evangélica, el mantenimiento de la oposición católica y la escasa recepción de esta demanda en la dirigencia política argentina. En términos metodológicos, se reconstruyen los debates alrededor de la igualdad religiosa por medio de varias fuentes de información: a) proyectos de ley presentados; b) noticias sobre éstos y sobre la igualdad religiosa en los principales diarios nacionales y la prensa evangélica, y c) entrevistas en profundidad a referentes evangélicos que participaron en la discusión de dichos proyectos. Se concluye que lo acontecido en aquel período visibilizó las fracturas internas del espacio evangélico, los límites de su proyección política y el mantenimiento de la hegemonía católica en el plano de las relaciones político religiosas en Argentina.
of controversies around the definition of the Evangelists’ public agenda, the perseverance of the Catholic opposition, and the low reception of this demand by the political leadership in Argentina. Methodologically, the debates are rebuilt around religious equality through different information sources: a) proposed bills presented; b) news about these bills and the religious equality in the main national newspapers and evangelical press; and c) in-depth interviews with evangelical pacesetters that participate in the discussion of such projects. We conclude that the events that took place during that period conferred visibility to the internal fractures of the evangelical space, to the limits of their political projection and the preservation of the Catholic hegemony in the political-religious relationships in Argentina.
Palabras clave: igualdad religiosa; organizaciones evangélicas; regulación jurídica del campo religioso; Argentina.
Keywords: religious equality; evangelical organizations; legal regulation of religion; Argentina.
Introducción En Argentina, la Iglesia católica posee privilegios legales frente al resto de las instituciones religiosas. Si bien el catolicismo no es la religión oficial, la Constitución Nacional (artículo 2°) establece que el Estado sostiene el culto católico y, a su vez, como organización religiosa constituye la única persona jurídica de derecho público (ley 17.711 del Código Civil). Los creyentes de las otras confesiones encuentran amparada su libertad de culto por la Constitución Nacional (artículos 14° y 20°), pero si sus organizaciones desean ser reconocidas estatalmente deben tramitar su inscripción en el Registro Nacional de Cultos (no católicos), creado por la ley 21.745 de 1978, y en la Inspección General de Justicia (como cualquier otro tipo de organización que requiera personería jurídica). Las desigualdades entre el catolicismo y las restantes confesiones tornaron a la igualdad religiosa en un reclamo significativo para los evangélicos, actualmente 9% de la población de Argentina (Mallimaci, Esquivel y Giménez Béliveau, 2009). La demanda de igualdad 134 ⎥ Marcos Carbonelli
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aglutinó políticamente al campo evangélico en la década de 1990, concitando estudios sobre la constitución de un movimiento social evangélico1 y las posiciones de sus federaciones e iglesias sobre la regulación estatal de los credos entre 1980 y 2001.2 Pese a que la igualdad religiosa ha ocupado un lugar central en la agenda reciente de las organizaciones evangélicas, no encontramos trabajos sobre lo sucedido luego del 2001 en Argentina. ¿Qué proyectos de ley circularon entonces? ¿Qué papeles desempeñaron las instituciones y los líderes evangélicos en su elaboración y discusión? Hallamos que entre 2004 y 2010, bajo las administraciones kirchneristas, el Poder Ejecutivo Nacional3 convocó a diversos actores religiosos para discutir un proyecto de regulación de las actividades e instituciones religiosas que lograse el consenso de las partes involucradas. Si bien durante este tiempo la Secretaría de Culto de la Nación sostuvo el diálogo casi permanentemente y anunció varios anteproyectos, ninguno alcanzó estado parlamentario (aunque el kirchnerismo contó con grandes bloques en ambas cámaras); tampoco lograron estado parlamentario los anteproyectos de las federaciones que componen el Consejo Nacional Cristiano Evangélico (cnce): la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (aciera), la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (faie) y la Federación Confraternidad Evangélica Pentecostal (fecep). En este sentido, una diputada evangélica tuvo mayor éxito con su bloque unipersonal -Cynthia Hotton- pues en 2010 logró discutir su anteproyecto en las comisiones legislativas, obtuvo dictamen favorable y adquirió así estado parlamentario; sin embargo, no llegó a tratarse en el recinto y perdió dicho estado a causa de ciertas dinámicas que abordamos más adelante. Identificar esta sumatoria de iniciativas fallidas nos suscitó nuevos interrogantes: ¿Qué factores operaron en el fracaso de las propuestas de la secretaría de culto y de las federaciones evangélicas? ¿Qué clivajes se configuraron en el campo evangélico a causa de estos proyectos? ¿La falta de acuerdo sobre qué puntos y/o entre quiénes obstaculizó su avance legislativo? ¿Qué otros elementos pudieron haber desalentado su aprobación? Este artículo tiene dos objetivos: por un lado, caracteriza qué actores participaron y cómo en la elaboración y debate de los principales proyectos de regulación de actividades e instituciones religiosas en Argentina entre 2002-2010;4 por otro lado, explica por qué razones ninguno se convirtió en ley a través de la reconstrucción de los intereses y conflictos alrededor de la igualdad religiosa, con particular atención al campo evangélico. 1
Véase: Marostica (1997). Véase: Wynarczyk (2009). 3 Néstor Kirchner fue presidente de 2003 a 2007 y Cristina Fernández de Kirchner desde 2007 hasta 2015 (reelecta en 2011). 4 Partimos de 2002 porque el pormenorizado estudio de Wynarczyk (2009) abarca hasta 2001, y llegamos a 2010, en tanto que ese año se da la última polémica relevante (hasta la fecha) sobre un proyecto de ley de actividades e instituciones religiosas. 2
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Este artículo se basa en cuatro fuentes de información: a) las investigaciones empíricas sobre el movimiento social evangélico y sus intervenciones en la arena pública en la Argentina (particularmente, entre 1980 y 2001); b) los proyectos de ley sobre actividades e instituciones religiosas presentados públicamente por la Secretaría de Cultos, legisladores/ as nacionales o iglesias y federaciones evangélicas entre 2002 y 2010; c) las noticias sobre éstos y en general sobre la igualdad religiosa en los principales diarios nacionales (Clarín, La Nación y Página 12) y en la prensa evangélica interdenominacional (El Puente y Pulso Cristiano) del mismo período; y d) entrevistas individuales en profundidad a referentes evangélicos participantes de la elaboración y/o discusión de los proyectos. Estas últimas tres fuentes -recolectadas y/o producidas por los autores del artículo- fueron analizadas siguiendo los interrogantes planteados en la introducción. En el primer apartado describimos la regulación jurídica del campo religioso en Argentina, y en el segundo presentamos las iniciativas de los actores evangélicos sobre igualdad religiosa en la década de 1990. En el tercer reconstruimos cronológicamente los proyectos sobre igualdad religiosa debatidos entre 2002 y 2010, y en el cuarto planteamos las posibles razones por las que ninguno de estos proyectos se discutió en el recinto parlamentario. En las conclusiones delineamos las implicancias de la continuidad del viejo marco normativo para la cuestión de la igualdad en el campo religioso y, particularmente, el evangélico.
Regulación jurídica del campo religioso en Argentina El andamiaje jurídico que regula el fenómeno religioso en Argentina se divide en dos tipos de normativas: las que establecen el estatus privilegiado de la Iglesia católica y las que regulan al resto de las confesiones. De las primeras se destaca el artículo 2° de la Constitución Nacional, que compromete al Estado argentino con el sostenimiento del culto católico, y materializado por la dictadura militar (1976-1983) en la ley 21.950 (de 1979) de asignación mensual a los arzobispos y obispos, la 22.162 (1980) de asignación mensual a curas párrocos de frontera, y la 22.950 (1983) para el sostenimiento y formación del clero de nacionalidad argentina. El decreto 1.991 (1980) prevé el otorgamiento de pasajes del gobierno nacional a representantes del culto católico que viajen por razones de su ministerio.5 La posición privilegiada de la Iglesia católica en el campo religioso se consolida mediante el artículo 33 del Código Civil, que le asigna personería jurídica de carácter público, en igualdad de condiciones con el Estado Nacional, provincias, municipios y entidades autárquicas (como las universidades nacionales),6 mientras que el resto de las asociaciones 5
La descripción del andamiaje legal la retomamos de Esquivel (2008). Esta condición jurídica le permite organizarse sin injerencia estatal.
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civiles -figura que engloba a los demás cultos- asumen un carácter privado. También el Concordato entre el Estado Argentino y el Vaticano (de 1966) reconoce preferencialmente al catolicismo y, por ser Tratado Internacional entre Estados, posee rango constitucional desde la reforma de la Constitución en 1994. A estas normas que reportan beneficios materiales para la Iglesia católica se suman otras que subrayan simbólicamente su lugar privilegiado en tanto que las autoridades católicas están homologadas con las autoridades de gobierno: el decreto 1.131 (1959) establece para los cardenales el pasaporte diplomático, y para arzobispos y obispos el pasaporte oficial, como los legisladores nacionales, ministros de la Corte Suprema de Justicia y gobernadores de las provincias; y mediante el decreto 1.233 (1998) el Estado expide credenciales a arzobispos, obispos, prelados y superiores mayores como tales. Las actividades de los credos no católicos en Argentina están amparadas por la Constitución Nacional, al garantizar los artículos 14 y 20 el libre ejercicio de culto para todos sus habitantes. Al espíritu de preservación de la libertad religiosa se contrapone la ley de facto 21.745, sancionada por el gobierno militar en 1978 y que aún permanece vigente. Ésta crea el Registro Nacional de Cultos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, y establece que “las organizaciones religiosas distintas de la católica tienen la obligación de brindar información sobre sus creencias, prácticas, historia y nombre de sus autoridades” (Wynarczyk, 2009: 226).7 El Registro Nacional de Cultos tiene la capacidad formal de limitar sus actividades: Artículo 3º - Se procederá a la denegatoria de la inscripción solicitada o cancelación de la misma si ya hubiere sido acordada en los siguientes casos: (…); cuando se hubiere comprobado que los principios y/o propósitos que dieron origen a la constitución de la asociación o la actividad que ejerce, resultaren lesivas al orden público, la seguridad nacional, la moral y las buenas costumbres; cuando el ejercicio de sus actividades fuere distinto de los principios y/o propósitos que determinaron su reconocimiento e inscripción o fuere lesivo para otras organizaciones religiosas. Artículo 4º - Los casos mencionados en el artículo anterior implican: la prohibición de actuar en el territorio nacional y/o la pérdida de la personería jurídica o el carácter de sujeto de derecho (Poder Ejecutivo de la Nación, 1978).
En 1979 se reglamentó esta ley (decreto 2.037), detallando los requisitos para que las instituciones religiosas no católicas pudieran inscribirse: un lugar para la realización del culto, el libro de actas de la Comisión Directiva, la historia de la organización, la constancia de la personería jurídica, el acta fundacional de radicación o constitución en Argentina, las normas estatutarias, las formas de gobierno, los certificados de estudios o de ordenación de las 7
El antecedente de esta ley es el decreto 15.829 de 1946, que también estipulaba controles sobre los cultos no católicos, en el marco de acusaciones por “infiltración ideológica” a las comunidades judías y evangélicas (Catoggio, 2008: 108).
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autoridades religiosas, los libros sagrados, los fundamentos de la doctrina y los elementos distintivos del culto, las características de los ritos y las ceremonias religiosas, y el certificado de antecedentes penales de los dirigentes religiosos, entre otros. Esquivel subraya que: La instauración de un Registro de Cultos no era ajena a las políticas de control y las acciones de persecución de todo aquel “diferente”. Los cultos no católicos eran “diferentes” y, por tanto, estaban bajo sospecha. A pesar de haber suscrito los tratados internacionales que protegen el libre ejercicio de culto, la obligatoriedad en la inscripción en el registro aún no fue derogada (Esquivel, 2008: 12).
Los cultos aprobados por el Registro reciben un número de inscripción que los acredita como organizaciones religiosas frente al Estado, lo cual no supone una personería jurídica de tipo religioso, pues esta figura no existe en el sistema legal argentino; para obtenerla, las confesiones no católicas deben registrarse en la Inspección General de Justicia como asociaciones civiles, procedimiento que las iguala a clubes sociales y deportivos. Este plexo jurídico establece diferencias en el campo religioso argentino bajo dos coordenadas: en cuanto a la igualdad, el financiamiento desde el Estado y la personería jurídica pública son recursos exclusivos del culto católico; en el plano de la libertad, se refuerza esta desigualdad pues el Concordato impide que el Estado regule los asuntos internos de la Iglesia católica, mientras que el Registro Nacional de Cultos (rnc) es un organismo capacitado para regular y cercenar el libre ejercicio de las doctrinas y actividades de los cultos no católicos.
1980-2001 La constitución del movimiento social evangélico y la demanda por la igualdad religiosa como aglutinante político Según Marostica, en la etapa previa a la recuperación democrática argentina de 1983, el mundo evangélico se encontraba fuertemente influenciado por el paradigma misionero, una modalidad eclesial caracterizada por la preservación de la identidad denominacional, el apoliticismo y el aislamiento social (Marostica, 1997: 247). Estas posturas derivaban del trabajo fundacional de misioneros extranjeros, que priorizaron la preservación de sus tradiciones litúrgicas y pastorales particulares y el alejamiento “del mundo” por sobre el desarrollo de una identidad evangélica común (transdenominacional) y algún tipo de proyección política. Esta fragmentación entre denominaciones se intensificó en la década de 1960, cuando algunas comunidades metodistas, valdenses, luteranas y evangélicas del Río de la Plata se acercaron a la teología de la liberación, mientras que otro grupo (constituido por iglesias 138 ⎥ Marcos Carbonelli
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como los Hermanos Libres y el Ejército de Salvación) se incorporaba a una corriente fundamentalista proveniente del contexto norteamericano de la postguerra y fortalecida luego por la conformación de la Nueva Derecha Cristiana (Bianchi, 2004: 244-5). Los conflictos político - militares y los golpes de Estado de la década de 1970 en el Cono Sur profundizaron esta fractura, porque el primer bloque de iglesias acompañó al sector progresista católico en la conformación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en 1975 y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos en 1976, mientras que el otro conjunto de iglesias y algunas comunidades pentecostales respaldaron silenciosamente a la dictadura militar iniciada en Argentina en marzo de 1976 (Ibíd., 2004: 236-44). El retorno y la consolidación del régimen democrático en Argentina favorecieron una creciente participación de los evangélicos en el espacio público durante las décadas de 1980 y 1990. Las campañas proselitistas de líderes neopentecostales propiciaron la constitución de un movimiento social evangélico por la emergencia de una identidad común.8 A su vez, los dirigentes pentecostales modificaron su relación con las estructuras mundanas, aceptando participar de ellas para transformar la sociedad9 desde una perspectiva evangelizadora. Sin embargo, este movimiento enfrentó sucesivas oposiciones que terminaron por motivar una acción política defensiva: en la asamblea plenaria de 1986, los obispos católicos advirtieron a la opinión pública y al gobierno de la emergencia de sectas invasoras (entre las que incluían a los evangélicos) financiadas por países extranjeros, y cuyo accionar entre los sectores más humildes erosionaba el “vínculo natural” entre catolicismo y argentinidad (Frigerio y Wynarczyk, 2008: 242). Interpelados por esta acusación, dirigentes evangélicos elaboraron documentos sobre la histórica presencia de sus iglesias en el territorio nacional y la rectitud de su mensaje, a la vez que adjudicaron el carácter de sectas a religiosidades pseudo cristianas y cultos oscurantistas (Marostica, 2000: 21). A partir de 1989 se organizó un movimiento anti sectas de origen secular, conformado por periodistas y psicólogos, que instaló mediáticamente la idea de que las sectas eran responsables de técnicas de “lavado de cerebro” (Frigerio y Wynarczyk, 2008: 243). Como respuesta a este clima cultural, el secretario de Culto, Ángel Centeno, diseñó un anteproyecto de ley de cultos, que en 1993 fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y obtuvo media sanción de la Cámara de Senadores. Su tratamiento legislativo difundió entre los pastores evangélicos la idea de una inminente promulgación de normas contra la libertad religiosa, motivando la organización de un frente evangélico sin precedentes con la conformación de una Comisión Tripartita entre las federaciones aciera, fecep y faie (Wynarczyk, 2009: 280). Este frente criticó al llamado proyecto Centeno porque mantenía la desigualdad religiosa (pues no modificaba los privilegios del catolicismo) 8
Véase: Marostica (1997). Véase: Wynarczyk (2009).
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e introducía un conflicto en el campo evangélico al establecer que, para inscribirse en el Registro Nacional de Cultos, las comunidades religiosas debían observar arraigo histórico en el territorio nacional y caudal demográfico (Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 1993: art 8-inc a), dos requisitos difíciles de cumplir para numerosas comunidades pentecostales, por lo que las obligarían a registrarse bajo iglesias más importantes (Ibíd., 2009: 238). Las federaciones organizaron una marcha con seis mil creyentes al Congreso Nacional para protestar contra la sanción de esta ley (Marostica, 2000: 24), al mismo tiempo que se reunieron con legisladores y la Secretaría de Cultos para visibilizar su férrea oposición. Estas acciones alcanzaron un nivel de articulación inédito en cuanto a la voluntad de hablar en nombre de la totalidad del espacio evangélico de Argentina. Finalmente, el proyecto Centeno perdió el estado parlamentario debido a una situación de empate o doble bloqueo: tanto por parte de las acciones evangélicas como por la oposición del sector más conservador del Episcopado católico, que deseaba mantener todas sus prerrogativas (Frigerio y Wynarczyk, 2008: 245). Tras el fracaso del proyecto Centeno, entre 1995 y 1999 surgieron iniciativas por una nueva ley de cultos en Argentina pero ninguna alcanzó estado parlamentario, en principio por el escaso consenso interreligioso generado (Wynarczyk, 2009: 249). Sectores evangélicos fueron particularmente hostiles a estas propuestas, que incluían estrictas condiciones de inscripción al Registro -presencia histórica en el territorio nacional o ser la iglesia oficial de Estados con relaciones diplomáticas con Argentina- y, paralelamente, presencia efectiva en por lo menos tres provincias argentinas o un caudal demográfico relativamente alto. La oposición evangélica cobró mayor coordinación e intensidad cuando las mencionadas federaciones constituyeron el Consejo Nacional Cristiano Evangélico (cnce) en 1996. El ciclo de unidad evangélica se cristalizó con el “primer Obelisco evangélico” en septiembre de 1999, una concentración pública en el centro de la Ciudad de Buenos Aires donde el cnce convocó a todas las denominaciones evangélicas, con el doble propósito de orar por la nación y sus gobernantes, y de denunciar la desigualdad religiosa de la que eran objeto. Un nuevo ciclo de iniciativas comenzó en abril de 2001 con la presentación del Anteproyecto de Libertad Religiosa del equipo de la Secretaria de Culto,10 y retomó del proyecto Centeno la creación de un registro voluntario de cultos para otorgar la personería jurídica religiosa (reemplazando al registro obligatorio preexistente) y la oficialización de un Consejo Asesor para la Libertad Religiosa (calir) para el Poder Ejecutivo (Rubín, 2001a). La iniciativa empezó a gestarse con el nombramiento de Norberto Padilla como secretario de 10
Siguiendo una convención legislativa argentina, utilizamos los anteproyectos para iniciativas que, previamente a su presentación parlamentaria, circulan entre diferentes actores con el objeto de recibir críticas y recomendaciones. Denominamos “proyecto” a la versión que se somete a debate en comisiones parlamentarias, en primera instancia, y luego en la Cámara.
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Culto del gobierno nacional de la Alianza, electo en 1999, y la conformación en 2000 del calir, un consejo consultor para la redacción de un anteproyecto de ley de cultos (Wynarczyk, 2009: 251). En 2001 la propuesta fue remitida a distintas facultades y academias de derecho, e iglesias y confesiones religiosas, particularmente a la Conferencia Episcopal Argentina y al Consejo Nacional Cristiano Evangélico, que cuestionó que mantuviese el estatus privilegiado de la Iglesia católica (Rubín, 2001a). En septiembre de 2001 se hicieron públicas más críticas al anteproyecto: el cnce insistió en que no corregía los privilegios católicos (Rubín, 2001b), mientras que para los obispos católicos más conservadores su halo igualitario atentaba contra la preponderancia católica; pese a esto, el sector del Episcopado dirigido por su presidente, Estanislao Karlic, veía con buenos ojos el proyecto y hubo reuniones entre dirigentes católicos y evangélicos en las que también se habló de tareas conjuntas para abordar la crisis social (Rubín, 2001b). En septiembre de 2001 se realizó la segunda concentración evangélica en el Obelisco convocada por el cnce, donde se leyó el documento “Dios quiere una nación diferente”, que colocaba a la crisis social, económica y política de la nación como problema central e incluía a la desigualdad religiosa entre las inequidades que atravesaban el país. Este discurso posicionó a las federaciones como portavoces de una religión pública, que no sólo se visibilizó para reclamar por sus derechos conculcados, sino también para cuestionar (a su criterio) la legitimidad de un orden social de espaldas a consideraciones éticas o morales (Casanova, 1999: 147). El calir registró las críticas del Episcopado y del cnce y, a fines de 2001, produjo la versión final del Proyecto de Libertad Religiosa para la República Argentina; aunque contaba con el respaldo del ministro de Relaciones Exteriores y Culto, el proyecto no alcanzó a ser remitido al Poder Ejecutivo a causa de la crisis estructural acontecida en diciembre de 2001 y la renuncia anticipada del entonces presidente De la Rúa (Wynarczyk, 2009: 252). El dato saliente del reclamo por la igualdad de cultos en la década de 1990 fue la participación de un amplio espectro de sectores evangélicos en una causa política, articulándose en una instancia organizativa de unidad como fue el cnce; así, aunque no fue sancionada una nueva ley, las federaciones aciera, faie y fecep lograron superar momentáneamente la fragmentación estructural del campo evangélico y se consolidaron como los portavoces legítimos del reclamo colectivo. El éxito de esta dinámica representativa residió tanto en la capacidad de las federaciones para detectar y difundir una situación de injusticia que atravesaba a diversas entidades evangélicas, como en articular una denuncia pública que trascendiera las diferencias teológicas, doctrinales y políticas que históricamente han dividido al campo evangélico.
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2002-2010 Los anteproyectos de ley y las intervenciones políticas de actores evangélicos11 La denuncia de la crisis social y política que se vivió entonces en Argentina y que se hizo presente en el mensaje del segundo Obelisco (2001), tuvo su correlato en el compromiso asumido por parte de actores evangélicos. En 2002 iglesias y federaciones evangélicas se abocaron a brindar ayuda social y coordinar tareas con el Estado, por ejemplo, en la Mesa de Diálogo convocada por el gobierno del presidente interino Eduardo Duhalde (Ameigeiras, 2009).12 En 2003, el Consejo Nacional Cristiano Evangélico (cnce) comenzó a organizar el tercer Obelisco para noviembre, y luego reprogramado para abril de 2004 (Kohler y Dergarabedian, 2003). En simultáneo, en 2003 y 2004 se dieron dos debates políticos en los que intervinieron actores evangélicos con posiciones contrapuestas: la promulgación de la ley de unión civil -que incluía a parejas del mismo sexo- y los proyectos de educación sexual escolar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mientras que la federación aciera se posicionó públicamente contra dichas iniciativas -arrogándose la representatividad de la mayoría del pueblo evangélico-,13 la Iglesia Evangélica Luterana Unida (ielu) y la Iglesia Evangélica del Río de la Plata (ierp) sentaron su postura favorable (Carbonelli, Jones, Azparren y Polischuk, 2010), produciendo un clivaje del espacio evangélico que se reactualizó ante la discusión pública por el matrimonio igualitario en 2010.14 11
Si bien el artículo se concentra en la discusión de iniciativas legales presentadas en instancias parlamentarias, no desconocemos otras escenas en las que los evangélicos disputan políticamente -frente a los privilegios católicos- con el objetivo del reconocimiento estatal, como es el caso del trabajo que desarrollan en las cárceles. Al respecto, véase: Brardinelli y Algranti (2013). Agradecemos la observación a un/a evaluador/a anónimo/a. 12 La crisis de 2001 en Argentina inauguró una década de profundos cambios políticos, económicos y sociales: devaluación de la moneda, desempleo y posterior reconfiguración productiva, movilización social y auge de la militancia, así como la emergencia de nuevos actores y el debilitamiento de viejos esquemas de poder político. El leit motiv de la protesta desatada en diciembre de 2001, y que prosiguió durante varios meses, fue “Que se vayan todos (los políticos), que no quede ni uno solo”, una crítica que no se dirigía sólo a la alianza entonces gobernante (Alianza por el trabajo, la justicia y la educación) que abandonaba el gobierno nacional, sino a la clase política en general, atravesando a partidos y figuras políticas tradicionales. 13 “5) aciera considera que estas iglesias son una minoría (sin que este calificativo implique ningún grado de descalificación), y no expresan el sentir mayoritario del pueblo evangélico en la Argentina; 6) aciera se vio en la necesidad de expresar, en esta única oportunidad, que representaba a la “mayoría” del pueblo evangélico, frente a las expresiones de algunos legisladores y de ciertos medios informativos que con suspicacia, aprovecharon algunas voces aisladas, para afirmar que los evangélicos apoyaban estas leyes promovidas por la comunidad homosexual, haciendo confundir a la opinión pública y utilizando el nombre evangélico con fines espurios” (Amigos de aciera, 2004). 14 Este clivaje es apenas mencionado en el detallado estudio de Wynarczyk sobre el período 1980-2001: “El campo evangélico tiende a dividirse a través de una amplia brecha cuando las organizaciones que lo componen deben adoptar posiciones frente a temas propuestos por la sociedad envolvente. Capitalismo versus socialismo (década de 1960), rigorismo sexual versus liberalismo sexual y posturas contrapuestas sobre algunos tópicos de control de la natalidad (década del 2000)” (Wynarczyk, 2009: 39). Su mención marginal en un estudio tan pormenorizado da cuenta de que dicho clivaje no fue central en la estructuración del campo evangélico en el mencionado período.
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El 3 de abril de 2004 se realizó el tercer Obelisco, aunque con una convocatoria mucho menor: frente a los 200 mil concurrentes en 1999 y a los 350 mil del 2001 (El Puente, 2004), en esta tercera convocatoria asistieron 20 mil personas, (más un número indeterminado en las concentraciones llevadas a cabo 28 ciudades del interior del país).15 El evento estuvo atravesado por conflictos, reflejados en la negativa pública de la ielu y la ierp a ser parte de la concentración por su exclusión en la redacción de la última versión del documento a ser leído en el Obelisco. Allí se sostenía: afirmemos el pacto del matrimonio en el que un hombre y una mujer deciden libremente unir sus vidas por amor. Para el Evangelio esta unión entre el hombre y la mujer es tan santa y profunda que es imagen de la unión de Cristo con Su iglesia. No hay lugar aquí para aceptar como matrimonio la unión de personas del mismo sexo. Una Argentina próspera y bendecida es posible si como Nación nos volvemos a Dios, (…) si dejamos de aceptar como natural la injusticia, la mentira, el robo, el adulterio, la homosexualidad, la idolatría, la estafa y cosas semejantes las cuales Dios rechaza (Consejo Nacional Cristiano Evangélico, 2004).
Las mencionadas iglesias explicaron su no participación del tercer Obelisco mediante una carta pública16 que expresaba su disconformidad (sobre todo con la federación aciera), en sintonía con los clivajes del espacio evangélico visibilizados en los debates sobre sexualidad: La ielu y la ierp no aceptan el autoritarismo y la demagogia que implica guiar a miles de personas a esta concentración, utilizando frases hechas sobre las que la mayoría no ha tomado conciencia verdadera; así como también rechazan el no respeto de la diversidad de posiciones, que sobre los asuntos en cuestión, tienen las distintas iglesias evangélicas. La ielu y la ierp, haciendo uso de la libertad de conciencia y autonomía que regala el Evangelio, expresan su distanciamiento del evento, así como también transmiten su interés por generar un amplio y serio diálogo sobre las diferencias, en aras de la unidad de toda la cristiandad que demanda el Señor (El Estandarte Evangélico, 2004).
15
La asistencia a las concentraciones evangélicas en el Obelisco varía sensiblemente según el medio periodístico. En el primer Obelisco, el diario Clarín (Reches e Iglesia, 1999) contabilizó más de 400 mil fieles, 200 mil según el mensuario evangélico El Puente (1999), mientras que para La Nación (1999) fueron 100 mil. En el Segundo, según el último diario se superaron los 200 mil asistentes (La Nación, 2001), frente a los 350 mil indicados por El Puente y los 400 mil señalados por los organizadores (Wynarczyk, 2009: 315). La concurrencia al tercer Obelisco resultó mucho menor; según el periódico evangélico Pulso Cristiano, “mientras la Policía Federal informó a Pulso Cristiano que apenas hubo 3.500 personas, el cnce aseguró en un comunicado de prensa que la asistencia llegó a 80 mil. Observadores evangélicos independientes coincidieron en señalar a Pulso Cristiano que la asistencia osciló entre 15 mil y 20 mil personas” (Kohler y Dergarabedian, 2004). 16 Véase: Kohler y Dergarabedian (2004).
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Pese a estas tensiones, el documento leído en el evento refleja que el reclamo de igualdad religiosa continuó presente, hasta ese momento, como unificador del campo evangélico: La libertad de culto que garantiza nuestra Constitución actualmente se da en el marco de una injusta discriminación. En nuestro país hay libertad religiosa pero no igualdad religiosa. Somos iglesias pero legalmente no se nos reconoce como tales ya que según la actual legislación estamos obligados a funcionar como asociación civil o fundación. Quisiéramos, dentro de un marco de legalidad, poder sostener a nuestros misioneros en el exterior, enviar ayuda humanitaria fuera del país, tener capellanías en las fuerzas armadas y de seguridad, hospitales y cárceles. (…) No pedimos privilegios, sólo una legislación que reconozca la personería religiosa de todos los credos (Consejo Nacional Cristiano Evangélico, 2004).
Bajo la administración kirchnerista (2003/2015), el Poder Ejecutivo Nacional hizo su primer anuncio sobre este tema en diciembre de 2004: el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, en un acto en Cancillería señaló el propósito de derogar la ley 21.745 del Registro Nacional de Cultos y generar una normativa donde la inscripción fuera optativa y la personería jurídica de las confesiones no católicas fuera en el área de cultos (El Puente, 2005a). Durante los primeros meses de 2005, la Secretaría de Culto mantuvo reuniones con los representantes de las distintas iglesias (no sólo evangélicas) y de federaciones evangélicas (El Puente, 2005b); luego, la faie envió una carta a Oliveri objetando su anteproyecto por contener “los errores de la ley 21.745, a la que consideramos discriminatoria y limitante en extremo de la libertad de cultos” (El Puente, 2005b). En mayo de 2005, el Consejo Nacional Cristiano Evangélico (cnce) comunicó: 1) “Las tres federaciones integrantes del cnce han hecho llegar, oportunamente y de manera formal, a la Secretaría de Culto sus objeciones al mencionado proyecto”; 2) “El cnce ha entregado a la Secretaría de Culto (…) su propuesta de anteproyecto de ley de igualdad religiosa”; y 3) “El cnce ha iniciado un proceso de diálogo y trabajo con distintos sectores de las iglesias cristianas y representantes de otros credos que comparten su preocupación por esta legislación y sus consecuencias” (El Puente, 2005c). La Secretaría de Culto informó la culminación de la ronda inicial de encuentros con las confesiones religiosas en los que se trató el anteproyecto (El Puente, 2005c) y, en julio de 2005, lo presentó en una conferencia de prensa a la que asistieron las dirigencias de las federaciones aciera y fecep. El anteproyecto proponía derogar el Registro Nacional de Cultos y permitir que las iglesias que poseían fichero de cultos pasaran a tener personería religiosa (El Puente, 2005d). En septiembre, mediante una resolución administrativa, la Secretaría de Culto reformó los requisitos para la inscripción de las organizaciones religiosas, eliminándose el certificado de antecedentes penales de los dirigentes religiosos y flexibilizándose en cuanto a sus certificados de estudio y ordenación (El Puente, 2005e), por lo que la faie le envió una carta de agradecimiento (El Puente, 2005f). 144 ⎥ Marcos Carbonelli
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En el año 2006, la Secretaría de Culto presentó un anteproyecto de Ley de Organizaciones Religiosas, con una primera versión presentada en mayo y otra en agosto. En el campo evangélico primó una recepción negativa de esta propuesta: en junio de ese año, dirigentes e iglesias miembros de la faie manifestaron su disconformidad, mientras que en julio aciera se reunió con la Secretaría de Culto para expresarle su apoyo a dos ideas centrales del proyecto -la creación de una personería religiosa y su libre elección para las iglesias que la deseen- y objeciones a la función fiscalizadora del área de Personas Jurídicas del Registro (lo que supondría una intromisión a las actividades de las organizaciones) (El Puente, 2006). Simultáneamente, desde el año 2004 comenzó el acercamiento entre sectores evangélicos y católicos ideológicamente conservadores que se reflejó en la celebración conjunta de actividades públicas, como el Encuentro Fraterno de la Comunión Renovada de Evangélicos y Católicos en el Espíritu Santo (creces), con figuras políticas y religiosas (como el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio y el pastor Jorge Himitián) que durante el período en estudio protagonizaron la oposición al matrimonio en parejas del mismo sexo y la despenalización del aborto. Una referente política que apostó a este acercamiento fue Cynthia Hotton, diputada nacional de 2007 a 2011, la figura evangélica con mayor visibilidad en la arena partidaria, por la exposición mediática de su pertenencia religiosa y su proyecto de agrupar a la comunidad evangélica en el espacio político “valores para mi país”.17 En marzo de 2008, el reclamo de igualdad religiosa reapareció con la visita del predicador evangélico Luis Palau a Argentina, con un evento de dos días de duración en el Obelisco organizado por Rubén Proietti, representante de la Fundación Palau en Argentina y dirigente de aciera.18 En su mensaje del 15 de marzo, este evangelista mencionó el reclamo por una nueva ley de cultos, solicitando que finalizara el marco institucional de desigualdad y se diera paso a una regulación más equitativa del fenómeno religioso en Argentina (El Puente, 2008a). Durante el evento, Palau hizo un alto en su prédica para que Proietti leyera la siguiente declaración: Los evangélicos predican la Palabra de Dios ‘sin pedir nada, salvo ser iguales’ a otros argentinos. Aún no lo hemos conseguido. La ley vigente fue establecida por un régimen no democrático. Pero somos una comunidad de fe, y es por ello que no descansaremos hasta que, en nuestro bendito país, todos los cultos seamos iguales ante la ley (El Puente, 2008a). 17
La diputada Cynthia Hotton ingresó en la Cámara de Diputados en 2007 por la alianza entre los partidos “Propuesta Republicana” y “recrear”, y se concentró en construir un espacio político propio. Véase: Carbonelli y Jones (2012). 18 Palau es un predicador evangélico nacido en Argentina y radicado en Estados Unidos que desde la década de 1980 recorre países montando eventos evangelísticos. Realizó varios en Argentina, entre ellos, en enero 2003 en el Monumento de los Españoles de la Ciudad de Buenos Aires, en enero de 2004 en Mar del Plata y en marzo de 2005 en Mendoza.
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En junio de 2008, la Secretaría de Culto declaró estar trabajando en un nuevo anteproyecto de ley de organizaciones religiosas y -tal como como sucedió en septiembre con fecep (El Puente, 2008c)- anunció que citaría a los representantes de los cultos (El Puente, 2008b). En noviembre, la diputada Hotton anunció la inminente presentación de su proyecto de libertad religiosa como parte de una estrategia para constituir a la comunidad evangélica como base social de su proyección política (Carbonelli y Jones, 2012). Hotton subrayó públicamente el acuerdo de la jerarquía católica para evitar la obstrucción del debate parlamentario, ya que ningún artículo alteraba la situación del catolicismo: Este proyecto es el resultado de un estudio de varios años. Antes de lanzarlo a la Cámara, yo me reuní con el cardenal [Bergoglio] y le dejé el proyecto para que lo estudiara. Él me lo devolvió a los dos meses y me dijo que estaba de acuerdo, que no encontraba impedimentos para su promulgación (Cynthia Hotton, discurso en la primera reunión de vpmp, Hotel Rochester, 29 de noviembre de 2008).
El punto nodal del acuerdo era el inciso 2do del artículo 7, que mantenía intacta la posición privilegiada de la Iglesia católica, con el agravante de que renunciaba explícitamente a la demanda de igualdad.19 En diciembre de 2008, Hotton ingresó el proyecto en la Cámara de Diputados; el 7 de agosto de 2009 lo presentó públicamente en la comisión de Relaciones Exteriores y Cultos rodeada de líderes de diferentes confesiones, con el objeto de exhibir un consenso interreligioso que debía traducirse en respaldo político por el valor que supondría el carácter plural de la nueva propuesta. A fines de agosto, el proyecto comenzó a tratarse en comisiones y Hotton lo defendió sosteniendo que había consultado a los principales referentes de cada espacio religioso y que contaba con el aval de 12 diputados, a la vez que su redacción se basaba en proyectos previos elaborados por diferentes confesiones religiosas y en una propuesta que desde hacía seis años circulaba en la Secretaría de Culto. 20 El 22 de septiembre de 2009, calir -constituido como organización no gubernamental desde enero de 2002- organizó una jornada sobre la ley de libertad religiosa en la que participaron autoridades de federaciones e iglesias evangélicas, la diputada Hotton y el subsecretario de Culto, Juan Landaburu. Desde calir presentaron la historia de los proyectos no sancionados y subrayaron que el de Hotton era el primero con estado parlamentario desde 19
“La Iglesia Católica Apostólica Romana mantiene el reconocimiento de su personalidad jurídica pública con los alcances previstos en la Constitución Nacional y en las leyes reglamentarias. Sus relaciones con el Estado nacional se rigen por los acuerdos firmados entre éste y la Santa Sede, y subsidiariamente por esta ley, sin que ello pueda ser considerado causa de trato desigual entre ésta y las iglesias, comunidades, confesiones religiosas y cualquier otro tipo de entidad que se constituya de conformidad con esta ley” (Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 2009, art 7, inc 2, 2009). 20 Véase: Kohler y Dergarabedian (2009a).
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1998, catalizando iniciativas que se encontraban dispersas. Los referentes religiosos destacaron la desigualdad existente en Argentina y la necesidad de que el proyecto contemplase la personería jurídica religiosa.21 Ahora bien, ¿qué actores impulsaban y/o aprobaban el proyecto de Hotton? Nos orienta un líder del protestantismo histórico, presente en el evento: Yo fui a la Universidad Argentina de la Empresa (uade), a una charla que dio Cynthia Hotton y ahí estuvo el subsecretario de culto, estuvo Norberto Padilla como ex secretario de culto, estuvo un doctor de calir, Figueroa (…) y Cynthia Hotton explicó el proyecto de la ley de culto con un panel privilegiado, diciendo: “Bueno, yo le di este proyecto de ley a Bergoglio para que lo estudie durante un mes. Y con el visto bueno de Bergoglio estamos lanzando este proyecto dentro del Congreso”. A nosotros nunca nos consultó. ¿Cómo es el tema? ¿Son una voz propia o son la sombra de la catolicidad desde la vertiente “evangélica”? (…) Y acá el debate por la ley de culto es no tocar lo que hay, sino tratar de sacar ventaja de lo que otros tienen. Y eso ya vicia de entrada toda ley que se quiera sacar (Juan Abelardo Schvindt, pastor y secretario general de la ierp 20002011, entrevista 23 de junio de 2011).
En noviembre, Guillermo Oliveri, el entonces secretario de Culto y la diputada Hotton se reunieron para analizar sus respectivos proyectos de ley sobre libertad e igualdad religiosa (El Puente, 2009). Finalmente, concluyó el año 2009 sin declaraciones de líderes o instituciones evangélicas contrarias al proyecto de Hotton. En la primera mitad de 2010 el debate parlamentario estuvo centrado en el matrimonio para parejas del mismo sexo. Las federaciones aciera y fecep y la diputada Hotton, aliadas con la jerarquía de la Iglesia católica, se opusieron mediante concentraciones callejeras, recolección de firmas, presiones a políticos, declaraciones institucionales y activismo mediático, mientras que las iglesias ielu, ierp y la Iglesia Evangélica Misionera Argentina (iema) se expresaron públicamente a favor, aliándose con el movimiento de la diversidad sexual.22 La ley de matrimonio igualitario fue sancionada el 15 de julio de 2010, reconociéndose el papel estratégico del apoyo brindado por los actores religiosos: Si uno de los principales obstáculos era la jerarquía de la Iglesia católica y algunos grupos evangélicos, uno de los principales aliados que teníamos que buscar era gente que fuera parte de la Iglesia católica -no de la jerarquía propiamente dicha pero sí parte-, sacerdotes, fieles, catequistas, y pastores de las iglesias evangélicas. (…) Ése fue el trabajo de la secretaría de diversidad religiosa (María Rachid, presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans 20092010, discurso en Seminario Religiones, matrimonio igualitario y aborto, 14 de octubre de 2011). 21
Véase: Kohler y Dergarabedian (2009b). Véase: Carbonelli y Jones (2012).
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En agosto de ese año, el proyecto de Hotton de libertad religiosa obtuvo el dictamen favorable de la Comisión de Relaciones Exteriores y Cultos y, con reservas, la de Legislación Penal (El Puente, 2010a). ¿Cómo explicar que fuese el primer y único proyecto sobre cultos que alcanzó estado parlamentario en más de diez años? Según Hotton y otros referentes evangélicos, fue determinante el acuerdo por parte de la máxima autoridad de la Iglesia católica: Si yo te digo que Bergoglio, y esto dicho por los asesores de Cynthia (Hotton), tuvo el proyecto treinta días, y la única que sale ganando de una manera abismal es la Iglesia católica, y las segundas que siguen ganando son las federaciones evangélicas, porque toman un rol episcopal sobre las iglesias locales, vos sabés quién es el que estuvo detrás de esto (Guillermo Prein, pastor del Centro Cristiano Nueva Vida, entrevista 28 de julio de 2011).
Luego del dictamen favorable todo indicaba que el proyecto iba a continuar su tratamiento en las comisiones restantes, pero nuevos cuestionamientos lo impidieron. Los más intensos provinieron de actores evangélicos: el pretendido liderazgo del espacio evangélico por parte de Hotton y su proyecto de libertad religiosa, lejos de amalgamar a este heterogéneo campo, reactivaron los clivajes políticos emergentes en la discusión sobre el matrimonio igualitario. En un documento presentado el 29 de agosto, la faie remarcó que el proyecto Hotton mantenía la intangibilidad de los privilegios de la Iglesia católica, profundizaba la inequidad del campo religioso, y desconocía el vector esencial de la histórica demanda evangélica: la igualdad; a su vez, como el proyecto concedía al Poder Ejecutivo “la facultad de controlar a las comunidades religiosas diferentes a la oficialmente establecida” (faie, 2010), contradecía el derecho de libre expresión y ejercicio de la libertad religiosa, respaldados por la Constitución Nacional y los acuerdos internacionales. La faie también pidió la derogación de la ley 21.745, el eje organizador de las relaciones entre el Estado y las diversas comunidades religiosas no católicas, señalando que las iglesias que integran esta federación “no buscan ni desean privilegio alguno” (faie, 2010). Como explicaron sus líderes: Entrevistada: Donde también se notó el año pasado un disenso entre nuestras federaciones, pero que no se habló nunca, fue el tema del proyecto de ley de la diputada Hotton. (…) Fue un aprendizaje muy interesante el año pasado, cuando el calir vino a la faie, y desesperados trataron de torcer nuestra postura, que habíamos expresado ya ante la secretaría de culto, ya (la) habíamos publicado, porque con eso caía la ley Hotton. Y no es porque la Secretaría de Culto le haya entusiasmado tanto nuestro papelito de trabajo, sino porque les doy el argumento para dejar caer políticamente a Cynthia. Porque no le querían dar protagonismo a ella, entonces bueno, con eso se frenó. (…) Pero nosotros queríamos avanzar justamente, como los bautistas, como la Conferencia o Convención (Evangélica Bautista de Argentina), de hacer una propuesta y Prein también tiene una propuesta, por lo menos de derogación de la ley de la dictadura (la 21.745). 148 ⎥ Marcos Carbonelli
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Entrevistador: Claro, el tema del registro. Eda.: Eso es posible, deróguese y crease en el ámbito de qué sé yo de dónde, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, me parece que es el lugar más apto para esto, una personería jurídica religiosa, y listo, que quede la Secretaría de Culto como referente para las iglesias, pero ya no como fichero. Y Cynthia Hotton ahí, en esto lo que me sublevó, en este Consejo Asesor que ella propone, donde nosotros como iglesias no católicas, empezamos a ser policías sobre otros credos no católicos (Karin Krug, pastora de la ierp y presidenta de la faie 2010-2011, entrevista 04 de julio de 2011).
También alzó su voz el pastor Guillermo Prein del Centro Cristiano Nueva Vida, una de las congregaciones pentecostales más numerosas de la Argentina. En su documento titulado “Contra la libertad de culto”, cuestionó que el proyecto Hotton otorgase atribuciones a las entidades de segundo y tercer grado (federaciones y/o confederaciones) por encima de las comunidades e iglesias locales, como es el caso de celebrar convenios con el Estado nacional y los estados provinciales, y funcionar como órganos de control e intervención de las entidades de primer grado (comunidades locales), “un nuevo escalón de desigualdad al ya existente con el culto católico apostólico romano” (Prein, 2010). A estos cuestionamientos evangélicos se sumó una queja formal ante la Secretaría de Culto por parte de líderes umbandistas (Cynthia Hotton, entrevista 10-01-2012), a los que se privaba del reconocimiento del Estado por su orientación “satanista”.23 La falta de consenso en la comunidad evangélica y el nivel de conflictividad pública motivaron a las federaciones aciera y fecep para reunirse con Hotton y revisar el proyecto (El Puente, 2010b). Finalmente aciera, la federación que más había apoyado la iniciativa de la diputada, recomendó suspender su tratamiento para trabajar los puntos más controvertidos, reuniéndose con el secretario de culto en noviembre de ese año (El Puente, 2010c).
¿Por qué no se aprobó una nueva ley de cultos entre 2002 y 2010? Para explicar por qué ninguna de las iniciativas de regulación de las actividades e instituciones religiosas se convirtió en ley durante este período -segundo objetivo de la presente investigación-, analizaremos los datos empíricos recabados a la luz de la perspectiva teórica de Aboy Carlés (2001) sobre los procesos de conformación de las identidades sociopolíticas, en diálogo con la noción “religiones públicas” de Casanova (1994). Aceptamos como 23
“Entidades no comprendidas. No se consideran iglesias, comunidades, confesiones, ni tradiciones religiosas, a los efectos de esta ley las entidades que desarrollen principal o exclusivamente las siguientes actividades: (…) Los cultos y ritos de adoración o sometimiento al mal o prácticas satánicas o aquellos cuyos actos incluyan actos de crueldad sobre animales” (Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 2009, art 6, inc 3, 2009).
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premisa que el desenlace del debate por la ley de cultos debe comprenderse como una arena pública24 en estrecha conexión con otras desplegadas en el mismo período -las disputas por las leyes sobre sexualidad y/o familia-, lo que facilitó la transferencia de rivalidades y alianzas de un escenario controversial a otro. Para Aboy Carlés, la representación participa del espacio de producción de identidades en diálogo con dos elementos nodales: el antagonismo y la tradición. La construcción de un “otro” antagónico resulta vital para el trazado de las fronteras de la propia identidad con respecto al exterior. La representación juega un rol clave, en tanto propicia el cierre interior (provisorio) de la superficie identitaria, al mismo tiempo que constituye el territorio de la escenificación, donde se articulan las divisiones sociales. Dicha tarea no se orienta bajo una dinámica especular, sino que observa una dimensión performativa: la representación no es un mero reflejo de los antagonismos que atraviesan la sociedad, sino que es una actividad que produce fronteras y divisiones. Por otro lado, la actividad productiva de la acción representativa no acontece en un “vacío de sentido”, sino que se realiza en diálogo con un campo preexistente de relatos, tradiciones y pertenencias mediante un trabajo hermenéutico. La representación constituye así una tarea continua donde se proponen antagonismos (fracturas movilizantes y estructurantes), al mismo tiempo que se activan y resignifican tradiciones. Durante la década de 1990 y hasta el año 2001, el Consejo Nacional Cristiano Evangélico (cnce) realizó actividades de alto impacto político para instalar la demanda de igualdad religiosa en las agendas pública y parlamentaria (como es el caso de las concentraciones en el Obelisco en 1999 y 2001); si bien no alcanzó su cometido, esta acción representativa fue exitosa en la medida en que articuló al conjunto del espacio evangélico en torno a su propuesta. A diferencia de este período, desde mediados de 2003 (y con su punto más álgido en 2010) tuvo lugar un proceso de fragmentación y competencia en el campo evangélico. La ley de unión civil, el discurso del tercer Obelisco, el debate sobre la educación sexual en las escuelas y el matrimonio para parejas del mismo sexo suscitaron contrapuntos entre las instituciones evangélicas, acercando a las federaciones conservadoras (aciera y fecep) a la jerarquía católica en un modelo particular de vinculación estatal, en cuyos términos los ordenamientos públicos deben subordinarse a principios y valores de origen religioso, considerados intangibles. Con estos posicionamientos, las federaciones evangélicas conservadoras postularon un nuevo modelo de religión pública, es decir, una manera particular de relación con el Estado y con la sociedad civil. Los niveles crecientes de activismo político y visibilidad pública de la aciera y la diputada Hotton en estas causas, arrogándose la representatividad del pueblo evangélico por el número de iglesias y fieles asociados, constituyeron una estrategia que las distanció de la faie (la que, por el contrario, proponía un vínculo con lo estatal que privilegiase la mutua autonomía y la defensa de la laicidad). 24
Véase: Cefäi (2002).
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Consideramos que estas diferencias se trasladaron al debate sobre la ley de cultos y que se hicieron evidentes en los conflictos que la iniciativa Hotton -respaldada por aciera y fecep- generó en las dirigencias de otras iglesias y federaciones evangélicas, en tanto que en su proyecto inicial hablaba en nombre del pueblo evangélico y dejaba inalterados los privilegios del catolicismo, con el agravante de que estipulaba que dichos privilegios no podían considerarse fuente de desigualdad con otras confesiones religiosas. ¿Por qué algunos actores evangélicos (como aciera y fecep) dejaron de reclamar la igualdad religiosa -así como lo hicieron durante la década de 1990, e históricamente lo reclamó el protestantismo en Argentina- y apoyaron este proyecto que reafirmaba jurídicamente la desigualdad? Nuestra hipótesis es que estos actores concibieron una propuesta de estratificación del campo religioso argentino: en la cúspide posicionaron a la Iglesia católica, reconociendo la intangibilidad de sus privilegios; en un segundo nivel, con derechos y nuevas prerrogativas, a las iglesias evangélicas y a comunidades tradicionales como la judía y la musulmana; y en el último nivel, la parapsicología y la religión umbanda, sin reconocimiento estatal como cultos. Este modelo, además de suponer prerrogativas para las federaciones por sobre las entidades de primer grado, permitía mantener la alianza establecida con la jerarquía católica en otros debates y adoptaba como premisa que un proyecto de ley de cultos sólo podría avanzar en la medida en que contara con el beneplácito de la jerarquía católica y no afectara sus intereses. Como subrayamos en el apartado precedente, esta propuesta resultó inaceptable para la faie y algunas comunidades pentecostales, cuyas críticas destacaron el principio de libertad religiosa de comunidades y creyentes, y rescataron la separación entre iglesia y Estado inherente a la tradición protestante. Una mirada de conjunto de los debates en los que participaron actores del campo evangélico en el período 2002-2010 arroja un diagnóstico de resquebrajamiento en torno a las tres dimensiones identitarias esenciales: tradición, antagonismo y representación. Esto significó la ausencia de un sujeto político evangélico, plasmado en una coalición política institucionalmente organizada, capaz de instalar la demanda de la igualdad de cultos en el espacio público y de impulsarla frente al Estado. En el campo de la tradición, mientras que faie y Prein se mantuvieron apegados al histórico posicionamiento protestante en favor de la igualdad radical ante el Estado y de la autonomía de lo político estatal para regular legalmente asuntos de sexualidad y/o familia, aciera, fecep y la diputada Hotton innovaron al bregar por una estructuración jerárquica del campo religioso -que, si bien asumía un lugar subalterno ante la Iglesia católica, les otorgaba privilegios frente a otros credos y organizaciones religiosas- y la subordinación de lo político al tutelaje religioso. En el campo de los antagonismos, las diferencias se replicaron: faie y Prein sostuvieron el tradicional enfrentamiento ante los privilegios católicos, mientras que las federaciones conservadoras y Hotton nominaron como adversarios, por un lado, a los activistas de los derechos sexuales y reproductivos, y por el otro, a los cultos Igualdad religiosa
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marginados del reconocimiento estatal, como los umbandas, parapsicólogos y espiritistas. Estos desencuentros en materia de tradiciones y antagonismos se trasladaron al terreno de la representación: lejos de propiciar la reconciliación y unificación evangélica, resultó un espacio en disputa donde se escenificaron los cuestionamientos, las dislocaciones y las diferencias tangibles entre modelos de religión pública opuestos e irreconciliables. En términos cronológicos, el debate sobre la ley de cultos resultó el corolario de una secuencia de fuerte distanciamiento dentro del espacio evangélico iniciado en el año 2003: cuando llegó el turno de debatir y, eventualmente, apoyar el proyecto Hotton, en el 2010, las federaciones y actores individuales (como la diputada Hotton y el pastor Prein), acarreaban más diferencias que coincidencias políticas; es por ello que la misma causa que funcionó como aglutinante en los noventa resultó un disparador para visibilizar de manera contundente las fracturas internas años más tarde. La siguiente declaración de Hotton apoya nuestra conjetura sobre dicha fragmentación evangélica: Me sorprendió que lo critiquen (al proyecto), me sorprendió el cómo. Sentí que cuando surgió esa crítica, no hubo un apoyo de los pastores generalizado, de decir “vamos adelante con la ley, todo”. No tomaron esa posición. Yo sentí que hubo desinterés, porque en realidad... Por eso cuando cayó esta crítica del pastor Prein (…) ninguno se sumó a la crítica del proyecto, pero ninguno salió a apoyarme activamente en contra de él. Y algunos empezaron recién en ese momento a debatir si valía la pena tener una ley, si mi ley era la mejor, y… era como que se reiniciaba todo el debate. Ahí quedó. No volví a tener feedback de parte de ellos, de decir “sí o sí te bancamos”, para nada, quedó ahí (Cynthia Hotton, diputada nacional 2007-2011, entrevista 10 de enero de 2012).
La ausencia de un sujeto político evangélico unificado resulta aún más evidente a la luz de un ejercicio comparativo. En el período estudiado existieron dos colectivos que sí lograron cristalizar sus demandas en leyes: la Coalición por una Radiodifusión Democrática impulsó la ley de servicios de comunicación audiovisual (aprobada en octubre de 2009) y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Biexuales y Trans promovió la ley de matrimonio igualitario (sancionada en julio de 2010). Dichas coaliciones lograron instalar sus reclamos en la esfera pública,25 movilizando opiniones y voluntades más allá de las fronteras originales del debate, atravesando partidos, medios de comunicación y opiniones públicas. A partir de un momento específico, el kirchnerismo las apoyó e hizo valer sus bloques legislativos para aprobarlas, lo que nos induce a estimar que ninguna iniciativa de regulación de las actividades e instituciones religiosas se convirtió en ley entre 2002 y 2010 por la falta de rédito político, tanto para el oficialismo como para la oposición, que supondría impulsar y san25
Véanse: Aldao y Clérico (2010); Busso y Jaimes (2011).
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cionar un proyecto sobre esta materia. Si bien el tema no activó clivajes partidarios claros, ni oposiciones monolíticas de bloques en el Congreso, tampoco ingresó en la agenda parlamentaria ni en un debate público generalizado. El Poder Ejecutivo Nacional, mediante la Secretaría de Culto, elaboró anteproyectos de ley, pero ninguno alcanzó estado parlamentario pese a que el kirchnerismo contó con un amplio bloque en ambas cámaras durante el período. Si articulamos estos hechos con las razones previamente presentadas (la ausencia de una coalición política institucionalmente organizada que haya instalado la demanda en el espacio público e impulsado frente al Estado), podemos sostener que para el kirchnerismo y los restantes actores partidarios no fue prioridad política una iniciativa legal de mayor reconocimiento a los cultos no católicos, en la medida en que no avizoraron cuál sería el sujeto social que se beneficiaría con el cumplimiento de esta demanda. Una última razón a considerar en el análisis de este fracaso político es la oposición de la jerarquía católica, principal adversario de cualquier avance en la igualdad de cultos. Dicha oposición, que en la práctica parece haber funcionado como un poder de veto a los cambios legales en dicha materia, se cristaliza en los canales privilegiados que esta institución mantiene históricamente con la clase política argentina.26 La siguiente reflexión por parte de uno de los máximos dirigentes evangélicos del período estudiado cristaliza dicho imaginario: Hay una deuda pendiente que es el reconocimiento de la personería jurídica a las iglesias, que no son reconocidas como tales legalmente. Sí son reconocidas a nivel práctico y a nivel mediático. No es un tema fácil, es un tema urticante, vos sabés que a la clase política no le gusta herir intereses gratuitamente. (…) Pero tratar una ley en términos igualitarios sería tirarse en contra uno de los cultos mayoritarios. Y ningún político quiere enfrentarse a uno de los poderes más fuertes que tiene el país (Cristian Hooft, vicepresidente de aciera 2007-2009, 2010-2014, entrevista 16 de noviembre de 2011).
Generalmente, la oposición católica es discreta y/o tácita (sea mediante presiones a dirigentes políticos, o por la convicción de éstos sobre la primacía católica en Argentina y su temor a represalias por parte del Episcopado); por lo tanto, resulta difícil presentar evidencias empíricas. Sin embargo, un buen indicador de la existencia de dicha oposición es que el proyecto de Hotton prosperó legislativamente sólo una vez que consiguió la aprobación política de la máxima autoridad de la Iglesia católica, el entonces cardenal Bergoglio. A modo de cierre planteamos que el análisis comparado de los hallazgos de nuestra investigación y sus antecedentes en la década de 1990 muestra que la unidad política del espacio evangélico resultó un fenómeno excepcional, sólo posible en dicho período por la gravitación de una amenaza exterior, que amalgamó circunstancialmente un espacio social dominado por 26
Véanse: Mallimaci y Esquivel (2011).
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una fragmentación histórica. Cuando dicha amenaza se diluyó en el cambio de milenio, no se mantuvo la unidad política tras un objetivo común; por el contrario, se presentaron enfrentamientos en torno a las prioridades de la agenda pública evangélica y al tipo de relaciones a construir con el Estado. Si la especificidad de la década del noventa es la unidad transitoria del espacio evangélico argentino, podemos marcar que el factor novedoso del nuevo milenio resulta ser la emergencia de una inédita disputa por la representación del colectivo evangélico; un hecho que visibilizó la emergencia de viejos y nuevos clivajes, y la inexistencia de un movimiento evangélico como sujeto político portador de una identidad unívoca.
Reflexiones finales Para cubrir un área de vacancia en los estudios sobre política y religión, en el presente artículo identificamos los principales proyectos de regulación de las actividades e instituciones religiosas presentados en Argentina entre 2002-2010, analizando qué actores participaron de su debate -con especial atención al campo evangélico-, y ofrecimos razones para explicar el fracaso de tales iniciativas. Como cierre, queremos subrayar dos implicancias de la falta de respuesta a esta demanda política. La primera es el mantenimiento de la hegemonía católica en el plano de las relaciones político religiosas, plasmada en el vínculo de la jerarquía católica con los dirigentes partidarios. Con tres décadas ininterrumpidas de regímenes democráticos en Argentina, la permanencia de un entramado legal que privilegia al catolicismo (en detrimento de otras confesiones) revela los límites de los procesos de ampliación de la ciudadanía que supusieron una creciente igualdad entre los sujetos (por ejemplo, achicando brechas de género, orientación sexual o estatus migratorio a través de novedosas leyes). La influencia del catolicismo sobre la clase política, particularmente de su jerarquía institucional, le permite reproducir su rol de árbitro de la cuestión religiosa en Argentina: cualquier iniciativa tendiente a modificar la estructura jurídica del espacio religioso está condicionada al aval o veto del Episcopado. Las raíces de esta influencia se encuentran en la forma histórica que ha adoptado el catolicismo en Argentina que, a diferencia de experiencias como la chilena o la brasileña,27 se ha proyectado como una matriz cultural con pretensión de dotar de sentido a la identidad nacional y moldear las estructuras estatales.28 Esta modalidad de religión pública demostró especial afinidad con los regímenes dictatoriales de Argentina en el siglo xx, pero mantiene su incidencia en contextos democráticos como el vigente, debido al rol de la Iglesia católica como espacio de socialización y formación de cuadros dirigentes. Como señala Esquivel 27
Véase: Casanova (1994). Véase: Mallimaci (2012).
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(2014), las interrupciones a esta hegemonía -la sanción de las leyes de divorcio en 1987, de salud reproductiva en 2002, de educación sexual integral en 2006 y de matrimonio igualitario en 2010- no se explican a partir de la gravitación de una cultura laica en la clase política, sino por un proceso de profundización democrática y de mayor sintonía entre los espacios de representación política y las demandas sociales. En términos de Laclau y Mouffe (2005), la hegemonía cultural católica sólo se fracturó en Argentina cuando fue desafiada por aquellas coaliciones políticas capaces de producir una contrahegemonía cimentada en la articulación de los intereses de las minorías demandantes, sectores de la clase política, medios de comunicación y diversos grupos de la sociedad civil. Éste no ha sido el caso de la demanda de igualdad religiosa de los evangélicos, que no han podido cumplimentar la desingularización necesaria para situarse por encima de cualquier particularismo (Boltanski, 1990: 262), y para expresar su interés en los términos de una causa general, con la potencia necesaria para movilizar a otros actores de la sociedad civil y política.29 La segunda implicancia refiere a la huella que esta causa ha dejado en el campo evangélico. El debate reciente sobre una ley de cultos evidenció sus fracturas internas, que remiten principalmente a posiciones antagónicas en cuanto a la relación con el Estado y a la representación -es decir, qué actores se encuentran habilitados para pronunciarse públicamente en nombre de la comunidad evangélica. La reconstrucción de este proceso político nos permite plantear que entre 2002 y 2010 ha prevalecido una dinámica de fragmentación y fuerte distanciamiento entre los actores del espacio evangélico, contrastando con la imagen de unidad del movimiento, visto como una entidad monolítica dotada de identidad y objetivos comunes propia de la década de 1990. Siguiendo a Freston (2012: 90), quien investiga el campo evangélico en el Brasil, este diagnóstico de fragmentación, sumado a la vigencia de la hegemonía católica ya descrita, permitirían conceptualizar este momento como una transición protestante, es decir, como un período en el que, tras etapas de crecimiento numérico y aumento de la visibilidad pública, se vuelven evidentes sus limitaciones políticas para instalar una agenda propia y generar apoyos. Esto no significa que los evangélicos dejarán de constituir una religión pública en Argentina, renunciando a intervenir en debates como el de la despenalización del aborto, pero sí que enfrentan limitaciones externas (la hegemonía católica) e internas (la fragmentación del propio espacio evangélico) que por el momento licuan sus expectativas de instalar y/o hacer prevalecer en el espacio público demandas ligadas a su condición de comunidad religiosa. 29
En este contexto, un sector del campo evangélico (expresado en posiciones como la de faie y el pastor Prein) ha preferido seguir bajo el amparo de la ley sancionada en la última dictadura -posiblemente expectante de una disminución de la influencia católica en la sociedad argentina y su dirigencia política (previa la unción del cardenal Bergoglio como el Papa Francisco)-, a reafirmar los irritantes privilegios católicos mediante una nueva ley de cultos que los reconozca. Agradecemos los comentarios de un/a evaluador/a anónimo/a en este sentido.
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Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales⎥ Universidad Nacional Autónoma de México Nueva Época, Año LX, núm. 225 ⎥ septiembre-diciembre de 2015 ⎥ pp. 161-206⎥ ISSN-0185-1918
Democracia, capacidades deliberativas e inclusión política juvenil: el caso de Baja California1 Democracy, Deliberative Capacities and Political Inclusion of Youth: The Case of Baja California Cheryl Álvarez-Torres∗ Alejandro Monsiváis-Carrillo∗∗ Recibido el 3 de febrero de 2015 Aceptado el 28 de abril de 2015
RESUMEN
ABSTRACT
En este artículo se analiza la inclusión política juvenil desde la teoría deliberativa de la democracia. El objetivo es formular una concepción que pueda servir como un parámetro normativo para las políticas públicas y como instrumento para la investigación empírica. En la primera parte se sostiene que la inclusión política de los jóvenes es relevante por dos razones: los convierte en partícipes de los asuntos públicos, y promueve el fortalecimiento intergeneracional de los valores y las instituciones de la
This article analyzes the political inclusion of youth from the perspective of the deliberative theory of democracy aiming at formulating a conception that could serve as a normative parameter for public policies and as an instrument for empirical research. In the first part it is argued that the political inclusion of youth is relevant for two reasons: it gets them involved in public matters and promotes the intergenerational strengthening of values and institutions of democracy. Second, the sco-
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Los autores agradecen los comentarios y recomendaciones de los revisores anónimos de este trabajo. Politólogo y doctor en Ciencias Sociales por el El Colegio de la Frontera Norte, (México). Profesor-investigador en el Departamento de Estudios de Administración Pública. Sus líneas de investigación son: democratización, rendición de cuentas, cultura política y comportamiento político. Entre sus últimas publicaciones destacan: “Hablar de política. Democracia deliberativa y participación discursiva en México” (2015); “Protesta social, política deliberativa y democracia: un análisis de los ‘Diálogos por la Paz’ en México”, en coautoría con Torres y Tavera (2014); La representación de cara al futuro: desafíos para la participación y la inclusión democráticas en México, coeditado con Diana Guillén (2014). Correo electrónico: amonsi@colef.mx ∗ ∗ Maestra en Desarrollo Regional y estudiante de doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales de El Colegio de la Frontera Norte. Sus líneas de investigación son: democratización, desarrollo, ciudadanía, género y juventud. Entre sus últimas publicaciones destacan: “La construcción de un sistema deliberativo para la inclusión política juvenil en Baja California” (2015); “El sistema deliberativo y el desarrollo de capacidades democráticas en jóvenes” (2015) y “Un sistema deliberativo para la inclusión política juvenil en Baja California” (2014). Correo electrónico: calvarezdcs@colef.mx ∗
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democracia. En la segunda, se expone y defiende el enfoque de las capacidades deliberativas para fomentar y analizar la inclusión democrática de la juventud. En tercer lugar, se desarrolla el análisis de un caso a nivel subnacional en México, el estado de Baja California, en tanto que presenta uno de los Índices de Desarrollo Humano más altos en el país, tiene un régimen electoralmente competitivo y cuenta con una ciudadanía desapegada de la política. El análisis muestra los atributos y los desafíos de la inclusión política de la juventud en esta entidad en la que las dinámicas asociativas están débilmente institucionalizadas y las políticas públicas hacia la juventud son discontinuas y poco eficaces.
pe of deliberative capacities is presented and defended in order to promote and analyze the democratic inclusion of youth. Third, the development of the analysis of a sub-national Mexican case in the state of Baja California is presented due to the fact that it has one of the highest Human Development indexes in the country, a competitive electoral regime and its citizens are detached from politics. The analysis shows the attributes and challenges of political inclusion of youth in this entity where the associative dynamics are weakly institutionalized and public politics toward youth lack continuity and are inefficient.
Palabras clave: teoría deliberativa de la democracia; inclusión política; jóvenes; políticas de juventud; Baja California.
Keywords: deliberative theory of democracy; political inclusion; youth; youth politics; Baja California.
Introducción En estrecha vinculación con el desempeño que ha tenido al menos durante la última década y media, la democracia mexicana padece un déficit de confianza y credibilidad. Numerosos estudios muestran un pronunciado desencanto y distanciamiento de la ciudadanía con respecto a las instituciones políticas y su funcionamiento.2 Esta situación afecta claramente a la población joven: diversas expresiones de protesta social, como el movimiento “#YoSoy132” o las movilizaciones llevadas a cabo a partir de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (estado de Guerrero), revelan el interés que los asuntos públicos pueden despertar en los jóvenes.3 Sin embargo, las condiciones prevalecientes en el sistema político no parecen ofrecer oportunidades a las y los jóvenes de ser protagonistas en la acción pública y la democracia en este país. La participación electoral, en tal sentido, a pesar de ser un mecanismo institucional clave en el ejercicio de los derechos ciudadanos, es una forma de influencia política a la que los jóvenes recurren en menor 2
Véanse: Del Tronco (2012); ine (2014: 53-68); Morris y Klesner (2010). Véanse: Alonso (2013); Arteaga Botello y Arzuaga Magnoni (2014); Guillén (2014).
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medida que otros grupos de edad (ife, 2011 y 2013).4 Ante el distanciamiento ciudadano de las instituciones representativas, si no es por la vía de la protesta y la movilización, el régimen político parece ofrecer pocas alternativas para que las y los ciudadanos jóvenes se involucren en la gobernanza democrática. La inclusión política de las personas jóvenes es una tarea pendiente de gran importancia para el fortalecimiento de la democracia en México. Nuestro principal objetivo en este artículo es formular una concepción de la inclusión política juvenil en la democracia que pueda servir como un parámetro normativo para la acción y las políticas públicas, así como un instrumento para la investigación empírica. Con este propósito, en su primera parte desarrollamos una concepción de la inclusión política de los jóvenes que opere para distintas formas concretas de interpretación y análisis; sostenemos que la inclusión política juvenil es importante, en principio, para hacer partícipes a las y los jóvenes de los asuntos públicos en la sociedad en que viven, pero también es necesaria para sostener y profundizar, a lo largo del tiempo y entre distintas generaciones, los valores e instituciones de la democracia. En la segunda parte ofrecemos una propuesta específica al defender una interpretación de la inclusión política juvenil basada en la teoría deliberativa de la democracia, la cual asume que el diálogo público es un mecanismo de inclusión, de fortalecimiento del compromiso cívico, y de generación de decisiones políticas con mayor respaldo y legitimidad;5 concretamente emplearemos la noción de “capacidades deliberativas del sistema político” (Dryzek, 2009 y 2010), pues permite analizar qué tan inclusiva, auténtica y consecuente es la deliberación que articula los espacios públicos con los espacios resolutivos en un sistema político. Con base en el enfoque de las “capacidades deliberativas”, en la sección tercera y en la cuarta de este trabajo presentamos el análisis de un caso empírico de inclusión política juvenil: el sistema político del estado de Baja California (bc), ubicado en el extremo noroeste de México. Este caso reviste interés por los contrastes que lo caracterizan: con una población prácticamente urbana y alfabetizada, estrechamente vinculada a las dinámicas sociales y económicas de California -sur de los Estados Unidos- y a pesar de la ola de violencia que la afectó hace algunos años, esta entidad federativa se encuentra entre las que tienen 4
El Instituto Federal Electoral (2011 y 2013) reporta que, en las elecciones federales legislativas de 2009 y en las elecciones federales de 2012, la participación electoral del grupo de 20 a 29 años de edad fue consistentemente inferior al promedio nacional, además de ser la más baja en relación con otros grupos de edad. Por ejemplo, en el año 2012, el promedio nacional de participación electoral fue de 62.08%, mientras que entre los jóvenes de 20 a 29 años fue de 53.11%. Esta tendencia puede estar asociada a la pérdida de credibilidad de los partidos políticos y las instituciones representativas que se ha generalizado en México durante los últimos años. Con respecto a la vía que ofrecen los movimientos de protesta para canalizar el interés de los jóvenes por lo público, es elocuente que un análisis del Movimiento #YoSoy132 se titule: “Cómo escapar de la cárcel de lo electoral” (Alonso, 2013). Asumimos que, en este sentido, la cárcel es una metáfora de las limitaciones que el sistema electoral mexicano impone a la participación política de la juventud. 5 Véanse: Goodin (2008); Gutmann y Thompson (2004).
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mejores indicadores en materia de desarrollo humano y calidad democrática en México.6 Sin embargo, los altos índices de abstencionismo electoral, la indiferencia general hacia el quehacer gubernamental y los bajos indicadores de participación social presentes en el estado, ilustran una significativa desarticulación entre sociedad y política; de hecho, estudios previos afirman que las y los jóvenes en esta entidad se interesan más por viabilizar sus proyectos personales de vida que por tener presencia en la esfera pública (Monsiváis-Carrillo, 2004). Este escrito muestra, en cambio, que en la sociedad bajacaliforniana se ha constituido un espacio público dinámico y creativo de participación juvenil, con influencia en materia institucional a escala local. Así, los déficits se encuentran en la debilidad de las dinámicas asociativas de las y los jóvenes, y en la poca capacidad que han tenido las instituciones políticas y de gobierno para llevar a cabo políticas eficaces y duraderas de inclusión juvenil. Finalmente, luego de exponer el análisis del caso, en las conclusiones, ofrecemos una síntesis del argumento y un balance del enfoque propuesto -las capacidades deliberativas-, para entender y analizar la inclusión democrática de la población joven.
La inclusión democrática de las personas jóvenes El objetivo de esta primera parte es argumentar que la inclusión política de las personas jóvenes es una condición importante para el fortalecimiento y la sostenibilidad en el tiempo de un régimen democrático. Pretendemos formular un planteamiento conceptual y normativo que suscite distintas aproximaciones concretas para analizar y promover la inclusión juvenil en la democracia, para lo cual exponemos la concepción de la democracia que orienta este trabajo, definimos a la población de interés -las “personas jóvenes”- y hablamos de la importancia de promover la inclusión política de la juventud.
La democracia como régimen y como principio La democracia es un régimen de instituciones, condiciones y procesos para el acceso y el ejercicio del poder público. Antes de dar por hecho alguna forma institucional, es un principio de legitimidad de la autoridad política basado en la libertad y la igualdad política de las y los ciudadanos.7 Son múltiples los significados y los arreglos institucionales que son congruentes con tal principio. Como señala Gallie (1955), la democracia es uno de esos conceptos 6
Véanse: pnud (2015); Somuano y Ortega (2011). La teoría contemporánea de la democracia está basada en tales premisas. Para una breve muestra de lo que implica justificarlas normativamente y las diferentes implicaciones políticas e institucionales que traen consigo, véanse: Dahl (1991); Habermas (1998); Held (2006); Rosanvallon (2013). 7
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esencialmente contestados. Las controversias en torno a su significado no son solamente de índole conceptual: tienen repercusiones en el diseño institucional y en las prácticas políticas. Esto ha convertido a la teoría de la democracia en un terreno fértil para los debates e innovaciones conceptuales, normativas y públicas. Los aportes son múltiples y diversos; desde David Held (2006), quien pasa revista a los modelos ateniense, republicano, liberal, competitivo, pluralista, posmarxista, participativo, deliberativo y cosmopolita de la democracia; pasando por Leonardo Morlino (2012: 34-47), quien debate sobre los componentes de la calidad de la democracia e identifica ocho modelos normativos (liberal, responsivo, participativo, deliberativo, asociativo, igualitarista, buen gobierno y buena democracia); hasta arribar a Michael Coppedge, John Gerring y sus colaboradores (2011: 254), quienes incorporan seis concepciones de la democracia en un planteamiento comparativo a escala mundial (electoral, liberal, mayoritaria, participativa, deliberativa e igualitaria). En este artículo defendemos una perspectiva deliberativa para analizar la inclusión política juvenil. En tanto régimen de derechos, la democracia se constituye a partir del conjunto de normas, disposiciones y oportunidades que tiene la ciudadanía para expresar opiniones, asociarse libremente, intervenir en los asuntos públicos, elegir y ser electa. Por medio de la apropiación y el ejercicio de los derechos democráticos, las y los miembros de una sociedad pueden ejercer control sobre la agenda pública, la conformación de los gobiernos y la conducción de las políticas públicas. El ejercicio de las libertades y derechos ciudadanos son parte del entramado institucional que así como favorece la identificación de intereses comunes, la colaboración en los procesos de gobernanza y el sentido de pertenencia a una “comunidad de iguales”, también ofrece mecanismos para adoptar decisiones políticas legítimas en contextos de diferencia y desacuerdo.8 Como sistema de gobierno, la democracia se fortalecerá en la medida en que motive a los actores sociales a aceptar sus reglas y sus resultados; no es un desafío menor, considerando que las sociedades actuales no son sólo socialmente plurales, sino que están integradas por agentes con preferencias heterogéneas, intereses potencialmente en conflicto y concepciones morales diferentes, en ocasiones irreconciliables. Un régimen democrático, por tanto, debe incentivar a todos los agentes, independientemente de su posición social, poder económico o credo religioso, a jugar bajo las mismas reglas, por lo que la construcción y renovación de las instituciones y las prácticas democráticas constituye un desafío permanente para toda sociedad. El arraigo y funcionamiento de este sistema depende no solamente del reconocimiento público de su valor intrínseco, sino también de la capacidad que tenga para incluir y representar las demandas ciudadanas, para crear espacios para el procesamiento institucional del conflicto y 8 Este planteamiento y el que se desarrolla en los siguientes párrafos está basado en aportaciones tanto de la teoría política normativa contemporánea, como en la discusión sobre qué se puede esperar en la práctica de tales postulados normativos. A manera de ilustración, véase: Munck (2014); Przeworski (2010); Rosanvallon (2013); Young (2000).
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para dar respuestas eficaces a los problemas públicos. Cuando el sistema cumple de manera deficiente con estas funciones los intereses particulares predominan sobre el interés público, las problemáticas sociales se profundizan, y la ciudadanía se vuelve partícipe de dinámicas de desapego, polarización y conflicto social. La inclusión política juvenil puede considerarse una prueba para todo sistema democrático. En la medida que un sistema político consigue afianzarse y reproducirse a través de mecanismos que permiten el tránsito entre generaciones, cada nueva generación se apropia de los valores, prácticas e instituciones que dan forma a la autodeterminación y el autogobierno. Para promover la inclusión política juvenil hay que comenzar, entonces, por discutir qué es lo que esto significa.
¿Quiénes son las y los jóvenes? Hace ya más de tres décadas, Bourdieu (2003) afirmó que la noción de “juventud” no es más que una palabra.9 Con esta provocativa tesis pretendía subrayar que, más allá de la edad de las personas, la condición de juventud adquiría contenidos sustantivos sólo de manera relacional, a partir de las jerarquías y relaciones de poder prevalecientes en un campo determinado. A partir de este postulado, la definición de la condición de juventud se ha convertido en una cuestión altamente debatida. Fundamentalmente, a partir del estudio de las culturas juveniles se han cuestionado distintas concepciones psicologistas, funcionales y lineales de la juventud para hacer énfasis en las identidades, la capacidad de agencia y las prácticas distintivas de los jóvenes.10 Este giro ha provocado, a su vez, algunas dificultades adicionales debido a la tendencia a identificar el todo con una de sus partes: la juventud equivale a la expresión de identidades y prácticas socioculturales de agrupaciones concretas de jóvenes. En nuestro caso, consideramos relevante el período etario pero no para encontrar ahí los atributos constitutivos de alguna inmanente “condición juvenil”, sino para delimitar un período en la vida de las personas que es crucial para su constitución como agentes morales y públicos. Denominamos “jóvenes” a las personas que, entre los 12 y 29 años de edad, viven experiencias propias e individuales de desarrollo humano11 que se encuentran influidas tanto por las características propias de cada individuo -en un sentido biológico 9
La edición original de Cuestiones de sociología fue publicada por Les éditions de Minuit en 1984. Véanse: Furlong y Cartmel (1997); Nilan y Feixa (2006), Reguillo (2000); Valenzuela (1997); Wolseth y Babb (2008). 11 La definición del rango de edad de la juventud no es uniforme en la normatividad internacional. Por ejemplo, la Organización Iberoamericana de la Juventud establece un rango de 15 a 24 años. En este trabajo optamos por utilizar el rango de edad indicado en el artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1999 y reformada por última vez el 14 de mayo de 2013. De 12 a 29 años de edad es un rango amplio pero suficiente: es difícil considerar “jóvenes” a los menores de doce años y, a pesar de la opinión que tengan muchas personas de sus propias actitudes y vitalidad, lo mismo aplica para los mayores de 29. 10
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y psicológico- como por las condiciones del entorno social en el que vive. Más allá de los determinantes psicológicos o sociales de la vida de estas personas, el elemento central de la concepción que proponemos es la experiencia de desarrollo humano vivida durante esta etapa, y damos por hecho que las y los jóvenes, antes que “jóvenes”, son personas con capacidad de agencia,12 agentes morales capaces de decidir acerca de sus valores e intereses y actuar en consecuencia, haciéndose responsables de sus actos. Cada persona puede vivir conforme a lo que, a partir del juicio propio y las condiciones definidas por el entorno, considere una vida digna de ser vivida. A la construcción reflexiva de este proyecto de vida (que implica una actualización constante a lo largo del tiempo) es a lo que denominamos “experiencia de desarrollo humano”. La “juventud”, entonces, es una etapa crucial en el desarrollo humano de cada persona, durante la cual se adquieren y desarrollan las capacidades necesarias para concebir y realizar, de manera consciente o sistemática, un proyecto de vida propio. Desde luego, varias circunstancias pueden interferir con -o fortalecer- las oportunidades que las personas jóvenes tienen para vivir una experiencia de desarrollo humano acorde con las propias potencialidades, aspiraciones y expectativas. Por ejemplo, hay personas que desde temprana edad, en virtud de las desventajas de su entorno, tienen pocas posibilidades de elegir un proyecto propio, se ven obligadas a responder a las necesidades de su ambiente y a asumir responsabilidades que disminuyen su experiencia de desarrollo personal. Por otra parte, hay quienes pueden aprovechar las oportunidades acumulativas que su situación particular les ofrece y prolongar esa experiencia de desarrollo humano más allá de la etapa de juventud. Concebimos a las personas jóvenes como aquellas personas que, ubicadas en un rango de edad de entre 12 y 29 años, viven experiencias subjetivas de desarrollo individual y humano, mediatizadas por sus condiciones de vida, sus posiciones sociales y sus relaciones interpersonales. De esta forma, podemos articular la condición juvenil con distintas modalidades de actuación, participación y relación con lo público. La capacidad de agencia política es constitutiva de las personas jóvenes en tanto que son agentes morales capaces de reconocer intereses propios y ajenos, responsabilidades individuales y colectivas. Tal capacidad les permite asimilar información, formular preferencias, juicios políticos y actuar -de manera individual o colectiva- para influir en los asuntos públicos. La influencia pública de los jóvenes puede asumir distintas formas y emplear diversos medios: puede seguir los cauces de la institucionalidad prevaleciente o puede buscar vías alternas y contestatarias; puede tener como propósito reforzar o reproducir el statu quo, subvertir el orden establecido o impulsar cambios de distinta índole; puede recurrir a repertorios convencionales de protesta y participación, o introducir innovaciones públicas y socioculturales con alcance político. 12
La concepción empleada en este trabajo se basa en las teorías de la persona contenidas en la filosofía moral y política contemporánea. Véanse: Nussbaum (2011: 17-68), Sen (2010: 255-282) y Rawls (1993: 47-88).
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Al estudiar la agencia política juvenil, sin embargo, es de primera importancia prevenir algunos equívocos conceptuales. En primera instancia, es necesario no confundir las categorías sociales con agentes colectivos. Una de las confusiones más frecuentes es asumir que aquellas personas que tienen entre 12 y 29 años, por el sólo hecho de estar atravesando la etapa de “juventud”, forman parte de un agente colectivo “joven” que comparte valores, creencias, intereses, propósitos y formas de acción. Esta visión es desacertada. La edad y las experiencias a ella asociadas pueden crear vivencias comunes y formas variadas de reconocimiento y diferenciación intersubjetivas, pero ello es algo distinto a la configuración de “actores” o “sujetos colectivos”. Este reconocimiento no implica negar que existan organizaciones sociales y movimientos constituidos por personas jóvenes, sino enfatizar que el concepto de “persona joven” designa por igual a jóvenes participativos y movilizados que a otros jóvenes que no se involucran de esa manera. En segundo lugar, es importante evitar la idea de que “la condición de juventud” se opone, por definición, al “mundo adulto”. Si se aspira a contrarrestar las diversas exclusiones que padecen las personas jóvenes, no es difícil albergar la creencia de que las actitudes, motivaciones y acciones políticas de “los jóvenes” se definen por oposición a las de los “adultos”. Esto puede ser cierto en determinados casos, pero también hay que tener en cuenta que una buena proporción de las personas jóvenes es adulta para todo efecto práctico.13 Al rebasar cierto umbral de edad -18/21 años-, las personas son reconocidas como individuos autónomos y competentes en las esferas de lo civil, lo penal, lo político y lo económico, entre otras. Por ende, no es prudente afirmar que los mundos “adulto” y “juvenil” son simplemente opuestos. Si se trata de dar cuenta de los mecanismos de exclusión que afectan a determinados segmentos de la población joven, hay que comenzar reconociendo que las nociones de “jóvenes” y “adultos” (o cualquier otra) son categorías descriptivas -algo ambiguas, por lo demás-, pero no son sujetos sociales. Finalmente, es importante tener la precaución de no dar por hecho que la agencia política juvenil es intrínsecamente valiosa o compatible con todos los ideales políticos, que puede promover cambios democráticos, pero también puede reforzar distintas estructuras de dominación política; puede innovar en términos de protesta para combatir el autoritarismo, pero también puede movilizarse para defender privilegios, sostener jerarquías o afianzar enclaves de poder. Aunque la participación pública de las y los jóvenes suele estar asociada con la profundización democrática, la movilización política de muchos jóvenes se 13
Valdría la pena investigar en qué medida, en los estudios sobre juventud y política, denominar “jóvenes” a quienes son “adultos jóvenes” fomenta una concepción a la vez romántica y paternalista de esas personas. Por ejemplo, determinadas formas de expresión, protesta o acción pública pueden percibirse como altamente originales e innovadoras si se atribuyen a “los jóvenes”, aunque pueden ser evaluadas de manera más crítica si se le atribuyen a adultos o ciudadanos comunes. Los agentes son los mismos, pero la valoración de sus acciones puede variar dependiendo de cómo se les conciba.
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enmarca también en intercambios particularistas que emplean formas autoritarias de organización e influencia y que, inclusive, pueden recurrir a la violencia como forma de presión política. Por ejemplo, los jóvenes que viven en condiciones de marginación y pobreza, o que se ven afectados por mecanismos estructurales de desigualdad, no escapan a las formas clientelares y corporativas de intermediación de otros agentes sociales. En América Latina, las redes clientelares proporcionan a los sectores populares y marginados un acceso a los bienes públicos que ni los mecanismos de la democracia representativa ni los servicios estatales consiguen ofrecerles.14 Tales formas corporativas y clientelares de intermediación política llegan a capturar las redes de organizaciones sociales y los instrumentos supuestamente “ciudadanizados” de participación y gestión urbana;15 estos mecanismos son vías de inclusión de los jóvenes en tanto clientes, pero no en tanto ciudadanos.
La inclusión política de las personas jóvenes Uno de los principales retos del fortalecimiento de la democracia es el desarrollo de mecanismos para la socialización política y la inclusión de las personas jóvenes. Cuando hablamos de inclusión política nos referimos a la posibilidad de participar en los asuntos públicos, ya sea interviniendo en la configuración de las agendas públicas, introduciendo innovaciones socioculturales en el espacio público, fomentando diversas expresiones de asociación y organización colectiva, teniendo voz y voto en los procesos de decisión política, fungiendo como representantes políticos o reconociendo que los propios valores, intereses y demandas están adecuadamente representados en el régimen político y el ejercicio del gobierno. Cuando hablamos de la inclusión política de las personas jóvenes damos por hecho que, en tanto personas, las y los jóvenes no simplemente tienen “identidades plurales”. Ante todo, los concebimos como agentes con capacidades humanas diferenciadas, con creencias y preferencias heterogéneas, con intereses que pueden entrar en conflicto y con convicciones morales que pueden ser incompatibles e irreconciliables, por lo que la inclusión democrática juvenil implica promover, fortalecer e impulsar los siguientes criterios: 1. La posibilidad de que cada persona joven tenga acceso a condiciones de bienestar y oportunidades de desarrollo humano que le permitan reconocerse como miembro de una sociedad democrática con pleno derecho. 2. Que el reconocimiento de esa condición de membresía vaya acompañado de una apropiación activa de los valores y normas asociados con la política democrática: 14
Véanse: Auyero (2012); Hilgers (2012). Véanse: Tejera-Gaona (2014); Rodríguez (2014).
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legalidad, imparcialidad, libertades de credo, asociación, expresión, tolerancia, no discriminación y deliberación, entre otros. 3. Posibilidades sustantivas para el ejercicio efectivo de los derechos y libertades políticos en la acción pública y en los procesos del régimen democrático. Esto se consigue impulsando una participación social y política relevante y eficaz a través de las instituciones electorales y representativas del régimen democrático, pero también de las diversas expresiones asociativas y discursivas que se producen en los espacios públicos. 4. Programas públicos o acciones sociales dirigidos a la población de jóvenes que cumplan dos funciones complementarias: a) promover el desarrollo de capacidades democráticas en un marco de igualdad de oportunidades, b) favorecer el desarrollo de capacidades democráticas entre segmentos de la población que requieren de prerrogativas especiales para subsanar condiciones de desventaja específicas -por ejemplo, mujeres jóvenes, jóvenes indígenas, jóvenes en pobreza urbana, etcétera-. Un sistema democrático debe ofrecer condiciones y oportunidades para que las y los jóvenes puedan convertirse en ciudadanos comprometidos y responsables. La inclusión política de las personas jóvenes debe ser concebida como un proceso continuo y constante, no como una acción puntual en el tiempo que sólo beneficie a los jóvenes del presente. No se trata sencillamente de que se abran espacios para jóvenes en las organizaciones sociales, el gobierno o los partidos políticos, ni tampoco de crear cuotas para “jóvenes” como un fin en sí mismo. Se trata de lograr que la política democrática esté abierta a la participación de personas jóvenes en función de sus méritos y capacidades. El riesgo de descuidar la inclusión política juvenil implica un deterioro intergeneracional de la confianza en los valores y las instituciones de la democracia para dirimir los conflictos políticos y definir legítimamente rutas para la acción colectiva.
Capacidades deliberativas e inclusión juvenil El estudio de la inclusión política juvenil puede realizarse desde distintas perspectivas y metodologías, y aquí defendemos la relevancia de la teoría deliberativa de la democracia para estudiar este fenómeno y proponemos hacerlo mediante las herramientas derivadas del concepto “capacidades deliberativas del sistema político”. En esta sección se describe la perspectiva deliberativa de la democracia y se desarrollan las categorías que orientan el análisis.
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Democracia deliberativa e inclusión juvenil La teoría deliberativa es un conjunto de premisas normativas, programáticas y analíticas relacionadas con el fortalecimiento y profundización de la democracia (Thompson, 2008). No solamente ha promovido un replanteamiento del significado de la legitimidad política, el constitucionalismo o la operación de las políticas públicas (Chambers, 2003), sino que ha inspirado también numerosas iniciativas de acción pública, experimentos e investigaciones orientadas directamente a promover el compromiso cívico, la rendición de cuentas y el desempeño democrático.16 El enfoque deliberativo surgió inicialmente en el plano de la teoría política normativa como parte de una concepción de la legitimidad política alternativa a las concepciones economicistas y utilitaristas de la democracia.17 En este primer momento, la teoría deliberativa puso énfasis en identificar las condiciones ideales del discurso que podían dar legitimidad a las decisiones políticas a través de procesos de motivación y justificación razonada de las alternativas de elección.18 Como una reacción crítica a este planteamiento, numerosos partidarios de la teoría deliberativa relajaron las condiciones ideales del discurso, promovieron concepciones alternativas de la política deliberativa e impulsaron diversas innovaciones y experimentos públicos.19 Luego de más de una década de transitar por esa ruta, la teoría deliberativa ha dado un giro sistémico: conscientes de que el estudio de los minipúblicos concentró los esfuerzos de investigación en el estudio de las consecuencias particulares de los procesos deliberativos, los partidarios de este enfoque han llamado la atención hacia la necesidad de retomar el estudio de la deliberación “a gran escala”, es decir, en las sociedades y los regímenes democráticos actuales.20 El enfoque de la democracia deliberativa actualmente se caracteriza por darle centralidad a los procesos de debate, argumentación y justificación para identificar problemáticas, alternativas de solución y adoptar decisiones políticas que susciten un amplio respaldo público.21 De esta forma, constituye una alternativa a una concepción de la política democrática restringida al carácter instrumental, antagonista y agregativo de los procesos políticos. En lugar de sostener que para adoptar una decisión democrática es suficiente con sumar preferencias y votos, la perspectiva deliberativa demanda que haya procesos públicos de debate en los que sea el intercambio de razones que toman en cuenta los intereses generales lo que permita arribar a decisiones que cuenten con un respaldo político justificado. Para los 16
Véanse: Nabatchi, Gastil y Weiksner (2012); Smith (2009). Véanse: Elster (1997); Cohen (1989). 18 Véase: Habermas (1998). 19 Véanse: Dryzek (2000); Neblo (2005); Young (2000). 20 Véanse: Kuyper (2015); Mansbridge, Bohman, Chambers, Christiano, Fung, Parkinson, Thompson y Warren, (2012); Parkinson, (2006); Warren, (2007). 21 Véanse: Guttman y Thompson (2004); Rosenberg (2007). 17
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partidarios de este enfoque, la deliberación es un mecanismo de cooperación y decisión políticas que enriquece el repertorio de formas de acción democrática. En este sentido, poner énfasis en el carácter deliberativo de la política democrática no supone pasar por alto la amplia variedad de instituciones y mecanismos que existen en una democracia. Por el contrario, permite identificar el papel que desempeñan los procesos de diálogo y justificación públicos en impulsar la rendición de cuentas democrática. Una concepción deliberativa de la democracia es particularmente relevante para repensar la inclusión política de las personas jóvenes, lo que puede entreverse a partir de la premisa de inclusividad de la democracia deliberativa,22 según la cual todo ciudadano que se vea implicado por las acciones o disposiciones de alguna autoridad o gobierno debe tener oportunidades de participar -en condiciones de equidad y reciprocidad- en los procesos deliberativos que habrán de conducir a la adopción de decisiones vinculantes y al llamado a cuentas a los gobernantes. Idealmente, y bajo los términos establecidos para organizar las instituciones políticas, ningún ciudadano o ninguna persona debe ser relegada del proceso deliberativo por atributos particulares como la edad, la condición social, el origen étnico, etcétera. Así, las personas jóvenes, en tanto integrantes de pleno derecho de la comunidad política, deben contar con iguales oportunidades de participar en los procesos de deliberación pública, lo cual no implica que la participación deliberativa de las y los jóvenes deba apegarse necesariamente a los parámetros de una deliberación racionalista, pues a través de distintos repertorios de expresión simbólica y manifestación colectiva, los jóvenes también pueden contribuir a las contiendas discursivas en la esfera pública23 o darle un carácter deliberativo a los movimientos sociales.24 Al promover una concepción deliberativa de la inclusión política de las personas jóvenes se espera dar impulso a una cultura política democrática basada en las normas de participación, reciprocidad, diálogo y cooperación, entre otras. Esta cultura política no solamente serviría para que las personas jóvenes se apropien de una manera más activa y colaborativa de las instituciones políticas, sino que sentaría las bases para el desarrollo intergeneracional de un sistema político deliberativo.
Sistemas deliberativos, capacidades deliberativas y democracia La propuesta de este artículo se inscribe dentro del giro sistémico de la teoría deliberativa de la democracia, a partir del cual no se trata simplemente de estudiar el funcionamiento de un determinado espacio o foro público, sino de dar cuenta de la manera en que la deli22
Véase: Cohen (1997). Véase: Dryzek (2000). 24 Véanse: Della Porta (2005); Fung (2005). 23
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beración se articula a través de distintos espacios públicos e instancias de decisión política.25 La relevancia de este enfoque sistémico radica, en primera instancia, en dos aspectos: el primero exige reconocer que la deliberación es una práctica política que asume diversas formas en distintos espacios institucionales. En un sistema deliberativo, se pueden distinguir al menos tres modalidades de política deliberativa (Monsiváis-Carrillo, 2015: 33-36): la participación discursiva -que tiene lugar en las conversaciones cotidianas sobre política y en los discursos generados y promovidos por asociaciones y movimientos sociales y de protesta-, la deliberación pública -que se verifica en una amplia variedad de foros y espacios consultivos, cuya finalidad es clarificar o definir agendas públicas y hacer recomendaciones a otras instancias resolutivas o de decisión-, y la deliberación política -que se realiza en ámbitos institucionales con capacidad de emitir decisiones vinculantes, como los parlamentos-. El segundo aspecto a considerar es que los procesos deliberativos no tienen lugar exclusivamente en un momento discreto en el tiempo, sino que forman parte de procesos de coordinación política que se extienden temporal y espacialmente. Por otra parte, el enfoque sistémico obliga a pensar en la inclusión política juvenil en términos que trascienden los efectos de momentos particulares o expresiones concretas de participación o movilización de jóvenes; antes bien, invita a considerar la manera en que distintas formas de expresión juvenil interactúan con las instituciones públicas, los programas de gobierno dirigidos hacia la juventud, otros movimientos sociales, o procesos legislativos y de implementación de políticas. El carácter propiamente deliberativo de la inclusión juvenil viene dado por la capacidad que tienen tanto las instituciones públicas, las organizaciones sociales y las propias personas jóvenes para generar discursos sobre cuestiones de interés colectivo, ofrecer alternativas de política, presentarlas y defenderlas en espacios públicos y políticos, y exigir que se rindan cuentas acerca de la relación existente entre agendas, debates, decisiones y resultados de la acción pública. En tal sentido, la potencial relevancia del enfoque deliberativo para promover la inclusión democrática juvenil depende de la disposición de herramientas conceptuales que contribuyan a promover y a analizar los sistemas deliberativos. Una propuesta teórica particularmente útil para este propósito es la del enfoque de las “capacidades deliberativas”. Esta propuesta ha sido formulada por John Dryzek (2009), quien establece que el desarrollo de capacidades deliberativas es un indicador empírico de la democratización de los sistemas políticos. De acuerdo con este autor, la capacidad deliberativa se define como “la medida en que un sistema político posee estructuras que hospedan una deliberación auténtica, inclusiva y consecuente” (Dryzek, 2009: 1382), de tal suerte que, a “la luz de la teoría deliberativa, entre más auténtica, inclusiva y consecuente es la deliberación política, más democrático es el sistema político” (Ibíd., 2009: 1380). 25
Véase: Mansbridge, Bohman, Chambers, Christiano, Fung, Parkinson, Thompson y Warren (2012).
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El enfoque de las capacidades deliberativas tiene el propósito explícito de ser útil para el análisis comparado de los procesos de democratización, y desde nuestro punto de vista promueve dos aportaciones clave para la inclusión democrática de las y los jóvenes. En primer lugar, establece un vínculo directo entre la expansión de las capacidades deliberativas y la calidad de la democracia en un sistema dado. La premisa es que, en la medida en que un sistema político cuenta con condiciones para que los jóvenes y la ciudadanía en general se involucren en una deliberación inclusiva y consecuente, las políticas públicas podrán responder mejor a las demandas colectivas. Desde luego, la evidencia de que ello suceda en la práctica requiere del estudio de casos empíricos concretos. La segunda aportación del enfoque de las capacidades deliberativas es precisamente su relevancia heurística. Por un lado, pone énfasis en estructuras y procesos, facilitando la observación de los procesos políticos con carácter deliberativo. Las dificultades para observar la deliberación son uno de los motivos que han limitado la realización de estudios empíricos con perspectiva deliberativa. Dryzek (2009) pone énfasis en las capacidades deliberativas que se gestan en los espacios públicos y resolutivos; de hecho considera de primera importancia analizar los intercambios entre espacios públicos y espacios de decisión. Por otra parte, define tres estándares normativos para evaluar la calidad de la deliberación: ésta debe ser inclusiva, auténtica y consecuente.26 Por lo tanto, al establecer estos parámetros, se reconoce que la calidad del discurso importa. Sin embargo, pueden criticarse dos aspectos de este enfoque: el primero es que representa una aproximación general a los procesos de integración de los sistemas deliberativos; el segundo es que no ofrece una guía para el estudio empírico del discurso en los procesos deliberativos, tal como sí lo ofrece -por ejemplo- el Índice de la Calidad del Discurso.27 Consideramos que estas críticas, antes que desestimar este enfoque, invitan a impulsar una agenda de desarrollo teórico analítico y de investigación empírica que subsane estas limitaciones. En este documento asumimos que las capacidades deliberativas de un sistema político pueden fortalecer el carácter democrático del mismo, dando por hecho que “lo democrático” está definido por la realización de elecciones competitivas, un marco de libertades públicas y la vigencia efectiva del Estado de derecho. Ahora bien, para analizar empíricamente el desarrollo de las capacidades deliberativas, utilizaremos las categorías propuestas por Dryzek (2009: 1382, 1385-1386): •
Capacidades deliberativas: designan el grado en que existe una deliberación auténtica, inclusiva y consecuente en un sistema político. En este caso, asumimos como auténtica la deliberación que induce una reflexión política de maneras no
26
Véase más adelante una definición operativa de estos términos. Véase: Steenbergen, Bächtiger, Spörndli y Steiner (2003).
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coercitivas, que vincula las demandas con principios generales y que demuestra reciprocidad; es inclusiva la deliberación en la que participa un amplio rango de intereses y discursos en un escenario político determinado, y es consecuente la deliberación que tiene algún grado de impacto en las decisiones colectivas o en los resultados sociales. Sistema deliberativo: es un sistema de acción colectiva integrado por distintos espacios formales e informales de comunicación, decisión y actuación públicos. Esta definición se puede aplicar tanto a un conjunto de normas, instituciones y actores transnacionales, como al régimen político de un Estado nacional o a la red de gobernanza definida por alguna temática específica.
Un sistema deliberativo se compone de los siguientes elementos:28 •
• •
•
Espacios públicos. Son espacios frecuentemente informales, con pocas restricciones de entrada a los procesos deliberativos: movimientos sociales, foros ciudadanos, audiencias públicas, espacios físicos de encuentro y reunión (plazas, restaurantes, clubes), y redes sociales en la Internet. Espacios resolutivos.29 Son organizaciones o estructuras organizacionales que producen decisiones vinculantes: parlamentos, las cortes y/o los consejos corporativos. Medios de transmisión. Son los medios a través de los cuales los espacios públicos influyen en los espacios resolutivos: campañas políticas, redes entre actores políticos, discursos y pronunciamientos públicos, expresiones socioculturales, etcétera. Medios de control o rendición de cuentas. Son los que permiten a los espacios públicos hacer rendir cuentas a los espacios resolutivos, y pueden ser los mismos o similares a los medios de transmisión.
Los lineamientos expuestos en la tabla 1 ofrecen criterios para el desarrollo de estudios empíricos acerca del desarrollo de las capacidades deliberativas relacionadas con la inclusión política juvenil, y son los que guían el análisis empírico que presentaremos a continuación. El objetivo es determinar qué tan robustas son las capacidades deliberativas del sistema en relación con las personas jóvenes. Las filas de la tabla contienen las tres dimensiones de las capacidades deliberativas del sistema, mientras que las columnas muestran las características prototípicas que se podrían observar si esas capacidades fueran robustas, intermedias o débiles.
28
Una exposición más extensa de los elementos del sistema deliberativo se encuentra en: Dryzek (2009: 1386; 2010: 12). En inglés se les denomina empowered spaces, que podría traducirse como “espacios empoderados” pero por su carácter decisivo y por pensar que en español resulta un término más apropiado, los denominamos “resolutivos”.
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Tabla 1 Capacidades deliberativas e inclusión política juvenil: criterios de observación Características de la deliberación pública
Influencia deliberativa en el sistema político Robusta
Intermedia
Débil
Inclusiva
E x i s t e u n a a mpl i a v a r ie d ad de re de s , agrupaciones y organizaciones con orientación pública o política que incorporan a personas jóvenes o en circunstancias en que éstas son protagonistas. Estos actores colectivos tienen presencia activa en los espacios públicos y en los espacios resolutivos. Las personas jóvenes representan intereses y discursos plurales de manera estructurada.
La participación de personas jóvenes en grupos, redes o colectivos tiene un carácter secundario o subordinado y/o participan en espacios públicos pero no resolutivos. Las personas jóvenes representan una visión ideológica de manera predominante, o bien cierto tipo de intereses de manera más o menos estructurada.
La participación de personas jóvenes en grupos, redes o colectivos con orientación política es mínima o nula. La participación de personas jóvenes tiene lugar en espacios públicos poco vinculados con la acción política. Los intereses, ideologías y discursos promovidos por las personas jóvenes están poco estructurados y/o son poco plurales.
Auténtica
La participación y comunicación de las personas jóvenes en los espacios públicos y resolutivos se realizan con base en sus intereses y convicciones. Las personas jóvenes emplea n un a mplio repertorio de mecanismos de transmisión de influencia deliberativa y de rendición de cuentas.
La par ticipación y comunicación de las personas jóvenes en los espacios públicos y en los espacios resolutivos están limitadas o controladas por sus afiliaciones corporativas, partidistas, religiosas o socioculturales. Las personas jóvenes recurren a un repertorio restringido de mecanismos de transmisión de inf luencia deliberativa y de rendición de cuentas.
La participación y comu nicación de las personas jóvenes en los espacios públicos y en los espacios resolutivos están supeditadas a una autorización explícita por parte de entidades familiares, corporativas, religiosas, partidistas o socioculturales. Las personas jóvenes emplean un repertorio restringido o nulo de mecanismos de transmisión o rendición de cuentas.
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(continuación) Características de la deliberación pública Consecuente
Influencia deliberativa en el sistema político Robusta
Intermedia
Débil
Existen leyes, instituciones, programas y acciones públicas dirigidas a la población de jóvenes, encaminados a promover su desarrollo humano y político de manera eficaz y sostenida.
Existen leyes, instituciones y programas dirigidos hacia la juventud, pero cuentan con capacidades limitadas de operación.
Las leyes, instituciones y programas dirigidos a la juventud son limitados, con pocas capacidades de operación, con visiones paternalistas o tutelares, y/o sirven como agencias decorativas (window dressing).
Fuente: elaboración propia con base en Dryzek, John, (2009) “Democratization as Deliberative Capacity Building” en Comparative Political Studies. Vol. 42, núm. 11, pp. 1379-1402. Nueva York, sage Publications.
Un estudio de caso: la inclusión política de jóvenes en Baja California El estado de Baja California es la primera entidad federativa en México en la que el Partido Revolucionario Institucional (pri) reconoció, en las elecciones para gobernador en 1989, el triunfo de un partido opositor, el Partido Acción Nacional (pan).30 Todavía en esa época (a pesar de la crisis económica de 1982, de los conflictos postelectorales de 1986 en Chihuahua, de la “caída del sistema” a la hora del conteo de los votos para la elección presidencial de 1988, y el descontento social generalizado en el país), no se alcanzaba a anticipar el día en que el pri perdería en las urnas la presidencia de la República31 -ni mucho menos, que habría de “regresar a Los Pinos” en el año 2012-. ¿Cuál es el interés teórico o analítico que reviste este caso? Baja California es una entidad federativa que se caracteriza por ser una sociedad dinámica, con niveles de desarrollo y bienestar entre los más altos del país, y un sistema político consolidado, electoralmente competitivo. Sin embargo, entre la sociedad y el sistema político parece haber mecanismos fragmentados y poco robustos de articulación en la esfera pública.32 Esto lo ilustra el análisis de los consejos de 30
Véase: Espinoza Valle (2003). Véase: Labastida y López Leyva (2004). 32 Véase: Ruíz Vargas (2001); Espinoza Valle (2003). 31
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planeación para el desarrollo estatal y municipal en Tijuana que, a mediados de los años noventa, ganaron notoriedad como espacios de colaboración entre los sectores público y privado, pero que se fueron debilitando conforme los partidos en el gobierno desatendieron la continuidad de los procesos participativos y construyeron vínculos con sus propios intermediarios.33 A pesar de haber experimentado un intenso período de violencia a causa del crimen organizado entre 2007 y 2009, esta entidad no fue presa de una espiral de deterioro institucional como ha sucedido en Guerrero, Michoacán o Tamaulipas; antes bien, ha conseguido restablecer estándares de seguridad pública compatibles con una reactivación del desarrollo social y económico,34 y se ha mantenido como un estado que presenta los niveles de desarrollo humano más altos en el país.35 Debido a los procesos de migración interna e internacional que tienen lugar en la región, Baja California se caracteriza por ser una sociedad plural y en constante movimiento. En esta entidad, la población total rebasa los tres millones de habitantes y más de 90% de la misma reside en zonas urbanas -de los cuáles más de la mitad vive en Tijuana o en los dos municipios cercanos a esta ciudad-, y más de 90% de la población está alfabetizada.36 Además existe una fuerte integración económica y social con el sur de los Estados Unidos. La propia economía regional -predominantemente estructurada en torno a la industria de exportación- se ha diversificado a través de la instalación de empresas innovadoras, la expansión del sector de servicios, el impulso a la industria agropecuaria orientada hacia el mercado externo, y la emergencia de un segmento turístico y gastronómico basado en la industria vitivinícola y el clima mediterráneo que predomina en la costa de la entidad.37 Paralelamente, el sistema político bajacaliforniano es clasificado como una de las democracias de más calidad en el plano subnacional mexicano.38 Aunque el pan ha ganado sistemáticamente las elecciones a la gubernatura del estado desde 1989, el régimen electoral es 33
Véase: Selee (2011). Baja California padeció una crisis de seguridad que se tradujo en altos niveles de violencia. El restablecimiento de condiciones relativamente estables de seguridad pública se basó en una combinación de factores que incluyeron una mejor coordinación entre las fuerzas federales, estatales y municipales de seguridad y el involucramiento de la sociedad. Véanse: Bailey (2014); Sabet (2014). 35 El informe más reciente sobre Desarrollo Humano en las entidades federativas en México (pnud, 2015), ubica a Baja California dentro del grupo de las ocho entidades con un nivel “muy alto” en el país. 36 De acuerdo con el Censo 2010 de Población y Vivienda, solamente 7.7 % de la población estatal vive en localidades de menos de 2,500 habitantes; el porcentaje de personas en condición de analfabetismo es de 2.57. Disponible en: <http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/> [Consultado el 15 de agosto de 2015]. 37 Véase: Celaya Tentori (2014); Hualde y Carrillo (2007). 38 La evaluación de la calidad de la democracia a nivel subnacional fue realizada a partir de un índice que contempla dos dimensiones: la consulta protegida al electorado y la protección de la ciudadanía de las acciones arbitrarias del gobierno (Somuano y Ortega, 2011: 22-23). La primera dimensión incluye indicadores de participación electoral, número efectivo de partidos y alternancia en el ejecutivo estatal; la segunda dimensión se mide a partir de las recomendaciones en materia de derechos humanos recibidas por la entidad respectiva, y el número de periódicos y radiodifusoras que hay en esa localidad. 34
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altamente competitivo. En este sistema, esencialmente bipartidista, compiten el pri y el pan; el resto -incluyendo a los partidos de izquierda- promueven alianzas electorales para capitalizar diputaciones de representación y algunos puestos en los gobiernos estatales y municipales. A pesar del dinamismo de la sociedad bajacaliforniana y del carácter competitivo del régimen electoral, la evidencia disponible muestra lo que parece ser una esfera pública “despoblada”: la ciudadanía no parece interesarse demasiado por los asuntos públicos. No se trata de un rechazo abierto en contra del régimen o sus instituciones, sino de un desapego cercano a la indiferencia. Por ejemplo, el gráfico 1 muestra que la participación electoral en bc se ha mantenido sistemáticamente a la zaga del promedio de participación nacional en las elecciones federales llevadas a cabo entre 2000 y 2012. En el plano local, la participación electoral es notoriamente baja, pues desde 1998 no rebasa el 45% de la lista nominal de electores, oscilando entre 30 y 40 % de la votación. Gráfico 1 Participación electoral en los comicios locales y federales de Baja California (1995-2013) 100 90
Participación electoral (%)
80 70 60 50 40 30 20 10 0
1995
1997
1998
2000
2001 BC
2003
2004
BC Federal
2006
2007
2009
2010
2012
2013
Nacional
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California <www.iepcbc.org.mx> y del Instituto Nacional Electoral <www.ine.mx>. Acceso del 23 de enero de 2015. Los años 1995, 2001, 2007 y 2013 reportan la participación electoral en elecciones para gobernador; los años 1998, 2004 y 2010, la participación en elecciones legislativas locales. Los años 2000, 2006 y 2012 reportan elecciones para presidente de la República; y los años 2003 y 2009 reportan elecciones legislativas federales. Democracia, capacidades deliberativas e inclusión política
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Se podría tomar partido por la sociedad y afirmar, con razón, que a pesar del carácter competitivo del régimen electoral, las elecciones locales contienen una oferta de candidatos y programas poco estimulante. Con todo, sería de esperar un activo compromiso cívico por parte de la ciudadanía, o por lo menos por parte de la ciudadanía joven. En 2010, la población de jóvenes representaba una tercera parte de la población del Estado: de acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, 27.3 % de la población en el Estado está constituida por jóvenes de entre 15 y 29 años -es decir, por poco más de 860 mil jóvenes-. A lo largo de su vida, las generaciones nacidas después de 1985 han conocido -al menos en el plano estatal- un régimen electoral competitivo. Los jóvenes bajacalifornianos han sido parte de un sistema sustancialmente más democrático que el que se ha vivido en otras regiones de México durante las últimas tres décadas. Sería esperable encontrar en este segmento poblacional elementos de una cultura democrática en construcción. Sin embargo, los datos disponibles muestran que las y los jóvenes en Baja California se mantienen distanciados de un activo compromiso cívico. Por ejemplo, a partir de la Encuesta Nacional de Valores (envud, 2012), el gráfico 2 revela39 que si bien la identificación con la democracia entre las y los jóvenes en bc es equiparable, e incluso un poco más alta que entre adultos en bc y jóvenes y adultos en el resto del país, el interés por la política es menor en bc y entre los jóvenes que en el resto del país. Se trataría de una identificación con la democracia más emotiva que informada. De la misma forma, el gráfico 3 muestra que los mecanismos para iniciar acciones colectivas o políticas son débiles, como si la acción juvenil estuviera “despolitizada”. En bc, la membresía en organizaciones o agrupaciones sociales y la noción de que se puede confiar en la mayoría de la gente son proporcionalmente menores a las que se observan en el resto del país, tanto entre la población joven como entre la población mayor de 30 años de edad. Paralelamente, cerca de la mitad de la población joven declara no tener una identificación partidista específica, proporción mayor a la de los jóvenes que se identifican con algún partido político en particular. La misma tendencia se observa en otros indicadores: la frecuencia con la que se sostienen conversaciones sobre política, con la que se da seguimiento a las noticias sobre política y gobierno, o el conocimiento que se tiene de los propios derechos civiles y políticos. En cada uno de estos indicadores la población en Baja California se mantiene igual o a la baja con respecto a lo que se observa en el resto del país. Sin embargo, como se aprecia en los gráficos 4 y 5, existen elementos en la cultura política de la juventud bajacaliforniana que aluden a un potencial de transformación pública. Aunque se registran altos niveles de conservadurismo en cuestiones sociales y afinidad con una 39
La envud (2012) es una encuesta representativa de la población mayor de 18 años en todo el país y con representatividad por entidad federativa.
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ideología de derecha, en términos de valores tanto hombres como mujeres en bc se conciben a sí mismos como socialmente más progresistas que los propios adultos bajacalifornianos y que el resto de la población en el país. Esto queda de manifiesto en las actitudes hacia el aborto en tanto que hombres y mujeres jóvenes en bc están de acuerdo con este derecho en una proporción mayor que el resto de la población. No es así, sin embargo, con relación al matrimonio entre personas del mismo sexo. Estos datos son ilustrativos de una cultura política que se concibe a sí misma como progresista y abierta pero que, desconfiando de los medios que el sistema político ofrece actualmente, tiende a “despolitizar” sus formas de acción -como lo revela el hecho de que muy pocos se identifiquen con una ideología de izquierda o tengan afinidad con algún partido político-. El contexto, como mostraremos en la sección siguiente, ofrece mecanismos incipientes y fragmentarios de inclusión política, lo que refuerza este distanciamiento entre la juventud y lo público. Gráfico 2 Identificación con la democracia e interés por la política
24.22
32.66
29.92
70 60 50 40 30 20 10 0
30 años o Jóvenes 18 30 años o Jóvenes 18 30 años o Jóvenes 18 30 años o Jóvenes 18 más a 29 más a 29 más a 29 más a 29 Hombres BC
Hombres en México
Identificación con democracia
Mujeres BC
Mujeres en México
Mucho interés en la política
Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Valores: lo que une y divide a los mexicanos (envud), 2012. México, Banamex/Fundación Este País.
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Gráfico 3 Indicadores de capital social 60 50 40 30 20 10 0
30 años o más
Jóvenes 18 a 29
Hombres BC
30 años o más
Jóvenes 18 a 29
Hombres en México
Confianza en la mayoría de la gente
30 años o más
Jóvenes 18 a29
Mujeres BC
30 años o más
Jóvenes 18 a 29
Mujeres en México
Membresía en grupo social (%)
Sin identificación partidista
Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Valores: lo que une y divide a los mexicanos (envud), 2012. México, Banamex/Fundación Este País.
Capacidades deliberativas e inclusión juvenil en Baja California A pesar de las tendencias generales que se registran en el caso bajacaliforniano con respecto a la participación electoral y el compromiso cívico de la ciudadanía, durante los últimos años han surgido iniciativas y dinámicas asociativas muy puntuales promovidas por personas jóvenes, que tienen por objeto influir en los asuntos públicos de la región. Esta activación ha permitido desarrollar las capacidades deliberativas de inclusividad y autenticidad del sistema político local, y aunque la efectividad o las consecuencias de la deliberación pública también han sido relevantes, es en los planos asociativo e institucional donde se observan importantes áreas de oportunidad para promover la inclusión política juvenil.
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Gráfico 4 Perfil ideológico
60 50 40 30 20 10 0
30 años o más
Jóvenes 18 a 29
Hombres BC
30 años o más
Jóvenes 18 a 29
30 años o más
Hombres en México
Progresista en lo social
Conservador
Jóvenes 18 a 29
Mujeres BC
Izquierdista
30 años o más
Jóvenes 18 a 29
Mujeres en México
Derechista
Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Valores: lo que une y divide a los mexicanos (envud), 2012. México, Banamex/Fundación Este País.
Los resultados que se reportan en esta sección son producto de una fase de investigación llevada a cabo entre agosto de 2012 y abril de 2014. La estrategia metodológica combinó el análisis de datos estadísticos e institucionales sobre programas públicos y asociaciones juveniles, y de jóvenes empleando distintas fuentes de información. Una descripción del diseño general de investigación se muestra en el anexo 1, y algunos resultados del análisis estadístico a los que se alude en ese anexo se presentan en la sección anterior. Las fuentes documentales que se consultaron abarcan leyes, reglamentos y documentos oficiales. El trabajo de campo consistió en la aplicación de entrevistas semiestructuradas y actividades de observación participante en consultas públicas y foros de discusión de los planes de desarrollo y de la política de juventud en el Estado de Baja California entre diciembre de 2013 y abril de 2014.40 Se llevaron a cabo entrevistas a tomadores de decisión y responsables de programas en materia de juventud: responsables de la Comisión de Juventud en el Congreso 40
Por razones de espacio, omitimos presentar las guías de entrevista y observación; sin embargo, están disponibles con los autores.
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del estado, directores de los institutos estatal y tijuanense de juventud, responsables de programas de capacitación y participación ciudadana, líderes jóvenes y jóvenes integrantes de organizaciones, partidos políticos y movimientos sociales. Gráfico 5 Acuerdo con derechos al aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo 60 50 40 30 20 10 0
30 años o más
Jóvenes 18 a 29
Hombres BC
30 años o más
Jóvenes 18 a 29
Hombres en México
Aborto:derecho de la mujer
30 años o más
Jóvenes 18 a 29
Mujeres BC
30 años o más
Jóvenes 18 a 29
Mujeres en México
Matrimonio personas del mismo sexo
Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Valores: lo que une y divide a los mexicanos (envud), 2012. México, Banamex/Fundación Este País.
Inclusividad Teniendo en cuenta los criterios definidos en la tabla 1, las capacidades deliberativas del sistema político bajacaliforniano alcanzan un nivel intermedio de inclusividad. Si se consideran, por ejemplo, las organizaciones de jóvenes o las iniciativas en las que se involucran las y los jóvenes que tienen algún propósito político o público en relación con el volumen poblacional, sería evidente un potencial asociativo poco desarrollado; sin embargo, si se evalúan las dinámicas asociativas y participativas de los jóvenes de la entidad en función de sus características intrínsecas en experiencias e iniciativas puntuales, sale a relucir un interesante dinamismo. Durante los últimos años, el espacio público bajacaliforniano se ha ampliado con la incorporación de movimientos, iniciativas y organizaciones promovidas 184 ⎥ Alejandro Monsiváis-Carrillo
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por jóvenes o que involucran a jóvenes, lo que se debe en parte a dos factores: por un lado, a la relativa ausencia de formas de intermediación corporativas que históricamente han caracterizado a esta entidad,41 favoreciendo el surgimiento de iniciativas asociativas autónomas, y por el otro, a la crisis de inseguridad que se vivió en la frontera hace unos años, lo cual propició la emergencia y vinculación de diversas iniciativas, así como la creación y el fortalecimiento de redes. Estas iniciativas abarcan movimientos y actores ubicados en un espectro ideológico amplio: desde las organizaciones pro empresariales hasta los movimientos contestatarios y radicales, pasando por otros orientados a la provisión de servicios, la contraloría social o la asistencia social. Dentro de esta creciente diversidad de actores y movimientos sobresale el carácter sustancialmente limitado de las organizaciones relacionadas con los partidos políticos. En la entidad se encuentran “Acción Juvenil” (jóvenes simpatizantes del pan); “Juventud Territorial Tijuana” (conformada por jóvenes del pri); una representación juvenil del partido “Movimiento Ciudadano” en Baja California; y las “Juventudes de Izquierda”42 (representación juvenil del Partido de la Revolución Democrática). La investigación de campo revela que estas asociaciones cuentan con pocos miembros y operan sin presupuesto. Quienes se involucran en ellas son jóvenes voluntarios, afiliados o simpatizantes del partido de referencia, que realizan actividades proselitistas y de diversa índole con recursos propios o autogestionados. Estas asociaciones constituyen mecanismos de acceso a la política local para jóvenes interesados en convertirse en políticos profesionales. En cambio, en un terreno distinto al partidista, los jóvenes han encontrado diversas plataformas para organizarse y representar sus intereses; este es el caso de Jóvenes Unidos por la Sociedad a.c. (jus) de la ciudad de Tijuana, una asociación civil que busca motivar a la juventud a colaborar en el bienestar de Tijuana y a incidir en las políticas de juventud locales. Esta fue la primera organización local que consiguió citar a políticos, artistas y empresarios locales e impulsar el tema de jóvenes en su agenda. Esta asociación organizó un debate con candidatos locales para las elecciones federales de 2012, apoyó la creación de la Ley de Juventud de Baja California, obtuvo un “Espacio Poder Joven” del Instituto de la Juventud, y el premio de juventud a nivel municipal en 2010 y estatal en 2012. Por su parte, en el año 2010 se formó el “Consejo Ciudadano Juvenil de Tijuana”, integrado por representantes de diferentes organismos juveniles -jus, Comisión de Jóvenes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Junior Chamber International (jci) Tijuana, Tijuana Trasciende, Rotaract Tijuana Oeste, entre otros- para impulsar proyectos conjuntos de interés social para jóvenes. Entre sus iniciativas se encuentran la 41
Véase: Espinoza Valle (2003). Cabe resaltar que a pesar de las condiciones precarias con las que opera, en ocasiones ha tenido mayor presencia pública que la dirigencia local del prd, un partido minoritario en la entidad.
42
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realización del evento “Tijuana Somos Todos” con la participación de diversas organizaciones de la ciudad y el impulso a la Ley de Juventud en Baja California. Luego de un par de años de trabajo, esta organización permanece inactiva en el presente. Además de las mencionadas, existen las siguientes organizaciones y movimientos: • “Acóplate” es un movimiento surgido en 2011en el municipio de Tecate a partir de la iniciativa de estudiantes radicados en esa localidad para gestionar los medios de transporte necesarios para trasladarse a las escuelas y universidades de Tijuana. • La “Comisión de Empresarios Jóvenes Coparmex Tijuana” se ha constituido en un actor político relevante en temas de desarrollo económico y juventud. • “Entre Jóvenes” es una agrupación de la ciudad de Mexicali que realiza grupos de encuentro dirigidos a jóvenes en temas de capacitación laboral. Uno de sus proyectos fue ganador de una convocatoria emitida por el Instituto Mexicano de la Juventud. • “Hala Ken Telar Juvenil” busca la profesionalización y el empoderamiento de jóvenes como catalizadores del cambio a través de actividades de apoyo psicológico, capacitación e incubación de proyectos en la ciudad de Tijuana. • “Líderes Juveniles” se vincula con instancias de juventud e instituciones educativas para promover el liderazgo y la participación social de jóvenes en la comunidad. • “Red Universitaria de Tijuana” fue creada en 2012 y vinculaba a estudiantes y egresados universitarios en actividades sociales y comunitarias; actualmente se encuentra inactiva. • “Sé Líder” es originaria de Mexicali y se presenta como “una organización nacional laica, apartidista y sin fines de lucro” enfocada en promover el liderazgo juvenil y el desarrollo social, formada por jóvenes de 13 a 22 años. Entre 2004 y 2006, algunos de sus miembros fueron consejeros ciudadanos del Instituto Estatal de la Juventud y en 2007 obtuvieron el Premio Estatal de Juventud en Mérito Cívico. • “Un millón de jóvenes por México” es una iniciativa de carácter nacional para establecer redes de trabajo sobre juventud, con módulos en las ciudades de Tijuana y Mexicali. • “Viral bc Redes de Acción Local para la Transformación Nacional en Baja California” busca formar una red de vinculación juvenil a nivel local y nacional. • “Yo Tijuaneo” es una iniciativa que agrupó a 13 organizaciones juveniles para promover las fortalezas y virtudes de la juventud tijuanense. Surgió en 2012, año en que representó a la juventud local en el evento “Tijuana Innovadora” y quedó inactiva cuando varios de sus integrantes se incorporaron a la administración municipal que inició en 2013. Por otra parte, con un perfil contestatario dentro del espectro ideológico local, se encuentran otras organizaciones y movimientos de protesta: 186 ⎥ Alejandro Monsiváis-Carrillo
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“#YoSoy132bc” es la representación del movimiento “#YoSoy132México” en Baja California. El “Instituto Nacional de Gastos Pendejos” (ingape) es una agrupación a nivel local que se desprende de la misma iniciativa de carácter nacional. Aunque no es propiamente una organización juvenil, las y los jóvenes locales tienen en ella un papel protagónico, organizando acciones de protesta civil pacífica de manera constante. El “Movimiento Estudiantil Revolucionario” fue creado en el municipio de Playas de Rosarito. Motivan la participación de jóvenes en acciones de denuncia y protesta. La “Unión de la Juventud Revolucionaria” de Tijuana se asume como “revolucionaria, democrática, popular, antifascista, progresista y anti imperialista”. Agrupa a jóvenes que “luchan” por las reivindicaciones propias y las demandas “del proletariado y las masas populares”, en contra de “la opresión y la explotación capitalista”. Realizan acciones de protesta y desobediencia civil.
Dentro del conjunto delimitado que constituyen, es notoria la diversidad de organizaciones y movimientos de jóvenes en la entidad; sin embargo -como se muestra en la tabla 2-, también es visible que se trata de dinámicas asociativas que se caracterizan por su empuje y voluntad más que por el grado de estabilidad, institucionalización y profesionalización que alcanzan. Son voces diversas y originales que promueven iniciativas de distinta índole, que forman parte de redes informales y que consiguen visibilizar las temáticas de juventud en espacios delimitados; sus logros son tangibles, pero claramente circunscritos en términos temáticos. Muchas de ellas están integradas por pocos miembros y son transitorias. Son pocos los casos de las asociaciones y movimientos estudiados que disponen de fuentes estables de financiamiento, personal suficiente, estructura organizacional eficiente, y capacidades técnicas para elaborar informes y emitir recomendaciones en temas especializados. Fungen como espacios de expresión, formación de vínculos y socialización juvenil, pero sin lograr estructurarse como organizaciones o movimientos sociales que formen parte de los procesos decisivos en la elaboración de las políticas públicas. En ese sentido, sirven como redes que impulsan las carreras profesionales de los jóvenes en el plano civil o político, y de manera claramente articulada en torno a partidos políticos, grupos empresariales o asociaciones civiles orientadas a la provisión de servicios.
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Parcialmente Parcialmente Parcialmente No
Jóvenes Coparmex
Entre Jóvenes
Hala Ken Telar Juvenil
Líderes Juveniles
Parcialmente No No. Está inactiva
Un millón de jóvenes
Viral bc
Yo Tijuaneo
#YoS oy132bc/ ingape/ No Movimiento Estudiantil Revolucionario y Unidad de la Juventud Revolucionaria de Tijuana Fuente: elaboración propia.
Parcialmente
Sé Líder
Sólo redes informales
Sólo redes informales
Sólo redes informales
Sólo redes informales
Sólo redes informales Sólo redes informales
Red Universitaria de Tijuana No. Está inactiva
Sólo redes informales
Sólo redes informales
Eventualmente Tiene redes informales Sólo redes informales
Solo redes informales
No
Acóplate
Sólo redes informales
No Parcialmente Eventualmente Sin financiamiento estable Tiene redes informales
Sólo redes informales
No
Membresía formal, Forma parte de redes estructura administrativa formales (por convenios y fuentes estables de de colaboración) financiamiento No Sólo redes informales
Juventud Territorial Tijuana (pri) Juventudes de Izquierda (prd) Jóvenes Unidos por la Sociedad
Acción Juvenil (pan)
Formas asociativas
Colabora con gobierno y partidos. Ídem anterior
Relación con instancias estatales
Participación en redes, Ídem anterior foros y eventos. Ídem anterior Ídem anterior
Oposición-colaboración con gobierno y partidos Liderazgo en organiza- Colaboración ción de redes, foros y eventos. Gestión de servicios para Colabora con el sector al universitarios que se dirige Participación en redes, Colaboración foros y eventos. Gestión de servicios y Colabora con el sector al capacitación que se dirige Ídem anterior Ídem anterior
Ídem anterior
Principales mecanismos de incidencia y debate público Participación en redes, foros y eventos. Ídem anterior
Gestión de servicios y Ídem anterior capacitación No, aunque tiene Participación en redes, Ídem anterior objetivos concretos foros y eventos. Ídem anterior Ídem anterior Oposición en la esfera pública No. Ídem anterior Colabora con el sector al que se dirige No, aunque tiene Ídem anterior Oposición en la esfera objetivos concretos pública
No
No
Ídem anterior
No, aunque tiene objetivos concretos Ídem anterior
No, aunque tiene objetivos concretos Parcialmente
Parcialmente
No
No
No
Planeación estratégica y programas específicos
Tabla 2 Organizaciones, redes y movimientos juveniles en bc en 2014
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Autenticidad La autenticidad de la deliberación pública es la dimensión de las capacidades deliberativas del sistema político bajacaliforniano que se encuentra más robustecida en lo relativo a la participación de las y los jóvenes. ¿Qué significa “autenticidad” en este caso? Como se muestra en el apartado “Sistemas deliberativos, capacidades deliberativas y democracia” y en la tabla 1, hay dos indicadores empíricos importantes: uno es el grado en que la participación y la comunicación públicas en las que se involucran las personas jóvenes depende de la posibilidad de expresar sus propias convicciones e intereses sin que haya riegos a la coacción o represalias; el otro es la diversidad de mecanismos de influencia y control políticos que promueven entre los espacios públicos y los espacios resolutivos. Los casos de tres asociaciones de jóvenes en bc permiten mostrar que las formas de acción pública de las y los jóvenes en Baja California se caracterizan por la autenticidad de sus aportaciones deliberativas. Una de las organizaciones juveniles que más destaca por su papel protagónico en el espacio público es la asociación “Jóvenes Unidos por la Sociedad”, creada en 2009 y con sede en Tijuana, conformada por 30 jóvenes entre 22 y 28 años de edad. Sus aportaciones a la deliberación pública regional son diversas, ya que promueven la incidencia en políticas y programas públicos que toman en cuenta a la juventud. Es una asociación que ha logrado establecer la comunicación con actores políticos pues convocó a los candidatos a la gubernatura del estado en el proceso electoral de 2012-2013 a un debate público, da un constante seguimiento al desempeño de funcionarios y políticos, y participa en eventos y foros de alcance nacional. “Jóvenes Unidos por la Sociedad” ha construido, además, importantes vínculos con diversas entidades públicas y sociales de la región; ha mantenido comunicación con el Congreso del estado, con la secretaría general de gobierno y de desarrollo social, y con regidores y directores de los institutos de juventud a nivel estatal y municipal; mantiene vínculos con los medios de comunicación, hace alianzas con otras organizaciones de jóvenes y con organismos nacionales y binacionales; colaboró en el programa “Jóvenes constructores Tijuana” junto con la Fundación Internacional de la Comunidad y United States Agency for International Development (usaid) de la Embajada de Estados Unidos en México, con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (inea) y en el Consejo Ciudadano Juvenil de Tijuana. Ante tal desempeño, sus dirigentes fueron convocados para elaborar el plan de juventud del candidato del pri a la gubernatura en 2013. De hecho, varios de los integrantes de esta asociación han participado en las campañas de los distintos partidos políticos, aunque mantienen el carácter apartidista de la asociación. En cierta medida, estas acciones mermaron la legitimidad de las demandas ciudadanas juveniles sin fines partidistas que hasta entonces había mantenido la organización pues sus acciones ya no son percibidas como apartidistas o ciudadanas por algunos actores públicos. Democracia, capacidades deliberativas e inclusión política
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Impulsando una agenda centrada en el desarrollo del empresariado local, otra de las organizaciones juveniles que ha adquirido una voz propia es la “Comisión de Empresarios Jóvenes Coparmex de Tijuana”, filial de la Coparmex.43 Los dirigentes de esta comisión participan en consultas públicas, se entrevistan regularmente con diputados locales, con funcionarios de las dependencias gubernamentales relacionadas con la juventud, con la iniciativa privada, con los servidores públicos y los empresarios; durante los procesos electorales participan como observadores; al tiempo que se han sumado a iniciativas como el “amparo colectivo” que promovió el Consejo Coordinador Empresarial de Baja California, en contra de la homologación del impuesto al valor agregado (iva) en las zonas fronterizas con la tasa de 16% que se cobra a nivel nacional. La esfera pública regional incorpora, igualmente, los pronunciamientos, acciones de protesta y actividades de otro conjunto de asociaciones juveniles, agrupadas en el “Frente Único de Lucha de Baja California”. Este frente se integra por varias organizaciones del estado como el ingape, el “Frente Popular Revolucionario”, la “Unión de la Juventud Revolucionaria” y “#YoSoy132bc”, con sede en la ciudad de Tijuana. Con expresiones discursivas que integran elementos provenientes de discursos del marxismo revolucionario, las luchas populares, el sindicalismo y el anarquismo, los jóvenes que participan en esta asociación promueven posturas antisistémicas y de oposición al gobierno. Algunos de sus integrantes consideran que es necesario ir más allá de lo legal para ser escuchados y se declaran inconformes con que el gobierno proporcione apoyo únicamente a jóvenes ligados al sector empresarial o que realicen proyectos de tipo cultural/empresarial. Los integrantes de este frente se reúnen de manera continua para organizar actividades conjuntas. Constantemente realizan actividades de volanteo, trabajo comunitario, crean comités en colonias populares y se vinculan también con otras agrupaciones a nivel nacional. ingape es una de las asociaciones más activas del frente. Las y los jóvenes que participan en esta coalición también organizan círculos de lectura en comunidades para formar a jóvenes en política y concientizarlos de los problemas del país; buscan democratizar los medios de comunicación, a la vez que difunden la ideología y las actividades de la organización a través de las redes sociales y de un órgano impreso que editan y distribuyen. Los espacios de inclusión y deliberación que ofrecen las redes asociativas y los movimientos sociales en bc quedan expuestos en las trayectorias y experiencias de los propios jóvenes. Como ilustración, en la tabla 3 presentamos testimonios de jóvenes que han sido protagonistas de diversas formas de participación y acción pública en la entidad.
43
Al momento de la realización de este estudio el dirigente nacional de la Comisión era originario de Tijuana.
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Tabla 3 Experiencias individuales: participación juvenil en espacios públicos y resolutivos Jóvenes
Esfera de acción
Testimonio
Pedro (22 años)
Partidos y gobierno
Por influencia familiar se acerca a la política. Estudiante universitario y representante juvenil de “Morena” y el prd. Participa en partidos y acciones de incidencia en temas de juventud. “No participo en las consultas (cada quien asume su papel) a mí me gusta ser oposición”; “No se plantean mecanismos de inclusión, que se vuelva un derecho, una obligación”; “El precario esfuerzo para fomentar la participación se agrava en juventud”; “El estado da para más, sus jóvenes también”.
Gil (25 años)
Partidos y gobierno
Influencia familiar en espacios públicos y políticos. Profesionista con experiencia en incidencia en organizaciones juveniles y en campañas políticas (prd y pri). Participa y representa a varias organizaciones juveniles; ha participado en acciones de incidencia sobre juventud y encuentros con actores políticos; posteriormente trabajó para políticos. “Hay que apoderarse de los partidos, ni modo, es el sistema representativo. No puedes dejarlos solos. Se deben impulsar candidaturas ciudadanas”; “Es difícil, los jóvenes no creen en los políticos, no quieren entrar en la política, no son los jóvenes más capaces quienes llegan”.
Daniela (25 años)
Partidos y gobierno
Influencia familiar política (partidista) y social. Profesionista y funcionaria, representante de organizaciones juveniles, experiencia en partidos políticos (pri) y organizaciones internacionales. Su identificación partidista la ha favorecido en poder concretar varias acciones, pero no ha sido determinante a la hora de actuar y tomar decisiones. “Sí hay agrupaciones juveniles que hacen proyectos conjuntos pero no para exigir. Falta seguimiento”; “Hace falta expresar nuestra opinión en los ámbitos que afectan a la juventud, que al final del día son todos”; “Necesitamos ser más, son pocos quienes proponen soluciones y quienes se suman a propuestas ya hechas”.
Melissa (22 años)
Espacio público
Con poca influencia de participación en su familia. Estudiante y activista. “No creo que exista relación entre gobierno y jóvenes, hay cierta separación. Por ser apartidistas (#YoSoy132) no nos relacionamos con el gobierno. Le perdimos la fe al gobierno. No estamos de acuerdo en colaborar con políticos que quieren publicidad para su partido. No me he enterado de consultas”; “Vivía como todo mundo, sin saber nada ni informarme. Ya me tocaba votar y quise conocer candidatos y propuestas. Las marchas y el movimiento me dieron ganas de investigar y de unirme. Con “#YoSoy132” se informó a mucha gente, yo no tenía idea y terminé siendo de las principales militantes en la ciudad”.
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(continuación) Jóvenes
Esfera de acción
Testimonio
Carlos (25 años)
Espacio público contestatario
No tuvo influencia de participación en el contexto familiar. Estudiante, militante en organizaciones políticas y activista: “El gobierno es una representación de la oligarquía. Lo vemos como un medio, no como un fin. Más allá de la gestión (de fondos y/o becas), no trabajamos con gobierno, exigimos nuestras demandas”; “Dentro de las sociedades de alumnos y el consejo tienen representatividad el pan y el pri, ahí no nos dejan sacar una bandera y sí hacen eventos a los candidatos a alcaldes”; “No tenemos un fin de la legalidad. No creemos en lo pacífico/legal, puede ser un medio, pero la lucha se da en las calles. Para nosotros la democracia es burguesa, buscamos una democracia proletaria. La diferencia es que se defienden distintos intereses”; “Que ganara Peña Nieto hizo que decayera el movimiento”; “Las condiciones de pobreza son un factor para que la juventud participe no solo la pequeña burguesía de “#YoSoy132”, sino jóvenes de origen proletario”.
Fuente: elaboración propia con base en entrevistas realizadas por Cheryl Álvarez-Torres. Los nombres de las informantes han sido modificados. Pedro: entrevista en Tijuana, 24 de febrero de 2014; Gil: entrevista en Tijuana, 7 de diciembre de 2013; Daniela: entrevista en Tijuana, 25 de febrero de 2014; Melissa: entrevista en Tijuana, 17 de marzo de 2014; Carlos: entrevista en Tijuana, 21 de marzo de 2014.
Efectividad y consecuencias La deliberación pública que implica a la población joven -o que tiene por objetivo su inclusión política- ha sido medianamente efectiva o consecuente. Esto significa que hay logros tangibles (como una ley estatal en la materia que dio origen a un instituto estatal y un parlamento juvenil), pero éstos se ven afectados por las limitadas capacidades de operación de los gobiernos, y por el riesgo de captura por parte de actores políticos y gubernamentales que tienen prioridades distintas a las del fortalecimiento de los programas públicos dirigidos a la población joven. A pesar del desarrollo que se registra en los planos de inclusividad y autenticidad de la deliberación, son pocos los espacios resolutivos que promueven una deliberación robusta. Las dependencias y programas dirigidos a la juventud que se vinculan con la sociedad lo hacen, en el mejor de los casos, a través de consultas eventuales en las que no se establecen compromisos vinculantes y de las que posteriormente no se conocen los resultados. Por más que en la narrativa gubernamental se apele a la horizontalidad, los rituales, los discursos y las acciones revelan actitudes paternalistas hacia las personas jóvenes. Como regla general, 192 ⎥ Alejandro Monsiváis-Carrillo
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los programas públicos dirigidos a la juventud tienen una agenda orientada hacia el deporte, la salud, la educación y la capacitación laboral, pero carecen de mecanismos participativos en esas áreas y pocas veces impulsan actividades de educación cívica más ambiciosos. La oferta programática de las distintas dependencias municipales dirigidas hacia los jóvenes -lo mismo que los programas de educación cívica promovidos por el Instituto de Electoral y de Participación Ciudadana de bc (iepcbc)-, se han limitado a ofrecer cursos de capacitación a jóvenes de educación básica y media/básica. El proceso deliberativo más importante en materia de juventud en la entidad tuvo lugar en el Congreso del estado y obtuvo como resultado la elaboración de la Ley de Juventud de Baja California, publicada el 11 de julio de 2011. Calificamos como “deliberativo” al proceso de formulación de esta ley debido a que es producto de una conjunción de esfuerzos liderados por la Comisión de Juventud y Deporte de la xx Legislatura del Congreso del estado de Baja California, cuya presidencia estaba a cargo de una joven diputada del pan. De acuerdo a los testimonios de jóvenes líderes y funcionarios, la formulación de la ley devino de un proceso inclusivo y contó con la participación de distintas fuerzas políticas y organizaciones de jóvenes. La Ley de Juventud, por su parte, contiene tres dispositivos institucionales relevantes: uno es el Instituto de Juventud de Baja California, el segundo es Consejo Estatal de Atención a la Juventud -un órgano para la evaluación y el seguimiento de las políticas de juventud- y el tercero es el Parlamento Juvenil -una figura deliberativa pero no consultiva ni vinculante-. Sin embargo, la operación de la ley y la puesta en marcha de estos tres dispositivos institucionales no ha sido inmediata ni eficaz. Un factor que explica este derrotero es el cambio en las administraciones municipales y la estatal, que tuvo lugar a finales del año 2013, luego de prolongados procesos electorales que absorbieron la atención de políticos y funcionarios. Con el cambio de gobierno, el propio Instituto Estatal de la Juventud que inició funciones a finales de 2013, incumplió la ley al designar como director estatal a alguien que no cumplía con el requisito de contar con título universitario -se encontraba cursando la licenciatura al momento de la designación-, lo que generó el rechazo de algunos líderes juveniles. Un grupo de jóvenes lo denunció públicamente y otros decidieron no acudir a las consultas estatales y no colaborar con la nueva administración. Las dificultades con las que inició el Instituto Estatal de la Juventud son un reflejo de la relevancia que tienen las capacidades administrativas de las entidades gubernamentales para hacer valer los derechos garantizados por las leyes. Estas dificultades no han afectado exclusivamente al instituto, sino que han estado presentes al menos durante la última década. Acerca de la continuidad de los programas públicos, resulta sintomático que entre los actores políticos y gubernamentales -jóvenes y no jóvenes- no esté presente el recuerdo de que, diez años atrás, en el 2001, se promulgó una ley para crear el Instituto de la Juventud de Baja California (injuve), un órgano descentralizado y con autonomía de gestión. El injuve tuvo Democracia, capacidades deliberativas e inclusión política
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un gris desempeño y en el año 2010 fue reubicado en la Secretaría de Educación y Bienestar Social. Desde el punto de vista de la planeación y el diseño de programas públicos, sería interesante preguntarse si quienes promovieron la creación del nuevo Instituto Estatal de la Juventud contaron con un diagnóstico de las causas del bajo desempeño que tuvo el injuve. La documentación disponible no proporciona evidencias en ese sentido. Si el diseño de las nuevas dependencias previstas por la Ley Estatal de Juventud no previó la modificación de algunas de las condiciones que impidieron el desarrollo institucional del primer Instituto de la Juventud de Baja California, era previsible que la operación del Consejo Estatal de Atención a la Juventud y la puesta en marcha del Parlamento Juvenil no resultaran tan inmediatos ni garantistas como se esperaba. ¿Cuáles son algunas de esas condiciones? En la administración pública local en México, el desempeño de las dependencias gubernamentales está asociado a la centralidad que esas dependencias tienen para los actores políticos -el poder ejecutivo, los legisladores, los partidos políticos- y a las propias capacidades administrativas instaladas en cada dependencia. Si una agencia gubernamental es clave para el gobernador y cuenta con suficiente desarrollo organizacional, es previsible que tenga un desempeño eficiente. En cambio, si no cuenta con un respaldo firme de un agente político con influencia y las capacidades administrativas de la dependencia son débiles, el cumplimiento de su mandato se pone en riesgo. Esto es lo que sucede en muchas ocasiones con las dependencias relacionadas con los temas de juventud: si son administrativamente débiles y no forman parte del proyecto político de algún actor prominente, se convierten en entidades con importancia secundaria o en un botín administrativo del gobierno de turno, -o ambas cosas-. De esta manera, los cargos se reparten en función de las afinidades con determinados líderes, patrones o fracciones partidistas, y lo que tendría que ser un espacio de servicio público profesionalizado termina siendo objeto de captura por grupos políticos con clientelas propias. En gran medida, estas consideraciones pueden ayudar a entender lo que sucedió con el injuve creado en 2001 y los riesgos que corre el actual instituto estatal; así mismo, permiten entender las dificultades registradas en la instalación del Parlamento Juvenil que comenzó a operar recién en el año 2014. En la práctica, una instancia que pretendía vincular a las y los jóvenes con la función representativa y legislativa ha comenzado a funcionar como un espacio de promoción de las carreras políticas de algunos jóvenes y, aunque este giro tergiversa el propósito original del Parlamento Juvenil, al menos abre un espacio institucional a la profesionalización de la política.
Conclusiones Con frecuencia, los indicadores agregados de participación social y política no permiten apreciar el desarrollo de iniciativas particulares de organización y acción pública, y esto es 194 ⎥ Alejandro Monsiváis-Carrillo
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evidente en el estudio de caso presentado. Aunque la tendencia general de la participación ciudadana en el estado de Baja California se caracteriza por el desapego y distanciamiento de la población hacia el espacio público y las instituciones políticas, en la entidad existen diversas iniciativas de acción pública que han contribuido a promover la inclusividad y autenticidad en la deliberación que tiene lugar en la esfera pública regional, particularmente en las diversas formas de acción y participación de las personas jóvenes. Como hemos mostrado, durante los últimos años han surgido grupos de jóvenes que promueven de manera original diversas iniciativas de acción pública; las voces son diversas y se expresan en distintos foros y espacios sociales. Una característica sobresaliente de las incursiones de las y los jóvenes en los espacios público/sociales es que se realizan en un marco de comunicación y reflexión no coercitiva. Sin embargo, son dos los principales desafíos para la inclusión juvenil en este contexto: por un lado, se requiere del fortalecimiento de las capacidades en el espacio público para sostener las formas de organización y deliberación en las que participan las personas jóvenes. Así sea en actividades expresamente promovidas por jóvenes o en otras iniciativas con un alcance social más amplio, en este escenario son notorias las dificultades para sostener en el tiempo los proyectos participativos. El entorno propicio para el asociativismo en México es todavía deficiente y esto se observa inclusive en sociedades con condiciones relativamente desarrolladas de bienestar, como la bajacaliforniana. Por otro, el segundo desafío es igualmente estructural y considerable: la articulación de la ciudadanía con el sistema de partidos, las instituciones representativas y las políticas públicas. La deliberación que promueve la inclusión política juvenil en este caso ha sido parcialmente consecuente: ha promovido importantes avances en la agenda pública, la legislación y los programas públicos -una iniciativa original en ese sentido es el Parlamento Juvenil que fue creado por la Ley Estatal de Juventud-, pero no ha conseguido evitar que el enfoque general de las acciones públicas hacia la juventud tenga un fuerte acento paternalista, así como tampoco ha revertido el papel secundario o inexistente que tienen los programas de educación cívica o de desarrollo de capacidades políticas entre las y los jóvenes; de hecho, los programas públicos hacia los jóvenes se enfrentan a las inercias que afectan las iniciativas en este campo: inestabilidad, falta de recursos, captura administrativa y manipulación política. Al realizar este estudio de caso hemos pretendido identificar los desafíos que enfrentan la sociedad y las instituciones del estado de Baja California para promover la inclusión política juvenil, pero también pretendemos señalar que estos desafíos son compartidos por la sociedad y el Estado mexicano, inclusive en un grado mayor. Es importante, desde luego, estudiar empíricamente otros casos para explorar los mecanismos que dificultan el desarrollo de capacidades deliberativas para la inclusión política de las personas jóvenes; pero es igualmente importante tener en cuenta los motivos de esta agenda de investigación. Como se mostró en la primera parte de este trabajo, las y los jóvenes son personas que atraviesan Democracia, capacidades deliberativas e inclusión política
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por distintas experiencias de desarrollo humano y personal, por lo que para la democracia es de vital importancia que esas experiencias sirvan para que estas personas se reconozcan como agentes capaces de influir en los asuntos públicos de la sociedad en la que viven a través de los valores, reglas y procedimientos del sistema democrático. Con este objetivo en mente hemos defendido una concepción deliberativa de la inclusión política juvenil y hemos propuesto utilizar el enfoque de las capacidades deliberativas para promover y analizar esa inclusión política. Este trabajo constituye un primer acercamiento al desarrollo y aplicación de este enfoque en el análisis de un caso empírico. Al hacer un balance, consideramos importante señalar que si bien puede parecer abstracto e inclusive idealista, el enfoque de las capacidades deliberativas tiene un notable potencial normativo y heurístico. Por un lado, proporciona un marco general para conceptualizar la interacción entre agentes, instituciones, organizaciones, políticas públicas y condiciones de inclusión política; como herramienta de análisis, este marco puede adaptarse al estudio de un sistema político nacional o subnacional, o los componentes formales e informales de los procesos de elaboración de políticas. Por otra parte, este enfoque promueve distintos estándares normativos para evaluar la acción política; en este caso, pusimos énfasis en tres criterios: inclusividad, autenticidad y consecuencias en materia de inclusión política juvenil de las formas de acción, participación y las políticas públicas. En lo que sigue, deben refinarse los criterios, los indicadores y los métodos de análisis, pero también debe ponerse mayor énfasis en otros aspectos de la política deliberativa como, por ejemplo, el análisis de los discursos públicos, las características de los diseños institucionales específicos, o la transformación que tiene lugar en las preferencias de los actores y las decisiones públicas. Consideramos que se trata de una agenda de investigación por desarrollar; una agenda de investigación relevante, si se toma en cuenta que los jóvenes no dejarán de velar por sus propios valores e intereses aun en las condiciones más adversas. Un futuro poco promisorio le espera a aquella sociedad que no consiga que las nuevas generaciones promuevan sus proyectos colectivos y de vida reconociendo el valor y la utilidad de las instituciones democráticas. La perspectiva deliberativa de la democracia contribuye a pensar cómo promover y reforzar esas instituciones democráticas.
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Anexo 1 Lineamientos generales de la estrategia metodológica Dimensiones de análisis
Unidades de análisis
Fuentes de información
Disposiciones institucionales acerca de la inclusión política de las y los jóvenes. Programas públicos promotores de inclusión política.
Leyes, reglamentos y organizaciones con incidencia estatal en: Poder Ejecutivo Poder Judicial Poder Legislativo Órganos autónomos o descentralizados
Diario Oficial del Gobierno del Estado. Portales institucionales. Informes gubernamentales.
Ficha/nota de trabajo. Descripción de entidades institucionales. Entrevistas. Observación in situ de foros, consultas y sesiones de discusión.
Iniciativas asociativas de promoción de la inclusión política juvenil. Incidencia pública de organizaciones y movimientos.
Organizaciones, asociaciones, redes o movimientos. Estructura organizacional. Programas, iniciativas o actividades.
Portales de Internet. Documentos institucionales. Declaraciones. Manifiestos.
Análisis documental. Diario de campo. Observación in situ de foros, consultas y sesiones de discusión. Análisis documental. Entrevistas semiestructuradas.
Capacidades democráticas y compromiso cívico Trayectorias políticas Evaluación de mecanismos de inclusión política juvenil en el Estado
Individuos jóvenes (18 a 29 años)
envud 2010 Informantes clave Líderes juveniles. Jóvenes en organizaciones y movimientos sociales.
Análisis estadístico multivariado. Entrevistas semiestructuradas.
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Métodos de recolección y análisis de observaciones
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El impacto de los medios de comunicación sobre la definición del voto de los ciudadanos de Monterrey en las elecciones presidenciales de 2012 The Impact of the Media on the Definition of Votes of Monterrey Citizens in the Presidential Elections of 2012 José Fabián Ruiz∗ Recibido el 25 de agosto de 2014 Aceptado el 20 de febrero de 2015
RESUMEN
ABSTRACT
En este artículo se analiza el impacto que ejercieron los medios de comunicación en la formación de las opiniones de los votantes acerca de las campañas electorales y de los candidatos en la ciudad de Monterrey durante la elección presidencial de 2012. Para llevar a cabo la investigación se utilizaron los resultados de 7 grupos de discusión realizados con habitantes de la ciudad en el marco del Proyecto de Observación Electoral 2012. En la primera parte se revisan algunos conceptos fundamentales para el desarrollo de la investigación. En la segunda, se detalla la metodología de grupos de enfoque utilizada y se aclaran algunas especificaciones técnicas del trabajo de campo llevado a cabo.
This article analyzes the impact of the media on the formation of voters’ opinions on the electoral campaigns and on the candidates in the city of Monterrey during the presidential election of 2012. For this research, the results of 7 discussion groups among the residents of the city in the framework of the Project on Electoral Observation 2012 were used. In the first part, some fundamental concepts for the development of the research are reviewed. In the second part, the methodology of the focus groups used is detailed and some technical specifications of the field work are explained. In the third part, the results of the investigation are presented. Finally, some reflections are
∗
Licenciado en ciencia política, Universidad del Salvador, Buenos Aires. Doctor en ciencia política y sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Maestro en ciencias sociales con especialidad en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Profesor investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas (México). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Sus líneas de investigación son: instituciones políticas comparadas de América Latina. Entre sus últimas publicaciones se destacan: “El proceso de apropiación de la información pública. Estudio de caso de las pymes de Nuevo León (2013); “¿Por qué impera el Estado de derecho? Una aproximación comparada a las explicaciones centradas en la cultura de la legalidad” (2013); “El Estado de derecho internacional. Una aproximación cartográfica a su definición” (2012). Correo electrónico: jfr@uaz.edu.mx
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En la tercera, se presentan los resultados de la investigación. Finalmente, se comparten algunas reflexiones a modo de conclusión, en tanto que los hallazgos redimensionan el significado que algunos le atribuyen a los medios de comunicación en la formación de las preferencias durante las campañas electorales. Esto abre espacio para realizar nuevos estudios, más específicos y enfocados, en un tema donde la investigación académica aún tiene interrogantes de importancia que resolver.
presented as a sort of tentative conclusions, as the findings resize the importance attributed to the media in the formation of preferences during electoral campaigns. This opens new opportunities for new studies, more specific and focused, on a subject in which academic research still has some important questions that are to be answered.
Palabras clave: elección presidencial; preferencia electoral; medios de comunicación; democracia; Monterrey.
Keywords: presidential election; electoral preferences; mass media’s; local democracy; Monterrey.
Introducción ¿Cuál es el impacto que ejercieron los medios de comunicación, especialmente de los espacios noticiosos en televisión, la prensa escrita, y los medios de comunicación alternativos, en la formación de las opiniones de los votantes acerca de las campañas electorales y de los candidatos en la ciudad de Monterrey durante la elección presidencial de 2012? Esta es la pregunta que abordaremos en el trabajo a partir de los resultados obtenidos de 7 grupos de discusión realizados entre ciudadanos de Monterrey (cuatro grupos llevados a cabo antes de las elecciones presidenciales de julio de 2012, y tres en la semana posterior a las mismas). Dichos grupos se realizaron en el marco del Proyecto de Observación Electoral 2012, patrocinado con fondos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), y llevado a cabo en el Observatorio de Medios, de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública (egap), del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, sede Monterrey (itesm).
Los medios de comunicación y la opinión pública en Nuevo León A pesar de la ingente cantidad de publicaciones orientadas al análisis de los componentes de la alternancia política en México y de los procesos asociados con ésta, la literatura centrada en el análisis de experiencias similares en las entidades federativas no es abundante. 204 ⎥ José Fabián Ruiz
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En el caso de Nuevo León encontramos trabajos enfocados en el proceso de transición política (Medellín Mendoza, 2006 y 2011) y la alternancia entre partidos políticos en el gobierno del estado (González Castañeda, 2008), así como estudios más especializados sobre los procesos electorales de la entidad, la influencia de las reglas electorales en el desarrollo de las campañas electorales (Salazar González, 2006 y 2007), la accountability de los procesos electorales (Medellín Mendoza, 2012), la influencia de los medios de comunicación sobre grupos de votantes (Vázquez Godina y Aguirre Sotelo, 2013) y el desarrollo de las elecciones en la entidad (Nuncio, 2009). En este contexto, debemos mencionar el importante estudio promovido por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León en colaboración con instituciones académicas locales, orientado a establecer las características de los electores neoleoneses a partir de la realización de 1600 encuestas entre habitantes de la entidad (Berlanga Santos, Vázquez Ferrel, Cantú Escalante, Flores Rodríguez, Gutiérrez Garza, Panzi Artezán, Yarto Wong y Garza Urquidi, 2009), que permitió conocer a detalle algunas características de los votantes asociadas con las preferencias partidistas e ideológicas, la cultura política y los hábitos informativos de los ciudadanos. El estudio partió del supuesto de que en la determinación de las preferencias electorales intervienen factores de largo plazo y con mayor permanencia en el tiempo, tales como la identificación partidista, la ideología y las condiciones sociodemográficas de los ciudadanos; estos factores se relacionan, a su vez, con otros más coyunturales, de corto plazo, vinculados con el desarrollo de las campañas electorales puntuales. Entre ellos destacan la imagen de los candidatos, los temas de la contienda y la información proporcionada durante las campañas, que sirven de base para las evaluaciones que realizan los ciudadanos. Todo esto puede ser influido y manipulado a través de procesos de compra y coacción de los votos (Berlanga Santos y Vázquez Ferrel, 2009). A partir de esta base teórica, Cantú Escalante y Garza Urquidi (2009) nos permiten avanzar en el conocimiento de las votantes neoleoneses; así sabemos que los ciudadanos identificados con la izquierda suelen votar por un partido político más que por candidatos o propuestas de gobierno, mientras que los votantes identificados con la derecha suelen atender más a las propuestas y que los del centro se distribuyen de forma igualitaria entre las tres alternativas. Si vinculamos estas preferencias con los perfiles socioeconómicos, vemos que los ciudadanos con educación primaria y con menores ingresos suelen orientar su voto hacia los partidos políticos, mientras que los más educados y con mayores ingresos los hacen a partir de las propuestas de gobierno. Finalmente, si consideramos el género, las mujeres votan preferentemente por partidos políticos, mientras que los hombres atienden más las propuestas de gobierno. Si consideramos la oferta comunicativa durante las campañas electorales, 61% de quienes votan por un partido y 62% de quienes lo hacen por las propuestas de gobierno están satisfechos con la información recibida; sin embargo, quienes votan por propuestas son los más influidos por los medios ya que 38% admite que “los medios influyeron mucho o algo El impacto de los medios de comunicación ⎥ 205
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en su preferencia” y, particularmente, 51% atiende a los debates y 50% a los noticieros. Con respecto a los medios alternativos, sólo 10% de quienes atienden a las propuestas y al perfil de los candidatos señala que Internet influye mucho o algo en sus preferencias. Finalmente, 43% de quienes votan por candidatos señalan la alta influencia de los spots sobre sus preferencias (Cantú Escalante y Garza Urquidi, 2009, pp. 104-110). Los datos presentados nos dan una visión panorámica de la manera en que los ciudadanos de la entidad orientan y formulan sus preferencias políticas; sin embargo, surgen algunos cuestionamientos puntuales: ¿los ciudadanos que simpatizan con uno u otro partido político se informan de la misma manera, o tiene preferencia por distintos medios? ¿De qué manera influyen los medios y cómo se manifiesta dicha influencia sobre los votantes? ¿Los medios son capaces de imponer los temas de la agenda pública, o también generan opiniones puntuales (agenda de segundo nivel)? En concreto, ¿cuál es el impacto de los medios de comunicación en la formación de las opiniones de los votantes acerca de las campañas electorales y de los candidatos?
Metodología Para responder a estas preguntas se utilizaron los resultados de los grupos de enfoque llevados a cabo en Monterrey1 en el marco del Proyecto Observatorio de Medios y Opinión Pública, desarrollado en la Cátedra de Instituciones y Prácticas de las Democracias Contemporáneas de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey,2 patrocinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) a través del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2012. En concreto, se realizaron en Monterrey siete grupos de enfoque: cuatro se llevaron a cabo antes de la elección presidencial y tres a posteriori. Para la conformación de los grupos se atendió, en primer lugar, a la identificación partidista de los participantes; en la categoría “votantes partidistas” se incluyeron a los identificados en elecciones anteriores con los tres principales partidos políticos mayoritarios: el Partido Revolucionario Institucional (pri), el Partido Acción Nacional (pan) y el Partido de la Revolución Democrática (prd), a los que se sumó un grupo de votantes no partidistas, es decir, personas que no se identifican con ningún partido político en especial y que en elecciones anteriores votaron por partidos diferentes (también identificados como “votantes volátiles”). En la primera ronda de 1
Como parte del proyecto también se realizaron grupos similares en Ciudad de México y Guadalajara. La coordinación de los grupos de enfoque estuvo a cargo de Gabriela Salazar González, quien además moderó los realizados en Monterrey. 2
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grupos, los no partidistas todavía no habían decidido su voto, pero en la ronda posterior a la elección se eliminó esta categoría toda vez que los no partidistas debieron definirse por alguno de los partidos que se presentaron a la contienda (además de las opciones de votar en blanco o anular el voto). Por lo tanto, en la segunda ronda de grupos se incluyeron a ciudadanos con identificación partidista, junto con no partidistas que votaron por Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición “Compromiso por México” -pri/Partido Verde Ecologista de México (pvem)-; Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición “Movimiento Progresista” -prd/Partido del Trabajo, pt/Movimiento Ciudadano-; o bien por Josefina Vázquez Mota, la candidata del pan. A este criterio se agregaron tres variables sociodemográficas: género (con igual número de mujeres y hombres), edad (se incluyeron tres rangos: jóvenes, adultos y mayores; los tres estuvieron representados de forma igualitaria) y nivel socioeconómico (de acuerdo a los niveles establecidos por la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación, amai); también se tuvo en cuenta el origen de los participantes (nacidos en la ciudad de Monterrey, o con al menos 10 años de residir en ella). Finalmente, se buscó que los participantes atendieran a algún medio de comunicación: que vieran noticieros nocturnos nacionales o locales, que leyeran alguno de los tres periódicos de circulación nacional (Reforma, La Jornada, El Universal) o sus versiones locales o que se informaran de política a través de algún medio de comunicación alternativo (Internet, redes sociales o correo electrónico); los participantes debieron consultar al menos uno de los citados anteriormente. Como criterio de validez empírica, se buscó la redundancia de la información para cada perfil de participantes (y luego para cada ciudad contemplada en el estudio); también se llevó a cabo una triangulación teórica y de resultados con otros estudios sobre temáticas similares realizados por otros investigadores. En cuanto a la dimensión temporal del estudio, la primera ronda de grupos se llevó a cabo un mes antes de la elección presidencial, entre los días 29 y 31 de mayo de 2012; en ella participaron 32 ciudadanos, distribuidos según su preferencia partidista: nueve panistas, siete perredistas, ocho priistas y ocho participantes no partidistas. La segunda ronda de grupos se realizó en la semana posterior a la elección nacional y participaron 26 personas distribuidas de la siguiente manera: nueve votantes de la coalición “Compromiso por México” de Enrique Peña Nieto, nueve votantes de la coalición “Movimiento Ciudadano” de Andrés Manuel López Obrador y ocho votantes panistas de Josefina Vázquez Mota. En total, en las dos rondas de grupos participaron 58 ciudadanos de Monterrey. Para realizar el trabajo de campo se eligió la técnica del grupo de enfoque, puesto que es sumamente flexible y no directiva.3 Su objetivo fue abordar las representaciones sociales surgidas a partir de la interacción discursiva de los participantes; de tal forma que se tra3
Véase: Taylor y Bogdan (1987).
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bajó sobre una realidad de segundo orden, conformada por los “universos intersubjetivos, en los que el sentido y la significación de las cosas -su valor social- es el producto de un proceso de comunicación donde existen y se producen códigos que articulan y unifican la lectura de la realidad y, por lo tanto, la construcción de la realidad misma” (Alonso, 1998: 95); por lo tanto, los grupos de enfoque permitieron analizar no sólo las imágenes y opiniones que los ciudadanos tiene sobre los candidatos, las campañas y los medios encargados de su cobertura y transmisión, sino también el valor que asignan a tales medios en la construcción de sus preferencias electorales.
Resultados del estudio A continuación presentamos los resultados del estudio que, para efectos analíticos, se organizaron en torno a cinco cuestiones o ejes temáticos: los medios de comunicación utilizados para informarse acerca de la campaña; qué validez le otorgan los ciudadanos a los medios consultados; su conocimiento sobre los temas de la campaña; si atienden a los spots de campaña y, finalmente, si consideran que la información consultada influye sobre su voto.
¿Cómo se informan los votantes? En primer lugar, investigamos qué medio de comunicación prefieren nuestros entrevistados para conocer la actualidad política y con qué frecuencia lo hacen; particularmente, se indagó si ven noticieros de televisión, si consultan la prensa escrita (ejemplares físicos o en formato digital), y si utilizan medios alternativos de información. En las respuestas encontramos algunas diferencias, pero también similitudes llamativas: la mayoría de los entrevistados identificados con el pri se informa a través de múltiples medios como la televisión, el radio, los periódicos, la publicidad callejera y los recorridos casa por casa de los candidatos, y sólo un participante dice usar Internet; sin embargo, para seguir la campaña recurren casi exclusivamente a la televisión. Todos reconocen que entre dos y tres veces por semana se informan a través de los telediarios nacionales (la mayoría con Joaquín López Dóriga o Lolita Ayala de Televisa, y algunos ven a Javier Alatorre de tv Azteca) y también los locales (Héctor Benavides y María Julia Lafuente, de Multimedios Televisión, y luego Milenio tv). Las pocas personas que consultan la prensa leen El Norte (edición local del capitalino Reforma), El Sol y Metro; vale destacar que sólo un participante lee el periódico en su versión digital. Los panistas, por su parte, consultan más fuentes de información: la televisión, los periódicos (con mayor frecuencia en versión digital) y las redes sociales (principalmente Facebook 208 ⎥ José Fabián Ruiz
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y Twitter); sin embargo, admiten que la televisión y los periódicos son preferibles a las redes sociales, ya que en las últimas son los equipos de trabajo de los candidatos quienes se encargan de emitir los mensajes, mientras que en la televisión y en la prensa conocen las declaraciones de los protagonistas. Con respecto a los dos medios más mencionados, todos reconocen que alrededor de dos veces por semana su medio de información preferente son los telediarios nacionales (Joaquín López Dóriga y Milenio tv). En cuanto a los periódicos, mayoritariamente leen El Norte (en Internet), luego Publimetro, Milenio, Índigo y La Jornada (en Internet). Al mismo tiempo, y a pesar de su participación en redes sociales, consideran que se transmiten rumores e información sin confirmar, por lo que reciben críticamente las opiniones allí vertidas. En el balance general, prefieren la televisión y los periódicos sobre los demás medios de comunicación. Por su parte, los perredistas consultados muestran una preferencia clara hacia la televisión: mencionan los telediarios y los programas de información política de distintas emisoras, y manifiestan ver los noticieros nacionales (aunque no muestran una preferencia concreta por alguno en especial) y locales, pero no lo hacen de manera constante, sólo los ven “poquito” y “a veces”. En cuanto a los periódicos, leen El Norte, Express y Metro, y sólo dos leen Milenio y El Universal en versión digital; cabe señalar que éstos últimos son también quienes usan Internet y ven las críticas a Peña Nieto y a López Obrador en Facebook. En el balance general prefieren la televisión nacional a los demás medios de información. Finalmente, los no partidistas se informan a través de todos los medios y no le otorgan mayor importancia a ninguno en especial: medios impresos, televisión, radio, Internet, redes sociales, conversaciones en la calle. Respecto de los medios mencionados, todos reconocen que se informan por televisión, y que esporádicamente ven a López Dóriga, “Tercer Grado” e “Índigo Media”, entre otros. En cuanto a los periódicos, de vez en cuando leen El Norte y Machetearte, generalmente a través de dispositivos móviles, así como Índigo Media y El País. También consultan Internet y participan en las redes sociales Facebook y Twitter, sobre las cuales tienen opiniones decididamente positivas, ya que consideran que escapan del control del gobierno. En el balance general, prefieren Internet como mecanismo de información. En la segunda ronda de grupos de discusión, los resultados variaron sustancialmente: en los tres grupos de votantes (Compromiso por México, Movimiento Progresista y del pan) se advirtió una mayor diversidad de medios mencionados en las respuestas, y es que los no partidistas -el grupo que decididamente atiende más medios- ya se habían decantado por un candidato y, por lo tanto aportan diferencias y matices a lo encontrado en la primera ronda. Ahora bien, en líneas generales, las preferencias informativas de los participantes coinciden con los hallazgos del estudio impulsado por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (2009) ya señalados: tanto en 2009 como en 2012, la televisión es el medio de información preferido por las habitantes de la entidad; sin embargo, los grupos permitieron aportar datos relevantes a los ya conocidos. El impacto de los medios de comunicación ⎥ 209
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En primer lugar, como era de esperar, son los votantes no partidistas los que utilizan mayor diversidad de medios debido, en buena medida, al estado de indecisión en que se encontraban cuando se realizó la primera ronda de grupos; así, justamente, la incertidumbre los llevó a buscar información en la mayor cantidad de medios disponibles. Este hecho parece coincidir con lo manifestado por McCombs (2006) acerca de que son los ciudadanos que no conocen los fenómenos políticos de primera mano (y podríamos agregar a los no identificados desde el punto de vista partidista) quienes recurren en mayor medida a los medios de comunicación. En contraposición, los priistas son quienes se decantan por un medio concreto en mayor medida, pues siguen la campaña mayoritariamente a través de la televisión; sólo algunos leen periódicos, pero no se advierten mayores inquietudes informativas ya que sus opiniones son firmes y, como veremos más adelante, estables. Panistas y perredistas, por su parte, se ubican entre ambos extremos. Respecto a las preferencias informativas en su conjunto, sorprende la adhesión que genera el noticiero estelar de Televisa a cargo del periodista Joaquín López Dóriga, mientas que el informativo estelar de su competidora, tv Azteca, no produce ni con mucho tal consenso entre los grupos y, más aún, el periodista merece comentarios rotundamente positivos por parte de los grupos de votantes identificados, pero no así de los no partidistas. Entre las razones de la aceptación a la figura de López Dóriga, los participantes señalan su rectitud, su amplio conocimiento de la realidad, y señalan que “es muy honesto”, “una institución” y que con su noticiero “le das la vuelta al mundo”, ya que con éste se informan del acontecer nacional e internacional. Este último argumento resulta importante para comprender la complementariedad de medios, ya que los participantes atienden a los noticieros nacionales para informarse sobre la elección federal, a la que dan mayor cobertura, mientras que los medios locales tienden a enfocarse en los problemas de la entidad. Sin embargo, aquí debemos introducir algunos datos adicionales. Según el Monitoreo de Espacios Noticiosos realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México para la campaña electoral 2012 (unam, 2012), el tiempo dedicado a los partidos políticos en los noticieros de televisión se distribuyó de la siguiente manera: pan 26.7%, Movimiento Progresista 23.5% y Compromiso por México 21.6%, mientras que en radio se registró: pan 26.8%, Movimiento Progresista 23.7% y Compromiso por México 22.2%. Sin embargo, el tiempo total en ambos medios dedicado a los candidatos se distribuyó de la siguiente manera: Peña Nieto 30.6%, Vázquez Mota 26.5% y López Obrador 26.3%; así, podemos observar que, pese a que su coalición fue la menos citada, el candidato Peña Nieto fue quien obtuvo más menciones. Más aún, al considerar la cantidad de piezas informativas con valoraciones positivas y negativas en radio y televisión, encontramos que, por cada mención positiva, Peña Nieto recibió menos de una valoración negativa (0.6 en promedio); por su parte, López Obrador recibió más de dos menciones negativas (2.2) por cada mención positiva y Vázquez Mota recibió casi tres negativas (2.7) 210 ⎥ José Fabián Ruiz
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por cada mención positiva. En breve, no sólo se habló más de Peña Nieto, sino que también se habló mejor de él. En el caso puntual de la televisión -el medio preferido para informarse por los votantes neoleoneses- la cantidad de menciones negativas y positivas hacia los candidatos se distribuyó de la siguiente forma: Peña Nieto recibió una mención negativa por cada dos positivas (0.5 mención negativa por cada mención positiva), Vázquez Mota recibió más de dos menciones negativas por cada valoración positiva (2.4 menciones negativas por cada una positiva) y López Obrador más de tres menciones negativas por cada una de las positivas (3.4 menciones negativas por cada positiva), con lo que podemos ver que nuevamente se habló más y mejor del candidato Peña Nieto (unam, 2012). Es resumen, quienes sólo se informaron a través de la televisión estuvieron expuestos a mayor cantidad de menciones del candidato de Compromiso por México, además que dichas menciones fueron mayoritariamente positivas. Estos datos fueron ratificados a nivel nacional por las encuestas realizadas en el marco del Observatorio de Medios realizados en la egap: de cada cuatro mexicanos, tres se informan a través de la televisión; sin embargo, este predominio es más marcado en los grupos con menores niveles educativos (70% de los casos tiene nivel educativo igual o menor al de carrera técnica/preparatoria), quienes recurren a la televisión de forma exclusiva para conocer acerca de la campaña; desde el punto de vista socioeconómico, es la población con niveles de ingresos bajos y medio bajos. La conclusión es que “esto da una idea del mercado potencial sobre quiénes los noticieros de televisión pueden influir: una mayoría de población de bajos recursos y bajo nivel educativo, con niveles de información presumiblemente menores” (Cantú Escalante, Díaz, Galarza y Suárez, 2012: 263). Considerando que la mayoría de quienes recurren a la televisión ven los noticieros de Televisa, podemos “afirmar de forma inequívoca que es el grupo mediático más influyente en el país en términos de información política” (Ibíd., 2012: 263). En cambio, Internet es preferida casi en exclusiva por los grupos de mayores niveles educativos (posgrado), y algo similar ocurre con los periódicos. La triangulación de datos, entonces, nos brinda una aproximación relativamente precisa de los distintos grupos sociales, sus preferencias informativas y sus identificaciones políticas.
¿Qué opiniones les merecen los medios? Como segunda inquietud, consultamos a nuestros participantes acerca de sus opiniones sobre los medios de comunicación en general, y específicamente sobre los que dicen atender. Los priistas prefieren la televisión a los demás medios de información mientras que, para informarse sobre la elección presidencial, prefieren a los noticieros nacionales ya que le dan mayor cobertura. Todos los participantes expresan una alta consideración sobre López El impacto de los medios de comunicación ⎥ 211
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Dóriga (dicen que su telediario es “completo”, que trata de forma igualitaria a todos los candidatos y partidos, y que su estilo es “directo”), aunque lo notan demasiado “formal” y “apegado a su estilo”. También destacan la posibilidad de que en su telediario pueda existir una línea editorial sesgada hacia un candidato (Peña Nieto), pero no les parece criticable, ya que desean que éste gane. Respecto a los periódicos, la mayoría considera que El Norte es muy completo e imparcial; mientras que las columnas favoritas son Catón y Makiavelo (chistes y rumores). A su vez, los simpatizantes del pan consideran que López Dóriga es parcial en el manejo informativo (aunque señalan que recibe dinero del pri), mientras que Televisa defiende al pri. Respecto a los periódicos, consideran que El Norte es básicamente panista y que si a veces critica al pan es para despistar. Sus columnas favoritas son Catón, Fricasé, Makiavelo y Rosaura Barahona. Sin embargo destacan que ningún medio es imparcial y que todos reciben dinero (coloquialmente llamados “moches”) de los partidos. Por su parte, los perredistas emiten opiniones que requieren atención: aunque el telediario conducido por López Dóriga no es muy visto, consideran que el periodista es recto, imparcial, honesto y preparado; mientras que a Javier Alatorre lo consideran “más bonachón” y joven. Respecto a los periódicos, estiman que El Norte ofrece información muy local y parcial, favoreciendo al pan y al pri (consideran que sus notas son pagadas por éstos y que ofrecen poco espacio al prd). Sus columnas favoritas son Catón y las caricaturas. Finalmente, los no partidistas muestran opiniones divididas: mientras algunos encuentran a López Dóriga imparcial y completo en la cobertura, otros lo notan agresivo e inclinado hacia el pri; por otra parte, no ven a Alatorre, pero no encuentran diferencias entre ambos noticieros (conclusión verdaderamente llamativa sobre un programa que no se consulta). En general, no confían en los telediarios, y como señalan que Televisa y Azteca son un duopolio, desechan estos canales para informarse. Respecto al diario El Norte, lo consideran muy local y no mencionan ninguna columna destacada. Finalmente, creen que Internet es más confiable como medio de información ya que se sale del control del gobierno, mientras que las redes sociales no están controladas por nadie: las opiniones independientes (la “voz de la ciudadanía”) están ahí por lo que se pueden comparar opiniones y formar una propia; sin embargo, señalan que los políticos tienen en su equipo a personas que escriben a su favor en las redes, e hicieron referencia específica a Peña Nieto. Como síntesis del tópico, hay un hecho que destaca: la evidente atención concentrada en el noticiero de Televisa conducido por López Dóriga. El periodista no sólo es objeto de opiniones laudatorias, sino que incluso sus detractores lo ven; más aún, en los grupos no faltaron opiniones exculpatorias, es decir, que si bien consideraron que Televisa está claramente sesgada hacia el pri, alegaron que López Dóriga trata de mantener la ecuanimidad. Algo similar ocurre en la prensa escrita con El Norte, pues la mayoría de los lectores de periódicos lo considera inclinado hacia el pan pero no dejan de consultarlo, y es singular que las caricaturas y las columnas humorísticas (Catón) sean las preferidas de sus lectores. 212 ⎥ José Fabián Ruiz
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Finalmente, en el caso de los no partidistas, debe resaltarse su confianza en las redes sociales a las que atribuyen un carácter plural y descentralizado que facilita la comparación de opiniones y, con ello, la formación de una “comprensión esclarecida”, utilizando la conocida expresión propuesta por Dahl (1993).
¿Conocen los ciudadanos los hechos relevantes de la campaña? También indagamos a los participantes acerca de los hechos sobresalientes que recordaban de la campaña presidencial, lo que posteriormente permitió triangular algunas de las respuestas obtenidas con los resultados de investigaciones específicas sobre cobertura mediática; desde luego, aquí nos referimos a los hechos de campaña difundidos por los medios de comunicación. De alguna manera, estas respuestas permiten apreciar en qué medida los medios constituyen el primer nivel de la agenda, esto es, cómo se establecen los hechos sobre los que los ciudadanos centran su atención; también nos permite apreciar en qué medida los medios logran instaurar incluso el segundo nivel de la agenda, influyendo en la opinión concreta de los ciudadanos sobre los hechos posicionados en el nivel anterior. Enfocándonos en este tema, los priistas mencionaron la manifestación estudiantil adversa al candidato de Compromiso por México en la Universidad Iberoamericana (conocida coloquialmente como “la Ibero”) y que luego dio origen al movimiento “#YoSoy132”, al que consideran una trampa contra Peña Nieto. Los participantes panistas también señalaron tanto los incidentes ocurridos en la Ibero como la participación de Peña Nieto en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, hechos a los que Televisa y sus comunicadores restaron importancia. Por su parte, los perredistas también mencionaron el incidente ocurrido en la Ibero, al tiempo que destacaron que López Obrador había concurrido con anterioridad tanto a esta institución como al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y que en ambos fue bien recibido. Finalmente, los no partidistas mencionaron los incidentes ocurridos en la Ibero (al que López Dóriga trató de minimizar), la Feria del Libro de Guadalajara y el tweet enviado por la hija del candidato del pri en el que calificó de “prole” a los críticos de su padre, el surgimiento y evolución del movimiento “#YoSoy132”, el escándalo ocurrido cuando el pri llevó strippers a un evento, y cuando el candidato López Obrador utilizó el metro en la Ciudad de México y fue a comer a la zona de Polanco. En la segunda ronda de grupos, nuevamente sucedió que, en cuanto los votantes no partidistas se decantan por uno de los candidatos, aumenta en cada grupo la cantidad de hechos mencionados; sin embargo, de inmediato se impone una observación central para el desarrollo de la investigación. En un estudio realizado para medir el impacto que tuvieron las noticias relacionadas con los candidatos presidenciales sobre las percepciones de los ciudadanos, Maldonado Sánchez y de la Roquette (2013) realizaron un seguimiento semanal El impacto de los medios de comunicación ⎥ 213
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de las noticias que aparecieron en radio, televisión y prensa escrita durante la campaña, con lo que pudieron elaborar el ranking de las 15 noticias más mencionadas para cada candidato. Lo singular es que, salvo el caso de los sucesos de la Universidad Iberoamericana y del movimiento “#YoSoy132”, los ciudadanos de Monterrey que participaron en estos grupos no mencionaron ninguno de los sucesos destacados a nivel nacional en el ranking; más aún, no hubo ninguna mención a acontecimientos tan sonados como el supuesto “charolazo” relacionado con el candidato López Obrador, o el desayuno de la candidata panista en el poblado de Tres Marías, ubicado al sur de la Ciudad de México. Evidentemente, ante estos hechos nos cuestionamos acerca de la capacidad real de los medios para imponer la agenda en el ámbito local, o si en los estados dicha agenda se adecua a preocupaciones locales. Sin embargo, mientras que el monitoreo citado se realizó semanalmente, la primera ronda de nuestros grupos se llevó a cabo hasta finalizar el primer mes de la campaña, cuando algunos de estos hechos todavía no acontecían, y la segunda ronda fue la semana siguiente de la elección presidencial. ¿El tiempo se constituye en un factor esencial que afecta a la memoria de los ciudadanos? O tal vez, como lo sugiere el título de la compilación de Jara Elías y Garnica Andrade (2013), ¿la saturación informativa que padecen los ciudadanos durante la campaña electoral incide en la efectividad de la comunicación política? Finalmente, ¿en qué medida la cultura política de la entidad, fuertemente localista, le resta importancia a los temas de la agenda nacional? Este punto será retomado en las conclusiones. Ante los hechos mencionados, cabe hacer dos aclaraciones: en primer lugar, cuanto menos identificación partidista tienen los participantes, mayor cantidad de hechos de la campaña conocen; esto se relaciona claramente con los puntos anteriores pues, como ya mencionamos, es la incertidumbre lo que los lleva a buscar más información y por distintas vías. En segundo lugar, mientras que los priistas realizaron comentarios exculpatorios sobre el desempeño del candidato de su preferencia, los demás participantes cuestionaron el comportamiento de las televisoras, especialmente de Televisa y sus comunicadores, a los que acusaron de estar orientados a minimizar los incidentes en los que se vio involucrado. Sin embargo, ¿estas impresiones se sustentan con los hechos? En un estudio pormenorizado sobre la cobertura mediática llevada a cabo del movimiento “#YoSoy132” a través de los encuadres utilizados por las televisoras, Robles Rubio (2013) señala que predominó la cobertura negativa. En especial, 32.4% de las notas de Televisa y 54.5% de las de tv Azteca relacionadas con el movimiento trataron de resaltar sus aspectos conflictivos. Más aún, 66% de las notas de ambas cadenas le atribuyeron responsabilidades concretas en la concreción de disturbios, 34.1% presentaba al movimiento como un grupo conflictivo y 86.6% de la cobertura descontextualizó la información vinculada con “#YoSoy132”. Esta cobertura negativa sirvió para que los simpatizantes de Peña Nieto asumieran una actitud exculpatoria respecto del candidato, y que los demás ciudadanos se percataran del sesgo de la cobertura; en este sentido, los ciudadanos tuvieron una percepción correcta en líneas 214 ⎥ José Fabián Ruiz
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generales de cómo aconteció la cobertura televisiva. Si por su trascendencia el hecho se impuso en la agenda pública y mediática, las televisoras pudieron elegir tanto el tratamiento de los temas como el enfoque con que se presentaron a la opinión pública, los que no pasaron desapercibidos para nuestros entrevistados.
Consumo de publicidad política A continuación se propuso a los participantes discutir sobre la publicidad política emitida durante la campaña para explorar si los ciudadanos la asimilan como un recurso informativo, conocer su opinión al respecto, y discernir si ésta influye sobre sus percepciones acerca de los candidatos. En este punto, todos los participantes -partidistas y no partidistas- manifestaron un alto conocimiento de los spots transmitidos durante la campaña y presentaron opiniones precisas sobre los mismos y, resulta digno de mención, los consideran una forma útil de informarse sobre los candidatos y sus propuestas. Veámoslo a detalle. Los participantes identificados con el pri evaluaron positivamente la publicidad del candidato Peña Nieto y se mostraron críticos con la de los demás partidos; valoraron los spots como vía de información ya que son realizados por los candidatos y sus equipos, lo que les permitió comunicar ideas y proyectos. Por su parte, los panistas también exhiben un conocimiento detallado. En general, utilizaron los spots como medio informativo, consideraron que Peña Nieto es quien presentó más propuestas de gobierno aunque no les resultan creíbles y destacaron que sus spots fueron los mejor realizados desde el punto de vista técnico. En cuanto a los perredistas, los participantes identificaron claramente algunos anuncios y fueron críticos en sus opiniones; prefirieron los telediarios como medio para informarse ya que resultan más extensos y dan más información, mientras que los spots son breves y los candidatos los utilizan para pelearse entre ellos. Finalmente, los no partidistas conocían los spots de la campaña y los identificaban con facilidad, pero tenían una opinión negativa al respecto pues los asociaron a una guerra sucia entre candidatos, por lo que prefieren las redes sociales como medio de información. En general, todos los entrevistados consideraron que los spots se utilizaron para entablar una guerra sucia entre los candidatos, especialmente enfocados en Peña Nieto y López Obrador. En este sentido, llama la atención que los panistas destacaran que su partido realizó demasiados spots negativos hacia Peña Nieto, lo que consideraron de mal gusto; por lo que se advierte una postura crítica de los ciudadanos. La atención prestada a los spots coincide con un modelo de comunicación política donde se apuesta por la publicidad como un vehículo de comunicación electoral con cargo a los tiempos oficiales del Estado. De esta forma, por medio de la emisión y retransmisión de ingente cantidad de spots, los ciudadanos tuvieron una exposición permanente a los mensajes El impacto de los medios de comunicación ⎥ 215
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de partidos y candidatos, hecho que no se tradujo en mayor información respecto de las propuestas concretas ni facilitó la deliberación pública; más aún, uno de los monitoreos realizados durante la elección presidencial 2012 (Calleja Gutiérrez, Solís Leere, Vega Montiel, Domínguez Cortina, Bravo Torres Coto, Ramírez Ramírez y Pineda Ventura, 2012: 232233), señaló el carácter limitado en términos de contenido y viciado en términos discursivos (apelando a la movilización afectiva y a los mensajes de confrontación), de la publicidad transmitida. Sobre este hecho, las percepciones de los participantes también coinciden con el análisis realizado por Juárez Gámiz y Brambila (2013), a partir del estudio de 308 spots generados por siete partidos políticos para el proceso electoral federal de 2012. Los autores comprobaron que 55% de estos respondió a un objetivo de estrategia electoral, es decir, que los spots estaban orientados a transmitir “acciones mediáticas planificadas con el objetivo de lograr un fin meramente electoral (quitar votos, mantener el registro, comparar o atacar a los rivales, promover símbolos, valores y personas, entre otros” (Juárez Gámiz y Brambila, 2013: 309). Estos spots se centraron en propuestas insustanciales, ataques y descalificaciones, y no ofrecieron información al electorado y, si bien se redujo el número de spots negativos respecto de campañas anteriores, estos alcanzaron 6.5%, y el pan fue quien más utilizó esta estrategia (Ibíd., 2013: 314). Cabe resaltar que, incluso, los votantes panistas que participaron en los grupos de enfoque se percataron de este hecho. Por lo tanto, cuando los participantes señalaron que recurren a los spots como medios de información, se plantea la interrogante sobre cuánta información útil se puede extraer de la publicidad política con el fin de orientar las preferencias. La respuesta la da el ya citado estudio impulsado por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León en 2009, donde se demuestra que son los votantes partidistas (esto es, los que deciden su voto en función de partidos) quiénes utilizan los spots como medio informativo (Cantú Escalante y Garza Urquidi, 2009); por lo tanto, más que informar su voto, parece que lo ratifican por medio de los spots, lo que resulta evidente en el caso de los ciudadanos identificados con el pri. Pero surge una interrogante más: pese a la capacidad para observar los aspectos negativos de los spots que demuestran nuestros entrevistados, ¿en qué medida lograron permanecer inmunes a las estrategias y mensajes difundidos a través de la publicidad política? Estas cuestiones se atenderán puntualmente en el siguiente apartado.
¿Qué papel juegan los medios en la formación de las preferencias ciudadanas? Finalmente, planteamos la cuestión del papel que juegan los medios en la formación de las preferencias políticas. La mayoría de los priistas señalan enfáticamente que los medios no 216 ⎥ José Fabián Ruiz
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tienen ninguna influencia sobre sus opiniones, y más aún, que ya simpatizaban con el partido antes del inicio de la campaña: eran priistas desde el inicio. Estos participantes destacan que la historia del pri resulta concluyente, que los mejores años de su vida transcurrieron bajo gobiernos del pri y que su candidato fue el que “más me llenó”. Admiten tener preferencias políticas fijas; son priistas por herencia familiar y porque consideran que los gobiernos del pri son los que más los ayudaron en el pasado. Por lo tanto, destacan que la información influye en los jóvenes pero no en los adultos, quienes poseen preferencias ya formadas y, por lo tanto, sólidas. Los simpatizantes de Peña Nieto que fueron conquistados durante la campaña (es decir, que no eran partidistas del pri en la primera ronda de grupos pero que terminaron decantándose por el candidato priista) también niegan que los medios y las campañas hayan influido sobre sus preferencias electorales; señalan, así mismo, que en el día a día se percatan de los problemas del país, y de cómo se desempeñan en los cargos públicos los funcionarios de cada partido. También niegan que los periódicos ejerzan alguna influencia sobre sus preferencias. Sin embargo, utilizan expresiones como “ayudar”, “orientar” o “confirmar”, al referirse al papel que juega la información respecto de sus preferencias. Los panistas también negaron que los medios y las campañas influyeran sobre sus preferencias electorales, pero no son contundentes al respecto. Aunque Vázquez Mota no llenó sus expectativas como candidata, igualmente la apoyaron, pues la mayoría ya eran panistas desde el inicio de la campaña, puesto que habían votado por el pan con anterioridad. Incluso, alguno de los participantes admitió que para él sería inadmisible votar por otro partido (“no le sería infiel al pan”). En este juego, señalaron que votaron por partido, no por la candidata; sin embargo, admitieron que tanto la información de los medios como la personalidad del candidato, su forma de hablar y de expresarse podían “alimentar” u “orientar” sus preferencias, de ahí la importancia de que se presenten candidatos con personalidad y energía. Los adultos destacaron que poseen preferencias ya formadas, pero consideran que la información influye en los jóvenes. Los perredistas afirmaron que los medios no ejercen ninguna influencia sobre sus preferencias puesto que toman sus propias decisiones, pero también que los medios sirven para “darse cuenta” de las cosas. La mayoría de los participantes ya eran perredistas desde antes de la campaña, mientras que lo demás declararon que sería la primera vez que votarían por el prd, toda vez que habían votado por el pan en la elección anterior; pese a esto, todos coincidieron en estar seguros de su decisión. Así mismo, señalaron que votaron por el partido porque creen que hay que darle una oportunidad tanto al cambio como a López Obrador, quien fue un buen gobernante de la ciudad de México. Finalmente, consideran que quienes se dejan influir son “borreguitos”. En cuanto a los no partidistas, este grupo de entrevistados también destacó que los medios de comunicación no ejercen ninguna influencia sobre la formación de sus prefeEl impacto de los medios de comunicación ⎥ 217
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rencias, aunque reconocen que pueden utilizarlos para informarse. Sin embargo, no les otorgan ninguna credibilidad, por lo que prefieren conocer directamente las propuestas de los candidatos -por ejemplo- en los debates. Además, señalaron estar confundidos y que para formarse una opinión estuvieron receptivos a la influencia de la familia, los amigos o de personas respetables y confiables (como algunos profesores), pero nunca de los medios. Este hecho confirma un elemento ya observado en los votantes identificados con el pri: la influencia familiar y del entorno más próximo en la formación de las preferencias políticas. Moreno ya había destacado este elemento en su estudio sobre el perfil del votante mexicano, aunque señaló que en algunos casos, como en el de los jóvenes votantes priistas, esta influencia era más marcada que en otros grupos (Moreno, 2003: 57). A partir de estas opiniones, podemos realizar dos observaciones puntuales de gran importancia. En primer lugar, la mayoría de los entrevistados con identificación partidista tienen preferencias formadas a priori del inicio de la campaña, de modo que la publicidad política, la información transmitida por los medios y los actos de campaña, en general, sólo refuerzan dichas preferencias. Más aún, en algunos casos sólo parecen atender a la información que coincide con sus preferencias y no les interesa conocer otros puntos de vista. Respecto a la publicidad electoral, los hechos comunicados por los spots que ratifican las preferencias iniciales son: la sintonía del candidato con los valores asociados al partido, la capacidad para retomar cuestiones históricas, y la empatía con determinados actores y sectores sociales. En este sentido, los votantes neoleoneses muestran un patrón de comportamiento ya identificado en algunos estudios realizados para otros contextos políticos. Por ejemplo, en un trabajo de Maravall y Przeworski (1998) que explora las reacciones políticas frente al desempeño de la economía en España, se demuestra que la relación entre política y economía no presenta una causalidad obvia: en algunos casos, los ciudadanos deciden su voto sobre una base previamente formada para luego racionalizar su decisión (Maravall y Przeworski, 1998). Trasladado al contexto de la presente investigación, los votantes identificados ya tenían preferencias previas que luego fueron ratificadas durante la campaña a partir de la información que transmiten los medios y los partidos políticos a través de sus materiales de campaña. En segundo lugar, destaca el hecho de que la información política transmitida durante la campaña electoral, para buena parte de los ciudadanos identificados con un partido político, no resulta determinante de sus preferencias; ésta puede ser usada para aclarar, contextualizar o ratificar la preferencia, pero no la genera ni la determina, y menos aun cuando existe un conocimiento previo sobre cómo se comportan el partido y el candidato en posiciones de poder. En el caso contrario, cuando se carece de tales identificaciones partidistas previas o del conocimiento sobre el desempeño de partidos y candidatos, los votantes recurren a todas las fuentes de información disponibles, lo que no supone una aceptación acrítica de cualquier mensaje o estrategia de campaña, tal como surge de los grupos de enfoque de esta investigación. Por lo tanto, los medios y estrategias de campaña no inyectan mensajes 218 ⎥ José Fabián Ruiz
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de forma automática en el electorado, siguiendo con lo establecido por la teoría de la aguja hipodérmica (Lasswell, 1971). Más bien, en la medida en que la incertidumbre genera la necesidad de recurrir a diversas fuentes informativas, la desconfianza que parece ser típica de los ciudadanos contemporáneos también impacta en los medios. Así, el votante triangula información y recurre especialmente a las nuevas tecnologías. En este sentido, cabe destacar la aceptación de Internet entre ciertos grupos (jóvenes, urbanos, escolarizados) como un espacio altamente plural y ajeno al control y a la manipulación gubernamental. Por supuesto, la Internet como espacio informativo también presenta riesgos, pero su influencia sin duda crecerá como elemento de acción política, tal como ya sucede en otros contextos pues, como señala Cotarelo, “en esta red compleja que Internet ha potenciado los demás medios están condenados a adaptarse o perecer” (Cotarelo, 2010: 120). Por su parte, los participantes no partidistas del estudio parecen compartir esta opinión, de ahí que prefieran a la Internet y a las redes sociales como herramienta de información política. En este sentido, las encuestas electorales realizadas en el año 2012, en el marco del Proyecto Observatorio de Medios y Opinión Pública, realizado por la egap del Instituto de Estudios Superiores y Tecnológicos de Monterrey, destaca que, en primer lugar, el uso de Internet como fuente informativa está altamente difundida entre los jóvenes urbanos con mayores niveles de ingreso y educación. Sin embargo, en comparación con la televisión (que es el medio preferido por la mayoría de los encuestados), la Internet no está tan difundida como recurso, si bien sus usuarios exhiben mayor grado de confianza en la información que reciben por este medio, prefiriendo claramente a las redes sociales como Facebook, Twitter e incluso YouTube (Cantú Escalante, Díaz, Galarza y Suárez, 2012).
Reflexiones finales En este trabajo analizamos el impacto de los medios de comunicación, especialmente de los espacios noticiosos en televisión, la prensa escrita y los medios de comunicación alternativos en la formación de las opiniones de los votantes acerca de las campañas electorales y de los candidatos en la ciudad de Monterrey. Como información de base, aportada por estudios realizados con anterioridad, sabemos que tres de cada cuatro mexicanos utilizaron la televisión para informarse de la campaña; de ellos, casi 80% de la población ve los noticieros de Televisa y tv Azteca. Este no es un dato menor, ya que ambas cadenas, si bien hicieron más menciones en su programación al Partido Acción Nacional y a la Coalición Movimiento Progresista que a la coalición Compromiso por México, en términos personales realizaron más menciones al candidato Peña Nieto que al resto, y lo hicieron en un tono positivo, mientras que López Obrador y Vázquez Mota recibieron un tratamiento negativo la mayoría de las veces. El impacto de los medios de comunicación ⎥ 219
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Al mismo tiempo, mientras las televisoras mencionaban positivamente al candidato priista, cubrieron el acontecimiento más sonado de la campaña (el recibimiento negativo en la Ibero y el posterior surgimiento del movimiento “#YoSoy132”), con calificativos negativos. ¿En qué medida influyó todo esto sobre los votantes neoleoneses? En primer lugar, debemos destacar que los votantes políticamente identificados suelen tener preferencias firmes y definidas desde el arranque de las campañas. Esto fue contundente en el caso del pan, ya que entre los votantes de los grupos de enfoque ninguno fue conquistado durante la campaña; más aún, a pesar de no estar conformes con la candidata Vázquez Mota, no estuvieron dispuestos a traicionar al partido. En el caso del pri y del prd, en cambio, sí se ganaron votantes durante la campaña. En segundo lugar, con respecto de las preferencias informativas, la mayoría de los participantes prefirió informarse fundamentalmente a través de la televisión; sin embargo, mientras los priistas lo hacen casi exclusivamente por este medio, panistas y perredistas suelen atender otros medios y son los no partidistas quiénes consultan más medios a razón de su propia incertidumbre. Este comportamiento se confirmó en la segunda ronda de grupos de discusión, cuando los ciudadanos no partidistas ya se habían decidido por uno de los candidatos y se reacomodaron los grupos: no sólo se incrementaron las menciones de los medios utilizados para informarse (además de la televisión), sino también los hechos de campaña mencionados, lo que diversificó las respuestas obtenidas para cada grupo (que en la primera ronda fue una característica exclusiva de los ciudadanos no partidistas). Sin embargo, las diferencias de actitudes son notorias. Mientras los priistas están conformes de la información recibida por parte de los noticieros televisivos -e incluso no les molesta la parcialidad de Televisa a favor del pri y su candidato-, los panistas y perredistas destacaron el sesgo que perciben en las televisoras, lo que no impide que sigan viendo sus noticieros. Son los no partidistas quiénes no confían en la televisión y prefieren la Internet y las redes sociales por su carácter plural, descentralizado y menos proclive a manipulaciones. Algo similar ocurre con los periódicos. Aún y cuando, según los participantes, El Norte presentaba un sesgo hacia el pan, siguieron leyéndolo. ¿A qué se debe esta atención hacia medios que, al mismo tiempo, se critican? Tal vez la respuesta a esta cuestión reside en que todos los participantes coinciden en que usan la información de los medios para orientarse, para generar una opinión propia o para confirmar sus preferencias previas, pero niegan que influyan o condicionen de alguna manera sus preferencias. ¿En qué medida los ciudadanos logran manejar la información y los encuadres informativos que reciben por parte de los medios para informarse? El resultado de los grupos de enfoque evidencia que en ningún caso los votantes son consumidores completamente acríticos de la información que reciben: los priistas reconocen que en las televisoras hay un sesgo a favor del candidato de su partido; los panistas notan la campaña negativa realizada por su partido, la superior calidad técnica de los spots 220 ⎥ José Fabián Ruiz
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del pri y la mayor cantidad de propuestas realizada por su candidato; los perredistas advierten la exclusión de la que es objeto su candidato por parte de los medios; todos estos hechos fueron confirmados por los estudios que se han citado en este trabajo y que fueron utilizados para triangular la información. Más allá de sus preferencias políticas, su nivel educativo o socioeconómico, los votantes advierten con precisión detalles significativos de la campaña, por lo que sorprende su rotunda negativa acerca de la influencia que los medios pueden ejercer sobre sus preferencias, y más aún cuando los no partidistas decidieron su voto durante el transcurso de las campañas. Tal vez “influir” resulte un término fuerte para la percepción de los ciudadanos, aunque ellos mismos admitan que los medios “orientan” y “confirman” sus preferencias. Por otra parte, si atendemos al conocimiento de los hechos que marcaron la campaña, se observa que su capacidad para identificar acontecimientos depende de los medios utilizados para informarse: mientras que los priistas (que en su mayoría prefieren a las televisoras) sólo recuerdan el incidente en la Ibero, los no partidistas (que son quienes consultan más medios alternativos), son también los que más sucesos identifican. Además, se debe destacar que los hechos mencionados por los ciudadanos de Monterrey no coinciden con los destacados en otros estudios de cobertura nacional; en este sentido, se producen silencios llamativos cuando los participantes de estos grupos resaltan cuestiones que no figuran en otros estudios, pero desconocen hechos de transcendencia mediática comprobada. Al mismo tiempo, los medios también parecieron ejercer algún tipo de efecto sobre las opiniones de los ciudadanos acerca de los hechos que marcaron la campaña; así, dado que ambas televisoras realizaron una cobertura signada por enfoques que tendieron a minimizar los hechos relacionados con la visita de Peña Nieto a la Iberoamericana y el posterior surgimiento del movimiento “#YoSoy132” (al que asocian con encuadres negativos), no es de extrañar que los votantes del pri consideraran que estos hechos fueron “preparados” contra su candidato. Sin embargo, en este punto surgen dudas de importancia. Según los datos comentados, parece que los medios no sólo tienen capacidad para establecer el primer nivel de la agenda durante las campañas electorales, sino que incluso influyen en la forma en que los votantes visualizan algunos acontecimientos (segundo nivel de la agenda) (McCombs, 2006). Ahora bien, dado que los participantes en los grupos (incluidos, por supuesto, los simpatizantes de Peña Nieto) advierten sesgos en la cobertura mediática, se presenta la interrogante sobre si acaso advierten el uso tendencioso de los marcos informativos. De ser así, estamos frente al segundo nivel de la agenda; en caso contrario, los votantes toman de los medios algunos argumentos para construir discursos orientados, en este caso, a exculpar al candidato. Más aún, ¿en qué medida el votante realiza un uso estratégico de la información brindada por los medios para sus propios fines? Estas interrogantes nos enfrentan a la necesidad de buscar respuestas a través de investigaciones más profundas sobre el tema. El impacto de los medios de comunicación ⎥ 221
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Finalmente, tanto algunos votantes identificados como los no partidistas destacaron la influencia que ejercen la familia y los amigos a la hora de establecer sus preferencias. Partidos políticos, medios de información y familia resultan ser influencias considerables en la formación de preferencias electorales, tal como ya se comprobó en otros estudios sobre el tema, realizados a partir de metodologías diferentes a las aquí utilizadas.4 Nuestros hallazgos redimensionan la desmedida importancia que algunos atribuyen a los medios de comunicación en la formación de las preferencias durante las campañas electorales, al menos para el caso de Monterrey. Queda abierto el espacio para realizar nuevos estudios, más específicos y enfocados, sobre un tema donde la investigación académica aún tiene interrogantes de importancia que resolver.
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Véase: Moreno (2003).
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Modelos basados en agentes: aportes epistemológicos y teóricos para la investigación social Agent-Based Models: Epistemological and Theoretical Contributions to Social Research Leonardo Gabriel Rodríguez Zoya∗ Pascal Roggero∗∗1 Recibido el 5 de noviembre de 2014
Aceptado el 23 de marzo de 2015
RESUMEN
ABSTRACT
Los modelos basados en agentes (mba) constituyen una nueva generación de métodos computacionales que permiten modelar la estructura de un sistema complejo y simular su evolución dinámica a lo largo del tiempo. El uso de los mba constituye una tendencia metodológica en expansión en las ciencias sociales contemporáneas; sin embargo, continúan siendo
Agent-based models (abm) constitute a new generation of computer based methods that allow the modeling of the structure of a complex system and simulation of its dynamic evolution over time. The use of abm constitutes a methodological tendency expanding in contemporary social sciences; however, these models remain quite unknown and not fre-
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Doctor en sociología (Universidad de Toulouse) y doctor en ciencias sociales (Universidad de Buenos Aires). Docente e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (conicet); Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires (Argentina). Sus líneas de investigación son: pensamiento y sistemas complejos; investigación interdisciplinaria; simulación social; epistemología; metodología de la investigación. Entre sus últimas publicaciones destacan: “El espacio controversial de los sistemas complejos”, en coautoría con Paula Rodríguez Zoya (2014); “Epistemología y política de la metodología interdisciplinaria” (2014) y “La modelización y simulación computacional como metodología de investigación social”, en coautoría con Pascal Roggero (2014). Correo electrónico: leonardo.rzoya@gmail.com ∗∗ Doctor en sociología. Docente e investigador del Institut du Droit de l’Espace, des Territoires et de la Communication (idetcom), Universidad de Toulouse1-Capitole (Francia). Sus líneas de investigación son: pensamiento y sistemas complejos; simulación social; sociología de las organizaciones; administración pública. Entre sus últimas publicaciones destacan: “Statistical Exploratory Analysis of Agent-based Simulations in a Social Context”, en coautoría con Villa-Vialaneix y Sibertin-Blanc (2014); “SocLab: A Framework for the Modeling, Simulation and Analysis of Power in Social Organizations”, en coautoría con Sibertin-Blanc, Adreit, Baldet, Chapron, El-Gemayel, Mailliard y Sandri (2013) y “Using Soclab for a Rigorous Assessment of the Social Feasibility of Agricultural Policies”, en coautoría con Adreit, Sibertin-Blanc y Vautier (2011). Correo electrónico: Pascal.Roggero@ut-capitole.fr 1 Los autores del trabajo agradecen los comentarios y sugerencias realizadas por los evaluadores anónimos que permitieron enriquecer y mejorar el artículo.
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poco conocidos y enseñados en el campo sociológico, de modo que constituyen una alternativa metodológica minoritaria entre los investigadores sociales. El propósito de este trabajo es introducir a los científicos sociales en las ideas centrales de los modelos basados en agentes a partir de su articulación con ciertos problemas teóricos y metodológicos cruciales de las ciencias sociales. La primera sección problematiza la relación entre los modelos basados en agentes y los sistemas complejos en una perspectiva epistemológica crítica. Posteriormente, se analizan los aportes de los mba a la investigación social, y en la tercera sección se evalúa críticamente su aplicación en el marco de una disciplina particular: la ciencia política. Finalmente, se desarrolla un ejemplo práctico de una simulación basada en agentes a partir del trabajo clásico de Thomas Schelling sobre segregación racial.
quently taught in the field of sociology. They therefore represent a minor methodological alternative among social researchers. The purpose of this work is to introduce social scientists to the main ideas of the agent-based models as they are articulated with certain theoretical and methodological problems of the social sciences. The first section puts into question the relationship between agent-based models and complex systems in a critical epistemological perspective. Subsequently, the contributions of abm to social research are analyzed, and in the third section, their application in the framework of a specific discipline, political science, is assessed. Finally, a practical example of a simulation based on agents from the classic work of Thomas Schelling about racial segregation is developed.
Palabras clave: modelo basado en agentes; sistemas complejos; simulación social; complejidad social; epistemología; sociología computacional.
Keywords: agent-based model; complex systems; social simulation; social complexity; epistemology; computational sociology.
Introducción En los albores del empleo de métodos de simulación computacional en ciencias sociales, los modelos basados en agentes (mba) constituyen un enfoque protagónico de esta primavera metodológica. Gestados al calor del desarrollo de las ciencias de los sistemas complejos -verdadero campo interdisciplinario de la ciencia contemporánea- los mba encarnan la promesa de constituirse en una metodología empíricamente operativa para estudiar la complejidad social. Su fecundidad radica, principalmente, en la capacidad técnica que brindan para modelar fenómenos sociales complejos y simular su evolución dinámica a lo largo del tiempo. Ciertamente, los mba no vienen a reemplazar las metodologías clásicas en sociología, sino a potenciar su uso en un nuevo plano analítico. El empleo de métodos computacionales de sistemas complejos, en particular los mba, se ha desarrollado con gran vigor en las últimas dos décadas, impulsando así una tenden228 ⎥ Leonardo Gabriel Rodríguez Zoya
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cia metodológica en expansión en las ciencias sociales contemporáneas. A pesar de este pujante crecimiento, los mba continúan siendo poco conocidos y enseñados en el campo sociológico y constituyen una alternativa metodológica minoritaria entre los investigadores sociales. Este hecho justifica la pertinencia de este trabajo cuyo propósito es introducir a los científicos sociales en las ideas centrales de los modelos basados en agentes a partir de su articulación con ciertos problemas teóricos y metodológicos cruciales de las ciencias sociales. El alcance del artículo se orienta a exponer algunas potencialidades y aportes de los mba para la investigación social; sin embargo la discusión sobre las limitaciones de esta metodología excede los desarrollos del presente artículo.2 Con base en estas coordenadas, el objetivo de este trabajo es realizar una reflexión crítica sobre algunos aspectos epistemológicos y teóricos del modelado basado en agentes en ciencias sociales. Para alcanzar este objetivo, la estrategia argumentativa articula cuatro momentos reflexivos. La primera sección problematiza la relación entre los modelos basados en agentes y los sistemas complejos en una perspectiva epistemológica crítica. Posteriormente, en la segunda sección se analizan los aportes de los modelos basados en agentes a la investigación social, atendiendo a algunas cuestiones teóricas y metodológicas centrales de las ciencias sociales, y en la tercera sección se evalúa críticamente la aplicación de los mba a una disciplina particular: la ciencia política. Finalmente, en la cuarta sección se desarrolla un ejemplo práctico de una simulación basada en agentes a partir del trabajo clásico de Thomas Schelling sobre segregación racial. El artículo concluye con una síntesis y una reflexión de los autores.
Sistemas complejos y modelos basados en agentes en el campo de las ciencias sociales El concepto de sistema complejo designa simultáneamente un campo científico interdisciplinario conocido como ciencias de los sistemas complejos o, simplemente, ciencias de la complejidad, y constituye, al mismo tiempo, el objeto de estudio de las mismas. Como objeto de estudio, los sistemas complejos comprenden el comportamiento adaptativo, autoorganizado, emergente y no lineal de fenómenos y procesos del mundo físico, biológico y social (Miller y Page, 2007). Un amplio número de fenómenos pueden ser descritos y caracterizados como sistemas complejos, por ejemplo, las colonias de hormigas, las redes neuronales del cerebro, las ciudades, las congestiones de tráfico, las redes sociales y los patrones de citación de los
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Para una discusión sobre las críticas y limitaciones de los mba, véanse: Waldherr y Wijermans (2013). Dos problemas centrales en la metodología de mba son la validación y verificación de los modelos. Sobre esta cuestión véanse: David (2009); Izquierdo, Galán Ordax, Santos y del Olmo Martínez (2008); Ormerod y Rosewell (2009); Squazzoni (2012). Sobre la estrategia de replicación como solución al problema de la verificación, véanse: Edmonds y Hales (2003).
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investigadores de un campo científico, entre otros fenómenos.3 En términos específicos, un sistema complejo es un conjunto organizado de elementos y procesos interrelacionados cuya interacción dinámica en el tiempo produce comportamientos y regularidades macroscópicas -denominadas propiedades emergentes- que no pueden ser deducidos linealmente del conocimiento analítico de sus partes. En uno de los textos fundadores del enfoque de los sistemas complejos, Warren Weaver (1948) afirma que la característica decisiva de este tipo de fenómeno no reside principalmente en un criterio cuantitativo, ligado al número de elementos y relaciones, sino en el modo en que un conjunto de elementos se interrelacionan de forma no trivial en un todo orgánico y conforman un sistema organizado. Para Weaver, estos problemas de complejidad organizada no pueden ser abordados por modelos mecánicos ni estadísticos, sino que requieren de modelos sistémicos. Otra cualidad de los sistemas complejos guarda relación con lo que Herbert Simon (1973) conceptualizó como “sistemas no-descomponibles o casi-descomponibles”. Mientras en un sistema descomponible las partes y relaciones pueden ser separadas y tratadas aisladamente sin comprometer la organización del sistema, esto no es posible en un sistema complejo. En efecto, los sistemas complejos son cuasi o no descomponibles, puesto que “el comportamiento de cada uno de los componentes depende, en forma conjunta, del comportamiento de los componentes restantes” (Simon, 1973: 145). En esta línea de reflexión, Rolando García afirma que los elementos de un sistema complejo son interdefinibles, es decir, que “los distintos componentes sólo pueden ser definidos en función del resto” (García, 2000: 68). En la medida en que los elementos y procesos de un sistema complejo son interdefinibles, entonces no pueden ser separados para ser estudiados de modo independiente (García, 2006: 21). Así, el correlato de la interdefinición es la imposibilidad de aislar las partes de un sistema complejo. Para expresarlo sintéticamente, los elementos interdefinibles no son separables y, por lo tanto, los sistemas complejos son sistemas no descomponibles. En este marco, los modelos basados en agentes (mba) constituyen un método de modelado y simulación computacional para el estudio de la organización y la dinámica de sistemas complejos. Un mba constituye una sociedad artificial integrada por agentes autónomos y heterogéneos que interactúan de modo no trivial entre sí y con el entorno, de acuerdo con ciertas reglas. La simulación computacional permite explorar en tiempo real la interacción dinámica entre los agentes y simular el proceso por el cual emergen patrones y estructuras en el entorno macro que no son reductibles a las propiedades de los agentes en el micro. En términos histórico críticos se destaca que los sistemas complejos emergen como problema científico en los años 40 y 50 del siglo pasado, cuando surgen las primeras teorías, 3
Al respecto, véanse: Johnson (2001); Lewin (1995).
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métodos y conceptos para abordarlos.4 No obstante, su consolidación como campo sistemático de investigaciones y cuerpo teórico metodológico organizado tiene lugar durante la década de los 80 del siglo pasado y es durante los últimos veinte años (1990-2010) cuando se constata una notable expansión del campo. La construcción socio histórica y científica de los sistemas complejos y la simulación computacional como campo de conocimiento se han desarrollado con escasos y débiles puntos de contacto con las ciencias sociales y las humanidades. Sin embargo, en las últimas dos décadas se evidencia un progresivo acercamiento entre ambos campos a través de un doble proceso. Por un lado, las ciencias de los sistemas complejos han comenzado a interesarse gradual y sistemáticamente por el estudio de los fenómenos y procesos sociales (Roggero y Sibertin-Blanc, 2008: 45), mediante la aplicación de los algoritmos y métodos formales de los sistemas complejos; por otro lado, el empleo de métodos computacionales de sistemas complejos para el modelado y la simulación de fenómenos y procesos sociales, políticos y económicos constituye una tendencia metodológica en expansión en las ciencias sociales contemporáneas del mundo anglosajón y europeo continental. En el marco de este doble proceso se ha consolidado un activo campo de investigación conocido como ciencias sociales computacionales, que promueven “el empleo intensivo (y sistemático) de métodos computacionales para modelar fenómenos sociales” (Squazzoni, 2012: 1), para la construcción y operacionalización de teorías, así como para la generación y puesta a prueba de hipótesis sociológicas. Se registra amplia evidencia que testimonia el desarrollo vigoroso de este campo, como el florecimiento de centros de investigación especializados en la temática, la aparición de revistas especializadas -cerca de una docena en todo el mundo-,5 así como redes de investigación y sociedades académicas.6 Además, las revistas especializadas más influyentes a nivel internacional le han dedicado números especiales a la temática.7 A pesar de este notable desarrollo, las corrientes principales del enfoque de los sistemas complejos y de la simulación computacional en el campo científico social -tal como se desarrolla actualmente en el mundo anglosajón y europeo continental- son pasibles de una 4
Véanse: Hayek (1964); Simon (1973); Weaver (1948). Emergence: Complexity and Organization, Nonlinear phenomena in Complex Systems, Journal of Social Complexity, Journal of Artificial Societies and Social Simulation, Social Science Computer Review, Autonomous Agent and Multi-Agent Systems, Computational Economics, Computational Management Science, entre otras. 6 Por ejemplo, la Complex System Society y la European Social Simulation Association en el ámbito europeo y la Comunidad de Pensamiento Complejo en América Latina. 7 Se documentan ediciones especiales en American Behavioral Science en 1999, Journal of Economic Dynamics and Control en 2001 y 2004, Computational Economics en 2001 y 2007, Proceedings of the National Academy of Science en 2002, Journal of Economic Behavior and Organization en 2004, Journal of Public Economic Theory en 2004, American Journal of Sociology en 2005, Advances on Complex Systems en 2008. También han aparecido artículos en revistas influyentes como: Nature, Science, Physica A, Journal of Theoretical Biology, American Sociological Review, Annual Review of Sociology, Philosophy of the Social Sciences y Artificial Intelligence Review. 5
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profunda crítica epistémico-política. En primer lugar, estos enfoques “son incapaces de proveer un adecuado marco epistemológico que permita dar cuenta de su propia inscripción social e histórica y de las implicancias ético-políticas de sus prácticas y de los conocimientos generados” (Rodríguez Zoya, 2011: 22). Esto se evidencia en el predominio de abordajes técnico-instrumentales practicados con bajos niveles de reflexividad y centrados en los aspectos cuantificables y mesurables de los sistemas complejos. Así, el Premio Nobel de física Murray Gell-Mann sostiene que la medición de la complejidad está relacionada con “la longitud de la descripción más concisa del conjunto de regularidades de una entidad” (Gell-Mann, 1995: 2). De este modo, en el enfoque de los sistemas complejos parece operar una vocación práctica por reducir la complejidad a lo modelizable y formalizable, es decir, a lo que resulte tratable mediante algoritmos matemáticos o computacionales. Como observa con perspicacia el físico y epistemólogo Rolando García (2000: 67), “principalmente los grandes temas sociales, económicos y políticos (…) no son matematizables”. Por esta razón, cabe dejar planteado un interrogante crítico acerca de qué complejidad medimos cuando excluimos de dicha medición todo lo que no resulta modelizable y formalizable. Así, el enfoque de sistemas complejos puede asimilarse a lo que Edgar Morin denomina “complejidad restringida”, en la cual “la complejidad jamás es cuestionada ni pensada de manera epistemológica” (Morin, 2007: 35). En esta misma línea, Albert Einstein señalaba que “la ciencia sin epistemología es primitiva y confusa”.8 Además, se evidencia una tendencia a construir modelos de simulación al margen de la teoría social, “lo que conduce, demasiado a menudo, a modelizaciones cuyos fundamentos sociológicos son insuficientes” (Roggero y Sibertin-Blanc, 2008: 45). Un ejemplo paradigmático de esta cuestión se evidencia principalmente en las investigaciones en econofísica y sociofísica (Galam, 1996; 2004 y 2007). Sin embargo, hay algunas notables excepciones que articulan de modo sistemático y explícito teorías sustantivas, datos empíricos y modelos computacionales; por ejemplo, el desarrollo de la plataforma SocLab, realizada con base en la formalización de la sociología de la acción organizada de Michel Crozier y Erhard Friedberg.9 Finalmente, se evidencia la carencia de un marco epistemológico crítico que se interrogue sobre la dimensión política del conocimiento producido por el estudio de los sistemas complejos, así como de un cuestionamiento reflexivo sobre las posibilidades, límites e implicaciones epistémicas y ético-políticas del empleo de métodos de simulación computacional para la comprensión y explicación de fenómenos sociopolíticos. En esta línea crítico-reflexiva sobre la complejidad de los sistemas sociales y políticos se destacan las contribuciones de Immanuel Wallerstein (2006) y su propuesta de análisis de los sistemas mundo; los aportes de Edgar Morin (1990) en torno a los sistemas de complejidad organizada y la política de 8
Los autores del trabajo agradecen al evaluador anónimo que sugirió la incorporación de la cita de Einstein. Véanse: Sibertin-Blanc, Roggero, Adreit, Baldet, Chapron, El-Gemayel, Mailliard y Sandri (2013).
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la sociedad-mundo occidental, y la reflexión de Pablo González Casanova (2005) sobre las nuevas ciencias de la complejidad y las humanidades. Es justamente en esta dirección donde cobra relevancia la construcción de un marco epistemológico crítico, empíricamente fundamentado, que permita incorporar las metodologías de modelado y simulación computacional en el repertorio teórico metodológico de las ciencias sociales. Uno de los mayores desafíos para las ciencias sociales consiste en superar las carencias teórico epistemológicas actuales de las ciencias de los sistemas complejos, y avanzar en el desarrollo de un programa de investigación orientado a construir modelos de simulación de problemas claves de la disciplina, fundamentados en teorías sustantivas de las ciencias sociales y en un marco epistemológico crítico y reflexivo.
Aportes teóricos de los modelos basados en agentes para la investigación social Los mba constituyen “un nuevo método analítico para las ciencias sociales” (Gilbert, 2007: 1); incluso, Axelrod (1997) afirma que constituyen un tercer modo de hacer ciencia, distinto y complementario a los dos métodos científicos estándar: la inducción y la deducción. Un mba es un tipo particular de modelo científico que se implementa como un programa informático. Por esta razón, los mba son un tipo de modelo computacional o, más precisamente, un modelo de simulación computacional.10 Los mba son, por lo tanto, modelos formales que deben ser distinguidos tanto de los matemáticos (basados en ecuaciones diferenciales o de otro tipo) como de los estadísticos (orientados por variables y expresados como ecuaciones de regresión, estructurales, o de otro tipo). La diferencia sustantiva estriba en que los modelos computacionales permiten tratar modelos formales cuya resolución analítica es muy dificultosa, demanda mucho tiempo o sus resultados son realmente complicados de interpretar. En estos casos, la alternativa más eficiente es construir un modelo computacional y explorarlo a través de la simulación (Gilbert, 1998). Así, el modelado y la simulación computacional permiten “implementar y analizar rigurosamente el comportamiento de modelos formales de sistemas complejos -algo inviable hasta hace poco-” (Izquierdo, Galán Ordax, Santos y del Olmo Martínez, 2008: 92). Los mba pueden ser construidos con distintos objetivos o finalidades. Algunos autores (Amblard y Phan, 2006) sostienen que los mba pueden ser utilizados para predecir, describir, comprender e incluso para actuar, como es el caso de la modelización participativa (Étienne, 2010), que bien puede considerarse como una estrategia de investigación-acción. Sin embargo, otros autores destacan con claridad que los mba son más adecuados para 10
Además de los mba, existen diversos tipos de modelos computacionales. Para una introducción a los distintos métodos de modelado y simulación en ciencias sociales, véanse: Gilbert y Troitzsch (2005).
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explicar que para predecir fenómenos sociales (García-Valdecasas Medina, 2014; Gilbert, 1996). En esta misma línea, algunos investigadores, como Edmonds (2014), enfatizan que los mba deberían emplearse más bien para el análisis “posibilístico” que “probabilístico” -es decir, para desarrollar proyecciones e inferencias sobre lo que puede o no acontecer en un proceso social-, que para el cálculo de probabilidades de su ocurrencia, como lo hace, por ejemplo, un modelo estadístico.11 Esto no implica, en absoluto, afirmar que los mba no puedan ser utilizados con fines predictivos, como algunos autores lo han mostrado (Hassan, Arroyo, Galán, Antunes y Pavón, 2013), sino que los modelos estadísticos centrados en el análisis de la correlación entre variables pueden ser más adecuados para esta tarea (Gilbert, 1996). La explicación y la predicción constituyen, sin duda, finalidades epistémicas centrales de la actividad científica; no obstante, ambos conceptos tienen que ser cuidadosamente diferenciados.12 La divergencia principal estriba en que “es posible predecir un fenómeno de manera adecuada sin explicar nada de lo que está ocurriendo, y, del mismo modo, es posible explicar un fenómeno sin predecirlo correctamente” (García-Valdecasas Medina, 2014: 43). En estas coordenadas, resulta pertinente puntualizar el potencial explicativo de los mba. Apoyado en el andamiaje teórico de la sociología analítica (Hedström y Bearman, 2009), García-Valdecasas Medina (2014) distingue con claridad y precisión tres tipos de explicación: las explicaciones por leyes (típica de los modelos nomológico-deductivos del positivismo lógico); las explicaciones basadas en variables (propia de los modelos estadísticos) y, finalmente, las explicaciones basadas en mecanismos (propuestas por la sociología analítica). Desde esta última perspectiva, explicar un fenómeno social implica identificar y detallar los mecanismos causales que son capaces de generarlo, tomando en consideración la acción de los actores sociales, la estructura de interacción y el entorno social donde se desarrolla el fenómeno. García-Valdecasas Medina (2014) plantea con solvencia que los mba constituyen una vía metodológica para desarrollar explicaciones centradas en mecanismos. Así, mientras los modelos estadísticos pueden considerarse como modelos centrados en variables cuyo fin principal es la predicción; los mba pueden caracterizarse como modelos orientados a procesos cuya fecundidad mayor radica en explicar los mecanismos generadores de un proceso social (Gilbert, 1996). Por esta razón, Epstein sostiene que “la contribución central [de los mba] es facilitar la explicación generativa” (Epstein, 2006b: 1587). En efecto, 11
Sobre la distinción entre la lógica probabilística y la lógica posibilista en la simulación social véanse los trabajos de Bruce Edmonds (1999). En el campo del pensamiento latinoamericano se destacan las contribuciones pioneras de Carlos Matus (1987) -en el ámbito de la planificación estratégica situacional- y de Oscar Varsavsky -en el terreno del análisis de viabilidad y el desarrollo del método de experimentación numérica- (Varsavsky, 1971; Varsavsky, Calcagno, Ibarra, de Barbieri, Naon, Nuñez del Prado, Sainz, La Fuente, Domingo, Sabato, Cornblit, Di Tella y Gallo, 1971). 12 Es interesante notar que, incluso para los positivistas lógicos y para el racionalismo crítico popperiano, “no hay gran diferencia entre explicación y predicción […] Es una diferencia, no de estructura lógica, sino de énfasis; depende de lo que consideremos como nuestro problema” (Popper, 1984: 148).
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los mba permiten representar explícitamente las interacciones entre agentes autónomos y heterogéneos en un entorno. Este modelo implementado en un programa informático constituye una sociedad artificial que, al ser ejecutada en la computadora, permite generar -“hacer crecer” a través de la simulación- estructuras y patrones sociales macroscópicos que emergen de la interacción dinámica entre los agentes en el tiempo. En síntesis, los mba pueden constituir la infraestructura metodológica para el desarrollo de una ciencia social generativa (Epstein, 2006a). Resulta pertinente preguntarse sobre cuáles son los aspectos teóricos y metodológicos diferenciales que los mba pueden aportar para la investigación en ciencias sociales. A este respecto, cabe destacar cinco cuestiones relevantes: el vínculo micro-macro; el modelado de la complejidad social; la simulación de la temporalidad de los procesos sociales y políticos; el modelado del espacio y, finalmente, la experimentación virtual.
Vínculo micro-macro Los mba abordan el vínculo micro-macro en una doble dirección. En primer lugar, permiten modelar y simular el vínculo de lo micro a lo macro, es decir, “cómo las interacciones locales y descentralizadas entre agentes autónomos y heterogéneos generan una determinada regularidad” macrosocial (Epstein, 2006a: 5), tales como instituciones, normas, comportamientos colectivos, estructuras sociales, estados. Se emplea el concepto de emergencia para referirse a la aparición de “cualidades o propiedades de un sistema que presentan un carácter de novedad con relación a las cualidades o propiedades de los elementos considerados aisladamente” (Morin, 1977: 129-130). La noción de emergencia comprende “los procesos a través de los cuales las conductas globales de un sistema resultan de la acción e interacción” entre sus componentes (Sawyer, 2005: 2). Los fenómenos emergentes son, en consecuencia, difíciles de explicar y predecir en la medida en que las cualidades nuevas a nivel macro de un sistema no pueden deducirse ni reducirse al conocimiento analítico de las partes a nivel micro. Por lo tanto, el concepto de emergencia tiene valor heurístico para abordar la complejidad de la relación entre el nivel micro y macro de un sistema social complejo. Adicionalmente, las estructuras o patrones sociales son el resultado del “proceso de interacción no lineal” entre los actores de un sistema social (Squazzoni, 2012: 15). El concepto de “no linealidad” alude a que “pequeñas (o grandes) variaciones de una variable (sic) pueden provocar grandes (o pequeñas) alteraciones de las demás” (Alemañ Berenguer y Pérez Selles, 2000: 143). En consecuencia, los sistemas sociales pueden caracterizarse como
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sistemas emergentes y sistemas no lineales (Johnson, 2001; Sawyer, 2005).13 Por esta razón, el comportamiento macrosocial no es el resultado de la suma, agregación o yuxtaposición de los comportamientos individuales -es decir, de una combinación lineal de variablessino, contrariamente, el resultado emergente de la interacción no lineal entre los actores de un sistema social. En este sentido, los patrones de acción colectiva, las instituciones o estructuras sociales constituyen fenómenos emergentes en relación con el nivel microsocial que los genera. Basados en los argumentos precedentes, podemos afirmar que los mba constituyen una estrategia de modelado emergente en la cual se estudian las dinámicas “de abajo hacia arriba”, de lo local a lo global, de lo micro a lo macro (bottom-up modeling), lo que contrasta con las técnicas de modelización tradicional que operan de modo descendente o top-down, es decir, “de arriba hacia abajo”.14 Mientras que en el modelado tradicional se parte de estructuras ya creadas, en la modelización basada en agentes se estudia el proceso de creación de nuevas estructuras. De este modo, el modelado interactivo de la emergencia social mediante mba permite abordar lo que Pablo González Casanova (2005: 59) denomina “la creación de novedades históricas”, en un sentido análogo a una de las grandes preocupaciones de Jean Piaget: “la construcción de estructuras no preformadas, es decir, de estructuras que no obedecen a una tendencia” (García, 1997: 12). No cabe duda que el problema de la creación de nuevas estructuras sociales constituye uno de los temas cruciales del pensamiento crítico en las ciencias sociales, el cual podría encontrar algunas herramientas operativas en la metodología de mba para expandir la frontera de su propio desarrollo teórico y conceptual. En segundo lugar, los mba contribuyen a comprender el vínculo de lo macro a lo micro, relativo al modo en que “las estructuras sociales constriñen e influyen las acciones futuras y las interacciones entre los actores individuales” (Sawyer, 2007: 323). El interés analítico de esta fase del modelado del vínculo micro-macro se centra en comprender cómo “los in13
A este respecto conviene precisar la distinción entre los conceptos de emergencia y no linealidad. En términos metafóricos, la noción de emergencia puede sintetizarse en la expresión “el todo es más que la suma de las partes”; mientras que la idea de no linealidad puede resumirse en la frase “pequeños cambios, grandes consecuencias”, expresada por el conocido “efecto mariposa”: “el aleteo de una mariposa en Brasil puede producir un tornado en Texas”. La metáfora del efecto mariposa, acuñada por el meteorólogo Edward Lorenz, ilustra uno de los conceptos centrales de la teoría del caos: la sensibilidad a las condiciones iniciales que presentan los sistemas dinámicos no lineales, es decir la no proporcionalidad de los cambios iniciales en un sistema y sus consecuencias (Briggs y Peat, 1989). Asimismo, es importante destacar que los fenómenos emergentes son resultado de procesos no lineales; sin embargo, la afirmación inversa no es correcta ya que puede haber procesos no lineales que no presenten propiedades emergentes (por ejemplo, el problema de los tres cuerpos tratado por Poincaré a fines del siglo xix). 14 En este sentido, los mba se distinguen de las simulaciones computacionales dominantes en los años 60 y 70 basadas en variables estructurales agregadas a nivel macro. Este tipo de modelado se conoce con el nombre de dinámica de sistemas y fue empleado en las simulaciones impulsadas por el Club de Roma (Forrester, 1971). Durante estas décadas también surgen las primeras simulaciones computacionales basadas en enfoques individualistas metodológicos, por ejemplo las contribuciones de James Coleman (1962, 1964) o el trabajo clásico de Raymond Boudon (Boudon y Davidovitch, 1964).
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dividuos elaboran representaciones mentales de constructos sociales” (Conte, Gilbert y Simão Sichman, 1998: 5) que influyen en su propia conducta práctica. En otros términos, la acción social (nivel micro) no puede escindirse del modo en que los individuos piensan y razonan sobre el orden social (nivel macro). Squazzoni (2012: 13) destaca que algunos autores, como Archer y Sawyer, enfatizan que “las estructuras sociales emergentes a nivel macro ejercen poder causal sobre los individuos a nivel micro”. Esta problemática ha sido conceptualizada como emergencia de segundo orden para referirse, específicamente, a la aptitud reflexiva de los agentes sociales para razonar sobre las propiedades emergentes que la misma sociedad produce (emergencia de primer orden); por ejemplo, las instituciones y todo patrón de acción colectiva. La especificidad de la emergencia de segundo orden, también conceptualizada como “causalidad social” (Sawyer, 2007: 8) o “causalidad descendente” (Conte, 2009: 42), consiste en destacar la aparición de propiedades o cualidades nuevas en el nivel de la parte o componente de un sistema; en consecuencia, en el aspecto individual emergen propiedades nuevas en la medida en que dicho individuo está inserto en una estructura de relaciones de un sistema social concreto. Resulta acertado, entonces, comprender la emergencia de primer orden en términos de lo que Edgar Morin denomina una “macro emergencia o emergencia global”, y la emergencia de segundo orden como una “micro emergencia o emergencia local”; este doble concepto de emergencia permite apreciar que “no sólo el todo es más que la suma de las partes [macro emergencia], sino que la parte es en y por el todo, más que la parte” (Morin, 1977: 131). En síntesis, los mba ofrecen una metodología empíricamente operativa para abordar un problema central en las ciencias sociales: el vínculo dinámico o, mejor aún, dialéctico, entre la acción social y la estructura, entre el comportamiento político y las instituciones políticas; en suma, entre el nivel individual y el colectivo (Alexander, Giesen, Münch, y Smelser, 1994).
Modelado de la complejidad social La metodología de mba permite representar explícitamente tres elementos de interés central para las ciencias sociales: los agentes, el entorno y las reglas de comportamiento. Estas últimas se refieren, por lo menos, a tres cuestiones principales: (i) a lo que los agentes pueden hacer con los elementos que componen el entorno (reglas agente-entorno); (ii) a la acción e interacción entre los agentes que componen el modelo (reglas agente-agente); y (iii) al comportamiento de los elementos que componen el entorno (reglas entorno-entorno) (Epstein y Axtell, 1996; Treuil, Drogoul y Zucker, 2008). Por lo tanto, los mba permiten no sólo modelizar agentes sociales sino además representar “la estructura de interacción entre los actores sociales como el entorno que los rodea” (García-Valdecasas Medina, 2014: 47). Dicho de otro modo, los mba constituyen sociedades de agentes situados en un entorno, y Modelos basados en agentes ⎥ 237
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enmarcadas en estructuras de acción e interacción social (Conte, Gilbert y Sichman, 1998; Ferber, 2006). Mejor aún, los mba son “modelos de interacción social entre agentes heterogéneos incrustados (embedded) en estructuras sociales” (Squazzoni, 2012: 2). Para ilustrar las potencialidades de los mba para la modelización de la complejidad social, resulta importante distinguir el concepto de agente tal como es empleado en las ciencias sociales de aquel utilizado en las ciencias computacionales. En estas últimas, la idea de agente constituye una construcción artificial, es decir, una pieza de software programada para representar cierta clase de objetos. Es por esta razón que no resulta conveniente equiparar inmediatamente la noción de agente de software con un individuo concreto, aunque bien podría emplearse un mba para modelar ciertos individuos específicos. Los agentes de software de un mba permiten representar tanto actores sociales individuales (ciudadanos, votantes, candidatos, consumidores), como actores colectivos (comunidades, familias, empresas, instituciones, estados, agencias de gobierno, naciones). Dicho esto, es posible responder a la pertinente pregunta: ¿quién es un agente en un mba? Ferber (1995) sugiere que un agente es alguien capaz de actuar en un entorno; percibir y representarse parcialmente el entorno y los otros; comunicarse de modo directo o indirecto con otros agentes; estar motivado por tendencias internas y, finalmente, conservarse y reproducirse. La figura 1 representa los elementos de una arquitectura típica de agentes. Figura 1 Representación de la arquitectura de un mba.
Fuente: Ferber, Jacques, (1995) Les Systèmes multi-agents: Vers une intelligence collective. París, InterEditions, pp. 15. 238 ⎥ Leonardo Gabriel Rodríguez Zoya
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Por su parte, Macy y Flache (2009) destacan que los agentes de un mba tienen una arquitectura social y cognitiva. El aspecto social alude a los aspectos de heterogeneidad, autonomía, interdependencia e “incrustamiento” social que caracteriza a los agentes; mientras que los aspectos cognitivos se refieren a sus capacidades heurísticas y adaptativas. En primer lugar, los mba permiten modelar la heterogeneidad real de los actores sociales y políticos, atendiendo a la diversidad de comportamientos, identidades, redes sociales de pertenencia, preferencias, y creencias sociales, políticas, culturales y económicas, entre otros. Un ejemplo simple y claro lo constituye el clásico modelo Sugarscape, propuesto por Epstein y Axtell (1996), en el cual los agentes tienen un conjunto de características constantes para toda la vida (sexo, ritmo metabólico, visión) y un conjunto de atributos variables que se modifican y evolucionan a partir de la interacción social (preferencias económicas individuales, riqueza, identidad cultural y salud). En consecuencia, los mba permiten superar uno de los aspectos problemáticos del modelado matemático y estadístico de fenómenos sociales, el cual radica justamente en que este tipo de modelización elimina la heterogeneidad de los fenómenos reales y modela un “agente promedio”, “ideal” o “representativo”, como en la economía neoclásica y la teoría de los juegos en ciencias sociales. Contrariamente, “en el modelado basado en agentes no se emplean agentes representativos […] sino poblaciones de agentes heterogéneos que varían en un sinnúmero de características” (Epstein, 2006a: 5-6). Por lo tanto, los mba permiten operacionalizar la diversidad y heterogeneidad de estrategias, comportamientos e intereses de actores individuales y colectivos representados en una sociedad artificial. Por ejemplo, si se pretendiese desarrollar un sistema político artificial, podrían modelarse distintos comportamientos y preferencias de los votantes tomando en cuenta sus identidades políticas, posicionamiento ideológico y características socioeconómicas; asimismo, sería factible modelar diversidad de estrategias electorales de partidos y líderes políticos. En segundo lugar, los agentes de un mba son autónomos, es decir que no hay un control central, jerárquico o descendente sobre la conducta de los agentes individuales. En otros términos, los agentes de una sociedad artificial o mba son autónomos porque “tienen el control sobre su propia conducta” (Sawyer, 2007: 8), lo que equivale a afirmar que pueden “operar sin que otros tengan control directo de sus acciones y su estado interno” (Gilbert y Troitzsch, 2005: 173). En tercer lugar, la autonomía de los agentes no es ilimitada sino que se encuentra constreñida por las relaciones de interdependencia comportamental e interdependencia estratégica (Macy y Flache, 2009). Esta última se refiere a que el rendimiento de la estrategia de un actor se encuentra condicionado por las estrategias de los otros actores, mientras que la interdependencia comportamental comprende las relaciones de influencia recíproca entre los actores. Dicho en otros términos, todo agente influye y es influido por otros agentes sociales. Modelos basados en agentes ⎥ 239
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En cuarto lugar, los mba no representan agentes individuales aislados, sino agentes que se encuentran “incrustados” (embedded) en estructuras sociales. Esto quiere decir que la acción social no acontece en el vacío, sino que se encuentra posibilitada y constreñida por estructuras de redes sociales dinámicas y complejas. De este modo, los mba permiten flexibilizar ciertos supuestos restrictivos de la teoría de los juegos, por ejemplo, el análisis estático del equilibrio de Nash (Macy y Flache, 2009). En cuanto a la arquitectura cognitiva, los agentes operan con modos de razonamiento heurístico basados en reglas de conducta sencillas; más aún, la metodología de mba permite construir modelos de racionalidad limitada (Simon, 1982) en los cuales los agentes tienen capacidades cognitivas restringidas e información limitada basada en la percepción y el conocimiento local del entorno y de otros agentes. Estas características permiten superar dos supuestos restrictivos de la teoría económica ortodoxa: la información perfecta y la racionalidad perfecta (Arthur, 1994), es decir, la idea que los agentes sociales tienen información ilimitada del mundo social y una capacidad de cálculo deductiva para procesar dicha información. Adicionalmente, los agentes son adaptativos en tanto que son capaces de modificar sus conductas basadas en el aprendizaje de experiencias previas (Gilbert, 2007; Macy y Flache, 2009). Los agentes tienen, por lo tanto, alguna capacidad limitada de memoria para recordar la historia de sus interacciones y los resultados de sus acciones y estrategias que les permiten evaluar y decidir los futuros cursos de acción a emprender (Arthur, 1994; Ferber, 2006). Otro aspecto importante a señalar es que los mba brindan la oportunidad de modelar cierta clase de habilidad social como es el lenguaje y la comunicación, lo que posibilita la interacción social en el seno de la sociedad artificial. Los agentes pueden desplegar tanto conductas reactivas como proactivas. En el primer caso, los agentes responden al entorno a partir de la percepción y representación que tienen el mismo; por su parte, las conductas proactivas aluden a la capacidad de los agentes de tomar la iniciativa en función de sus propios estados internos (Gilbert y Troitzsch, 2005). En síntesis, los elementos examinados permiten afirmar que la metodología de mba admite modelar la complejidad social en un sentido que resulta fundamental para la investigación en ciencias sociales. La idea central a destacar es la siguiente: el modelado computacional con mba puede construir (programar) agentes de software con características análogas a las que la teoría social atribuye a los actores sociales y, por lo tanto, construir modelos del mundo social con mayor grado de realismo que otros métodos de modelización formal.
Simulación de la temporalidad de los procesos sociales y políticos El estudio de la continuidad y del cambio de las instituciones y las estructuras sociales, políticas y económicas ha sido una preocupación histórica del conjunto de las ciencias sociales; 240 ⎥ Leonardo Gabriel Rodríguez Zoya
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sin embargo, existen fuertes restricciones metodológicas para desarrollar teorías dinámicas de los procesos sociopolíticos. Una de las tragedias de la sociología se cierne entre “el profundo interés en estudiar procesos sociales […] y la dificultad de investigar empíricamente tales procesos” (Sawyer, 2007: 316). La metodología de mba representa un aporte fundamental a esta problemática ya que “permite modelar la estabilidad a través del tiempo (el ‘problema del orden’) y el cambio social” (Sawyer, 2007: 321). De este modo, los mba “constituyen un medio fundamental para colocar el estudio de procesos, el cambio y dinámicas de largo plazo en el corazón de la sociología […], ya que permiten pensar los patrones sociales o estructuras en términos de procesos que emergen del cambio y la interacción no lineal entre agentes en el tiempo” (Squazzoni, 2012: 15). En este sentido, los mba constituyen una metodología complementaria al método histórico-comparado y a los estudios diacrónicos. Así, la simulación basada en agentes permite abordar “la problemática del tiempo y la secuencia de eventos en el desarrollo de procesos históricos” (Pierson y Skocpol, 2002: 8). Los mba aparecen como herramientas adecuadas y operativas para explicar “la formación de instituciones a través de procesos temporales concretos en los cuales se encuentran embebidas” (Thelen, 1999: 369) y, en particular, para el análisis de la dependencia de camino (path dependence) donde los resultados de eventos singulares en una coyuntura crítica, inducen y atraen eventos en la misma dirección produciendo una “lógica de retroalimentación positiva y auto-reforzamiento (self-reinforcing) del proceso” (Pierson, 2000: 252), lo que induce a un incremento de los costos para alejarse de la trayectoria original (increasing returns). De este modo, la idea teóricamente central según la cual el ordenamiento temporal de eventos singulares condiciona e influye en el resultado de un proceso histórico puede ser simulado computacionalmente mediante un mba. El sociólogo perspicaz habrá advertido ya la fecundidad de este planteamiento que no es otro sino la verdadera oportunidad de desarrollar una metodología rigurosa y operativa para articular el estudio de la compleja relación entre la estructura social y los acontecimientos sociales a lo largo de un proceso social dinámico. Visualizamos, pues, una ventana para escapar, por un lado, de la Escila del pensamiento estructuralista que “unifica abstractamente anulando la diversidad” (Morin, 1990: 30), produciendo una cosificación de lo social que excluye tanto el devenir histórico como la emergencia de eventos singulares e irreductibles; y, por el otro, de la Caribdis de las filosofías del acontecimiento que “yuxtaponen la diversidad sin concebir la unidad” (Morin, 1990: 30) y decretan la muerte teórica de la categoría de estructura para pensar la realidad social. Frente a estos modos de pensamiento simplificador, la metodología de mba constituye la infraestructura tecnológica para modelar la unidad compleja de la estructura y el acontecimiento en el devenir histórico, un problema teórico crucial que ha sido objeto de elaboraciones teórico-conceptuales en distintos campos, como la epistemología y la filosofía de la historia. Así, por ejemplo, la epistemología genética de Piaget señala que no hay Modelos basados en agentes ⎥ 241
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estructura sin historia, ni historia sin estructura, y plantea, en consecuencia, “la necesidad fundamental de una dialéctica de la génesis y de la estructura, correspondiente a sus interacciones efectivas y alternativas” (Piaget, 1979: 117). El campo historiográfico se hizo cargo de una controversia “que hizo saltar a la palestra el problema de la naturaleza del tiempo histórico, es decir, el problema de la “larga duración” y su relación con el acontecimiento histórico y el cambio social de manera general” (Naishtat, 2009: 54). Fue Braudel, eximio historiador de la escuela francesa de los Annales, quien elaboró esta controversia en términos de una “dialéctica de la duración entre el instante y el tiempo lento en su transcurrir” (Braudel, 1984: 88), es decir, entre la larga duración en la cual se construyen estructuras en la historia y la corta duración del acontecimiento. Insistamos una vez más en la potencialidad metodológica de los mba al brindar sustento técnico y operativo para expresar en un modelo de simulación social los desarrollos teórico conceptuales acerca de la dialéctica de la duración entre estructura y acontecimiento. Podemos atrevernos a afirmar que los mba expanden el horizonte de sentido de la investigación social al dotarla de herramientas metodológicas empíricamente operativas para la construcción efectiva de una ciencia de la complejidad social.
Modelado del espacio Los mba posibilitan una representación explícita del espacio geográfico, es decir, un “hábitat donde los agentes virtuales interaccionan entre sí” (García-Valdecasas Medina, 2011: 97). El modelado del espacio puede realizarse con distintos niveles de abstracción, desde una cuadrícula bidimensional, al estilo de un tablero, hasta entornos con alto grado de realismo. Este espacio virtual, en el cual los agentes se desplazan e interactúan entre sí y con el entorno, es el que permite observar la dinámica de la simulación y el proceso por el cual emergen las estructuras sociales macroscópicas. Más aún, los mba pueden ser implementados a través de sistemas de información geográfica (Geographic Information Systems, habitualmente conocidos como gis). Se trata de una tecnología de georreferencia a través de la cual la simulación se integra y desarrolla sobre un espacio geográfico real: rutas, ciudades, campos, países. El empleo conjunto de mba y gis se ha extendido con notable pujanza en distintos campos de las ciencias sociales computacionales, desde la geografía y los estudios urbanos (Koch y Mandl, 2011), hasta la sociología rural, la ecología y los estudios de desarrollo sustentable (Bousquet, Trébuil y Hardy, 2005) e, incluso, la arqueología computacional (White, 2005). Esta línea de investigación es más modesta y menos sistemática en disciplinas como la sociología y la ciencia política, aunque se evidencian algunos desarrollos de interés (Gulden, 2004). La posibilidad del modelado explícito del espacio geográfico, ofrecida por la tecnología gis y los mba, abre oportunidades inéditas para la investigación 242 ⎥ Leonardo Gabriel Rodríguez Zoya
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social, especialmente en la medida en que permite integrar de modo robusto un nuevo nivel analítico e interpretativo en la simulación computacional: la dimensión espacial y geográfico-territorial de la dinámica sociopolítica.
Experimentación virtual Los mba permiten realizar experimentos virtuales en sociedades artificiales. A diferencia de la experimentación de laboratorio (in-vitro) o sobre sistemas reales (in-vivo) -a menudo indeseables o imposibles en las ciencias sociales-, los mba permiten experimentar sobre un modelo de simulación computacional (in-silico). Por esta razón, “las sociedades artificiales pueden considerarse como laboratorios” (Epstein y Axtell, 1996: 4), en los cuales “un experimento puede ser configurado y repetido sucesivas veces, empleando un rango de parámetros o permitiendo que algunos factores varíen aleatoriamente” (Gilbert, 2007: 3). La idea de experimentación virtual deja planteado, no obstante, un problema epistemológico “en la medida en que el vínculo de inferencia realizado supone que el modelo es una representación fidedigna del sistema-objeto” (Treuil, Drogoul y Zucker, 2008: 7). En efecto, “mientras en un experimento se controla el objeto real de interés, en una simulación se experimenta con un modelo y un mundo social artificial, no con el fenómeno en sí” (Lozares, 2004: 183). Para valorar las potencialidades abiertas por la idea de experimentación virtual, a continuación desarrollamos un breve ejemplo en el contexto de la ciencia política. A menudo se afirma que la experimentación es “impracticable para [el estudio de] los sistemas políticos [puesto que] no es posible reconstruir en un laboratorio las realidades políticas significativas, o bien disponer de experimentos políticos que, por ejemplo, tengan como objeto a los ciudadanos, las instituciones, las autoridades” (Pasquino, 2004: 31). Imaginemos, por ejemplo, que podríamos construir, gracias a las posibilidades que nos ofrecen los mba, un sistema político computacional. Con ellos resulta posible modelar ciudadanos, instituciones y autoridades en un entorno computacional para “hacer crecer” o “generar” un sistema político artificial [in-silico -en la computadora-]. Por lo tanto, el desarrollo de un sistema político computacional constituye una especie de laboratorio virtual para la generación y control de hipótesis, para la operacionalización y el testeo de teorías, y para la construcción de teorías vía simulación computacional. En conclusión, se evidencia que la experimentación virtual con mba permite potenciar, a través de la simulación computacional, el desarrollo de las metodologías clásicas en ciencias sociales.
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Evaluación crítica de la aplicación de los mba en ciencia política El empleo de mba en ciencia política presenta un desarrollo menor con respecto a otras disciplinas sociales como la sociología, la economía, e incluso la antropología y la arqueología. En el campo sociológico, los mba se han consolidado como un enfoque teórico metodológico conocido como simulación social y, más recientemente, como sociología computacional basada en agentes. Asimismo, se han afianzado institucionalmente a través de revistas especializadas (jasss15 es la más reputada) y de la formación de amplias redes académicas en Europa, Estados Unidos y Asia Pacífico.16 Ninguna de estas iniciativas se manifiesta análogamente en ciencia política, donde las técnicas de modelado y simulación se encuentran más próximas a los modelos matemáticos, vinculados a la teoría de juegos y a la elección racional, y a los modelos estadísticos, fuertemente relacionados con el análisis de redes sociales. En suma, los mba son una perspectiva minoritaria en el campo politológico contemporáneo. Las líneas de investigación en sistemas complejos y mba más avanzadas en el ámbito mundial han tendido a subestimar la especificidad de los fenómenos políticos y, en consecuencia, han prestado poca atención tanto a las variables político institucionales como a la dimensión de lo político, es decir, a los aspectos relacionados con el poder y el conflicto constitutivos de las relaciones humanas y de la vida en sociedad. Esta carencia se evidencia en dos niveles. En el nivel teórico, el modelo pionero de sociedades artificiales, denominado Sugarscape (Epstein y Axtell, 1996), incorporó aspectos sociológicos, económicos, demográficos, epidemiológicos y culturales, pero no ha considerado seriamente ningún factor propiamente político. En el nivel de la investigación empírica, uno de los proyectos sobre sistemas complejos y mba más ambicioso a nivel mundial es Futurict,17 cuyo objetivo es modelar y simular “sistemas tecno-socio-económico-ambientales” con la finalidad de construir opciones para un “futuro sustentable”. Aunque el interés y la utilidad política potencial del proyecto son innegables, se destaca que Futurict no aborda de modo sistemático y explícito el modelado ni la simulación de los fenómenos y procesos políticos. La incorporación de la dimensión política en el trabajo de modelado y simulación computacional continúa siendo un área de vacancia en el campo de los sistemas complejos y de los
15 Journal of Artificial Societies and Social Simulation, fundado en 1998. Información disponible en: <http://jasss.soc. surrey.ac.uk/JASSS.html>. 16 En Europa, la European Social Simulation Association, fundada en 2003: <http://www.essa.eu.org>. En Estados Unidos, The Computational Social Science Society of the Americas, fundada en 2002 bajo el nombre de naacsos: <http://computationalsocialscience.org>. En Asia Pacífico la Pan-Asia Association for Agent-based Approach in Social Systems Sciences: <http://www.paaa.econ.kyoto-u.ac.jp>. 17 Futurict es una iniciativa paneuropea que se define como “un proyecto visionario que entregará la nueva ciencia y la tecnología para explorar, entender y gestionar nuestro mundo conectado”. Información disponible en: <http:// www.futurict.eu/>.
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mba, y esto a pesar de los avances realizados recientemente en la materia (Kollman y Page, 2006; Marchi y Page, 2008). En particular, es evidente una carencia en el desarrollo de una perspectiva comparada en el trabajo de modelado y simulación basada en agentes en ciencia política; es decir, en el desarrollo de modelos de alcance medio que permitan articular la teoría y los datos con la finalidad de comparar sistemáticamente fenómenos políticos concretos. Panebianco (1993) distinguió tres tipos de científicos políticos: los teóricos, los ideográficos y los comparatistas. Este diagnóstico continúa siendo válido en el campo de la ciencia política computacional, donde predominan los modelos abstractos (mba teóricos sin aplicación empírica), seguidos de simulaciones aplicadas (mba ideográficos que representan un fenómeno empírico singular, muchas veces construidos al margen de la teoría y de difícil comparación). Entre los modelos abstractos destacan los primeros trabajos del politólogo Robert Axelrod (1984; 2004) sobre la cooperación y el conflicto. También se han construido mba teóricos sobre la guerra, el cambio tecnológico y la formación de estados (Cederman, 2003); la violencia civil (Epstein, 2002); la formación y el cambio de identidades políticas (Lustick, 2000); la competencia partidaria (Laver y Sergenti, 2011) y la formación de normas e instituciones (Andrighetto, Campenni, Cecconi y Conte, 2010; Linares, 2012), entre otros. Mientras tanto, se han realizado simulaciones aplicadas (mba ideográficos) sobre la competencia de partidos en las elecciones holandesas de 2002 (Muis, 2010); la detección de fraude electoral en las elecciones mexicanas de 2006 (Castañeda e Ibarra, 2010); la dinámica de la campaña electoral en eeuu en 2000 (Gulati, Hadlock y Gainsborough, 2011), entre otros. Los mba teóricos e ideográficos no abordan el problema de la comparación entre modelos ni desarrollan enfoques sistémicos; es decir, que modelan fenómenos políticos aislados a nivel abstracto o empírico.
Un ejemplo práctico: el modelo de Schelling Thomas Schelling (1969, 1971 y 1978) desarrolló uno de los primeros modelos de simulación en el campo de las ciencias sociales, el cual se conoce habitualmente con el nombre de “modelo de segregación racial” o, simplemente, “modelo de Schelling”. La preocupación fundamental de Schelling era la segregación racial en los Estados Unidos y se propuso esclarecer la relación entre las actitudes y las conductas individuales, y las consecuencias sociales de las mismas. En otros términos, el modelo de Schelling ataca la problemática de la relación entre el nivel micro y macrosocial, tratando de discernir cómo conductas sociales más o menos intolerantes conducen a la formación de guetos o barrios segregados. El modelo desarrollado por este autor se plasmó en un diseño de Autómatas Celulares (ac), concebidos originalmente por Von Neumann (1966) en los años 40 del siglo xx. Un ac es un tablero bidimensional (una especie de damero) donde cada “celda” representa un “agente”. El modelo Modelos basados en agentes ⎥ 245
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de Schelling puede expresarse como un modelo basado en agente y ser simulado en la computadora. A diferencia del ac, los agentes de un mba pueden “desplazarse” en el entorno. El diseño general del modelo de Schelling es simple: hay un mundo de agentes que habitan en una ciudad (el mba en su conjunto); cada agente ocupa una celda que metafóricamente podemos entender como la casa o vivienda del agente. Hay dos clases de agentes que vamos a representar con los colores blanco y gris; asimismo, los agentes pueden ser más o menos tolerantes, es decir, pueden tener una mayor o menor disposición para convivir con agentes de un color distinto al suyo. La literatura especializada conviene en conceptualizar esta preferencia como “función umbral” (Bruch y Mare, 2006).18 Así, por ejemplo, un valor umbral bajo representa “agentes tolerantes” que están dispuestos a convivir con una gran cantidad de vecinos de un color distinto al propio. Los umbrales bajos expresan lo que algunos autores denominan “una preferencia por la diversidad” (Heymann, Kawamura, Perazzo, Zimmermann, 2009: 150); inversamente, valores umbral altos permiten modelizar “agentes intolerantes” cuya preferencia consiste en estar rodeados de una gran proporción de vecinos del mismo color. Adicionalmente, cada agente tiene un “conjunto de vecinos”, representados por los otros agentes que ocupan las celdas adyacentes a su posición. El modelo parte de una “regla de comportamiento” muy sencilla: cada agente observa su entorno local y evalúa por qué tipos de vecinos está rodeado; un agente estará “contento” si está rodeado por un cierto número de agentes del mismo color en una cantidad mayor que el valor expresado en la función umbral. Contrariamente, diremos que un agente está “descontento” si la cantidad de agentes del mismo color que lo rodean -sus vecinos- son inferiores al límite establecido por la función umbral. En virtud de esta evaluación del entorno local, los agentes tienen que decidir: si el agente está “descontento”, entonces decide “mudarse”, es decir, desplazarse a otra celda adyacente del tablero. Si el agente está “contento”, permanece donde está. La simulación consiste en “ejecutar” el modelo en la computadora y observar el comportamiento dinámico de la población de agentes que constituyen el modelo. En la siguiente figura observamos la implementación del modelo de Schelling en la plataforma NetLogo19 (Wilensky, 1997 y 1999), el cual tiene dos variables de entrada: “number” 18
Para una discusión de los aportes de Schelling a los modelos con umbral, véase también el trabajo de Salazar (2007). NetLogo es una plataforma informática para el desarrollo de modelos de simulación basados en agentes. Es desarrollada y mantenida por el Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling de la Universidad de Northwestern. NetLogo puede descargarse gratuitamente desde el siguiente enlace: <http://ccl.northwestern.edu/ netlogo/>. El lector interesado puede instalar fácilmente NetLogo en su computadora y seguir el ejemplo pedagógico desarrollado en el artículo. Para abrir el modelo de segregación en NetLogo se deben seguir estos sencillos pasos: abrir NetLogo; ir al menú “Archivo”; elegir la opción “Biblioteca de modelos”; dentro de la carpeta “Social Science” buscar el modelo “Segregation” y dar clic en “Abrir”. En la pantalla del programa aparecerá la ventana para la calibración inicial del modelo, tal como se muestra en la figura 2. Para mayores referencias sobre NetLogo, véanse: Izquierdo (2012); Wilensky (2013).
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que representa la cantidad de agentes y “%-similar-wanted” que expresa la función umbral, y que en este caso es el porcentaje de agentes del mismo color del que cada agente quiere estar rodeado. Figura 2 Calibración inicial del modelo de simulación
Fuente: elaboración propia.
A modo de ejemplo, configuramos el valor del umbral en 35%. Esto quiere decir que cada agente estará “contento” si está rodeado, al menos, de 35% de agentes de su mismo color. Podemos decir que estamos representando un “agente tolerante” en la medida en que acepta convivir con 65% de agentes de distinto color. En otros términos, cada agente considerado individualmente no tiene una actitud racista ni discriminadora. Es interesante notar que el modelo tiene dos variables de salida, una llamada “% similar”, que indica el porcentaje promedio de vecinos del mismo color que tiene cada agente; la otra, denominada “% unhappy”, indica el porcentaje de agentes que tienen menos vecinos del mismo color de lo que preferirían. El modelo se inicia presionando el botón “setup” que distribuye de manera aleatoria los agentes en el vecindario. Es conveniente aclarar que 50% de los agentes es de color blanco y 50% gris. Con esta calibración aleatoria inicial, observamos que 50.1% de agentes tiene en promedio vecinos del mismo color, mientras que Modelos basados en agentes ⎥ 247
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17.5% de agentes se siente descontento porque tiene menos vecinos del color que quisiera y, por lo tanto, según las reglas del modelo, va a desplazarse (mudarse) en el próximo paso de simulación. Para dar inicio a la simulación, presionamos el botón “go” y observamos el proceso de auto organización de los agentes en la ciudad o barrio simulado. Al volver a presionar el botón “go” pausamos la simulación y vemos qué sucede. En la siguiente figura observamos la distribución de los agentes al cabo de siete pasos de simulación. Figura 3 La evolución del modelo (7 pasos de simulación)
Fuente: elaboración propia.
Las variables de salida nos muestran que el porcentaje promedio de agentes con vecinos similares aumentó de 50.1% a 74.2% y que el nivel de “descontento” descendió de 17.5% a 1.6%. Volvemos a ejecutar la simulación y, al cabo de algunos pasos de iteración, la detenemos para observar su evolución, lo que representamos en la siguiente figura:
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Figura 4 La evolución del modelo (13 pasos de simulación)
Fuente: elaboración propia.
Con esta configuración inicial, la simulación se detiene en el paso 20, tal como se muestra en la figura 5. A simple vista podemos constatar la formación de guetos o barrios segregados, representados por los conjuntos de agentes agrupados en zonas blancas o grises. En otros términos, la simulación permite hacer “emerger” de abajo hacia arriba un patrón social macroscópico: la segregación racial. Aquí constatamos que los mba son modelos generativos, es decir, cada agente actúa a partir de reglas locales e información parcial puesto que no tiene percepción de lo que sucede a nivel agregado del sistema. Reglas locales sencillas conducen a la formación de patrones sociales complejos. Si comparamos el modelo inicial con el final, podemos observar claramente que en el modelo de la figura 2 las zonas blancas y grises resultan indistinguibles, mientras que, al concluir la simulación, se han formado áreas claramente distinguibles que agrupan a los vecinos blancos y grises. Si observamos las variables, 76.6% de los vecinos tiene en promedio vecinos de igual color y no hay ningún agente que se sienta descontento.
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Figura 5 La evolución del modelo (20 pasos de simulación)
Fuente: elaboración propia.
El modelo de Schelling es útil como ejemplo pedagógico para ilustrar un comportamiento típico de los sistemas complejos; el comportamiento agregado y macroscópico del sistema no puede deducirse linealmente del conocimiento analítico de las partes que lo componen. En otros términos, no alcanza con analizar los elementos de un sistema social para comprender su funcionamiento dinámico global. Además, y más importante aún, el modelo de Schelling permite ilustrar cómo pueden surgir “efectos” macrosociales contra intuitivos. El hecho de que cada agente, considerado individualmente, tenga una actitud tolerante (representado en un nivel bajo de la función umbral de 35%) no es suficiente para que la “tolerancia” sea una característica del conjunto social. Contrariamente, la simulación nos muestra que “conductas tolerantes” dan lugar a la formación de barrios segregados, es decir, patrones emergentes contra intuitivos y no predecibles.
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Conclusiones En este trabajo hemos realizado una presentación sintética de los modelos basados en agentes. Como conclusión queremos destacar que los mba constituyen un desafío y una posibilidad para la investigación social. El conjunto de la comunidad de científicos sociales podría asumir una actitud crítica y reflexiva frente al enfoque de los sistemas complejos y las metodologías de modelado y simulación computacional, o permanecer en las aguas tranquilas de las teorías y los métodos conocidos. Más aún, afirmamos que los mba constituyen una metodología de trabajo que permite integrar los métodos clásicos de investigación social en un nuevo plano -el de la simulación computacional- para explorar nuevas estrategias de construcción de conocimiento. En modo alguno, los mba constituyen un reemplazo de las teorías y métodos existentes, pero claramente permiten integrar aquéllos en una lógica epistémica novedosa que expande los límites metodológicos de las ciencias sociales. Los mba facilitan la integración de distintos tipos de evidencia empírica de tipo cualitativo, cuantitativo e incluso experimental.20 La evidencia empírica juega dos papeles mayores en el proceso de modelado y simulación social: la calibración de los modelos y su validación (Boero y Squazzoni, 2005). Por un lado, modelizar un fenómeno social implica plantear ciertas hipótesis razonables acerca de los agentes sociales involucrados en el fenómeno estudiado, sus formas de comportamiento y sus modos de interacción. De hecho, un mba es la expresión en un programa informático de un conjunto de hipótesis acerca de un proceso social. La razonabilidad de las hipótesis en las que se sustenta el modelo implica que las mismas sean plausibles desde un punto de vista teórico o empírico. Por esta razón, es importante contar con datos empíricos del fenómeno modelizado para poder calibrar los parámetros y variables de entrada de un modelo de simulación, en lugar de utilizar distribuciones aleatorias abstractas (Hassan Collado, 2009). Tanto los métodos cuantitativos y experimentales, e incluso los métodos cualitativos, pueden ayudar a producir evidencia sobre el comportamiento de los actores. Además, “el análisis de redes sociales puede proporcionar información crucial sobre la estructura de interacción entre los actores reales, y, por consiguiente, sobre cómo debe ser la estructura de interacción entre los agentes” (García-Valdecasas Medina, 2014: 52). Por otro, una de las mayores dificultades de la metodología de los mba consiste en la validación de los modelos, la cual se refiere “al proceso de valorar el grado en el que un modelo es una representación adecuada del mundo real” (Ormerod y Rosewell, 2009: 131). Una estrategia de validación consiste en comparar los resultados de la simulación con el fenómeno observado en el mundo real, lo cual exige necesariamente construir datos del fenómeno en estudio por una vía distinta a la simulación (Amblard y Phan, 2006). Así, los métodos clásicos 20
Véanse: García-Valdecasas Medina (2014); Phan y Varenne (2010); Rodríguez Zoya y Roggero (2014).
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de investigación social pueden ayudar a producir evidencia empírica que permita comparar los resultados de la simulación con el fenómeno bajo estudio (Gilbert, 1995). Los mba brindan cinco aportes concretos de especial interés para las ciencias sociales: la simulación de la temporalidad de los procesos sociales; la representación explícita del espacio social; la posibilidad de desarrollar experimentaciones virtuales; el modelado de la complejidad social y, finalmente, una nueva metodología empíricamente operativa para estudiar el vínculo entre el nivel micro y macrosocial, y avanzar así en la construcción y la comprobación de teorías complejas de la realidad social. Estas cinco potencialidades constituyen líneas de trabajo cuya fecundidad tiene que ser probada. Asimismo, los mba delinean un nuevo espacio de trabajo en ciencias sociales que reviste interés para la reflexión epistemológica, la elaboración teórica y la investigación empírica. Avanzar en la concreción de un programa de investigación en modelado y simulación de la complejidad social implica atreverse a pensar una nueva manera de practicar la investigación social, y requiere necesariamente de un trabajo colectivo fuertemente interdisciplinario en el cual la cooperación entre sociólogos y científicos computacionales es un requisito fundamental. Más aún, los mba constituyen una estrategia para favorecer la comunicación y fortalecer el diálogo entre distintas ciencias y disciplinas puesto que un mba permite integrar fenómenos sociales, cognitivos, ecológicos, normativos, naturales y geográficos, entre otros (Le Page, Becu, Bommel, Bousquet, 2012; Müller y Aubert, 2011). Hay dos riesgos que deben ser evitados, uno consiste en creer que el desarrollo de nuevos instrumentos de conocimiento, tecnológicamente avanzados e instrumentalmente sofisticados como lo son los mba, permitirá el progreso científico de nuestras disciplinas sociales y humanísticas. Esta celebración poco crítica de las tecnologías de simulación puede estimular una racionalidad instrumental de la era informática, lo que podría redundar en la colonización metodológica de las ciencias sociales por los instrumentos formales de los sistemas complejos. A este respecto, es preciso recordar las lecciones de la epistemología y la historia de la ciencia. Ningún avance revolucionario en la historia del conocimiento se produjo por el desarrollo de nuevos métodos y técnicas, ni por el acceso a nuevos datos ni tampoco por encontrar nuevas respuestas a preguntas conocidas (Koyré, 1999). Contrariamente, las reorganizaciones más importantes de los sistemas de pensamiento consistieron en “formular nuevas preguntas para los viejos problemas” (García, 2000: 71), es decir, en cambiar el punto de partida de los razonamientos. En este sentido, los métodos de modelado y simulación sólo pueden ser un auxilio a la intuición, un estímulo al razonamiento abductivo y creativo que todo proceso de construcción de conocimiento requiere. El segundo riesgo consiste en ignorar los progresos actuales de las ciencias de los sistemas complejos y los de las ciencias sociales computacionales desarrollados de la mano de la simulación basada en agentes. Evidentemente, atrevernos a descubrir el mundo de la simulación computacional en ciencias sociales implica un desafío para nosotros mismos; 252 ⎥ Leonardo Gabriel Rodríguez Zoya
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supone, en efecto, trascender los límites de nuestra cultura disciplinar y proponernos dialogar -por lo menos- con investigadores de las ciencias computacionales. Indudablemente, no se trata de que el sociólogo aprenda a programar ni que el informático aprenda teoría social: implica construir un nuevo diálogo donde la interdisciplinariedad deje de ser un eufemismo políticamente correcto. Por lo anterior, el uso de la simulación computacional en el repertorio metodológico de las ciencias sociales constituye un bello desafío. El desarrollo de una reflexión epistemológica crítica sobre las posibilidades y límites de la simulación en ciencias sociales, así como la significación social y política de una ciencia social computacional, constituye una línea de reflexión que tiene que ser profundizada y problematizada. El reto de la simulación en ciencias sociales está planteado. El desafío es de quien quiera asumirlo.
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Heterología La ciencia (imposible) de los residuos violentos Heterology The (Impossible) Science of Violent Residues Sergio Tonkonoff∗ Recibido el 4 de marzo de 2014 Aceptado el 18 de septiembre de 2014
RESUMEN
ABSTRACT
El presente trabajo busca mostrar que en la obra de Bataille existe una teoría social general, articulada en torno a la noción de lo sagrado. Nuestra hipótesis es que Bataille profundizó y generalizó el movimiento iniciado por Durkheim, quien postula la sintaxis de lo sagrado arcaico como la parte fundamental de la gramática social, pero interpretando este legado a la luz del concepto de multitud, entendido como el otro nombre de la economía general de las pasiones colectivas. Para ello, se sirvió de elementos del psicoanálisis y la fenomenología alemana, produciendo la teoría original del lazo social, su estructuración y sus dinámicas, con las que reformuló la idea durkheimniana de lo sagrado y procedió a analizar los malestares de su época. Dada la antropología trágica que enmarcó esta empresa intelectual, resultó de ello la teoría social transgredida o imposible que lleva el nombre de heterología.
This paper seeks to show that in the work of Bataille there is a general social theory articulated around the notion of the sacred. According to our reading hypothesis, Bataille deepened and extended the movement initiated by Durkheim, who postulated the syntax of the sacred archaic as the most fundamental part of the social grammar. But he did so interpreting the Durkheimnian legacy in the light of a conception of multitude understood as general economy of collective passion. To do this, he borrowed from psychoanalysis and German phenomenology, producing an original theory of the social bond, the structure and dynamics of human groups, with which he proceeded to analyze the discontents of his time. Given the tragic anthropology that framed this intellectual enterprise, the result was the impossible or transgressed social theory that takes the name of heterology.
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Sociólogo, doctor en Ciencias Sociales, Universidad Estatal de Campinas, Brasil. Docente e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas / Universidad de Buenos Aires (Argentina). Sus líneas de investigación son: teoría social y cuestión criminal. Entre sus últimas publicaciones destacan: “Crime as Social Excess. Reconstructing Gabriel Tarde’s Criminal Sociology” (2014); “Crime as the Limit of Culture” (2014) y “A New Social Physic. The Sociology of Gabriel Tarde and its Legacy” (2013). Correo electrónico: tonkonoff@gmail.com
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Palabras clave: Bataille; sagrado; ciencias humanas; multitud; heterología.
Keywords: Bataille; sacred; human sciences; multitude; heterology.
Heterología y ciencias humanas Debemos a Bataille el momento en el que estamos; pero lo que resta hacer, pensar y decir, eso sin duda se lo debemos todavía, y por largo tiempo. Su obra crecerá. (Michel Foucault)
Se sabe, Bataille participa de la constelación maldita de las letras francesas. Como Sade y Baudelaire, ha transitado la zona donde filosofía y literatura se anudan en la exploración del exceso y su doble reverso: lo sublime y lo abyecto. Pero en Bataille esta exploración también ha frecuentado la frontera que une y separa a la filosofía de las ciencias humanas. Y más. En el período que va desde 1923 a 1939, cruzó decididamente ese límite en busca de un conocimiento de las sociedades postradicionales, a través de sus violencias y sus alteridades radicales. Semejante proyecto, acaso necesariamente destinado al fracaso, lo llevó a apropiarse de los resultados alcanzados tanto por el psicoanálisis (que entonces luchaba por obtener la ciudadanía científica) como por la sociología -sobre todo francesa- y la antropología -sobre todo británica-, que ya habían conquistado su umbral epistemológico oficial. Una mirada ligera podría creer que este escritor, outsider obstinado de todas las instituciones de su tiempo, se dedicó a un uso diletante y excéntrico de estos y otros saberes que, por su parte, permanecieron indiferentes a su intervención.1 Sin embargo, es probable que también en el campo de las ciencias humanas la obra de Bataille no cese de crecer. Su contextura abierta y multiforme, sus penetrantes intuiciones y sus conexiones inesperadas permiten imaginar distintos caminos por los cuales esto sería posible. El presente trabajo apuesta a contrariar el prejuicio, sea positivo o negativo, que absolutiza el carácter fragmentario, lúdico y/o destructivo de esta obra, mostrando que existe en ella una teoría social en cuyo centro se encuentra la noción de lo sagrado; se propone hacerlo mediante la reconstrucción tanto de su lógica y sus nociones fundamentales, como de sus fuentes e interlocuciones más relevantes, en primer lugar las durkheimnianas. La opción por ese comienzo deriva del interés por mostrar, además, que el valor actual de esa teoría no reside tanto en su excentricidad o extranjería respecto del canon de las ciencias humanas, como en la pertinencia y rigurosidad con la que ese canon ha sido elaborado y, ciertamente, transgredido. Es que una de las enseñanzas más perdurables de Bataille con1
Con la notable excepción del psicoanálisis lacaniano. Sobre las relaciones entre Bataille y Lacan, véanse: Surya (1987) y Roudinesko (1993).
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siste en señalar que no hay transgresión verdadera que no sea pertinente y rigurosa, y que la subversión de un canon depende de su cabal (re)conocimiento. Por eso, no debe sorprendernos que tanto esta noción de transgresión como la de lo sagrado hayan sido formuladas a partir de las investigaciones de Durkheim y Mauss, dos figuras canónicas en el campo de la sociología y la antropología de las religiones. En términos generales, lo antedicho no implica que los elementos lúdicos y destructivos -o mejor, anonadantes– sean los menos fundamentales y característicos de la escritura batailleana. En efecto, es esta una escritura de demolición; una que trata a las palabras de un modo capaz de alcanzar los confines del sentido y producir su desfondamiento. Su juego poético, aforístico y digresivo cumple en interrumpir, a cada paso, la ficción más elemental y necesaria de la filosofía, la ciencia y el sentido común. Ficción según la cual los significados pueden fijarse y las proposiciones cerrarse. Las palabras en Bataille son, de entrada, basculantes; de allí el destino de su obra: primero expulsada de la república filosófica por su coloración mística, luego recuperada por los postestructuralismos, como un yacimiento de uranio. En manos de Derrida, Foucault o Kristeva, sus textos son los antecedentes inaugurales de la ambiciosa empresa que ellos mismos se proponen continuar. Esto es, “la empresa general y sistemática, polivalente, multidimensional de fisuración de lo simbólico occidental y su discurso” –según la proclama de Barthes (2005: 135)-. Cada uno de los escritos de Bataille puede leerse como un asombroso esfuerzo en esta dirección, y es probable que allí radique la máxima potencia y el valor extrañamente ejemplar de su escritura. Pero entonces, en este punto, habría que despejar un posible mal entendido. Si esta escritura se dispone como inapropiable por la maquinaria de representación que trama el orden simbólico vigente, si a cada paso consigue minarlas de inutilidad y sinsentido, ¿qué podría tener que ver con las ciencias, por más humanas que sean? El saber científico, ¿no se encuentra abocado exclusivamente a clasificar, medir y definir seriamente el mundo? ¿No reivindica por ello su utilidad y su sentido? Entonces, ¿por qué suponer que Bataille ha intentado una teoría social? ¿No fue su gesto final reírse de la theoria no solo científica, sino también filosófica? ¿Quién puede escapar a la evidencia de que prefirió el juego del no saber a cualquier voluntad logocéntrica de dominio? ¿No son la filosofía y la ciencia los prototipos de lo “simbólico occidental y su discurso”? Si ha de mantenerse el problema en estos términos, sería imprescindible señalar que lo específicamente característico de la escritura en cuestión no radica en evitar, desconocer o ridiculizar el campo teórico en nombre de lo que es, en última instancia, inefable para él, sino en producir ese inefable al interior y en los límites de dicho campo, luego de haberlo recorrido. Si su risa y sus silencios pueden ser temibles, es porque consiguieron mostrar que los únicos ataques cómicos o juegos poéticos –las únicas transgresiones– efectivamente capaces de poner en cuestión el sentido pretendido por cualquier episteme se ubican, por así decirlo, más cerca de la salida que de la entrada a su territorio. Esto es, tienen lugar luego de una vigorosa labor crítica sobre los presupuestos y Heterología. La ciencia (imposible) de los residuos violentos ⎥ 265
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las estructuras que componen su espacio, y sobre los resultados que lo protegen. O, para seguir con la metáfora de Barthes, la escritura de Bataille muestra que fisurar no es sustraerse, sino atravesar, y que esta es una tarea sin fin. Luego, en ningún caso se podrá afirmar que Bataille se mantuvo fiel a los fundamentos teórico-metodológicos durkheimnianos, ni mucho menos a su orientación ético-política general, tampoco que sea esta su única interlocución relevante; lo que en cambio puede señalarse -con notables consecuencias interpretativas- es que de allí tomará ciertas categorías fundamentales para producir su propia perspectiva sociológica. Perspectiva con la cual ahondará y generalizará el movimiento iniciado por Durkheim en las Formas elementales de la vida religiosa, que postula a la sintaxis de lo sagrado arcaico como la parte más fundamental de la gramática social y analiza las sociedades postradicionales a partir de dicha matriz. En esta generalización y profundización intervendrán importantes elementos procedentes del psicoanálisis, pero también de la fenomenología alemana.2 A partir de una particular lectura y la utilización de todas estas referencias, y en el marco de su propia doctrina antropológica, Bataille cuestionará los modos de comprensión de la sociedad y sus procesos todavía dominantes, al tiempo que propondrá como alternativa lo que llamó primero heterología y luego sociología sagrada, un paradójico dispositivo heurístico que todavía espera ser cabalmente reconstruido y desarrollado. Lo que sigue, se propone como un aporte en este sentido.
Sociología de lo sagrado (los usos de un legado) En una reseña sobre el panorama de la sociología francesa -comentando la extensión del impacto conseguido por los trabajos de Durkheim y su grupo sobre áreas hasta entonces distantes, como la lingüística o la geografía- Lévi-Strauss escribe: Esta influencia fue tan fuerte que hasta alcanzó la vanguardia en el arte y la literatura. En los años que precedieron inmediatamente a la Segunda Guerra Mundial, el Colegio de Sociología dirigido por Roger Caillois se convirtió en peña de los sociólogos y de los poetas y pintores surrealistas. La experiencia fue un éxito (Lévi-Strauss, 1956: 5).
2 Otra cuerda fundamental en esta urdimbre sobre la que Bataille tejerá su trama original es la obra de Nietzsche. Si queda fuera del presente estudio es porque, en nuestra opinión, en la teoría social que buscamos reconstruir funciona como una influencia general –es decir, permea el tono general de la perspectiva en cuestión, pero no aporta nociones específicas-. No puede decirse lo mismo de la filosofía trágica de Bataille (1979), donde Nietzsche cumple un rol tanto general como específico.
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En verdad, el Colegio de Sociología Sagrada al que se refiere Lévi-Strauss estaba dirigido por un cuerpo colegiado que -junto a Caillois, Bataille y Leiris- animaba el proyecto. Uno de los rasgos más significativos del Colegio fue su intento explícito de conformar un grupo capaz de producir colectivamente un conocimiento transdisciplinario de lo social, es decir, de recurrir a los más diversos saberes con la ambición de componer un punto de vista global sobre lo social, sus dinámicas y sus estructuraciones. Una segunda característica del Colegio es el rigor intelectual con el que acometieron esta tarea. Tal vez la muestra lograda de ambos rasgos sea el libro El hombre y lo sagrado, de Roger Caillois, cuyo propósito fue sintetizar los resultados alcanzados en el estudio de las religiones arcaicas por la escuela francesa de sociología –rótulo que aquí incluye, además de los miembros de L’Anée Sociologique, a Lévy-Bruhl, Granet y Dumézil-.3 La realización de tal síntesis seguía, ante todo, el método de este último: no se trataba de realizar un estudio morfológico de aquellas religiones, sino uno sintáctico. La clave de bóveda de dicha sintaxis radica en la separación entre lo sagrado y lo profano. Son estas las categorías más generales que organizan el pensamiento y la experiencia religiosa. Entre ambas se reparte la comprensión y valorización de todo lo existente, así como de lo posible y lo imposible. Categorías que solo pueden definirse la una por la otra, pues se excluyen y se suponen recíprocamente. Lo sagrado, había dicho Durkheim (1993: 34), se define por su “heterogeneidad absoluta” respecto de lo profano. Los elementos (seres, objetos, tiempos y espacios) que se ubican en la primera categoría son experimentados como si no tuvieran nada en común con los que se cree que pertenecen a la segunda. Lo profano es el ámbito donde se despliegan las labores cotidianas, en donde habitan quienes carecen de toda cualidad mística y no disponen de poderes ni dignidades extraordinarias; lo sagrado, en cambio, participa de un mundo otro, extraordinario, y, aunque posee emplazamientos espacio-temporales claramente identificables, en el fondo siempre es u-tópico y acontecimiental. Porque si bien se presenta como un conjunto de atributos, no se trata de una cualidad que pertenece a los seres o las cosas mismas, sino que es percibido ante todo como una fuerza, una energía siempre pronta a desbordar su continente; una potencia inestable, excepcional y misteriosa, cuyo contacto es peligroso. Lo sagrado, escribe Caillois (1949: 13), “es siempre más o menos aquello a lo que uno no puede aproximarse sin morir”, por eso transforma absolutamente lo que enviste, suscitando sentimientos de veneración y temor, convirtiéndolo en trascendente e intocable. Sagrada es la persona del rey, el espacio del bosque, el tiempo de las ceremonias. Prohibiciones fundamentales o tabúes cumplen en instituir su separación del mundo profano. Los tabúes son interdicciones que carecen de justificativo racional y que pese a lo cual (o por lo que) exhiben una vigencia socialmente eficaz, marcan límites que no pueden ser atrave3
Tanto Caillois como Bataille leen los resultados alcanzados por la antropología inglesa clásica (sobre todo Frazer, Tylor y Robertson-Smith) a través del prisma provisto por estos autores franceses.
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sados, y su transgresión es severamente castigada. Con todo, la comunicación entre ambos mundos es considerada necesaria porque solo lo sagrado es capaz de otorgar potencia, valor y sentido al mundo profano en el cual la vida cotidiana tiene lugar. Solamente lo que es sagrado existe como un fin en sí mismo y resulta por ello capaz de irrigar vitalidad y proveer dirección a un conjunto social que, de otro modo, se marchitaría. Los rituales positivos (el sacrificio y la fiesta) son los medios de realización de esa comunicación, ceremonias colectivas que regulan las relaciones de un ámbito a otro. He aquí entonces una primera serie de características de la referida sintaxis: lo profano es sustancia, lo sagrado energía; de aquel lado se ubica la regularidad, de este la excepción; en uno la discontinuidad, en otro el continuo; aquí lo intercambiable, allá lo intocable. Y entre ambos, las prohibiciones y los rituales, estableciendo las separaciones y regulando la comunicación. Otro principio fundamental es introducido por la noción de bipolaridad –que, como veremos, será fundamental para la sociología batailleana- la cual remite al hecho de que a la primera división entre lo ordinario y lo santo se le agrega la dualidad de lo sagrado mismo y puede ser puro o impuro, fasto o nefasto, lo que significa que no solo los dioses son sagrados, también lo son los demonios. Lo puro y lo impuro conforman, por así decirlo, los polos que organizan el mundo de lo “completamente otro” –expresión de Rudolf Otto (1956) que Bataille utilizará en innumerables ocasiones-. Entre ambos signos contrarios se distribuye lo que es trascendente: la fuerza, el bien y la vida; la debilidad, el mal y la muerte. Tanto Caillois como Bataille dirán, siguiendo a Hertz (1990), que este sistema arcaico de clasificaciones de gran fuerza expresiva ha dado lugar a pares clasificatorios y valorativos todavía vigentes y persuasivos: el caos y el cosmos, la luz y la oscuridad, el día y la noche, pero también la izquierda y la derecha, lo alto y lo bajo, lo masculino y lo femenino. Por último, es necesario mencionar los principios de ambivalencia y de reversibilidad de lo sagrado donde cada uno de sus polos se presenta en sí mismo como ambivalente. Lo puro y lo impuro resultan, tomados por separado, tan atractivos como repulsivos a un tiempo. Los fieles aman y temen a su dios del mismo modo que aborrecen sus anatemas, sintiéndose a su vez, acaso secretamente, subyugados por ellos. Sacer, recuerda Benveniste (1969), era la palabra latina antiguamente usada para nombrar tanto lo augusto como lo maldito. Por otra parte, ambas formas opuestas se presentan como reversibles y un mismo lugar, tiempo, objeto o persona puede pasar de una a otra sin perder su carácter de alteridad radical. Mostrando perfectamente la clase de generalización y transposición que opera su sociología, Bataille (1976a) afirmará que en los fascismos emergentes en las sociedades europeas de la entreguerra pueden verse funcionando todos elementos de la sintaxis religiosa descubierta por la escuela francesa. Dirá que sus líderes fueron vistos como trascendentes por las masas y los públicos que los encumbraron y obedecieron, que tuvieron hacia ellos la actitud ambivalente propia de las dinámicas religiosas más arcaicas. Asimismo, señalará que estos grandes individuos todopoderosos, admirados y temidos, comenzaron habitando 268 ⎥ Sergio Tonkonoff
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en los bordes o intersticios oscuros de los conjuntos societales establecidos, para transformarse -luego de grandes conmociones colectivas- en sus representantes más prestigiosos. Por eso, siguiendo esta línea de razonamiento, un autor muy cercano al Colegio ha podido afirmar que en ellos se dibuja un recorrido histórico que va “del asilo al capitolio” (Monnerot, 1969: 236), es decir, del margen al centro, de lo impuro a lo puro, de la repulsión a la atracción; y es de notar, además, que luego se verifica el recorrido inverso: de la gloria a la miseria, de la adoración al linchamiento.
Lo heterogéneo como sagrado en las sociedades seculares De todo esto no resulta el desconocimiento de las especificidades propias de las sociedades seculares y sus profundas diferencias con los tipos sociales que las precedieron. En términos generales, puede decirse que Bataille describe esas distancias de un modo próximo a las sociologías clásicas derivadas tanto de Marx como de Weber y Tönnies. Ve el curso principal de la historia occidental como el movimiento que va del tipo social comunitario al tipo societal; esto es, como el paso de formaciones sociales agrarias, con culturas teocéntricas y monarquías sagradas o divinas, a formaciones urbanas industrializadas, de culturas antropocéntricas tecno-científicamente orientadas y gobiernos burocrático-legales. Pero, a diferencia de aquellas sociologías, Bataille no cree posible ubicar esa gran transformación bajo la rúbrica del desencantamiento final del mundo. Comparte el diagnóstico según el cual lo sagrado solo existe como un residuo en las sociedades postradicionales. Lo que no acepta es que sea un remanente inofensivo, un pintoresquismo etnográfico vigente en regiones sociales o geográficas sin capacidad de interferir en los procesos socio-históricos mayores. Lo sagrado es aquí un residuo, pero se trata de un “residuo violento”; se trata además de un residuo paradójico dado que, como veremos, es tan liminar como fundante de los conjuntos sociales secularizados que lo desconocen. En tales conjuntos -propone Bataille- lo sagrado puede ser designado con la noción de heterogeneidad social, que define negativamente por oposición a la homogeneidad social; es decir, aquella que describe al entramado que teje el mercado, las administraciones burocráticas, el derecho positivo, la ciencia y la técnica. Homogéneo es el ámbito donde todos son iguales frente al derecho y al dinero; donde ninguna actividad o elemento valen por sí mismos, sino que se vinculan unos con otros según una relación de funcionalidad medio/fin y de equivalencia económico/jurídica. Su correspondencia psicosocial es la lógica de la identidad, instrumental y utilitaria como régimen rector del pensamiento, y el principio de auto-conservación como regla reguladora de los afectos. Su resultado más característico es el individuo como forma de subjetivación o modo de inscripción de cada cuerpo en el espacio/tiempo así estructurado. Aquello –cosa, lugar, tiempo, acontecimiento Heterología. La ciencia (imposible) de los residuos violentos ⎥ 269
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o persona– que conmueva y extrañe intensamente a este individuo, será vivido por él o ella como heterogéneo respecto de su cotidiano. Heterogéneo es lo que termina con la apatía que caracteriza la experiencia de la homogeneidad social presentándose como una fuerza ambivalente y prohibida, absolutamente otra. Se ve cómo esta noción de homogeneidad remite a un doble juego de referencias. En primer lugar, busca generalizar la descripción de aquello que la sociología y la historia de las religiones tenía por el ámbito de lo profano, y, una vez más, es Caillois quien mejor resume sus características. El mundo de lo profano, dice: Se comporta como un cosmos regular regido por un orden universal y operativo según un ritmo constante. La medida, la regla, lo mantienen. La ley es que todo se encuentra en su lugar, que todo acontecimiento llegue en su tiempo (Caillois, 1949: 128).
Pero Bataille no podía conformarse con esta descripción y habría de explicar al mundo profano como resultado de una actividad elemental: el trabajo. Este es un punto clave donde el paradigma hegeliano-marxista juega un rol principal en su teoría social; pero dado el contexto en el que es colocado, sufre una transformación profunda. Y esto porque mantendrá como insuperable la presencia social de lo sagrado-heterogéneo, sin importar cuánto las heladas aguas de lo profano-homogéneo se hayan extendido junto con el capital. Si quisiéramos seguir ahora brevemente el juego de referencias que Bataille utiliza para transformar lo sagrado en heterogéneo, debemos consignar en particular su utilización de la fenomenología alemana y del psicoanálisis. Con la primera produce una dislocación en la matriz durkheimniana -que le sirvió para trasgredir al marxismo en primera instanciapor cuanto coloca a la experiencia vivida como punto de partida para la comprensión de los hechos sociales –violando la regla canónica que requiere tratarlos como cosas-; con el segundo, efectúa una torsión o deslizamiento sobre la matriz fenomenológica, dado que la experiencia que le interesa es la del límite. En este punto, lo sagrado está ligado a lo que Bataille entiende como la dinámica más profunda del deseo: la aniquilación del sujeto que lo goza. Por eso del psicoanálisis retendrá sobre todo la energética descubierta por Freud (1995) en Más allá del principio de placer, pues le permitirá diferenciar entre una economía restringida y una economía general de los afectos y las representaciones, y le posibilitará además -nuevo bucle- leer la relación sagrado/profano en términos de apropiación y gasto. La economía restringida remite al modo de sentir y pensar de los sujetos de la homogeneidad social; la segunda, al modo de sentir y pensar de esos mismos sujetos cuando se dejan ser tomados por el derroche, la comunicación fusional y el mito. La economía general es, entonces, la del placer violento, verdadero principio cuya emergencia y circulación pone en juego la configuración geométrica de la sociedad y los individuos.
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Si, como pretende nuestra hipótesis de lectura, lo sagrado en Bataille es el otro nombre de la lógica social cuando piensa míticamente, y de la economía colectiva de los afectos cuando se encuentran más allá del principio de placer; si es precisamente esto lo que las sociedades postradicionales creen haber evacuado para siempre, y si es esto lo que siempre retorna, entonces se comprenderá que la heterología sea una especie de fenomenología de la violencia y sus figuras.
Las listas de Georges Bataille En un comentario acerca del libro Los hechos sociales no son cosas, de Monnerot, leemos: El carácter “sagrado” del intocable hindú no puede ser negado. Pero si la conducta de los europeos respecto de sus miserables no es como la del hindú, excesiva, ostentatoria, ella tiene de todos modos la misma fuente y el mismo sentido. Eso que da una “horrible grandeza” –inasimilable– al hombre de los bajos fondos de nuestras ciudades, no es en absoluto extraño al carácter sagrado. Al menos es necesario determinar una categoría más general fundada sobre la equivalencia de un miserable de Londres y un outcast de Bengala (Bataille, 1996: 586).
Esa categoría es precisamente la de heterogéneo. Bataille cita y aprueba profusamente la lista de individuos pasibles de esa denominación que encuentra en la obra reseñada. Al “hombre de los bajos fondos” se agregan el criminal, el loco, el poeta maldito, el outsider sin profesión, los agitadores contra el orden establecido, las prostitutas, sus rufianes, los distintos grupos calificados como clases peligrosas y todos aquellos que de alguna manera se resistan a “realizar lo general” (Monnerot, 1946: 138). Luego de esta enumeración, tal vez pueda resonar la famosa condena de Bretón relativa al interés excluyente de su entrañable adversario por lo más bajo del mundo.4 Pero lo cierto es que Bataille también dirigió una sostenida atención a lo más alto, encontrando una inquietante coincidentia oppositorum entre ambos polos. Elaboró en numerosas ocasiones sus propios inventarios donde lo que es estética, moral y socialmente alto y bajo se mezclan, y donde además de figuras humanas se incluyen indistintamente objetos, afectos, actividades e incluso instituciones. Haciendo un rápido recorrido por esas listas podemos reunir un agregado notablemente diverso que incluye lo divino, lo diabólico, la risa, las lágrimas, la cólera, la embriaguez, el horror fúnebre, el encanto de la infancia, la crueldad, el espanto, el asco, la tragedia, la comedia, el juego, el éxtasis, la danza, la música, el combate, 4
“El señor Bataille se precia de interesarse únicamente en lo más vil, lo más deprimente y lo más corrompido del mundo” (Bretón, 1969: 236). Sobre la relación Bataille-Bretón véase: Dunan y Xifra (2015).
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el erotismo, la fiesta, el don, la indigencia extrema, la extrema riqueza, el lujo, los lutos, las guerras, los cultos, el crimen, los monumentos suntuarios, los espectáculos, la defecación, la micción, la muerte, los cadáveres, las joyas, el sacrificio y ese “residuo extremadamente raro” que es la poesía (Bataille, 1976). A la pregunta sobre la posibilidad de reunir bajo una misma categoría estas realidades tan dispares y aparentemente tan alejadas entre sí –es decir, ante el interrogante acerca de qué es lo que podrían tener en común esos elementos–, Bataille responde describiendo la estructura de la experiencia que implican. En primer lugar, destaca su carácter residual: todos ellos se ubican en los márgenes de la actividad social y subjetiva de las sociedades postradicionales y son, además, inútiles desde el punto de vista de dicha actividad, al tiempo que resultan banales e inservibles para las estructuras societales que organizan el cotidiano de los individuos desencantados. Sin embargo, todos aquellos elementos muestran tener cierta capacidad de conmoción cuando, queriéndolo o no, consciente o inconscientemente, estos individuos son tomados por su suceso. Entonces, provocando reacciones intensas, terminan, aunque sea por un momento, con la indiferencia reinante en la rutina trivial del ensamble homogéneo. De manera que estos elementos marginales, mientras no interfieran en el campo de interacción regulado por una economía restringida de los afectos y las representaciones, son insignificantes; pero cuando esto sucede, cuando a pesar de todo irrumpen, provocan un shock afectivo y una desclasificación cognitiva que los revela como in-significables (o al menos, como no completamente simbolizables). De allí su condición de residuos violentos. El acontecimiento de cualquiera de estas realidades comporta la puesta fuera de sí de los individuos, llevándolos a un estado en el que sus juicos y sentimientos se muestran ambivalentes, al punto de resultar atraídos y repelidos a un tiempo por aquello que los descentra. Todo esto revela que se trata de realidades marcadas por interdictos –verdaderos tabúes– que las alejan en mayor o menor medida, protegiendo a la homogeneidad social de su emergencia fuera de tiempo y lugar o, más exactamente, deja ver qué prohibiciones de contacto pesan sobre ellos, que se los tiene por radicalmente puros o impuros, y que -en ambos casos- son intocables. Deja ver, además, que la única forma de comunicación aceptable con cualquiera de ellos es la ritual, y que esta comunicación, sea ritualizada o aleatoria, siempre pone a los individuos “en estado de ebullición”, arrojándolos violentamente hacia los otros y estableciendo un tipo de lazo social que se encuentra más allá (o más acá) de las modalidades establecidas para el intercambio societal regulado. He allí pues un último rasgo común a todos estos elementos: son contagiosos, o dicho en términos durkheimnianos, todos ellos pueden dar lugar a estados de efervescencia colectiva.
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La heterología como ciencia imposible Si se acepta esto, será posible afirmar que las categorías mentales y las lógicas afectivas que la sociología francesa clásica descubrió en religiones arcaicas se encuentran presentes, aunque negadas, en la estructura y las dinámicas de los conjuntos sociales que tienen buenas razones para creerse seculares. Bataille no ha hecho otra cosa pero, a diferencia de la noción de sagrado de aquella sociología, su categoría de heterogeneidad no pretendió dar cuenta de una realidad que se supone externa al investigador. Siendo una antropología de nuestra propia tribu, no sería honesto ni riguroso tratar a estos hechos como cosas. La metodología apropiada consiste en captarlos “desde adentro y afuera al mismo tiempo”, nos dice Bataille (1996: 587). Sin embargo de ello no resulta tanto un saber ampliado por la síntesis de ambos puntos de vista como una ciencia social fallida, transgredida o imposible. Tal cosa es la heterología, porque para conocer los hechos sociales desde fuera es preciso realizar observaciones, construir datos, formular hipótesis, procurar verificarlas y extraer de todo esto formulaciones generales –esto es, producir explicaciones al modo de Durkheim y sus discípulos–, y para conocerlos desde dentro es preciso comprenderlos -esto es, describir las estructuras de la experiencia involucradas en los hechos investigados, reviviéndolos en busca de alcanzar su significación, a la manera de las estrategias fenomenológicas-. Pero uno de los problemas mayores que surge de este abordaje es que las experiencias en cuestión aquí son la fascinación y el asco, el éxtasis y el horror que lo heterogéneo produce –y que forman parte de su (in)definición-. Estos no son objetos que un sujeto de conocimiento (ahora fenomenológico) pueda comprender saliendo indemne, precisamente porque su experiencia ocurre en los límites de la identidad subjetiva. De modo que en el núcleo imposible de lo heterogéneo aquello que se trata de captar es una dialéctica rota, donde la emergencia de un objeto que no es cabalmente comprensible impide la constitución de cualquier sujeto del conocimiento -y aun de la experiencia-. Para resolver esta paradoja podría eliminarse el intento de comprensión vívida de la experiencia y tratarla como una cosa, pero entonces se perdería absolutamente su carácter específico, y su saber no tendría objeto. El primer sentido de las listas de Bataille es, entonces, manifestar que lo heterogéneo como tal se mantiene irreductible a la representación científica –o incluso, dada su radicalidad en esto, a cualquier tipo de representación-. Hay que decir que a veces encuentra en el gasto improductivo el denominador común de las manifestaciones heterogéneas (Bataille, 1976). Sin embargo, también la noción de gasto (dépense) se halla multiplicada por dobles nocionales basculantes que no corresponden exactamente a ella, sino que operan incesantes deslizamientos de su campo semántico: violencia, pérdida, derroche, instante, intimidad -también esta lista es expansiva-. Y es que el gasto, siendo heterogéneo, tampoco es reductible al pensamiento conceptual (pensée): resulta más bien su opuesto Heterología. La ciencia (imposible) de los residuos violentos ⎥ 273
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(dé-pense).5 Por eso participa del problema central de la apuesta heterológica: comprender su realidad y sus dinámicas, sin homogeneizarlo por vía de la representación. Lo completamente otro de la sociedad y sus sujetos es vivido en una multiplicidad de experiencias, y esas experiencias pueden enumerarse pero no pueden ser conceptualizadas sin quedar desnaturalizadas por la acción del discurso que las define. De allí la singular forma de escritura de esta sociología sagrada que se ha propuesto, a pesar de todo, dar cuenta de lo heterogéneo en cuanto tal. La enumeración proliferante y los desplazamientos de sentido son parte central de la estrategia para llevar a cabo esa operación imposible. Ahora bien, preguntemos nuevamente, ¿qué hace de estas listas un conjunto? ¿Por qué en lugar de intentar una categoría, no hablar simplemente de colecciones de cosas mezcladas sin orden ni semejanza? ¿Qué tendrían en común elementos tan disímiles? O, una vez más, ¿qué es lo heterogéneo? En realidad, no es posible identificar una clase a la cual pertenezcan los elementos inventariados por Bataille bajo ese rótulo, salvo tal vez la clase de lo que no tiene clase. Por eso la heterología es una ciencia de los remanentes y los retazos. Pero si lo heterogéneo no es simplemente heteróclito, si no es solo el agregado de las cosas que están allí yuxtapuestas, simplemente mezcladas, y –esto es clave– si no resultan neutras para los demás conjuntos sino que se trata de excretas o residuos violentos, es porque una prohibición de contacto pesa sobre ellos. Por eso la única definición posible de heterogéneo es negativa. Lo único que tienen verdaderamente en común los elementos enlistados es el haber sido expulsados por “actos imperativos de exclusión” (Bataille, 1974: 257) –esto es, por prohibiciones fundamentales-. Pero precisamente eso hace que, para los individuos socializados en una misma cultura, haya una unidad de experiencia subjetiva frente a lo excluido. Estos últimos señalamientos abren el camino para trascender la fenomenología fascinada de la violencia que presenta la superficie de los ensayos batailleanos, en dirección a una teoría social que no solo formula una epistemología paradójica, sino que elabora además una tópica, una energética y una dinámica sociales. Teoría que le permitió un diagnóstico de las sociedades modernas y sus malestares.
Tópica: polaridad religiosa y estructura social En La preeminencia de la mano derecha, Robert Hertz (1990) afirmaba que los grandes ideales seculares rectores de nuestra conducta han nacido y crecido bajo el imperio de las creencias y emociones religiosas y que, por ello, era preciso buscar en el estudio comparado de las representaciones colectivas la explicación de buena parte de los imperativos que nos 5
Sobre este punto véanse: Sasso (1978) y Derrida (1989).
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sujetan. El privilegio de la mano derecha sobre la izquierda, por ejemplo, debía desentrañarse en ese sentido. Es que, en su opinión, derecha e izquierda son representaciones colectivas que clasifican y califican con sentidos equivalentes -y derivados- de la polaridad religiosa puro e impuro. En ese ensayo se explicita, si bien incidentalmente, una tesis que luego será central en el marco de la heterología: este mismo dualismo domina la organización de la sociedad y determina su estructura, o en de palabras Hertz (1990: 113): “El principio que asigna a los hombres su rango y su función sigue siendo el mismo: la polaridad social es siempre reflejo y consecuencia de la polaridad religiosa”. Los grupos sociales que se hallan en la cumbre de la estructura social son siempre vistos como puros, nobles y abocados a obras superiores, mientras que los estratos inferiores son, dirá Hertz, siempre tenidos por “profanos o inmundos” y dedicados a tareas viles. Bataille (1976a) retomará punto por punto esta perspectiva. Sin embargo, como vimos, diferenciará lo profano de lo inmundo mediante la categoría de homogeneidad social. Describir una sociedad, entonces, será dar cuenta de cómo se distribuyen y articulan históricamente no dos, sino tres tipos de elementos estructurantes de la sintaxis de lo sagrado -que a esta altura ya no puede diferenciarse de la sintaxis social tout court-. Aquí, para saber cómo es un conjunto social cualquiera resultará necesario reconstruirlo en términos de una tópica formada por una región central u homogénea, una heterogénea superior o pura y una inferior o impura. Y comprender la dinámica social y sus fenómenos emergentes en un espacio así configurado implicará relevar las complejas relaciones que se establecen entre estas regiones. Una vez más, es la dialéctica de lo sagrado la que expresa de un modo abstracto la matriz de esos vínculos. En primer lugar, los polos puro e impuro se oponen indistintamente al mundo profano. Frente a este último, el antagonismo de aquellos se atenúa y tiende a desaparecer. Pero, por otra parte, lo santo rechaza a la vez al pecado y a lo profano, dado que representan distintos grados de impureza. E inversamente, lo impuro contamina tanto lo santo como lo profano. Al decir de Caillois (1949: 61) “los tres elementos del universo religioso [...] manifiestan una notable aptitud para ligarse en pares contra el tercero”. Bataille, por su parte, afirmará que la estructura social moderna se sostiene en una forma específica de esta dialéctica: lo puro y lo homogéneo se unen contra lo heterogéneo impuro, para neutralizarlo y mantenerlo alejado. Y esto por cuanto entiende que las agencias homogéneas se muestran imposibilitadas para garantizar duraderamente el orden societal ante los embates de los elementos heterogéneos inferiores. Es decir, son incapaces de producir la exclusión y puesta a distancia tanto de los excesos corporales, como de las formas propiamente sociales de lo heterogéneo impuro derivadas de “la miseria y de los resentimientos que esta incuba” (Bataille, 1976a: 143). Para Bataille, como para su contemporáneo de signo políticamente opuesto Carl Schmitt (1988), la siguiente afirmación tiene la validez de una ley social general: “el mundo homogéneo necesita construir la trama de la homogeneidad a Heterología. La ciencia (imposible) de los residuos violentos ⎥ 275
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partir de un elemento heterogéneo” (Bataille, 1974: 287).6 De allí que la región central, homogénea, de los conjuntos postradicionales parezca condenada a tolerar y, en determinadas circunstancias, a estimular, poderes militares y carismáticos para reproducirse. Demanda a estas “formas imperativas” de lo heterogéneo la violencia y el sentido trascendente de los que carece, y que sin embargo son necesarios para su propia existencia. De allí que la historia de las sociedades seculares se encuentre marcada por la complicidad recurrente de sus elementos homogéneos (la burguesía ante todo), con poderes aptos para dar la muerte, pero también para suscitar emociones intensas, fundar mitos y convocar multitudes -funciones todas de las que aquellos elementos serían incapaces-. Reuniendo las notas y desarrollos dispersos de Bataille sobre lo heterogéneo superior, es posible avanzar en su caracterización como el conjunto de dispositivos liminares cuya función consiste en: a) Producir y encarnar lo que será socialmente puro, es decir, los valores trascendentes que orientan las creencias y las pasiones del conjunto; b) Excluir y mantener a distancia lo que siendo contrario a esos valores se presenta como impureza y abyección –específicamente, definir a la miseria como intocable-; c) Cumplir con la obligación funcional de la riqueza: esto es, realizar gastos espectaculares ante la mirada de la multitud laboriosa que, de este modo, consume por persona interpuesta. De modo que no solo los líderes carismáticos y violentos forman parte de la región heterogénea pura. También los ricos, las aristocracias y los grupos de estatus superior de diversa índole configuran el polo más luminoso del conjunto social, orientando sus valoraciones, marcando sus límites y maldiciendo sus regiones inferiores –produciéndolas como abyectas-. Ahora bien, si todo esto es posible no se debe a la violencia física que esos grandes individuos y esas élites puedan ejercer o promover, tanto como a su capacidad de re-presentar los afectos, las ideas y las acciones excluidas que fueron enlistadas por Bataille.
Economía: lo sagrado como multitud Llegamos así a lo que, en nuestra lectura, da la clave de esta heterología y la noción de sagrado que elabora. Si por sagrado ha de entenderse una forma de pensamiento (mítica) ubicada en las antípodas de la lógica de la identidad que caracteriza al mundo (profano) de la producción, la ciencia y el derecho positivo; si ha de entenderse, además, una economía colectiva de atracciones y repulsiones capaz de poner fuera de sí a los sujetos de esas máquinas societales, entonces su figura sociológica primera es la multitud. Esta noción no solo remite a las agrupaciones físicas que tienen lugar en los márgenes de la sociabilidad homogénea. Refiere, también, a toda forma de comunicación en la cual 6
Sobre las analogías posibles en este punto entre Schmitt y Bataille, véase: Habermas (2008).
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los sujetos del intercambio societal se deshomogeneizan tendencialmente. No solo los mítines políticos y los espectáculos deportivos o artísticos son multitudinarios, también lo son las corrientes de opinión, la alegría, el temor o el éxtasis colectivos. En cualquiera de estos casos se produce lo que Bataille (1974: 211) llamó movimiento social inmediato o movimiento general de comunión. Todo movimiento de este tipo vuelve a presentar, cada vez, una forma de circulación y distribución de la energía psíquica que fue preciso negar a fuerza de trabajo y separar a base de prohibiciones, para que la discontinuidad y la duración tengan lugar, para que la existencia social homogénea sea posible. Y esto porque se trata de un modo de comunicación que los individuos no pueden alcanzar sin dejar de ser tales; el placer violento lo anima, su modalidad es la efusión y su finalidad es la descarga incondicional. Si este movimiento de efervescencia colectiva -para ponerlo en términos durkheimnianoses contrario a la conservación y re-producción de los sujetos, los objetos y las instituciones en su distancia y reflexión, se comprende por qué toda organización social debe circunscribirlo y encauzarlo, por qué fuertes interdictos localizan su territorio y limitan su emergencia. Bataille quiere que esta forma elemental de lazo exista entre los cuerpos antes y después del conjunto de estructuras que conocemos con el nombre de sociedad: antes, porque si todo individuo fue/es un cuerpo animal, su relación primera con los otros fue/es la inmanencia muda de los afectos; después, porque una inmanencia tal no puede ser reducida -o reducida completamente- por ningún sistema histórico de puesta en forma y representación, permanecerá siempre como un resto vertiginoso de la socialización, como su parte maldita. Maldición que consiste en ser impensable para el pensamiento, innombrable para el discurso; para la forma, informe; insensato para el sentido, para el individuo, la muerte. Y maldición porque, al mismo tiempo, ningún ordenamiento social sería posible si no funcionalizara necesariamente esta energía a través de, al menos, dos operaciones: primero, convirtiéndola en fuerza instituyente de una estructura de jerarquías y sentidos últimos -es decir, transformándola en sacralidad pura-; luego, dando lugar a su re-emergencia periódica de un modo ritual (es decir, regulado), a fin de permitir cierta descompresión de las estructuras y cierta re-legitimación de las jerarquías existentes.7 De allí se desprende la clave de la sociología de Bataille para la compresión de los conjuntos postradicionales y sus tragedias. En estos conjuntos, la socio-lógica profana -con sus requerimientos de cálculo y medida- se ha generalizado, expulsando y negando la realidad comunional sobre la que, sin embargo, se sostiene. Con esto, la mito-lógica de la multitud y sus afectos impetuosos permanecen como un real no apropiable por la organización societal, sus lenguajes, sus formas de conocimiento y subjetivación. En los conjuntos tradicionales, los sacrificios y las procesiones religiosas, los ritos de coronación y funerarios de 7
Véase: Castaño y Suniga (2014).
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la realeza, los suplicios públicos, las grandes fiestas populares, ponían en acto (presentaban) movimientos de comunión inmediata, ligándolos a (re-presentándolos con) narraciones y símbolos mitológicos que de algún modo los estabilizaban, transformando su potencia destructiva en fuerza instituyente y reproductiva. Ahora, sin dispositivos estables para su tratamiento, esa mito-lógica y la forma de sociabilidad que le conviene reaparecen en acciones y figuras desmesuradas e ininteligibles. En la sociología de Bataille, los acontecimientos irracionales que, de manera espectacular y recurrente conmueven a las sociedades seculares, no son un resultado de la dialéctica autotélica que preside sus procesos de racionalización tecno-científica, como proponen Hannah Arendt (1967) o Adorno y Horkheimer (1998). Los genocidios y las conflagraciones bélicas, tanto como las crisis sociales y las revoluciones políticas del siglo xx, se le presentan más como un retorno de lo sagrado reprimido que como consecuencias no deseadas del proceso desacralizante. Pero es preciso agregar que para la heterología, contrariamente a los alegatos de la sociología tradicional (Durkheim) y la primera psicología de masas (Le Bon), la multitudes y sus violencias en tanto tales no son solo fenómenos pasajeros y no constituyen fenómenos patológicos. Multitud e institución son dos formas de lazo social siempre presentes en la estructuración de todo conjunto social y subjetivo, lo cual equivale a afirmar que todo grupo y todo sujeto es pasible de devenir multitud; equivale a decir, también, que en las entrañas de toda estructura y de todo poder societal cristalizado vive, latente, una multitud. De manera que, tomada en este nivel de generalidad y metaforización, esta noción designa aquello que constituye la base general de la vida social: el lazo social irracional e inmanente que funda, tanto como desfonda, las estructuras sociales y sus sujetos.
Dinámica: lo sagrado presente La multitud es, entonces, la condición permanente que hace posible los masivos re-encantamientos periódicos de las sociedades desencantadas; el movimiento del que surgen y por el cual se sostienen los mitos que pueblan establemente su cultura y los actores sagrados, que de tanto en tanto la iluminan. Si tuviéramos que sintetizar ahora el modelo que propone Bataille para dar cuenta de estas presencias desde el punto de vista de su dinámica psicosocial, debemos partir nuevamente de los individuos y su experiencia. Vimos que socialmente definidos por los roles que cumplen al interior del ensamble societal, su mundo reconocido o diurno corresponde a una disposición donde todos los elementos significativos se encuentran organizados por reglas estables, están agenciados linealmente en tiempo y espacio, son reducibles a una medida común, intercambiables. Se trata de un mundo sin misterios y -en la medida de lo posible- sin sobresaltos. Vimos también que esta organización y estabilidad dependen de la acción de las estructuras homogéneas que, a su 278 ⎥ Sergio Tonkonoff
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vez, dependen en última instancia de la capacidad de las prohibiciones y lo heterogéneo superior de expulsar los excesos del cuerpo social e individual. Si todo va bien, esos excesos serán mantenidos fuera de la visibilidad y, acaso, de la sensibilidad de los individuos en cuestión, y las estructuras homogéneas podrán reproducirse según su propia lógica. Pero la experiencia de lo heterogéneo -el indefectible retorno de lo excluido en las figuras de la criminalidad, los miserables, las crisis sociales y las guerras, por ejemplo- termina con la inercia y la incomunicación característica del liso despliegue societal, liberando afectos y fantasmas contenidos, y comunicándolos. Entonces, sobrepasado cierto umbral -que se mide por el grado de heterogeneidad del acontecimiento experimentado-, la fuente de la respuesta de estos individuos se desplaza del nivel del pensamiento discursivo, la acción racional y el intercambio abstracto hacia otro, más profundo e ignorado. Este nivel no es otro que el del movimiento comunional o multitudinario: aquella forma de lazo social regida por la sintaxis apasionada, cuyos rasgos principales fueron identificados por Durkheim en las estructuras de las religiones arcaicas y por Freud en el inconsciente de los sujetos modernos. Bataille muestra, además, que esos estados de multitud no solo se producen a propósito de un acontecimiento de violencia contingente, sino que son convocados también por elementos que habitan de manera estable las regiones heterogéneas superiores. Elementos que, en ausencia de mecanismos tradicionales, poseen la función de convocar las emociones y la imaginación que el trabajo, la razón y la ley han confinado al exterior de su trama, pero permanecen siempre como estados subjetivos virtualmente actualizables y pasibles de ser unificados. Se trata de individuos y grupos, pero también de tiempos y espacios que re-presentan la dinámica más propia del deseo a través de gastos tan desmesurados como espectaculares e inútiles. Tal es la explicación que encuentra para la presencia de individuos y grupos de aura sagrada, monumentos suntuarios y fiestas periódicas, persistentes todos ellos aun en las coyunturas más “eficientistas” de las sociedades capitalistas. Un tipo particular de estos dispositivos son los grandes individuos. Convocando y encarando los deseos, las creencias y los actos excluidos, estos agentes heterogéneos obran como verdaderos puntos de imputación de la imaginación afectiva que desencadenan. En los gastos improductivos y ostensibles que realizan, lo que la sociedad laboriosa excluye se proyecta, se pone en escena y se purga en común. No solo los líderes políticos y religiosos, también los héroes culturales y los grandes personajes mass-mediáticos forman parte de esta categoría y cumplen esta función. Se trata de figuras mito-históricas que se ofrecen espectacularmente al movimiento comunional, que se constituye precisamente por su intermediación. Al modo de pequeñas fiestas, representan un interludio en la vida cotidiana, dan lugar a la emergencia del socius elemental, desencadenando (imaginariamente) a los espectadores de sus constricciones societales, al tiempo que los transforman en una comu-
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nidad fusional y evanescente.8 Siendo una función de esos estados de multitud, se consagran como seres monumentales e intocables, a la vez que re-presentan deseos y creencias excluidos por la sociedad secular, permitiendo su abreacción.
A modo de conclusión De modo que ha de llamarse heterogéneo a aquello que, en las sociedades seculares, ocupa una posición y cumple una función análoga a la que asume lo sagrado en los conjuntos manifiesta o conscientemente religiosos; pero afirmar esto significa que lo heterogéneo es un sagrado inconsciente y reprimido, y que en tanto tal se comporta como una exterioridad inmanente, un cuerpo extraño que se agita en el seno de las identidades sociales y subjetivas que lo rechazan y desconocen. Alteridad radical, entonces, solo cognoscible por las dislocaciones, los traumas, los pasajes al acto y las figuraciones fantasmales en las que se manifiesta encriptada. En Bataille esta alteridad se vincula con la dinámica más profunda del deseo, con ese placer violento en el que los individuos modernos (y tardo-modernos) rehúsan reconocerse y que, para él, está en concordancia con el movimiento desmedido de la naturaleza. Es un tipo de placer inhumano, ajeno al sosiego y a la medida del placer restringido. Por eso, en realidad, no debería ser designado como placer, si por ello se entiende el disfrute anodino y funcional de una mónada autocentrada. Se trata, antes bien, de la abismante experiencia de los afectos excesivos que, siendo capaces de comunicación sin mediaciones societales, ponen de manifiesto la paradójica familiaridad de los humanos con los animales. En esta antropología las nociones de gasto, exceso, pérdida o intimidad designan la irrupción de una naturaleza que la cultura, para existir, ha debido negar a fuerza de prohibiciones y trabajo. Negación que, sin embargo, no podrá resolverse en una síntesis superadora: no hay aufhebung para las pulsiones del cuerpo y su necesidad de descarga. De allí la verdad trágica que ese más allá del principio de placer presenta: los individuos y los grupos no pueden ignorarlo completamente, pero tampoco reconocerlo, entregándose por completo a su llamado. De allí, además, la necesidad de mecanismos sociales capaces de procesar esta tensión, impidiendo la destrucción final que tal entrega significaría, y la petrificación que comporta su total desconocimiento. Porque, para Bataille, todo sucede como si la salud social y, en consecuencia, la subjetiva, dependieran de dispositivos destinados a evitar la muerte por quemaduras de un lado, y por enfriamiento del otro. Esto es, dispositivos capaces de operar conversiones más o menos reguladas entre la economía general y la restringida -o, en otros 8
Para un análisis más detallado sobre la producción de grandes individuos en la sociedad del espectáculo, véase: Tonkonoff (2013).
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términos, entre la heterogeneidad y la homogeneidad social-. El modelo de estos mecanismos es el par mítico-ritual formado por el tabú y la fiesta. En las comunidades llamadas primitivas y en los conjuntos tradicionales, el tabú y la fiesta concurren para mantener la coherencia del universo simbólico colectivo, según la dialéctica prohibición/transgresión considerada energética y representacionalmente sabia por Bataille y sus colegas. Por eso, la tragedia propia de la modernidad y una de sus características definitorias consiste, para ellos, en carecer de la riqueza de los rituales que poseían los conjuntos sociales religiosos para el procesamiento del placer violento, sus modos de expresión y comunicación. Al creer como Iván Karamazov que si Dios no existe entonces todo está permitido, las sociedades postradicionales se ven privadas de los medios de tratamiento de una realidad (la del deseo, la multitud y el mito) que no por negada será menos acechante, y que resulta tanto más catastrófica cuanto más ciega permanezca.
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Durkheim, Luhmann y la delimitación del problema del orden social Durkheim, Luhmann and the Delimitation of the Problem of Social Order Juan Pablo Gonnet∗ Recibido el 27 de junio de 2014 Aceptado el 28 de noviembre de 2014
RESUMEN
ABSTRACT
En este artículo sostenemos que el problema sociológico del orden social no es necesariamente equiparable al problema de la cohesión, el control y/o la integración. A partir de una reconstrucción de los planteos de Durkheim acerca de la anomia y de Luhmann en relación con la contingencia, argumentamos que para estos autores el concepto de orden social presenta un nivel de mayor generalidad en tanto se vincula con la delimitación de un orden de realidad irreductiblemente social. En el marco de esta posible convergencia, consideramos que la diferencia que aporta la sociología no sólo se encuentra en la especificidad de las respuestas brindadas al problema del orden -como ha sido frecuentemente asumido-, sino que también se registra en el campo de las
In this article we propose that the sociological problem of social order is not necessary comparable to the problem of cohesion, control and/ or integration. Reconstructing the proposals of Durkheim about anomie, and Luhmann´s concerning contingency, we argue that the concept of social order presents a higher level of generality, related to the recognition of an order of reality which is social in and of itself. In the context of this convergence, we consider that the specificity that sociology provides is not only present in the answers given to the problem of order, as it has often been assumed, but also in the conceptions of the problem itself. In this way, a conceptual clarification regarding the issue of social order in the sociological tradition is intended.
∗ Licenciado en Sociología, Universidad Siglo xxi, Córdoba, Argentina; magíster en Antropología, Universidad Nacional de Córdoba; doctor en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Becario posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina) y del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad, Universidad Nacional de Córdoba. Sus líneas de investigación son: epistemología, teoría sociológica y orden social. Entre sus últimas publicaciones destacan: “Cosmologías y orden social organizacional” (2014); “La contingencia como fundamento del orden social. Acerca de una tensión en la teoría sociológica de Niklas Luhmann”, en Lo instituyente: escritos sobre teoría social (2014) y “Un diálogo entre Émile Durkheim y Michel Foucault a propósito del suicidio”, en coautoría con Romero (2013). Correo electrónico: juanpablogonnet@gmail.com
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concepciones mismas del problema. Desde este lugar se pretende contribuir a una clarificación conceptual de la temática del orden social en la tradición sociológica. Palabras clave: anomia; conflicto; contingencia; desviación; orden social; Luhmann; Durkheim.
Keywords: anomie; conflict; contingency; deviation; social order; Luhmann; Durkheim.
Introducción Quizás la cuestión del orden social se encuentre entre uno de los temas más recurrentes en la historia del pensamiento sociológico, en tanto se considera que toda teoría social debiera poder dar respuesta a la pregunta por las condiciones que hace posible la estabilidad, la regularidad y la organización de la sociedad. Por esta razón, el problema del orden se ha presentado como una dimensión ineludible de las teorías sociales generales y ha dado lugar a un tipo específico de teorías sociológicas orientadas al tratamiento de la temática.1 No obstante, en esta diferenciación del trabajo sociológico, escasa atención han recibido los significados que asume la noción misma de orden en la presentación que se hace del problema. Esto se reconoce en el hecho de que el eje de discusión ha aparecido en el campo de las diversas soluciones otorgadas al problema y no en el de su formulación como tal; es decir, el problema mismo del orden no ha resultado problemático. Por lo tanto, el objetivo general de este trabajo es mostrar que existen diversos sentidos en torno a aquello que constituye el problema del orden en el campo de la sociología. Mediante una reconstrucción de los planteamientos teóricos de Durkheim y Luhmann, intentaremos demostrar que el interrogante por el orden no remite necesariamente, como ha sido habitualmente asumido, a la incierta posibilidad de su constitución, sino que más bien se vincula con la demostración de la incierta posibilidad de su ausencia. En tal sentido, consideramos que para estos autores el problema del orden social refiere a la delimitación y justificación de un orden de realidad irreductiblemente social. Desde este lugar, el debate que intentan dar tanto Durkheim como Luhmann surge de un pensamiento teórico que niega dicha irreductibilidad. De este modo, mostraremos que en esta formulación del problema, el desorden, la desviación, el conflicto y el cambio no se establecen en una relación de exterioridad con respecto al orden. Lo exterior, en relación con el orden social, es lo no-social; algo que se presenta como carente de sentido para la interpretación sociológica. A pesar de
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Por ejemplo, véase: Alexander (2000: 20-ss.).
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sus diferencias teóricas sustantivas, consideramos que Durkheim y Luhmann definen criterios similares para la comprensión de la temática. Resulta evidente que el problema del orden trasciende los límites de la sociología y tiene fuertes vinculaciones con el proyecto de la modernidad y su filosofía social y política. Ahora bien, en este marco surge el interrogante acerca de si la sociología se adhiere acríticamente a este problema o formula una propuesta con un nivel de mayor especificidad. Asumiendo esta última alternativa, observamos que las perspectivas de Durkheim en relación con la anomia y las de Luhmann en conexión con la contingencia resultan esclarecedoras. Más allá de esto, es preciso remarcar que no buscamos en este espacio defender una lectura más adecuada de las obras de estos autores, sino que disponemos de sus teorías en tanto nos habilitan al desarrollo de un ejercicio interpretativo productivo para dilucidar un sentido particular del problema del orden social usualmente no reconocido en el campo de la sociología.
Los sentidos del problema del orden en la sociología Entendemos que una posible vía para el esclarecimiento de los sentidos atribuidos al problema del orden consiste en orientarse hacia la interrogación por los términos en los cuales éste suele ser delimitado. Denominamos delimitación a este aspecto ligado a la definición/ construcción del problema. Como mencionamos, se suele presentar un excesivo énfasis en las respuestas brindadas al problema del orden, dejando la formulación del mismo como supuesta. En este espacio, reconstruimos algunas premisas y presupuestos que de manera preponderante han orientado la discusión sociológica en torno al orden y que denotan cierta cosmovisión en relación con la definición del problema.2 En primer lugar, se encuentra lo que podríamos denominar el “problema hobbesiano del orden” (Barnsley, 1972), en el cual se asume una factible tensión entre los intereses individuales y el actuar socialmente coordinado. Esta forma de asumir el problema, inmortalizada por los escritos de Parsons,3 remite básicamente a la incierta posibilidad de coordinación entre individuos potencialmente libres. “The problem of order concerns the means by which the demands of the group and those of the individual are reconciled” (Hechter y Horne, 2003: 2). La tradición sociológica se ha servido de esta forma utilitarista de concebir el problema para mostrar que éste no sería tal en tanto la sociedad antecediera a la realidad individual. A pesar de esta di-solución del mismo, el dilema utilitarista fungió como una formulación adecuada para la propuesta sociológica, en tanto los distanciamientos en relación con este 2 En lo que sigue, el acento no lo pondremos en las diversas teorizaciones en relación con el orden debido a que entendemos que una misma representación del problema admite distintas respuestas conceptuales. 3 Véanse: Burger (1977) y Schwanenber (1971).
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modelo se explicaron como consecuencia de una inadecuada internalización de la sociedad en los individuos (desviaciones, problemas sociales).4 Siendo estos hechos frecuentes en el mundo social, la temática del orden se presentaría como restringida a una dimensión específica de la realidad. En este marco, el tema del orden es asumido como el problema de la regulación (control) de la arbitrariedad individual, y la solución consiste en algún tipo de armonización o integración de los intereses individuales de los actores. Por esta razón, Giddens (2012 y 1976) considera que el problema del orden no ha sido ni es un interés central en la sociología, debido a que dejaría muchas realidades sociales fuera de su tratamiento, como el conflicto, la lucha de intereses y la desviación. La cuestión no está en que el sistema de Parsons (y el de Durkheim) no concedan un papel al conflicto de intereses, sino que ofrecen una teoría específica y defectuosa sobre él, de acuerdo con la cual el choque de intereses existe en la medida en que un orden social no es capaz de hermanar los propósitos de los diversos miembros de una colectividad con la integración de patrones de valor en un consenso internamente simétrico, y sólo en esa medida. El conflicto de intereses, según esta concepción, nunca llega a ser algo más que un choque entre los propósitos de los actores individuales y los intereses de la colectividad (Giddens, 2012: 130).
Sin embargo, a la vez que discute con determinada concepción acerca del orden social, Giddens reproduce acríticamente el problema del orden como el de la regulación y de la integración. En cercanía con la premisa anterior se encuentra el supuesto de que el problema del orden remite a la cuestión de la cooperación entre individuos. En este sentido, se considera que mientras mayor sea la armonización del comportamiento individual con las necesidades de la colectividad, mayor serán los niveles de orden social. Así, se presume que el orden social se diferencia de la aquiescencia individual en relación con la sociedad. If people are to live together, they must not only be able to coordinate their activities but also to interact productively –to do things that help rather than hurt others. Thus highly ordered societies have a remarkable capacity to sustain cooperation. To explain social order, we must understand why in-
4 One is struck by the persistence of what may be called a basically defeatist attitude in western European culture in the sense that man has persistently viewed himself as at the mercy of something larger and more powerful than himself to whom or to which he must passively submit, be it an all-powerful deity or sovereign, an autocratic father, or some other authoritarian symbol or person or cosmic force. With such a widespread belief in an underlying social and economic system operated by large-scale social forces and duly sanctioned by legal, philosophical, and even theological support, it is not difficult to understand how the discussion of social order, and especially the frequent discussion of so-called ‘social problems’, usually falls into the familiar pattern (Frank, 1944: 2).
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dividuals behave in pro-social ways […] Theories of social order explain how order is produced and maintained, and why some groups, towns, and societies have more order than others (Hechter y Horne, 2003: 3-4).
Así, no sólo la falta de cooperación es sinónimo de desorden y de falta de estabilidad, sino que también, con base en esto, se pueden reconocer diversos grados de orden en una sociedad. Otro ejemplo de la literatura sociológica que ha puesto el acento en esta manera de comprender al orden son las teorías que se orientan a explicar los modos en que determinada estructura de vínculos sociales (por ejemplo, el capital social) contribuyen más que otras al orden social (Banfield, 1958; Bagnasco, Piselli, Pizzorno y Trigilia, 2003). La incapacidad de una sociedad para promover relaciones beneficiosas, cooperativas y/o solidarias se presenta como ausencia de orden social o como una debilidad del mismo. En la discusión acerca de las condiciones de posibilidad del orden también se ha destacado que éste puede ser concebido como producto de la emergencia y/o articulación de determinadas lógicas de acción individual y/o interaccional. Con respecto a esto, Elster (1991) menciona: “El altruismo, la envidia, las normas sociales y el autointerés son todos factores que contribuyen, en maneras complejas de interacción, al orden, a la estabilidad y a la cooperación” (Elster, 1991: 324). Desde este lugar, en algunos casos el autointerés y la pretensión de reducir la incertidumbre podrían llevar a una subordinación a las normas sociales de la colectividad (Ibíd., 1991: 177). Nuevamente, el problema del orden parece radicar en el antagonismo individuo/sociedad y en su plausible reconciliación; en algunos casos se da por la imposición de la sociedad sobre el individuo y, en otros, por la decisión individual estratégica (Aronson, 2013: 98). En una línea similar de razonamiento se encuentra el problema de la intersubjetividad que, siendo una temática más bien filosófica, se ha insertado en el campo de la sociología como equiparable al problema del orden social.5 Esto remite a las condiciones de posibilidad de la coordinación del comportamiento de dos sujetos que se presentan como independientes el uno del otro. También se podría hablar de un problema de conocimiento en tanto la pregunta se instala en la posibilidad de predecir o comprender el comportamiento del otro. Es observable que la cuestión de la intersubjetividad se integró a la discusión sociológica del orden social por la existencia de cierta similitud entre las premisas de ambos: por un lado, el reconocimiento de la autonomía individual; por el otro, el hecho de que el orden social sólo sería posible en el marco de una autorregulación de la conducta individual, o mediante una inevitable orientación hacia la cooperación (Reich, 2010: 60). De hecho, Giddens (2010) considera insuficientes las diversas teorías de la intersubjetividad por las mismas razones por las cuales condena a las teorías clásicas del orden en sociología: no incorporan en 5
Véanse: Heritage (1996); Luhmann (1998a); Reich (2010).
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su tematización a los fenómenos de conflicto, poder e interés. Esto demuestra que nos encontraríamos ante un conjunto de planteamientos que no alterarían sustantivamente los criterios de definición del problema. Por último, el problema del orden ha reaparecido en algunos planteamientos teóricos que discuten la especificidad de las sociedades contemporáneas del capitalismo tardío, de la modernidad reflexiva, de la posmodernidad o de la posorganización.6 Este conjunto de perspectivas coinciden en definir una crisis en las instituciones modernas encargadas de producir el “orden social” (estado, familia, ciencia, educación). Mientras que en la modernidad, el orden social podía figurarse como un proceso mediado por el constreñimiento y la internalización de normas institucionalizadas, en la actualidad nos encontraríamos con individuos con mayores capacidades críticas, creativas y reflexivas. “La modernidad contemporánea no se caracteriza por el ascendiente automático del sistema sobre las subjetividades, sino que está dominada por la vacilación de un actor obligado sin cesar a definir su lugar y su identidad” (Dubet, 2013: 115). En este sentido, se muestra el carácter subdeterminado de la acción con respecto al orden.7 Al interior de este contexto de referencia todo orden se presenta como transitorio y emergente en tanto que no sea posible imaginar una sociedad sin lugar para la acción individual, la creatividad y el cambio social. No obstante, en este movimiento el problema del orden como regulación permanece inalterado. De hecho, los términos de este planteamiento se consideran adecuados para pensar el orden en la sociedad moderna, aunque ya no lo fuesen para la actual; así, la delimitación del problema (nuestro interés) permanece indiscutida. Adicionalmente, la asunción de una preeminencia actual de los actores y sus capacidades en relación con la estructura o el sistema se traduce en el reconocimiento de cierta debilidad y fragilidad del orden social, lo cual aparece en un horizonte de mayor conciencia de la incertidumbre, la ambivalencia y la contingencia. Ahora bien, esta valoración sólo es asible si entendemos al orden social como ligado al control, la regulación y/o la disciplina: “The dream of order and the practice or ordering constitutes the world-their object-as chaos” (Bauman, 1992: xi). Para concluir, podríamos decir que el campo semántico del problema del orden social ha estado asociado a las categorías de control, cooperación, coordinación, intersubjetividad, regulación e integración; a su vez, ha permanecido diferenciado del desorden, de la incapacidad de coordinar, de la falta de cooperación, del conflicto de intereses, de la acción individual y de la desviación.8 De alguna manera, el problema del orden ha remitido al an6
Véanse: Bauman (1992); Beck (1996); Dubet (2013); Lash y Urry (1998). Véanse: Bauman (1992); Touraine (1996). 8 El diccionario de Sociología de Gallino (2005) menciona dos concepciones de orden social coexistentes en la sociología: la decimonónica, que describe la coexistencia armónica y en equilibrio de las distintas partes de la sociedad, y la de la “organización social”, que refiere a las estructuras sociales existentes que garantizan el funcionamiento de un sistema social. 7
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tagonismo entre individuo y sociedad, y la resolución del mismo ha buscado demostrar la posible reconciliación entre ambos polos. A continuación intentaremos poner en discusión estas premisas como las únicas desde las cuales es posible pensar al problema del orden social en la sociología. Presentamos nuestro argumento en dos momentos: en primer lugar, sostenemos que tanto en los planteamientos de Durkheim como en los de Luhmann, el fenómeno del orden social no se tematiza en el marco de la diferencia con el desorden, el conflicto y/o la desviación. De hecho, las propuestas de estos autores consideran a estos fenómenos como fundamentales para la construcción de sus teorías. En segundo lugar, atendemos a aquello frente a lo cual se tematiza el orden social para estos teóricos: la anomia para Durkheim y la contingencia para Luhmann. En ambos casos nos encontramos con una problematización del orden que se distingue del no-orden, de la ausencia de orden, y no del desorden, la falta de control o de integración.
Anomia y orden social En la distinción entre orden social y anomia sugerida por Durkheim podremos observar que el orden no se diferencia de lo incontrolable, sino que se opone a su ausencia.9 Asimismo, la anomia no remite a cierta falta de disciplina o de control, ya que la misma no es reconocida como una instancia de desviación en relación con un orden determinado. Desde este lugar, argumentamos que la dualidad orden social/anomia se presenta en el marco de una disquisición general entre lo social y lo no-social. Para Durkheim, el orden social constituye un orden moral establecido como una realidad fundamental de la vida en sociedad: “el hombre es un ser moral porque vive en sociedad” (Durkheim, 1993: 104); “Toda sociedad es una sociedad moral” (Durkheim, 2008: 228). Este orden moral posee para los actores un carácter exterior y coercitivo, a la vez que se presenta como un ideal que ejerce atracción para aquellos sobre quienes se ejerce. En relación con nuestro tema, es importante reconocer que el orden moral no se reduce ni al control ni a la integración de la acción, es decir, no refiere a reglas que determinen la conducta (Hilbert, 1986: 3). De hecho, el autor reconocerá que tanto la desviación como la conformidad absoluta con él no pueden ser entendidas por fuera del orden moral como tal.10 En otros términos, la desviación y la conformidad son comprensibles desde y en el marco de un orden moral determinado. Por ejemplo, Durkheim (1992) menciona: 9
En un sentido similar, Hilbert (1986) define a la anomia como la pérdida de la realidad o del sentido: “Anomie as moral deregulation is simultaneously the withdrawal of reality and of the possibility of objective experience” (Hilbert, 1986: 1). “[anomie] It is, strictly speaking, a non-state, a no-reality, an absence of anything to experience.” (Ibíd., 1986: 4). 10 Esto se expresa claramente en el análisis del suicidio. El conformismo absoluto estaría dado por el suicidio altruista y la desviación se encontraría en el suicidio egoísta.
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Cuando se opone la sociedad ideal a la sociedad real como dos cosas antagónicas que nos arrastrarían en direcciones contrarias, se está realizando y oponiendo abstracciones. La sociedad ideal no está por fuera de la sociedad real, sino que forma parte de ésta. Lejos de que estemos repartidos entre ellas como se está en frente de dos polos que se rechazan, no se puede pertenecer a la una sin pertenecer a la otra, pues una sociedad no está constituida tan sólo por la masa de individuos que la componen, por el territorio que ocupan, por las cosas que utilizan, por los actos que realizan, sino, ante todo, por la idea que tiene sobre sí misma. Y es indudable que llega a dudar sobre cómo debe concebirse: la sociedad se siente arrastrada en direcciones divergentes. Pero cuando estos conflictos estallan, no se desarrollan entre el ideal y la realidad, sino entre ideales diferentes (Durkheim, 1992: 394).
En esta cita se expresa la idea de que el conflicto y la desviación no se desarrollan por fuera del orden moral (ideal), de hecho, no tienen cabida fuera de éste.11 Avancemos detenidamente sobre algunas conceptualizaciones durkheimianas. Siendo el orden social equivalente al orden moral, Durkheim definirá a la sociología como una ciencia de la moral que permitirá distinguir las formas normales de la moralidad frente a las formas “mórbidas o patológicas” (Durkheim, 1993: 105). Veremos que lo patológico no remite a una desviación con respecto al orden moral sino justamente a una exterioridad con respecto a lo social. Básicamente, Durkheim distingue en su obra dos formas normales de la moralidad social: la derivada de la solidaridad mecánica y de la solidaridad orgánica. La primera, propia de las sociedades primitivas, emerge como un producto de las semejanzas entre los miembros de una colectividad (Durkheim, 2008: 107), la cual se cristaliza en una conciencia común ampliamente compartida; la segunda forma de moralidad social es la constitutiva de las sociedades modernas y aparece como consecuencia de un proceso de división del trabajo que lleva a un debilitamiento de la conciencia común, pero a una mayor interdependencia funcional. En este último caso -entiende Durkheim- la moralidad no desaparece sino que cambia su forma. Es un orden social orientado por la diferencia. “Basta que el individuo se encargue de una función especial para encontrarse, por la fuerza de las cosas, solidarizado con los otros” (Durkheim, 2008: 201). Así, el orden social como orden moral no es más débil en las sociedades modernas que en las tradicionales. En ambos casos, la experiencia moral resulta de una determinada experiencia social. En esta dirección, no es posible entender a la sociedad moderna como una sociedad en donde el orden social se debilita, sino que es más preciso comprenderla como una nueva forma moral. “Incluso allí donde la sociedad descansa de una manera más com11
Resulta distinto a un tipo de lectura que se hace frecuente sobre Durkheim en la cual se entiende a la moral como fuente de regulación de la conducta: “La moral es el conjunto de prescripciones y prohibiciones, que tiene como función principal regularizar las conductas, operar como un molde o un patrón que garantice la homogeneidad de las respuestas de los individuos frente a situaciones similares” (Girola, 2005: 36).
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pleta sobre la división del trabajo, no se resuelve en una polvareda de átomos yuxtapuestos” (Ibíd., 2008: 227). Sin embargo, lo anterior no implica que el orden moral se presente como un orden integrado en donde no tiene cabida la desviación o el conflicto. Lejos de poner a un lado el desorden, Durkheim lo observa como una parte esencial de la producción del orden moral. Esto explica que la desviación no constituya un problema para la tematización del orden moral sino que, al contrario, sea evidencia de su misma presencia. Por ejemplo, menciona: “El crimen es necesario; está ligado a las condiciones fundamentales de toda vida social y por eso mismo, es útil, ya que esas condiciones de las que es solidario son ellas mismas indispensables para la evolución normal de la moral” (Durkheim, 2003: 82). Por esta razón, lo patológico no es reductible al desorden en la esquemática durkheimiana. La normalidad del orden moral integra el desorden. La desviación se reconoce en torno a una cosmología moral; a su vez, el conflicto aparece como el enfrentamiento de dos órdenes morales. Lo dicho se puede vislumbrar en el tratamiento que hace el autor del suicidio y sus distintas formas, el cual no es una acción que constituya en sí misma una desviación. Esta atribución sólo es comprensible desde un orden social determinado. Durkheim (2003; Durkheim y Mauss, 1992) refiere recurrentemente al problema de sustantivizar determinados comportamientos. En Las formas elementales de la vida religiosa (1992), Durkheim menciona que las ideas no están fundadas en las cosas sino en la naturaleza de la sociedad; es ésta la que suministra el marco para la evaluación de determinados contenidos. Desde este lugar, el carácter que asuma el suicidio dependerá del tipo de organización social en el que se produzca. El suicidio es un fenómeno más o menos regular a lo largo de la historia, no obstante, la valoración del mismo se modifica de acuerdo con la sociedad en la que suceda. “El suicidio depende esencialmente de determinados estados del medio social” (Durkheim, 2004: 129).12 Desde este lugar, podemos interpretar a los distintos tipos de suicidio como en consonancia con diversas valoraciones propias de un contexto social. El suicidio egoísta es aquel que se observa en contextos donde la integración social es menor (por ejemplo, en el contexto de división del trabajo de la sociedad moderna). El egoísmo es el “estado en el que el yo individual se afirma excesivamente frente al yo social y a sus expensas, podemos llamar egoísta a un tipo particular de suicidio que resulte de una individuación social desmesurada” (Ibíd., 2004: 219). El suicido altruista, en
12
Aunque es verdad que Durkheim frecuentemente consideró el suicidio como un tipo de comportamiento específico causado por un contexto social (Giddens, 1997a), aquí, nuestra interpretación se encuentra más cercana a la deducible de las “Formas elementales” (Durkheim, 1992), en donde se entiende que el medio social se expresa en las categorías del pensamiento.
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cambio, propio de las sociedades primitivas,13 involucra lo opuesto al egoísmo en tanto es el que se produce por una excesiva integración social que lleva a la indiferenciación del yo con respecto a la colectividad. Es la muerte por la colectividad. En esta dirección, tenemos dos tipos de suicidios que remiten a dos órdenes morales distintos. Para la solidaridad mecánica, el suicido es conceptualizado como una acción altruista; para la solidaridad orgánica, en cambio, aparece como una acción egoísta. En ambos casos el suicidio se conceptualiza en conexión con el orden social del que forma parte.14 En ninguno de los dos casos, tanto por conformidad como por desviación, estamos ante una ausencia del orden social. La condena que hace Durkheim del suicidio como consecuencia de la liberalización de las pasiones e impulsos individuales se torna comprensible si reconocemos que el sociólogo se encuentra inmiscuido en el contexto de la solidaridad orgánica, para la cual este comportamiento debe ser condenado como expresión del individualismo excesivo (egoísmo). “El suicidio se reprueba porque deroga ese culto por la persona humana sobre el que descansa nuestra moral” (Durkheim, 2004: 369). El culto a la persona humana remite al individualismo moral que defiende Durkheim -individualismo no egoísta/la religión del individuo- (Durkheim, 1993: 149), como el más apropiado a las condiciones objetivas de la sociedad moderna (Giddens, 1997b: 95). A medida que las sociedades crecen y se hacen más densas, se hacen también más complejas, el trabajo se divide, las diferencias individuales se multiplican, y vemos cómo se acerca el momento en que no quedará nada en común entre los miembros de un mismo grupo humano, a no ser el hecho de que todos son hombres. En estas condiciones es inevitable que la sensibilidad colectiva se aferre con todas sus fuerzas a este único objeto que le queda y le confiera por eso mismo un valor incomparable (Durkheim, 2004: 371).
Resulta interesante notar que, hasta aquí, el egoísmo no se presenta como ajeno al orden social (como suele ser frecuentemente entendido en la teoría sociológica). La valoración del suicidio como acción egoísta es un componente del orden social. En otros términos, es éste el que da lugar a la observación del suicidio como desviación. Por último, queda el suicidio anómico. De acuerdo con lo esbozado más arriba, éste deberá permitirnos visualizar más claramente aquello de lo que se distingue el orden social. El suicidio anómico acaece en momentos históricos de grandes cambios o crisis sociales, en contextos en donde existe una ausencia de todo tipo de criterios colectivos 13
Aunque Durkheim también habla de las organizaciones militares modernas como un contexto social que da lugar a este tipo de suicidio. 14 Esta interpretación se manifiesta en contra de una valoración común acerca de la obra durkheimiana que entiende a la moral como opuesta al egoísmo. “La moral está ligada a la solidaridad, a la unión con los demás, y es lo opuesto al egoísmo, porque egoísmo implica ruptura de los lazos solidarios” (Girola, 2005: 35). Véase también Giddens (1997a).
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y/o principios reguladores. Es decir, no remite a un debilitamiento de la conciencia colectiva (de hecho, éste es un fenómeno normal de la sociedad moderna) o a un control moral insuficiente, como en el caso del suicidio egoísta, sino a una ausencia de principios reguladores. La anomia es significativa para Durkheim, porque tiene particular influencia en el proceso de transición y cambio de la sociedad tradicional a la moderna. El suicidio anómico es el verdaderamente patológico porque es un suicidio que no posee ningún sentido; denota la ausencia de la sociedad en los individuos. Es patológico porque muestra la ausencia del orden social y no una desviación; no puede ser ni justificado, ni representado. De todas maneras, es evidente que la valoración que hace Durkheim del suicidio anómico es similar a la del suicidio egoísta. De hecho, algunos lectores de su obra han planteado que éstos tendrían la misma causa (Johnson, 1965). Sin embargo, esta apreciación no es ni del todo cierta ni del todo errada. Durkheim mismo observa que los dos suicidios son similares en tanto que ambos implican que la sociedad no se encuentra lo suficientemente cohesionada. A pesar de esto, el suicido anómico es uno que acaece fuera del orden, no puede ser conceptualizado, valorado. De hecho, lo que resulta similar en el planteamiento durkheimiano es su argumentación acerca de por qué tanto el suicidio anómico como el egoísta son condenables. Esta justificación responde al orden moral del individualismo que observa al suicidio como resultado de la falta de limitación de las pasiones e impulsos individuales. Así, el suicidio anómico, a la vez que se reconoce en una situación de ausencia de orden, sólo es posible de ser evaluado desde dentro del orden social como suicidio egoísta. Sólo así es factible tematizar al suicidio anómico como un mal.15 Para describir al suicidio como una desviación es inevitable remitirse al orden social. No es casual que Durkheim piense en la anomia como unos procesos críticos y transitorios. Sobre este punto la siguiente cita es ilustrativa: Incluso el moralista que cree poder, por la fuerza de su pensamiento, sustraerse a la influencia de las ideas que lo rodean, no logaría llegar a conseguirlo, pues se halla todo impregnado de las mismas, y, haga lo que haga, son aquellas las que vuelve a encontrar en las consecuencias de sus deducciones (Durkheim, 2008: 594).
En este pasaje se muestra que no es posible pensar por fuera de la sociedad, el hombre es un ser moral en tanto vive en sociedad. La anomia se presentaría como un principio contrafáctico que nos permitiría demostrar la inevitable presencia de lo social. La valoración misma que hace Durkheim de la anomia daría cuenta de esta circunstancia. 15
Giddens observa que “el remedio para la anomia no consiste en la reimposición de la disciplina moral represiva tradicional, sino en el avance de la moralidad liberal del individualismo” (Giddens, 1997a: 138).
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Ha sido reconocido que la tematización de la moral propuesta por Durkheim se encuentra en oposición a los planteos utilitaristas que conciben a ésta ya sea como un fenómeno espontáneo, como resultado de la coacción o disciplinamiento del Estado, o como producto de un contrato social (Giddens, 1997a). Para Durkheim, no es posible desprender la moral de los individuos y sus decisiones. Desde aquí es que se haya comprendido a la teoría del orden de Durkheim como una respuesta distinta al problema planteado por los autores utilitaristas (Parsons): lo no contractual del contrato. Pero si partimos de nuestra distinción entre orden social y anomia, se torna observable que la propuesta de Durkheim no sólo busca debatir con el individualismo utilitarista-egoísta. Éste ya sería condenado por el mismo individualismo moral generado por la división del trabajo. De hecho, el mismo Durkheim menciona que el utilitarismo ya se encuentra en amplia decadencia en la sociedad de su época (Durkheim, 2003b). Es por esto que consideramos que la distinción teórica entre orden social y anomia se justifica en conexión con otra disputa que el autor pretende librar y que se encuentra representada por un cierto individualismo subjetivista que busca deducir al orden social de la autoconciencia subjetiva. Dice el autor: Existe otro individualismo más difícil de derrotar. Ha sido profesado desde hace un siglo por la más amplia generalidad de pensadores: es el de Kant y de Rousseau, el de los espiritualistas, el que la declaración de los derechos del hombre ha intentado, más o menos satisfactoriamente, traducir en fórmulas, el que se enseña corrientemente en nuestras escuelas y que se ha convertido en la base de nuestro catequismo moral. Henos aquí bien lejos de esta apoteosis del bienestar y el interés privados, de este culto egoísta del sí mismo que se ha podido con justicia reprochar al individualismo utilitario. Al contrario, según estos moralistas, el deber consiste en desviar nuestras miradas de aquello que nos concierne personalmente, de todo aquello ligado a nuestra individualidad empírica, para buscar únicamente lo que reclama nuestra condición de hombres, aquello que tenemos en común con todos nuestros semejantes (Durkheim, 2003b: 288).
Si bien Durkheim acuerda con la defensa de un individualismo moral cercana a esta perspectiva, discrepa en concebir al mismo como un emergente de una subjetividad no-social (Durkheim, 2003b: 289), es decir, de una cierta capacidad universal de esclarecimiento individual. “Sin duda, si la dignidad del individuo viniera dotada de estos caracteres individuales, de las particularidades que le distinguen de los demás, se podría temer que esta religión lo encerrara en una suerte de egoísmo moral que tornaría imposible toda solidaridad” (Ibíd., 2003b: 290). Es decir, Durkheim se está oponiendo a un conjunto de pensadores que defienden una concepción de orden moral no-social y, por tanto, anó-
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mica.16 Rechaza una forma de razonamiento que no asume que es la sociedad la que otorga las categorías de pensamiento, las clasificaciones, las ideas, y los esquemas morales. Adicionalmente, Durkheim (2003a) sostiene que la sociedad no debe ser deducida de la moral, sino que ésta última debe ser desprendida de la sociedad. El individualismo moral se reconoce como una concepción propia de la sociedad en el contexto de la división del trabajo.
Contingencia y orden social A pesar de las diferencias evidentes entre Durkheim y Luhmann en relación con los tratamientos otorgados al interrogante sobre las condiciones de posibilidad del orden social, entendemos que existe una potencial cercanía desde la formulación del problema. Desde nuestro punto de vista, esta cercanía se expresaría en la posición análoga que ocupan los conceptos de anomia y de contingencia en sus respectivas propuestas teóricas. En ambas perspectivas, observamos que estas categorías sensibilizan hacia la diferenciación del orden social de lo no-social, de lo sin sentido, del no-orden y no -precisamente- de la falta de orden. En este apartado deseamos mostrar que tanto para el sociólogo alemán, como para Durkheim, el orden social no se asimila a la integración, a la cooperación y/o al control, como tampoco se distingue del conflicto y la desviación; por el contrario, estos últimos aparecen como constitutivos del orden social. La opinión que domina en la tradición considera que el problema del orden social radica en la evasión o represión de la conducta adversa, de las actividades hostiles, molestas o dañinas que impiden que otros encuentren justicia en sus relaciones sociales, que satisfagan sus necesidades y que les hagan sentir a gusto […]. Sin embargo, habría que preguntarse si el problema básico de la constitución de los sistemas sociales realmente se encuentra en la eliminación de lo adverso o de lo no dispuesto a adaptarse. Dicho en forma extrema: ¿basta comprender al orden social como boicot del boicot, o será necesario saber en primera instancia cómo este orden social es posible y suficientemente probable? (Luhmann, 1998a: 123).
16 No podemos dejar de notar la cercanía que plantea esta tensión con la identificada por Simmel entre forma y vida en torno al conflicto de la cultura moderna. “Así se manifiesta en todos los aspectos, y aún en algunos otros, el conflicto a que llega la vida según su necesidad esencial, en tanto que ella es, en el más amplio sentido, vida cultural, es decir, en cuanto es creadora o se apropia de lo creado. Esta vida debe o producir formas o moverse dentro de formas. Nosotros somos, en verdad, vida inmediata y a esto también está ligado inmediatamente un indefinible sentimiento de existencia, fuerza y dirección; pero la poseemos sólo en la correspondiente forma, la que, como ya lo hice resaltar, se muestra perteneciendo, en el momento de su aparición, a un orden totalmente diferente, muñida de un derecho y un significado que provienen de ella misma, afirmando y reclamando una existencia supervital” (Simmel, 2001: 67).
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Aquí se muestra que es necesario pensar el problema del orden desde otro punto de vista del que comúnmente se suele hacer. ¿Qué tipo de formulación del problema podrá incluir el desorden, el conflicto y lo “no dispuesto a adaptarse”? Es un hecho ampliamente reconocido que Luhmann atiende al problema del orden social a partir de una cierta continuidad crítica con el planteamiento de Parsons acerca de la temática y, específicamente, en relación con el teorema de la doble contingencia. Ésta se genera en un contexto de interacción donde las gratificaciones de las partes involucradas dependen de los comportamientos mutuos. Así, las acciones dependen de las expectativas del otro (expectativas complementarias). Para Parsons, esta situación de indeterminación debe ser solucionada, de lo contario no sería posible la acción social; el autor entiende que son necesarias ciertas convenciones o sistemas de referencia compartidos e internalizados para que el orden social se establezca (Parsons y Shils, 1968). Luhmann se opone a este tratamiento en tanto entiende que el orden social puede emerger más allá de una necesaria socialización en un sistema de valores culturales compartidos. No obstante, entendemos que la diferencia que se establece entre estos dos autores no radica en el plano de las respuestas alternativas que dan, sino en el campo de la delimitación misma del problema. En general, los estudiosos de la obra de Luhmann han atendido a la continuidad crítica que éste define con respecto a la obra de Parsons en conexión con la respuesta otorgada al problema del orden social.17 A diferencia de estas perspectivas, creemos que la cuestión que define Parsons no es la misma que asume Luhmann y en esto radica una diferencia fundamental. Mientras que para el primero el problema del orden se presenta como el problema hobbesiano del orden (arriba discutido), es decir, el de la integración y la regulación de la acción; al segundo le interesa delimitar otro problema en tanto su formulación busca incorporar al conflicto, al cambio y a la desviación como constitutivos del orden social (Luhmann, 2002a: 328-329).18 Es claro que Parsons no niega en su teorización la existencia del conflicto y la desviación, pero éstos no se incorporan en la formulación del problema analítico del orden social (Burger, 1977). Veremos que Luhmann se plantea el problema en términos mucho más generales y abstractos. La importancia de la delimitación del problema para la teoría sociológica es destacada por Luhmann en un texto específicamente dedicado a la pregunta acerca de cómo es posible el orden social (2010a). Aquí, el tema adquiere relevancia para la sociología en tanto le 17
En este caso no se puede decir que estos autores no hayan seguido a Luhmann, en tanto, él mismo sostiene que busca atender al mismo problema que Parsons (Luhmann, 1998a: 124). Así, entendemos que existe una cierta tensión en la presentación que del tema hace Luhmann: por un lado, partiría del mismo problema, pero por el otro, lo cuestionaría. Véanse: Galindo (2008); Hon-Fai (2004); Izuzquiza (2008); Mascareño (2009); Vanderstraeten (2002). 18 A pesar de esto -y quizás por una cierta ambigüedad en la formulación de Luhmann- algunos de sus discípulos han tendido a observar al problema del orden social como un problema de control. Véanse, por ejemplo: Baecker (2001) y Mascareño (2009). Para una crítica de la teoría de Luhmann en conexión con esta forma de comprender al orden, véase: Wagner (1997).
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permite abordar a sus objetos de indagación desde una perspectiva específica. Otros actores y teorías se plantean esta pregunta, pero la sociología lo hace desde un lugar particular que inevitablemente busca diferenciarse de las del resto de la sociedad. Una disciplina adquiere un carácter universal no en la medida de que está constituida por objetos (o clases de objetos), por estratos del mundo real, sino por la delimitación de un problema. Bajo la perspectiva de esta delimitación se puede referir a cualquier objeto posible. Ya no deberá su unidad a un ámbito de objetos previamente seleccionados, sino a sí misma (Luhmann, 2010: 18).
De este modo, se torna observable que el acento no se encuentra en la solución de un problema social, sino en la formulación de uno teórico-disciplinar. Por esto, Luhmann se pregunta cómo es posible el orden y no si efectivamente es posible. Aunque luego, en el mismo texto, el autor se dedica a cuestionar diversas soluciones que se han dado sobre el problema del orden social desde Aristóteles en adelante,19 y no a aclarar en qué podría radicar la especificidad del problema en la sociología. Los límites del problema se desdibujan al confundirse con la historia del mismo. De hecho, se suele subrayar que Luhmann rechazaría las formas tradicionales de respuesta al problema del orden social (Fuchs, 2000; Mascareño, 2006); sin embargo, lo que el sociólogo alemán rechazaría serían los modos en que la cuestión es concebida. Sobre este punto deseamos avanzar. Uno de los caminos desde los cuales sería posible reconstruir una posible formulación del problema del orden social en la teoría de Luhmann se encuentra en su tematización de la contingencia. Intentaremos mostrar que la contingencia en la perspectiva luhmanniana remite a lo no-social/al no-orden. Este reconocimiento de la diferencia entre orden social y contingencia nos permitirá justificar que el problema que delimita Luhmann posee un nivel de mayor generalidad del que comúnmente se le atribuye. Luhmann parte de la premisa de que la contingencia es una dimensión constitutiva de la subjetividad moderna. En otros términos, la modernidad se caracteriza por la creciente conciencia acerca de la contingencia de nuestras acciones y experiencias. Los actores tienen conciencia de su posibilidad de elección y lo pueden hacer de formas impredecibles. La contingencia remite, así, a la visibilidad de posibilidades. Para Luhmann: “Contingente es aquello que no es necesario ni imposible; es decir, aquello que puede ser como es (fue, será), pero que también puede ser de otro modo” (Luhmann, 1998a: 115). A su vez, propone esta definición para diferenciarla de un tratamiento teológico para el cual lo contingente sería lo accidental o eventual y, por tanto, dependiente de alguna estructura necesaria (dios) 19
Luhmann (2010) plantea que una pregunta constante a lo largo de la historia de occidente remite al orden social en cuanto a la relación entre personas diferentes y en cuanto a la diferencia entre individuo y sociedad. Sobre esto se han definido tres estrategias que aparecen recurrentemente: 1) el presupuesto de que el orden ya se encuentra solucionado en tanto existe un grupo o una comunidad (petitio principi); 2) la metáfora de la fusión, y 3) el modelo de contrato social.
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(Luhmann, 1976 y 1997). La contingencia es el horizonte irrebasable que se hace presente en toda elección en el marco de la sociedad moderna. La presencia de la contingencia en la sociedad moderna da cuenta de una cierta improbabilidad del orden social en ésta, hecho que es reconocido tanto por la filosofía moderna como por la sociología. Sin embargo, Luhmann (1976) identifica que la principal estrategia frente a dicha circunstancia consiste en la eliminación de esta condición por medio de la postulación de principios normativos (la voluntad general, el sujeto trascendental, o también el Estado), y no en el entendimiento acerca de cómo esta improbabilidad podía dar lugar a la probabilidad del orden. Para Luhmann, el desafío radica en dar cuenta de la emergencia del orden social pero sin obturar a la contingencia subjetiva. No se puede dejar de lado aquello que es constitutivo de la sociedad moderna. Una explicación del orden no puede desconocer que la contingencia se mantiene presente; siempre las cosas pueden ser de otro modo. Siempre es posible negar lo dado y concebir otras posibilidades. En este punto, Luhmann retoma al teorema de la doble contingencia definido por Parsons pero, como veremos, no con la intención de utilizarlo como la formulación del problema, sino más bien como la definición de su posible solución. La doble contingencia es la experiencia básica de toda subjetividad que reconoce que existen “otras” subjetividades en su mundo. Remite a la dimensión social del sentido, es decir, al hecho de que un ego experimenta que existe un alter que también decide contingentemente. Ahora bien, mientras que para Parsons aquí radicaba un problema que debía ser resuelto, a Luhmann le interesa mantener el contexto de doble contingencia como horizonte de posibilidad para toda acción social. En este sentido, Luhmann reconoce que la misma formulación del problema de la doble contingencia es parte de la solución en tanto que se define como un problema estrictamente social que no pueden resolver los sujetos aisladamente. La doble contingencia muestra que existe un alter y un ego que se hacen presentes en cada selección, acción y experiencia. La doble contingencia es ya una forma de reducción de complejidad de la contingencia subjetiva, es la especificación de un problema (Luhmann, 1976: 508 y ss.). “De esta manera, se reconocen […] dos versiones diferentes de la doble contingencia: una inmediata que se refiere a la no determinación, y otra estructurada que cuenta con condicionamientos y alternativas limitadas” (Luhmann, 1998a: 136). Así, según su perspectiva, los sistemas sociales se forman porque ambos interlocutores experimentan la doble contingencia, y la indefinibilidad de tal situación ya posee en sí un significado estructurante para ambos (Ibíd., 1998a: 118). Podríamos decir que la doble contingencia especifica el problema de la contingencia: me permite vislumbrar que mi acción siempre aparece frente a otros, razón por la cual mi elección inevitablemente no es subjetiva en la dimensión social del sentido. En esta dirección, el problema se presenta en las inciertas posibilidades de transmisión aceptable de una propuesta, una comunicación o un contenido. A esta primera reducción se le suma la dis300 ⎥ Juan Pablo Gonnet
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tinción entre acción y experiencia (o vivencia)20 (Luhmann, 1976 y 1998b). En el marco de la doble contingencia, las partes actúan y experimentan, es decir, actúan con base en experiencias y experimentan las acciones de otro. De este modo, el problema se especifica aún más. ¿Cómo transmitir una acción? ¿Cómo transmitir una experiencia? ¿Cómo atribuir una acción? ¿Cómo atribuir una experiencia? Finalmente, la doble contingencia hace notar que mi acción se vincula con la acción o con la experiencia del otro, y que mi experiencia se vincula con la acción o experiencia del otro. Aquí aparecen constelaciones problemáticas bastante específicas: ¿Cómo es posible que mi experiencia sea experimentada por otro? ¿Cómo es posible que mi acción detone la acción del otro? ¿Cómo es posible que mi acción genere una experiencia en otro? ¿Cómo es posible que mi experiencia desencadene acciones? Es pertinente aclarar que aquí no estamos hablando de sujetos y sus comportamientos interactivos, sino de complejos problemáticos que se presentan en la dimensión social del sentido entre un alter (emisor) y un ego (receptor). Las posiciones son definidas en la situación de doble contingencia misma. No es del todo incorrecto pensar que para estos problemas específicos se desarrollen soluciones institucionales y/o normativas, no obstante -dice Luhmann-, no hay que olvidar que el problema de la contingencia no desaparece.21 Por esta razón, Luhmann encuentra más adecuada la solución a través del reconocimiento de determinados medios que en la sociedad moderna probabilizan la aceptación de transmisiones tanto de acciones como de experiencias. A estos medios los denomina “medios de comunicación simbólicamente generalizados” (Luhmann, 1976; 1998b; 2007) y poseen la función de tratar las diversas constelaciones problemáticas delimitadas en el contexto de la doble contingencia. Los medios son fórmulas significativas que se presentan en semánticas, símbolos y códigos, y que permiten combinar diversas selectividades posibles entre un alter y un ego (Luhmann, 1976: 512; 1998b: 106). Los medios permiten que una acción o una experiencia tengan mayores posibilidades de ser aceptadas ante determinados problemas particulares de doble contingencia, aunque reproduciendo el problema mismo de ella. “Esto significa que los medios han de hacer comprensibles y plausibles determinadas vivencias y acciones, si bien -o, incluso, precisamente porque- las cosas son posibles de otro modo” (Luhmann, 1998b: 124).22
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Éstas delimitan dos posibles tipos de selección en el contexto de la doble contingencia: acción es cuando una selección se atribuye a un sistema, y experiencia es cuando una selección se atribuye al entorno. 21 “As is the case with fundamental problems, there is an almost irresistible temptation to solve it by “substantivation” by putting substantives like system, institution, community, leadership at the place of the problem of contingency. This is, of course, the way the problem finds its solution in the language of everyday life, but sociology needs a more careful and sophisticated way to retrace and reconstruct the problem solutions of daily life—if only to preserve the possibility of other solutions, the contingency of solution” (Luhmann, 1976: 527). 22 Así, por ejemplo, en el amor romántico (el cual constituye un medio en la sociedad moderna), el encuentro de una pareja es azaroso pero también necesario, en tanto se concibe que dos personas están hechas la una para la otra.
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Ejemplos de medios de comunicación simbólicamente generalizados son la verdad, el amor, el poder, el arte, la fe y los valores, entre otros. Como dijimos, éstos se vinculan con problemas específicos de doble contingencia y se han desarrollado en la modernidad como respuestas plausibles a éstos. Así, la verdad y los valores permitirían resolver el problema de la transmisión de experiencias de un alter a un ego; el poder habilitaría que la acción de alter dé lugar a la acción de ego; el arte permitiría que una acción de alter genere una experiencia en ego; y el amor habilitaría a que una experiencia de alter desencadene una acción de ego (Luhmann, 1998b: 108 y ss.). No obstante, estos medios no se deducen directamente de los problemas específicos de la doble contingencia sino que, por el contrario, tratan a esos problemas sin eliminar la posibilidad de que también surjan otros (medios) que lidien con la misma situación. De esta manera, los medios regulan la transmisión de selecciones motivando la aceptación de una selección. Los medios de comunicación simbólicamente generalizados operan por medio de códigos simbólicos que definen dos valores: uno positivo y otro negativo. Por ejemplo, en el caso de la verdad, verdad/falsedad; en el del poder, poder lícito/ilícito; y en el del arte, lo bello/lo feo. Es interesante notar que estos códigos, a la vez que estimulan el lado positivo del medio, no definen los criterios desde los cuales se debe decidir a favor de éste. El código de la verdad nada dice acerca de las condiciones de producción de un discurso verdadero. Los medios, dice Luhmann, han habilitado distintas formas y programas desde los cuales se decide en conexión con los valores del código.23 Los diversos programas epistemológicos, en el caso de la verdad, lo atestiguan. En ese sentido, los códigos de los medios dan lugar a la incorporación del cambio y la contingencia, no a su eliminación. Retomando nuestra temática -la delimitación del problema del orden social-, entendemos que la elaboración de la teoría de los medios resulta esclarecedora para comprender la especificidad del tópico del orden social. Creemos que los medios habilitan para considerar que ése no se reduce ni al control ni a la integración. Esto se presenta como relevante en tanto algunas interpretaciones de la teoría de los medios de Luhmann han sostenido que ésta se orienta a explicar la mayor probabilidad de determinados cursos de acción en contextos de alta contingencia (Mascareño, 2009: 175; Chernilo, 2002). Desde este lugar, se corre el riesgo de reponer la idea de orden social como control y regulación (aunque limitada) de la contingencia. Entendemos que la tematización de los medios tiene implicaciones de mayor alcance en relación con el orden social. En primer lugar, la teoría de los medios permite reconocer que el problema del orden social no responde al de la limitación de la desviación. Más bien, cada medio habilita a una comprensión específica de la desviación. La falsedad se entiende desde el medio verdad, el 23
En este punto es interesante la distinción entre medio y forma que señala Luhmann. El medio se reconoce en la forma, pero la forma no es el medio. Véase: Luhmann (2007: 145).
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poder ilícito se observa desde el poder lícito, lo feo se evalúa desde lo bello. Luhmann no estaría reconociendo que los medios probabilicen cierta acción sobre otra, sino que estaría mostrando que constituyen esquemas de observación para la contingencia. Los medios transforman la contingencia indeterminada en determinada. Así, el orden social no debería privilegiar la conducta por sobre la desviada. En alguna medida, la desviación emerge en conexión con el valor negativo de los medios. Pero la teoría no define que esta sea una acción menos probable; no rescata un cierto orden sobre el desorden. En segundo lugar, desde la teoría de los medios se muestra que el orden social tampoco puede separarse del conflicto. El desacuerdo con respecto a las formas de regulación de los valores de los medios (los criterios de verdad, las reglas del poder, los criterios de belleza) constituyen fenómenos frecuentes en el devenir de la modernidad. Frente a esto, se desarrollan nuevas formas, criterios o programas que a su vez contribuyen a reproducir el mismo medio. Así, es posible observar que la regulación de los medios no sólo se limita a la definición de las condiciones de posibilidad del éxito de una acción, sino que también, y en igual medida, a la formulación de las mismas condiciones de posibilidad del conflicto y la disputa. Adicionalmente, los medios también permiten dar cuenta del conflicto en tanto es posible que una situación se evalúe desde la perspectiva de distintos medios. Por ejemplo, en un contexto organizacional, una decisión de un jefe puede ser evaluada como aceptable desde el medio poder, pero como inaceptable desde el medio de los valores o la verdad (Gonnet, 2013). Por último, también desde la teoría del orden social sugerida por Luhmann es posible reconocer que ante determinadas constelaciones problemáticas de la doble contingencia también es factible la emergencia de nuevos medios (Luhmann, 1976: 515). Para transmitir experiencias de modo aceptable no sólo se encuentra la verdad, sino que también se establecen los valores; para generar vivencias se encuentra el dinero, pero también el arte. Así, los medios no son excluyentes en cuanto a su relación con la doble contingencia. Ante similares constelaciones problemáticas son plausibles diversos medios. Entonces, si el orden social involucra la desviación, el conflicto y el cambio social, en qué se distingue el orden social en la perspectiva luhmanniana. Entendemos que se diferencia de la contingencia, del no-orden. Como dijimos, la contingencia entra al orden social inevitablemente como doble contingencia. Desde este punto de vista, la contingencia pura no tiene cabida en el orden social: “La doble contingencia pura, es decir, una situación socialmente indefinida por completo, no existe en verdad en nuestra realidad social” (Luhmann, 1998a: 125). Esto no significa que la contingencia como posibilidad de ser de otro modo no tenga cabida en la experiencia social, pero ésta sólo puede hacerse presente en conexión con los medios existentes y con las diversas especificaciones problemáticas de la doble contingencia: “la readmisión de contingencias completamente indefinidas pertenece a lo inadmisible” (Ibíd., 1998a: 132). En el marco de esta delimitación del problema surge la interrogante acerca de las razones por las cuales Luhmann operaría con esta distinción entre orden social y contingencia. Durkheim, Luhmann
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Al igual que con la categoría de anomia en Durkheim, la finalidad sería la de detallar una concepción de orden específica de la sociología y, por tanto, diferenciada de otras representaciones sociales del orden. En el caso de Luhmann, observamos que el autor busca discutir con las concepciones de orden social generadas en otros campos disciplinares que tienden a obviar la dimensión social del sentido. Así, Luhmann discute con teorías del orden social que reclaman la preeminencia de un sistema social o medio de comunicación simbólicamente generalizado por sobre el resto de la sociedad -sea éste la política, la economía, o la educación- (Luhmann, 2002b; Luhmann y Shorr, 1993). Adicionalmente, también cuestiona a las teorías del orden que buscan asumir la plena contingencia como, por ejemplo, ciertas teorías del arte (Luhmann, 2005) o de la filosofía posestructuralista (Luhmann, 2002c). En el primer caso, no se reconoce la complejidad que introduce la contingencia en la producción de los órdenes sociales en la sociedad moderna; en el segundo, la contingencia se define con independencia de su dimensión social.
Consideraciones finales En el contexto de ciertas asimilaciones acríticas en torno al sentido del problema del orden social en la tradición sociológica, la relectura de las propuestas de Durkheim y de Luhmann nos ofrece insumos para mostrar una concepción de orden social no frecuentemente reconocida. En conexión con este punto, sostuvimos que la pregunta por el orden en estos autores presenta un nivel fundamental en tanto que se vincula con el problema de la delimitación de un orden de realidad irreductiblemente social, el cual sería objeto de estudio de la teoría sociológica. En este sentido, nos encontramos con un tratamiento que se separa de una concepción de orden referida a la regulación y/o el condicionamiento de la acción individual (arbitraria, interesada y libre). Las teorías de Durkheim y de Luhmann no buscan demostrar cómo, a pesar de la discrecionalidad individual, es posible el orden, sino que buscan demostrar que el orden social es constitutivo de la vida con otros. Dicha constatación es significativa debido a que la misma no ha sido la concepción prevaleciente en la sociología para la cual el orden aparece como un tipo de fenómeno particular que se opone al conflicto, al cambio y a los intereses personales. En esta dirección, no defendemos una posible aproximación diferente a un mismo fenómeno, sino que buscamos dar cuenta de otro sentido del orden que no es asimilable a los tópicos convencionalmente atribuidos a la categoría tales como el control, la integración, la cooperación y el consenso.24
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No creemos que estos temas no sean relevantes para la sociología, sino que el problema del orden social sería anterior a estas cuestiones.
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Destacamos dos posibles implicaciones de este planteo para la teoría social contemporánea. Por un lado, es posible entrar en discusión con ciertos diagnósticos teóricos acerca de las sociedades contemporáneas que destacan una “retracción” del orden social y un incremento del riesgo, la incertidumbre, la fragmentación y la contingencia. Sin considerar estos diagnósticos como errados, concebimos que suponen una concepción de orden que se encuentra demasiado subordinada a lo institucional, es decir, a la idea de orden como posibilidad de regulación de la acción. Tanto para Durkheim como para Luhmann, el orden social es constitutivo del sentido y de la vida con otros, por esta razón una hipótesis acerca de la pérdida del orden se presenta como poco viable. Si existe sentido, es porque se encuentra operando un orden social como trasfondo desde el cual la realidad es interpretada (incluso las dinámicas críticas). Así, deberemos dejar de concebir el orden social como un fenómeno precario y altamente improbable (al menos a nivel práctico). Quizás la “crisis” se encuentre en los modos en que concebimos el orden social. Por otra parte, no es del todo cierto que la explicación del orden haya desaparecido de las preocupaciones teóricas de la sociología contemporánea. Las dualidades micro/macro, acción/estructura y sus distintas propuestas de integración han sido clave para este objetivo. Sin embargo, surge la pregunta acerca de cuál es la concepción de orden involucrada en la postulación de estas dualidades y para la cual las mismas resultan interpretativamente útiles. Así, sería relevante preguntar si la presentación del problema del orden que reconstruimos en los planteamientos de Durkheim y de Luhmann se encuentra representada en estas dicotomías y en las diversas teorías a las que han dado lugar. Nos gustaría finalizar mencionando que, a pesar de la factible similitud entre las perspectivas de Durkheim y de Luhmann en relación con la delimitación del problema del orden social, existe una divergencia central ligada a las consecuencias prácticas que se desprenden de sus planteamientos.25 Para Durkheim, la anomia como el no-orden no es ciertamente implausible. De hecho, la transición de la sociedad tradicional a la moderna es una circunstancia histórica de experiencia de anomia; es el momento del paso de la solidaridad mecánica a la solidaridad orgánica. En este sentido, la ausencia de orden denota un contexto de crisis social frente al cual resulta necesaria la restitución de un orden social no debilitado sino ausente. La alternativa radica en la reconstitución de la experiencia social, la formación de espacios en donde se propicie la emergencia de un orden moral. Desde la perspectiva del sociólogo alemán, sería poco probable atender a un contexto anómico al interior del mundo social. La contingencia, en ese sentido, es atribuible sólo a la experiencia subjetiva. Para Luhmann, el orden social constituye un contexto inevitable ligado a la dimensión social del sentido. No es posible vivir junto a otros sin definir un orden social. Si existe una crisis social, es una crisis teórica (de auto-reflexión) para observar a la sociedad desde dentro de la 25
Aunque avanzaremos en este punto en futuros trabajos, no podemos dejar de mencionarlo en este caso.
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sociedad. Sin embargo, lo común a estos pensadores es que el orden social constituye un horizonte de sentido irrebasable; tanto Durkheim como Luhmann están pensando en el orden social como una instancia que no puede traspasarse sin caer en el sin sentido: en la anomia o en la contingencia.
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Enfoques teóricos y conceptos sobre el poder político empresarial Theoretical Approaches and Concepts on Corporate Political Power Ricardo Tirado∗ Recibido el 2 de junio de 2014 Aceptado el 6 de febrero de 2015
RESUMEN
ABSTRACT
Este artículo discute algunas de las teorías y conceptos más adecuados para el análisis de la acción política de los actores empresariales con el objeto de desarrollar y enriquecer las herramientas teóricas que permitan dar cuenta de sus acciones, y la manera en que contribuyen a dar forma al poder político en la sociedad contemporánea. En la primera parte, se revisan las perspectivas teóricas empleadas para analizar a este actor social; en la segunda, se abordan algunos conceptos sobre los poderes de los actores empresariales, especialmente de los grandes empresarios que aluden a las posiciones sociales en las que están insertos y de las que dimanan poderes muy efectivos; en la tercera sección, se analizan los mecanismos de poder o poderes “sobre las personas”, mientras que en la cuarta y última se aportan herramientas para el análisis de las organizaciones gremiales de empresarios.
This article discusses some of the most appropriate theories and concepts for the analysis of the political actions of business actors, with the purpose of developing and enriching the theoretical tools that allow us to account for their actions and the way in which they contribute to shape the political power in contemporary society. In the first part, the theoretical perspectives used to analyze this social actor are revised. In the second part, some concepts on the powers of business actors are addressed, especially those of major businessmen who refer to the social positions in which they operate and the very effective powers that emanate therefrom. In the third section, the power mechanism “over people” is analyzed, while in the fourth section tools are put forth for the analysis of the trade associations of businessmen. This contribution resorts to the theories that emerged from the or-
∗ Doctor en Ciencias Políticas y Sociales; investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México (México). Sus líneas de investigación son: acción colectiva a través de organizaciones; empresarios, sociedad y política. Entre sus últimas publicaciones destacan: “Teorías y conceptos para analizar las organizaciones gremiales de empresarios” (2015); El rendimiento social de las organizaciones sociales (2014); “El rendimiento social del Consejo Coordinador Empresarial” (2014), las dos últimas en coautoría con Sara Gordon. El autor agradece al Programa de Apoyos para la Superación del Personal Académico de la unam el apoyo brindado para la realización de una estancia en la London School of Economics and Political Science que le permitió realizar parte de este trabajo. Reconoce también las certeras críticas de los árbitros anónimos. Correo electrónico: tirado@u7nam.mx
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Esta contribución recurre a las teorías surgidas de los estudios organizacionales y concluye que el uso de este repertorio de instrumentos permite la elaboración de mejores análisis políticos sobre los actores empresariales y los agregados sociales en los que actúan.
ganizational studies and concludes that the use of these tools allows for the elaboration of better political analyses on the business actors and the social aggregates in which they act.
Palabras clave: poder político empresarial; grandes empresarios; organización gremial de empresarios; estudios organizacionales.
Keywords: business political power; major businessmen; trade association of businessmen; organizational studies.
Introducción El análisis de la coyuntura política de cualquier sociedad demanda del conocimiento de los aspectos más importantes de sus principales actores sociales. Este trabajo tiene como propósito discutir algunas de las teorías y conceptos más adecuados para el estudio de uno de éstos: los empresarios. No obstante el desdibujamiento de las clases sociales en el complejo mundo individualista y globalizado de nuestro tiempo, los empresarios y las empresas -especialmente las grandes empresas transnacionales y sus directivos- son actores centrales sin los cuales no se pueden comprender los fenómenos del poder y el devenir en los países y en el mundo. El actor social es un centro de imputación de acciones –individuales o colectivas–; un agente que interviene en el mundo y es capaz de incidir y modificar un proceso o estado de cosas específico (Giddens, 1996). En cuanto al actor empresarial, históricamente concurrían en él tres aspectos que luego se fueron desdoblando y distinguiendo: el capitalista, el empresario y el administrador, porque en el pasado el dueño era también el empresario y el administrador de la empresa.1 Es conveniente distinguir estos conceptos básicos y aclarar que el capitalista es el propietario directo o accionista que posee toda o una parte de la empresa. La empresa o firma es una organización institucionalizada, un arreglo estable que articula diferentes factores que permiten la producción y comercialización de bienes y servicios. Su valor reside en sus activos fijos como el equipo y las instalaciones, un dispositivo organizacional, el capital humano, y bienes intangibles como la reputación, el prestigio de una marca, las capacidades tecnológicas, el posicionamiento en el mercado, las relaciones políticas, etcétera. El empresario, por su parte, es un actor económico, un agente que de ma1 Estas definiciones se basan en la obra de Say (comienzos del siglo xix) pasando por Weber, Sombart y Schumpeter, hasta nuestros días.
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nera profesional se dedica a obtener ganancias a través de la producción y distribución de bienes y servicios; él es quien toma las principales decisiones sobre el desempeño o curso de acción que debe seguir la empresa, y puede ser el dueño (así es en la gran mayoría de las empresas) o puede ser un profesional experto que es contratado y remunerado aunque a veces logra hacerse de una participación accionaria minoritaria. Aunque el ámbito natural de su acción es económico, el empresario también actúa en el espacio de la política. Finalmente, el administrador es un colaborador subordinado del empresario, aunque toma por sí mismo decisiones importantes sobre la marcha de la empresa. Esta actividad es secundaria o auxiliar a la del directivo real de la empresa -el empresario (presidente o director general) que es el decisor efectivo (o ceo por chief executive officer en inglés)-. Como el conjunto de los empresarios es muy diverso, es imprescindible diferenciarlos por su capacidad de acción y de impacto sobre los procesos de toma de decisiones sociales, políticas y económicas. Pueden así, por su relevancia, distinguirse dos tipos de actores empresariales:2 el primero de ellos está conformado por empresarios que se encuentran al frente de los más conspicuos grupos económicos o industriales, comerciales, mediáticos, financieros, etcétera. Todos estos conglomerados, y quienes los dirigen, gozan de acceso directo a los más altos funcionarios del gobierno y del Estado, lo que los convierte en miembros activos de grupos de poder económico, político y social. El segundo tipo de actores empresariales de relevancia son las organizaciones gremiales de empresarios, que suelen articularse en torno a una gran cúpula que las aglutina de modo que se hacen presentes como un actor unificado que se ostenta, durante las coyunturas conflictivas, como el representante de todo el empresariado en la lucha político social. Por esta diversidad es pertinente desarrollar y enriquecer las herramientas teóricas y conceptuales que nos permitan dar cuenta de sus acciones y la manera en que contribuyen a dar forma al poder político en la sociedad contemporánea. Si no se poseen los instrumentos capaces de inteligir los procesos en los que estos actores despliegan sus acciones, los aspectos fundamentales del acontecer social y político no serán comprendidos. La primera parte de este trabajo revisa las grandes perspectivas teóricas que se han empleado para analizar a los actores empresariales; la segunda, aborda algunos conceptos sobre los poderes de los actores empresariales, especialmente de los grandes empresarios, que aluden a las posiciones sociales en las que están insertos y de las que dimanan poderes muy efectivos; la tercera parte se refiere a los mecanismos de poder o poderes “sobre las personas” que ejercen los actores empresariales, y la cuarta, aporta herramientas para el análisis de las organizaciones gremiales de empresarios recurriendo a las teorías surgidas de los 2 Otro tipo de actor empresarial lo constituyen los individuos que ostentando una identidad empresarial, actúan en el campo de la política como candidatos de partidos o funcionarios públicos en cargos de responsabilidad gubernamental, sea por elección o por designación.
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estudios organizacionales y emplea las tipologías surgidas de las comparaciones entre diferentes formas de organizaciones; finalmente, a modo de conclusión, se ofrecen algunas reflexiones sobre la utilidad de las teorías y los conceptos planteados.
Enfoques teóricos sobre la relación entre el Estado y los empresarios Son muchos los enfoques teóricos que se han empleado para analizar el problema de las relaciones entre los empresarios y el Estado o, de manera más amplia, de los empresarios, la política y la sociedad.3 Aquí sólo se hará una somera revisión de los principales, ordenados de acuerdo a dos criterios (el cronológico y el de afinidades) para, a partir de allí, presentar la opción más adecuada.
La perspectiva del Estado autónomo La perspectiva teórica más pretérita es la del Estado soberano y autónomo, una tradición que se remonta a Maquiavelo [1532] y Bodin [1563] pero que se consolida en Hobbes [1651]. Esta perspectiva postula un Estado soberano basado en la fuerza de la monarquía absoluta que despliega un poder incontestable, y que se impone a los individuos y actores de todo tipo. Las revoluciones, la Ilustración y la producción teórica liberal y democrática (Locke [1690], Montesquieu [1748] y Rousseau [1762]) demolieron al Estado absolutista al reconocer tanto la voluntad general y el contrato social como constitutivos de los poderes públicos, como la validez intrínseca de los derechos naturales como la vida, la libertad y la propiedad y la división de poderes. Aun así, la tesis del Estado autónomo siguió vigente, misma que de modo muy sucinto y en lenguaje de corte weberiano sostiene que el Estado es una institución soberana que domina un territorio determinado y la población que ahí reside, a los cuales controla y administra mediante un aparato burocrático racional legal, que posee el monopolio de la violencia legítima a través de fuerzas policiacas y militares, y que se sostiene mediante los impuestos que establece y cobra unilateralmente. Su función original fue garantizar la seguridad, el orden, la estabilidad, la defensa ante al extranjero y la paz; más tarde se añadió el progreso de la sociedad y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. El enfoque concluye que los Estados son autónomos y los gobernantes tienen la capacidad de seguir políticas que no necesariamente comparten con otros actores poderosos de la sociedad, entre ellos los empresarios.
3
Véanse: Acuña (1994) y Viguera (1998).
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Las perspectivas instrumentalistas Totalmente opuestas a la anterior son las perspectivas que –con muy marcadas diferencias entre sí- consideran al Estado solamente como un instrumento al servicio de una clase o grupo. Dentro de ellas destaca el marxismo que sostiene que hay una dominación de clase fundada en las relaciones de producción y en la propiedad privada de los medios de producción. De ese modo, para Marx y Engels, “el poder político (…) es la violencia organizada de una clase para la opresión de otra” y “el gobierno del Estado moderno no es más que la junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa” [1848] (1971: 39 y 22); es decir, el Estado es sólo un instrumento de la clase dominante, la burguesía y los empresarios. Y aunque el mismo Marx matizó su tesis apenas cuatro años después, Lenin enfatizó la idea de que el Estado no es otra cosa que la dictadura de una clase sobre otra; “un instrumento de explotación de la clase oprimida” [1918] (s/f: 302), formulación que tuvo una enorme influencia durante gran parte del siglo veinte. Consecuencias prácticas parecidas, aunque derivadas de una visión completamente distinta devienen del elitismo, cuyo primer gran referente fue Mosca [1896] (1984), quien sostuvo que el Estado está siempre controlado por una élite -una minoría que se distingue por ciertas cualidades o posesiones- y que lo usa para imponer políticas acordes con sus intereses y preferencias. Estas ideas tuvieron continuación en los trabajos de Michels y Pareto, y se difundieron muy ampliamente a través de Wright Mills y Domhoff. Una variante que matizó la tesis original de Mosca y sus seguidores es la postulación de la existencia de dos o más élites distintas; según esto, existen varios grupos reducidos -uno de los cuales serían los grandes empresarios– que dominan a la sociedad a partir de las posiciones que ocupan, es decir, los empresarios disfrutan de un poder económico importante que se traduce en la capacidad de desplegar acciones de poder político.4 Otro énfasis que dio a la concepción de la élite un aspecto diferente es el señalamiento sobre la existencia de redes creadas entre los individuos y los grupos, y no tanto en los atributos personales que distinguen a quienes los constituyen. También caben en el instrumentalismo algunas versiones del pluralismo político -como las de Bentley y Truman- que consideran al Estado como una arena (o espacio de luchas abierto) en la que contienden diferentes individuos, grupos o fuerzas, pero que carece de contenido propio, y en la que la resultante de la suma de fuerzas intervinientes en el mercado político determina las políticas que se implementan. Finalmente, cabe adscribir a la perspectiva la de la elección pública, que tiene sus raíces en la teoría de la elección racional y el individualismo metodológico, y que ha sido difundida por Buchanan y otros; ésta postula que los políticos -en tanto que individuos racionales y autointeresados- se desem4
Véase: Scott (1994 y 2008).
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peñan en sus puestos con el verdadero fin de favorecer (o al menos no dañar) el futuro de sus carreras a través de las políticas que imponen. El resultado final se inscribe en la perspectiva societal -por oposición a la estatal- puesto que, en esta lógica, el hombre público tomará decisiones de política con base en las preferencias de los actores externos (como los contribuyentes de fondos para sus campañas electorales), quienes tienen la capacidad de afectar positiva o negativamente su carrera según los beneficien o perjudiquen las políticas que apoye. Los gobernantes harán, entonces, las políticas que más agraden a los grupos y sectores que son determinantes en los procesos electorales o de otro tipo, para volver a ser elegidos y progresar en sus carreras.5 Si los políticos sólo basan sus acciones en cálculos racionales autointeresados con el fin de maximizar sus ganancias en los intercambios llevados a cabo con los otros actores que se conducen con la misma lógica, al final se impondrá el resultado de las acciones de los poderosos, sin que nada les haga contrapeso o las resista.
La autonomía relativa Otros enfoques coinciden en reconocer explícitamente que el Estado tiene una “autonomía relativa” respecto a los otros actores, de modo tal que puede decidir por sí mismo sobre políticas aunque éstas estén sesgadas en algún grado por el efecto de la acción de actores externos que actúan sobre él. Si bien varios de estos enfoques provienen de la tradición marxista, sus explicaciones de la autonomía relativa son muy diferentes. La versión de la “autonomía relativa por razones económico estructurales” sostiene que los empresarios son un grupo estructuralmente privilegiado en el orden capitalista, y es una tesis cercana a la concepción marxista, aunque más acotada. Las políticas del Estado responden a los intereses de los capitalistas porque el propio Estado está estructuralmente condicionado para ello, independientemente de quien lo controle.6 Como el gobierno tiene que cuidar el buen desempeño de la economía, debe dictar políticas que favorezcan a los empresarios -en cuyas manos está la actividad económica-, de modo que no pierdan la confianza y opten por no invertir o desinvertir. Gozan así de una “posición privilegiada” en tanto que sus decisiones afectan a toda la sociedad y ello determina las decisiones estatales, independientemente de la política de los inversionistas y de quien controle el gobierno.7 La tensión que existe entre las funciones estatales de fomento a la acumulación y el aseguramiento de la legitimidad es la que da espacio para que los gobiernos puedan desenvolverse con relativa autonomía entre estos dos objetivos contradictorios. 5
Veáse: Collins (1996: 183). Véase: Offe (1990). 7 Véase: Lindblom (1999). 6
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Cercana en los efectos, pero basada en muy distintas causas, es la tesis de la “autonomía relativa por correlación de fuerzas”. Existen diferentes versiones de este enfoque, pero todas derivan del análisis de Marx sobre la coyuntura política de Francia a mediados del siglo xix, cuando dio un importante giro a su tesis clásica y sostiene que, después del golpe de Estado de Luis Bonaparte, “el Estado parece haber adquirido una completa autonomía” y Francia “parece escapar al despotismo de una clase para reincidir bajo el despotismo de un individuo” [1852] (1971: 312-313). Dentro del campo del marxismo, Gramsci se apartó marcadamente del leninismo al introducir los conceptos de hegemonía y sociedad civil, como un medio y un lugar de la lucha política que no se reduce al puro ejercicio de la fuerza; a la vez, dio su propia versión de la autonomía relativa postulando que el cesarismo: Expresa una situación en la cual las fuerzas en lucha se equilibran de una manera catastrófica, o sea de una manera tal que la continuación de la lucha no puede menos que concluir con la destrucción recíproca [o] puede ocurrir también que no venza ninguna de las dos (…) que se debiliten recíprocamente y que una tercera fuerza c intervenga desde el exterior dominando a lo que resta de a y de b (Gramsci, 1975: 84)
Esa tercera fuerza cesarista es la solución arbitral que da una gran personalidad, en una situación histórico política caracterizada por “un equilibrio de fuerzas de perspectiva catastrófica” que puede ser progresista o regresiva; “César y Napoleón I son ejemplos de cesarismo progresivo. Napoleón iii y Bismark de cesarismo regresivo” (Ibíd., 1975: 85). Tanto el bonapartismo como el cesarismo inspiraron análisis de los Estados surgidos de movimientos sociales encabezados por líderes “progresistas” que impulsaron la construcción de Estados caracterizados por una autonomía relativa significativa. En América Latina los regímenes de Cárdenas en México, Perón en Argentina y Vargas en Brasil, fueron pensados con estas categorías. Distinta pero relacionada con las anteriores es la posición de Poulantzas (1979: 152-168), para quien el Estado debe ser concebido “como la condensación material de una relación de fuerzas entre clases y fracciones de clase, tal como se expresa, siempre de forma específica” en su seno. Representa y organiza “el interés político a largo plazo del bloque en el poder, compuesto de varias fracciones de clase burguesas” bajo la hegemonía y dirección de “la clase o fracción hegemónica”. Por tanto, el Estado constituye “la unidad política de las clases dominantes”, y sólo “puede cumplir este papel de organización y de unificación de la burguesía y del bloque en el poder en la medida en que posee una autonomía relativa” respecto de las fracciones e intereses particulares componentes de ese bloque. Y no es un bloque monolítico sin fisuras porque, en este sentido, la unidad estatal es ilusoria y la “política” del Estado es sólo la “línea de fuerza general que atraviesa los enfrentamientos” en su seno. Enfoques teóricos y conceptos sobre el poder político
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Otra versión muy distinta de la autonomía relativa es la que logró amplia difusión por medio de un influyente libro de los años ochenta -Bringing the State back in- de Evans, Rueschemeyer y Scokpol (1985)- que sostiene que por la intrínseca necesidad de mantener la estabilidad, el control y el orden, ciertos Estados tienen la capacidad de actuar autónomamente pese a la posición privilegiada de los capitalistas, es decir, hay opciones para los gobiernos en tanto que pueden generar alternativas y objetivos propios, incluso sin la aprobación de la clase empresarial. En esta línea destacó la autonomía enraizada (embedded) que, según Evans (1995), es la clave central para que los Estados desarrollistas sean efectivos. Esta autonomía se basa -por una lado- en la capacidad de los funcionarios gubernamentales de desarrollar una identificación grupal, un cierto esprit de corp, combinado -por otro ladocon un enraizamiento profundo en la estructura social que les permite tener ligas cercanas con los empresarios y, al mismo tiempo, formular e implementar políticas autónomas que pueden ser contrarias a los intereses de los empresarios.8
La autonomía relativa implícita Hay muchas otras aproximaciones al problema de las relaciones entre el Estado y los empresarios (y otros actores) que, si bien no lo hacen de modo explícito, reconocen que el Estado goza de un grado de autonomía considerable que le permite llevar a cabo sus propias políticas. En algunas de estas aproximaciones, ésta es una premisa fundamental tanto que se justifica ubicarlas en el rubro de “autonomía relativa”. La perspectiva de las “estructuras de representación e intermediación de intereses” pone el acento en el arreglo social que vincula a los diferentes grupos sociales organizados con el Estado. Así, se pueden distinguir dos tipos ideales extremos, el del pluralismo y el del corporativismo, que dan lugar a sendos tipos de organizaciones e instituciones de intermediación. La síntesis de Schmitter (1992a y 1992b) presenta muy claramente las diferencias entre ambos modos de intermediación y sus organizaciones, destacando la libertad de afiliación y la autonomía de las organizaciones gremiales de todo grupo de presión en el caso del pluralismo, en contraste con la compulsión y la dependencia de la corporación respecto del Estado en el corporativismo. El neocorporativismo sería un nuevo tipo de arreglo que, si bien suscita algunas reminiscencias del corporativismo clásico, es diferente en tanto que la neocorporación es vista como una organización societal; es decir, aunque mantiene compromisos con el Estado, se sustenta en el consenso de una base social que participa activamente en la toma de decisiones y la hechura de las políticas.
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Véase: Schneider y Maxfield (1997).
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Otra perspectiva fructífera para el análisis de las relaciones entre las agencias estatales y los actores empresariales (y de otra índole) es la del neoinstitucionalismo. March y Olsen (2008) definen a la institución como: Un conjunto relativamente duradero de reglas y prácticas organizadas, enraizadas en estructuras de sentido y recursos que son relativamente invariables pese al recambio de los individuos y relativamente elásticas y resilientes a las preferencias y expectativas idiosincráticas de los individuos y las cambiantes circunstancias externas (March y Olsen, 2008: 3).9
Así, las instituciones son construcciones sociales que tienen solidez, peso y entidad, que tienden a reproducirse y extenderse en el tiempo, en gran parte sujetas a sus propias reglas entendidas de modo muy amplio como modos de ser, de dar sentido y de actuar, que tienen inercia; todo lo cual resulta en un grado de autonomía propia, y de ahí que válidamente puede esperarse que las agencias estatales obren con cierta independencia frente a los actores empresariales. De hecho, no solamente las agencias estatales pueden ser pensadas como instituciones, sino también las empresas y sus organizaciones gremiales e incluso el marco relacional en el que se inscriben las relaciones entre todas ellas. Con respecto a esto último, bajo la influencia de Bourdieu, algunos han hablado de campos organizacionales que tal vez pueden pensarse mejor como campos institucionales, es decir, como arenas en las que los actores (institucionalizados por sus inercias internas y por sus interrelaciones con el medio) actúan intencionalmente en el marco de las constricciones y posibilidades institucionales. Algunos de los campos de especial relevancia para los objetivos de este trabajo son las instituciones en las que los empresarios están activos para incidir en las políticas públicas. Ahora bien, cada campo tiene su propia lógica institucional, concepto que Friedland y Alford definen como “un conjunto de prácticas materiales y construcciones simbólicas que constituyen sus principios organizativos y el cual es susceptible de elaboración por parte de las organizaciones y los individuos”, y que varían en cuanto a sus contenidos, la naturaleza de sus creencias y asunciones, pero también en profundidad vertical (es decir, por niveles).10
Los enfoques de redes Los enfoques de redes han tenido un desarrollo muy importante en las últimas décadas en las ciencias sociales. La producción en ciencia política es muy extensa y pueden recono-
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Traducción del autor. Véanse las citas y referencias a Bourdieu, Friedland y Alford y el propio Scott en Scott (2001: 186-187).
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cerse por lo menos tres grandes tendencias, muy pertinentes para analizar la participación de los empresarios en la política y las políticas públicas. La perspectiva de las “redes de política elitistas y excluyentes” surgió en los años sesenta en la ciencia política de Estados Unidos y el Reino Unido, cuando comenzaron a estudiarse los “triángulos de hierro”, los “subgobiernos” y las “redes de política”. Estos esfuerzos paralelos tenían en común la pretensión de revelar cómo se gestaban políticas públicas, yendo en contra de planteamientos muy aceptados que atribuían toda la responsabilidad de la hechura de las políticas al Estado. Por ello, en esta perspectiva, es central el cuestionamiento del Estado monolítico y enteramente autónomo, y el señalamiento de que en esas redes el Estado, o algunas agencias estatales, eran interdependientes con unos pocos actores privados en condiciones de participar activamente en las decisiones de política relativas a ciertas materias. De ese modo, la concepción prevaleciente del gobierno jerárquico era cuestionada con la incorporación de poderosos actores no gubernamentales que intervienen en los procesos de toma de decisiones. En breve, los estudios de estas “redes de política”, “subgobiernos” o “triángulos de hierro”, estimaron que ciertas élites privadas que controlaban recursos cruciales estaban en estrecho contacto con otras élites gubernamentales por una interdependencia de recursos, y que concurrían con ellos en redes cerradas y excluyentes en las que se determinaban las políticas de importantes sectores.11 Al enfoque de las redes elitistas, cerradas y excluyentes se agregó más tarde una visión menos exclusiva, la de “las redes de política plurales y abiertas”, en la que el concepto de issue networks o “redes de asuntos” fue muy importante en tanto que aceptaba que las políticas propias de muchos asuntos de interés público se decidían con la participación de una variedad más amplia de actores que integraban en red. Ya no se trataba de aquellas redes alcanzables sólo para las minorías selectas, sino de redes con vínculos más difusos y abiertos. Diversas contribuciones coincidieron en destacar dos aspectos opuestos y observables en la organización y el proceso político que da lugar a las políticas públicas: el primero es que en dicho proceso interviene una gama diversa de actores cuya participación es altamente diferenciada; el segundo es que estos actores están ligados entre sí por un interés mutuo o interdependencia en dominios de política pública específicos, lo cual rescata dos elementos que serán fundamentales para la perspectiva de redes: el pluralismo y la conectividad. Se ha hablado así de un enfoque de “redes institucionales”, en el sentido de que “una red puede ser pensada como una institución, en tanto que representa un patrón estable y recurrente de interacción conductual o intercambio entre individuos u organizaciones” 11
Véanse: Zurbringen (2003); Ansell (2008b) y Blanco, Lowndes y Pratchett (2011). Una aceptada definición de Marsh y Rhodes destaca en las redes: “un limitado número de participantes, frecuente interacción, continuidad, valores consensuados, dependencia de recursos, suma positiva en juegos de poder y regulación de los miembros” (citados por Blanco, Lowndes y Pratchett (2011:301).
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(Ansell, 2008a: 81). Este enfoque subraya la intención de analizar la posición y las interrelaciones de cada uno de los intervinientes en las redes insertas en grupos, organizaciones e instituciones, de modo que los conceptos de centralidad, subgrupos, intermediarios, facciones son relevantes. Además, las redes son vistas como canales en lo que circula la información, la influencia social, los recursos y el capital social de maneras altamente diferenciadas (Ansell, 2008a). El enfoque de las “redes de gobernanza” es más reciente. La gobernanza es un concepto ambiguo, pues en ciencia política se la considera tanto como “un nuevo proceso de la gobernación, o como una condición cambiante de la regulación del orden, o como el nuevo método a través del cual se gobierna a la sociedad” (Rhodes, citado por Enjolras, 2009). Las redes de gobernanza, pese a un aire familiar que las acerca, no son una versión o un avance de las redes de política sino un nuevo paradigma de política que trata de dar respuesta a los grandes cambios ocurridos en el mundo, y que han sido rotulados como posfordismo, postindustrialismo, postmodernismo, globalización, etcétera.12 A las redes de gobernanza se las considera como un nuevo paradigma que se aleja del estadocentrismo y de la noción estatal de jerarquía típica y, para muchos representa una fuente de innovación de los procesos de hechura de las políticas, la posibilidad de formas más plurales de gobernar y un ideal de renovación democrática. Ante el desencanto con la democracia representativa, las deficiencias de la regulación por el Estado y el mercado, así como la creciente complejidad, dinamismo y diversidad de la sociedad, las redes de gobernanza han sido presentadas como la búsqueda de nuevas formas de integración, la avanzada de una especie de gobierno societal que acude a muchas formas de interrelación basadas en redes que pueden diseñarse y promoverse para maximizar la eficacia y renovar la democracia. Una definición útil de redes de gobernanza es aquella que sostiene que es una articulación relativamente estable de actores interdependientes pero operativamente autónomos, que interactúan a través de negociaciones que tienen lugar dentro de marcos regulatorios, normativos, cognitivos e imaginarios, que se autorregulan dentro de los límites puestos por las agencias externas, y que contribuyen a la producción de objetivos públicos.13 Algunas críticas a este enfoque señalan que el ancla democrática de las redes de gobernanza es débil, y que se tiende a subestimar la continuidad y permanencia de las élites en el proceso de hechura de políticas, en tanto que en ellas las grandes empresas desempeñarán un rol relevante y en cuanto se sobrestima el que representan un nuevo estadio en la evolución del ejercicio de gobierno. De cualquier manera, se reconoce que las élites están implantadas en la realidad política y social, y que allí permanecerán.14 12
Véase: Blanco, Lowndes y Pratchett (2011). Sørensen y Torfing, citados por Ansell (2008b: 460-461). 14 Véase: Ansell (2008b). 13
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Otro concepto cercano al de redes de gobernanza es el de “sistemas asociativos complejos”, que da cuenta de las nuevas formas y espacios asociativos en los que concurren actores interdependientes aunque con un alto grado de autonomía, donde toman sus decisiones con base en la deliberación y la negociación, y se cohesionan a través de vínculos de confianza.15
Teorías sobre los poderes de los actores empresariales Presentamos aquí un repertorio de situaciones o posiciones estructurales, institucionales o reticulares en donde los actores empresariales están insertos y de las que dimanan importantes poderes.
Poder estructural Es propio de toda economía de mercado que los empresarios tengan una gran capacidad de acción, a razón de la dependencia del Estado respecto al capital, en tanto que si el gobierno aplica políticas públicas que reducen la capacidad de las empresas para obtener ganancias, éstas pueden optar por dejar de invertir, con lo que la economía puede entrar en crisis con graves consecuencias políticas para el Estado (Przerworsky, 1995: 55-57). En efecto, quienes están al frente de los conglomerados son actores importantes por la densidad de su capital, el tamaño de sus inversiones, el monto de los activos líquidos a su disposición y el peso que tienen sus empresas en la producción, el empleo y, en general, en el desempeño de la economía, de ahí que las decisiones que toman (como las de no invertir o la de desinvertir y llevar sus capitales al exterior) pueden provocar desórdenes económicos que impacten a toda la sociedad y desestabilicen al Estado; es más, la sola expresión de desconfianza sobre la conducción de la economía puede ser el principio de una crisis, y si la acción de los conglomerados se produce concertadamente, el impacto se multiplica exponencialmente y puede ser devastador.
Poder de prestigio social Este tipo de poder no es resultado de la cristalización histórico social en modos, prácticas, costumbres y estilos que dan una posición de privilegio a ciertas clases, sectores, grupos e individuos que les permite opinar, intervenir y, en general, asumir un protagonismo social 15
Véase: Luna y Velasco (2010).
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que nadie cuestiona. La base de este privilegio es el reconocimiento que se reproduce a sí mismo y se muestra como prestigio, renombre, reputación y autoridad o ascendiente. Se introyecta de tal manera en el cuerpo social que incluso pasa desapercibido para muchos, pues simplemente se lo considera natural. Cientistas sociales de distintas escuelas -en especial Michel Foucault- han estudiado estos mecanismos de control social desarrollando un conjunto de conceptos que tienen afinidades entre sí, como micro poderes, ethos, sentido común, habitus e instituciones. Como grupo social destacado, los empresarios gozan de ventajas de esta índole, especialmente algunas de sus figuras más emblemáticas; aunque lo anterior no excluye que en ciertas coyunturas históricas el ser empresario haya sido considerado un verdadero estigma.
Poder latente En relación con el poder de prestigio social se desprende otra forma que se deriva de la mera posibilidad de poner en acción un poder latente, o -en sentido contrario- como una fuente de magnanimidad que a veces puede otorgar premios; esto es, el conocimiento generalizado de que un actor dispone de la capacidad para desplegar importantes recursos de poder para usarlos a favor o en contra de alguien, no obstante que no llegue a hacerlo. En ese sentido, este poder es un suplemento que se agrega al poder que efectivamente se ejerce -puesto que el poder latente no implica ni causa desgaste alguno, pues no otorga premios o impone castigos que podrían tener costos indeseables-; es el mecanismo disuasivo que inhibe una conducta que el titular del poder latente no desea. Tanto este mecanismo como el de signo contrario, que propicia la realización de otra conducta que el titular del poder latente quisiera que se produjera, son eficaces y libres de costo pues ni siquiera implican decisiones, sino que se producen por decisión de otro con el fin de agradar o no desagradar al poderoso.16 Este temor/amor hacia los poderosos es conocido y tiene efectividad entre los gobernantes y el mundo empresarial, pues los pequeños empresarios temen contender con los grandes y están dispuestos a tenerlos como aliados.
Teorías de los mecanismos instrumentales de poder o poderes “sobre las personas” Los poderes anteriormente tratados operan como consecuencia de ocupar una situación o posición social determinada. En cambio, los instrumentales son poderes que se ejercen de manera deliberada sobre las personas; aquí se trata de un elenco de mecanismos que posi16
Véase: Scott (2008).
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bilitan que un actor consiga que otro haga lo que el primero decidió. Como escribe Scott, el poder “consiste en hacer realmente que alguien haga algo” (2008: 29), lo cual implica el trazo e implementación de una estrategia de acción para lograr que otro, aun en contra de su voluntad original, produzca la conducta deseada por el primero. Aunque el uso de estos mecanismos no es exclusivo de los empresarios, es frecuente que recurran a ellos.
Mecanismo de la solicitud Una primera forma de ejercer poder es simplemente solicitar, pedir y requerir a quien puede hacerlo, que decida y haga lo que se desea, aunque la solicitud sea un planteamiento sin argumentos, no se tenga derecho a lo pedido, y la petición caiga “en oídos sordos”.
Mecanismo de la influencia La influencia es la solicitud reiterada de que algo se haga, implicando de manera más o menos clara la satisfacción o frustración que la aceptación o negación producirá en el solicitante. En términos generales, si el peticionario dispone de muchos recursos, relaciones y prestigio social es más probable que su solicitud logre su propósito. Es un mecanismo de poder que muchas veces opera por medio de un tercero, un intermediario que cumple con el papel de solicitante a favor de otro, usando el ascendiente y autoridad que le da su poder de prestigio social y sus recursos. Evidentemente, en la medida en que el peticionario tiene más prestigio y recursos/relaciones, más alta será la probabilidad de éxito de la gestión. Así se habla en México y otros países de “los influyentes”, el “influyentismo”, “el amiguismo” y el tráfico de influencias, como una manera común para resolver problemas y obtener resultados a los que no se tiene derecho, o en todo caso evadiendo un procedimiento tiene complicado.
Mecanismo del convencimiento Fuchs (2005) habla de un poder “discursivo” entendido como la capacidad de convencer con argumentos e información apelando a la inteligencia del interlocutor de que lo solicitado es lo que debe hacerse porque es adecuado. Los elementos en que se sustenta un discurso de este tipo son la información, las ideas, el conocimiento, la investigación, los argumentos, la experticia, aunque -desde luego- no pueden desprenderse netamente de las ideologías, las valoraciones, las preferencias e intereses. Todos estos elementos concurren en la deliberación para tratar de producir el convencimiento del otro y de ese modo 324 ⎥ Ricardo Tirado
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incidir en su proceso de toma de decisiones, proponiendo la realización de ciertas acciones en lugar de otras. Es éste un mecanismo político de primera importancia, pues los actores intervienen así para inclinar la decisión de los hacedores de políticas, convenciendo a los titulares de dicha responsabilidad para que regulen, apliquen o interpreten en el sentido que a ellos conviene. Desde luego que debe tenerse en cuenta que si bien la solicitud formulada se basa en argumentos y deliberaciones que dan sustento razonable a la decisión, estos no necesariamente son correctos o verídicos, incluso pueden ser equivocados, sofísticos, tendenciosos y hasta mentirosos, pero efectivos para persuadir al decisor. Además, la argumentación tiene que adaptar el mensaje a la audiencia en cada caso,17 y no será suficientemente sólida si sólo critica otras políticas o propuestas, sin dar alternativas que planteen y demuestren la viabilidad de lo propuesto. Sucede que las informaciones y argumentos que dan cuerpo a la acción de convencimiento a través de la deliberación son tan sofisticados e intrincados, que muchas veces no es fácil seguir el hilo de la discusión y entender cómo se llegó a la decisión final.
Mecanismo de presión o inducción La presión o inducción es el mecanismo mediante el cual -dando premios y castigos, o la promesa o amenaza de otorgarlos- se logra que una persona realice una conducta que no quería hacer, y aunque el soborno está prohibido por las leyes, es sin duda un medio efectivo que se emplea para que los funcionarios hagan o dejen de hacer lo que se les pide. Son las características institucionales del conjunto relacional y de las instituciones y campos específicos los que hacen que el soborno sea un mecanismo de presión utilizado de manera desigual en el mundo, pero sin duda es más empleado en los países en desarrollo que en los desarrollados.18 Un estudio reciente halló que 60% de las empresas en México paga sobornos.19 Además del soborno hay otras formas sofisticadas, indirectas y sutiles de dar premios a los altos funcionarios, los legisladores y los jueces para inclinar su voluntad; por ejemplo, dando información privilegiada que fácilmente se convierte en dinero.20 Más complicada es la extorsión, basada en amenazas de truncar una carrera o la revelación de secretos de los decisores.
17
Véase: Russell y Adamson (2003). En materia de corrupción, Transparencia Internacional (2011) señaló que los países de América Latina calificaban en torno a los 3 puntos; Estados Unidos y Europa occidental en 7, los escandinavos en 9 y los africanos alrededor de 2. 19 “Soborno, práctica común para 60% de empresas” en ExpokNews, 12 de julio de 2013. 20 Ziobrowski, Boyd, Cheng y Ziobrowski (2011) muestran que una información privilegiada que se dio a algunos congresistas de Estados Unidos, les permitió obtener ganancias extraordinarias en el mercado de valores. 18
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Las represalias a las personas pueden ser de diferente índole (el veto, la difamación, etcétera) y pueden reforzarse mediante la difusión en diferentes medios. La ejemplaridad de una represalia funciona como un mecanismo de disuasión para otros actores que podrían incurrir en la misma conducta, de ahí la importancia de los poderes latentes, pues todos saben, en especial después de una aplicación bien conocida, que los poderes están a disposición de quienes los controlan, y que funcionan como causa invisible y permanente de inhibición o diligencia servicial. Por otra parte, la presión también puede llevarse a cabo por medio de amenazas no personales. Un camino muy común es vincular las decisiones de inversión de los conglomerados a la asunción e implementación de determinadas decisiones públicas: si no se toman ciertas medidas -advierten- dejarán de invertir y se irán a otro país o entidad (Slob y Weyzig, 2010: 168). Otro modo de inducción legal son las donaciones privadas para las campañas políticas de los candidatos y los partidos políticos, ingresos que suelen ser muy apreciados en tanto que la propaganda política en los medios de comunicación es cada vez más necesaria para ganar una elección. Al respecto, serias investigaciones realizadas en Estados Unidos descartaban la veracidad de una afirmación tan contundente como “el dinero compra la política” (Bartels, Heclo, Hero y Jacobs, 2005: 108), aunque en años recientes famosas decisiones de la Suprema Corte de ese país han incrementado sustantivamente la libertad de las empresas para hacer grandes donaciones a las campañas políticas, lo cual genera que la política esté más expuesta a la presión del dinero.21 Es por ello que en todos los países democráticos se discute y legisla sobre los límites a la aportación de dinero privado a las campañas políticas. Otra forma de incidir es el cabildeo, entendido como una manera de convencer, influir y presionar para que una decisión se asuma, se deseche o se corrija. Investigando el cabildeo estadounidense a fondo, Baumgartner, Berry, Hojnacki, Kimball y Leech (2009) sostienen que la eficacia del dinero no es contundente ante el cabildeo en tanto que ni siquiera los grandes presupuestos garantizan resultados de política favorables, en especial porque es usual que los grandes gastos que unos actores realizan en favor de determinada política sean neutralizados por los grandes gastos que hacen sus opositores, de modo que al final prevalece el statu quo que beneficia a los intereses creados. No obstante estas advertencias, los autores son enfáticos al afirmar que el dinero aplicado al cabildeo tiene efectos favorables, sobre todo si el adversario no cuenta con recursos suficientes para cabildear en contra. En esta materia no existe equivalente a la famosa regla democrática de “una persona un voto”; no hay nada parecido a “una persona un cabildero”, de modo que los que gastan en cabildeo ejercen una influencia considerable (Bartels, Heclo, Hero y Jacobs, 2005).22 21
Véase: Liptak (2010). Richter, Samphantharak y Timmons (2009) encontraron “un vínculo robusto y sistemático” entre los gastos de las empresas en firmas de cabildeo y una disminución en sus tasas impositivas al siguiente año.
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Mecanismo de la construcción de sentido Se entiende “construir sentido” como sinónimo de cambiar o crear significados y alojarlos en el imaginario, en la visión o mentalidad de una población o un público. La construcción de sentido en la lucha política y social implica el posicionamiento de construcciones simbólicas en el espacio público para la consideración de todos. La lucha genera la confrontación entre dos pares de construcciones básicas: la que cada contendiente hace de sí mismo y la que hace de su adversario.23 Una manera de construir sentido es por medio de la propaganda -entendida como un medio de hacer que alguien acepte algo- valiéndose del lanzamiento de mensajes unilaterales a través de los medios de comunicación masiva para introyectar en la audiencia una manera de entender y de pensar, induciendo así ciertas acciones; aunque, como en el caso del convencimiento, también se trata de discursos, la propaganda no apela tanto a la racionalidad y la inteligencia de la audiencia como a la aceptación pasiva de lo que se propone, por medio de la reiteración impositiva de los mensajes. Otro modo de construir sentido es la elaboración de ideas y conceptos que fortalecen una perspectiva de política pública; mientras que la difusión es la promoción en el espacio público de esos planteamientos para convertirlos en una manera aceptada de percibir un problema que, a la larga, puede dar lugar a una comunidad epistémica y un nuevo sentido común. Un medio adecuado de factura y promoción de la ideación y la difusión son los llamados think tanks, que proliferan cada vez más en el mundo.24
Mecanismos de autoridad legal Este es el mecanismo típico de los poderes estatales, pues consiste en la realización de actos de poder por parte de quien está facultado por la ley para ello y tiene como objetivo hacer que las conductas de otros se ciñan a lo que les es ordenado. Esta capacidad de mandar sobre otros está sancionada por la ley y, en última instancia, puede ser realizada mediante el uso de la violencia legítima por parte del Estado. Aunque este poder es típico de las autoridades estatales, también lo detentan los empresarios y todos aquellos que en múltiples esferas tienen autoridad legal para mandar. En la empresa, el director manda a sus subordinados y estos a otros de rango inferior; pero también son válidos actos de esta naturaleza en las organizaciones gremiales empresariales, donde los que tienen la autoridad reconocida por la reglamentación propia de la agrupación pueden ordenar y mandar en nombre 23
Véase: Alexander (2006). Véase: Salas Porras (2012).
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de las mismas agrupaciones; así, no podrán ejercer funciones punitivas directamente, pero sí a través de las cortes judiciales.
Teorías sobre las organizaciones gremiales empresariales Otra batería de conceptos merecen las organizaciones de empresarios constituidas para la promoción, defensa y representación de sus intereses y preferencias y las de sus empresas. Estas organizaciones son económicas en primer lugar, porque su fin es posicionar mejor a sus miembros para incrementar sus ganancias; es decir, el leit motiv de su acción es el de la producción, el mercado, el dinero y la ganancia; todo ello aunque no son organizaciones lucrativas, pues no obtienen ganancias; las cuotas que cobran son para recuperar sus gastos de operación. Las organizaciones de empresarios también son organizaciones políticas, sobre todo las organizaciones mayores, las de más amplio espectro y de más alto rango, en tanto que operan también en el espacio de la dominación, el poder y el Estado, pujando por posiciones políticas que favorezcan a sus dirigentes y afiliados. Desde el ángulo de las actividades específicas que realizan, son organizaciones de carácter gremial pues agrupan a personas o empresas que se dedican profesionalmente a la misma actividad económica. En términos generales puede decirse que son un canal de acción por medio del cual los empresarios actúan de manera concertada en las esferas económica, política y social25 y que en ciertas coyunturas -sobre todo de conflicto- pueden devenir en actores político sociales de gran relevancia. Lo común es que estos gremios se constituyan como asociaciones, figura jurídica social que puede definirse como un arreglo social basado en la voluntad de afiliarse, la postulación de un objetivo común y una coordinación del colectivo sujeto a ciertas reglas dadas,26 y asumen que tanto representan y coordinan a sus miembros para promoverlos como recogen sus intereses y sus preferencias, los procesan y los transforman en propuestas que luego promueven para que se adopten e implementen;27 son también espacios en los que se tratan problemas muy diversos y se alcanzan acuerdos; a veces se comportan como cárteles que disputan el mercado, elevan los precios o limitan la competencia.28 Estas organizaciones gremiales de empresarios pueden ser analizadas recurriendo a las herramientas conceptuales que proporcionan las teorías surgidas de los estudios organizacionales y las tipologías que distinguen a unas organizaciones de otras según diferentes criterios. 25
27 28 26
En otro lugar se ha trabajado sobre este tipo de organizaciones (Tirado, 2015). Véase: Cadena Roa y Puga Espinosa (2005), Tirado (2010). Sobre estas organizaciones, véanse: Coleman (1988); Schmitter y Streeck (1981). Respecto a la actuación de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, véase: Mares, (2010).
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Las teorías organizacionales Las teorías organizacionales han sido desarrolladas por los llamados estudios organizacionales o más recientemente por la sociología de las organizaciones, y es un campo de estudio surgido del mundo de las empresas privadas y sus cultores han sido administradores, gerentes e ingenieros, muchas de cuyas intuiciones fueron luego la materia de reflexión y elaboración de académicos y teóricos. Para los fines de este artículo, se hará referencia a varios problemas o cuestiones que han sido considerados por esas teorías y que son útiles para el entendimiento de cualquier tipo de organización: el entorno, la organización misma y la interrelación de la organización con el entorno. En cada caso se hará alusión a las teorías que se han ocupado del asunto.
Teorías sobre el entorno El análisis del entorno es fundamental en tanto que las organizaciones, como cualquier otro actor social, deben ser entendidas en el contexto en que están insertas29 -traspasado por él, diría la perspectiva teórica ecológica de la organización-, lo cual implica conocer el medio o contexto, las estructuras o instituciones políticas, sociales y económicas en las que las organizaciones operan. Un enfoque adecuado es la perspectiva institucionalista, en particular la de las redes institucionales que permiten pasar de los nodos y las redes internas de la organización a los campos institucionales en que éstas se ubican y las lógicas que las afectan.30
Teorías sobre la organización misma En cuanto a la intelección de las organizaciones mismas, se distinguen tres momentos analíticos que refieren a otros tantos aspectos muy centrales: la constitución, la membresía y la agregación.
La constitución Este momento analítico se refiere a la constitución de la organización en un doble sentido: por un lado, el establecimiento de un estatuto legal que prescribe su orden interno y, por 29
Véase: Cadena Roa (2010). Véase: Ansell (2008a) y Scott (2001).
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otro, su fundación o creación. La perspectiva teórica racionalista de las organizaciones es muy útil para analizarla.31 Un elemento destacado del acto fundacional es la expresión más o menos explícita y clara tanto de su misión como de los objetivos que se fija la naciente organización; lo anterior definirá también quiénes son los convocados, al describir los atributos que deben reunir para pertenecer al colectivo. Estas definiciones establecen el tipo de organización de que se trata y fijan los linderos de la misma al determinar quién podrá y quién no ser miembro de ella. El orden formal legal que la organización adoptará también es un elemento importante, en tanto que allí se define el conjunto de reglas que establecen la forma de gobierno, los órganos de autoridad, la manera de designar a los dirigentes, los procedimientos decisionales y de manejo de recursos, los medios de hacer cumplir el ordenamiento, etcétera. Por otra parte, la fundación de cualquier organización es una coyuntura única y muchas veces definitoria; es el momento en que uno o varios interesados se deciden a crear la entidad por las razones, consideraciones y cálculos que han hecho y, en ese sentido, aparecen como los convocantes y dirigentes primeros del nuevo ente con vistas a lograr algún propósito. Este liderazgo y las primeras decisiones fundadoras marcan casi indeleblemente a las organizaciones y los dotan de un grupo de dirigentes que tenderá a la hegemonía y a convertirse en el núcleo duro que custodiará la legitimidad y la ortodoxia.32
La membresía Los afiliados, es decir, el conjunto de los que son miembros de la organización es un elemento fundamental, pues las características comunes que los describen permiten estimar un abanico de posibilidades de acción -o al menos un horizonte de perspectivas- que les son asequibles. La composición de la membresía incide en los recursos, la dinámica y los alcances de cualquier organización, y puede analizarse contando con las herramientas ofrecidas por la teoría de la complejidad, por el grado de autonomía de los miembros individualmente considerados; esto es, sus capacidades para ingresar o egresar de la organización, participar libremente en su vida interna e intervenir de manera activa en la toma de decisiones. Así, en la medida en que los miembros son más autónomos y heterogéneos, también las organizaciones serán más complejas.33 La teoría de la dependencia de recursos también fija la atención en el control de los recursos y las relaciones que dan capacidades.34 En el caso de 31
33 34 32
Véanse: Scott (2003) y Pfeffer (1992). Véase: Hirschman (1977). Véanse: Luna y Velasco (2010); Puga y Luna (2012). Véase: Natal (2010).
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las organizaciones gremiales sucede que las grandes empresas disponen de más recursos/ relaciones que las pequeñas y, por tanto, sus organizaciones son también más complejas y autónomas que las que afilian a pequeños empresarios. Es importante sopesar los poderes de los afiliados: los más grandes poseen un gran poder estructural pues manejan muchos recursos/relaciones, poseen poder de prestigio social o la deferencia, y el ascendiente que les permite expresarse y ser escuchados en los más diferentes foros, además del poder latente o capacidad potencial de perjudicar o beneficiar a los individuos que los obstaculizan o auxilian.
La agregación La agregación de una organización es el grado y la forma en que se articulan los componentes internos para su desempeño, sobre lo cual la perspectiva teórica realista de las organizaciones tiene mucho que decir, ya que justamente su atención se detiene en la disidencia y el conflicto internos.35 Un elemento muy importante es la cohesión de la organización, pues se requiere que entre sus miembros haya un mínimo de afinidad y cercanía que les permita sumar esfuerzos y colaborar en la realización de las tareas cotidianas, así como en la prosecución de los fines organizacionales. Otro elemento atañe a la necesaria consecución de recursos pues, en términos generales, difícilmente una organización que no obtiene recursos podrá lograr sus propósitos, aunque cabe señalar que algunas organizaciones muy complejas -y muy autónomas- no precisan mayormente de recursos propios porque todos sus afiliados los tienen en gran cantidad y calidad. También es relevante conocer los incentivos o retribuciones que obtienen los participantes de la organización, pudiendo éstos ser o no de carácter material: un salario, la consecución de relaciones útiles, la satisfacción del deber cumplido, la fama y el reconocimiento, el placer de participar, el avance en una carrera profesional, obtener cierto poder, etcétera. Otro elemento de la agregación es el grado de legitimidad interna que tiene la organización, es decir, el grado de consenso que tienen quienes las dirigen y los procesos de toma de sus principales decisiones; especialmente, la dirigencia o los líderes deben tener un mínimo de aceptación a fin de que puedan asegurar la cooperación del colectivo para conducir eficazmente a la organización. Finalmente, forma parte de este momento constitutivo aquel aspecto de la estrategia que es la determinación de los objetivos de largo plazo
35
Véase: Scott (2003) y Pfeffer (1992).
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de la organización, el diseño de planes, políticas y programas y la elección de cursos de acción (Chandler, citado por Whipp, 2001: 15154).
Teorías sobre la interrelación con el entorno Para examinar la interrelación de la organización con su entorno es útil tomar en cuenta los asuntos que la perspectiva teórica ecológica considera. Destaca, en primer lugar, la identidad que de sí misma proyecta la organización, pues es un elemento útil para su conocimiento; asimismo, es trascendente conocer su visión del contexto en que actúa. El contenido de su diagnóstico dirá mucho de sí y completará el cuadro de sus intenciones; además, lo acertado o desacertado de su visión alertará sobre las posibilidades reales de las acciones que despliegue. La estrategia adoptada por la organización es otro asunto valioso para el análisis, pues sus características darán cuenta de su capacidad para generar, idear e implementar planes, programas y acciones, así como para asignar recursos alineados al logro de sus objetivos y metas. Desde luego, también resulta relevante ver cómo aprovecha las oportunidades y sortea las amenazas que se le atraviesan, los rivales a los que se enfrenta, las coaliciones que establece, la reputación y la imagen que logra construir; la relevancia, la pertinencia y la legitimidad social que suscita son todos elementos de la interrelación que deben ser tenidos muy en cuenta. Finalmente, también deben considerarse cuáles son los mecanismos de poder que usa la organización en sus vínculos con otros agentes: a) opta por convencer apelando con argumentos e información a la inteligencia de sus interlocutores; b) recurre a la influencia entendida a través de terceros que por contar con algún ascendiente (poder de prestigio social) le dan acceso a ventajas que de otra manera difícilmente hubiera podido obtener, o c) qué tanto usa la presión, definida como el empleo de premios y castigos o su oferta.
Tipologías de las organizaciones empresariales Otro recurso adicional es el empleo de tipologías de las organizaciones empresariales que se distinguen según diferentes criterios; son útiles porque las clasificaciones arrojan luz sobre sus modos de ser. Un criterio muy elemental se basa en el tamaño de las empresas afiliadas: socios micros, pequeños y medianos, y de grandes y mega empresarios. Entre las organizaciones de grandes y pequeños se dan diferencias y tensiones, pero es común que los grandes tiendan a construir organizaciones para todos, haciendo que prevalezcan en ellas sus preferencias a cambio de proporcionarles servicios técnicos, legales, contables, 332 ⎥ Ricardo Tirado
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etcétera, y de representar políticamente a los pequeños en la defensa de intereses que les son comunes a todos.36 Otros tres criterios clasificatorios de las organizaciones son: a) el tamaño de la organización o número de los afiliados con que cuenta, b) la amplitud geográfica de la organización, que se refiere al dominio espacial de su jurisdicción y c) el dominio profesional de la organización, es decir, el tipo de especialidad productiva de los empresarios afiliados a una organización. El número de afiliados se relaciona con el tamaño de las empresas asociadas, pues las organizaciones de las empresas muy grandes son pequeñas en tanto que existen pocas empresas de gran tamaño, y viceversa: las grandes organizaciones tienen muchos socios pequeños. Ser una organización pequeña de grandes empresas o una grande integrada por muchos pequeños, afecta el desempeño de la organización de múltiples maneras; las primeras suelen tener muchos recursos, se ponen de acuerdo fácilmente y son muy efectivas; las segundas, en cambio, tienen problemas para constituirse, conseguir recursos, construir acuerdos y controlar a sus dirigentes. Las dimensiones geográficas dan por resultado organizaciones de ámbito nacional, estatal y local; son estas instancias que dan voz a conjuntos organizados que expresan a los empresarios de la zona geográfica que agrupan: una ciudad, un estado o provincia, el país entero. El criterio del domino profesional da lugar a organizaciones generales que agrupan a empresas de todas las actividades económicas, aunque al interior puedan confederarse agrupaciones por especialidades (que solamente afilian a empresas de una misma rama y a veces son organizaciones independientes que no se subsumen en ninguna otra). En resumen, aplicando los tres criterios, se obtienen: a) organizaciones grandes y pequeñas, b) organizaciones nacionales, regionales y locales, y c) organizaciones generales y especializadas. Sucede que las organizaciones más grandes por el número de afiliados, más amplias geográficamente y más incluyentes porque agrupan socios de todas las especialidades tienen más proyección que las pequeñas, locales y especializadas. Esto es, se da un efecto de jerarquización, de tal modo que las organizaciones más amplias, “altas” y “cupulares”, interactúan con actores también mayores; los asuntos que abordan las organizaciones de más alta jerarquía son más importantes que los que tratan las de los niveles inferiores, resultando de ello que las organizaciones de la cúpula tienen también una representación, un rango y un peso político mayores. Por lo tanto, tienden a perfilarse como representantes y voceras oficiales de todos los empresarios, lo cual, en la medida en que les es reconocido por los propios empresarios y por otros actores, tiene un significado político de interés para todos los actores políticos y sociales. Lo anterior no debe ignorar el peso político del conjunto de los grandes grupos de poder económico y de las organizaciones de esta élite empresarial conspicua, pues ésta es capaz de incidir, directamente o a través de las organizaciones cúpula, en las decisiones públicas. 36
Véase: Traxler y Huemer (2007).
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Finalmente, el criterio del papel en la representación e intermediación de intereses es especialmente relevante; tanto, que es el origen de una clasificación de los gremios en grupos de presión (o asociaciones), corporaciones y neocorporaciones.37 Los grupos de presión se caracterizan por la libre afiliación de sus miembros, por la forma independiente de su acción ante las agencias del gobierno para presionar o influir sobre las políticas que les convienen, y por la gran libertad y flexibilidad con que se agrupan unas con otras.38 Las corporaciones son casi el reverso de los grupos de presión, pues son promovidas por el Estado y les asegura el reconocimiento del monopolio de la representación del empresariado, así como la interlocución y negociación privilegiada de sus demandas ante el gobierno a cambio de una afiliación no necesariamente voluntaria, la intervención en la formulación de sus demandas y la designación de sus dirigentes. Las neocorporaciones, por su parte, son “corporaciones voluntarias”, es decir, agrupaciones que tienen bases societales o de fuerte sustento voluntario, aunque el Estado tiene alguna incidencia en el nombramiento de sus dirigentes y la modulación de sus demandas.
A modo de conclusión Para analizar la acción política empresarial -individual o colectiva- es necesario disponer de elementos teórico metodológicos que permitan inteligir la dinámica de los actores, sus relaciones y su inserción en el contexto más amplio y para ello es necesario que el analista se acoja a un planteamiento conceptual que le sirva de punto de partida y dé soporte a sus análisis; así, en este artículo se optó por un análisis en el que se complementan ciertas perspectivas compatibles entre sí, aunque provengan de diferentes familias conceptuales. Con respecto a las teorías que tratan de explicar la relación entre los empresarios, el Estado y la sociedad, se reconoce -siguiendo a Weber y Elias- la existencia de una matriz histórica social en la que los actores están insertos y que les otorga un sentido que no excluye su creatividad o capacidad de agencia; recuperando las teorías de la estructuración social de Giddens, nos acercamos a la articulación entre el actor y las estructuras, superando tanto el determinismo de unas concepciones como el voluntarismo de otras. En este sentido también resulta útil el neoinstitucionalismo, que da cuenta de la solidez e inercia de todo el conjunto relacional sin que excluya el reconocimiento de las rupturas, las crisis y los cambios; así, resulta también pertinente adherir al concepto de redes institucionales que explican la flexibilidad y el dinamismo de las relaciones entre actores individuales y colectivos, sin desconocer que ellas están insertas en campos institucionales que tienen lógicas 37
Véase: Schmitter (1992a y 1992b). Véase: Richardson (1993).
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propias. Los nodos, a su vez, están insertos en redes consistentes -institucionalizadas- que a su vez tienen sus raíces en los campos institucionales. Desde este punto de vista es relevante ver a las instituciones y sus campos no como espacios homogéneos integrados por actores indiferenciados, sino como espacios sociales reticulares en los que se ubican nodos/actores individuales y colectivos que, pese a su enraizamiento en un mismo contexto, tienen posiciones que pueden ser notoriamente singulares y despliegan acciones que a veces tienen especificidades muy marcadas. Es analíticamente útil, también, la autonomía relativa del Estado frente a los actores, entre ellos los empresariales, aunque hay una ventaja estructural de los grandes actores empresariales a razón del control que ejercen sobre importantes recursos/relaciones y la concertación que hacen de su acción político social. Gozan, además, de la autoridad e influencia que les da su prestigio social, y de un poder latente que pueden actualizar cuando lo necesitan. En este contexto, resultan esclarecedoras las tesis del Estado autónomo y de las instrumentalistas (en sus diferentes versiones), junto con la autonomía relativa de las agencias estatales y de los actores económicos, políticos y sociales, que son a veces nodos muy activos, basados en un amplio control de recursos que se transmutan en relaciones múltiples por medio de las cuales promueven sus preferencias. Es decir, los actores controladores de muchos recursos (de toda índole) tienden a desarrollar redes de relaciones en las que son muy activos, de modo que constituyen un repertorio de relaciones/acciones que les permiten usar diferentes mecanismos de poder para incidir en la acción de otros actores, aunque portan la lógica institucional. En cuanto a las organizaciones gremiales, resulta adecuado recurrir a los enfoques de las teorías organizacionales que son complementarios entre sí y a las taxonomías que de ellas se han hecho. Ambas contribuciones ofrecen un rico elenco de instrumentos para analizarlas. Para finalizar, conviene mirar a las redes de empresarios, empresas, grupos económicos y las organizaciones gremiales y las agencias estatales como actores afectados de institucionalidad, que operan en campos que tienen sus propias lógicas y constituyen un puente entre el marco estructural macro y las redes en que están insertos los actores. Estas redes no son construcciones que operan arbitrariamente, sino retículas estables en las que se interrelacionan los actores individuales, al tiempo que se enraízan en las instituciones.
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Nacionalismo y antisemitismo Hannah Arendt sobre la cuestión judía y el Estado nación Nationalism and Anti-Semitism Hannah Arendt on the Jewish Question and the Nation-State Miriam Jerade Dana∗ Recibido el 4 de marzo de 2014 Aceptado el 4 de mayo de 2015
RESUMEN
ABSTRACT
El propósito del presente artículo es mostrar que el antisemitismo como fenómeno social y político marcó la crítica que Hannah Arendt hizo al Estado nación. El antisemitismo, el imperialismo y el totalitarismo plantean la necesidad de encontrar un nuevo paradigma para pensar lo político. El análisis de estos elementos nos permite estar atentos a aquellos rasgos de las democracias que siempre pueden convertirse en violencias en nombre de la nación, particularmente contra las minorías y los extranjeros. Siguiendo los factores que estructuran el análisis de Arendt, el artículo ofrece tres aportaciones: en la primera parte se presenta un análisis sobre la emancipación y la asimilación de los judíos en los Estados nación seculares, en la segunda se estudia la creación de una cultura del antise-
The purpose of this article is to show that anti-Semitism as a social and political phenomenon has been central to the criticism made by Hannah Arendt to the nation state. Anti-Semitism, imperialism and totalitarianism present the need to find a new paradigm to conceptualize politics. The analysis of these elements allows us to pay special attention to the characteristics of democracies that could always become violent in the name of the nation, particularly against minorities and foreigners. Following the factors that structure Arendt’s analysis, this article offers three contributions: in the first part, an analysis is presented on the Emancipation and assimilation of Jews in the secular nation-states; in the second part, the creation of a culture of anti-Semitism based on the Dreyfus case is
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Doctora en Filosofía por la Universidad París iv La Sorbona; maestra en Filosofía por la Universidad París x Nanterre y licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó un postdoctorado sobre antisemitismo en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Cuajimalpa. Actualmente realiza una estancia de investigación en el Katz Center for Advanced Judaic Studies de la Universidad de Pennsylvania (Estados Unidos de América). Sus líneas de investigación son: deconstrucción, violencia, pensamiento judío, antisemitismo. Entre sus últimas publicaciones destacan: “Herir la lengua. Por una política de la singularidad. Derrida lector de Celan” (2015); “Antisemitismo en Vasconcelos: antiamericanismo, nacionalismo y misticismo estético” (2015); y “La guerra en Freud. Entre la hipersofisticación y una violencia arcaica” (2012). Correo electrónico: miriamjerade@gmail.com
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mitismo a partir del caso Dreyfus y en la tercera se describen las paradojas del Estado nación a la luz del antisemitismo.
studied; and in the third part, the paradoxes of the nation-state in light of anti-Semitism are described.
Palabras clave: antisemitismo; Arendt; Estado nación; ciudadanía; caso Dreyfus; La cuestión judía.
Keywords: Anti-Semitism; Arendt; nation-state; citizenship; Dreyfus case; On the Jewish Question.
Introducción El propósito del presente ensayo es mostrar que el antisemitismo como fenómeno social y político marcó la crítica que Hannah Arendt hizo al Estado nación. Los orígenes del totalitarismo (1998) [1951], su obra más conocida se divide en tres partes: el antisemitismo, el imperialismo y el totalitarismo. Cada uno de estos fenómenos, más allá de su respectiva definición, plantea la necesidad de encontrar un nuevo paradigma para pensar lo político, según lo expresa Arendt en el prólogo a la primera edición norteamericana: El antisemitismo (no simplemente el odio a los judíos), el imperialismo (no simplemente la conquista) y el totalitarismo (no simplemente la dictadura), uno tras otro, uno más brutalmente que otro, han demostrado que la dignidad humana precisa de una nueva salvaguardia que sólo puede ser hallada en un nuevo principio político, en una nueva ley en la Tierra, cuya validez debe alcanzar esta vez a toda la Humanidad y cuyo poder deberá estar estrictamente limitado, enraizado y controlado por entidades territoriales nuevamente definidas (Arendt, 1998: 5).
La mayoría de las lecturas sobre Los orígenes del totalitarismo se han centrado en la última parte del capítulo “El Imperialismo”, en torno a las paradojas del Estado nación y los derechos del ser humano. Se ha escrito menos sobre el antisemitismo1 como punto clave para entender esta crítica del Estado nación como eje del pensamiento político de Arendt. Sin
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Richard Bernstein (1996) dedica una reflexión política a los escritos judíos y al antisemitismo.
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embargo, nos parece que la principal aportación teórica de Los orígenes del totalitarismo,2 como lo expresa Bernstein, fue precisamente combinar la historia de los judíos europeos con la historia general de la Europa moderna (Bernstein, 1996: 69) y el análisis de la desintegración del Estado nación, lo cual permite entender de forma cabal por qué el antisemitismo se convirtió en el elemento catalizador de la ideología nacionalsocialista. Es necesario subrayar que la obra de Arendt no trata realmente de los orígenes sino de los elementos que se cristalizan en una sociedad totalitaria, como ella misma explicó en su respuesta a la reseña que hizo Eric Voegelin a Los orígenes del totalitarismo en 1953.3 El análisis de estos elementos nos permite estar atentos a aquellos rasgos de las democracias que siempre pueden convertirse en violencias en nombre de la nación, particularmente contra las minorías y los extranjeros. Del examen de la situación de los apátridas y parias en Europa, Arendt concluye que ésta es resultado de la paradoja de la modernidad y que es necesario pensar de nuevo la política como el medio para garantizar “el derecho a tener derechos” (Arendt, 1998: 249).4 Siguiendo los factores que estructuran el análisis de Arendt, dividiremos el presente ensayo en tres partes: en la primera haremos un análisis sobre la emancipación y la asimilación de los judíos en los Estados nación seculares, en la segunda ahondaremos en cómo se creó una cultura del antisemitismo a partir del caso Dreyfus y en la tercera analizaremos las paradojas del Estado nación a la luz del antisemitismo.
2 Los orígenes del totalitarismo se encuentra lastrado por dos problemas de base: la fiabilidad de los datos históricos (muy cuestionada por la investigación posterior) y el hecho de que Arendt no clarifica su metodología. Cuando Arendt escribió Los orígenes del totalitarismo, había mucho menos información que la que existe hoy sobre el nazismo y tampoco podía consultar los archivos de la hoy extinta Unión Soviética. En 2009, Bernard Wasserstein (2009) publicó un artículo, en la vena de quienes le imputan a Arendt la perversión de un auto-odio judío, en el que hizo una dura crítica a los datos históricos de Arendt, particularmente a algunas notas de Los orígenes del totalitarismo en las que Arendt cita a Walter Franck, un historiador nazi que había sido el encargado de “limpiar” las universidades y las bibliotecas de libros judíos. Sin embargo, como escribe Szneider (2010: 4-5), Arendt no era inconsciente de ese uso ni del nazismo de Franck y lo citaba de manera consciente y muchas veces irónica. Otra respuesta a las críticas de Wasserstein se puede encontrar en Horowitz (2010). Otras críticas a la metodología histórica de Arendt pueden verse en: Avineri (2010) y Staudenmaier (2012). Es importante señalar que, a partir de la publicación de Eichmann en Jerusalén, se despertaron muchas pasiones en contra de Arendt y, como lo señala Szneider, en los círculos más críticos del sionismo es una heroína, mientras que en el campo opuesto es una villana. Con la publicación del libro de Bettina Stangneth (Eichmann before Jerusalem. The Unexamined Life of a Mass Murder) basado en documentos de Eichmann en Argentina de los que Arendt no tenía conocimiento, y que desmienten la idea de Eichmann como un burócrata sin pasiones antisemitas, ha vuelto a abrir el debate sobre Arendt y la historiografía. También es capital subrayar que Arendt no era historiadora y que sus análisis no ayudan a entender la historia o los orígenes del totalitarismo, sino la manera en la que opera la ideología totalitaria. 3 La reseña de Eric Voegelin (1953) -así como la respuesta de Arendt- fue publicada en The Review of Politics. Sobre este intercambio, véase: Benhabib (2003: 64). 4 Seyla Benhabib ha dedicado una extensa obra para entender las paradojas de la modernidad en esta fórmula de Arendt y cómo garantizar derechos a las minorías, los migrantes y los extranjeros.
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Hannah Arendt y la cuestión judía Arendt comenzó a estudiar el caso Dreyfus a su llegada a los Estados Unidos en 1941, impulsada por Salo Baron, quien ocupó la primera cátedra universitaria en historia judía establecida en América (Kristeva, 2001: 109). En 1942, Arendt publicó su primer artículo en inglés, en donde hacía una comparación entre Theodor Herzl y Bernard Lazare,5 dos testigos del caso Dreyfus que sacaron distintas conclusiones: el primero vio la necesidad de crear un Estado judío, mientras el segundo consideraba que la cuestión territorial era secundaria y creía que el pueblo judío debía movilizarse políticamente junto con los otros grupos oprimidos de Europa (Arendt, 2007: 339-340). Arendt mostró mayor simpatía por Lazare y su concepto del paria consciente como aquel que asume su condición de excluido y se rebela en contra de la opresión (Arendt, 2009). Lazare había hecho de la cuestión judía una cuestión política y, del mismo modo, Arendt decía al salir de Europa que el judaísmo se había convertido en su problema y que éste era un problema político.6 En 1929, después de terminar su tesis sobre el concepto del amor en San Agustín, Arendt comenzó a redactar una biografía de Rahel Varnhaguen para obtener la Habilitation (calificación que se otorga en algunos países después del doctorado y da derecho a la docencia). Este personaje de finales del siglo xviii representaba para Arendt el fracaso de la asimilación de los judíos a la sociedad alemana.7 En esos mismos años, antes de abandonar Alemania para emigrar a París en 1933, Arendt trabajó para una organización sionista reuniendo evidencias y publicaciones antisemitas en las organizaciones no gubernamentales nazis por encargo de Kurt Blumenfeld (Benhabib, 2009). Desde su llegada a los Estados Unidos en mayo de 1941, Arendt trabajó como columnista en Aufbau, un periódico neoyorkino en lengua alemana donde publicó una columna sobre temas judíos y expresó su apoyo a la creación de un ejército judío contra los nazis, pues ella siempre se manifestó a favor de una organización política del pueblo judío. Arendt fue también directora ejecutiva de la Jewish Cultural Reconstruction desde su establecimiento en 1948 hasta 1952, en una tarea de rescate de libros, objetos ceremoniales y artísticos judíos en Europa y su distribución entre distintas instituciones judías.8 La colaboración de Arendt en Aufbau9 terminó en 1942 tras sus críticas al sionismo, después de la Conferencia de Biltmore en donde Ben Gurion hizo un llamamiento a favor de un Estado 5
El artículo está publicado como “Herzl and Lazare” en Arendt (2007). “But now, belonging to Judaism had become my own problem, and my problem was political. Purelypolitical!”. Citado por Bernstein (1996: 21). 7 Véase: “La asimilación original. Un epílogo con motivo del primer centenario de la muerte de Rahel Varnhagen” en Arendt (2009). Véase también la biografía de Varnhagen en: Arendt (2000). 8 Véase el capítulo en la biografía escrita por Young-Bruehl (1993) donde analiza la vida de la autora desde 1933 a 1951. 9 No sin cierta ironía, Young-Bruehl (1993: 253) cuenta que su columna fue sustituida por “Zionistische Tribune”. 6
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judío en Palestina. Arendt se sintió más bien atraída por la propuesta de Yehudah Magnes de un Estado binacional en el seno de una federación árabe.10 En artículos como “La crisis del sionismo” (Arendt, 2009: 421-430), “Salvar la patria judía” (Ibíd., 2009: 484-499) y “Paz y armisticio en Oriente Próximo” (Ibíd., 2009: 523-553), Arendt expresó sus críticas al sionismo y su preocupación por el destino de la población árabe en Palestina en un Estado judío soberano, a lo que agregó que, siendo que los árabes no son ni siquiera mencionados en la Declaración de Independencia de Israel, sus únicas salidas son la emigración voluntaria o convertirse en ciudadanos de segunda clase. Sin poder desarrollar aquí el tema de la compleja relación de Arendt con el sionismo (Bernstein, 1996: 101-122),11 cabe destacar que su crítica principal a la dirigencia sionista reside en la contradicción de querer resolver la cuestión judía a partir de la creación de un Estado nación en el sentido europeo, gobernado por una población hegemónica y cuya lógica sitúa a las minorías en un estatus siempre problemático. Estas reflexiones sobre “la cuestión judía”, muchas de ellas publicadas en forma de artículos en revistas comunitarias como Aufbau o Menorah -y luego compilados en los Escritos judíos (2009)-, fueron integradas en Los orígenes del totalitarismo, donde se plantean problemas generales de política sobre los fundamentos de los Estados nación o la comunidad de naciones. La historia de los judíos europeos y del antisemitismo le ofrecieron a Arendt una plataforma para crear una teoría política12 y esto responde a la manera en que ella enfocó la cuestión judía, no leyendo la historia a partir del trágico final para culpar a la asimilación, sino para entender cómo se configuró el antisemitismo como un catalizador social y político. Analizar la crítica al Estado nación y a los derechos del ser humano a la luz del antisemitismo moderno, implica ahondar en uno de los aspectos más novedosos de la obra de Arendt, que fue mostrar que el antisemitismo moderno no es una continuación del antijudaísmo clásico sino un fenómeno distinto, un fenómeno político. La aportación de este análisis consistió en evitar la explicación lineal de un odio inmemorial al pueblo judío que llevaría directamente de la Edad Media a Auschwitz, al establecer una diferencia entre el antijudaísmo como la larga historia de relaciones entre judíos y gentiles basadas en la diferencia de fe, y el antisemitismo moderno como una ideología secular decimonónica. Arendt ve en el argumento del eterno antisemitismo un dispositivo para eludir la responsabilidad, una idea que justifica el odio a los judíos y lo vuelve casi intrínseco a lo humano. Esta 10
Véase: “Sionismo reconsiderado” en Arendt (2009). Sobre las críticas de Arendt al sionismo y su relación con la organización “Brit Shalom” que proponía el binacionalismo, véase el artículo de Amnon Raz-Krakotzkin (2011). 11 También véase: Butler (2012); y sobre las críticas a Ben Gurion y al Estado de Israel como Estado nación, véase: Idith Zertal (2007). 12 Sobre la tensión entre universalidad y particularismo en Hannah Arendt, sus discusiones con intelectuales sionistas como Scholem o con un intelectual alemán como Enzensberg, y la posibilidad de un cosmopolitismo judío, véase: Sznaider (2007).
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opinión también ha sido adoptada, dice Arendt, por las comunidades judías que, al sentir debilitados los antiguos valores religiosos y espirituales por la asimilación, han querido ver en él una eterna garantía de la existencia judía (Arendt, 1998: 31). No obstante, los prejuicios contra los judíos durante la Edad Media no son comparables con el antisemitismo de un anti-dréyfusard en el París de fines del siglo xix; para este último, el antisemitismo era algo más que un rechazo a la población de origen judío: era un código social que hacía del judío un catalizador negativo.13 La cita de Roger Martin du Gard que encabeza el capítulo intitulado “El antisemitismo como un insulto al sentido común” reza: “Este es un siglo notable que comenzó con la revolución y acabó con el ‘affaire’. Tal vez se le llame el siglo de los desperdicios” (Arendt, 1998: 28). El París en el que Arendt se refugió en 1933 ya estaba plagado de propaganda antisemita de organizaciones como Propagande Nationale, Rassemblement Anti-Juif de France, el Centre de Documentation et de Propagande y el Mouvement Anti-Juif-Continental, además de Action Française (Young-Bruehl, 1993: 212); desde 1936 se habían organizado grupos fascistas, si bien eran distintos entre ellos, algunos incluso eran anti-alemanes. En esta propaganda resonaba la experiencia de los años de la década de 1880, cuando se había capitalizado la cuestión judía como parte de una plataforma política -por ejemplo en el movimiento boulangista y más tarde del Partido Nacional que se oponía al parlamentarismo- que hizo del antisemitismo un elemento de unión nacional y una posibilidad de hacer un llamamiento electoral a las capas marginales de la población, e inauguró un discurso en el que los judíos eran definidos no como miembros de una religión o de una cultura, sino como un problema nacional. El caso Dreyfus, como desarrollaremos más adelante, dio lugar a una confrontación entre quienes atacaban al general Dreyfus por traidor -por lo general la derecha antirrepublicana y los monárquicos católicos- y quienes estaban convencidos de su inocencia y a favor de su restitución. A pesar de que Francia tuvo la experiencia de la victoria de los segundos, el antisemitismo basado en la idea del judío como un cuerpo externo infiltrado en la nación, permaneció como un código cultural y social. No obstante, el quiasmo entre la revolución y sus ideales humanistas y el affaire radicaba, según Arendt, en un problema político intrínseco a la constitución del Estado nación, ya que el Estado había hecho “de la nacionalidad un prerrequisito de la ciudadanía y, de la homogeneidad de la población la relevante característica del cuerpo político” (Arendt, 1998: 34). En Los orígenes del totalitarismo, Arendt subrayó un problema intrínseco al Estado moderno que se presenta bajo la forma de un conflicto entre el Estado y la nación. La Revolución francesa había combinado los derechos del hombre con la soberanía nacional, lo que implicaba una contradicción puesto que la nación estaría simultáneamente sujeta a leyes 13
Véase: Volkov (2006).
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universales pero, al ser soberana, no se sometería a nada superior a sí misma. El resultado fatal de esta contradicción fue que los derechos humanos fueron reconocidos e implementados sólo como derechos nacionales, pues si bien eran “inalienables”, explica Arendt, “en el momento en que los seres humanos carecían de su propio gobierno y tenían que recurrir a sus mínimos derechos no quedaba ninguna autoridad para protegerles ni ninguna institución que deseara garantizarlos” (Ibíd., 1998: 243). En una reseña del libro de J.T Delos La Nation, publicada en The Review of Politics en enero de 1946 (es decir, cinco años antes de la publicación de Los orígenes del totalitarismo), Arendt hizo hincapié en los conceptos de nación, ciudadanía y nacionalismo, fundamentales para entender su crítica del Estado nación. La nación -explica Arendt a partir del concepto que ofrece Delos- es el pueblo que toma consciencia de sí mismo de acuerdo con su historia; es el “milieu” en el que nace la persona (Arendt, 1946: 139). En cambio, el Estado es una sociedad abierta que gobierna sobre un territorio donde sus poderes protegen y dictan las leyes; el Estado sólo conoce ciudadanos, sin importar la nacionalidad a la que pertenecen. El nacionalismo, apunta Arendt en ese mismo texto, significa esencialmente la conquista del Estado por medio de la nación y, por ende, la identificación del ciudadano como nacional. El nacionalismo se basa, según Arendt, en la correlación que se estableció entre ciudadanía y nacionalidad: “El nacionalismo es esencialmente la expresión de esta perversión del Estado en un instrumento de la nación y de la identificación del ciudadano con el miembro de la nación” (Arendt, 1998: 197). Si la ciudadanía se identifica con la nacionalidad, es decir, con la construcción de una comunidad con base en elementos comunes -la lengua, los límites geográficos, la religión- el judío, que había representado una alteridad dentro del contexto europeo, estaba destinado a ser el blanco de la ira de los movimientos nacionalistas. El hecho de que a los judíos alemanes, durante el nacionalsocialismo, se les desposeyera de la ciudadanía y fueran desconocidos por el Estado señalados como un cuerpo externo e inclusive dañino para la nación, permite cuestionar cómo se concede la ciudadanía y qué garantías ofrecen los Estados para dar igualdad social y permitir las diferencias culturales. A este respecto Marc Crépon, refiriéndose a Hannah Arendt, escribe: ¿Qué es la ciudadanía desde el punto de vista de la historia? No un derecho imprescriptible que uno poseería de nacimiento, sino una gracia que es acordada y puede ser retirada. Tal es la naturaleza del chantaje que constituye el verdadero rostro de la soberanía del Estado nacional. Soberano, el Estado nunca lo es tanto –y nunca de manera tan cruel y brutal– que cuando decide quién es y quién puede volverse ciudadano, y para quién es algo imposible (Crépon, 2012: 48).
Si la ciudadanía es una especie de gracia que puede ser retirada por una decisión soberana, tratar el tema del nacionalismo y el antisemitismo permite ahondar en la naturaleza de la soberanía, que no se despliega sin cierta crueldad, como bien señala Crépon. La misma Nacionalismo y antisemitismo ⎥ 347
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Arendt fue apátrida durante 18 años, hasta que adquirió la ciudadanía americana, y no dejó de exponer el problema de los numerosos apátridas y refugiados que pedían –y piden– asilo a Estados que no parecen garantizar sus derechos civiles ni prestar cobijo a su vulnerabilidad. La reflexión iniciada por Arendt en Los orígenes del totalitarismo ha dado lugar a trabajos sobre el Estado nación,14 el cosmopolitismo15 y el lugar de los extranjeros en las democracias.16
La asimilación es la entrada de los judíos en el mundo histórico europeo El título de esta sección proviene de un texto intitulado “La asimilación original” con motivo del centenario de la muerte de Rahel Varnhagen, escrito entre 1937 y 1938, que inicia con el siguiente párrafo: Parece que hoy en Alemania la asimilación judía debe declarar su bancarrota. El antisemitismo social general y su legitimación oficial afecta en primera instancia a los judíos asimilados, que ya no pueden protegerse mediante el bautismo ni enfatizando sus diferencias con el judaísmo [de la Europa] oriental (Arendt, 2009: 97).
El fracaso se produjo, según Arendt, por la correlación que se había efectuado entre la emancipación, es decir, el otorgamiento de derechos políticos que en términos generales se utilizó para hablar de la incorporación de los judíos al Estado, y una integración cívica que ya no exigía su conversión. En su artículo “Antisemitismo”, Arendt data el origen de este proceso en 1781, cuando el jurista e historiador ilustrado, amigo de Moses Mendelssohn, Christian Wilhem Dohm publica su libro: “Über die Bürgerliche Verbesserung der Juden” (“Sobre el mejoramiento de la condición civil de los judíos”) y diez años más tarde la Revolución francesa otorga a sus habitantes judíos la igualdad política, económica y jurídica. Esto no quiere decir que los judíos representaran un grupo homogéneo o que quisieran la emancipación en los mismos términos, - los sefaradíes de Burdeos, por ejemplo, eran mucho más favorables a la emancipación que los askenazíes de Alsacia y Lorena-. Más bien, el debate sobre la emancipación o “la cuestión judía” que refiere al concepto de igualdad que surge en la Revolución francesa, es una pregunta en torno a la concepción de la ciudadanía en la nación laica. La emancipación fue coetánea, según Arendt, de un cambio profundo en la estructura del Estado: por un lado, la conversión del Estado en un representante de la nación 14
Véanse: Beiner (2005); Butler y Spivak, (2007). Véase: Benhabib (2006). 16 Véanse: Honig (2003); Benhabib (2004); y Crépon (2008). 15
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y, por otra, los cambios económicos que hicieron del Estado un complejo empresarial con fines administrativos (Arendt, 1998: 38). La secularización provocó un cambio rotundo en la vida de los judíos europeos pues, una vez admitidos como ciudadanos, pasaron de la posición prepolítica del gueto a ser actores políticos y sociales.17 Arendt muestra que en este proceso de adquirir la igualdad ante la ley, las comunidades judías perdieron las protecciones especiales que les habían sido otorgadas por los monarcas del antiguo régimen: “la emancipación significó igualdad y privilegios, la destrucción de la autonomía de la antigua comunidad judía” (Arendt, 1998: 35). Arendt sostiene que antes de los edictos de emancipación, cada monarca de Europa contaba con un judío palaciego que manejaba los asuntos financieros, que eran individuos aislados y tenían créditos intereuropeos (Arendt, 1998: 38), privilegios que perdieron cuando el Estado nación ya no requirió de sus servicios financieros y la economía entró en una lógica imperialista. Se le ha criticado a Arendt generalizar este argumento -que podría sonar antisemita- a los distintos Estados. Según Birbaum y Katznelson, por un lado, no en todos los Estados los judíos prefirieron mantener sus privilegios como judíos de la corte, de menos en Francia los judíos podían acceder a las funciones del Estado desde el segundo imperio (Birnbaum y Katznelson, 1995: 99-100); por otro lado, el poderío de los banqueros judíos era más limitado de lo que se creía, por ejemplo, los Rothschild en el siglo xix tenían un papel limitado en el banco central y mucho menor que los banqueros católicos o protestantes, si bien eran comúnmente representados como el símbolo del capitalismo (Ibíd., 1995: 108). Importa subrayar que la igualdad ante la ley y la ciudadanía se obtienen de manera individual y la emancipación se refiere a los individuos. El resultado de la emancipación -es decir, de la integración de los judíos a la sociedad- fue muy distinta para cada individuo y muy diferente en cada país, inclusive en distintas provincias. Por ejemplo, en Italia no sólo se emancipó sino que se nacionalizó a los judíos; en el siglo xix los judíos de Viena se habían integrado socialmente a tal grado que podían acceder a la educación superior, a la esfera de las profesiones y al ejército, mientras que los judíos de otras provincias de Austria como Galicia y la Bukovina no estaban integrados socialmente y estaban marginados económicamente. La emancipación de los judíos fue dependiendo de los cambios políticos en cada país; así, la Rusia zarista no concedió la emancipación ni legal ni política, mientras que los bolcheviques permitieron un alto nivel de integración de los judíos como ciudadanos soviéticos (Ibíd., 1995: 26). Los conflictos derivados del nacionalismo iniciaron cuando se extendió el concepto de “identidad nacional” y cuando la ciudadanía sentó sus bases en la nacionalidad pues, como lo señala Enzo Traverso, más que el pasaje de judío a ciudadano, se trataba del pasaje de judío a francés. El célebre discurso del Conde Clermont-Tonnerre en la Asamblea Nacional 17
Sobre la emancipación de los judíos europeos, véase: Birnbaum y Katznelson (1995).
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Francesa, el 23 de diciembre de 1789, lo resume en una frase: “Il faut tout refuser aux Juifs comme nation : il faut tout leur accorder comme individus”.18 No es que la emancipación o la cuestión judía fuesen temas centrales en la Revolución francesa tanto como la emancipación lo fue para las comunidades judías. A los judíos se les confirió la ciudadanía siempre y cuando estuvieran dispuestos a limitar sus diferencias al ámbito de lo privado: “ser un hombre en la calle y un judío en casa” (Arendt, 1998: 74). Siguiendo al conde de Clermont-Tonerre, los judíos debían abandonar su “nación” para pertenecer a la nación francesa. De hecho, éste último concluye su discurso en la Asamblea diciendo que es repugnante tener dentro del Estado una asociación de no ciudadanos, una nación dentro de la nación.19 Esta idea de una nación dentro de la nación, que es completamente falsa según Arendt, va a caracterizar al antisemitismo moderno haciendo del “judío” el símbolo del desarraigo, de la deslealtad, de lo transnacional. Para muchos judíos la emancipación significó asimilarse por la vía del alejamiento del judaísmo. Karl Marx participó en el debate sobre la emancipación en la respuesta que dio a Bruno Bauer, un joven hegeliano quien en 1843 publicó La cuestión judía (Bauer y Marx, 2009). En el ensayo sostenía que los judíos no podían pedir la emancipación en un Estado cristiano, sino que debían emanciparse del judaísmo tanto como el Estado de la religión. Bauer recurría a varios prejuicios clásicos en contra del judaísmo como la idea del particularismo o antiuniversalismo, y llegaba a afirmar que los judíos eran egoístas al pedir su emancipación y no la de todos los alemanes o la de todos los seres humanos.20 Marx criticó la postura de Bauer, pues consideraba que el nivel de su análisis estaba por debajo de las cuestiones que eran realmente cruciales: la emancipación de la humanidad de una sociedad basada en la propiedad privada. En su respuesta a Bauer, Marx externa las paradojas que conlleva la emancipación al preguntarse a qué emancipación aspiran los judíos alemanes: ¿los judíos piden reconocimiento político y derechos como judíos o como personas? Si para Bauer la emancipación es de la religión y por ende el judío debe abandonar el judaísmo para adoptar la ciudadanía – “ir por ejemplo en sábado a la Cámara de Diputados” (Bauer y Marx, 2009: 130)-, para Marx la pregunta se invierte: ¿para conseguir la emancipación política se tiene el derecho a exigir del judío la abolición del judaísmo y del hombre en general la abolición de la religión?” (Ibíd., 2009: 132). Marx propondrá no sólo la emancipación de los judíos del judaísmo sino la emancipación de toda la sociedad de “lo judío”.
18
“Es necesario rechazar a los judíos como nación; es preciso acordarles todo en tanto que individuos”. “Contre la discrimination à l’égard des bourreaux, des comédiens, des protestants et des juifs” (Furet y Halévi, 1989: 247). 20 Véase: Nirenberg (2013: 433-434). 19
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Si bien Arendt considera que el joven Marx es injustamente acusado de antisemita y su escrito forma parte de los discursos comunes de su época,21 Marx recurre a la vieja construcción antijudía que hace de “lo judío” algo independiente de los judíos, un elemento operativo o conceptual,22 y piensa en una liberación de la humanidad de “lo judío” como la esencia misma del egoísmo burgués y del capitalismo. Sin embargo, La cuestión judía da pie para pensar una amplia gama de cuestiones políticas, pues la emancipación formula una pregunta sobre la identidad y su reconocimiento por parte del Estado a partir de la concesión de derechos.23 La cuestión judía, dice Marx, no es teológica como lo es para Bauer, sino que es “una verdadera cuestión secular” (Bauer y Marx, 2009: 132). El antisemitismo moderno no se podría entender sin estas relaciones entre el Estado, la ley, la identidad política y la identidad religiosa, entre emancipación social y emancipación política. En este sentido, lo importante es entender de qué manera se plantea la emancipación y cómo de facto ocurre la integración, cómo se otorga el reconocimiento a una minoría a partir de conferirle derechos. Arendt, como muchos intelectuales judíos de la época, consideró esta disyuntiva falsa y se inclinó por el cosmopolitismo, en el que no había por qué elegir entre lo universal y lo particular sino una sociedad étnica y culturalmente plural. Es importante recordar que el cosmopolitismo había sido uno de los flancos de ataques de la ideología nazi, al que relacionaba con una conspiración judía internacional, mientras que los partidos nacionalistas lo oponían al arraigo patrio (Arendt, 1998: 26). En muchos casos, la pertenencia a la nación venía acompañada de una ambigua exigencia de asimilación. Arendt la describe en el caso de los judíos europeos como la de ser un judío excepcional y no comportarse como judío (Arendt, 2007: 86), y recuerda que la asimilación existió sobre todo entre los judíos intelectuales –para ella, Moses Mendelssohn, el impulsor de la Haskalá o Ilustración judía era el prototipo de judío excepcional– al tiempo que se sabe que varios de estos judíos ilustrados se sintieron incómodos ante la inmigración de judíos polacos o judíos de Europa del Este.24 El problema fue que la asimilación, a pesar de las diferencias entre las distintas comunidades judías en relación con las naciones que habitaban, nunca se percibió como cumplida y Arendt -siguiendo a Bernard Lazare- concluye que el judío, de ser un paria, se convirtió en un advenedizo (parvenu) en aquel que a pesar de haber logrado asimilarse culturalmente, y a pesar de haber obtenido el éxito económico y profesional, seguía siendo visto por la sociedad como arribista. Lazare decía que 21
“Que el judío Karl Marx pudiera escribir de la misma forma que aquellos radicales antijudíos sólo probaba cuán poco había en común entre este tipo de argumentación antijudía y el antisemitismo declarado” (Arendt, 1998: 51). 22 El argumento principal del libro de Nirenberg (2013) es mostrar cómo opera este elemento conceptual de “lo judío” en la historia de occidente. 23 Véase: Brown (1995). 24 Bernard Lazare escribió en un texto de 1890, del que después reniega: “Que m’importe à moi, Israélite de France, des usuriers russes, des cabaretiers galiciens prêteurs du gage, des marchands de chevaux polonais, des revendeurs de Prague et des changeurs de Francfort?” Citado en: Traverso (1997: 29).
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el judío se debía convertir en un paria consciente, que resiste a la opresión y entra en la escena política como un rebelde. Arendt considera que Lazare inventa una categoría política a partir de la situación y de la existencia política del pueblo judío.25 No es casualidad que Arendt se haya interesado justo antes de su huida de Alemania y durante su refugio en París por el personaje de Rahel Varnhagen, una judía nacida en 1771 en Berlín que llegó a tener uno de los salones más célebres gracias a “su inteligencia original” (Arendt, 1998: 70) y que hizo el proceso de paria a advenediza para, al final de su vida, hacerse consciente de la exclusión. Arendt comenzó a escribir la biografía intelectual de Rahel Varnhagen en 1929, la concluyó en 1933 y sólo la publicó hasta 1957 (Arendt, 2000).26 El título de la versión alemana de 1959 es Lebensgeschichte einer Deutschen Juden aus der Romantik (“Vida de una judía alemana durante el Romanticismo”). Rahel Levi había nacido en una familia judía ortodoxa y sus primeras cartas habían sido escritas en yiddish. Entre 1790 y 1806, el salón de Rahel fue uno de los más célebres en la Alemania del romanticismo, al que asistieron grandes personalidades de las letras y de la política. En 1814, Rahel se convierte al cristianismo -si bien ya en 1808 el gobierno de Prusia había concedido a los judíos derechos cívicos27- y se casa con Karl August Varnhagen. Según el análisis de Arendt, Rahel vivió el proceso de la asimilación a la “gran sociedad” como una identificación activa: además de sacrificar cada impulso, tenía que incorporar con el bautizo el antijudaísmo como parte de la historia de la civilización occidental (Bernstein, 1996: 20). Los títulos que Arendt da a los dos últimos capítulos son bastante reveladores en cuanto a su propia posición y modo de comprender este conflicto: “Entre paria y advenediza” y “Uno no escapa a su judeidad”. Hacia el final de su vida, Rahel padeció las contradicciones de la emancipación y el antisemitismo de algunos intelectuales románticos que la obligan a asumir su condición de paria después de todos sus esfuerzos para asimilarse a la elite de la sociedad alemana. Rahel, que fue reconocida en su época por su inteligencia y dominio de las letras, demostró en el rechazo a su propio judaísmo esa exigencia de excepcionalidad de la emancipación, del judío individual que quería liberarse de su judaísmo y ser parte de la sociedad alemana. Arendt analiza la contradicción psicológica que acecha a Rahel entre el deseo de escapar del judaísmo y la confrontación con un mundo hostil a sus orígenes. Sin embargo, si hubo un cambio entre la Rahel festejada por su salón y aquella percibida como advenediza, éste reside en el supuesto de igualdad de la ciudadanía. Arendt explica en el texto para el centenario de la muerte de Rahel, que el salón fue la oportunidad de aparecer como persona pública, pero esa forma de emancipación se termina con los ciudadanos que no representan ningún rango social ni tienen porque “presentarse” en sociedad (Arendt, 2007: 22-28). Por 25
Véanse: Arendt (1944 y 2004). Véase la introducción de Liliane Weissberg a la edición en inglés de Rahel Varnhagen: The Life of a Jewess (1997). 27 Los derechos políticos sólo se concedieron en 1812 después de la derrota de Napoleón, que sólo fueron suprimidos por las leyes de Nurenberg en 1933. 26
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otra parte, como ya dejaba prever Rahel, los judíos se iban a enfrentar a un antisemitismo que nunca había sido eliminado, justo cuando se les había concedido la ciudadanía y la igualdad social. Por eso Arendt enfatiza: “los judíos se convirtieron en parias sociales allí donde dejaron de ser proscritos políticos y civiles” (Arendt, 1998: 72). Si bien el antisemitismo al que se enfrentó Rahel era social y no político, lo que Arendt resume en ese doble paso de paria a advenedizo y de advenedizo a paria consciente es el nacimiento del antisemitismo moderno como una ideología secular en el contexto del Estado nación moderno y el destino del paria como aquel que no tiene derecho a la existencia política. Arendt asume que “los nazis comenzaron su exterminio de los judíos privándoles de todo status legal (el status de ciudadanía de segunda clase) […]” (Ibíd., 1998: 246-247). Pero es necesario entender de qué manera el antisemitismo, que parecía un fenómeno social marginal, se convirtió en el dispositivo político central del totalitarismo nazi, y cómo se formó una cultura del antisemitismo.
La cultura del antisemitismo El antisemitismo moderno tiene un punto de inflexión en el caso Dreyfus,28 cuando a finales de 1894 el primer judío que había sido nombrado oficial del Estado Mayor francés fue acusado de espionaje a favor de Alemania, luego degradado militarmente en la plaza pública y finalmente condenado a la pena de cárcel en una dependencia de ultramar. Esto despertó en la sociedad francesa un fuerte sentimiento antisemita que designó a los judíos como “traidores”, aquellos que a pesar de haber sido emancipados e integrados en la nación, guardaban un secreto. Lo que Arendt subraya del caso Dreyfus es la manera en que una nación hizo de la cuestión judía un problema de política interior: “Éste fue el primer ejemplo del éxito del antisemitismo como agente catalítico de todas las demás cuestiones políticas” (Arendt, 1998: 60). Dos años después de la condena se descubrió que Dreyfus era inocente, sin que esto llevara a que se revisara la sentencia: el Tribunal de Casación sólo la anuló hasta 1898. Una semana más tarde del fallo, Dreyfus fue indultado por el presidente de la República, aunque no fue rehabilitado sino hasta 1906. El caso Dreyfus fue de enorme relevancia tanto nacional como internacional y marcó la cultura política francesa; como bien señala Arendt: “Todavía en nuestra época el término antidreyfusard puede servir como nombre reconocido para designar a todo lo que es antirrepublicano, antidemocrático y antisemita” (Ibíd., 1998: 94). Entre las publicaciones que marcaron el tono de la opinión pública en la Francia de la época y crearon una cultura de antisemitismo, figura de forma prominente La France 28
Para una revisión amplia sobre el caso Dreyfus, véase: Bredin (1993).
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Juive (1886) de Édouard Drumont, que ganó una inmensa popularidad con tesis como las que sostenían que el antisemitismo nunca había sido una cuestión de orden religioso, sino que siempre había sido un problema económico y político (Volkov, 2006: 149). Este tema, como señala Volkov, sería tan efectivo en las calles de París como en las de Berlín o en la Westfalia rural. Otro de los intelectuales antidréyfusistas fue Maurice Barrès, que durante la agitación por el caso Dreyfus concursó en 1898, aunque sin éxito, para diputado en la Asamblea Nacional Francesa por Nancy con una plataforma llamada “Nationalisme, protectionnisme, socialisme”, teniendo como una de sus metas impedir la coalición de lo que él consideraba las fuerzas del mal: los judíos, los extranjeros, los marxistas, los intelectuales kantianos desarraigados, los hombres de dinero relacionados con las finanzas internacionales, los grandes burgueses y los liberales de todo tipo (Sternhell, 1973).29 Según Zeev Sternhell, Barrès fue un autor célebre en su época, periodista, personaje político e intelectual, precursor del fascismo al crear la relación entre autoritarismo político y socialismo, ideología antiliberal y un discurso revolucionario antiburgués (Sternhell, 1973: 51). Barrès fue el primero en transformar la xenofobia y los prejuicios contra los judíos en un arma política. El boulangismo30 de Barrès, que contribuyó al nacionalismo fin de siècle como una combinación de anticapitalismo, antisemitismo y romanticismo revolucionario, dio al nacionalismo patriótico un halo de socialismo: la lucha de los desheredados a través del proteccionismo económico contra la mano de obra extranjera. En Los orígenes del totalitarismo Arendt subraya: “No es el caso Dreyfus con sus procesos, sino el affaire Dreyfus en su totalidad, el que ofrece un primer destello del siglo xx” (Arendt, 1998: 95) Algunos rasgos del discurso de Barrès resultaron aportaciones novedosas para crear esa cultura del antisemitismo -por ejemplo- al hacer una contraposición entre la Francia profunda y rural, y el judío que no puede trabajar con el cuerpo (Ibíd., 1998: 63), una figura que se convirtió en una constante del antisemitismo de la izquierda contra el liberalismo económico y que personificó la pérdida de la soberanía en manos de las finanzas bajo la imagen de Rothschild. En 1890, Barrès escribió en su diario que el eslogan “fuera los judíos” debía entenderse como “fin a las desigualdades sociales” (Sternhell, 1973: 61), lo que recuerda el célebre eslogan de Glagau de diez años antes: “Die soziale Frage ist die Judenfrage” (“la cuestión social es la cuestión judía”). En la “Lettre d’un Antisémite” (1889), Barrès propone legislar para crear ciudadanos de segunda, lo que parece incidir en la idea de que el antisemitismo se revela 29
Sobre la derecha francesa, véase el trabajo del mismo autor (1978). El boulangismo fue un movimiento político durante la Tercera República Francesa (1870-1940). Debe su nombre al general Georges Boulanger quien fuera ministro de guerra y se caracterizó por tener un discurso bélico y nacionalista. Su movimiento, que inquietó al gobierno, fue apoyado tanto por monarquistas que estaban en contra de la República como por los sectores populares.
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como un catalizador de las tensiones sociales. Arendt concluye que si Hitler pudo avanzar rápidamente en Francia fue porque su propaganda hablaba en un lenguaje familiar y nunca completamente olvidado. Ahora bien, surge la duda de por qué la Action Française31 no triunfó como lo hizo el nazismo, a lo que Arendt responde: “Carecían de una visión social y eran incapaces de traducir en términos populares aquellas fantasmagorías mentales que había engendrado su desprecio por el intelecto” (Arendt, 1998: 95). No obstante, no sólo hubo un cambio entre intelectuales sino también una transformación de los valores morales dentro de la sociedad francesa. No es casualidad que en Los orígenes del totalitarismo Arendt recuerde a Swann, el personaje de la novela de Proust que frecuentaba el salón de Madame des Guermantes y que, al igual que Rahel Varnhaguen, había afrontado el antisemitismo y la soledad. Arendt recuerda que al salón de los Guermantes también asistía Charlus, un aristócrata homosexual que no sólo deja de ser excluido sino que se convierte en el atractivo para quienes frecuentaban el salón.32 Arendt considera que la historia de Proust revela las fallas de la tolerancia y de la perversión de la sociedad del Faubourg Saint Germain al convertir el delito en vicio, y con ello, escribe Arendt: “la sociedad niega toda responsabilidad y establece un mundo de fatalidades” (Arendt, 1998: 86). Arendt subraya la manera en la que Proust describe esa curiosa relación entre judaísmo y homosexualidad en la Francia de fin de siglo, las dos como identidades transgresoras relacionadas en el discurso médico de la época con la enfermedad y el vicio de una masculinidad hipertrofiada e histérica,33 más que tolerancia, una atracción mórbida por lo prohibido: “No dudaban de que los homosexuales fueran ‘delincuentes’ ni de que los judíos fueran ‘traidores’; sólo revisaban su actitud hacia el delito y la traición” (Arendt, 1998: 86). Esta falsa tolerancia -o mejor dicho, esa decadencia moral- se cifraba en un gusto por lo exótico que en cualquier momento podía transformarse en una abyección: “Proust describe extensamente cómo la sociedad, siempre en busca de lo extraño, lo exótico y lo peligroso, identifica lo refinado con lo monstruoso” (Ibíd., 1998: 87). Si bien la demonización de los judíos se remonta a los inicios del cristianismo,34 esta excepcionalidad -que resultaba en cierta medida atractiva- fue condenada por el nacionalismo que encontraba en el elemento judío una ruptura con su ambición de uniformizar, con la idea de una unidad cultural e inclusive racial. El nacionalismo alemán hizo del judío el cuerpo extranjero al Volk. En los países germánicos, donde según Shulamith Volkov el 31
La Action Française fue un movimiento promonárquico que surgió en 1898 en contra de Dreyfus. Se caracterizó por su retórica nacionalista, anti-republicana y antisemita. 32 Arendt se refiere principalmente al iv tomo de En búsqueda del tiempo perdido: “Sodoma y Gomorra”. 33 Sobre la relación entre homosexualidad y condición judía en la obra de Proust, véase: Freedman (2003) donde se analiza la utilización de categorías usadas para definir a los judíos en el discurso médico para hablar de la raza de los sodomitas, y cómo estas dos identidades se juegan en el caso Dreyfus. 34 Quizás hasta Egipto, como lo sugiere David Nirenberg (2013).
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nacionalismo precedió al Estado nación, se recurrió a la xenofobia para marcar la pertenencia nacional a través de la exclusión; sin embargo, el antisemitismo no fue el elemento unificador sino hasta 1870 del nacionalismo radical, que anteriormente utilizó a otros enemigos reales o imaginarios (por ejemplo, la campaña antifrancesa en la era napoleónica, los movimientos antirrusos, anticatólicos o en contra de los socialdemócratas). El ataque a la minoría judía se reveló más efectivo para la unificación que lo que hubiese sido una lucha contra la social democracia, y logró unificar a las clases proletarias y a las clases medias contra la ecuación liberalismo/capitalismo durante el crash de 1873, que más adelante hará del antisemitismo el sinónimo de antimodernidad, acompañado de la idea de un imperio germano y la elevación de la guerra, o el culto a la Alemania ancestral y aristocrática en oposición a la revolución socialista.35 Lo importante para entender la crítica de Arendt al Estado nación a partir de estas transformaciones culturales reside en que la ciudadanía o la pertenencia al Estado (Staatsangehörigkeit) se distinguen de la nacionalidad (Volkszugehörigkeit), de la pertenencia a una esencia cultural y espiritual.36 Ernst Renan, en su célebre conferencia “¿Qué es una nación?” (2007 y 2010) pronunciada en La Sorbona en 1882, se cuestionaba la visión etnográfica como base de la nación e inclusive que la lengua o la religión fueran el elemento común. Para Renan, la nación es un principio espiritual, una conciencia moral; y esto explica por qué en Francia el judío será más que una raza degenerada, el significante negativo de ese espíritu, su antítesis. Los judíos fueron percibidos como los extranjeros de la nación –o de la raza– justo cuando se les concedió la ciudadanía, lo cual dio lugar al mito del “complot judío”, de ese enemigo extranjero que supuestamente amenaza a la nación desde su interior (Traverso, 1997: 44). Arendt recuerda que el caso Dreyfus justamente estuvo marcado por la idea de un complot: (…) el mundo ya no recordaba fácilmente que no hacía mucho tiempo, en la época en que ‘Los Protocolos de los Sabios de Sión’ eran desconocidos, toda una nación se había devanado los sesos para tratar de determinar si era la ‘Roma secreta’ o la «secreta Judá» quienes sujetaban las riendas de la política mundial (Arendt, 1998: 96).
No obstante, Arendt hace aquí una diferencia, ya que para ella el antisemitismo de los Estados totalitarios no se puede explicar a partir del chauvinismo de Barrès: a pesar de toda la mistificación del espíritu que conformaba al sujeto nacional, no había en él nada que pudiese convertirse en el antisemitismo racial que tuvo lugar en el siglo xx. Arendt explica que el nacionalismo de Barrès o Maurras nunca hubiese asumido que alguien que tuviera un 35
Véase en particular el capítulo “Antisemitism as a Cultural Code” en Volkov (2006). Véase: Traverso (1997: 27).
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total desconocimiento de la cultura o de la lengua francesa pudiese ser francés por alguna cualidad del cuerpo o del alma. Arendt encuentra este giro en lo que ella llama el nacionalismo tribal que fue resultado de la expansión imperialista37 y la dominación de pueblos extranjeros a través de la invención de la raza así como de la burocracia: Sólo con ‘la ensanchada conciencia tribal’ surgió esa peculiar identificación de la nacionalidad con el alma de cada uno, ese orgullo intimista que ya no se preocupa exclusivamente de los asuntos públicos, sino que penetra en cada fase de la vida privada hasta que, por ejemplo, ‘la vida privada de cada verdadero polaco... es una vida pública de polonidad’ (Arendt, 1998: 194).
Esta invasión de la nación en la vida privada hizo del antisemitismo no sólo una forma actualizada del odio a los judíos, sino una ideología. Arendt hace una diferencia fundamental entre el antisemitismo como fenómeno cultural en el que los judíos debían ser excluidos de la nación y el antisemitismo político que aspiraba a la purificación de la nación a través de la expulsión del elemento judío del alma nacional. Según Arendt, dos rasgos van a caracterizar este paso del antisemitismo cultural al político: 1) la fuerza que toma el “populacho”, y 2) la conversión del Estado en un representante de la nación. Arendt define al “populacho” en la introducción a su obra como “los déclassés de todas las clases” (Ibíd., 1998: 33), que no es simplemente un fenómeno social sino un fenómeno político de organización de las masas y para el cual los eslóganes antisemitas resultaron muy efectivos. La novedad del antisemitismo político ligado al nacionalismo fue la de hacer el descubrimiento de que “al promover slogans tales como ‘¡Mueran los judíos!’ o ‘Francia para los franceses’, se descubría una fórmula casi mágica para reconciliar a las masas con la situación existente en el Estado y en la sociedad” (Ibíd., 1998: 105). Este fortalecimiento del “populacho” se vio acompañado de ciertas políticas públicas como la del plebiscito. Arendt cita las frases de Clemenceau en donde éste critica la importancia que se le concedía al pueblo: Con el claro consentimiento del pueblo -escribió Clemenceau-, han proclamado ante el mundo el fracaso de su ‘democracia’. (…) El pueblo no es Dios. (…) Un tirano colectivo, extendido a lo largo y a lo ancho del país, no es más aceptable que un solo tirano acomodado en su trono (Ibíd., 1998: 110).
De alguna manera, la fuerza que habían adquirido las masas iba en detrimento de la democracia. Por su parte, el segundo rasgo es el que develará una de las mayores paradojas que Arendt encuentra en el Estado nación: cuando el Estado se puso al servicio de la nación y la soberanía pasó a manos del “populacho”: 37
Para una visión más general de los estudios sobre el imperialismo en Arendt, véase Mantena (2010).
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El Estado, cuya suprema tarea consistía en proteger y garantizar a cada hombre sus derechos como hombre, como ciudadano y como nacional, perdió su apariencia legal y racional y pudo ser interpretado como nebuloso representante de un «alma nacional» a la que, por el mismo hecho de su existencia, se la suponía situada más allá o por encima de la ley. La soberanía nacional, en consecuencia, perdió su connotación original de libertad del pueblo y se vio rodeada de un aura pseudomística de arbitrariedad ilegal (Ibíd., 1998: 197).
De alguna manera, el alza del antisemitismo en Europa responde, según Arendt, a una crisis de la soberanía: mientras que el monarca reinaba sobre un territorio, un presunto origen común -expresado sentimentalmente en el nacionalismo- fue el único nexo social que consiguió asociarse a la combinación de la soberanía popular y la lucha por el control de la maquinaria del Estado. El mayor problema fue que la ley también se puso al servicio del “alma nacional”, lo que propició actuaciones arbitrarias: “el Estado pasó en parte de ser instrumento de la ley a ser instrumento de la nación” (Arendt, 1998: 197). Arendt vio en el caso Dreyfus la posibilidad de analizar las paradojas del Estado nación y de este cambio en la soberanía. En la introducción de Los orígenes del totalitarismo escribe: el caso Dreyfus “(…) permite ver, en un breve momento histórico, las potencialidades de otro modo ocultas del antisemitismo como destacada arma política dentro del marco de la política del siglo xix y de su relativamente bien equilibrada cordura” (Ibíd., 1998: 33).
Las paradojas del Estado nación y el antisemitismo moderno El drama de los judíos de Europa no se puede comprender cabalmente si no se toma en cuenta la historia que va de la emancipación a la pérdida de la ciudadanía, de la asimilación a la desnaturalización y a la forzada condición de apátrida; pero esto sólo puede entenderse en el contexto de los Estados nación y los acuerdos internacionales sobre el trato a minorías que se establecieron después de la Primera Guerra Mundial. La disolución del imperio Austrohúngaro (un imperio multinacional y multiétnico) y la aparición de Estados nación en configuraciones políticas que habían sido multinacionales, puso en relieve el problema de las minorías y de los refugiados que fueron desnacionalizados por los gobiernos victoriosos. El problema principal de los Estados nación es que estaban diseñados con base en la homogeneidad de la población y su enraizamiento en el solar patrio (Ibíd., 1998: 227). Sin embargo, eso nunca fue cierto en tanto que las regiones tenían distintos componentes étnicos y Arendt cita en una nota a pie de página: “Mussolini tenía toda la razón cuando escribió después de la crisis de Múnich: Si Checoslovaquia se encuentra ahora en lo que puede llamarse una ‘situación delicada’ es porque no es sencillamente Checoslovaquia, sino Checo-Germano-Polaco-Húngaro-Ruteno-Rumano-Eslovaquia” (Arendt, 1998: 227, nota 5). Algunos de 358 ⎥ Miriam Jerade Dana
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los Estados que se crearon, sobre todo en Europa central, integraban distintos pueblos como los eslovacos en Checoslovaquia, o los croatas y eslovenos en Yugoslavia, o Polonia que se componía de rusos, lituanos, germanos y judíos. Sin embargo, dentro de estas configuraciones, los judíos eran una minoría interestatal pero difícilmente se podía pensar en ellos como una minoría nacional que lo único que podía pedir en común era la libertad de culto. Arendt subraya un problema en cuanto a la soberanía territorial de los Estados nación, pues ejercían su derecho tanto de otorgar o negar la ciudadanía como de deportar a aquellas minorías que creían inconvenientes, y escribe a este respecto: “Teóricamente, en la esfera de la ley internacional había sido siempre cierto que la soberanía en ningún lugar resultaba más absoluta como en cuestiones de ‘emigración, nacionalización, nacionalidad y expulsión’” (Ibíd., 1998: 233). Además, según Arendt, algunos gobiernos temían que las minorías colocaran sus intereses nacionales por encima de ellos mismos, y subraya que los discursos interpretativos de los tratados “daban por supuesto que la ley de un país no puede responsabilizarse de las personas que insisten en tener una nacionalidad diferente” (Ibíd., 1998: 231). La fatal consecuencia fue que el Estado se convirtió en un instrumento de la ley y ésta en un instrumento de la nación; así, “la nación había conquistado al Estado; el interés nacional tenía prioridad sobre la ley mucho tiempo antes de que Hitler pudiera declarar ‘justo es lo que resulta bueno para el pueblo alemán’” (Ibíd., 1998: 231). Las minorías estaban sujetas a los tratados sobre minorías garantizados por la Sociedad de Naciones pero, según Arendt, esto abre una primera paradoja, pues los tratados sobre minorías no confiaban a los gobiernos la protección de los ciudadanos, sino que la encargaban a la Sociedad de Naciones. Ahora bien: “Las minorías eran sólo medio apátridas; de jure pertenecían a un cuerpo político, aunque necesitaran una protección adicional en forma de tratados y de garantías especiales” (Ibíd., 1998: 231). La retirada en masa de la ciudadanía fue un fenómeno inédito que comenzó con la Primera Guerra Mundial, primero en Francia en 1915 en donde se aplicaron medidas a “ciudadanos nacionalizados de origen enemigo” y luego Bélgica en 1922 “promulgó una ley que cancelaba la nacionalización de personas que habían cometido actos antinacionales durante la guerra” (Ibíd., 1998: 233, nota 25). Otras naciones promulgaron una legislación para poder desembarazarse de algunos grupos étnicos de su población o habitantes que consideraban indeseables. Esto último es para Arendt la mayor paradoja de la política contemporánea: los apátridas “habían perdido aquellos derechos que habían sido concebidos e incluso definidos como inalienables, es decir, los derechos humanos” (Ibíd., 1998: 226). Arendt subraya que el hecho de que millones de personas vivieran al margen de la protección legal normal y necesitaran una garantía adicional, hizo que las minorías estuvieran siempre en una delgada línea en la que podían perder sus derechos más elementales como el de residencia. Esta excepción se convirtió en norma y algunas poblaciones sin Estado nación que las cobijara dieron lugar a los “desplazados”, aquellos a quienes ninguna nación les daba el derecho de Nacionalismo y antisemitismo ⎥ 359
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residencia. Se llegó a la situación aún más trágicamente paradójica de que a los apátridas se les reconocía la mayor de las veces el derecho a la repatriación en su país de origen, mientras que los “desplazados” no tenían un país que los reclamara. Es por ello que al final de la Segunda Guerra Mundial se llegó a crear un número mayor de “nacionalidades”, entre las que se incluye la propugnada por el sionismo, que responde a esta idea de que sólo un Estado nación con una población homogénea, una lengua y una historia nacional común podía resolver la cuestión judía (Arendt, 2009: 421-430). Los tratados sobre minorías develaron dos fallos de base. En primer lugar, supusieron romper con el principio medieval quid est in territorio est de territorio, “porque en todos los demás casos los Estados modernos tendían a proteger a sus ciudadanos más allá de sus propias fronteras” (Ibíd., 1998: 235). Además dieron lugar a una nueva noción de nacionalidad: Los tratados de minorías expresaban en un lenguaje claro lo que hasta entonces sólo habíase hallado implicado en el sistema de funcionamiento de los Estados nación, es decir, que sólo los nacionales podían ser ciudadanos, que sólo las personas del mismo origen nacional podían disfrutar de la completa protección de las instituciones legales, que las personas de nacionalidad diferente necesitaban de una ley de excepción hasta, o a menos que, fueran completamente asimiladas y divorciadas de su origen (Arendt, 1998: 231).
Sin embargo, aun aquellos que estaban asimilados a una cultura nacional -como los judíospodían sufrir la reducción a la condición de apátridas que, como vemos en el párrafo antes citado, significaba el desamparo de las instituciones legales. Quienes habían perdido la protección de un gobierno nacional -como los judíos- solamente tuvieron la posibilidad de convertirse en criminales; los apátridas sin derecho a residencia y sin derecho a tener trabajo debían constantemente transgredir la ley. Arendt señala: “Su condición no es la de no ser iguales ante la ley, sino la de que no existe ley alguna para ellos” (Ibíd., 1998: 246). Esta identificación entre los apátridas (statelesness) y los sin ley (rightlessness) llevó también, según Arendt, al colapso de una de las leyes más sagradas de las comunidades políticas como es el derecho de asilo.38 Arendt señala otro aspecto que será fundamental para entender el surgimiento de los Estados totalitarios: “La Nación-Estado, incapaz de proporcionar una ley a aquellos que habían perdido la protección de un gobierno nacional, transfirió todo el problema a la policía” (Ibíd., 1998: 240). Es esta transferencia la que hará de los Estados totalitarios Estados policíacos; esta transferencia de poder se hizo en nombre de la “seguridad nacional”. De nuevo, la paradoja más importante en esta situación fue la pérdida de los derechos humanos más elementales, esos derechos que la Revolución francesa había proclamado 38
Sobre las paradojas del Estado nación en Arendt, véase: Volk (2010).
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como inalienables. El problema, según Arendt, es que dichos derechos -que cada hombre en particular encarnaba desde su propia dignidad sin referencia a ningún orden exteriorse referían “a un ser humano ‘abstracto’ que parecía no existir en parte alguna” (Ibíd., 1998: 243). El colonialismo fue un ejemplo de cómo esa universalidad opera siempre de manera fragmentada: todos los seres humanos tienen derechos; sin embargo, para los colonos imperialistas, los negros o los nativos no entraban en la categoría de seres humanos y Arendt inaugura un campo de estudio, el de pensar cómo las colonias africanas o asiáticas fueron un espacio experimental en el que los derechos humanos podían suspenderse y en donde la ideología de la raza legitimaba matanzas administrativas. Lo que Arendt expone y, es quizás donde se cifra la agudeza de su análisis sobre las paradojas de los derechos humanos, es que, como lo expresa Seyla Benhabib, el “derecho a tener derechos” no presupone a un individuo prepolítico sino que se refiere a la condición civil del ciudadano concreto que pertenece a una polis (Benhabib, 2013: 271). No obstante, la soberanía popular puede negar a algunos el derecho a tener derechos. De ahí que Arendt concluya sobre la manera en que los derechos del ser humano pasaron a ser los derechos del pueblo: “Como la Humanidad, desde la Revolución francesa, era concebida a imagen de una familia de naciones, gradualmente se hizo evidente en sí mismo que el pueblo, y no el individuo, era la imagen del hombre”. (Ibíd., 1998: 243) Y esto se agudizaría a medida que el “populacho” se fuera convirtiendo en “el agente directo del nacionalismo” (Arendt, 1998: 109). Esta confusión entre los derechos del ser humano y la soberanía popular mostraba también una fractura en la democracia, por eso Arendt dice que resulta completamente concebible “y se halla incluso dentro del terreno de las posibilidades políticas prácticas, que un buen día una Humanidad (…) llegue a la conclusión totalmente democrática -es decir, por una decisión mayoritaria- de que para la Humanidad en conjunto sería mejor proceder a la liquidación de algunas de sus partes” (Ibíd., 1998: 249). Justamente, esto último es lo que Arendt le reclamará a Eichmann cuando escribe sus conclusiones del juicio en Jerusalén: decidir que una parte de la humanidad no tenía derecho a existir. En la última parte de “El Imperialismo” intitulada “La decadencia de la Nación-Estado y el final de los derechos del hombre”, Arendt analiza de qué manera la exterminación de los judíos europeos fue resultado de un largo proceso que despojó a los judíos su estatus legal: Sólo en la última fase de un proceso más bien largo queda amenazado su derecho a la vida; sólo si permanecen siendo perfectamente “superfluos”, si no hay nadie que los “reclame”, pueden hallarse sus vidas en peligro. Incluso los nazis comenzaron su exterminio de los judíos privándoles de todo estatus legal (el estatus de ciudadanía de segunda clase) y aislándoles del mundo de los vivos mediante su hacinamiento en ghettos y en campos de concentración; y antes de enviarles a las cámaras de gas habían tanteado cuidadosamente el terreno y descubierto a su satisfacción que
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ningún país reclamaría a estas personas. El hecho es que antes de que se amenazara el derecho a la vida se había creado una condición de completa ilegalidad (Ibíd., 1998: 246).
Quizás el mayor drama de esos judíos europeos convertidos en parias fue justamente esto que Arendt enuncia: que la vida sólo se mantiene si la persona es reclamada por una comunidad política. A partir del antisemitismo, Arendt muestra una fractura del Estado nación que desde la Revolución francesa identificó al pueblo con la nación e hizo de las minorías una anomalía, y seguirá insistiendo en la pregunta sobre qué significa que ciertos seres sean “superfluos” y que nadie los reclame. Si bien después de la Segunda Guerra Mundial se crearon algunas instituciones para resolver el problema de los refugiados, Arendt no resolvió -como bien lo señala Seyla Benhabib- cómo pensar comunidades democráticas que no sigan el modelo del Estado nación moderno (Benhabib, 2005: 55-56). Las violencias en las fronteras, las migraciones económicas y el acceso a la membresía política para algunas poblaciones sigue siendo un problema inminente.
Conclusión En una reciente entrevista con el diario El País, Louis Alliot, el vicepresidente del Front National (el partido de extrema derecha francés), declaró: Teníamos la rémora del antisemitismo, pero nos reunimos con las asociaciones de esa comunidad [judía] y les dejamos claro que reconocemos lo que pasó en la II Guerra Mundial y que no tenemos prejuicios hacia los judíos. Les explicamos que nos preocupa la islamización de Francia, la inmigración que quiere imponer su fe y no respeta la Constitución. Al parecer, el antisemitismo se ha convertido para el partido de extrema derecha francés y su ideólogo en una rémora, mientras que los musulmanes y los gitanos –según declaraciones de Marine Le Pen, la presidenta del mismo partido– son ahora el problema nacional (El País, 2013).
Con motivo del atentado terrorista a la redacción de la revista “Charlie Hebdo” llevado a cabo el 7 de enero de 2015, después de unos días de duelo nacional que solidarizó a buena parte de la población con el eslogan “Je suis Charlie” y reunió la manifestación más grande después del fin de la Segunda Guerra Mundial, Francia ha vuelto a un debate sobre lo que significa ser francés y el lugar que ocupa la población musulmana dentro de la nación con un gran énfasis en la asimilación. Lo que se ha puesto al descubierto es también la marginalidad de los descendientes de inmigrantes de antiguas colonias francesas y poblaciones musulmanas, según declaraciones del ministro del interior Manuel Valls, de un apartheid territorial, social y étnico (Le Monde, 2015a) lo que conduce a una parte de los jóvenes de 362 ⎥ Miriam Jerade Dana
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esa población de origen inmigrado a identificarse con la lucha de un Islam imaginado, que oponen a la república o a Occidente.39 El peligro de Francia -como escribió Didier Fassin (2015)- es no reconocer que la identidad nacional se construye a expensas de aquellos a quienes no se les otorga una total membresía política ya sea por su origen, su raza, su religión o su clase social; es también ignorar las desigualdades sociales y la marginación. Ese mismo 7 de enero, unas horas después, hubo un ataque a un supermercado kósher, que junto con otros atentados como el de Mohamed Mera en Toulouse contra una escuela judía en 2012 o el asesinato a Ilan Halimi en 2006, muestran una nueva judeofobia que Enzo Traverso define de la siguiente manera: “Su blanco es una minoría que tras haber encarnado históricamente una figura de la alteridad interna al mundo occidental, ha pasado a convertirse en la actualidad en símbolo de este mismo mundo occidental” (Traverso, 2014: 158). Vemos que, pese al cambio de enemigo, persiste la misma retórica que Arendt describía como síntoma del fracaso del Estado nación, caracterizado por la producción de excluidos, refugiados, marginales. Edward Said y otros han señalado que en Europa la islamofobia40 ha tomado el lugar del antisemitismo, y a pesar de que cada uno de estos fenómenos tiene raíces históricas, teológicas y políticas muy distintas -ya que uno refiere a la pureza del Estado nación, mientras el otro se insertó en el contexto de la globalización y del problema de la migración-, es sobre todo la idea del peligro lo que permanece en el discurso político. Este escenario hace eco de las reflexiones de Arendt en Los orígenes del totalitarismo, pues la islamofobia y sus connotaciones racistas ven a ciertos individuos como culturalmente incapaces de formar parte de la nación, y piensan una ciudadanía más étnica o cultural que cívica. Justamente, hablar de islamofobia -como antes de antisemitismo- es referirse a algo que siempre se despliega en la retórica de la sospecha, es la formulación de un enemigo en el ámbito de una cultura del miedo y, en ese sentido, lo que interesa es comprender la permanencia simbólica de cierta retórica en la configuración del Estado nación. Esta situación nos remite a la reflexión que Arendt hace del antisemitismo como un código cultural que políticamente era eficaz para lograr una cohesión nacional, pero que demostró la necesidad de concederle derechos políticos a las minorías y denunció el problema de postular los derechos humanos en nombre de un individuo abstracto. No obstante, sigue siendo necesario hacer una defensa de la diversidad tal como Arendt lo hizo en su reporte del juicio a Eichmann, al explicar que los crímenes nazis habían sido crímenes contra la humanidad, “un ataque a la diversidad humana como tal” (Arendt, 1999: 160). En la especie de juicio que Arendt dirige a Eichmann en el Epílogo a Eichmann en Jerusalén, ella
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Sobre este Islam imaginario, que además es una ruptura con el Islam de la primera generación de migrantes (es decir, sus padres) y que responde a prácticas de comunicación occidental, véase: Le Monde (2015b). 40 Véanse: Said (1978); Anidjar (2003).
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habla de compartir la tierra y de habitar el mundo, como si hubiese una posibilidad de superar la lógica del Estado nación: Y del mismo modo que tú apoyaste y cumplimentaste una política de unos hombres que no deseaban compartir la tierra con el pueblo judío ni con ciertos otros pueblos de diversa nación -como si tú y tus superiores tuvierais el derecho de decidir quién puede y quién no puede habitar el mundo-, nosotros consideramos que nadie, es decir, ningún miembro de la raza humana, puede desear compartir la tierra contigo. Esta es la razón, la única razón, por la que has de ser ahorcado (Ibíd., 1999: 166).
Habría que pensar las dos nociones de “compartir la tierra” y “habitar el mundo”, teniendo como fundamento que un deseo por cuidar la pluralidad y reconocer la singularidad que el nacimiento le confiere a cada individuo, debiese ser superior a cualquier ansiedad nacional por resguardar una identidad.
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El papel del Estado en el alivio a la pobreza en la era neoliberal Una aproximación teórica The State’s Role in Alleviating Poverty in the Neoliberal Era A Theoretical Approach Christian Iván Becerril Velasco∗ Recibido el 13 de noviembre de 2014 Aceptado el 26 de mayo de 2015
RESUMEN
ABSTRACT
A diferencia de lo dictado por el Consenso de Washington, que sostiene que la intervención estatal para la ayuda a los pobres exacerba la pobreza, el presente trabajo examina si es el grado de debilidad institucional de los Estados en desarrollo lo que impide su alivio. El documento se divide en cinco secciones: en la primera, se presentan descriptivamente las reformas implementadas por el Consenso de Washington en América Latina y el consecuente desmantelamiento del Estado de bienestar; en la segunda, se expone la importancia de la intervención estatal en la coordinación de la economía para evitar la pobreza y la violencia social; en la tercera, se explora el papel del Estado bajo la lógica del actual paradigma fundamental de alivio a la pobreza; en la cuarta, se discute la relación entre las capacidades institucionales del Estado y
Differing from what has been stated by the Washington Consensus indicating that state intervention to help the poor only exacerbates poverty, this work examines if the degree of institutional weakness of the developing States is what prevents them from reaching a solution. The article is divided into five sections. In the first section, the reforms implemented by the Washington Consensus in Latin America are presented descriptively, as well as the subsequent dismantling of the Welfare State. In the second section, the importance of state intervention in the coordination of the economy to avoid poverty and social violence is exposed. In the third, we explore the role of the State under the current logic of the fundamental paradigm for poverty alleviation. In the fourth, the existing relationship between the institutional capacities of the
∗ Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, Universidad Autónoma del Estado de México; maestro en Estudios para el Desarrollo Político y Social, Universidad of East Anglia, Reino Unido; doctor en Ciencia Política, Universidad de York, Reino Unido. Actualmente es subdirector de área adscrito al Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (México). Sus líneas de investigación son: desarrollo y economía política, políticas públicas de empleo. Correo electrónico: ivanbecemx@hotmail.com. Traducción del original en inglés de Lucía Rayas.
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la pobreza; finalmente, la última sección ofrece las conclusiones.
State and poverty is discussed. Finally, the last section presents conclusions.
Palabras clave: Consenso de Washington; intervención estatal; pobreza; Estado predatorio; Estado desarrollista.
Keywords: Washington consensus; state intervention; poverty; Predatory State; Developmental State
Introducción Desde fines de la década 1970, el marco político económico de México y, en general, de América Latina, experimentó una amplia transformación que transitó de un esquema de desarrollo encabezado por el Estado a uno neoliberal. Después de la Gran Depresión de fines de la década 1920 y de la Segunda Guerra Mundial, los Estados del mundo enfrentaron grandes presiones por controlar los excesos del capitalismo; en consecuencia, la época de la postguerra estuvo marcada por estrategias de desarrollo emprendidas por los Estados dando origen a los llamados Estados de bienestar en el que la prosperidad, la igualdad y el pleno empleo, guardaban equilibrio (Esping-Andersen, 1990: 18-33). Los países latinoamericanos no fueron la excepción. En términos amplios, la estrategia latinoamericana de desarrollo económico descansaba en la intervención estatal para alentar la industrialización de sus países y proteger a la industria interna de la competencia internacional por medio de los programas de industrialización por sustitución de importaciones (isi). No obstante, los Estados latinoamericanos no sólo fueron incapaces de desarrollar algún sector productivo que les permitiera competir a nivel internacional, sino que mayoritariamente dependieron de préstamos internacionales y/o de las ganancias derivadas de la producción de petróleo para mantener su gasto social (Moreno-Brid, Pardinas y Ros, 2009: 156-158). En este contexto, la globalización de la economía y la caída del precio del petróleo a fines de los años 1970 tuvieron grandes efectos sobre las economías mexicana y latinoamericana que, a principios de los años 1980, sufrieron una gran crisis de deuda externa. Todo esto ocasionó considerables devaluaciones y altos niveles de inflación que, a su vez, contribuyeron a los crecientes niveles de desempleo, de desigualdad en el ingreso y de pobreza. En promedio, la deuda externa de los países de América Latina, como porcentaje del Producto Nacional Bruto (pnb) aumentó de 22.2% en 1975 a 62.1% en 1987; en el caso específico de México, pasó de 21.2% a 82% durante el mismo lapso. La tasa de inflación, por otro lado, aumentó de manera drástica, de 17.3% en 1972, a 1118.5% en 1990. Los casos más dramáticos fueron los de Argentina, Bolivia, Brasil y Perú. En México, la tasa de inflación llegó a su cima en 1985, con 63.7%. En cuanto a los índices de pobreza, utilizando una lógica de “un dólar al día” para medir la pobreza extrema, Londoño y Székely encontraron que 370 ⎥ Christian Iván Becerril Velasco
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la cantidad de personas en situación de pobreza extrema se duplicó a lo largo de los años 80, aumentando de 35.7 millones en 1980, a 73.1 en 1990 (Londoño y Székely, 1997: 16). Tal como notaron Centeno y Cohen (2012), los académicos aún no llegan a un acuerdo respecto a las causas principales de la crisis. En aquel momento, no obstante, la interferencia estatal se señaló como la principal culpable, y se consideró que la mejor solución era el retiro de su intervención en la economía, permitiendo que los mercados siguieran sus dinámicas propias. Estos puntos de vista se cristalizaron en las reformas del Consenso de Washington, que traerían consigo estabilidad macroeconómica, aumentarían el empleo, y reducirían la desigualdad de ingresos y la pobreza. Estas reformas comenzaron a ponerse en práctica a principios de los años 80 del siglo pasado y constaban, en lo fundamental, de dos estrategias principales orientadas al mercado: la reducción del tamaño del Estado y la apertura de los sectores económicos, para permitir que los mercados se ajustaran de manera adecuada -por su propia dinámica- a las nuevas condiciones y retos planteados por el nuevo orden global. De manera paradójica, las reformas estructurales puestas en vigor a fines de los años 70 y principios de los 80 empeoraron aún más aquellas tendencias, exacerbando los niveles no sólo de desigualdad de ingresos, sino también de desempleo y pobreza.1 Así, una pregunta relevante sería, ¿qué impide que el Estado alivie la pobreza? En décadas recientes ha habido un consenso general en torno a que, al interior de los países desarrollados y en desarrollo, una fuerte institucionalización del mercado de trabajo no sólo ha mejorado los impactos de la transformación global que comenzó en las décadas de 1970 y 1980, sino que también ha sido más importante para el alivio de la pobreza que los altos niveles educativos (Chang, 2010: 179; Evans y Sewell, 2013: 48). La finalidad de este artículo es examinar el grado en el que la debilidad institucional del Estado podría ser lo que impide el alivio a la pobreza. Sostenemos que, a diferencia de la ideología neoliberal de las reformas impuestas por el Consenso de Washington (que supone que la intervención estatal para ayudar a los pobres exacerba la pobreza) es la debilidad de las capacidades institucionales de los Estados en desarrollo lo que pudiera impedir dicho alivio. Este documento se divide en cinco secciones: en la primera, explicaremos de manera breve la ideología neoliberal de las reformas del Consenso de Washington; en la segunda, consideraremos la importancia de la intervención estatal para el alivio de la pobreza; en la tercera sección exploraremos el papel del Estado bajo la lógica del actual paradigma fundamental de alivio a la pobreza; en la cuarta sección discutiremos la relación entre las capacidades institucionales del Estado y la pobreza, y, finalmente, en la quinta sección ofrece conclusiones.
1
Véanse: Bayón (2009); World Bank (2006).
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La ideología neoliberal Según Evans y Sewell (2013), los países en desarrollo se volvieron parte de un mercado mundial en veloz integración al abrir sus sectores económicos, reglamentados por normas globales y administrados por instituciones de gobierno económico tales como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.2 Este nuevo marco regulatorio de la economía mundial se conoce comúnmente como “neoliberalismo” (o laissez-faire), el cual surgió como ideología y paradigma de las políticas económicas en los años 1970 y abrevó de las ideas del liberalismo clásico que buscaban ofrecer respuesta a la cuestión de los límites del poder del Estado, debido a la complejidad de los mecanismo económicos (Amable, 2011: 7; Evans y Sewell, 2013: 15-16). A la luz de las ideas del liberalismo clásico, al Estado le interesa ser precavido respecto a cualquier acto que afecte a la economía para poder tener una sociedad próspera (Amable, 2011: 8); en cambio, los ideólogos neoliberales como Hayek (1944), Friedman (1962) y Murray (1984), denigraron la idea de que el Estado fuera coordinador y garantía del bienestar de la sociedad. Para estos últimos, es un error pensar que el Estado debiera tener precaución en cualquier acto que afecte a la economía. En lugar de esto, arguyeron que su papel debía ser de activa intervención en la economía para garantizar una competencia libre y justa, bajo el imperio de la ley (Hayek, 2006: 79; Friedman, 1982: 13). De manera más precisa, el deber principal del Estado neoliberal es mantener el orden en el mercado, evitar interferir en la producción y el intercambio, y sancionar los ataques a la competencia entre individuos, que siempre está bajo la amenaza de aquellos grupos que intentan protegerse de su rigor y consecuencias (Amable, 2011: 10). Para principios de la década de 1990, la estabilidad macroeconómica se había alcanzado casi a nivel universal;3 el problema fue que las reformas del Consenso de Washington deshicieron las reglamentaciones y mecanismos de protección de la compensación socioeconómica que caracterizaba al Estado de bienestar, desarrollado entre los años 1930 y fines de los 1970. En consecuencia, la economía global se volvió más proclive a las crisis económicas, lo que ha limitado todavía más las medidas de compensación de las condiciones socioeconómicas de la población. Lo anterior ha afectado especialmente a los países de América Latina durante las últimas décadas, ya que la mayoría aún depende de las ganancias provenientes 2
Tal y como Chang y Grabel (2004) informan, el término “Consenso de Washington” a menudo se usa como sinónimo de neoliberalismo porque tanto el gobierno de los Estados Unidos de América como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tienen su base en Washington D.C. y son poderosos defensores de estas reformas (Chang y Grabel, 2004: 14). 3 A manera de ejemplo, la tasa de inflación en la región latinoamericana descendió de 1118.5% en 1990 a 26% en 1995. En el caso específico de México, la tasa de inflación bajó de 63.7% en 1985, a 29.9% en 1990, aunque volvió a elevarse a 52% en 1995, debido a la crisis económica de dicho año.
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de mercancías para mantener su gasto social.4 Países como Argentina, Brasil, Chile, México y Perú -entre otros- mantienen una dependencia exagerada sobre exportaciones mercantiles petroleras, minerales y de concentrados de metales comunes, de frijol de soya y otras semillas, aleaciones de cobre, desperdicios y deshechos no ferrosos, residuos y pulpa de papel, comestibles y carne; sin embargo, tal y como señalan Centeno y Cohen (2012), sin menoscabo de cuál sea nuestro punto de vista respecto a sus costos y beneficios, debemos entender al neoliberalismo como el triunfo de las ideologías de mercado. La primera gran victoria del mercado se dio en la arena de la academia. Los principios que subyacen al neoliberalismo instauraron sus monopolios primero en la economía, al poner énfasis en las consecuencias de maximización del bienestar del intercambio mercantil mediante el uso de modelos matemáticos (Evans y Sewell, 2013: 36). Una vez que conquistaron el medio académico, tanto los políticos en general como aquellos encargados de elaborar políticas públicas delinearon una guía económica para aplicar en el mundo en desarrollo y, después de 1989, en el mundo postsocialista. A ésta se le conoce como el Consenso de Washington (Centeno y Cohen, 2012). Como ideología política, el neoliberalismo exalta la superioridad de la distribución mercantil de bienes y servicios por sobre su provisión pública (Evans y Sewell, 2013: 36), y los sucesos más importantes que dispararon el establecimiento del neoliberalismo como ideología política a lo largo del mundo fueron las elecciones de Margaret Thatcher como primera ministra en Gran Bretaña (1979 a 1990) y de Ronald Reagan como presidente en Estados Unidos (1981 a 1989), dos potentes defensores del neoliberalismo en tanto que Estados Unidos era la potencia hegemónica mundial y Gran Bretaña su aliado más cercano en asuntos económicos y militares, aspectos con los que ejercieron presión sobre todos sus socios económicos para que incluyeran reformas neoliberales en sus agendas políticas (Sewell, 2009: 274). Como paradigma de políticas públicas, el neoliberalismo habla de las llamadas reformas del Consenso de Washington, cuya intención es aumentar el papel de los mercados en la regulación de la vida económica mencionado más arriba, tales como la desregulación de los mercados financiero y laboral, la descentralización de los servicios públicos, la reducción de impuestos, el debilitamiento de los sindicatos de trabajadores, el recorte del gasto público, etcétera (Evans y Sewell, 2013: 36-38). En conjunto, como teoría económica, 4
Por ejemplo, tal como se sostuvo, para poder ajustarse a la era global, el Estado mexicano reemplazó al sistema de isi y se embarcó en una estrategia de crecimiento apoyado en las exportaciones. El problema en este caso es que alrededor de 80% de las exportaciones mexicanas, principalmente mercancías, van a los Estados Unidos cada año, lo que deja a México en una posición muy vulnerable, ya que cualquier desaceleración significativa en la economía estadounidense, típicamente genera efectos adversos sobre la economía mexicana, como sucedió en 2008, cuando la recesión estadounidense afectó a la economía mexicana de manera negativa, así como a los niveles de pobreza alimentaria (Cárdenas, 2008: 276; Camp, 2011: 21). De hecho, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sostiene que, a lo largo de todo América Latina, la volatilidad de las exportaciones es más alta que la de las remesas o de la inversión extranjera directa. Véase: oecd (2010).
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ideología política y como paradigma de políticas públicas, el neoliberalismo despliega narrativas constitutivas que dan forma al comportamiento individual, al mismo tiempo que hace que la ideología política neoliberal y sus paradigmas de políticas públicas parezcan naturales (Hall y Lamont, 2013: 4; Evans y Sewell, 2013: 38). Así, la narrativa constitutiva más poderosa y efectiva, que justificó el desmantelamiento del Estado de bienestar, es la noción de que los programas sociales de ayuda a la población pobre crean un peligroso problema moral (Hirschman, 1991: 27-28; Somers y Block, 2005: 271-274). Tal como señalaron Somers y Block (2005: 271), se ha sostenido que la sociedad, tanto como la naturaleza, es un sistema autorregulatorio que, cuando se deja libre de intervención política, tenderá hacia el equilibrio y el orden Así, cualquier intento por controlar y mitigar incluso la más ruda de sus leyes naturales -tales como la escasez de alimentos- traería desequilibrio y desorden (Somers y Block, 2005: 273). En vista de lo anterior, los programas sociales para ayudar a los pobres crean incentivos perversos para que, quienes reciban servicios del Estado de bienestar, no salgan de la situación de pobreza mediante sus propios esfuerzos, lo que daría pie a una cultura de la dependencia del bienestar proveniente del Estado, con el que se agrava la pobreza (Hayek, 2006: 128-129; Friedman, 1982: 162-163). Según Hayek (2006: 52 y 214-215), la intervención estatal para ayudar a los pobres crea una cultura de dependencia porque evita la competencia, esto es, los individuos -con base en sus propias habilidades empresariales o al tenerlas que desarrollar- deben adaptarse constantemente a las dinámicas de oferta y demanda del mercado. Para él, un sistema competitivo es el único en el que nadie puede evitar que la gente logre sus metas económicas (Hayek, 2006: 107); entonces, ser pobre es un comportamiento elegido, ya que la ciudadanía es responsable de buscar oportunidades en el mercado laboral y de eludir, por sí mismos, los riesgos inevitables que implica ser emprendedor (Hayek, 2006: 104-127). No obstante, tal como señalaron Evans y Sewell (2013, 39-40), aunque las agendas políticas de muchos países del mundo fueron influidas por las reformas del Consenso de Washington, su adopción, su puesta en práctica y su respectiva falla o éxito, varió de acuerdo con el contexto interno y externo de cada país en particular. Así, la evidencia sugiere que, en el mundo en desarrollo, la pobreza se ha aliviado de manera más efectiva en aquellos países en los que las iniciativas neoliberales se han acompañado de una sólida institucionalización del mercado laboral, como en Brasil, Taiwán y Corea del Sur (Chang, 2010: 179; Evans y Sewell, 2013: 48). Por ejemplo, el cuadro 1 muestra cómo ha disminuido la extrema pobreza en Brasil de manera drástica durante las últimas décadas, en tanto que en México se ha reducido a un ritmo más lento. A diferencia del caso mexicano, el factor central que dio forma a la respuesta del mercado laboral brasileño ante la liberalización de la economía fue el hecho de
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que el Estado aprovechó su tradición desarrollista para poder ajustar el marco institucional de los mercados laborales a las nuevas condiciones (Haagh y Cook, 2005: 179).5 Cuadro 1 Población afectada por pobreza extrema, 1980-2009 (%) Año País
1981
1990
2000
2008
2011
México
13.48
18.32
15.20
11.20
….
Brasil
24.80
23.40
13.05
7.30
6.1
Fuente: cepal (2004, 2010 y 2012).
La importancia de la intervención del Estado para el alivio de la pobreza Para explicar por qué es importante que el Estado intervenga para aliviar la pobreza, primero tomaremos en consideración algunas ideas de la obra de Karl Polanyi (1944) y de T. H. Marshall (1950), quienes sucintamente expusieron la lógica del análisis de la economía política institucional para argumentar la importancia de la intervención estatal en la coordinación de la economía para evitar la aparición de la pobreza y la violencia social. En términos amplios, Polanyi arguyó que la importancia de la intervención estatal en la economía se apoya en el hecho de que existen mercados (laboral, de recursos naturales y de dinero) que no pueden abandonarse a su dinámica propia -tal y como pretenden los teóricos que promueven el libre mercado- porque, cuando sucede, es la ciudadanía la que carga con los costos de las fallas del mercado. Esto es, trabajadores, campesinos y empresas medianas y pequeñas se vuelven vulnerables ante las fallas de dichos mercados en tanto que se refuerzan unos a otros provocando el desempleo, o bien aumentando sus niveles y el de las desigualdades socioeconómicas entre la población, lo que detona males sociales tales como la pobreza y la violencia social (Polanyi, 2001: 90-140).
5 De Andrade, Dos Santos, Krein, Leone, Proni, Moretto, Maia, y Salas, (2010: 8-31) sostienen que los principales cambios introducidos fueron: la expansión e introducción de contratos legales abiertos (contratos laborales temporales, a tiempo parcial, etcétera); el aumento en la recaudación fiscal del Estado para enfrentar la creciente deuda pública; la adecuación de las instituciones, de manera que pudiera haber una verdadera puesta en vigor de los contratos abiertos, así como la negociación de las condiciones de empleo; la formalización de micro y pequeñas empresas, para las que se permitiera tener acceso a crédito y a programas de incentivos fiscales, lo que ha contribuido a la formalización de aquellos empleados contratados por negocios de pequeña escala; y el aumento del salario mínimo.
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El problema de permitir que dichos mercados sigan su dinámica propia es que, por un lado, las reducciones súbitas de la oferta de dinero y de crédito pueden ocasionar una caída general de los precios, lo que podría provocar la destrucción de empresas debido a que los costos de producción -por lo general fijos mediante contratos- queden iguales, ya que se requiere de un lapso antes de que se logre un ajuste respecto al nuevo nivel de los precios (Polanyi, 2001: 201-205). Por otro lado, la desregulación de los mercados laboral y de recursos naturales hace vulnerables a obreros y trabajadores agrícolas -en especial a aquellos que ocupan los lugares inferiores de la estructura social- quienes son propensos a caer en situación de pobreza, ya que viven bajo la amenaza de ser despedidos en cualquier momento o de no ser competitivos a nivel internacional porque sus competidores ofrecen mejores precios, y sin apoyo financiero para hacer frente a sus gastos de vida cuando quedan desempleados. De este modo, es necesario que el Estado intervenga para hacer ajustes a la oferta de dinero y crédito y evitar así las deflaciones que pudieran hacer que las empresas corran el riesgo de ser liquidadas, implementar políticas para el mercado laboral, mantener la continuidad de la producción de recursos naturales al proteger al campesinado de las importaciones, eludir el desempleo, e impedir que aparezcan males sociales tales como la pobreza y la violencia social. En este sentido, para Polanyi (2001: 3-4), un sistema capitalista de libre mercado como el que se estableció inicialmente en Inglaterra durante la Revolución industrial y que se expandió por toda Europa en el siglo xix, es una utopía que no puede alcanzarse sin destruir, al mismo tiempo, a la sociedad. La Gran Depresión de principios del siglo xx, sólo una década antes de la Primera Guerra Mundial fue, como planteó Polanyi, una de las secuelas del modelo de mercado autorregulado (Polanyi, 2001: 148-149). El principal problema con tal sistema, entonces, es que el Estado se aleja de la coordinación de la economía y pierde su fuerza para reaccionar a favor de la sociedad cuando fallan las instituciones del mercado, lo que acarrea un clima de inestabilidad económica que hace peligrar el orden social, ya que cada grupo social actuará por voluntad propia para proteger sus intereses (Polanyi, 2001: 258). El establecimiento de un mercado autorregulado es, por tanto, un suceso tan violento que los distintos grupos de la estructura social responderán con un contramovimiento para protegerse. El contramovimiento más sobresaliente en Inglaterra fue protagonizado por el movimiento laboral (Marshall y Bottomore, 1992: 73), debido a que los obreros estaban en extremo insatisfechos con las magras condiciones de trabajo y el desempleo surgidos por la desregulación del mercado laboral que el Estado británico había impuesto a favor del sector privado con el objetivo de volverlo más competitivo. Conforme pasó el tiempo y aumentó el número de desempleados y de pobres, diversos grupos sociales iniciaron un proceso de democratización, en especial los obreros, quienes lucharon por derechos políticos como el sufragio universal y el derecho a competir por un puesto de autoridad, ser parte del proceso de toma de decisiones y mejorar sus condiciones socioeconómicas. 376 ⎥ Christian Iván Becerril Velasco
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Tal como aseveran Marshall y Bottomore (1992), las luchas continuaron en el siglo xx y se extendieron para volverse campañas por los derechos sociales, instigadas por los sindicatos (1992: 73) que crearon, siguiendo la misma ruta, partidos políticos para organizar sus posturas y plantear sus demandas. El gran distanciamiento de los distintos grupos sociales respecto a los resultados del mercado autorregulador implicó que la era de la posguerra en el siglo xx estuviera marcada por estrategias de desarrollo dominadas por el Estado, con lo que su tamaño se expandió de manera considerable -en especial debido a la provisión de derechos sociales para los pobres y/o para los grupos vulnerables- lo que culminó con la creación del Estado de bienestar (Marshall y Bottomore, 1992: 8-49). Marshall sostuvo que, al principio, los derechos sociales se mantuvieron en niveles mínimos ya que el propósito general era sólo abatir la pobreza sin alterar el patrón de desigualdad que las élites habían establecido, que involucraba la necesidad de garantizar un ingreso mínimo para toda la ciudadanía en la forma de un derecho social con el fin de reemplazar al mercado como único mecanismo redistributivo (Marshall y Bottomore, 1992: 27-28). Sin embargo, con el tiempo, las élites políticas y las del sector privado se dieron cuenta que lo derechos sociales en realidad no representaban una amenaza al capitalismo, ya que liberaban a la industria de la responsabilidad social más allá del contrato laboral. Hasta ahora hemos sostenido que la intervención estatal es importante para reducir la desigualdad socioeconómica; procederemos ahora a exponer el papel que juega el Estado en el alivio de la pobreza, bajo la lógica del actual paradigma.
El papel del Estado en el alivio a la pobreza Adam Smith argüía que, en un sistema capitalista de libre mercado, la desigualdad socioeconómica es inevitable, y que el Estado juega un papel relevante en la igualación de las condiciones socioeconómicas de la sociedad, ya que una sociedad más productiva e igualitaria promovería el crecimiento económico. Smith se oponía a cualquier intervención o regulación que interfiriera con los mecanismos del mercado, siempre y cuando éstos no dañaran a los pobres, exacerbando las desigualdades socioeconómicas. El teórico ponía énfasis en la importancia de la intervención estatal para limitar el poder de los capitalistas, ya que podrían institucionalizar la pobreza y la desigualdad al obstaculizar el acceso a los servicios básicos como la educación. Tal y como Smith sostenía, las diferencias educativas ocasionaban que los trabajadores fueran incapaces de comprender tanto el medio que les rodeaba como las maneras de mejorar sus condiciones, al tiempo que las élites entendían perfectamente los intereses de la sociedad y utilizaban dicho conocimiento para su beneficio personal (Smith, 1976: 128). El papel
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La distribución de servicios educativos y de capacitación colaboraría a igualar las oportunidades laborales entre los pobres, cuestión que, para Smith, marcaba la diferencia en cuanto al éxito que pudiera alcanzar la gente para vivir una vida que, para ellos, fuera digna de vivirse. Para logarlo, Smith también pensaba que era importante tener un sistema fiscal progresivo que pudiera ayudar a que el Estado redistribuyera el ingreso y gastara en programas sociales y servicios públicos, ya que no era “inaceptable que los ricos contribuyeran al gasto público, no sólo de manera proporcional a sus ingresos, sino con algo más” (Smith, 1976: 825), en vista de que las acciones del Estado beneficiarían a los distintos grupos de la estructura social, desde los más pobres hasta los más pudientes. Más aún, al redistribuir la riqueza y el ingreso, los propietarios de los medios de producción y de la riqueza se protegerían a sí mismos ya que, de otro modo, la privación de capacidades forzaría a que los pobres mendigaran o robaran. Con base en las ideas de Adam Smith, y a partir de los decepcionantes resultados de la liberalización de la economía de los países en desarrollo durante las décadas 1970 y 1980, Amartya Sen (1993; 1999a y 1999b) criticó la lógica tras las reformas a favor del mercado que tomaban al desarrollo en términos de crecimiento económico. Según Sen, medidas tales como el aumento del producto nacional bruto (pnb) o la industrialización, no tomaban en cuenta los intereses de la gente por igualar sus oportunidades o contar con la libertad de buscar el modo de vida que deseaban. Por lo tanto, sugirió la idea de “capacidades” como aquella medida que posibilita tomar en cuenta los intereses de la gente por igualar sus oportunidades y disponer de la libertad de buscar el modo de vida que desea tener; así, la propone como la meta suprema del desarrollo tanto como el medio principal de lograr el crecimiento económico. Esta concepción se centra en el individuo y está más “preocupada por deshacerse de las desventajas o elementos que impiden la libertad, y por la creación de oportunidades para llevar vidas dignas de vivirse” (Anand y Sen, 1997: 2). En este sentido, la pobreza es una consecuencia del subdesarrollo humano, al tiempo que el desarrollo humano se define como la “capacidad que cada una de las personas puede tener -las varias funciones que alguien puede desempeñar”- (Sen, 1993: 30). Por consiguiente, las funciones son distintas de las mercancías; una mercancía es un objeto que una persona puede utilizar, tales como una casa o alimento, en tanto que una función a desempeñar tiene que ver con el aspecto referente a vivir del modo deseado por la persona. Así, y a diferencia de definiciones y medidas previas de la pobreza, que tan sólo eran comparaciones entre niveles de ingreso o niveles de vida (consumo) (Lister, 2004: 1), desde la perspectiva del enfoque de las capacidades, el ingreso y el consumo son tan sólo instrumentos para alcanzar aquello que en realidad importa: el rango de opciones y oportunidades para vivir de la manera deseada por el individuo. El logro de tal tipo de vida se determina por un conjunto de capacidades que representan las oportunidades que tiene una persona para alcanzar la vida deseada. Un aumento 378 ⎥ Christian Iván Becerril Velasco
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en las capacidades de cada persona mejorará su libertad de elegir el modo de vida que le es más valioso y que desea vivir. La percepción respecto al desarrollo humano, de este modo, consiste en el retiro de las fuentes principales de no libertad en lo social, lo político y lo económico, dispuestas en factores como la pobreza, la carencia de oportunidades económicas, el abandono de servicios básicos como la educación y la atención a la salud, la falta de oportunidades para participar en el proceso público de toma de decisiones, y la privación de la protección social. Eliminar estas fuentes, entonces, reforzaría y realzaría las capacidades de la gente para maximizar sus potencialidades (Sen, 1999b: 38-40). En vista de lo anterior, la pobreza se considera “la peor forma de privación humana, ya que puede implicar no sólo la ausencia de elementos necesarios para el bienestar material, sino también la negación de las oportunidades para llevar una vida tolerable” (Anand y Sen, 1997: 4). El cambio de paradigma del ingreso o el consumo hacia la noción de capacidades “aumenta la comprensión de la naturaleza de la pobreza y sus causas, al alejar la atención de los medios (como el ingreso), para llevarla a los fines. Esto es, que la gente tienen motivos para buscar, y de manera correspondiente, para alcanzar, las libertades para poder conseguir dichos fines” (Sen, 1999b: 90). Dentro de este marco, la pobreza implica la imposibilidad de emprender proyectos de vida autónomos, ya que los pobres carecen de las mismas oportunidades para adquirir o tener acceso a los medios para llevar a cabo sus proyectos. Como planteó Sen, la definición de las capacidades necesarias para eliminar las fuentes de no libertad -como la pobreza- debiera ser un asunto empírico, resultante de “una discusión y razonamiento públicos respecto a qué debiera incluirse y por qué, al interior de un medio democrático, que pudiera conducir a una mejor comprensión del papel, alcance e importancia de las capacidades particulares” (Sen, 2004: 77). Esta aseveración ha dado pie a distintos intentos de operacionalización, tanto empíricas como filosóficas; sin embargo, fue el Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) el que en la perspectiva de Sen alcanzó su mejor operacionalización, para convertirse en el principal paradigma de alivio a la pobreza desde 1990. En términos generales, una persona es pobre si él o ella carece de capacidades básicas en tres dimensiones: salud, educación e ingresos (esperanza de vida al nacimiento, años de escolaridad e ingreso nacional bruto per cápita); la consecuencia de estas carencias es que los pobres ven limitadas sus oportunidades de alcanzar sus metas sociales, políticas y económicas. Esto ha conducido a que haya un renovado énfasis en la importancia del papel del Estado como actor crucial para el alivio a la pobreza mediante la cobertura de servicios básicos tales como la atención a la salud o la educación, de modo que las personas pobres puedan obtener un ingreso sostenido dentro del mercado de trabajo para salir de la pobreza, lo que se materializa -entre otras políticas- con las transferencias monetarias condicionadas. Sin embargo, a diferencia de Adam Smith, quien señaló que el sistema fiscal era una herramienta importante que permitiría que el Estado igualara para que hubiera oportunidades para los El papel
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pobres en el reino de la ocupación, la perspectiva de Sen queda corta para explicar las causa o las consecuencias de una distribución o redistribución desigual de los servicios y recursos públicos que producen las desigualdades en cuanto a la posibilidad de obtener los medios para conseguir lo que se desea como proyecto de vida. Un ejemplo sería la desigualdad de ingresos para generar las capacidades y obtener un ingreso sostenido en el mercado de trabajo. De hecho, el Índice de Desarrollo Humano (idh) sólo compara entre la distribución real de los servicios de salud, la educación, los ingresos, y una distribución igualitaria ideal.6 Lo anterior hace que el paradigma del idh sea difícil de utilizar en contextos de gran desigualdad económica como en América Latina y algunos países de África donde, entre otros factores importantes, la debilidad institucional de los Estados es una de las causas clave que impiden la igual distribución de recursos y servicios así como la generación de algún impacto en el alivio a la pobreza. Por ejemplo, Saha (2008) encontró que, en los países de África subsahariana, la falta de participación de los pobres en el proceso político origina un enfoque mediocre en las políticas de reducción de la pobreza, así como malversación de las finanzas de aquellos proyectos orientados al combate a la misma, ya que se analizan de principio a fin por burócratas a quienes el fenómeno no les afecta de manera directa (Saha, 2008: 269). Ranis y Stewart (2012: 192), por otro lado, encontraron que un gasto social eficaz constituye una variable importante para la reducción de la pobreza en países de ingreso bajo o medio, como México o Túnez. Pero ¿qué es el Estado y cómo pueden contribuir o impedir sus capacidades institucionales al alivio a la pobreza?
Las capacidades del Estado para aliviar la pobreza El Estado y la regulación del mercado La idea del Estado moderno tal como la conocemos en la actualidad, nació en el siglo xvii en Europa, a partir de los Tratados de Westfalia de 1648, que reconocieron la autonomía y soberanía de los Estados que los suscribieron (Axtmann, 2004: 260). En los Estados premodernos, el control territorial estaba en manos de una autoridad tradicional o de una carismática. En el primero de los casos, la obediencia era un tema de lealtad personal dentro del área de las obligaciones habituales, ya se tratara de la ciudadanía o del personal administrativo; en el segundo caso, se obedecía a los líderes en virtud de la confianza personal que los ciudadanos o el personal administrativo tuvieran en sus cualidades (Weber, 1964: 328). Estos Estados se distinguían por la “ausencia de cualquier forma de infraestructura institucional para regir y gobernar, porque había una separación formal entre los gober6
El coeficiente Gini capta la idea de que una igualdad completa se manifestaría si cada persona ganara lo mismo, en tanto que una desigualdad total sería el resultado si una sola persona se hiciera de todo el ingreso nacional.
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nantes y los funcionarios que les resultaba útil tanto a ellos mismos como a la ciudadanía” (Leftwich, 2008: 216). Weber argüía que la operación de un sistema capitalista sólo podría florecer en un Estado cuya base fuera una regla racional de derecho adscrito -para su puesta en vigor- a un cuerpo burocrático profesional de organizaciones “jurídicamente ubicadas en un territorio determinado, a cargo de la elaboración y aplicación de políticas públicas para llevar a la práctica ciertas funciones del Estado utilizando, si fuera necesario, la fuerza” (Weber, 1978: 54). Para garantizar tanto la imparcialidad como la impersonalidad en el cumplimiento de la ley y la efectividad de la implementación de las políticas públicas, se debería reclutar a los burócratas con base en calificaciones técnicas puestas a prueba por algún examen, o por diplomas que certificaran alguna capacitación. Los burócratas, entonces, pueden ser remunerados con salarios que vayan de acuerdo con sus responsabilidades. Además, el empleo debiera ser estable y a tiempo completo, permitiéndoles seguir una carrera dentro del servicio público, ser promovidos con base en los años trabajados o en los logros alcanzados -o en ambos-, y tener una cadena de comando jerárquica y un conjunto de procedimientos basados en normas; así, sólo el jefe supremo de la organización ocupa su cargo de autoridad por virtud de la apropiación, la elección, o asignación como sucesor (Weber, 1964: 333-334). Para Weber, entonces, el Estado se conformaba por una organización de grupos de burócratas altamente calificados que reclamaban el control sobre algún territorio mediante su agregado institucional racional legal, investido con la autoridad para tomar decisiones vinculantes para el bien común de su ciudadanía, y utilizando la fuerza cuando fuese necesaria. El Estado ilustrado por Weber, sin embargo, era un tipo ideal cuyas características sólo se establecieron en los países desarrollados. En consecuencia, debido a las muchas diferencias en sus procesos formativos, una comparación con los países en desarrollo, carecería de sentido. Por lo tanto, debemos examinar con mayor detalle las características institucionales de los Estados en el mundo en desarrollo, para poder extraer algunas lecciones de otros Estados en condiciones semejantes.
Las capacidades de regulación del mercado y del Estado en el mundo en desarrollo Siguiendo el ideal weberiano, en la literatura se han clasificado tres tipos de Estado en el mundo en desarrollo: el Estado desarrollista, el predatorio y el intermedio (Evans, 1989: 561; Schneider, 1999: 276). Los Estados desarrollistas se caracterizan por un aparato burocrático altamente evolucionado, elegido mediante un proceso basado en méritos en el que los servidores públicos pueden seguir carreras laborales a largo plazo, lo que les permite alcanzar cierta experticia en el ejercicio de sus actividades y llegar a altos puestos con El papel
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salarios competitivos en las organizaciones gubernamentales. Así, el aparato opera bajo reglas y normas duraderas y claras que ofrecen coherencia corporativa y aislamiento en sus relaciones con otros actores de la estructura social, cuestión que les permite trabajar de manera cercana entre ellos (creando instituciones informales al mismo tiempo), canalizando iniciativas locales e internacionales hacia área prioritarias, para que el Estado garantice sus objetivos de desarrollo y -cuando fuese necesario- juegue el papel de un empresario subrogado para apoyar el crecimiento de la industria nacional e internacional (Evans, 1995: 12). Pese a que estos Estados no son parangones de virtud y difícilmente son inmunes a la corrupción (Evans, 1989: 572), la arraigada autonomía de su burocracia ha tenido mayor importancia en la disminución de la pobreza y la desigualdad que los altos niveles educativos de sus ciudadanos en países como Corea y China (Chang, 2010: 179). Los Estados predatorios, por otro lado, se caracterizan por frágiles estructuras institucionales/legales, que limitan o abren el acceso a los recursos dependiendo por completo de la identidad individual y de la personalidad de la gente. En este sentido, hay una total ausencia de aparato burocrático institucionalizado que aborde los intereses de los diferentes actores de la estructura social y los traslade a las áreas de interés general; de este modo, enfrentan enormes problemas para poner en vigor la ley, lo que provoca altos niveles de corrupción, así como inestabilidad económica y política (Evans, 1989: 562). Zaire y algunos otros países de África subsahariana son considerados casos arquetípicos de este tipo de Estado. Existe un caso intermedio de Estados que, en ocasiones, se aproxima a la autonomía arraigada, pero no lo suficiente como para darles la capacidad transformativa que tienen los Estados en desarrollo. Este caso intermedio se caracteriza por “una burocracia débilmente institucionalizada, fluida, en la que las designaciones estructuran el poder y la representación” (Schneider 1999: 278). La imposibilidad de construir un aparato burocrático muy desarrollado en estos países tiene sus orígenes en el débil cumplimiento de la ley, debido a la ubicua influencia histórica de las élites tradicionales locales, y de algunos actores internacionales en el proceso de elaboración de políticas públicas (Vanden y Prevost, 2002: 146). Lo anterior ocasiona que exista una amplia brecha entre los sistemas de jure y de facto que las organizaciones gubernamentales utilizan para evitar la estructura legislativa del aparato burocrático mediante la contratación de personal temporal (Grindle, 2010: 5-7), lo que impide que se creen ciertos vínculos con el sector privado que canalicen sus iniciativas hacia áreas prioritarias para el Estado, a la vez que colaboren en su crecimiento. Al mismo tiempo, este fenómeno lanza la interacción público/privado hacia canales individualizados. Los países latinoamericanos encajan a la perfección en este tipo de Estado. De hecho, como se explicó antes, después del nacimiento de los Estados nación latinoamericanos modernos a principios del siglo xx, el razonamiento era que la ruta al desarrollo yacía en la evolución de la capacidad económica interna, mientras que se seguía exportando productos primarios. Por eso, cuando se implementó el modelo de isi, se alentó a los grupos 382 ⎥ Christian Iván Becerril Velasco
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locales o empresariales a que establecieran nuevas industrias y expandieran las más viejas, al igual que se invitó a corporaciones multinacionales a que erigieran plantas para abastecer al mercado nacional (Vanden y Prevost, 2002: 161). Además, los sindicatos más poderosos se ubicaron en áreas clave como la educación, las industrias en torno a los recursos naturales y en la atención a la salud (Schneider, 2009: 556). No obstante, debido a su débil capacidad de regulación del mercado, las dictaduras militares que tomaron el poder después del nacimiento de los modernos Estados nación en América Latina manipularon a dichos grupos sociales mediante prácticas corporativas y clientelistas que perpetuaron, e incluso aumentaron, la desigualdad socioeconómica heredada del régimen colonial (Teichman, 2008: 448). Las reformas del Consenso de Washington de los años 1980 agravaron dichas tendencias aún más, dando pie a un proyecto de desarrollo encabezado por las empresas en las que las relaciones sociales, económicas y políticas entre los distintos actores sociales fueron conducidas por quienes ostentaban mayor poder económico (Schneider, 2009: 560-562). Las corporaciones multinacionales que se hicieron del control de los sectores de alta tecnología -así como los grupos empresariales con el control de la baja tecnología y los sectores de servicios-, se volvieron tan poderosos que han influido sobre el ajuste de las normas y reglamentaciones laborales para su beneficio, ocasionando altos niveles de informalidad laboral y de inseguridad económica; más aún, presionaron para que las organizaciones de trabajadores se retrajeran, ya que se trataba de la única fuerza que podía hacerles contrapeso para disminuir sus costos en cuanto a mano de obra, trayendo consigo una menor protección al empleo y menos prestaciones, tales como capacitación o seguridad social. En palabras de Schneider y Karcher (2010: 627), la densidad sindical varió entre 20-25% en Brasil, Argentina y México, y 10-15% en Perú, Colombia y Chile. Junto con el nuevo ajuste producido por las nuevas normas y reglamentaciones laborales, lo anterior estimuló la inseguridad en cuanto al ingreso, ya que la media de antigüedad laboral en el continente es de 3 años, mientras que en los países desarrollados, oscila entre 5 y 7.4 años.
La capacidad fiscal del Estado El discípulo de Weber, Joseph Schumpeter, sostuvo que la definición weberiana era precisa, pero que estaba incompleta puesto que se había centrado en los medios o capacidades del Estado para el cumplimiento de sus funciones de desarrollo económico mientras ignoraba el resto de las funciones del Estado, tales como la igualación de las condiciones socioeconómicas. Así, señaló que no era sólo la burocracia y el cumplimiento de la ley aquello que caracterizaba y diferenciaba al Estado moderno de sus predecesores, sino también los sistemas impositivos o fiscales. A su vez, argüía que los Estados premodernos en Europa enfrentaron dos problemas principales que los llevaron a la firma de los Tratados de WestEl papel
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falia: las dificultades financieras ocasionadas por la guerra, gastos que normalmente cubrían los ingresos del líder y no los del Estado; y la falta de confianza de la gente en los métodos del líder, tradicional o carismático, en cuanto a la recaudación y uso de dichos fondos (Schumpeter, 1991: 107). Estos problemas llevaron al aumento del impuesto directo entre los monarcas europeos, negociando con las élites de sus sociedades, lo que produjo el surgimiento de los parlamentos así como el aumento de los sistemas estatales impositivos o fiscales, que penetraron a las economías privadas y se hicieron del dominio sobre éstas. La relevancia del sistema fiscal, por tanto, es doble: de un lado, es parte y complemento del necesario aglomerado institucional de cualquier Estado, y de otro, origina un contrato social inclusivo entre la ciudadanía y el Estado, mediante el cual se acuerda pagar impuestos para que el Estado pueda llevar a cabo sus funciones y, a su vez, se compromete a utilizar los ingresos recolectados para cumplir con los propósitos comunes de la sociedad que representa. Siguiendo la línea de pensamiento de Schumpeter, Esping-Andersen (1990: 1) analizó la estructura institucional de la capacidad fiscal, así como la orientación política de distintos Estados europeos desarrollados para comprender no sólo qué tipo de derechos sociales otorgaba a la ciudadanía, sino también cómo operaban los sistemas de beneficencia. Planteó, además, que los Estados utilizaban dos tipos de sistema de beneficencia para cumplir con sus objetivos sociales: en primer lugar, existe una categoría estrecha y desigual para la que los pilares de la protección social se consideran procesos separados, cuya meta es la estabilidad social y política buscada principalmente mediante la puesta en práctica de políticas compensatorias para los pobres, y en contra de las fallas del mercado; en segundo lugar, existe una perspectiva holística centrada en el papel del Estado como proveedor de la seguridad económica, de modo que cada persona sea capaz de participar en la vida de la sociedad y desarrollar íntegramente sus capacidades. Tal como afirmó Esping-Andersen (1990: 21-37), hay tres principios que definen los qué y los cómo respecto a seguir cualquiera de los sistemas mencionados: el grado en el que los derechos sociales desmercantilizan7 a los ciudadanos, esto es, el grado en el que los individuos o las familillas pueden sostener un estándar de vida socialmente aceptable independientemente de su participación en el mercado; la manera en que las actividades del Estado se articulan con los papeles del mercado y de la familia en el suministro a la sociedad; y el sistema de estratificación promovido por las políticas sociales que ofrecen derechos sociales. Con base en estos tres principios, al revisar las trayectorias dependientes de los sistemas de bienestar social de distintos Estados, Esping-Andersen identificó tres regímenes diferentes con patrones semejantes de movilización de recursos, ideologías políticas y estructuras institucionales: el liberal, el conservador y el socialdemócrata. 7
Véase: Huo, Nelson y Stephens, (2008).
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El tipo liberal presenta, por lo general, bajos niveles de desmercantilización y favorece una intervención estatal mínima, así como una fuerte participación del sector privado en el gasto de bienestar (Esping-Andersen, 1990: 26-27). En este modelo, los ciudadanos se constituyen como actores mercantiles individuales y deben buscar su bienestar en el mercado. De acuerdo con esto, los mercados laborales se desregulan, ya que se cree que de este modo, refuerzan el aumento del empleo, que normalmente ocasiona altos niveles de informalidad laboral e inseguridad económica. Normalmente sus planes de seguridad social se condicionan a demostrar la necesidad al tiempo que la provisión de seguros se basa en las leyes del mercado. En diferentes grados y niveles, los ejemplos convencionales de este tipo de régimen son los Estados Unidos, Canadá y Australia. En el Estado de tipo conservador, el nivel de desmercantilización es modesto, la intervención del Estado se ve sólo cuando la capacidad de la familia para ayudar a sus integrantes se extingue y la intervención del sector privado es marginal, aunque la participación de la sociedad civil sea sólida respecto a la negociación sobre la vigencia de los derechos sociales, lo que ocasiona una regulación rígida del mercado laboral. Sus planes de seguridad, por lo general, se componen de transferencias de ingresos para satisfacer las necesidades básicas de los hogares. Los ejemplos de este tipo de Estado son Austria, Francia, Alemania e Italia (Esping-Andersen, 1990: 27). El tercer tipo es el socialdemócrata, en el que la desmercantilización es muy alta. Este modelo de Estado es el de mayor éxito en términos de reducción de la pobreza y generación de condiciones de igualdad de oportunidades económicas para el desarrollo humano (Wilkinson y Pickett, 2009: 17; Haagh, 2011: 45). Los ejemplos de este tipo son los Estados escandinavos: Suecia, Dinamarca y Noruega. Emprender una revisión total del sistema escandinavo queda fuera de los alances de este trabajo; sin embargo, sus experiencias nos ofrecen dos importantes lecciones en cuanto al alivio a la pobreza. En primer lugar, no es posible alcanzar una reducción de la pobreza a gran escala sin un marco institucional que garantice una recaudación suficientemente alta de ingresos mediante un sistema fiscal progresivo y eficaz, para que el Estado pueda cumplir sus funciones a través de la asignación de recursos donde más se necesiten; en segundo, altos niveles de descentralización fiscal, blindados con fuertes protecciones constitucionales que garanticen la autonomía política de los gobiernos locales, son importantes para permitir la entrega efectiva de bienes y recursos públicos ahí donde se precisen más (Sellers y Lidström, 2007: 616-618). Estas características legitiman la distribución de los recursos por adversidades económicas, aunque algunas personas tengan mayores recursos que otras (Haagh, 2011: 45). Hemos sostenido hasta ahora que en países socialdemócratas la coordinación y distribución de recursos mediante el marco institucional y organizativo del sistema fiscal representa la capacidad estatal que les permite maximizar el bienestar social al igualar las oportunidades para los pobres en relación con el mundo del empleo. Así, proveen de protección social El papel
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universal (seguro social, ayuda directa, etc.) así como de bienes y servicios (educación y capacitación) que aumentan las capacidades de los pobres, lo que a su vez incrementa el impacto de las políticas de alivio a la pobreza, y legitima el apego a un sistema impositivo alto y progresivo. De este modo, si los Estados incluyentes son aquellos cuyas políticas se orientan a la satisfacción de las necesidades de toda la población y a la creación de oportunidades iguales para todos, ¿cuáles son los factores que contienen a los Estados en desarrollo, evitando que se vuelvan inclusivos y apartándolos del cumplimento de sus funciones de ofrecer bienestar?
Capacidad fiscal del Estado en los países en desarrollo Wood y Gough (2006: 1696-1697) han argumentado que en los países en desarrollo no es sólo la relación entre el Estado, el mercado y la familia lo que determina la situación de bienestar de la población (pobreza, desigualdad y desempleo). Tal y como ambos sostienen, los arreglos institucionales informales dentro de los países en desarrollo, por lo general caracterizados por relaciones clientelares y la influencia de actores internacionales (como donantes, instituciones de desarrollo, corporaciones transnacionales, organizaciones no gubernamentales internacionales, multinacionales), podrían ser tanto o más fuertes que el Estado y también deben tomarse en cuenta ya que dan forma a la estructura institucional formal del Estado, así como a la movilización política de los distintos actores de la estructura social. Tomando estos aspectos en consideración, identificaron dos tipos de régimen de bienestar en el mundo en desarrollo: regímenes de inseguridad y regímenes de seguridad informal. La diferencia principal entre ambos es fundamentalmente el grado en el que el Estado interviene en la regulación del mercado, cuestión determinada por la fortaleza de sus capacidades institucionales. En los primeros, el débil marco institucional de los Estados les impide consolidar y hacer uso por completo de los intereses de los distintos actores de la estructura social para la búsqueda del interés general, lo que ocasiona conflicto e inestabilidad política lo que, a su vez, genera una crasa inseguridad económica -entre otros efectos perversos- y bloquea el surgimiento de mecanismos informales estables para mitigar sus efectos (Wood y Gough, 2006: 1699). En consecuencia, existe una gran dependencia de la ayuda internacional para financiar sus sistemas de bienestar social, ya que no pueden crear vínculos con los distintos actores de la estructura social para extraer recursos de ellos. En distintos grados y niveles, la mayor parte de los países de África subsahariana han desarrollado regímenes de inseguridad. Por otro lado, los regímenes de seguridad informal son aquellos en los que existen arreglos institucionales mediante los cuales las personas dependen fuertemente de las relaciones sociales para hacer frente a sus necesidades de seguridad económica, lo que por lo general da por resultado la exclusión de quienes se encuentran en la parte inferior de la estructura social. Los Estados con este tipo de régimen se pueden dividir, a su vez, en dos: aquellos en 386 ⎥ Christian Iván Becerril Velasco
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los que hay una dinámica presencia del Estado en el mercado, como en los Estados de Asia Oriental, y aquellos en los que hay una leve intervención del Estado en el mercado, como en los países latinoamericanos. Como se sostuvo antes, el sólido marco institucional de los primeros, les permite hacer uso del interés del sector privado en la búsqueda del interés general; sin embargo, han subordinado la política social al mantenimiento de altas tasas de crecimiento económico como meta del desarrollo, concentrando el gasto social sólo en salud y educación, más que en protección social (Wood y Gough, 2006: 1706). De este modo, no han creado vínculos con la sociedad civil, formales ni informales, como para orientar la política y garantizar la entrega efectiva de bienes y servicios, cuestión que vulnera ante las sacudidas de la economía a quienes se encuentran en el fondo de la estructura social. En América Latina, la idea de ciudadanía difiere de aquella de los países desarrollados, porque en éstos los primeros derechos que se concedieron fueron los derechos sociales -para mantener a los grupos sociales bajo control- junto con medidas económicas de protección en el contexto del modelo de isi (aunque éstas fueron más limitadas que en los países occidentales) y sólo más tarde se concedieron lo derechos políticos y civiles. En este contexto, se desarrolló un Estado de bienestar combinado, el conservador/informal, que descansó en el seguro social estratificado y en la protección al empleo como el núcleo de la producción de bienestar, que aplicaba tan sólo al sector formal (de los sectores tanto industrial como público), dejando al sector de trabajadores informales sin protección (Barrientos, 2004: 127); aunque se reconoce la existencia de cierta aspiración -jamás lograda- de contar con educación y servicios de salud universales para mejorar el capital humano de la fuerza de trabajo. Bajo este modelo, el empleo urbano creció alrededor de 4% anual entre las décadas 1940 y principios de 1970 y, para fines de esta última, la desigualdad de ingresos y la pobreza decrecían sin lugar a dudas (Altimir, 1998: 4-5). No obstante, debido a sus bajos niveles de recaudación fiscal, la crisis petrolera de fines de los años 70 del siglo pasado tuvo un gran impacto sobre la mayor parte de los países latinoamericanos, que no podían seguir invirtiendo en gasto social al tiempo que continuaban con el pago de sus préstamos internacionales. En promedio, el nivel de imposición fiscal como porcentaje del pib durante la década 1980 fue de 15%. En el caso específico de México, descendió de 15.8% en 1980 a 11.5% en 1990, y volvió a disminuir a 9.2% durante la crisis económica de 1995.8 En este contexto, el fmi y el Banco Mundial acordaron financiar a los 8 Para la mayor parte de los Estados latinoamericanos esta tendencia cambió de manera significativa durante el período postinflacionario, en especial para Argentina y Brasil que cuentan con el ingreso fiscal más alto respecto a la proporción del pib en la región (alrededor de 35%). México también ha mejorado en la última década; no obstante, el sistema fiscal aún está lejos de proveer a los Estados latinoamericanos con suficientes ingresos no provenientes de bienes como para cumplir con sus funciones. En la actualidad, el ingreso fiscal promedio en los países de América Latina es de 20% en proporción al pib. La diferencia entre el promedio fiscal en proporción al pib de la ocde y de los países de América Latina se encuentra en alrededor de 13% en comparación con 18% en 1990.
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países latinoamericanos y otros países en desarrollo con la condición de que redefinieran su marco institucional y organizativo. En términos amplios, estas organizaciones internacionales sostuvieron que la crisis de la deuda latinoamericana había sido una secuela de la estructura obesa de los Estados de bienestar que ya no podían lidiar con las problemáticas que se proyectaban en el escenario global, tal como la expansión de la integración comercial y financiera internacional, por lo que el modelo de isi debía reemplazarse por estrategias orientadas al aumento de las exportaciones y recortes al gasto social. Por consiguiente, el Estado de bienestar resultante se ha clasificado como liberal/informal, ya que las políticas compensatorias se dirigen sólo a la población más pobre: “la protección al empleo se ha marchitado de cara al ajuste del mercado laboral, el seguro social fue reemplazado por el ahorro individual y la provisión del mercado, y se alentó el financiamiento y oferta privados de salud y educación” (Barrientos, 2004: 156). Como resultado, el financiamiento privado de servicios básicos como la educación, se unió con los bajos niveles del gasto social (de alrededor de 0.04% del pib, comparado con el 0.23% a 0.52% en los países desarrollados), ocasionados por la debilidad institucional de las capacidades fiscales de dichos Estados, lo que ha aumentado la brecha de clasificación entre los ricos y los pobres. Además, pese al hecho de que se calcula que en la actualidad más de 50% de la población latinoamericana se compone de trabajadores autoempleados, o de trabajadores de microempresas con menos de cinco empleados (Schneider y Karcher, 2010: 629), con algunas excepciones como Brasil, los Estados latinoamericanos gastan muy poco en políticas activas orientadas al mercado laboral con el fin de promover el desarrollo del capital humano, la creación de empleos o la intermediación entre empleadores y empleados. Por otro lado, las políticas de mercado laboral pasivas, tales como el seguro de desempleo, sólo se han desarrollado en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela, aunque en la mayoría de estos países la cobertura y las prestaciones son muy bajas (Bertranou y Maurizio, 2011: 17-23).
Conclusiones El marco analítico que hemos presentado sugiere que el alivio a la pobreza es una función del Estado, porque el propio Estado puede crear o reproducir esta condición por medio del conjunto institucional y organizativo. En los Estados de Asia oriental, contar con un aparato burocrático fuertemente institucionalizado ha permitido intervenir en la economía y hacer uso de los intereses del sector privado en áreas de interés público, generando con ello, hasta cierto punto, la reducción de la pobreza. En los Estados escandinavos, por otro lado, el marco institucional ha apoyado complejas organizaciones que han sido capaces de trabajar con la sociedad civil y extraer ingresos de las élites y del resto de la sociedad para 388 ⎥ Christian Iván Becerril Velasco
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proteger los derechos sociales de los ciudadanos, siempre tomando en cuenta sus intereses. En cambio, en la mayoría de los países latinoamericanos, las debilidades institucionales de su mercado regulador y de las capacidades fiscales se han complementado y reforzado mutantemente, impidiendo el alivio a la pobreza. Las experiencias desarrollista y escandinava sólo pueden fungir de ejemplo pero no de solución, ya que las tradiciones históricas y las configuraciones sociales de las que surgieron no pueden reproducirse de manera idéntica. Tal como señalaron North, Wallis y Weingast (2009: 257), los casos de América Latina representan un caso intermedio de Estados en desarrollo, porque en lugar de conceder derechos impersonales y definidos, desde su creación han adoptado instituciones de otras sociedades. Así, sólo han tocado temas como la pobreza, la violencia y otros semejantes de manera poco sustancial. Se hace necesaria entonces una revisión individual de los Estados de la región para poder develar el nivel en el que sus marcos institucionales impiden el alivio de problemáticas como la pobreza. Más aún, la instauración de un marco institucional imparcial e impersonal, por sí mismo, no garantizaría una mayor igualdad socioeconómica; también se necesita un cambio en la ideología tras la estrategia de desarrollo de los Estados latinoamericanos, para tomar en cuenta los intereses de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones -en especial de quienes se encuentran en la base de la estructura social, para lograr una mayor igualdad socioeconómica.
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La sociología en debate: el poder de una disciplina Sociology under Discussion: The Power of a Discipline ■
Bauman, Zygmunt, (2014) ¿Para qué sirve realmente un sociólogo? Barcelona, Paidós. ■
Eguzki Urteaga∗
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l sociólogo polaco-británico Zygmunt Bauman publicó recientemente su último libro titulado ¿Para qué sirve realmente un sociólogo? Bauman, actualmente catedrático emérito en la Universidad de Leeds, está considerado uno de los principales representantes del pensamiento crítico y postmoderno. Inició sus estudios en Ciencias Sociales en la Społeczna Akademia Nauk -la academia del área en la capital polaca- y de filosofía en la Universidad de Varsovia, se convirtió en profesor de dicha Universidad, impartiendo clases de filosofía y sociología, al tiempo que se convertía en uno de los principales editores de la revista polaca Estudios sociológicos. En el contexto de las persecuciones antisemitas fomentadas por el gobierno comunista tras los acontecimientos de marzo
de 1968, fue expulsado de la Universidad de Varsovia, lo que le obligó a exiliarse a Israel y posteriormente al Reino Unido, siendo sucesivamente profesor en las Universidades de Tel Aviv, London School of Economics y Leeds. En su visión de la sociología -más reflexiva que descriptiva- ésta es concebida como un instrumento de emancipación, en oposición a los “sociólogos del poder”. Bajo la influencia de Georg Simmel, analiza inicialmente la ambivalencia del ser humano, lo que lo lleva, entre 1987 y 1991, a publicar una trilogía (Bauman, 2007a; 2009) donde realiza una crítica de la modernidad en la cual subraya la propensión de los individuos a privilegiar la seguridad en detrimento de la libertad (Bauman, 1992), confiando al Estado los
∗ Profesor de Sociología en la Universidad del País Vasco (Bizkaia) e investigador asociado en el Social and Business Research Laboratory, centro de investigación de la Universidad Rovira i Virgili. Licenciado y doctor en Sociología por la Universidad Victor Segalen Buerdos 2 y licenciado en Historia con especialidad en Geografía por la Universidad de Pau y de los Países del Adour. Es autor de 29 libros, entre los que destacan: Las políticas públicas en cuestión (2010); Perceptions sociales de la science et de la technologie en Pays Basque (2010); El nuevo entorno de la innovación (2011); así como de más de 170 artículos universitarios. Es director de la colección en la editorial de París Mare et Martin y ha sido profesor invitado en varias universidades europeas (Burdeos, Lovaina, Coímbra, París, Rennes). Correo electrónico: eguzki.urteaga@ehu.es
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instrumentos de organización y regulación de la vida social. A partir de los años noventa del pasado siglo, Bauman estudia las sociedades contemporáneas que denomina postmodernas y posteriormente líquidas (Bauman, 2007b; Tabet, 2013) caracterizadas por el consumo, la privatización, la desregulación y la libertad individual. En oposición a las sociedades sólidas, las sociedades líquidas se distinguen por la prevalencia del individuo consumidor (Bauman, 2008) cuyos estatus e identidades (Bauman, 2005a) son frágiles y fluctuantes en función de las exigencias de flexibilidad del entorno. El amor es buena prueba de ello (Bauman, 2005b). Gracias al reconocimiento internacional adquirido, Bauman es galardonado con el European Amalfi Prize for Sociology and Social Science en 1992, el Theodor Adorno Award en 1998 y, junto con Alain Touraine, el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2010. ¿Para qué sirve realmente un sociólogo? es fruto de cuatro conversaciones mantenidas por Zygmunt Bauman con Michael Hviid Jacobsen y Keith Tester entre enero de 2012 y marzo de 2013. Combinan “grabaciones de encuentros personales entre los tres, cartas y fragmentos de un par de textos que Bauman ha publicado en medios menos accesibles. El material ha sido agrupado en líneas temáticas para establecer continuidades, resonancias y, en algunas ocasiones, para dejar deliberadamente algunos cabos sueltos” (Bauman, 2014: 9). Como lo subrayan Hviid Jacobsen y Tester, el libro tiene por objetivo animar a los sociólogos a identificarse como sujetos activos
de una manera de abordar el mundo, en vez de asumirse como técnicos carentes de valores de una supuesta ciencia (Bauman, 2014: 9). En ese sentido, se busca que sea “usado por sociólogos actuales y futuros para fomentar nuevas reflexiones sobre lo que hacemos [los sociólogos], por qué, cómo y para quién” (Bauman, 2014: 9-10). De hecho, el libro se divide en cuatro capítulos que intentan responder a titánicas preguntas: ¿Qué es la sociología? ¿Por qué ser sociólogo? ¿Cómo hacer sociología? ¿Qué puede conseguir la sociología? En la introducción, Hviid Jacobsen y Tester ponen de manifiesto que la sociología corre el riesgo de caer en la irrelevancia (Bauman, 2014: 15), ya que existe la tentación de establecer una frontera infranqueable entre la sociología y el mundo social procediendo a una fetichización de la metodología e incidiendo sobre la neutralidad y el uso de una lenguaje abstracto, especializado y “esotérico”, elaborado para no comunicarse con los no iniciados (Bauman, 2014: 14). De esta manera, “la sociología se ha convertido en una suerte de brujería científica que ha cobrado vida propia aislada y separada de la vida de los seres humanos a los que pretende describir, investigar y analizar” (Bauman, 2014: 14). La consecuencia de todo ello es que la sociología ha caído en la tentación de la introspección, en la banalidad de los presuntos descubrimientos y en una ideología que se oculta detrás de la terminología científica. Ante ese riesgo de caer en la irrelevancia, la solución consiste en ofrecer narraciones que conecten la época con la experiencia (Bauman, 2014: 18). De hecho, “la sociología
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tiene éxito cuando recurren a ella hombres y mujeres como una herramienta mediante la cual y con la cual pueden conectar sus vidas con los tiempos que viven, y pueden darse cuenta de que transformar lo primero significa actuar sobre lo segundo” (Bauman, 2014: 18-19). En el primer capítulo, Bauman intenta caracterizar la sociología. Considera que la disciplina está profundamente imbricada en la política por el hecho de “proporcionar una fuente distinta de legitimación de la autoridad, alternativa a la de la política institucional” (Bauman, 2014: 28). De la misma forma, la vocación sociológica supone, según sus propios términos, “atravesar el telón de los prejuicios para iniciar una labor continua de reinterpretación” y “sacar a la luz nuevas potencialidades humanas hasta ahora ocultas” (Bauman, 2014: 32). Otro aspecto relevante de su visión de la sociología es que no se esfuerza en “reconciliar lo irreconciliable o separar lo inseparable” (Bauman, 2014: 49) al considerar que la ambivalencia y la complejidad son inseparables de la condición humana y que los procesos sociales deben ser analizados con sus dialécticas y dinámicas. Asimismo, Bauman define la sociología como una actividad crítica “(…) en la medida en que lleva a cabo una continua deconstrucción derridiana de la percepción de la realidad social” (Bauman, 2014: 41). De hecho, la actividad sociológica consiste en socavar las creencias y representaciones basadas en la supuesta necesidad o naturalidad de las cosas, acciones y tendencias. “Revela a su vez las contingencias que hay detrás de las propias normas y reglas, y las alternativas
ocultas detrás de la supuesta única opción” (Bauman, 2014: 44). A su vez, rechaza la distinción de la sociología y de la literatura al considerar que “los ámbitos de la ciencia y de la ficción se encuentran y se enfrentan mutuamente en el mismo terreno: la experiencia humana” (Bauman, 2014: 35). En ese sentido, estima que la literatura y la sociología son hermanas, sabiendo que mantienen una relación de rivalidad y apoyo mutuo. “Comparten parentesco, tienen un innegable aire de familia, sirven una como referencia de la otra, y son varas de medir los éxitos y los fracasos de cada una de ellas” (Bauman, 2014: 33). Según Bauman, la mejor manera de acceder y comprender la verdad de la vida real consiste en leer a los clásicos como Kafka, Borges o Kundera. En ese sentido, Bauman hace gala de una amplia cultura literaria y no duda en referirse a novelas y a sus autores a lo largo de la obra. Esa reflexión en torno al vínculo que mantienen sociología y literatura lo aproximan a las tesis defendidas por Ivan Jablonka (2014) en su libro L’histoire est une littérature contemporaine. Manifeste pour les sciences sociales. Bauman es igualmente partidario de la utilización de un lenguaje asequible que permita comunicar e intercambiar con los no sociólogos: “Si uno desea cooperar con sus lectores en la búsqueda de la verdad de su propia manera de ser en este mundo (…), entonces uno debe dirigirse a ellos y hacerlo en el mismo lenguaje que ellos utilizan para verbalizar su experiencia y centrarse en problemas que sean relevantes y conocidos para esa experiencia” (Bauman, 2014: 34). Esa
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accesibilidad no es en absoluto incompatible con la conceptualización de la que hace gala Bauman. En el segundo capítulo -en donde se pregunta ¿por qué ser sociólogo?- Bauman expresa su deseo de que la sociología vuelva a convertirse en una “referencia de coraje, coherencia y lealtad hacia los valores del hombre” (Bauman, 2014: 53). Fiel a su humanismo, se muestra crítico hacia cierta sociología académica que “ha desarrollado una capacidad de autorreproducción que la hace inmune al criterio de la relevancia” (Bauman, 2014: 54). Esa autorreferencialidad, que resulta en parte de la institucionalización de la disciplina y de la inercia que conlleva, se traduce en un alejamiento de las preocupaciones y experiencias de las personas. “A medida que los postulados teóricamente impecables eran refutados uno a uno por los acontecimientos, los círculos intelectuales se hicieron cada vez más celosos (…) en cuanto a sus intereses autorreferenciales y sus investigaciones” (Bauman, 2014: 60-61). La única forma de salir de esta situación consiste, según Bauman, en poner de manifiesto la compleja red de relaciones causales que unen las dificultades individuales con las condiciones producidas colectivamente (Bauman, 2014: 66). En otros términos, “la valoración crítica de las prenociones tácitas o explicitas debe llevarse a cabo junto con un esfuerzo para hacer visibles y audibles estos aspectos de la experiencia que normalmente quedan ocultos en el individuo o que permanecen más allá en la conciencia individual” (Bauman, 2014: 66). En ese sentido, Bauman practica una “hermenéutica sociológica” que
consiste en interpretar las decisiones humanas como las manifestaciones de unas estrategias elaboradas para responder a los desafíos del marco social en el que se encuentran (Bauman, 2014: 67). Este marco social se corresponde con la modernidad líquida (Bauman, 1999) que designa un debilitamiento progresivo -e incluso una ruptura de los lazos humanos-, así como el estatus cada vez más transitorio de las estructuras (Bauman, 2014: 72). De manera más amplia, dicha modernidad se manifiesta en la “tendencia a la fragmentación, la división, la desregulación, la individualización, la privatización y la personalización” que “afecta a casi cada área de las relaciones humanas” (Bauman, 2014: 73). En el tercer capítulo -consagrado a ¿cómo hacer sociología?-, Bauman critica la “mentalidad empresarial y tecnológica” (Bauman, 2014: 93) que caracteriza a la disciplina. Así, considera que la sociología se enfrenta a un estimulante reto que consiste en convertirse en “una ciencia y una tecnología de la libertad” (Bauman, 2014: 94) dirigiéndose a los actores del teatro de la vida en lugar de estar dirigida a sus guionistas, directores, productores y realizadores. “Una sociología movida por la voluntad de participar en la interpretación continua de sus experiencias y en las estrategias que elaboran y aplican; una sociología que busca ampliar el espectro de decisión de estos actores y ayudarlos a tomar decisiones” (Bauman, 2014: 100). En ese sentido, la calidad de un estudio sociológico se mide por su capacidad de mejorar la comprensión entre investigadores y actores, y por la relevancia que tienen sus
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resultados para los intereses y cometidos de los “objetos” de investigación (Bauman, 2014: 119). Esto supone que, además de ser objetos de estudio, las personas se conviertan en parte del mismo, fruto del diálogo desarrollado, y que las conclusiones extraídas respondan a sus necesidades y dilemas (Bauman, 2014: 119). Esto exige, según Bauman, a llevar a cabo una profunda reforma de la sociología que conduzca a un cambio del estatus y el papel de la disciplina; un cambio que es aún más necesario en el presente, momento concebido como período de interregno: “un estadio en el que los viejos modos de hacer las cosas ya no valen y los viejos modos de vida aprendidos y heredados ya no sirven”; en el que “los nuevos modos de afrontar los retos y los nuevos modos de vida que se adecuan más a las nuevas circunstancias no se han inventado todavía, ni se han impuesto ni consolidado” (Bauman, 2014: 108). En ese sentido, “no tenemos una imagen clara del destino hacia el que parecemos avanzar” (Bauman, 2014: 108). Pero no todo es sinónimo de cambio y de incertidumbre dado que las modernidades sólidas y líquidas coexisten y mantienen una relación dialéctica (Bauman, 2014: 110). En definitiva, Bauman considera que “la sociología debe ser juzgada por su relevancia en la experiencia y en la lucha de los humanos por resolver sus problemas vitales, y no por la lealtad que muestra con la metodología” (Bauman, 2014: 127). Para que eso sea posible, es imprescindible que la sociología se dirija a “la gente ordinaria de la calle” y no a los “ilustres colegas” (Bauman, 2014: 2014). Es notable que cierta investigación
sociológica actual no se dirija precisamente hacia allí, sino que, por el contrario, intenta distanciar a los sociólogos de los actores a través -entre otras vías- de la financiación de la investigación. Se trata de “la búsqueda de fondos para la investigación como un efecto colateral del intento desesperado de los sociólogos, formados e integrados en el marco académico, por crear medios artificiales para mantener las distancias con el sentido común (…) y reivindicar la superioridad del conocimiento que ellos mismos generan y aprueban” (Bauman, 2014: 134). ¿Para qué sirve realmente un sociólogo? provoca que el lector se sumerja en el encanto de la originalidad, la perspicacia y la actualidad de las reflexiones desarrolladas por uno de los mejores sociólogos de nuestra época. Además de poner de manifiesto algunas de las carencias de la sociología académica (la fetichización de la metodología, la obsesión por los datos, la escasa creatividad, la especialización excesiva, la autorreferencialidad, la irrelevancia social, etcétera), Bauman práctica la interdisciplinariedad y no duda en beber de diversas fuentes, haciendo gala de una amplia cultura general y especialmente de un profundo conocimiento de la literatura universal. No en vano, presumiblemente en razón del género (diálogo) y de la modalidad de elaboración del libro, el lector experimenta cierta sensación de dispersión y de escasa sistematización. En cualquier caso, la lectura de esta obra se antoja ineludible para cualquier persona deseosa de llevar a cabo una reflexión lúcida sobre el papel y la utilidad de la sociología en el presente.
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Bauman, Zygmunt, (2007b) Le présent liquide. París, Seuil. Bauman, Zygmunt, (2008) S’acheter une vie. Chambon, Actes Sud. Bauman, Zygmunt, (2009) Modernité et Holocauste. Paris, Complexité. Bauman, Zygmunt, (2014) ¿Para qué sirve realmente un sociólogo? Barcelona, Paidós. Jablonka, Ivan, (2014) L’histoire est une littérature contemporaine. Manifeste pour les sciences sociales. París, Seuil. Tabet, Simon, (2013) “Zygmunt Bauman et la société liquide” en Sciences Humaines. Núm. 254, pp.50-55.
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La Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales (RMCPyS), como órgano editorial de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su Nueva Época se propone contribuir a la consolidación de una nueva identidad académica e institucional constituyéndose para ello en foro abierto a la producción científica del área de las ciencias sociales. Comprometida con la formación plural e integral de científicos, intelectuales y expertos capacitados para el desempeño académico y profesional, se erige como plataforma en la cual se exponen conocimientos de excelencia y de vanguardia académicamente relevantes y socialmente pertinentes, a la vez que promueve el diálogo y el debate en torno a interrogantes centrales de nuestro tiempo que convocan, cruzan y expanden las fronteras disciplinarias. Dirigida a las y los investigadores, académicos y estudiosos que convergen en la construcción del amplio y diverso campo problemático de lo social, la RMCPyS es un espacio de producción de conocimiento científico propio del área de las ciencias sociales comprometido con el pluralismo teórico y metodológico. La Revista aborda temas afines a las ciencias sociales en general y sus áreas específicas –sociología, ciencia política, relaciones internacionales, administración pública y ciencias de la comunicación–. A su vez, la nutren los campos de especialización y de convergencia entre disciplinas tales como: teoría política, teoría sociológica, comunicación política, economía política, opinión pública, gestión y políticas públicas, sociedad y Estado, actores internacionales y procesos de globalización, entre otras.
Plataforma de gestión editorial La RMCPyS utiliza el Open Journal Systems (OJS) como sistema de gestión editorial. Desarrollado por el Public Knowledge Project (PKP), permite controlar todo el proceso editorial de la Revista en formato digital, desde la recepción de las propuestas de artículos de las/ los autores hasta la publicación final del número. De este modo, todas las propuestas a ser consideradas para su publicación (artículos y reseñas) deben ser ingresadas a dicho Sistema conforme se especifica en los siguientes vínculos: Información para autoras/es: http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmspys/information/authors
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Los trabajos deben ser cargados en nuestra plataforma digital: http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmspys Para mayor información: http://www.revistas.unam.mx/public/servicios/material/m_apoyo.html
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II. Características de los artículos – Formato del Texto: Procesador de textos Microsoft Word o Write de OpenOffice, fuente Times New Roman 12 pt., interlineado sencillo. Alineación justificada. Tamaño Carta. Margen superior e inferior 2,5 cm., derecho e izquierdo 3 cm. Las notas a pie de página se presentarán en Times New Roman 10 pt, espacio sencillo. – Extensión: a) Artículos: entre 8,000 y 10,000 palabras, excluyendo los resúmenes, las palabras clave y la bibliografía. – Títulos y secciones: Las secciones se presentarán enumeradas en cifras arábigas (0123456789). Títulos y subtítulos en negrita. – Datos de la/el o las/los autores: Las y los autores no incluirán información personal (nombre, datos de contacto, adscripción, etc.) en el archivo del artículo; asimismo, excluirán su nombre de las referencias bibliográficas en que aparezca. Sin embargo, al momento de hacer el envío de su trabajo a través de la plataforma digital de la revista, las y los autores deberán incluir, en los campos correspondientes de la sección “Introducir metadatos”, como mínimo cinco líneas de información de carácter biográfico-curricular: profesión, títulos académicos, filiación académica actual, líneas de investigación, úl402 ⎥ Revista Mexicana
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timas tres publicaciones destacadas y dirección de correo electrónico a ser publicada. En caso de que el artículo sea resultado de alguna investigación, incluir la información del proyecto en el que participa. – La RMCPyS alienta a los autores a acompañar sus artículos con documentación que pueda ser puesta en línea a disposición de los lectores para informar y apoyar los resultados presentados en la versión en papel del artículo (soporte gráfico y audiovisual, facsímiles de los cuestionarios, tablas estadísticas adicionales, bases de datos y transcripciones de entrevistas, registros escritos, iconografía, entre otros).
III. Resumen / abstract y palabras clave – En la primera página del material remitido al Comité de Redacción por medio de la plataforma de gestión editorial, se incluirá un resumen del artículo en español con una extensión de 150 a 200 palabras y su traducción al inglés (abstract). El resumen debe comprender una descripción sintética del tema, su hipótesis, método de investigación utilizado y las principales conclusiones. Se incluirán cinco o seis “palabras clave” en español y en inglés (key words), colocadas inmediatamente después del resumen y el abstract.
IV. Características de las reseñas: – Las reseñas deberán ser originales y estar vinculadas a las temáticas de la RMCPyS. Deberán versar sobre libros que no tengan más de dos años de haber sido publicados. Este tipo de trabajos no necesita pasar por un proceso de arbitraje y podrán ser publicados de acuerdo a los tiempos y criterios que determine el Comité de Redacción. – Formato del Texto: Procesador de textos Microsoft Word o Write de OpenOffice, fuente Times New Roman 12 pt., interlineado sencillo. Alineación justificada. Tamaño Carta. Margen superior e inferior 2,5 cm., derecho e izquierdo 3 cm. Las notas a pie de página se presentarán en Times New Roman 10 pt, espacio sencillo. – Extensión: entre 1500 y 2500 palabras. – Las contribuciones podrán asumir diferentes formatos. Podrán ser breves ensayos sobre: • Información crítica sobre un libro recientemente publicado en el ámbito de las ciencias sociales. • El estado de la cuestión en algún campo de investigación. • Varios textos o aportaciones de interés que aborden un mismo tema. Normas
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– Las contribuciones deberán tener en cuenta (al menos) las siguientes premisas: • Breve introducción sobre la publicación en cuestión • Mínima referencia sobre el/la autor/a del libro (país de origen/ trayectoria en la investigación / líneas temáticas abordadas) • Presentación del argumento central • Justificación de su relevancia • Observaciones críticas • Conclusiones finales – Pautas para la presentación de las contribuciones: • Las reseñas no pueden ser elaboradas sobre trabajos propios. • La reseña debe citar las páginas del libro, sobre todo cuando se refiere a temas centrales. • Junto con la reseña deberán enviarse los datos bibliográficos completos del libro o artículo reseñado. • Se admitirán trabajos en idioma español, inglés, francés y portugués. • Se incluirá en el documento, luego del título de la reseña propuesta, el nombre del autor/a que incluya cinco líneas de carácter biográfico: profesión, títulos académicos, filiación académica actual, líneas de investigación, últimas tres publicaciones destacadas y dirección de correo electrónico a ser publicada.
V. Citación – La/el autor/a cuidará que las citas incluidas en el texto coincidan con los datos aportados en la bibliografía. – Las referencias bibliográficas deberán corresponder al sistema de publicación y estilo Harvard-APA con las siguientes especificidades: • Para el caso de la citación en el texto: (Apellido, año: página) Ejemplo: (Bourdieu, 2000: 35-38). • La lista de referencias bibliográficas deberá colocarse al final del trabajo en orden alfabético según el apellido de los autores. Se deberá evitar abreviar los nombres de los autores. El orden y disposición de la información en cada referencia bibliográfica debe seguir el modelo que se ejemplifica a continuación:
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Libros: Un autor: Apellidos del autor, Nombre, (año) Título del libro. Número de volúmenes, número de edición. Lugar de edición, editorial. [Si el libro sólo consta de un volumen o se trata de la primera edición, no es necesario especificar los datos correspondientes]. Ejemplo 1: Simmel, Georg, (2002) Cuestiones fundamentales de sociología. Barcelona, Gedisa. Dos autores: Apellidos del primer autor, Nombre y Nombre Apellidos del último autor, (año) Título del libro. Número de volúmenes, número de edición. Lugar de edición, editorial. Ejemplo 2: Bryant, Raymond L. y Senéad Bailey, (1997) Third World Political Ecology. Londres, Routledge. Tres o más autores: Apellidos del primer autor, Nombre; Apellidos del segundo autor, Nombre y Nombre Apellidos del último autor, (año) Título del libro. Número de volúmenes, número de edición. Lugar de edición, editorial. Ejemplo 3: Portes, Alejandro; Guarnizo, Luis y Patricia Landolt, (2003) La globalización desde abajo: transnacionalismo inmigrante y desarrollo: la experiencia de Estados Unidos y América Latina. México, FLACSO-México. Dos o más obras de un mismo autor: Se repite el nombre del autor y se colocan las obras en orden cronológico, de la más antigua a la más reciente. Si se citan dos o más obras de un mismo autor publicadas el mismo año, se diferencian con letras después del año de edición. Ejemplo 4: Roig, Arturo, (1993a) Historia de las ideas, teoría del discurso y pensamiento latinoamericano. Bogotá, Universidad Santo Tomás-USTA. Roig, Arturo, (1993b) Rostro y filosofía de América Latina. Mendoza, Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo. Roig, Arturo, (1995), El pensamiento social de Juan Montalvo. Quito, Universidad Andina Simón Bolívar y Corporación Editora Nacional.
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Capítulos de libros: Apellidos del Autor del capítulo, Nombre, (año de publicación) “Título del artículo” en Apellido del autor, coordinador o editor del libro, Nombre, Título del libro. Número de volúmenes, número de edición. Lugar de edición, editorial, número de páginas en las que se encuentra el capítulo. Ejemplo 5: Barba Solano, Carlos, (2006) “La reforma social y el régimen de bienestar mexicano” en Franco, Rolando y Jorge Lanzaro (coords.), Política y políticas públicas en los procesos de reforma de América Latina. Buenos Aires, CEPAL/ FLACSO/ Miño y Dávila Editores, pp. 169-209. Autor corporativo: Siglas de la institución, (año) Título de la publicación. Número de volúmenes, número de edición. Lugar de edición, editorial. Ejemplo 6: inegi, (2010) Mujeres y hombres en México 2010. Aguascalientes, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Obras en proceso de publicación: Se agrega la expresión “en prensa” entre paréntesis inmediatamente después del nombre del autor, en lugar del año de edición. Ejemplo 7: Sussman, Michael y Gerhard Preyer (eds.), (en prensa) Multiple Modernities in the Contemporary Scene. A continuation of the Multiple Modernities Research Program. Tesis de grado: Apellidos del autor, Nombre, (año de presentación de la tesis) Título de la tesis o trabajo de grado. Ciudad-país, institución en que se defendió la tesis y grado de la misma. Ejemplo 8: Hernández Velázquez, María Remedios, (1994) Mujeres magonistas: una participación política activa en las filas del PLM, 1900-1911. México, Universidad Autónoma de México, Iztapalapa, tesis de licenciatura. Artículos de revistas: Apellidos del autor, Nombre, (año) “Título del artículo” en Nombre de la revista. Vol., núm., periodo de publicación, páginas en las que se encuentra el artículo. Lugar, Institución.
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Ejemplo 9: Calvento, Mariana, (2006) “Fundamentos teóricos del neoliberalismo: su vinculación con las temáticas sociales y sus efectos en América Latina” en Convergencia. Vol. 13, núm. 41, mayo-agosto, pp. 41-59. México, Universidad Autónoma del Estado de México. Artículos de periódicos: Apellidos del autor, Nombre, (año de publicación) “Título del artículo” en Título del periódico. Lugar de publicación, día, mes, números de páginas. Sección donde aparece el artículo. Ejemplo 10: Petras, James, (1999) “La globalización del imperialismo estadounidense” en Excélsior. México, 21 de marzo, pp. 1-3. Suplemento Cultural. Sitios Web: Apellidos, Nombre del autor, (año) “Título del artículo o documento” en Nombre de la página o sitio web. Disponible en: dirección URL [Consultado el día mes y año de último acceso o consulta]. Ejemplo 11: Fullick, Melonie (2013) “The politics of the public eye” en Impact of Social Science (blog de The London School of Economics and Political Science). Disponible en: http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2013/03/26/the-politics-of-the-publiceye/ [Consultado el 1 de abril de 2013]. Archivo histórico: Apellidos, Nombre, (Año) Título del documento. [Tipo de documento]. Todos los datos necesarios de la Colección y de la ubicación del documento en ella, número que identifica al documento. Nombre del archivo o institución que resguarda el documento, Ciudad. Ejemplo 12: Pani, Álvaro J., (1929) Reporte sobre el Impuesto sobre la Renta al Secretario de Hacienda, 5 de julio. [Reporte]. Fondo Archivo Central de Hacienda y Crédito Público, Sección Secretaria Particular del Secretario, Caja 3, Expediente 101-033-20. Archivo General de la Nación, Ciudad de México.
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VI. Gráficas, tablas y cuadros: – Se entiende que las y los autores poseen los derechos o el permiso para la reproducción de los elementos gráficos que se incluyan en el artículo. Si así no fuese, la responsabilidad recaerá en los autores. La RMCPyS se deslinda de cualquier tipo de responsabilidad en este sentido. – Si en el artículo aparecen gráficas, tablas o cuadros, deberán enviarse en archivo aparte (en Excel o el software en el que hayan sido generadas), a fin de que puedan ser correctamente editados. Se deberá explicitar la fuente de los mismos al pie de cada uno de ellos. El autor deberá indicar el lugar preciso en el que desea que aparezcan esos elementos en la versión editada. Los cuadros y gráficos generados deberán estar numerados y con título. – Las fotografías e ilustraciones deberán enviarse numeradas y con título y presentarse a una resolución de 300 pixeles por pulgada (ppp), en formato tiff o png. Si se trata de archivos jpg se solicita que sean en la calidad más alta.
VII. Evaluación – Todos los artículos serán sometidos a una valoración editorial preliminar por parte del Comité de Redacción, que se reserva el derecho de determinar si los artículos se ajustan a las líneas de interés de la Revista y cumplen con los requisitos indispensables de un artículo científico, así como con todos y cada uno de los lineamientos editoriales aquí establecidos. – El proceso de evaluación empleado es el sistema de doble ciego (peer review). – Las resoluciones del proceso de dictamen son: • Aprobado para publicar sin cambios • Condicionado a cambios obligatorios sujeto a reenvío • Rechazado – En caso de que el artículo obtenga dos dictámenes positivos, el trabajo podrá ser publicado siempre y cuando su contenido sea compatible con los tiempos, líneas editoriales y temáticas que la Revista dicte en su momento. – Si los dictámenes resultaran condicionados a cambios obligatorios sujeto a reenvío, el autor deberá atender puntualmente las observaciones, adiciones, correcciones, ampliaciones o aclaraciones sugeridas por los árbitros. La/el autor/a tendrá como máximo treinta días naturales como límite para hacer las correcciones. Una vez que el artículo
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sea corregido siguiendo las recomendaciones, será remitido a los dictaminadores y serán ellos quienes lo consideren finalmente publicable. – Dos dictámenes negativos cancelarán la posibilidad de publicación del artículo propuesto, considerándolo rechazado. – En caso de un dictamen positivo y uno negativo, el artículo será turnado a un tercer árbitro cuyo dictamen será definitivo e inapelable. ÁRBITRO A
ÁRBITRO B
RESOLUCIÓN
Negativo
Negativo
No publicable
Positivo
Positivo
Publicable
Positivo
Negativo
Envío de la propuesta de artículo a Árbitro C Su decisión será definitiva e inapelable.
Positivo
Condicionado (sujeto a cambios obligatorios y reenvío)
Envío de las recomendaciones sustentadas en el voto condicionado a las/los autores. El artículo corregido regresa al dictaminador quien aprueba o no su publicación.
Negativo
Condicionado (sujeto a cambios obligatorios y reenvío)
Se rechaza pero se insta a las/los autores que tomen en cuenta los comentarios y sometan nuevamente su artículo a consideración de la RMCPyS
– El resultado del dictamen se dará a conocer al autor en un plazo máximo de cinco días hábiles, a partir de la fecha de recepción del último dictamen, junto con los comentarios, sugerencias y observaciones de los árbitros. – El contenido del dictamen es confidencial para uso interno de la Revista y del autor. – Ante un conflicto, queja o inconformidad por parte de la o el autor respecto del resultado final del proceso de evaluación, será función del Comité de Redacción atender y resolver el caso.
VIII. Corrección y edición La Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales se reserva el derecho de incorporar los cambios editoriales y las correcciones de estilo que considere pertinentes de conformidad con los criterios de la Editora y/o de su Comité de Redacción.
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IX. Uso no sexista del lenguaje Se recomienda a las y los autores utilizar un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre sexos y géneros. La rmcpys adhiere al movimiento proescritura no sexista como herramienta de transformación cultural.
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Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales⎥ Universidad Nacional Autónoma de México Nueva Época, Año LX, núm. 225 ⎥ septiembre-diciembre de 2015 ⎥ pp. 401-411⎥ ISSN-0185-1918
XI. Formas de entrega y números de ejemplares No se requiere enviar textos impresos, pero si se desea mantener correspondencia con la RMCPyS, la dirección postal es: Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Edificio “G”, Circuito Mario de la Cueva, s/n, Ciudad Universitaria, Copilco Coyoacán, Código Postal. 01045. Los autores de los materiales publicados tendrán derecho a cuatro ejemplares, mismos que serán proporcionados por la Secretaria de redacción de la RMCPyS. Para más información, dirigirse a: Directora y Editora: Judit Bokser Misses-Liwerant: dir_revmcpys@politicas.unam.mx Editora Asociada: Eva Capece Woronowicz: edi_revmcpys@politicas.unam.mx Asistente Editorial: Lorena Pilloni Martínez: articulo.revmcpys@gmail.com Secretaria de Redacción Iraís García Jacales: info_revmcpys@politicas.unam.mx
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Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, núm. 225, editada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam. Se terminó de imprimir el 1 de septiembre de de 2015, en los talleres Offset Rebosán, S. A. de C. V. Av. Acueducto No. 115, Col. Huipulco Tlalpan, C. P. 14370, México, D. F. Tel. 62 36 38 06. El tiro consta de 1000 ejemplares impresos mediante Offset en papel bond ahuesado de 90 gramos. La composición se hizo en Minion Pro 10.8/12 pts. y Breughelt 8.3 pts. Diseño y formación de interiores: Bonilla-Artigas Editores. Diseño y concepto de portada: AbellaDiseñadores. Cuidado de la edición: Eva Capece Woronowicz y Formas e Imágenes S.A. de C.V.
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