2.2.3. Otras edificaciones claves

doctrinales que confundían a los encausados. A tal punto que conocí madres que tenían hijos detenidos y señalaban que su hijo no conocía a “Cesare Lombroso” o al “Cesare Beccaria”. El énfasis dado a la educación continua incluso llevó a realizar capacitaciones en la Regional de San Miguelito en conjunto con el Órgano Judicial, para lograr una mayor y mejor coordinación en temas especializados, como la Violencia Juvenil. Fue muy destacada la cooperación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado César Pereira Burgos, quien bajo el auspicio de la Embajada de Taiwán brindó su apoyo a la realización en julio de 2004 al destacado seminario “Reflexiones sobre la Violencia Juvenil”.

Por el contrario, el nuevo modelo enseñó cómo usar el pensamiento crítico, lógico y a ordenar el pensamiento que llevara a los jefes de los despachos de instrucción a conclusiones teóricas y prácticas que pudieran ser comprobadas, en su pretensión de la búsqueda de la verdad. Igualmente, se buscó que los funcionarios hicieran uso eficiente de los medios de prueba practicados ante el Juez. Todo lo anterior, siempre respetando el debido proceso y las garantías individuales constitucionalmente establecidas.

A diferencia de David, el ambiente fue muy positivo en la Unidad Regional de San Miguelito donde se implementó el nuevo modelo sin mayores dificultades. La líder de la gestión en el área fue la Fiscal Primera de Circuito, Rosa Elvira de Contreras, quien administraba la unidad y presidía el Comité de Fiscales.

2.2.3. Otras edificaciones claves

Además de los dos edificios de las Unidades Regionales de Chiriquí y de San Miguelito, se remodeló el edificio adyacente a las oficinas de la PTJ en Ancón que como hemos mencionado en líneas precedentes albergó tres centros de gran relevancia en el proceso penal: El Centro de Asistencia a

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Víctimas, el Centro de Recepción de Denuncias y el Centro de Concertación Social. Dichas instalaciones fueron inauguradas el 21 de mayo de 200280 .

Igualmente, como apoyo a la gestión de persecución de los delitos, se construyeron otras instalaciones claves como: la División de Vehículos Incautados, el Centro de Custodia de Bienes y Fondos Cautelados y la adecuación de una Morgue Judicial81 .

Un relato interesante sobre la Morgue Judicial fue que en la época de Jorge Valdés, el Director del Hospital Santo Tomás le dirigió una nota al Procurador instándolo a que sacaran de la Morgue del Santo Tomas, los “cadáveres del Ministerio Público”. Jorge Valdés, muy perplejo, me remitió la nota para mi opinión, a lo que respondí observándole y proponiendo una contestación en la que se señalará claramente que las personas que fallecían producto de rencillas en la calles o aparecían en diferentes sitios del circuito judicial de Panamá, “no eran del Ministerio Público”, estos eran de la sociedad, y que la función del Ministerio Público era establecer las causas de la muerte científicamente para efectos judiciales, por tanto los hospitales del Estado debían custodiar en sus morgues esos cadáveres hasta que aparecieran los familiares a reclamarlos debidamente identificados.

Estas reclamaciones continuaron hasta cuando por gestiones hechas como Secretaria Ejecutiva del Programa de Mejoramiento de la Administración de Justicia, solicité a la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), la asignación de la Morgue Judicial del Ejército Sur que había sido revertida en 1999, el último día de la entrega del Canal. Esta permaneció cerrada, con los aires acondicionados encendidos hasta el 31 de diciembre de 1999 lista para recibir algún oficial o soldado del Ejército Sur de los Estados Unidos de América. Nos comprometimos, con Arnoldo Cano de la ARI, a formalizar los

80 Ibid., p. 43. 81 Ibid., pp. 9-10.

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