MUNDO | A5
Mundo Hispánico | Atlanta | 15 al 21 de noviembre de 2018
REPORTAJE ESPECIAL
Impacto que trasciende • Samantha Díaz Roberts sdiaz@mundohispanico.com
Lucía Hernández Soto prepara las tortillas para el pozole del sábado con la delicadeza que aprendió en su pueblo. Mientras calienta el pollo desmenuzado para echarle al caldo, divisa el maíz para añadirlo. Y por la esquina de la encimera, se asoma el aguacate que acompañará el almuerzo del día. El pozole de la mexicana, que llegó procedente de Guerrero hace unos 20 años, es uno de los platillos que más la enorgullecen. Su preocupación es que quede delicioso para sus nietos, e incluso para cualquier vecino invitado que llegue a saludar. Pero hace un año, esa no era su preocupación. Si no, dónde iba a vivir. En qué lugar dormirían sus tres nietos a salvo y cómo haría frente a los retos económicos por los que atravesaba ella y los pequeños en ese momento. Hernández, de 60 años, siempre ha sido trabajadora, y tras décadas limpiando casas en Georgia, nunca le pidió nada a nadie. Sin embargo, cuando el 5 de julio de 2017 pasaron las horas y no supo nada de su hija de 30 años, Maribel Santander, se espantó. “Fue el 5 de julio de 2017. Ya era tarde y no sabía nada de ella. Desde que salió de la casa no supe nada, como hasta el otro día, que supe que estaba detenida. La estuve llamando al celular y no contestaba. Yo me preocupé porque no sabía lo que estaba pasando con ella”, narró Hernández, que es madre de otros nueve y la
SAMANTHA DÍAZ | MH
Comunidad de la tercera edad también sufre las consecuencias de las políticas migratorias.
Lucía Hernández, de 60 años, sufrió en carne propia las consecuencias de las políticas migratorias. Hoy, lucha por sacar adelante a su hija y a sus nietos.
abuela de la familia. No fue hasta la mañana siguiente que Hernández pudo hablar con su hija, quien le informó que había sido detenida sin saber exactamente por qué, por las autoridades del condado de Barrow, una zona ubicada a unas 57 millas al noreste de Atlanta. De acuerdo con Santander, quien llegó al país a los 12 años de la mano de su madre y es beneficiaria del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), todo comenzó cuando venía de ver una casa que pretendía rentar para ella, su madre y sus tres hijos. Cuando regresaba del lugar, dos alguaciles de dicha localidad la detuvieron, le hicieron varias pruebas con el alcoholímetro y la arrestaron alegando que estaba conduciendo bajo
las influencias del alcohol. El reporte policial emitido por los alguaciles indicó que la joven de 32 años “se encontraba en estado de ebriedad y que había dos latas de cerveza abiertas tiradas en el suelo del asiento del pasajero”, mientras estaba detenida en una gasolinera ubicada en la 1170 Carl Bethlehem Road, en la ciudad de Winder. Pero eso no era verdad. De hecho, el 90% de lo que indicó el reporte era falso. Según la versión de Santander, ella iba conduciendo por una vía principal cuando la patrulla del alguacil del condado la detuvo. “Yo iba a ver una casa porque me la estaban rentando a un costo muy bajo. Paré en esa gasolinera a agarrar unos cigarros. Cuando yo me meto a la interestatal, veo a un policía
atrás de mí y dije yo, ‘¿qué es lo que estoy haciendo mal?’ Cuando me para el policía, simplemente me dice: te voy a parar porque estás manejando bajo la influencia. Y yo hasta me reí, porque dije: ‘¿cómo? ¿cómo yo tomada? ¿a qué se refiere?’”, narró la joven de 32 años, que afirmó no haber bebido ese día. De acuerdo con el relato de Santander, que llegó al país en 1998, el oficial le pidió que bajara del auto y realizara las pruebas de alcoholemia. “Me hicieron el ‘test’ de pisar y me pusieron el inhalador. (El oficial) me dijo: tienes que inhalar y soplar. Lo tuve que hacer como siete u ocho veces. No entendía por qué me lo pedía tanto”, contó Santander. Fue entonces cuando los oficiales se pusieron a hablar entre sí y confiscaron dos las latas de cerveza vacías que
estaban tiradas en el asiento del pasajero de hacía días, llevándolas a una zona alejada, según el relato de Santander. El reporte indica que se trató de los alguaciles James Doss y otro de apellido Suggs, cuyo nombre principal no figura en el documento. “Después del test, (Suggs) dice: “oh, pero ella tiene licencia de Georgia”. Y Doss dice: “who cares? (¿A quién le importa?)”. Y yo me quedé como: ¿qué está pasando? Luego tomaron las dos latas de cerveza y se fueron a una esquina. Estuvieron hablando como ocho minutos y ahí regresaron. Yo no vi lo que ellos hicieron. Me dijeron: tienes que volver a soplar”, narró la joven madre de tres niños. Tras la repetición de las pruebas, Santander fue arrestada y llevada a la cárcel del condado de Barrow. Allí pensó que podría irse tras pagar su fianza, pero el oficial de turno le dio una de las peores noticias y fue ahí donde empezó su otra pesadilla. “Cámbiate, tienes un ‘hold’ de inmigración. Y yo: ¿cómo? Si yo tengo DACA, ¿qué es lo que hice mal? Hasta les dije que me hicieran un examen en la sangre para que comprobaran que yo no había bebido”, manifestó Maribel Santander a MundoHispánico.
Santander estuvo unas dos semanas detenida en la prisión del condado de Barrow hasta que un oficial tocó la reja de su celda y le dijo que se iba. “Yo me sorprendí. Pero cuando me recoge (el oficial) me dice: “tú vas para inmigra-
ción”. Y yo cómo: ¿qué está pasando? Yo tengo DACA”. Las autoridades locales entregaron a la joven al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y fue llevada al Centro de Detención de la Ciudad de Atlanta, en donde estuvo detenida todo un año. Esto, a pesar de que el condado de Barrow no participa en el programa 287 (G), un acuerdo entre las agencias locales del orden público e Inmigración, que da a la policía local la autoridad para hacer cumplir las leyes de inmigración y compartir información de sus detenidos con ellos. Sin embargo, el resto de prisiones locales, que en teoría no trabaja con ICE, también están poniendo en ‘hold’ a inmigrantes sin estatus legal en el país. Esta situación comenzó en 2017, después de que el presidente Donald Trump llegara a la Casa Blanca, e implementara sus férreas políticas migratorias. Entre ellas, la política de tolerancia cero y los cambios en las aprobaciones de las solicitudes de asilo. De hecho, este medio comprobó que desde 2017, seis de cada diez inmigrantes que habían sido acusados de cometer alguna infracción vial en condados como Clayton, Cherokee y Dekalb, entre otros, no pudieron salir libres, a pesar de que los familiares de algunos de ellos ya habían pagado sus fianzas. Tras ingresar a la prisión, los agentes del Alguacil los interrogaron y, al descubrir que eran indocumentados, los reportaron con ICE.