4.4. A treinta y dos años de reconstruida la democracia

por medio de secciones con diversas denominaciones como, Descarga, Atención Primaria, Decisión y Litigación Temprana, Investigación y Seguimiento de Causas, Asistencia a Juicio y Cumplimiento. El objetivo de este nuevo organigrama era adecuar la entidad a los cambios incorporados por el nuevo Sistema Penal Acusatorio.

Mediante la Resolución No. 69 de 30 de agosto de 2016, la procuradora Porcell aprueba el Manual de Procedimiento para la Sección de Atención Primaria, Decisión y Litigación Temprana del Ministerio Público. La emisión de estas resoluciones corresponde a la filosofía pragmática que caracterizó la gestión de Porcell. De las teorías pragmáticas de la verdad podemos decir que afirman que una proposición es verdadera si resulta útil o funciona en la práctica. Esto no es necesariamente negativo, no obstante, la praxis sólo debe servir de instrumento para el logro de la verdad y de la justicia.

4.4. A treinta y dos años de reconstruida la democracia

El periodo de Kenia Porcell como he comentado, inició en enero de 2015 para concluir en 2025, sin embargo a los cinco años, cuando entró en vigencia el nuevo periodo presidencial de Laurentino (Nito)Cortizo Cohen, Porcell renuncia. El ex magistrado de la Sala tercera de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola, en entrevista a La Estrella de Panamá manifestó que Porcell se enfrentó más que ningún otro Procurador a numerosos casos de alto perfil diciendo que lo hacía basada en presiones políticas152 .

Las consecuencias de los casos que se iniciaron en la época

152 TESTA, Marlene. (2021, Junio 30). Molino Mola: “Vemos una justicia lenta, ineficaz al aumentar los casos de impunidad”, Panamá, Recuperado de: La Estrella de Panamá: https://www.laestrella.com.pa/nacional/210630/molinomola-vemos-justicia-lenta#:~:text=perjuicio%20al%20pa%C3%ADs.,Vemos%20una%20justicia%20lenta%2C%20ineficaz%20al%20aumentar%20los %20casos%20de,para%20tener%20una%20justicia%20r%C3%A1pida. [consultado el 14 de julio de 2021]

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de Kenia Porcell, son motivo de controversia y desconfianza debido a la polémica gestión con que su administración investigó ciertos delitos y otros no, en una especia de “justicia selectiva”. Algunos denunciados fueron detenidos primero para luego investigar, mientras que en algunas investigaciones la cadena de custodia de las evidencias se comprometió y la presunción de inocencia pasó al olvido, los acuerdo entre fiscales y denunciados formaron parte de expediente y se confundió el proceso inquisitivo y el acusatorio, con expedientes de más de mil cuadernillos y miles fojas.

En 2019, en un inédito proceso de designación que incluyó una entrevista personal con el presidente Laurentino Cortizo Cohen, el Consejo de Gabinete el martes 10 de diciembre de 2019, anunció el nombramiento de Eduardo Ulloa Miranda, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Panamá, con una Maestría en Ciencias Penales y Criminología, con veintiocho años de servicio en el Ministerio Público, ampliamente capacitado por el Sistema de Justicia a través de múltiples seminarios, talleres, y pasantías. Tenía en su haber una larga trayectoria en cargos del Sistema de Instrucción Penal, fue Fiscal de Circuito, Fiscal Especializado en Delitos Financieros y Fiscal Segundo Anticorrupción.

La Asamblea Nacional ratificó a Eduardo Ulloa Miranda, como Procurador General de la Nación y a Javier Caraballo como Procurador Suplente. Ulloa contó con el respaldo de todos los Diputados, en tanto que Javier Caraballo no contó con los cinco votos de la bancada independiente ni de la Diputada Zulay Rodríguez diputada del Partido gobernante.

El 24 de febrero de 2021 renunció Ulloa en medio de otro escándalo nacional con repercusiones internacionales, el “maltrato de niños en albergues subsidiados o regentados por el Gobierno” . La protesta ciudadana cuestionó enérgicamente el rol de todas las instituciones que de una u otra manera están llamadas a proteger y defender los derechos de los niños.

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El Ministerio Público se llevó buena parte de las críticas, siendo cuestionado por la lentitud y poca efectividad de las investigaciones. Las presiones mediáticas y las protestas ciudadanas provocaron la renuncia del procurador general Ulloa a tan sólo 14 meses de haber asumido el puesto y siendo el reemplazo de Kenia Porcell que también dimitió.

Sobre este tema, en entrevista publicada en el diario La Estrella de Panamá, la Relatora de Derechos de la Niñez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena de Troitiño, cuestionó a los grupos que no velan por el mejor interés de la niñez en la sociedad, dice que a ella misma le tocó defender en la Asamblea Nacional de la mano de UNICEF, un proyecto de ley que contemplaba el abordaje integral de los derechos de los niños, con una articulación interinstitucional. No obstante, el esfuerzo realizado, según Troitiño este proyecto sufrió el desinterés y el rechazo de las propias instituciones que deben velar por los intereses de los menores153 .

El 1 de marzo de 2021 tomó posesión como procurador encargado Javier Caraballo, conforme lo establece el artículo 224 de la Constitución Nacional. Caraballo es un funcionario con una trayectoria de más de 23 años de experiencia en el Ministerio Público, es Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas egresado de la Universidad Nacional de Panamá en 1997, con una maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, realizó estudios completos de Maestría en Ciencias Penales. Cauto y sagaz, Caraballo esquiva con facilidad las preguntas que los medios hacen sobre los casos que maneja, refleja el largo entrenamiento recibido en temas relacionados con Droga y Crimen Organizado, despertó esperanzas y confianza en la seriedad de las investigaciones hasta que

153 CORIAT, Adelita. (2021, Marzo 2). Existen grupos interesados en que los derechos de los niños no se cumplan”, Panamá, Recuperado de: La Estrella de Panamá: https://www.laestrella.com.pa/nacional/210302/existen-gruposinteresados-derechos-ninos [consultado el 14 de julio de 2021]

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surgió un nuevo escándalo relacionado con una denuncia de vacunación ilícita en un lugar de propiedad de altas figuras de la sociedad. Comete el error de recibir por más de ocho horas en su despacho a la defensa de los denunciados, encabezada por el famoso exmagistrado Jerónimo Mejía y a un exfuncionario de la Procuraduría, especializado en Derecho Administrativo. Luego de esa larga reunión nocturna, perdió la poca confianza que el Ministerio Público estaba recuperando. Si bien el Procurador Encargado tiene una vocación de pesquisidor, la Procuraduría de la Nación exige un manejo público que demuestre transparencia e independencia.

En lo que respecta al nuevo Sistema Penal Acusatorio cuya implementación inició realmente con Porcell, las instituciones y sistemas judiciales diseñados por y para otras realidades históricas, culturales, geográficas, políticas, económicas y jurídicas, la mayoría de las veces no son la mejor solución, por el contrario, generan rechazo de la sociedad creando con ello mayores problemas en cuanto al cumplimiento de los fines de la administración de justicia. Con un cambio de legislación se dio un giro repentino de un sistema inquisitivo mixto a un sistema, que, sin desconocer sus bondades, no se tenía ni se tiene aún la preparación ni institucional ni social para asumirlo a cabalidad.

El exmagistrado Edgardo Molino Mola deja en evidencia la crisis de institucionalidad que sufre el Ministerio Público cuando sostiene que la posición de Procurador General de la Nación ha sido uno de los más inestables en nuestro país, muy pocos de los que han ocupado el cargo han terminado el periodo para el que fueron nombrados154. Esto es evidente si revisamos las gestiones de los procuradores a lo largo de la historia republicana. Así pues, vemos que Víctor De León ocupó el cargo por quince años de 1941 a 1956, Mientras que Hermógenes De La Rosa y José Antonio Sossa Rodríguez cumplieron su período constitucional de diez años. El último

154 Ibid.

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procurador antes del Golpe de Estado fue Jaime De León quien dejó su posición por el Golpe de Estado Militar.

Durante la dictadura, cinco procuradores estuvieron al frente del Ministerio Público cuando constitucionalmente debieron ser dos. Ellos fueron Olmedo Miranda, el que más tiempo estuvo en esta posición durante la dictadura. Le siguió Rafael Rodríguez, exfiscal, penalista, defensor de causas populares de trabajadores y sindicalistas, profesor universitario, fue expulsado de la Procuraduría General de la Nación en medio de una fuerte polémica en defensa de sus ideas y principios. Lo reemplazó Isaac Chan Vega, exfiscal, penalista y también Profesor Universitario. Posteriormente, estuvo al frente de la Procuraduría José Manuel Calvo, quien cerró la investigación sobre la muerte del médico, exministro y político, Hugo Spadafora, tres meses después de la decapitación por no haberse comprobado que la muerte hubiera ocurrido en Panamá. Por último, ocupó esta posición, Carlos Villalaz, éste concluyó las investigaciones sobre el fusilamiento de Moisés Giroldi en el Cuartel de San Miguelito, tan sólo dos días después de ocurridos los hechos.

Con la restauración de la democracia las cosas no han mejorado. Así pues, cuatro procuradores no completaron el periodo para el cual fueron nombrados, Rogelio Cruz Ríos, Ana Matilde Gómez Ruiloba, Kenia Porcel y Eduardo Ulloa Miranda.

Con este panorama en fondo, podemos ver que la estructura constitucional del Sistema de Administración de Justicia ha permitido la intromisión del Poder Ejecutivo en la Procuraduría General de la Nación y en el Ministerio Público, y para detener esta práctica malsana es necesario establecer claras políticas de respeto a los Derechos Humanos, Investigación Penal, y protección del Ambiente. Otra realidad que debilita a la entidad es el uso indiscriminado de la potestad constitucional del Procurador de designar Procuradores Encargados durante los períodos de ausencia temporal del titular. Es así como Secretarios Generales y algunos fiscales anticorrupción durante

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